B.IA.LEGAL

SCP 0849/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 23 de septiembre de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
23 de septiembre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
67211-2024-135-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y de locomoción, al estudio, al trabajo y a la dignidad, entendiéndose también al debido proceso; puesto que, el Director Ejecutivo de “CENVICRUZ” Mujeres hoy accionado, no cumplió con el Auto Interlocutorio 247/24 de 3 de septiembre de 2024, emitido por la Jueza de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, a través del cual, modificó la medida socio-educativa, determinando la sustitución de la medida privativa de libertad, por la de Régimen semi-abierto en favor de la menor de edad AA accionante, permitiendo que transcurran veinticuatro horas de dilación desde su notificación con el citado Auto Interlocutorio, hasta la interposición de esta acción tutelar. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte la Resolución A.L. 23/2024 de 6 de septiembre, cursante de fs. 37 a 39, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente con relación al Director Ejecutivo de la Entidad Descentralizada Nueva Vida Santa Cruz “CENVICRUZ” Mujeres, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de este fallo constitucional.

a) Disponer que la Entidad Descentralizada Nueva Vida Santa Cruz “CENVICRUZ” Mujeres, una vez notificada con el presente fallo constitucional, de manera inmediata y con la debida diligencia, cumpla con el Auto Interlocutorio 247/24 de 3 de septiembre de 2024, permitiendo que la menor de edad AA accionante acceda al Régimen semi-abierto, así como a las oportunidades educativas y laborales según el Plan Individual de Ejecución de Medidas -que debe ser elaborado con celeridad-, dispuesto por Shirley Fátima Becerra Vaca, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, asegurando el seguimiento del equipo interdisciplinario que supervise y apoye a la mencionada menor de edad, durante el cumplimiento de dicha medida que genere la reintegración social efectiva de la referida menor de edad y la prevalencia de sus derechos. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación a Pedro Ernesto Becerra Suárez y Margoth Flores Montaño, de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Acción de libertad y protección directa a menores infractores
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. Respecto a la protección de las personas pertenecientes a grupos vulnerables
  4. III.4. Los alcances del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0849/2024-S3 Sucre, 23 de septiembre de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 67211-2024-135-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución A.L. 23/2024 de 6 de septiembre, cursante de fs. 37 a 39, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Franz Elias Calisaya Lucana en representación sin mandato de la menor de edad AA contra Pedro Ernesto Becerra Suárez, Director Ejecutivo de la Entidad Descentralizada Nueva Vida Santa Cruz “CENVICRUZ” Mujeres y Margoth Flores Montaño.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 5 de septiembre de 2024, cursante de fs. 2 a 3, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de robo agravado previsto y sancionado por el art. 332 inc.2) del Código Penal (CP) , el 3 de septiembre de 2024, en audiencia de modificación de medidas socio-educativas celebrada en el Juzgado de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, encontrándose en Sala de audiencia el personal de “CENVICRUZ” Mujeres y su persona; la autoridad judicial del señalado juzgado, en aplicación de los principios de objetividad y sana crítica, determinó la modificación de las medidas cautelares al encontrarse con detención preventiva en la referida “CENVICRUZ” Mujeres, imponiéndole medidas semi-abiertas en libertad, que le permita salir a estudiar y a trabajar, debiendo con posterioridad retornar a dicha entidad; el 4 de igual mes y año, se notificó -se entiende a las partes procesales- con el Auto Interlocutorio 247/24 de igual fecha y año, el cual dispuso esa modificación; sin embargo, “CENVICRUZ” Mujeres no dio cumplimiento a esa determinación, permitiendo que transcurran veinticuatro horas desde su notificación.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y de locomoción, al estudio, al trabajo y a la dignidad, entendiéndose también al derecho al debido proceso; citando al efecto los arts. 21.7 y 22 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga que el Director de “CENVICRUZ” Mujeres hoy accionado cumpla a cabalidad con lo dispuesto por la autoridad judicial “…Pedro Ernesto Becerra Suárez y Margoth Flores Montaño” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 6 de septiembre de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 34 a 36, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) Se solicitó a la Jueza de la causa la modificación de su situación jurídica, conforme a lo establecido por el art. 347.III del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), en el que hace mención que “…el supuesto anterior la medida que disponga la libertad asistida o el Régimen semiabierto, continuará bajo el seguimiento de la educadora o del educador y el equipo interdisciplinario que acompaña la privación de libertad” (sic). En consecuencia, la autoridad judicial de la causa en audiencia de 3 septiembre de 2024, realizó la modificación de medida cautelar de detención preventiva, previsto por el art. 330 del citado Código, al Régimen semi-abierto, mencionando que esa medida consiste en la incorporación de la persona adolescente por el tiempo que dure la sanción en un centro especializado, del cual únicamente saldrá para realizar actividades de estudio, formativas, laborales, deporte y cultura, establecidos en el plan de ejecución de la medida; b) Al momento de emitirse dicha disposición -mediante Auto Interlocutorio 247/24, se realizaron las notificaciones a “CENVICRUZ” Mujeres, lo cual hasta la “fecha” -6 de igual mes y año- no se cumplió con el referido Auto Interlocutorio, emitido por la Jueza de la causa, constituyéndose en una dilación por parte de la citada “CENVICRUZ” Mujeres; por lo que, solicitó que se cumpla con la disposición emanada por la citada autoridad judicial; y, c) Hasta el “momento” -se entiende a la fecha de celebración de la audiencia de consideración de la audiencia de libertad- no se corrió en traslado, tampoco se evidenció la existencia de un oficio por parte de “CENVICRUZ” Mujeres, a través del cual se informó el motivo del incumplimiento a lo dispuesto por la Jueza de la causa; ya que, su persona, aún no pudo salir para cumplir con sus funciones en el trabajo que le consiguió su madre.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Fanny Lauren Salvatierra, abogada de “CENVICRUZ” Mujeres en audiencia manifestó que: 1) Informó que “ayer” -5 de septiembre de 2024- a las 8:32 horas la oficial de diligencias del juzgado -donde radica la causa-, le envió un oficio para conocimiento del Director de “CENVICRUZ” Mujeres, señalando que se realizó el cambio de medida cautelar de detención preventiva a Régimen semi-abierto de la menor de edad AA accionante; 2) El día de “hoy” -6 de septiembre de 2024- a las 8:00 horas, se le notificó con otro oficio, en el que se refiere que a la mencionada menor de edad, le falta por cumplir su medida “…de 6 meses y 18 días” (sic). En consecuencia, se informó al Director -ahora accionado- y a la responsable de “CENVICRUZ” Mujeres, el cambio de “medida” -se entiende de la medida cautelar- que se encuentra prevista por el art. 323.II inc. c) del CNNA que establece el Régimen semi-abierto. El “numeral 4” -se entiende del parágrafo IV- del citado artículo, establece que “…se podrá imponer esta medida cuando corresponda de forma complementaria o la adolescente sancionado con las medidas señaladas en los parágrafos anteriores, una o varias de las siguientes reglas de conducta, establecer su lugar de residencia determinado, informar su residencia en caso de traslado a domicilio, inscribirse y asistir a un centro de educación formal o adquirir un trabajo, prohibición de relacionarse con determinadas personas, prohibición de concurrir determinados lugares, prohibición de consumir bebidas alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicos, recibir instrucciones especiales, terapias o tratamiento” (sic); 3) Según el art. 332 inc. b) del citado Código, las medidas, se entiende privativas y socio-educativas, deben cumplirse dentro de los centros especializados de reintegración social. La permanencia en el Régimen tiempo libre semi-abierto y de internación, tienen el objetivo de programar a la “adolescente” -menor de edad AA accionante- a realizar el Plan Individual de Ejecución de Medidas (PIEM), teniendo el plazo de treinta días para informar al juez de la casusa, de las actividades que realizara, cómo se trabajará con ella, incluso verificar el lugar donde trabajará, el lugar de estudio; empero, para el cumplimiento, la autoridad judicial debe notificarles con la sentencia ejecutoriada; puesto que, hasta ese momento -6 de septiembre de 2024-, no les remitió la “Sentencia Ejecutoria”, tampoco la ejecutoria de la misma; motivo por el que no se dio cumplimiento; y, 4) La madre de la referida menor de edad, “el día de hoy” -6 de septiembre de 2024- a las 15:00 horas le escribió a la responsable de “CENVICRUZ” Mujeres, refiriendo que estaba en busca de trabajo para su hija y si podía colaborarle para que pueda salir. Por consiguiente, no es posible otorgar la libertad, si no se cuenta con el mandamiento de libertad emitido por la autoridad judicial de la causa, tampoco se les notificó con la Sentencia debidamente ejecutoriada, para que se elabore el PIEM y de esa manera acreditar el trabajo en el que se encontrara la mencionada menor de edad e informar a la Jueza de la causa al respecto; por lo que considera que no se vulneró ningún derecho. Fanny Alvis Pedraza, responsable de “CENVICRUZ” Mujeres, en audiencia manifestó que: i) “Ayer” -5 de septiembre de 2024- les notificaron con el oficio de la nueva medida impuesta a la menor de edad AA accionante; además, de estar a la espera de la sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada, conforme establece la ley, el equipo multidisciplinario de “CENVICRUZ” Mujeres debe trabajar conjuntamente con la menor de edad AA accionante, conocer el trabajo al que asistirá, se “conversó” con la referida menor de edad y en busca de diferentes opciones -de trabajo-; ii) “CENVICRUZ” Mujeres se hizo responsable de encontrar una unidad educativa a la señalada menor de edad incluyéndola a un sistema escolar; ya que, tuvo un rezago escolar de dos años; y, iii) A partir de la notificación con el oficio en el que se le hizo conocer la nueva medida, se “conversó” con la tutora de dicha menor de edad y su progenitora, para ver opciones de trabajo, las que tienen que ser verificadas, acordando cuál es el trabajo donde asistirá, conocer quién será el empleador y el oficio al que se va a dedicar; puesto que, la mencionada menor de edad “es hacendosa” y estuvo demostrando sus habilidades dentro del “centro” -“CENVICRUZ” Mujeres-, logrando muchas certificaciones por parte del Ministerio de Educación en diversas áreas técnicas; por ello, se está considerando a cuál de esas actividades se dedicará; por lo que, en ningún momento se vulneró sus derechos, incluso la madre -de la menor de edad AA accionante- se comunicó con su persona y le manifestó el desconocimiento de esa medida que está siguiendo el abogado defensor.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución A.L. 23/2024 de 6 de septiembre, cursante de fs. 37 a 39, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) Con el informe de 3 de igual mes y año, presentado por la Secretaria del Juzgado de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del referido departamento, se notificó a los responsables de “CENVICRUZ” Mujeres el 6 de igual mes y año, para que efectúe el seguimiento a través del PIEM, motivo por el que no se puede activar la jurisdicción constitucional “…sin que el objeto de la tutela este previsto en los presupuestos de la norma…” (sic) y más aún si a través de la jurisprudencia constitucional se establece concretamente que, cuando se denuncia procesamiento ilegal e indebido debe presentarse de manera concurrente los dos requisitos previstos; es decir, que el acto vulneratorio sea la causa directa para la privación de libertad y la existencia de un absoluto estado de indefensión; y, b) En el caso concreto, el mismo día de la interposición de la presente acción tutelar -5 de ese mes y año-, recién fueron notificadas legalmente las responsables de “CENVICRUZ” Mujeres con el Oficio 901/2024 de 3 de dicho mes.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante acuerdo jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de Niñas, Niños y Adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 247/24 de 3 de septiembre de 2024, emitida por Shirley Fátima Becerra Vaca, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, por el que determinó la sustitución de la medida cautelar de detención preventiva por la de Régimen semi-abierto para la menor de edad AA -ahora accionante-. Asimismo, se ordenó que por Secretaría -de su Juzgado- se presente informe de cumplimiento de la medida socio-educativa impuesta; ya que, de acuerdo a los datos que cursan en el cuaderno procesal, el abogado de la referida menor de edad, reclamó que en el informe “anterior” se estableció que la mencionada menor de edad cumpliría su medida -se entiende la medida socio-educativa impuesta- en “octubre”. Posteriormente, se dispuso que se oficie y se haga conocer formalmente con dicho Auto Interlocutorio de modificación de la medida cautelar de privación de libertad por la de Régimen semi-abierto a la responsable de (“CENVICRUZ”) Mujeres (fs. 26). Con dicha determinación se notificó a la señalada menor de edad, y a “CENVICRUZ” Mujeres el 3 de igual mes y año (fs. 27 a 28). II.2. Consta Oficio 901/2024 de 3 de septiembre, dirigido al Director Ejecutivo de “CENVICRUZ” Mujeres -hoy accionado-, por el cual la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, puso en su conocimiento y solicitó el debido cumplimiento del Auto Interlocutorio 247/24, en el que se estableció el Régimen semi-abierto para la menor de edad AA accionante; quien fue cumpliendo su medida de manera positiva. Asimismo, ordenó que se realice el seguimiento y cumplimiento del PIEM; ya que, a la referida menor de edad le falta cumplir la totalidad de su medida y los mecanismos de justicia restaurativa e informar a la autoridad judicial (fs. 29). En mérito a ello, consta la notificación a la responsable de “CENVICRUZ” Mujeres, el 5 de septiembre de 2024 (fs. 30 a 31 vta.).

II.3. Cursa Informe de 3 de septiembre de 2024, presentado por la Secretaria del Juzgado de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; a través del cual informó a la Jueza de la causa, que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la menor de edad AA accionante, por la presunta comisión del delito de robo agravado, lo siguiente: 1) El 22 de octubre de 2022, se ordenó la detención preventiva de la referida menor de edad, posteriormente el 28 de febrero de 2023, se sometió a una terminación anticipada donde se dictó una Sentencia Condenatoria de dos años, bajo el Régimen domiciliario y hasta ese momento ya estuvo cuatro mes y seis días en privación de libertad; y, 2) El 28 de julio de igual año, se le modificó y revocó esa medida por incumplimiento, por lo que, hasta el 3 de septiembre de 2024 cumplió un total de diecisiete meses y doce días, faltándole cumplir seis meses y dieciocho días de su condena establecida en Sentencia Condenatoria “…computándose a treinta días calendario” (sic). Dicho Informe, mereció el decreto de 5 de septiembre de 2024, a través del cual, la Jueza de la causa dispuso que se cumpla y se ponga en conocimiento de las partes procesales y a “CENVICRUZ” Mujeres (fs. 32 y vta.). En consecuencia, cursa la notificación a los responsables de “CENVICRUZ” Mujeres el 6 de igual mes y año (fs. 33 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y de locomoción, al estudio, al trabajo y a la dignidad, entendiéndose también al debido proceso; puesto que, el Director Ejecutivo de “CENVICRUZ” Mujeres hoy accionado, no cumplió con el Auto Interlocutorio 247/24 de 3 de septiembre de 2024, emitido por la Jueza de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, a través del cual, modificó la medida socio-educativa, determinando la sustitución de la medida privativa de libertad, por la de Régimen semi-abierto en favor de la menor de edad AA accionante, permitiendo que transcurran veinticuatro horas de dilación desde su notificación con el citado Auto Interlocutorio, hasta la interposición de esta acción tutelar. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Acción de libertad y protección directa a menores infractores

La SCP 0389/2021-S2 de 30 de julio haciendo alusión a la SCP 0249/2019-S3 de 5 de julio, señala que: «…la SCP 0270/2018-S2 de 25 de junio, expresó: “Nuestro orden constitucional vigente, de acuerdo a la nueva visión inclusiva y proteccionista consagra, garantiza y protege los derechos y garantías fundamentales inherentes a las personas, proclamando en su art. 58, una protección especial a la niñez y adolescencia; es decir, menores de edad, que se encuentran dentro del grupo denominado ‘vulnerable’. En consideración, a esta protección especial, la jurisdicción constitucional recogiendo el mandato constitucional, se ha pronunciado desarrollando entendimientos, jurisprudenciales como el contenido en la SC 0818/2006-R de 21 de agosto, que señaló: ‘…resulta necesario determinar que la subsidiariedad con carácter excepcional del recurso de hábeas corpus, instituida en la SC 0160/2005-R, de 23 de febrero, cuando existen medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, a los cuales el afectado deberá acudir en forma previa y solamente agotados tales medios de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus, no es aplicable a los supuestos en los que menores de 16 años, considerados menores infractores, se vean involucrados en la presunta comisión de delitos, por cuanto en correspondencia con el régimen especial de protección y atención que el Estado y la sociedad deben garantizar a todo niño, niña y adolescente, éstos se hallan bajo la protección y regulación de las disposiciones del Código Niño, Niña y Adolescencia, cuyas normas son de orden público y de aplicación preferente…’.

El referido entendimiento es aplicable, no obstante que fue desarrollado en vigencia del anterior Código del Niño, Niña y Adolescente -Ley 2016 de 27 de octubre de 1999-; que establecía su ámbito de aplicación a los menores comprendidos entre los 12 a 16 años; habiéndolo ampliado en el Código Niña, Niño y Adolescente en actual vigor, hasta los 18 años; de manera tal que conforme a lo señalado tratándose de procesos penales en los que se encuentren involucrados menores adolescentes, se hace abstracción de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; cuya interposición se la puede efectuar de manera directa ante la jurisdicción constitucional”.

De lo glosado precedentemente, se concluye que considerando la protección especial de la que goza la niñez y adolescencia conceptuada como un sector poblacional en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de brindar un resguardo inmediato y oportuno, es permisible hacer abstracción de la subsidiariedad excepcional prevista para la acción de libertad; admitiendo que en casos de vulneración del derecho a la libertad de adolescentes infractores -personas menores de 18 años-, pueda solicitarse su reparación en la jurisdicción constitucional, sin que sea exigible el agotamiento previo de los medios o mecanismos de defensa».

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3., establece que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).

Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

Del mismo modo la citada Sentencia Constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado, concluyó que: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales.

En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras).

III.3. Respecto a la protección de las personas pertenecientes a grupos vulnerables

La SC 0989/2011-R de 22 de junio, señala que: “…la Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante ‘acciones afirmativas’ busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, Mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado.

Por lo tanto las acciones afirmativas están orientadas a reducir o idealmente, eliminar las prácticas discriminatorias contra sectores poblacionales históricamente excluidos, mediante un tratamiento preferencial para los mismos, expresados en normas jurídicas y mecanismos políticos de integración encaminados para lograr tales fines, es decir, que se utilizan instrumentos de discriminación inversa que se pretenden que operen como mecanismos de compensación a favor de dichos grupos, pero siempre teniendo cuidado de que tales medidas sean razonables y que no generen otro tipo de exclusiones o dañen el núcleo de otros derechos fundamentales”.

Entendimiento reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0006/2017-S1 de 2 de febrero, 0010/2018-S2 de 28 de febrero, y 0120/2018-S4 16 de abril de 2018, entre otras.

III.4. Los alcances del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente

Por disposición del art. 58 de la CPE: “Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones”; marco dentro del cual, el art. 59.I y III de la Norma Suprema, dispone: “I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. (…) III. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores. La discriminación entre hijos por parte de los progenitores será sancionada por la ley”. Asimismo, a efectos de garantizar la materialización de estos derechos, el art. 60 de la CPE, impone deberes al Estado y a la familia, disponiendo que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado” (las negrillas nos corresponden), prohibiendo y sancionando toda forma de violencia contra ellos, a través del art. 61.I de la Norma Suprema. En el contexto normativo internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Bolivia mediante el art. 3 de la Ley 1152 de 14 de mayo de 1990 -entre otros aspectos- establece que: “1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño” (las negrillas nos pertenecen); es decir, que otorga al niño el derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten, tanto en la esfera pública como en la privada, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, imponiendo con ello a los Estados parte, el deber de atención primordial del interés superior del niño, debiendo garantizarse su protección y cuidado necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres. Los lineamientos de esos instrumentos internacionales universales, también se encuentran reconocidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando el art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), sobre los derechos del niño establece que: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Conforme a la normativa señalada, así como la del Sistema Universal e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SUDH y SIDH), se consolida la vigencia y el respeto del principio del interés superior del niño, el cual constituye el principio rector y básico de preeminencia del resguardo a las niñas, niños y adolescentes, que tiene un alcance esencialmente interpretativo de las medidas que puedan afectarles directa o indirectamente; permitiéndose conforme a ese postulado a partir de una interpretación sistemática del texto constitucional y de la normativa especial familiar, reforzar el deber de garantizar la prioridad del interés superior de los menores de edad, que dentro del mandato constitucional conlleva actuaciones imperativas tendientes al respeto de sus derechos y la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia -art. 60 de la CPE-, y/o en su caso, garantizando el ejercicio y materialización de sus derechos. Por su parte, el art. 1 del CNNA prevé y regula el Régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y la sociedad deben garantizar a toda niña, niño y adolescente; esto con la finalidad de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia; determinando además en su art. 12 inc. b) del mismo cuerpo legal, como prioridad social, que es deber de la familia, de la sociedad y el Estado asegurar a la niña, niño y adolescente, con absoluta prioridad el ejercicio y el respeto pleno de sus derechos, estableciendo el inciso b) del citado artículo, que toda niña, niño y adolecente, tiene derecho a ser atendido con prioridad por las autoridades, judiciales y administrativas. En ese marco, la SCP 0195/2018-S4 de 14 de mayo, establece que: “Teniendo en cuenta que las niñas, niños y adolescentes carecen de la madurez biológica y psicológica suficiente y necesaria, para afrontar un conflicto por sí solos, debido a las etapas de desarrollo que atraviesan antes de convertirse en adultos, diferenciándose de estos incluso por sus necesidades emocionales y educativas, el Estado está obligado a adoptar políticas especiales y acciones afirmativas en favor de ellos, al constituir un grupo vulnerable reconociendo previamente su condición de sujetos de derechos y garantías, destinadas a eliminar las situaciones de discriminación o intolerancia que sufren en razón de su edad, promoviendo la efectiva observancia del principio de igualdad, en consideración a sus características especiales”. La SCP 1879/2012 de 12 de octubre, luego de exponer el ámbito de protección constitucional y a través de los instrumentos internacionales sobre materia de derechos humanos, en favor de las niñas, niños y adolescentes, señala que: “…son un grupo de vulnerabilidad que tienen amparo privilegiado por parte del Estado, traducido en un tratamiento jurídico proteccionista en relación a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; a objeto de resguardarlos de manera especial garantizando su desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia. Siendo imprescindible resaltar que tal circunstancia de prevalencia concedida no sólo por consagración constitucional sino por expreso reconocimiento de diversas disposiciones de derecho internacional, obliga a que todas las decisiones que deban tomar las autoridades en conocimiento de situaciones que puedan afectar los intereses del niño, sean asumidas velando por su interés superior; cumpliendo de esa manera la protección constitucional a la que están compelidos en su favor la familia, la sociedad y el Estado. En ese orden, la Corte Constitucional de Colombia, en su Sentencia T-397/04 de 29 de abril de 2004, consideró que: ‘…las autoridades administrativas y judiciales encargadas de determinar el contenido del interés superior de los niños en casos particulares cuentan con un margen de discrecionalidad importante para evaluar, en aplicación de las disposiciones jurídicas relevantes y en atención a las circunstancias fácticas de los menores implicados, cuál es la solución que mejor satisface dicho interés; lo cual implica también que dichas autoridades tienen altos deberes constitucionales y legales en relación con la preservación del bienestar integral de los menores que requieren su protección deberes que obligan a los jueces y funcionarios administrativos en cuestión a aplicar un grado especial de diligencia, celo y cuidado al momento de adoptar sus decisiones, mucho más tratándose de niños de temprana edad, cuyo proceso de desarrollo puede verse afectado en forma definitiva e irremediable por cualquier decisión que no atienda a sus intereses y derechos’. En suma, resulta evidente que los derechos de los niños son prevalentes mereciendo un trato prioritario al contar con interés superior dentro del contexto jurídico vigente; por lo que tanto los jueces y tribunales de garantías como este Tribunal Constitucional Plurinacional, no podrán abstenerse de conocer acciones de tutela que los involucren, precisamente como se tiene establecido por la preeminencia que da la Norma Suprema a este sector de vulnerabilidad y la tutela necesaria que deben merecer en casos de evidente transgresión a sus derechos fundamentales…”.

III.5. Análisis del caso concreto

La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y de locomoción, al estudio, al trabajo y a la dignidad, entendiéndose también al debido proceso; puesto que, el Director Ejecutivo de “CENVICRUZ” Mujeres hoy accionado, no cumplió con el Auto Interlocutorio 247/24 de 3 de septiembre de 2024, emitido por la Jueza de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, a través del cual, modificó la medida socio-educativa, determinando la sustitución de la medida privativa de libertad, por la de Régimen semi-abierto en favor de la menor de edad AA accionante, permitiendo que transcurran veinticuatro horas de dilación desde su notificación con el citado Auto Interlocutorio, hasta la interposición de esta acción tutelar. Previamente a ingresar al análisis de la problemática planteada, es necesario precisar que, tratándose de menores de edad infractores no es exigible agotar los mecanismos idóneos que prevé nuestro ordenamiento jurídico, antes de acudir a la jurisdicción constitucional; puesto que, conforme lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional y la SCP 0322/2019-S1 de 6 de junio, se tiene que: “...en lo referente a los imputados menores de edad la SC 0255/2011-R de 16 de marzo, estableció que es un tema que debe evaluarse en cada caso en concreto, porque si bien por una parte sostuvo que: ‘…dada su situación de riesgo por esa situación natural; no les es aplicable la subsidiariedad excepcional; pues al merecer protección especial del Estado por su condición que los coloca en desventaja frente al resto de la población, esos derechos se trasladan al ámbito proceso penal y conlleva a la aplicación de la regla y no así de la excepción…’ al mismo tiempo sostuvo categóricamente que no corresponde el agotamiento de instancias previas a la interposición de la acción de libertad: ‘…inclusive existan medios procesales idóneos dentro del proceso ordinario, si los mismos resultan ineficaces para la tutela dada las circunstancias del caso…’ de lo cual puede extraerse que corresponde atender las circunstancias de cada caso en concreto ello para evitar generar resoluciones contradictorias entre la justicia constitucional y la jurisdicción ordinaria que generen incertidumbre en desmedro del propio accionante, es decir, que si una problemática en la cual este comprometida la libertad de un menor de edad a tiempo de celebrarse la audiencia de acción de libertad tiene aspectos controvertidos que requieren producción de prueba pero además ya es de conocimiento de la jurisdicción ordinaria, corresponde a la misma, por las particularidades del caso, disponer lo que en derecho corresponda”; por lo tanto, en el presente caso al encontrarse involucrada una menor de edad infractora, no corresponde exigir el agotamiento previo de los recursos o medios de impugnación existentes, como es el recurso de apelación, en el marco e interés superior de las niñas, niños y adolescentes al constituirse en un sector vulnerable de la población que merece una especial protección y atención prioritaria de parte del Estado y de la sociedad, por ese motivo se aplica la excepción al principio de subsidiariedad, extremo que hace viable el análisis de fondo del acto vulneratorio señalado en esta acción tutelar.

De la revisión de antecedentes se tiene que mediante Auto Interlocutorio 247/24, emitido por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, se determinó la sustitución de la medida cautelar de detención preventiva por la de Régimen semi-abierto para la menor de edad AA accionante. Asimismo, a través del citado Auto Interlocutorio se ordenó que por secretaría se presente un informe del cumplimiento de la medida socio-educativa impuesta; ya que, de acuerdo a los datos que cursan en el cuaderno procesal, el abogado de la referida menor de edad reclamó que en el informe “anterior” se estableció que la citada menor de edad cumpliría su medida -se entiende la medida socio-educativa impuesta- en “octubre”. Posteriormente, se dispuso que se oficie y se haga conocer formalmente con el citado Auto Interlocutorio de modificación de la medida cautelar de privación de libertad por la de Régimen semi-abierto a la responsable de “CENVICRUZ” Mujeres. Dicha determinación se notificó el 3 de igual mes y año, tanto a la menor de edad accionante, así como a “CENVICRUZ” Mujeres (Conclusión II.1.).

Mediante Oficio 901/2024, dirigido al Director Ejecutivo de “CENVICRUZ” Mujeres hoy accionado, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, puso en su conocimiento y solicitó el debido cumplimiento del Auto Interlocutorio 247/24, en el que se estableció el Régimen semi-abierto para la menor de edad AA accionante; quien fue cumpliendo su medida de manera positiva. Asimismo, ordenó que se realice el seguimiento y cumplimiento del PIEM; ya que, a la referida menor de edad le falta cumplir la totalidad de su medida y los mecanismos de justicia restaurativa e informar a la autoridad judicial. En mérito a ello, consta la notificación a la responsable de “CENVICRUZ” Mujeres, el 5 de septiembre de 2024 (Conclusión II.2.). De igual manera, de acuerdo al Informe de 3 de septiembre de 2024, presentado por la Secretaria del Juzgado de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; se informó a la Jueza de la causa, que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la menor de edad AA accionante, por la presunta comisión del delito de robo agravado: i) El 22 de octubre de 2022, se ordenó la detención preventiva de la citada menor de edad, posteriormente el 28 de febrero de 2023, se sometió a una terminación anticipada donde se dictó una Sentencia Condenatoria de dos años, bajo el Régimen domiciliario y hasta ese momento ya estuvo cuatro mes y seis días en privación de libertad; y, ii) El 28 de julio de igual año, se le modificó y revocó esa medida por incumplimiento, y hasta el 3 de septiembre de 2024 cumplió un total de diecisiete meses y doce días, faltándole cumplir seis meses y dieciocho días de su condena establecida en Sentencia “…computándose a treinta días calendario” (sic). Dicho Informe, mereció el decreto de 5 de septiembre de 2024, a través del cual, se dispuso que se cumpla y se ponga en conocimiento de las partes procesales y a “CENVICRUZ” Mujeres. En consecuencia, cursa la notificación a los responsables de “CENVICRUZ” Mujeres el 6 de septiembre de 2024 (Conclusión II.3.). Bajo esas circunstancias, en el presente caso se está abordando una situación jurídica concerniente a una menor de edad infractora que se encuentra bajo una medida socio-educativa, que en virtud al Auto Interlocutorio 247/24, emitido por la Jueza de la causa, se cambió de privación de libertad al Régimen semi-abierto; por lo que, la menor de edad AA accionante alegó que dicha determinación no se cumplió en “CENVICRUZ” Mujeres, dilatando la ejecución de la medida impuesta; ya que, puede afectar negativamente el bienestar y la reintegración social de la referida menor de edad; además, no existe ninguna comunicación que justifique el incumplimiento de la orden judicial, interpretándose como una falta de responsabilidad y transparencia en el manejo del caso y una actuación alejada del interés de la mencionada menor de edad, como establece el Código Niña, Niño y Adolescente, ya que existe una necesidad que las instituciones colaboren en la implementación efectiva de las medidas dispuestas por la autoridad judicial. En ese sentido, la mencionada autoridad judicial podría realizar un seguimiento más cercano sobre el cumplimiento de las resoluciones, con el objeto de asegurar que las medidas impuestas se implementen de manera efectiva y oportuna por la urgencia del asunto. En ese marco, los derechos que alega como vulnerados la menor de edad AA accionante, a la libertad y de locomoción, al estudio, al trabajo y a la dignidad entendiéndose también al debido proceso, se encuentran interrelacionados y su restricción afecta su desarrollo integral, en virtud a que el derecho al debido proceso incluye el cumplimiento de las resoluciones judiciales y cualquier dilación en la ejecución de las decisiones de la Jueza de la causa puede considerarse una vulneración a ese derecho, ya que la mencionada autoridad judicial actuó conforme a ley; por lo que, “CENVICRUZ” Mujeres tiene la obligación de acatar sus disposiciones de forma inmediata y con celeridad, tomando en cuenta que los mencionados derechos son inalienables y que la referida menor de edad tiene derecho a ser tratada con dignidad y respeto; es decir, que “CENVICRUZ” Mujeres como entidad descentralizada asume la responsabilidad legal de cumplir con las resoluciones judiciales, de lo contrario, no solo se constituye en una falta administrativa, sino que también se afecta directamente a los derechos de la señalada menor de edad y se incurre en demora injustificada, por ello el Director de “CENVICRUZ” Mujeres, está en la obligación de cumplir con lo dispuesto por la autoridad judicial de manera inmediata; más aun tomando en cuenta la situación en la que se encuentra la citada menor de edad, con la finalidad de que pueda acceder a sus derechos a la educación y al trabajo, que son esenciales para su rehabilitación y reintegración social, asegurando que en el futuro se cumplan las disposiciones judiciales, se respeten los derechos de la nombrada menor de edad y no se repitan situaciones similares. De igual forma, de acuerdo al informe presentado en audiencia por las autoridades de “CENVICRUZ” Mujeres, se indicó que se recibió un oficio respecto a la modificación de la medida de privación de libertad y según las notificaciones que cursan en obrados de esta acción de defensa, se notificó con el Auto Interlocutorio 247/24 y el Oficio 901/2024, el 5 de septiembre de 2024; es decir, con ese último, el día de presentación de esta acción de libertad -5 de igual mes y año-; sin embargo, a partir de su conocimiento -que fue el día de la emisión del citado Auto Interlocutorio- tiene la obligación y la responsabilidad de cumplir con el mismo, emitido por la Jueza de la causa, actuando de manera inmediata conforme al procedimiento establecido por el art. 347.II y III del CNNA, sin esperar un mandamiento de libertad adicional, en razón que la medida ya fue modificada, interpretando la ley de manera que se garantice la protección y el respeto de los derechos de los menores de edad o adolescentes. Según el art. 323 del CNNA, la imposición de un Régimen semi-abierto implica que la adolescente puede salir para estudiar y trabajar cumpliendo con todos los requisitos para el efecto de manera inmediata, ya que cualquier restricción adicional, como la espera de una sentencia ejecutoriada, no debería impedir su acceso a los derechos alegados en la presente acción de libertad, especialmente cuando la medida ya fue ordenada por una Jueza y a pesar que “CENVICRUZ” Mujeres hizo referencia a la necesidad de un PIEM, que debe ser desarrollado en coordinación con la menor de edad AA accionante, desde el momento en que le otorgó la libertad, no puede exigirse como un requisito previo; puesto que, debe actuarse con la mayor diligencia y celeridad sin posponer el cumplimiento de los derechos de la referida menor de edad, tomándose en cuenta que en este caso, también la madre de la mencionada menor de edad se encuentra apoyando en la reintegración de su hija -menor de edad AA accionante-; por lo que se debe permitir que la citada menor de edad participe en oportunidades laborales y educativas de manera inmediata, más aun cuando tiene el apoyo familiar y un deseo genuino de avanzar en el proceso. Asimismo, se advierte que el Auto Interlocutorio 247/24 emitido por la Jueza de la causa que modificó la medida de privación de libertad a Régimen semi-abierto en favor de la menor de edad AA accionante, basándose en que su comportamiento fue positivo, aquello establece un precedente de reintegración y rehabilitación que son posibles y deseables, reforzando con ello la necesidad de que “CENVICRUZ” Mujeres cumpla con esa disposición judicial. En consecuencia, la notificación realizada a “CENVICRUZ” Mujeres el 3 de septiembre de 2024 y la posterior reiteración del cumplimiento del Régimen semi-abierto a través del Oficio 901/24 demuestran que la autoridad judicial de la causa actuó de manera diligente al tomar esa medida; por lo que la responsabilidad recae en “CENVICRUZ” Mujeres, que no puede escudarse en la falta de un mandamiento de libertad adicional o de una sentencia ejecutoriada; puesto que, en el mencionado Auto Interlocutorio ya se estableció claramente el cambio de medida, ordenándose que se realice el seguimiento del PIEM; por lo que, al efecto dicha entidad debe implementar el referido PIEM de manera inmediata y que la mencionada menor de edad comience a disfrutar de su libertad bajo las condiciones del Régimen semi-abierto, la ausencia del PIEM no debe ser un obstáculo para que le permita salir a participar en actividades laborales y educativas. De igual manera, en el Informe de 3 de septiembre de 2024, presentado por la Secretaria del Juzgado de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, se mencionó que a la menor de edad AA accionante le falta cumplir seis meses y dieciocho días de su condena, ello implica que el tiempo que pasa en un Régimen semi-abierto debe ser utilizado para su educación y reintegración; es decir, que ese tiempo debe aprovecharse para que cumpla con sus obligaciones de manera activa, no para restringir su libertad; puesto que la obligación de “CENVICRUZ” Mujeres, como entidad encargada de la rehabilitación de la adolescente es legal y moral; por lo que de forma efectiva y con la debida celeridad, debe colaborar en la implementación de la nueva medida dictada y notificada, razón por la cual, corresponde conceder la tutela solicitada en aplicación a la acción de libertad traslativa y de pronto despacho. Finalmente, es necesario precisar que en el petitorio de la presente acción de libertad, se señalan los nombres de Pedro Ernesto Becerra Suárez y Margoth Flores Montaño; sin embargo, no corresponde a este Tribunal Constitucional Plurinacional que emita pronunciamiento alguno respecto a ellos; puesto que, la parte accionante solamente se limitó a citarlos sin identificar de manera individual cuál fue el acto ilegal y omisión en la que incurrieron los nombrados o que hubiesen ocasionado la vulneración de derechos. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte la Resolución A.L. 23/2024 de 6 de septiembre, cursante de fs. 37 a 39, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente con relación al Director Ejecutivo de la Entidad Descentralizada Nueva Vida Santa Cruz “CENVICRUZ” Mujeres, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de este fallo constitucional.

a) Disponer que la Entidad Descentralizada Nueva Vida Santa Cruz “CENVICRUZ” Mujeres, una vez notificada con el presente fallo constitucional, de manera inmediata y con la debida diligencia, cumpla con el Auto Interlocutorio 247/24 de 3 de septiembre de 2024, permitiendo que la menor de edad AA accionante acceda al Régimen semi-abierto, así como a las oportunidades educativas y laborales según el Plan Individual de Ejecución de Medidas -que debe ser elaborado con celeridad-, dispuesto por Shirley Fátima Becerra Vaca, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, asegurando el seguimiento del equipo interdisciplinario que supervise y apoye a la mencionada menor de edad, durante el cumplimiento de dicha medida que genere la reintegración social efectiva de la referida menor de edad y la prevalencia de sus derechos. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación a Pedro Ernesto Becerra Suárez y Margoth Flores Montaño, de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0849_2024-S3.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): b1c3064ca7c3102d81a6e1e3460c1263863feb61e35676d64b6d6c4edf68ee18

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