B.IA.LEGAL

SCP 0849/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 4 de septiembre de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
4 de septiembre de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
49167-2022-99-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes a través de representante legal, denuncian que habiendo interpuesto incidente de nulidad de obrados y oposición a desapoderamiento dentro del proceso Coactivo civil seguido a instancia de Justino Avendaño Renedo contra Gueinor Rubén Gonzales (terceros interesados); el Juez a quo ahora codemandado en franca vulneración al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación, congruencia y a la defensa, emitió la Resolución 62/2021 de 16 de marzo, desconociendo totalmente lo dispuesto por la disposición transitoria séptima de la Ley 439 (Nulidad de Obrados); razón por la que interpusieron recurso de apelación contra dicha Resolución, reclamando oportunamente las irregularidades y arbitrariedades de la Resolución apelada; sin embargo, los Vocales de la Sala Civil Segunda ahora demandados, en restricción y supresión de su derecho al debido proceso y la defensa, pronunciaron el Auto de Vista Res. I-310/2021, sin la motivación y fundamentación correspondiente y de forma incongruente, solapando la Resolución 62/2021, emitida por el Juez inferior, manifestando al igual que éste, que sus personas no tenían la legitimación correspondiente para interponer oposiciones o incidentes, vulnerando de esa forma sus derechos de igualdad de protección ante la ley, a una tutela judicial efectiva y a una justicia oportuna, pronta y transparente. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Cuarta Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: REVOCAR la Resolución 149/2022 de 14 de junio, cursante de fs. 554 a 559 vta., pronunciado por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, dejando sin efecto el Auto de Vista Res. I-310/2021 de 2 de julio, debiendo los Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunciar inmediatamente nuevo fallo motivado y fundamentado, conforme los lineamientos contenidos en la presente Sentencia constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. La motivación de las resoluciones en segunda instancia y el deber de pronunciarse respecto a la totalidad de las cuestiones impugnadas (mínima petita)
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0849/2023-S4 Sucre, 4 de septiembre de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 49167-2022-99-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 149/2022 de 14 de junio, cursante de fs. 554 a 559 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Daniel Charles Cuba Cladera, en representación legal de César Carlos Estévez Gómez y Silvia Pilar Morales Angulo contra Isaías Jorge Vargas Chambi y Fanny Coaquira Rodríguez; y, José Ángel Carvajal Cordero, Vocales de la Sala Civil Segunda; y Juez Público Civil y Comercial Primero; respectivamente, todos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 14 de febrero de 2022, cursante de fs. 372 a 393 vta.; y de subsanación de 18 de marzo de igual año (fs. 456 a 464 vta.), los accionantes, expresaron los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso coactivo civil que se viene tramitando en el Juzgado Publico Civil y Comercial Primero de La Paz, a instancias de Justino Avendaño Renedo contra Gueinor Rubén Gonzales Foronda, se emitió Auto de Desapoderamiento de los inmuebles identificados como Oficinas 4 y 6 del mezzanine 2, ubicados en el Edificio Neptuno de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; inmuebles que sus personas como esposos, poseen o detentan en calidad de anticresistas del demandado en el proceso civil y cuyo título y documento público se encuentra debidamente registrado en el Registro de Derechos Reales (DD.RR.) de La Paz. Habiendo asumido conocimiento sobre la existencia del referido proceso a través de la notificación de desapoderamiento de los inmuebles de referencia, de manera inmediata presentaron memoriales el 27 de marzo y 24 de mayo ambos de 2019, planteando nulidad de obrados, debido a vicios de nulidad insubsanables e inconvalidables que ocasionaron su indefensión, denunciando los siguientes extremos:

a) Nunca fueron citados de forma personal con algún actuado, ocasionando su total indefensión; b) Pese a la notificación por edictos de todo el proceso coactivo civil, jamás se les designó defensor de oficio, vulnerándose sus derechos al debido proceso y la defensa; c) No existió mandamiento de embargo que hubiera sido registrado en Derechos Reales de La Paz, para que surta efectos frente a sus personas; sin embargo, se pretende despojarlos de los inmuebles que detentan como anticresistas. d) El avalúo pericial de los inmuebles rematados, fue presentado de forma incompleta y a sus espaldas, fuera del plazo, omitiéndose individualizar cada inmueble que cuenta con un registro individual en Derechos Reales y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP); e) No se consideró en ninguno de los edictos, señalamiento de audiencias de subasta y remate, avisos de remate, publicaciones, actas y autos emergentes, incumpliéndose los expresamente dispuesto por el “Auto de Fs. 134”, porque nunca se señalaron en los referidos actos de forma correcta sus nombres y apellidos exactos como acreedores damnificados; f) No se exigió previamente a los adjudicatarios el pago total del precio al tercer día del remate, incumpliendo el Juez de la causa, el principio de legalidad, dictando un auto de aprobación de remate y extendiendo arbitrariamente minutas y escrituras de adjudicación; g) El Juez de instancia, en flagrante atentado al principio de legalidad, incumplió su deber de oficio, ya que después de más de un año y tres meses de celebrado el acto de remate, permitió al adjudicatario Brayan Bruno José Luna Lira, proceda a depositar el saldo del precio del inmueble of. 6 mezzanine 2 (consultorio), que poseen como anticresistas; h) El Juez no consideró que los derechos de los adjudicatarios, al no haber cancelado el saldo del precio al tercer día de celebrado el remate, quedaron resueltos de puro derecho; y, i) El Juez inferior, pretendió ocultar el hecho de que los adjudicatarios procedieron a maniobrar y registrar ilegalmente en Derechos Reales su supuesto derecho propietario, a sabiendas que no cancelaron el saldo del precio dentro del tercer día y que existía una hipoteca de su parte, registrada con la debida antelación. Este incidente de nulidad, fue resuelto y rechazado mediante la Resolución 115/2019 de 14 de agosto, la cual fue pronunciada con total falta de fundamentación, motivación y congruencia; razón por la que, siendo apelada, fue resuelta mediante el Auto de Vista Res. 14/2021 de 15 de enero, que dejó sin efecto la Resolución apelada y anulando obrados, ordenó al Juez inferior la emisión de una nueva resolución, que se pronuncie debidamente respecto al incidente de nulidad interpuesto; sin embargo, el Juez a quo, haciendo caso omiso a las recomendaciones y fundamentos expuestos en el Auto de Vista antes nombrado y en franca vulneración al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación, congruencia y a la defensa, emitió la Resolución 62/2021 de 16 de marzo, que desconoció totalmente lo dispuesto por la Disposición Transitoria Séptima de la Ley 439, sobre la nulidad de obrados; razón por la que, nuevamente, interpusieron recurso de apelación contra dicha determinación, reclamando oportunamente las irregularidades y arbitrariedades de la decisión apelada; sin embargo, los Vocales de la Sala Civil Segunda ahora demandados, en restricción y supresión de su derecho al debido proceso y la defensa, pronunciaron el Auto de Vista Res. I-310/2021 de 2 de julio, sin la motivación y fundamentación correspondiente y de forma incongruente, solapando la Resolución 62/2021, emitida por el inferior, manifestando al igual que éste, que sus personas no tenían la legitimación correspondiente para interponer oposiciones o incidentes, vulnerando de esa forma sus derechos de igualdad de protección ante la ley, a una tutela judicial efectiva y a una justicia oportuna, pronta y transparente.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Los accionantes denunciaron la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia, a la defensa, a la impugnación, a la igualdad ante la ley, a la tutela judicial efectiva y a una justicia oportuna, pronta y transparente; citando al efecto los arts. 115. I y II; 119.I y II; y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia se disponga: 1) la anulación del Auto de Vista Res. I-310/2021 de 2 de julio y su Auto complementario de 9 de agosto de 2021; 2) Por conexitud, se anule la Resolución 62/2021 de 16 de marzo, “disponiendo la nulidad de lo obrado hasta que se dé estricto cumplimiento a los dispuesto por auto de fs. 134 del expediente coactivo civil, el mismo que hasta el día de hoy no se encuentra notificado a ninguna de las partes, en consecuencia se proceda a citar personalmente a nuestras personas CÉSAR CARLOS ESTEVEZ GOMEZ y SILVIA PILAR MORALES ANGULO, con los actuados pertinentes a efectos de asumir plena defensa y poder impugnar, recurrir, observar lo que por ley corresponde”(sic); y 3) “ORDENAR LA RESTITUCIÓN DE MIS DERECHOS CONSTITUCIONALES de DEFENSA, del DEBIDO PROCESO en sus vertientes MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN y CONGRUENCIA Y PERTINENCIA, de IMPUGNACIÓN y de RECURRIR, de IGUALDAD DE PROTECCIÓN ANTE LA LEY, de UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, y de UNA JUSTICIA OPORTUNA TRANSPARENTE Y SIN DILACIONES que fueron restringidos suprimidos por las Autoridades accionadas; DISPONIENDO se considere correctamente nuestro primer memorial de nulidad de obrados que hemos planteado a fs. 425 A 426 AMPLIADO A FS 512 A 514 Y SE ANULEN OBRADOS HASTA EL VICIO MAS ANTIGUO hasta fs. 134 por la falta de citación personal a mi persona y a mi esposa como anticresistas, y sea con imposición de multa y resarcimiento de daños y perjuicios a los demandados, por la restricción de nuestros derechos constitucionales, con las debidas formalidades constitucionales de ley” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 14 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 547 a 553 vta., presentes la parte accionante mediante su abogado apoderado y los terceros interesados; ausentes las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte impetrante de tutela, a través de su abogado apoderado, ratificó y reiteró los extremos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Isaías Jorge Vargas Chambi y Fanny Coaquira Rodriguez, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, presentaron informe escrito el 14 de junio de 2022, cursante de fs. 544 a 545, exponiendo los siguientes argumentos: i) La parte solicitante de tutela confundió la acción de amparo constitucional con un recurso de casación en la forma, argumentando un incidente de nulidad y no así una demanda de amparo constitucional, elemento que repercute en aspectos de fondo que hacen a la exclusiva jurisdicción ordinaria; ii) No se cumplió con las exigencias del art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo), en lo que respecta a los requisitos de admisibilidad intrínsecos o de fondo, habida cuenta que se confunde una acción tutelar constitucional con un incidente de nulidad, lo cual resulta improcedente a todas luces; iii) La parte accionante confundió el instituto de la oposición con un incidente de nulidad, dado que en el caso de autos, se opuso oposición al mandamiento de desapoderamiento, el cual fue respondido ampliamente en el Auto de Vista observado, decisión que guarda plena congruencia con el instituto debatido y los argumentos propuestos; por ello, la nulidad intentada por la parte accionante no tiene asidero legal; puesto que, en la demanda de acción de amparo constitucional no existe un solo argumento que fundamente que las respuestas otorgadas en el Auto de Vista, hubieran vulnerado derecho alguno; y, iv) Se debe recalcar que los impetrantes de tutela no presentaron argumento alguno que apunte a que la Resolución de Vista, hubiese lesionado derecho alguno, mas al contrario, toda la carga argumentativa está dirigida a cuestionar como incidente, su no participación en la causa, lo cual no fue objeto de debate. El Codemandado, José Ángel Carvajal Cordero, Juez Público Civil y Comercial Primero departamento de La Paz, presentó informe escrito el 5 de mayo de 2022, cursante de fs. 490 a 493; manifestando los siguientes argumentos: a) La demanda coactiva civil se inició el 22 de septiembre de 2011, habiendo sido declarada probada mediante la Sentencia Coactiva 108, que dispuso el embargo de las oficinas 1 a 5 del edificio Neptuno ubicado en la Av. Kennedy de la ciudad de La Paz; esta Resolución fue ejecutoriada por Auto de 21 de marzo de 2012, iniciándose la fase de ejecución con las reglas del Código de Procedimiento Civil; b) El demandado Rubén Gonzales, se apersonó mediante memorial de 20 de junio de 2012, promoviendo incidente de nulidad; sin embargo en un franco abandono de defensa, dicho incidente fue resuelto en vía de saneamiento por Resolución de 8 de agosto de 2017, que rechazó el mismo, sin que se hubiera interpuesto recurso alguno; c) En fase de ejecución, fueron iniciadas las medidas previas de rigor, entre esas la convocatoria de todas las personas que figuraban en el registro de Derechos Reales como terceros acreedores, habiéndose citado mediante edictos a Silvia Pilar Morales Angulo, César Carlos Esteves Gómez y otros, en previsión del art. 1479 del CC; d) Se cumplieron con todos los procedimientos establecidos en ejecución de sentencia, en el caso concreto de los accionantes, mediante memorial, plantearon oposición al desapoderamiento de la oficina 4, como primera oposición, que previo traslado, fue rechazada mediante la Resolución 265, que fue objeto de recurso de apelación y que fue resuelto por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante la Resolución 104/2020, que confirmó en todas sus partes la resolución apelada; e) Existió una segunda oposición al desapoderamiento de la oficina 6, que previo traslado fue rechazada por Resolución 115, que también fue apelada y resuelta por la Sala Civil Primera, mediante el Auto de Vista 14/2021, que anuló y dispuso la emisión de una nueva Resolución, habiéndose emitido en consecuencia la Resolución 62/2021, la cual fue impugnada y resuelta y confirmada en todas sus partes por la Sala Civil Segunda, mediante el Auto de Vista I-310/2021; f) Actualmente se viene tramitando un incidente de nulidad de adjudicación judicial, interpuesto por el demandado en el proceso coactivo civil, que previo traslado a las partes fue rechazado mediante la Resolución 35/2022, misma que fue objeto de apelación por el prenombrado, así como por los ahora accionantes Carlos Estévez y Silvia Pilar Morales Angulo, dicha apelación aun no fue notificada con los traslados de ley, encontrándose en estado de conceder ante el superior en grado; y, g) El recurso de apelación contra la Resolución 35/2022, opuesta por los impetrantes de tutela, que resolvió el incidente de nulidad de adjudicación judicial interpuesto por el coactivado Rubén Gonzales, se sostiene en los mismos elementos invocados por los ahora accionantes; impugnación que además se encuentra con una “especie de adhesión”, por cuanto Rubén Gonzales también apeló, solicitando la nulidad de todo lo obrado; presupuestos que deben ser considerados, toda vez que dichos recursos se encuentran en fase de notificación al demandante Justino Avendaño y su concesión al tribunal de apelación en la jurisdicción ordinaria.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Justino Avendaño Renedo, por escrito presentado el 18 de mayo de 2022, cursante de fs. 495 a 502 vta.; y, en su intervención en audiencia, refirió lo siguiente: 1) Sobre el proceso coactivo civil, el art. 517 del CPC, dispone que la ejecución de los autos y sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario ni extraordinario; 2) Mediante Sentencia de 18 de octubre de 2011, se declaró probada la demandada coactiva civil, Sentencia que fue ejecutoriada el 21 de marzo de 2012; asimismo, existieron actuaciones procesales posteriores que también quedaron ejecutoriadas, tales como el Auto que dispuso la aprobación de la subasta y remate y adjudicación, el cual fue ejecutoriado mediante el Auto de 9 de julio de 2018; 3) Se debe aclarar que el proceso coactivo de referencia, fue iniciado hace diez años y ocho meses, siendo dilatado en su ejecución por la sustanciación de múltiples recursos de reposición, apelación y nulidades formuladas por el coactivado y los ahora accionantes, estos últimos, quienes no pueden alegar que no pudieron hacer uso de ningún recurso ordinario que el procedimiento coactivo admite, por el contrario, cada resolución e incluso determinadas providencias fueron recurridas de su parte; 4) En el proceso coactivo referido, se advierte que los recursos interpuestos, suspendieron la ejecución de la sentencia coactiva, por esta razón, el proceso viene durando más de diez años, sin que concluya con su ejecución debido a que hasta la fecha, los bienes hipotecados y ejecutados no fueron entregados luego de la subasta y remate; 5) Los accionantes refirieron que no tienen pendiente de resolver ningún recurso y que sus derechos ya no pueden ser protegidos al haberse formulado todos los recursos admisibles; sin embargo, pretenden que la instancia constitucional se constituya en un tribunal de casación y revise la legalidad ordinaria aplicada en el proceso coactivo civil, desnaturalizando la alta y compleja labor que realiza el juez constitucional; y, 6) Los impetrantes de tutela interpusieron esta acción tutelar sin fundamentar los alegatos que anuncian sin demostrar la ausencia de motivación de los fallos observados. Gueinor Rubén Gonzales Foronda, mediante memorial presentado el 26 de mayo de 2022, cursante de fs. 507 a 511; manifestó los siguientes extremos: i) Es evidente la vulneración que reclaman los accionantes, existiendo al presente damnificados múltiples por los actos arbitrarios del Juez a quo, quien durante la tramitación de la ejecución de la sentencia, infringió las normas de la Ley 439; aplicando a la fecha, normas derogadas e incluso abrogadas del anterior Código de Procedimiento Civil; ii) El Juez inferior, omitió cumplir lo previsto en el art. 1439 del CC, puesto que jamás se citó a los acreedores que tenían constituidas sus hipotecas y anticresis sobre los inmuebles objeto de la venta forzosa, siendo este el vicio de nulidad más antiguo y que ocasionó indefensión a todas las personas mencionadas en el Auto de fs. 134 del expediente coactivo civil; y, iii) El inicio del vicio de nulidad y la vulneración de los derechos a la defensa y el debido proceso de los acreedores mencionados en el Auto de fs. 134, se suscitó debido a que sus nombres y apellidos se entremezclaron y fueron erróneamente consignados, habiéndose dispuesto, a pesar de dichos errores y vicios de nulidad, su citación por edictos, conforme al art. 78 del CPC.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 149/2022 de 14 de junio, cursante de fs. 554 a 559 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) La parte impetrante de tutela denunció a través de esta acción de defensa que, dentro del proceso coactivo civil suscitado entre los hoy terceros interesados, no se cumplió el Auto de fs. 134, que dispuso su notificación a los efectos previstos en el art. 1493 del CC, respecto a la acreencia privilegiada que tuviesen dentro de dicho proceso, vulnerando de esa forma el derecho al debido proceso, a la defensa, a la aplicación justa y equitativa de normas constitucionales; b) De la revisión del folio real cursante en el cuaderno original del proceso, se tiene que en el Asiento 15 se encuentra registrado el gravamen de anticresis a favor de Silvia Pilar Morales Angulo y Carlos César Estévez Gómez por un monto de $us7 000.- (Siete mil dólares estadounidenses); asimismo, también se encuentran establecidos los diferentes registros de gravámenes e hipotecas, que a decir de los hoy accionantes su inscripción hubiera sido realizada de manera antelada, lo que implicaría una posible acreencia privilegiada; c) En el caso de la ejecución del proceso coactivo civil, las partes principales no eran los impetrantes de tutela, quienes se constituyeron en simples opositores a un desapoderamiento y que por los antecedentes del proceso, hace ver de forma diáfana que la oposición formulada a tiempo de ser notificados con el desapoderamiento, fue resuelta por la autoridad judicial a momento de determinar que su oposición no correspondía en virtud del art. 1538 del CC, debido a que el titulo por el cual se creó una acreencia privilegiada, era anterior a la suya, por lo que no era posible anteponer una acreencia posterior sobre alguien que inició las gestiones ejecutivas para llevar adelante un proceso, que lleva casi once años de tramitación; d) La parte accionante pretende hacer ver que cuenta con una calidad de parte principal en el proceso de referencia, al denunciar que no se hubiera cumplido con la notificación dispuesta en el proveído de fs. 134; sin embargo, dicha eventualidad no puede ser reclamada por una persona que no tiene esa calidad o cualidad; e) Los accionantes reclamaron que no se les designó un defensor de oficio dentro del proceso coactivo de referencia; sin embargo, evocando el art. 73.III del CPC; dicho acto se realiza en relación a las partes principales, en este caso a la parte demandada, cuando se desconoce su paradero; f) En el caso concreto se planteó una oposición al desapoderamiento, el cual fue resuelto de manera razonada; posteriormente, se propuso un incidente de nulidad que fue resuelto mediante Resolución 62/2021, cuyo razonamiento doctrinal fue desarrollado de acuerdo a los datos del proceso, la evocación de resoluciones emitidas, el estado del proceso, la ejecución de la sentencia, las partes identificadas plenamente, las adjudicaciones realizadas en el proceso, el registro realizado ante Derechos Reales, así como la normativa vigente y atinente a la decisión adoptada, para rechazar la oposición formulada por Carlos Estévez Gómez; g) El incidente formulado, fue tomado en cuenta en fase de impugnación por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de La Paz, que con criterio sano expresó que la nulidad es una situación propia que hace a las partes y responde propiamente a los actos procesales que se vean afectados; h) De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la nulidad llega a establecer la ineficacia de actos procesales que habrían sido realizados desconociendo derechos y garantías constitucionales a través de la activación de este incidente que solamente se otorga a las partes y no así a alguien que no es parte principal en el proceso; i) Si bien en el caso presente se promovió un incidente de nulidad, la decisión del Juez inferior se encuentra dentro de las reglas de razonamiento con aspectos formales y legales que dieron lugar al rechazo de dicho incidente; j) La finalidad que busca un acto propio de la nulidad, conlleva a restablecer derechos fundamentales y garantías constitucionales que no fueron subsanadas u observadas, pero por las partes y no así por una persona ajena al proceso; k) En la presente acción de defensa, se evocó diferente normativa que hubiera sido supuestamente desconocida; sin embargo no se evidencia dicho extremo, más al contrario, al margen de la tramitación de un arduo proceso que debió culminar con la demanda y remate de manera inmediata, aún se encuentra vigente por más de once años; y, l) No se evidencia la vulneración de derechos o garantías constitucionales, porque se dio oportunidad a los accionantes de poder escuchar y oponerse de manera razonada y no pretendiendo hacer una situación de una posible acreencia que tuvieran registrada de manera posterior, debiendo señalarse que esta instancia no es parte del proceso coactivo civil en la que pueden hacer valer la posible acreencia que tuviesen, siendo que a dicho efecto deben activar otro procedimiento ante la autoridad competente en cuanto a la entrega de dineros que los ahora accionantes realizaron para ocupar las oficinas objeto del proceso coactivo civil.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso Coactivo civil, seguido por Justino Avendaño Renedo contra Gueinor Rubén Gonzales (terceros interesados), en ejecución de sentencia, los –ahora solicitantes de tutela– César Carlos Estévez Gómez, presentó el 14 de marzo de 2019, memorial de apersonamiento ante el Juez Público Civil y Comercial Primero de La Paz, interponiendo además nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, por restricción de su derecho a la defensa (fs. 279 a 280); el cual fue resuelto por el Juez señalado, mediante proveído de 19 del mismo mes y año, que dispuso su incorporación al proceso conforme a procedimiento (fs. 279 y vta.) II.2. Por memorial de 25 de marzo de 2019, los ahora accionantes César Carlos Estévez Gómez y Silvia Pilar Morales Angulo, plantearon ante el Juez Público Civil y Comercial Primero del departamento de La Paz, la ampliación de nulidad de obrados suscitada anteriormente (fs. 281 a 283). II.3. El 24 de mayo de 2019, los impetrantes de tutela, presentaron memorial ante el Juez Público Civil y Comercial Primero del departamento de La Paz, reiterando su solicitud de nulidad de obrados y formulando además oposición al desglose de cualquier documentación original que hubiera sido presentada y solicitada por la parte adjudicataria dentro del proceso coactivo civil (fs. 283 vta., a 284 vta.); dicho memorial fue resuelto por el Juez de la causa, mediante decreto de 28 del mismo mes y año, por el que dispuso “PASEN OBRADOS A DESPACHO PARA RESOLVER OPOSICION” (sic) (fs. 285). II.4. Mediante Resolución 265/2019 de 5 de junio, el Juez Público Civil y Comercial Primero del departamento de La Paz, rechazó la oposición al desapoderamiento interpuesto por los ahora impetrantes de tutela (fs. 413 a 414). II.5. En grado de apelación, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista Res. 14/2021 de 15 de enero, anuló la “Resolución 115/2020”, disponiendo que el Juez a quo emita nuevo pronunciamiento conforme a los datos del proceso (fs. 320 a 322 vta.). II.6. A través de Auto de 20 de mayo de 2021, emitido por el Juez Público Civil y Comercial Primero del departamento de La Paz –se entiende en cumplimiento al Auto de Vista Res. 14/2021 de 15 de enero–, dicha autoridad emitió la Resolución 62/2021, rechazando in limine el incidente de nulidad y la oposición al desapoderamiento, formulados por los ahora impetrantes de tutela quienes, ante dicho rechazo, interpusieron recurso de apelación contra dicha determinación, impugnación que fue concedida en efecto devolutivo ante el superior en grado (fs. 323). II.7. Los Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz –ahora demandados–, fungiendo como Tribunal de apelación resolvieron el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 62/2021, emitiendo el Auto de Vista I-310/2021 de 2 de julio, por el que, ratificaron y confirmaron la Resolución apelada (fs. 324 a 328 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes a través de representante legal, denuncian que habiendo interpuesto incidente de nulidad de obrados y oposición a desapoderamiento dentro del proceso Coactivo civil seguido a instancia de Justino Avendaño Renedo contra Gueinor Rubén Gonzales (terceros interesados); el Juez a quo ahora codemandado en franca vulneración al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación, congruencia y a la defensa, emitió la Resolución 62/2021 de 16 de marzo, desconociendo totalmente lo dispuesto por la disposición transitoria séptima de la Ley 439 (Nulidad de Obrados); razón por la que interpusieron recurso de apelación contra dicha Resolución, reclamando oportunamente las irregularidades y arbitrariedades de la Resolución apelada; sin embargo, los Vocales de la Sala Civil Segunda ahora demandados, en restricción y supresión de su derecho al debido proceso y la defensa, pronunciaron el Auto de Vista Res. I-310/2021, sin la motivación y fundamentación correspondiente y de forma incongruente, solapando la Resolución 62/2021, emitida por el Juez inferior, manifestando al igual que éste, que sus personas no tenían la legitimación correspondiente para interponer oposiciones o incidentes, vulnerando de esa forma sus derechos de igualdad de protección ante la ley, a una tutela judicial efectiva y a una justicia oportuna, pronta y transparente. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones. Jurisprudencia reiterada

Al respecto la SCP 0495/2019-S4 de 12 de julio, estableció que: “Resulta relevante recordar que sobre el contenido esencial del derecho al debido proceso, en su elemento de debida fundamentación y motivación, la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, desarrolló las siguientes cuatro finalidades implícitas: i) El sometimiento manifiesto a la Constitución Política del Estado, conformada no solo por su texto escrito sino también, por los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia de los principios de constitucionalidad y de legalidad, en el que este último, se encuentra en sumisión al primero; ‘…ii) Lograr el convencimiento de las partes, que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa el valor justicia y los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, iv) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…’ Posteriormente, a través de la SCP 0100/2013 de 17 de enero, se sumó un quinto elemento de relevancia constitucional; cual es: ‘…v) La exigencia de la observancia del principio dispositivo’, que implica la obligación que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad se expresa en una decisión: a) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; b) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; c) Con motivación insuficiente, cuando no da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, d) Por falta de coherencia del fallo, que se da: d.1) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, d.2) En su dimensión externa, pues la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen como antecedentes a las Sentencias Constitucionales 0863/2003-R de 25 de junio y 0358/2010-R de 22 de junio.

Respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada, fue ampliada mediante la SCP 0005/2019 de 19 de febrero, que complementó lo anteriormente señalado: ‘…a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones…’, lo que significa que corresponde a este Tribunal Constitucional Plurinacional, el análisis de la incidencia del acto acusado como ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional, respecto al fondo de lo resuelto, de manera que si no tiene efecto modificatorio, la tutela que podría concederse tendría como efecto que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; con dicho entendimiento, corresponderá denegar la tutela cuando la arbitraria o insuficiente motivación de las resoluciones aunque sea reconocida, no tenga efecto modificatorio respecto al fondo de lo decidido pues no existiría vulneración del derecho. La Resolución constitucional citada, aclaró que ese ‘…entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna…’” (las negrillas nos pertenecen). Respecto a la congruencia como uno de los elementos del debido proceso, la SCP 0731/2014 de 10 de abril, precisó que: “Entre los elementos integradores del debido proceso, es posible identificar el principio de congruencia. Al respecto, el Diccionario de la Real Academia Española, entiende a la congruencia como: '1. f. Conveniencia, coherencia, relación lógica. 2. f. Der. Conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones de las partes formuladas en el juicio'. En el marco de la premisa anterior y, desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta, impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, el principio de congruencia se constituye en una prohibición para que el juzgador considere aspectos ajenos a la controversia; es decir, cuestiones que no fueron identificados por las partes como puntos de discusión o consideración; y, segundo, la congruencia interna, referida a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella debe existir un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión. Con relación al punto analizado, la jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló que: '…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes'" (las negrillas nos corresponden).

III.2. La motivación de las resoluciones en segunda instancia y el deber de pronunciarse respecto a la totalidad de las cuestiones impugnadas (mínima petita)

La SCP 275/2012 de 4 de junio, en cuanto a la motivación de las resoluciones de segunda instancia señaló que: “Según la enseñanza de Savigny: “La sentencia es un todo único e inseparable; entre los fundamentos y lo dispositivo media una relación tan estrecha que unos y otros no pueden ser nunca desmembrados si no se desea desnaturalizar la unidad lógica y jurídica de la decisión”.

“…la sentencia comprende un proceso intelectual complejo, crítico, valorativo y de voluntad, que no está exento de una operación lógica coherente. La combinación de estos elementos nos da como resultado la posibilidad de identificar dos criterios que podríamos considerarlos como los fundamentos para una debida motivación de las resoluciones judiciales. En otras palabras, en una decisión bien motivada han de concurrir neCésaria y complementariamente lo que podríamos denominar un criterio de verdad y uno de validez”.

El jurista argentino, Agustín Gordillo, en su Tratado de Derecho Administrativo, al referirse a los caracteres y requisitos que deben reunir las decisiones administrativas ha expresado: “…no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos…. El acto debe resolver todas las peticiones formuladas (…) o sea, todas las cuestiones planteadas. En esto todas las legislaciones y la doctrina son uniformes”.

Los tratadistas Ossorio y Florit afirman lo siguiente: “Frente a la absoluta libertad del juzgador para apreciar y valorar las pruebas, y también frente a la restricción valorativa de la prueba legal, surge el sistema de la sana crítica que deja al juez formar libremente su convicción, pero obligándole a establecer los fundamentos de la misma6”. De la misma forma Eduardo Couture, asevera que: “el juicio de valor en la sana crítica ha de apoyarse en proposiciones lógicas correctas y fundarse en observaciones de experiencia confirmadas por la realidad”.

“No basta la simple cita de preceptos legales, en una resolución para considerar motivada ésta, sino que es preciso que se expongan las argumentaciones pertinentes que conduzcan a establecer la decisión correspondiente”. En este sentido, José María Asencio, refiriéndose a la motivación de la sentencia en la legislación española, manifiesta que: “en el relato fáctico no sólo debe incorporarse la narración de los hechos y la enumeración de las pruebas, sino también los motivos y razonamientos que han conducido al juez a dictar su fallo”. “La motivación de la sentencia constituye un elemento intelectual, de contenido crítico, valorativo y lógico, que consiste en el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en que el juez apoya su decisión (…) En definitiva, la motivación de la sentencia es la fuente principal del control sobre el modo de ejercer los jueces su poder jurisdiccional. Su finalidad es suministrar una garantía y evitar el exceso discrecional o la arbitrariedad, es decir, que el razonamiento carezca de todo fundamento o bien sea erróneo”.

“Ni la sentencia puede pronunciarse sobre materia distinta, ni puede dejar de hacerlo respecto de cualesquiera de las cuestiones que lo integran (citra o mínima, extra y ultra petita), en virtud de la mutatio libelli”

La motivación de las resoluciones administrativas, es un deber ineludible del tribunal o autoridad de segunda instancia, que por delegación se le asigna la tarea de enmendar, cuando correspondiere las vulneraciones de derechos surgidas en el tribunal o autoridad de origen. La motivación de las resoluciones debe ser comprensible, puntual, concreta y en todos los casos lógica, incluyendo el análisis de todos los aspectos relacionados al asunto principal y de aquellos otros derivados del eje central en cuestión (mínima petita), correspondiendo efectuarse una relación de causalidad estrecha entre los hechos y la normativa inherente al caso específico.

Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.

En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes.

En conclusión, corresponde afirmar rotundamente, que la ausencia de una suficiente y adecuada motivación en las resoluciones de segunda instancia, efectivamente vulnera los derechos al debido proceso y a la defensa, impidiendo que la tutela jurisdiccional administrativa sea cierta, dando lugar al extremo inaceptable de la arbitrariedad, aclarándose que la obligación de motivar las resoluciones no significa que las decisiones adoptadas neCésariamente deban satisfacer al administrado, lo que sí es trascendental, es que la decisión sea justificada y versé sobre la totalidad de los aspectos contenidos en el memorial de impugnación, permitiendo que el imperio de la justicia constitucional garantice el ejercicio pleno de sus derechos constitucionales para el “Vivir Bien”. (Las negrillas nos corresponden).

III.3. Análisis del caso concreto

Los accionantes a través de su representante legal, denuncian que habiendo interpuesto incidente de nulidad de obrados y oposición a desapoderamiento dentro del proceso Coactivo civil seguido a instancia de Justino Avendaño Renedo contra Gueinor Rubén Gonzales –ahora terceros interesados–; el Juez a quo ahora codemandado en franca vulneración al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación, congruencia y a la defensa, emitió la Resolución 62/2021, desconociendo totalmente lo dispuesto por la disposición transitoria séptima de la Ley 439 (Nulidad de Obrados); razón por la que interpusieron recurso de apelación contra dicha Resolución, reclamando oportunamente las irregularidades y arbitrariedades de la Resolución apelada; sin embargo, los Vocales de la Sala Civil Segunda ahora demandados, en restricción y supresión de su derecho al debido proceso y la defensa, pronunciaron el Auto de Vista Res. I-310/2021, sin la motivación y fundamentación correspondiente y de forma incongruente, solapando la Resolución 62/2021, emitida por el Juez inferior, manifestando al igual que éste, que sus personas no tenían la legitimación correspondiente para interponer oposiciones o incidentes, vulnerando de esa forma sus derechos de igualdad de protección ante la ley, a una tutela judicial efectiva y a una justicia oportuna, pronta y transparente.

En función al problema jurídico expuesto, los impetrantes de tutela solicitaron en su petitorio se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia se disponga: 1) La anulación del Auto de Vista Res. I-310/2021 de 2 de julio y su Auto complementario de 9 de agosto de 2021; 2) Por conexitud se anule la Resolución 62/2021 de 16 de marzo, “disponiendo la nulidad de lo obrado hasta que se dé estricto cumplimiento a los dispuesto por auto de fs. 134 del expediente coactivo civil, el mismo que hasta el día de hoy no se encuentra notificado a ninguna de las partes, en consecuencia se proceda a citar personalmente a nuestras personas CÉSAR CARLOS ESTEVEZ GOMEZ y SILVIA PILAR MORALES ANGULO, con los actuados pertinentes a efectos de asumir plena defensa y poder impugnar, recurrir, observar lo que por ley corresponde”(sic); y, 3) “ORDENAR LA RESTITUCIÓN DE MIS DERECHOS CONSTITUCIONALES de DEFENSA, del DEBIDO PROCESO en sus vertientes MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN y CONGRUENCIA Y PERTINENCIA, de IMPUGNACIÓN y de RECURRIR, de IGUALDAD DE PROTECCIÓN ANTE LA LEY, de UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, y de UNA JUSTICIA OPORTUNA TRANSPARENTE Y SIN DILACIONES que fueron restringidos suprimidos por las Autoridades accionadas; DISPONIENDO se considere correctamente nuestro primer memorial de nulidad de obrados que hemos planteado a fs. 425 A 426 AMPLIADO A FS 512 A 514 Y SE ANULEN OBRADOS HASTA EL VICIO MAS ANTIGUO hasta fs. 134 por la falta de citación personal a mi persona y a mi esposa como anticresistas, y sea con imposición de multa y resarcimiento de daños y perjuicios a los accionados, por la restricción de nuestros derechos constitucionales, con las debidas formalidades constitucionales de ley” (sic). De dichos argumentos, conjugados con el petitorio formulado por los impetrantes de tutela en la presente acción de amparo constitucional, este Tribunal advierte que el agravio central se encuentra circunscrito a la lesión del debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia, en virtud a que –a su criterio-, el Auto de Vista Res. I-310/2021 de 2 de julio y su Auto complementario de 9 de agosto de 2021, emitidos por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no hubieran atendido ni considerado debidamente los agravios formulados en el recurso de apelación incoado de su parte, por lo que consecuentemente y de forma conexa se habrían vulnerado sus derechos a la defensa, a la impugnación y a la tutela judicial efectiva; esto, en razón a que el recurso intentado, no fue resuelto en la forma esperada; razón que no funda justificación alguna que acredite la transgresión denunciada. Ahora bien, con carácter previo al análisis del problema jurídico identificado precedentemente, en atención a la jurisprudencia constitucional que refrendó la naturaleza subsidiaria de la acción de amparo constitucional, y por la cual, se exige el agotamiento de los recursos ordinarios de manera previa a la activación de esta instancia constitucional; este Tribunal no puede pronunciarse sobre las resoluciones que precedieron a aquella emitida como emergencia del último recurso activado para el reclamo de irregularidades que afectarían derechos y garantías fundamentales; en el caso, no es posible pronunciarse sobre la Resolución 62/2021 de 16 de marzo, emitida por el Juez a quo, por cuanto la misma fue cuestionada y revisada por un recurso idóneo, como es el de apelación. En todo caso, la exigencia del agotamiento de los recursos ordinarios previstos por el ordenamiento jurídico de la materia, antes de acudir a la acción de amparo constitucional, no tendría sentido si es que este Tribunal pudiera revisar cada una de las Resoluciones emitidas como emergencia del agotamiento de dichos recursos, pues en caso de hacerlo, también podría dar lugar a pronunciamientos paralelos a los emitidos por la jurisdicción ordinaria con la consiguiente disfunción procesal, proscrita por esta jurisdicción. Bajo dicho preámbulo, no habrá de emitirse pronunciamiento respecto a los supuestos los actos lesivos atribuidos al Juez Público Civil y Comercial Primero del departamento de La Paz; toda vez que, su actuación corresponde a actos procesales que ya merecieron un pronunciamiento, en revisión, dentro del procedimiento ordinario respectivo en base a la estructura vertical de impugnación de la materia, correspondiendo recordar que la acción de amparo constitucional, fue instituida por el Constituyente como mecanismo de protección de derechos fundamentales y garantías constitucionales consagrados en la Constitución Política del Estado y las leyes; en consecuencia, es menester tomar en cuenta que la actual acción tutelar, no es una instancia adicional de la jurisdicción ordinaria y administrativa De esta manera, corresponderá realizar únicamente el análisis de la última Resolución pronunciada y con la que fue agotada la vía de impugnación en la jurisdicción ordinaria; es decir, el Auto de Vista I-310/2021 de 2 de julio, emitido por los Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Ahora bien, al haberse delimitado que únicamente se podrá realizar el análisis de la última resolución emitida en la instancia ordinaria; es decir, el Auto de Vista Res. I-310/2021 de 2 de julio, el cual los hoy impetrantes de tutela, consideran que incurrió en restricción y supresión de sus derecho al debido proceso y la defensa, ya que sin la motivación y fundamentación correspondiente y de forma incongruente, confirmaron la Resolución 62/2021, emitida por el Juez inferior, manifestando al igual que éste, que sus personas no tenían la legitimación correspondiente para interponer oposiciones o incidentes, vulnerando de esa forma sus derechos de igualdad de protección ante la ley, a una tutela judicial efectiva y a una justicia oportuna, pronta y transparente; en tal sentido, corresponderá realizar el análisis y contraste del recurso de apelación así como de la referida determinación con el fin de verificar si evidentemente,, el señalado fallo incurrió en las vulneraciones denunciadas por la parte accionante, esto, como se tiene dicho, a partir de los puntos alegados en el recurso de apelación y su posterior su contrastación con el Auto de Vista que resolvió la impugnación.

Previamente, es necesario hacer notar que, por omisión de los accionantes, no se encuentra adjuntado a la presente demandada de acción de amparo constitucional, el memorial del recurso de apelación que fuera interpuesto por los impetrantes de tutela contra la Resolución 62/2021; sin embargo, dicha circunstancia no se constituye en un óbice, debido a que dentro de los antecedentes del Auto de Vista Res. I-310/2021 de 2 de julio (Conclusión II.7), en el punto I.2 (Contenido de la impugnación), se encuentran identificados y detallados de forma precisa los presuntos agravios que fueron expuestos por los apelantes César Carlos Estévez Gómez y Silvia Pilar Morales Angulo –hoy peticionarios de tutela–.

En tal sentido, se tiene que los accionantes expresaron los siguientes puntos de agravio:

i) La Resolución impugnada fue pronunciada con total incongruencia y falta de fundamentación y motivación, desconociendo lo dispuesto por la Disposición Séptima de la Ley 439 (nulidad de obrados) y el Auto de Vista 14/2021, que dispuso anular obrados respecto a la Resolución 115/2020, al aplicar normas civiles abrogadas y derogadas en lugar de aplicar normas actuales del Código Procesal Civil, viciando de esta forma de nulidad absoluta dicha resolución.

ii) Se atentó flagrantemente contra el principio de legalidad y el debido proceso al incumplir el inferior su deber de oficio de declarar la resolución del derecho del adjudicatario quien no ha depositado el saldo del precio del bien rematado al tercer día, como manda el art. 545 del Código de procedimiento Civil Abrogado, llegando a ocultar que no existe auto de aprobación de remate, porque el adjudicatario, después de más de un año y tres meses de celebrado el acto de remate, pagó y depositó el saldo del precio a pesar de que un año antes el Juez a quo, ilegalmente extendió al adjudicatario la escritura de transferencia, por lo que dicho acto es nulo de pleno derecho y en consecuencia deben anularse obrados hasta el vicio más antiguo.

iii) El informe técnico pericial es fraudulento y falso, puesto que fue elaborado el 26 de noviembre de 2012; sin embargo, el juramento del perito fue realizado el 22 de febrero de 2013, evidenciando la existencia del delito de falsedad ideológica y material que demuestra el vicio de nulidad total del avalúo. iv) La resolución impugnada pretende encubrir los flagrantes vicios de nulidad oportunamente reclamados mediante el primer memorial de incidente de nulidad obrados cursantes de fs. 425 a 426, ampliado de fs. 512 a 514; escritos que ni siquiera fueron corridos en traslado a la contraparte y tampoco se abrió termino incidental de prueba. v) La parte coactivante siempre tuvo conocimiento que los ahora recurrentes son anticresistas del coactivado Gueinor Rubén Gonzales Foronda; sin embargo, jamás fueron citados correctamente con ningún actuado, por lo que corresponde que se anule obrados hasta que se dé el correcto cumplimiento a lo dispuesto por el auto de fs. 134, notificando con dicho Auto a los ahora recurrentes para no restringir el derecho a la defensa y al debido proceso. vi) Se desconoció deliberadamente las Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias Primera y Segunda de la Ley 439 y la Disposición Transitoria Quinta parágrafo II, del referido cuerpo legal, que establece que: “La ejecución de la sentencia se regirá por la nueva norma”, demostrando de esta forma la responsabilidad emergente por el incumplimiento del protocolo de aplicación del Código Procesal Civil. vii) La Resolución impugnada mediante su primer considerando numeral tres, pretende ignorar y desmerecer los derechos de los anticresistas, legalmente registrado en Derechos Reales, puesto que establece que los recurrentes carecen de legitimación para interponer incidentes u observaciones, invocando el art. 45 de la Ley 1760, que se encuentra derogada, causando agravio al haber omitido considerar correctamente los documentos originales que acreditan la calidad de anticresistas y acreedores privilegiados.

En respuesta y devolución a los agravios expuestos en el recurso apelación previamente glosado, los Vocales de la Sala Civil Segunda ahora demandados emitieron Auto de Vista Res. I-310/2021 de 2 de julio, ratificando y confirmando la Resolución impugnada, a través de los siguientes fundamentos:

a) En cuanto a los agravios identificados en los puntos I.2.1 y I.2.6, las normas de tránsito entre la nueva norma procesal o la antigua se encuentran desarrolladas en las Disposiciones Transitorias de la Ley 439; al respecto, la Disposición Transitoria “Octava” de la nueva norma adjetiva señala: “ QUINTA (PROCESOS EN PRIMERA INSTANCIA). Los procesos en curso a momento de la entrada en vigencia plena del presente código, se someterán a las siguientes reglas de transito de legislación: (b…) II. Procesos ejecutivos y coactivos: En los procesos ejecutivos y coactivos civiles que tuvieren auto intimatorio o sentencia se regirán por el Código de Procedimiento Civil, en lo demás se estará al presente Código. La ejecución de la sentencia se regirá por la nueva norma” (sic); previsión normativa concordante con lo estipulado en la Disposición Transitoria Octava que indica: “Los procesos en ejecución de sentencia ya iniciados se regirán por lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil para las actuaciones que aun puedan realizarse o modificarse hasta el cumplimiento de la sentencia”; de dichos preceptos legales se puede establecer que la aplicabilidad de la antigua norma procesal o de la nueva, vienen determinadas acorde a la etapa procesal en que se encuentre el proceso, y/o con cual norma adjetiva empezó la prosecución de la causa, siendo claro en cuanto a la aplicabilidad de la norma procesal en los procesos que se encuentren en etapa de ejecución de sentencia que hubieran empezado con la anterior norma procesal, señalando que estos deben continuar con la anterior normativa hasta que lo dispuesto en la sentencia llegue a materializarse. En el caso concreto, de la compulsa de obrados, se evidencia que el proceso coactivo civil, cuenta con sentencia ejecutoriada por auto de 21 de marzo de 2012, siendo evidente que el proceso coactivo se encuentra en fase de ejecución, la cual fue iniciada en vigencia del anterior Código; por lo que, conforme a lo estipulado en el anterior párrafo, la causa debe tramitarse con la antigua normativa procesal hasta el cumplimiento de la sentencia; b) Si bien se evidencia que mediante el Auto 14/2021, emitido por la Sala Civil Primera, se dispuso anular la Resolución 115/2020, dicha determinación solo estuvo referida a anular dicho actuado en particular, ordenando que vuelva a ser emitida; por lo que mal podría entenderse que la Resolución de segunda instancia se hubiese configurado en una declaración de nulidad de obrados que hubiera abarcado más actuados procesales; c) En cuanto a los agravios formulados en los puntos I.2.2 y I.2.3, se debe señalar que los recurrentes no tienen la condición de partes en el proceso, por lo cual carecen de legitimación para alegar irregularidades en los actos previos y posteriores al remate de los bienes, que devendrían en nulidad; empero, se debe señalar que dichas alegaciones no especifican y menos demuestran de manera fehaciente aquellas irregularidades les hubieran causado indefensión o que hubiesen vulnerado alguna garantía referente al debido proceso, al no haberse demostrado ningún presupuesto esencial para que proceda el pedido de nulidad, puesto que en caso de haber existido dichas irregularidades, las mismas no son suficientes para la declaración de nulidad de obrados, dado que, aunque se hubieran realizado de forma irregular, los fines perseguidos por dichos actos (subasta, remate y adjudicación de bienes inmuebles dados en hipoteca), lograron el fin al que estaban destinados, más aun tomando en cuenta que los solicitantes de dichas nulidades –ahora accionnates– son terceros ajenos al proceso coactivo (ocupantes de los bienes adjudicados), por lo que, no sería procedente atender dicha solicitud de nulidad de obrados; en tal sentido, mal puede alegarse la vulneración de su derecho a la defensa o la igualdad de las partes, cuando los ahora recurrentes no forman parte del proceso; d) Respecto al agravio consignado como 1, 2, 4, los apelantes alegaron que los incidentes de nulidad no fueron debidamente providenciados y corridos en traslado a la contraparte; empero, de la revisión de los antecedentes del caso, se evidencia que si bien el incidente de nulidad de fs. 198-199, no fue debidamente atendido por el Juez a quo, quien decretó a dicho incidente “incorpórese al proceso conforme a procedimiento”, siendo lo correcto que se hubiera dispuesto el traslado a las partes; sin embargo, dicho extremo fue subsanado, denotándose que dicho incidente fue puesto a conocimiento de las partes intervinientes en el proceso, según consta en el formulario de notificaciones cursante a fs. 230, cumpliéndose de dicha forma con lo dispuesto por el art. 152 del CPCabrg, concordante con el art. 342.I del CPC. En cuanto a la no apertura del plazo probatorio, cabe señalar que para dicha disposición se debe cumplir con el presupuesto exigido en el art. 152 de la anterior normativa procesal civil, la cual determina que para la apertura de un término probatorio, el incidente planteado deberá versar sobre cuestiones de hecho que probar, extremo que no concurre en el presente caso, puesto que la nulidad impetrada versa sobre cuestiones formales, por lo que los agravios denunciados devienen en infundados; e) Respecto al agravio señalado en el punto 5, el art. 1479.I del CC, establece que “Cuando el objeto de la venta forzosa es un inmueble o mueble sujeto a registro y a subasta, se efectúa con citación de los acreedores que tienen constituidas hipotecas o anticresis sobre el bien, estas se extinguen desde que el adjudicatario consigna el precio de las ventas a la orden del juez”; así, en el caso concreto, se evidencia que cursa Auto que dispuso la citación de los recurrentes y otras personas que figuran tener algún derecho sobre los bienes a subastar en los folios reales, por lo que dando cumplimiento a dicha disposición, y al no haberse podido dar con los domicilios de los posibles acreedores, el Juez a quo, dispuso su citación mediante edictos, en los cuales se evidencia los nombres de los ahora recurrentes y la identificación concreta de los bienes a subastar y rematar, habiéndose cumplido de dicha forma lo dispuesto por el art. 1478 del CC, desestimándose en consecuencia lo denunciado por los apelantes respecto a una falta de citación con los actuados del proceso; f) En cuanto al agravio reclamado en el punto siete de la apelación; inicialmente es necesario recordar que la anticresis como contrato, para su perfeccionamiento y para que pueda surtir efectos respecto a terceros, tal como previene el art. 1430 del CC, debe ser constituida por documento público e inscrita en DD.RR.; en el caso concreto, los recurrentes alegaron el desmerecimiento de sus derechos como anticresistas, respecto a los bienes a ejecutar (oficinas 4 y 6 del mezzanine 2 del edificio Neptuno); empero, de la revisión de los documentos presentados por los recurrentes, el Testimonio 102/2014 refiere a una protocolización de un reconocimiento de firmas y rúbricas de un documento privado de anticresis de la oficina 6 del edifico señalado, incumpliéndose de esa forma lo previsto por el art. 1430 del CC, lo que implica que no se dieron los presupuestos esenciales para la validez y eficacia del alegado contrato de anticresis; por lo tanto, los recurrentes no pueden alegar derechos de anticresistas cuando dichos derechos no se consolidaron, al no haberse cumplido con lo previsto por las normas descritas referentes a la validez del contrato de anticresis; y, g) Sin perjuicio de lo anteriormente explicado, cabe señalar que en el hipotético caso de haberse consolidado de forma debida el contrato de anticresis, debe considerarse lo dispuesto por el art. 1393 del CC, que establece “La preferencia entre acreedores hipotecarios de cualquier clase que sean, y entre estos los anticresistas se regula por la prioridad de su inscripción en el registro, para lo que se tomará en cuenta el día y la hora”; así, en el presente caso, la supuesta anticresis fue suscrita en una fecha posterior al registro de la hipoteca de los bienes de la Litis, tres años después según consta en los asientos B10 y B15 del Folio Real; razón por la que no podría alegarse tener privilegio alguno o perjuicio a derechos crediticios inscritos de manera anterior, tal como establece el art. 548.II del CC; en consecuencia, no se advierte que los recurrentes cuenten con un derecho que tenga validez frente a terceros o en su defecto, que la misma tenga privilegio frente a la hipoteca realizada por el ejecutante, para que la oposición al mandamiento de desapoderamiento sea acogida de manera favorable, razones por las cuales se desvirtúan los supuestos agravios sufridos por los recurrentes.

Ahora bien, de la compulsa de los actuados analizados previamente; inicialmente es menester revisar el contenido jurisprudencial inserto en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece que, toda resolución emitida tanto en el ámbito judicial o administrativo debe contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, así como una justificación de la premisa fáctica o motivación, como elementos del referido debido proceso, debiendo las autoridades competentes, ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros, sea la emisión de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables de las razones de la decisión; pues solo de esta manera el principio de proscripción de la arbitrariedad en las resoluciones, habrá sido satisfecho.

Bajo esas premisas jurisprudenciales, y lo expuesto precedentemente en relación al Auto de Vista Res. I-310/2021 de 2 de julio, se advierte que, si bien los Vocales demandados identificaron los agravios postulados en apelación y desarrollaron una respuesta general en relación a los mismos, es necesario considerar que, en el marco de los argumentos expuestos en la demanda de acción de amparo constitucional que se analiza, los hoy impetrantes de tutela, en lo principal, cuestionan que las autoridades demandadas “solapando” la Resolución 62/2021 dictada por el Juez inferior, dictaron la Resolución de segunda instancia –objeto de esta acción de defensa-, sin la debida motivación, fundamentación y congruencia, al manifestar que sus personas no tenían la legitimación correspondiente para interponer oposiciones o incidentes, vulnerando de esa forma sus derechos de igualdad de protección ante la ley, a una tutela judicial efectiva y a una justicia oportuna, pronta y transparente. En el marco de lo descrito anteriormente, en cuanto al séptimo agravio formulado en apelación, referido a la supuesta falta de legitimación de los ahora impetrantes de tutela para interponer incidentes u oposiciones, se advierte que los Vocales hoy demandados, en el fallo objeto de revisión constitucional, en la respuesta ofrecida en los puntos f) y g) abordaron el tema de manera insuficiente y limitándose a citar el art. 1430 del CC y a describir los documentos (contratos) presentados por los entonces recurrentes –accionantes–, para concluir que los mismos no cumplen con los presupuestos esenciales para la validez y eficacia, y que, consecuentemente, los apelantes no cuentan con un derecho que tenga validez frente a terceros o en su defecto, que cuente con privilegio frente a la hipoteca realizada por el ejecutante, citando lo previsto por el art. 1393 del CC, para que la oposición al mandamiento de desapoderamiento sea acogida de manera favorable. De lo señalado, queda claro que el argumento el ofrecido por los ahora demandados, no responde puntualmente al séptimo agravio, mediante el cual los hoy impetrantes de tutela objetaron el criterio del a quo respecto a que estos carecerían de legitimación para incidentar o formular oposición dentro del; esto, en razón a que la explicación ofrecida por los Vocales demandados excede los alcances de su competencia, debido a que los ahora demandados, ingresaron a realizar un análisis respecto a la forma de constitución de los contratos de anticresis, para determinar su invalidez e ineficacia, siendo que tal análisis y la consiguiente determinación sobre la validez y eficacia de los contratos de anticresis en su forma de constitución, debe ser establecida dentro de un proceso ordinario y de naturaleza diferente al que motiva la presente acción tutelar; es más, de forma contradictoria, posteriormente y luego de establecer que los señalados documentos no serían válidos, los Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ingresaron en el análisis del privilegio sobre la anticresis registrada; cuando dicho aspecto no resulta objeto de controversia o análisis en el incidente de nulidad; esto, además de que implícitamente incluso dejaron sin efecto la anticresis registrada en el asiento B15 del Folio real 2.01.0.99.0026410 del inmueble en cuestión, al establecer que el documento que le dio origen no hubiera sido constituido en documento público sino mediante contrato privado reconocido posteriormente en sus firmas y protocolizado para ser registrado en DD.RR.; cuando sobre dicha inscripción no pesa orden judicial de nulidad o cancelación de dicho registro; evidenciándose nuevamente que los Vocales demandados excedieron el alcance de su competencia, al determinar la invalidez de los contratos de anticresis de los hoy accionante, para despojar a los ahora impetrantes de tutela de legitimación en la causa. Consiguientemente, se advierte que en el caso presente, los Vocales demandados, de manera incongruente y con evidente falta de motivación y fundamentación, distorsionaron el análisis del séptimo agravio, ingresando –conforme se tiene expuesto– en el examen de cuestiones sobre las que no tienen competencia y pronunciándose respecto a la validez de documentos que en uno de los casos incluso se encuentra registrado en DD.RR., siendo perfectamente oponible a terceros, cuando, por el contrario, los mismos debieron centrar su análisis en el reclamo postulado en el séptima agravio de la impugnación referente a la legitimación de los entonces apelantes que hubiese sido desconocida por el Juez de la causa, determinando si los ahora accionantes que, conforme refieren los mismos Vocales, fueron citados en el proceso, tienen la legitimación o el interés legítimo para incidentar y oponerse en la causa, a los actos que consideren lesivos a sus intereses; debiendo para tal efecto analizar, y establecer porqué un anticresista que tiene un contrato vigente (pues no cuenta con orden judicial de nulidad), no tendría un interés legítimo para participar en un proceso coactivo o ejecutivo en el que se pretende rematar el inmueble sobre el que suscribió tal contrato; debiendo tener en cuenta que toda persona que se considere afectada en sus derechos o intereses por una determinación asumida dentro un proceso, se legítima para reclamar o buscar la tutela de sus derechos, siendo el elemento que genera el interés legítimo la afectación de derechos. En tal entendido, advertidos los yerros en los que incurrieron los Vocales ahora demandados, corresponde que los mismos emitan nuevo pronunciamiento al respecto, debiendo a dicho efecto, analizar y responder de forma al séptimo agravio de apelación para determinar si el hecho de que exista un contrato vigente suscrito entre el ahora accionante y el ejecutado, en el proceso sobre el bien objeto de ejecución, puede o no generar un interés legítimo en los recurrentes ahora impetrantes de tutela; análisis que también debe darse en relación al contrato protocolizado e inscrito en el folio real del inmueble antes referido sobre el que tampoco pesa orden de cancelación o de nulidad. Por todo lo expresado y habiéndose constatado que, respecto al séptimo agravio formulado en apelación por los hoy accionantes, no fue debidamente resuelto y no mereció el análisis adecuado, coherente y congruente, este Tribunal concluye inevitablemente en que, al respecto, la falta de motivación y fundamentación es innegablemente evidente, habiéndose además desobedecido el hilo conductor que impone el principio de congruencia al juzgador, pues, por un lado, se establece que los ahora accionantes fueron debidamente citados dentro del proceso; y, por otro lado, se les quita legitimación; omisión e incongruencia la antes mencionada, que exalta la relevancia constitucional del caso en examen, por cuanto, la falta de legitimación, fue el argumento base para responder el incidente de nulidad y los demás agravios de apelación, al determinarse que los recurrentes, al carecer de legitimación dentro del proceso, no podrían cuestionar los actos que consideraron viciados; extremo que al margen de ser lesivo a los derechos reclamados por los solicitantes de tutela, no resuelve su situación jurídica, por cuanto estos, mientras cuenten con contratos vigentes suscritos con el ejecutado en el caso de autos, tienen un derecho de acreencia sobre el inmueble en litigio; extremo que los hace merecedores de una respuesta efectiva sobre su situación jurídica, de ahí que no resulta correcto que los mismos queden en incertidumbre, menos aun cuando, se generan criterios de invalidez de los documentos de anticresis suscritos de su parte con el ejecutado, bajo la sola aplicación formal de la ley, cuando para la declaratoria de dicha invalidez, existe un procedimiento específico y en otra vía. De todo lo explanado, resulta evidente para este Tribunal Constitucional Plurinacional, que el Auto de Vista Res. I-310/2021 de 2 de julio, emitido por los Vocales hoy demandados, carece de una debida justificación de la decisión asumida, puesto que, conforme ya se expuso, no existe una coherente y razonable respuesta al séptimo agravio de apelación, falencia que además incide directamente en los demás agravios, dado que el argumento expuesto por los Vocales demandados que resuelve el tema de la legitimación de los apelantes en el proceso, fue aplicado para responder los demás agravios, siendo además evidente la incongruencia detectada en la resolución de segunda instancia ahora cuestionada; por ello, corresponde que los relatores del fallo cuestionado en la vía constitucional, emitan nuevo pronunciamiento resolviendo todos los agravios de apelación de manera congruente, en cumplimento de su deber de motivación y fundamentación, conforme se tiene desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 de la presente fallo constitucional. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, no actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Cuarta Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: REVOCAR la Resolución 149/2022 de 14 de junio, cursante de fs. 554 a 559 vta., pronunciado por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, dejando sin efecto el Auto de Vista Res. I-310/2021 de 2 de julio, debiendo los Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunciar inmediatamente nuevo fallo motivado y fundamentado, conforme los lineamientos contenidos en la presente Sentencia constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0849_2023-S4.pdf · páginas 1 a 26.

Huella digital del PDF (SHA-256): 52a7d57fe4efcb341c851af1d078fadb899ff7b63a43d70d84954bfc5edbbac5

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