B.IA.LEGAL

SCP 0849/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 4 de agosto de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
4 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
48725-2022-98-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los impetrantes de tutela, denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y defensa, así como a la propiedad agraria, al hábitat, a la vivienda, y al trabajo; debido a que, siendo oriundos de la Comunidad de Concepción, del municipio de Apolo, provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz, donde como cónyuges formaron su familia, y para su subsistencia se dedican a la agricultura dentro la citada Comunidad, porque cuentan con 8 ha de terreno en el que tienen construidos su vivienda y establo para su ganado, plantaciones de árboles frutales, de yuca y de coca, así como sembradíos de pastos; sin embargo, a través de terceras personas, tomaron conocimiento que el Secretario General y otros de la Comunidad indicada, habrían tomado la decisión de revertir su propiedad, determinación con la que no fueron notificados; por ello, debido a las constantes amenazas, el 17 de septiembre de 2021 acudieron ante el Juez Agroambiental de Apolo del citado departamento, solicitando conciliación con Gonzalo Chiguanto Aparicio, Celia García Dueñas y demás dirigentes de la aludida Comunidad -ahora accionados-, porque no podían participar en las reuniones de la misma, los dirigentes tampoco les cedían la palabra para que pueda asumir su defensa; habiendo el señalado Juez Agroambiental convocado a audiencia de conciliación, los prenombrados no se presentaron, al contrario remitieron la Resolución 01/2021, momento en el cual recién tomaron conocimiento de las decisiones que asumieron en su contra, determinando su desafiliación definitiva, re…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 087/2022 de 19 de mayo, cursante de fs. 240 a 244 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada, dimensionándose los efectos de la medida cautelar dispuesta por dicha Sala Constitucional, quedando la misma subsistente en los tres puntos determinados en su cumplimiento, conforme las razones y aplicación de principios expuestos y explicados en el Fundamento Jurídico III.2.1 del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la inmediatez en las acciones de amparo constitucional como presupuesto procesal de inexcusable cumplimiento. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0849/2023-S3 Sucre, 4 de agosto de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 48725-2022-98-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 087/2022 de 19 de mayo, cursante de fs. 240 a 244 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Benito Taraniapo Villca y Ana Daria Chipana Flores contra Gonzalo Chiguanto Aparicio, Secretario General; Ricardo Torrez Chiguanto, Secretario de Actas; Celina Apaza Taraniapo, Secretaria General Femenina de Bartolina Sisa; Nelly Machaca Barao, Secretaria de Actas de Bartolina Sisa; Crispín Cruz Chacón, representante de la Central Agraria; Celia García Dueñas; Yelson Tarianapo Ticona; Luis Fructuoso Chávez Lipa; René Cuqui Quitiguari; Vicenta Emma Taraniapo Chuipa; Ángel Miguel Tarianapo Chuipa; Denis Cuqui Taraniapo; Vidal Delfín Ichi Mamani; Félix Chiguanto Aparicio; Tomás Francisco Ichi Mamani; Milton Lalo Pamuri Chávez; y, Wilder Chuqui Taraniapo, todos de la Comunidad de Concepción, del municipio de Apolo, provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 11 y 28, ambos de abril de 2022, cursantes de fs. 18 a 32; y, 45 a 46 vta., los accionantes manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Ambos son nacidos en la Comunidad de Concepción, del municipio de Apolo, provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz; con el pasar de los años, como cónyuges constituyeron su hogar y familia en esa Comunidad llegando a tener siete hijos, algunos mayores de edad y otro aún bajo su dependencia, dedicándose para su subsistencia al trabajo agrícola dentro de la misma, porque cuentan con 8 ha, de las cuales: en 1 ha tienen construida su vivienda y establo para su ganado, además de plantaciones de frutas como mandarinas y naranjas, así como de yuca y cocales; en 3 ha preparan pastizales para la alimentación de su ganado; ½ ha se encuentra chaqueada para posterior siembra de pastos; y las restantes 3 ½ ha están para trabajar; aclarando que, sus plantaciones de coca son legalmente establecidas con el Registro P1.C1.S1.001, autorizado por el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, perteneciendo a la Asociación Regional de Productores de la hoja de Coca (AREPCOCA) Franz Tamayo. Manifiestan que, desde agosto 2021 “Luis F. Chávez”, Secretario General de la Comunidad de Concepción, comenzó a calumniar a Benito Taraniapo Villca, de usurpador (del cargo y de terrenos ajenos), discriminador, de crear división en la Comunidad, de inasistencia a las reuniones, incluso lo acusó de hacer paralizar el proceso de saneamiento de la indicada Comunidad y promover la erradicación de la hoja de coca, lo que no es evidente, siendo solamente imaginación del anterior y actual secretario general de la mencionada Comunidad, porque ellos no cuentan con autorización para la producción de hoja de coca, y la erradicación que se realizó de la misma fue ejecutada por funcionarios del Estado. Es así que, a través de otros comunarios tomaron conocimiento que el “Secretario General” y otros miembros de la aludida Comunidad, decidieron revertir su propiedad y realizar medidas de hecho, obligando a las bases a firmar una resolución, bajo amenaza que si no lo hacían, correrían la misma suerte; determinación con la cual no fueron notificados; de ahí que, a consecuencia de las constantes amenazas, el 17 de septiembre de 2021, acudió ante el Juez Agroambiental de Apolo del departamento de La Paz, solicitando conciliación con “…Gonzalo Chiguanto y Celia García y demás dirigentes…” (sic) de la Comunidad de Concepción, debido a que no podía participar en las mismas, los dirigentes tampoco le cedían la palabra para que pueda hacer conocer a toda la Comunidad que aquellos les habían mentido sobre las calumnias vertidas contra su persona y familia, habiéndose señalado audiencia de conciliación para el 19 de octubre del citado año; no obstante, los prenombrados no asistieron, al contrario, hicieron llegar ante el “Juez Agroambiental” la Resolución 01/2021 de 18 de septiembre, que fue leída por el Secretario de dicho Juzgado, momento en el cual tomaron conocimiento de las decisiones que se asumieron en su contra, determinando su desafiliación definitiva, reversión de su terreno agrícola a favor de la citada Comunidad, por supuestamente haber incurrido en reincidencia, desacatos a actas de compromiso, notificaciones, determinaciones, entre otros; decisión con la que, finalmente fueron notificados el 13 de febrero de 2022, momento en el que, se les entregó un documento rotulado “…notificación de fecha 13 de febrero de 2022…” (sic), donde se establece que la “magna asamblea” de la Comunidad de Concepción les otorgaba cinco días para retirar su trabajo, y que en caso de incumplimiento sería la misma Comunidad quien se encargaría a retirar todos los trabajos de los predios revertidos, de los que son propietarios y cumplían la “función social”.

Manifiestan que, después de realizada su notificación, ante el incumplimiento de las supuestas disposiciones, algunos miembros de la aludida Comunidad, a la cabeza de “…Gonzalo Chiguanto actual Secretario General (…) Juan Salas actual Secretario de Conflictos (…) Ricardo Torres actual Secretario de actas…” (sic), y otros, el 19 de febrero de 2022, munidos de maderas y machetes, de forma violenta procedieron a destrozar sus plantas frutales de naranja, mandarina, plátano así como de cocales; además, destruyeron los galpones que tenían edificados, los cuales fueron destechados, y los muros construidos con palos y alambres de púas para proteger sus plantas frutales y de coca; posteriormente, quemaron las maderas y señalaron que sus personas incumplieron la Resolución 01/2021 y la notificación de 13 de igual mes y año; seguidamente, les conminaron a abandonar su domicilio bajo alternativa de quemar la vivienda. De esa forma, la Resolución 01/2021 y la supuesta notificación de 13 de febrero de 2022, que alegan como actos ilegales, dieron lugar a las medidas de hecho que violentaron el derecho a la propiedad agraria establecida en el art. 398 de la Constitución Política del Estado (CPE), así como al hábitat y a la vivienda, al trabajo, a la alimentación, al debido proceso en sus vertientes de defensa, fundamentación y motivación de las resoluciones; toda vez que, a la fecha de presentación de esta acción tutelar, su vivienda se encuentra destrozada sin tener donde quedarse, sus árboles frutales violentados y las plantaciones de hoja de coca arrancadas desde sus raíces y destrozadas con machetes, pues la agricultura es su único fuente de sustento económico familiar; aclaran que, en las medidas de hechos ejecutadas el 19 del citado mes y año, no participó el “…Secretario de Hacienda señor Zenón Chambi…” (sic), debido que dicha autoridad comunal y otros comunarios son conscientes de que cumplían la Función Económica Social (FES), que las acusaciones en su contra son falsas y que la resolución emitida es forzada y atentatoria a sus derechos fundamentales. Bajo tales antecedentes, denuncian la infracción de sus derechos: a) Al debido proceso en su elemento de defensa, porque jamás fueron convocados ni se le permitió asumir defensa de las acusaciones realizadas en su contra, ni presentar pruebas de descargo, siendo que la Resolución 01/2021, fue emitida de forma unilateral por el Secretario General de la Comunidad de Concepción y algunos comunarios, sin la participación de autoridades originarias, donde los prenombrados y otros miembros del Directorio, actuaron con una total parcialización obligando a las bases a firmar dicha determinación; b) Al debido proceso, en su elemento de fundamentación y motivación, ya que la indicada Resolución en su Considerando III, establece la sanción con la desafiliación, expulsión y la reversión de su tierra agraria a favor de la Comunidad, debido a la sumatoria de hechos que afectan a los miembros de la misma y la convivencia pacífica de la Comunidad como ser “…POR REINCIDENCIA DE DESACATO A LAS ACTAS, COMPROMISOS Y LAS DETERMINACIONES DE LAS AUTORIDADES ORIGINARIAS, AGRESIONES VERBALES, AMENAZAS A LAS AUTORIDADES, INCITACIÓN AL DIVISIONISMO, TRAICIÓN A LA COMUNIDAD, USO INDEBIDO DEL CARGO PARA BENEFICIO PERSONAL (TRÁFICO DE INFLUENCIAS) Y OTROS ANTECEDENTES…” (sic), sin especificar cuáles son las actas y compromisos no cumplidos, a quien, dónde, cómo y con qué agredieron y amenazaron, cuándo y cómo incitaron el divisionismo, traicionado a la Comunidad, cuándo y qué cargos usaron para su beneficio personal y cuál es ese beneficio; además, no manifiestan cuáles son los otros antecedentes y sobre todo qué prueba demuestra todo lo señalado; por lo que, no cuenta con ninguna fundamentación y motivación; c) A la propiedad agraria, ya que en función a la Norma Suprema, la causal para la reversión de la propiedad agraria en favor del dominio del Estado, es la falta de cumplimiento de la FES, lo que no ocurría en su caso, porque en su propiedad contaban con plantaciones de árboles frutales y de hoja de coca; además, la reversión no debe ser aplicada por las autoridades indígena originario campesinas, ya que es potestad del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y de ninguna manera, como en el presente caso, donde el avasallamiento realizado al estilo delincuencial por el actual Secretario General de la Comunidad de Concepción, junto a los miembros del Directorio y algunos comunarios, amparados en un acto ilegal, como es la Resolución 01/2021, violentaron su derecho a la propiedad agraria privándoles el derecho al uso y goce, ya que todas sus plantas frutales y de hoja de coca fueron destruidos con machetes, actuar que tiene características de avasallamiento, al ser la manera como se ingresa a una propiedad privada con violencia, amedrentamientos, amenazas, tumulto de personas, con el único fin de crear una situación de caos y desorden, tratando de adquirir derechos que no les corresponden; d) Al hábitat y a la vivienda, porque el día de los hechos, los accionados procedieron a destechar su vivienda y establos, exigiendo su desalojo amparándose en la ilegal y arbitraria Resolución 01/2021, exponiendo a su familia al sol, a la lluvia, al frío (más aun cuando tienen hijos menores de edad), a cualquier enfermedad, por lo que su vivienda ya no tiene condiciones de habitabilidad; entonces, no tienen cobijo para su sobrevivencia, además de destrozar y quemar todo su trabajo; y, e) Al trabajo, debido a que en su propiedad agrícola contaban con árboles frutales como naranja, mandarina, plátano, yuca, etc., e incluso plantaciones de coca, producto del trabajo de todos los días de su vida, siendo considerado el lugar de su fuente laboral, generándoles ingresos económicos para el sustento familiar; empero, los mismos fueron destrozados por los accionados, por lo que de esa forma, se quedaron sin trabajo a raíz del avasallamiento y ante las amenazas de los prenombrados de proceder nuevamente de esa manera en caso de plantar nuevas plantas frutales.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y defensa, a la propiedad agraria, al hábitat a la vivienda, y al trabajo; citando al efecto los arts. 19.I, 20.I, 33, 46.I.1, 47.II, 56, 115.II, 119.II, 393 y 397 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicitan se les conceda la tutela; y, consecuentemente: 1) Se deje sin efecto la Resolución 01/2021 y la notificación de 13 de febrero de 2022, ordenando el cese de la vulneración de sus derechos fundamentales suprimidos, disponiendo su restitución; y, 2) Se determine responsabilidad civil condenando a los accionados al pago de daños y perjuicios ocasionados.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 19 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 229 a 239, presentes los impetrantes de tutela y los accionados: Gonzalo Chiguanto Aparicio, Ricardo Torrez Chiguanto, Celina Apaza Taraniapo, Nelly Machaca Barao, Crispín Cruz Chacón, Celia García Dueñas, Yelson Tarianapo Ticona, Luis Fructuoso Chávez Lipa, Vicenta Emma Taraniapo Chuipa, Ángel Miguel Tarianapo Chuipa, Vidal Delfín Ichi Mamani, Tomás Francisco Ichi Mamani, Milton Lalo Pamuri Chávez, ambas partes asistidas de sus respectivos abogados; y, ausentes los coaccionados: René Cuqui Quitiguari, Denis Cuqui Taraniapo, Félix Chiguanto Aparicio y Wilder Chuqui Taraniapo, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los peticionantes de tutela a través de su abogado, se ratificaron en los argumentos expuestos en su memorial de interposición de esta acción tutelar, y ampliándolos manifestaron que: i) Para mejor entendimiento, existen dos zonas, una llamada Ichupata, donde Benito Taraniapo Villca -accionante- es autoridad en cuanto al tema de coca, y otra llamada Concepción, ambas separadas en distancia, pero con una misma autoridad; de ahí que, de la primera zona nombrada, ninguna de las personas estaban de acuerdo con la decisión que tomada por unos cuantos dirigentes; razón por la que, inclusive el “secretario de justicia” no participó en las medidas de hecho ni la firma de la Resolución 01/2021, porque se dio cuenta de la vulneración de derechos constitucionales; y, ii) Tal vez la parte accionada en audiencia alegue que no existe título de propiedad para demostrar las medidas de hecho; no obstante, se debe tomar en cuenta que el art. 397 de la CPE, establece que para adquirir y conservar una propiedad agraria debe cumplirse con la FES y los usos y costumbres; en otras palabras, no se necesita título de propiedad, en el caso, las mismas autoridades de la Comunidad de Concepción conocen que cumplió con la FES, porque ha sido dirigente de dicha Comunidad y actualmente también lo es en el tema de la hoja de coca. Con tales argumentos, se ratificaron en su petitorio, además alegaron que en función al art. 34 del Código Procesal Constitucional (CPCo), solicitan garantías personales en su favor y la de su familia, porque con la notificación -de la acción de amparo constitucional-, se han exacerbado las amenazas indicando “‘ahora si va ser peor’” (sic).

I.2.2. Informe de las personas accionadas

Gonzalo Chiguanto Aparicio, Secretario General; Ricardo Torrez Chiguanto, Secretario de Actas; Celina Apaza Taraniapo, Secretaria General Femenina de Bartolina Sisa; Nelly Machaca Barao, Secretaria de Actas de Bartolina Sisa; Crispín Cruz Chacón, representante de la Central Agraria; Celia García Dueñas; Yelson Tarianapo Ticona; Luis Fructuoso Chávez Lipa; Vicenta Emma Taraniapo Chuipa; Milton Lalo Pamuri Chávez; Ángel Miguel Tarianapo Chuipa; Vidal Delfín Ichi Mamani; Tomás Francisco Ichi Mamani; René Cuqui Quitiguari, Denis Cuqui Taraniapo, Félix Chiguanto Aparicio; y, Wilder Chuqui Taraniapo mediante informe escrito -con la firma únicamente de los primeros diez nombrados-, cursante de fs. 161 a 168 vta., manifestaron lo siguiente: a) No es evidente el cumplimiento del principio de subsidiariedad, porque el impetrante de tutela en ningún momento realizó actos o solicitud con la intención de arribar a una solución satisfactoria, en razón de su comportamiento y su forma de ser respecto al uso y goce de tierras de las que aparentemente menciona ser de su propiedad, motivo por el cual, nunca ha iniciado por lo menos un acercamiento ante las autoridades de la indicada Comunidad, a objeto de aclarar ciertos aspectos que de una u otra manera, molestaban a la misma, por el modo de actuar del prenombrado; entonces, no se puede simple y llanamente hacer ingresar en error a la justicia constitucional, en el sentido que hubiese agotado toda la vía, sea administrativa, legal o actos que vayan de acuerdo a los usos y costumbres que se emplean en la señalada Comunidad, como ser las asambleas generales y otros; b) La parte peticionante de tutela indica que vive en la Comunidad Concepción, y que con el pasar de los años ha constituido una familia con siete hijos; empero, esa aseveración no es verdadera, porque nunca pudieron advertir que alguno de sus hijos mínimamente hubiera estudiado en la citada Comunidad, menos tenido una actividad eminentemente agrícola; por el contrario, el accionante ha estado usufructuando terrenos de los cuales no es dueño, haciéndolo de forma abusiva y sin escrúpulos, porque si bien ha estado desarrollando alguna actividad agrícola en esos predios, lo hacía en la localidad de Suripa, donde ejerce, dicho sea de paso, el cargo de Presidente del Comité Comunal de la Coca ADEPCOCA; por lo que ese aspecto también causa sorpresa a su Comunidad, cuando manifiesta ser del lugar; asimismo, respecto a la forma de aparente convivencia que el nombrado menciona, se debe dejar claramente establecido que el impetrante de tutela, en ningún momento fue un comunario que haya estado del lado de las exigencias de la Comunidad de Concepción, sino que asumió una actitud discriminativa sin importar el daño que ocasionaba en el seno de las familias, hasta llegar al extremo de paralizar el saneamiento de tierras que el INRA estaba ejecutando en la Comunidad y aledaños, situación que molestó bastante a las autoridades y a toda la Comunidad en sí, mereciendo repudio, y por ende, tomar acciones necesarias, con la finalidad de poner un alto a ese modo de actuar, y ser de esta manera un enemigo de la aludida Comunidad, en su desarrollo y aspiraciones que tiene; c) En cuanto a la Resolución 01/2021, el peticionante de tutela conocía de sobremanera todas las reuniones y decisiones que se asumían; ya que, nunca le interesó participar en las mismas ni pronunciarse respecto a ellas; por el contrario, siempre fue reticente a las convocatorias que realizaban, no le importa la vida orgánica que se tiene dentro la Comunidad a la cabeza de sus autoridades, siempre ha estado eludiendo responsabilidades, no cumple con la FES, menos con las disposiciones que emanan de las autoridades comunales, y a decir del prenombrado, debido al cargo que ocupa en la localidad, no tiene porqué acatar lo dispuesto por las autoridades y la misma Comunidad; y, d) Sobre la denuncia que el 19 de febrero de “2021” -lo correcto es 2022- las autoridades de la indicada Comunidad, habrían ingresado de forma violenta a los supuestos predios -de los accionantes-, a objeto de causar destrozos en sus plantaciones de naranja, mandarina, plátano y cocales, llegando a destechar los galpones, derrumbando los muros de palos y alambres de púas, quemando las maderas, todo con la finalidad de que abandonen la Comunidad; aseveración que es totalmente sesgada y falta a la verdad; toda vez que, si bien existe la Resolución 01/2021, la conminatoria estaba plenamente clara; por cuanto, lo único que se ha realizado, es advertirle al impetrante de tutela que cumpla dicha decisión, y que no es potestad de las autoridades, menos de manera personal, el cumplimiento de la misma, sino que es una decisión de toda la Comunidad de Concepción, por lo que como autoridades, lo único que hicieron es hacer cumplir el mandato encomendado por las bases, tal como se puede apreciar por el muestrario fotográfico que adjuntan, en la finalidad de evidenciar que tales y supuestos hechos nunca se dieron; por ello, la parte peticionante de tutela sólo trata de justificar y hacer creer que ello fuera cierto, para dar paso a la presente acción tutelar valiéndose de la excepción por vías de hecho, situación que la niegan y no la comparten bajo ningún punto de vista, menos pueden aceptarlas, cuando saben perfectamente que una persona, soberbia, altanera, prepotente, discriminante, alienante y racista, jamás va cambiar, mientras un pueblo o la comunidad con tanta humildad y sencillez, ha soportado por más de “40” años, el abuso y saqueo de los frutos de un terreno que no es propio, actos desplegados por el impetrante de tutela; por ello, le guste o no al nombrado, ahora existe la Ley de Deslinde Jurisdiccional -Ley 073 de 29 de diciembre de 2010-, que precisamente protege, valora y da facultades a las comunidades y sus autoridades y, es en función de ella, que actúan con demasiada firmeza e imparcialidad. Con tales argumentos, solicitaron se deniegue la tutela.

En audiencia de garantías, a través de su abogado, ratificaron los argumentos descritos, y ampliándolos manifestaron que: 1) La acción de amparo constitucional no fue presentada observando el principio de inmediatez, ya que las supuestas medidas de hecho habrían ocurrido el 19 de febrero de 2022, y la acción de defensa fue formulada en “el mes de abril” de igual año; la Resolución 01/2021, evidentemente ha sido emitida en una asamblea general, donde los dirigentes lo único que hacen es registrar las solicitudes, opiniones y versiones de sus bases, pues la Comunidad de Concepción está legalmente establecida con personalidad jurídica, estatutos orgánicos y reglamento correspondiente, la mencionada Resolución es consecuencia de muchas reuniones en las que se han elaborado una serie de actas desde el “2001”, pues el hecho no es reciente, porque el impetrante de tutela nunca acató disposiciones, órdenes o alguna idea de asunto comunitario dentro de la Comunidad, siendo reticente con todas esas decisiones, tampoco cumplió con la FES; 2) El peticionante de tutela, vive lejos de la Comunidad de Concepción, concretamente en Santa Catalina donde tiene sus predios, y si bien en esta acción de defensa alega que tiene terreno en el sector de Suripa, dicha área no es de su propiedad, sino que originalmente pertenecía a “Abel Chiguanto”, a cuyo fallecimiento sus familiares no pudieron hacerse cargo de ese terreno; por aquella razón, sus hijos de manera voluntaria, decidieron entregarlo a la Comunidad de Concepción, y a partir de ello existe el Acta de Reversión de 9 de noviembre de 2020, para que posteriormente pueda ser entregada a familias de bajos recursos económicos; sin embargo, el accionante haciendo caso omiso a tales determinaciones, procedió a cultivarlo para beneficiarse económicamente de la producción, lo que generó molestia en la indicada Comunidad, habiendo ingresado abusivamente, de manera prepotente, haciendo humillaciones y denigrando a los comunarios; 3) Respecto a la pretensión de conciliación ante el Juzgado Agroambiental de Apolo del departamento de La Paz, la misma no fue realizada, por lo que es una conciliación fallida; debido a ese motivo, dicho Juzgado, se declaró incompetente para tomar o hacer algún acción en contra de la “comunidad de Apolo” respetando la Jurisdicción Indígena Originario Campesina (JIOC) en función a la Ley 073; asimismo, las supuestas medidas de hecho denunciadas son falsas, porque si bien hubieron palos que fueron quemados y que estaban con alambre de púas, el mismo no ha sido sacrificio de la compra del impetrante de tutela, sino que fueron sacados del Gobierno Autónomo Municipal de Apolo -del citado departamento-; 4) En cuanto a la lesión de los derechos al trabajo y a la salud, el peticionante de tutela tiene dos predios, que no son precisamente el terreno de Suripa, de los cuales genera ingresos económicos, y en ningún momento se lo perjudicó en nada, recalcando que vive y radica en la localidad de Santa Catalina donde además hace vida de comunario; de ahí que, respecto al área ubicada en Suripa, como un justo derecho los comunarios le dieron un plazo de cinco días para que abandone el lugar porque no es suyo ni vive ahí, y que no existe un solo hijo que se haya educado en la Comunidad de Concepción; empero, ese plazo otorgado no es reciente y fue desoído por el aludido, creyendo estar por encima de las autoridades legalmente elegidas en la citada Comunidad, por ostentar en su Comunidad el cargo de Comité Comunal correspondiente a AREPCOCA Regional; y, 5) La parte accionante, solicita la anulación de la Resolución 01/2021, cuando la misma fue aprobada en una Asamblea General, por ello no pueden reconsiderarla para su anulación, manteniéndose firme y subsistente al ser una voluntad expresa y firmada por quienes asistieron a dicha Asamblea; respecto a la petición de restitución, no es viable que los impetrantes de tutela vuelvan nuevamente a los predios para que sigan generando este conflicto, porque la Comunidad de Concepción entiende que ya no quiere tener más conflictos, ya que implica un costo económico el poder movilizarse en cualquier ocasión que afecte sus intereses, y además estén convocados a una serie de audiencias si se hicieran aperturar algunos procesos; y, finalmente, también solicitan se imponga el pago de costas a los peticionantes de tutela.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 087/2022 de 19 de mayo, cursante de fs. 240 a 244 vta., denegó la tutela solicitada; no obstante, en aplicación de lo dispuesto por el art. 34 del CPCo, como medida cautelar determinó que la parte accionante retire el trabajo, producto y todo lo que le pudiera pertenecerle y corresponder en el predio ubicado en la zona de Suripa de la Comunidad de Concepción, para ese efecto en el plazo máximo de cinco días el Directorio de dicha Comunidad, debe conformar una comisión a la cabeza de su Secretario de Justicia, a la cual se deberán añadir dos miembros más, preferentemente ancianos de la citada Comunidad para que en coordinación con los impetrantes de tutela, procedan a efectuar las gestiones vinculadas al retiro de los productos y de los materiales, del trabajo que tuviesen aún el área indicada; seguidamente en el plazo de un mes, la Directiva debe informar los resultados alcanzados “…si el accionante tiene pastizales que deben ser comercializados debe verificarse la forma en que esto se concluirá, si el accionante tiene plantaciones de Cocales debe verificarse la forma en que estos en un tiempo razonable sean comercializados y pase el producto al hoy accionante, si el accionante tiene plantaciones de frutales y otros que se ha hecho mención en este acto deberá verificar por esta comisión la forma en que el accionante retire estos productos, si el accionante tiene ganado en esa propiedad debe verificarse la forma en que le sean restituidos” (sic); decisión adoptada con base en los siguientes fundamentos: i) Las vías de hecho importan la toma de la justicia por mano propia sin respetar el debido proceso y el derecho a la defensa; en ese entendido, la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, estableció tres requisitos para la tutela por medidas de hecho: “…primero, acreditar cuando menos la legitimación respecto a la propiedad del cual reclama la comisión de vías de hecho -el Tribunal Constitucional ha indicado derecho propietario consolidado, derecho posesorio sí puede ser lo ha dicho el Tribunal Constitucional, ese es un requisito que debe ser analizado por toda Sala Constitucional que conoce una petición de tutela de esta naturaleza; segundo requisito, es acreditar la comisión de vías de hecho a través de fotografías, informes policiales, verificaciones notariales, verificación de autoridad competente e incluso autoridad indígena de un determinado lugar; finalmente un tercer requisito, es que el derecho respecto del cuál el impetrante de tutela nos acusa vulneración de derechos, no esté controvertido no esté cuestionado y al contrario sea un derecho consolidado…” (sic); ii) Considerando que los peticionantes de tutela acudieron a la justicia constitucional a partir de la emisión de la Resolución 01/2021, que de manera posterior hubiera dado lugar a los actos de 19 de febrero de 2022; revisados los documentos presentados, se evidencia que, a través de la mencionada determinación, la Magna Asamblea de la Comunidad de Concepción determinó tres puntos: “…1) Declaró persona no grata al accionante; 2) Determinó su desafiliación y expulsión; y, 3) Ratificó la reversión del predio agrario de la zona Suripa a favor de la comunidad…” (sic); bajo ese antecedente, consultado al impetrante de tutela en audiencia de garantías, en cuanto a si el día que se emitió dicha Resolución el mismo estuvo presente, el nombrado indicó de manera expresa que sí concurrió a esa Asamblea, y tomó conocimiento de esa determinación en la fecha de su emisión; asimismo, respecto al acto de comunicación generado el 13 de febrero de 2022, el aludido indica lo siguiente: ‘“...13 de febrero del 2022, Comunidad Concepción, a horas 13:00 del día domingo del presente año 2022 en sede de la comunidad Concepción, se tomó la determinación a la cabeza de las máximas autoridades Originarias - Secretario General, Bartolina Sosa y Bases en General. 1. En una Magna asamblea se le da un plazo de 5 días desde lunes 14 al viernes 18 de febrero del presente año al retirar todos sus Trabajos que realizó en el terreno revertido de la comunidad Concepción, a usted Don Benito Taraniapo Villca y señora Daria Chipana, caso contrario al desacato a dicha notificación la comunidad Concepción será obligada a proceder al retiro total de todos sus trabajos que tienen los predios revertidos de la comunidad Concepción. Gonzalo Chiguanto - Secretario General y miembros de la Directiva”’ (sic); el cual no representa un acto de comunicación de la Resolución 01/2021, sino que importa el hecho de que la indicada Comunidad por intermedio de su Directiva, recordó y apercibió al peticionante de tutela la emisión de una decisión generada en septiembre de 2021, constituyéndose en una conminatoria para su cumplimiento; entonces, si bien la jurisdicción constitucional es transversal a todas las jurisdicciones; empero, no puede abstraerse del principio de inmediatez; por ello, considerando que el accionante tomó conocimiento de la Resolución 01/2021 el mismo día de su emisión -18 de septiembre de 2021-, tenía desde esa fecha habilitado el plazo de seis meses calendario para acudir a esta Jurisdicción Constitucional; es decir, hasta el 18 de marzo de 2022, y al haber presentado esta acción tutelar recién el 11 de abril de igual año, lo hizo fuera del tiempo mencionado estando materializado el principio de preclusión; razón por la que, la Sala Constitucional no tiene la facultad de analizar el fondo de la reclamación; y, iii) No obstante de lo anterior, independientemente de que no corresponde pronunciarse en relación al fondo de la pretensión constitucional, por mandato de los arts. 128 y 129 de la CPE, y en consideración de los principios del vivir bien, y la cultura de la paz, amerita aplicar una medida cautelar en el marco del art. 34 del CPCo, que importa únicamente el reconocimiento del trabajo que hubiesen realizado los impetrantes de tutela en los predios ubicados en la “comunidad Suripa”, ya que la parte accionada refirió que en el acto de notificación de 13 de febrero de 2022, le otorgaron al peticionante de tutela la posibilidad de retirar todos los trabajos realizados en el área que ocupa en la “comunidad Suripa”; entonces, manteniendo en vigor la facultad que le ha sido otorgada por la misma Directiva y la Comunidad de Concepción al accionante, éste se encuentra habilitado para efectuar lo anteriormente indicado; si bien no se puede cuantificar ese trabajo, corresponde tomar en cuenta lo previsto por el art. 48 del Estatuto Orgánico de la Comunidad de Concepción, que ha previsto el cargo de Secretario de Justicia, y en consecuencia éste debe ser quien en compañía de otros dos miembros ancianos de la Comunidad, determinen en una reunión con el impetrante de tutela los trabajos pendientes de recojo de los predios ubicados en la zona de Suripa de la Comunidad de Concepción, para que de esta manera, en el marco del respeto del derecho al trabajo, se pueda concretar el retiro de manera pacífica, y finalmente exhortar a los accionantes y accionados en la relación que vayan a entablar, observar siempre la buena vecindad y apegarse a la cultura de la paz. La parte peticionante de tutela, a través de su abogado, solicitó complementación de la Resolución dictada, alegando que si bien se denegó la tutela por incumplimiento del plazo de los seis meses, durante la exposición de los hechos reclamaron la lesión de su derecho a la defensa, que no existió una comunicación oportuna de la Resolución 01/2021, siendo notificados en la fecha mencionada por la Sala Constitucional, considerando simplemente la referencia de que se encontraban presentes en la reunión donde los declararon personas no gratas; sin embargo, no fue en esa reunión donde se tomó la decisión de la reversión de la propiedad, sino de forma posterior, y es de donde devino la mencionada determinación misma que no ha sido comunicada; de igual manera, se complemente si se consideró toda la inversión realizada y que ha sido destrozada por la propia Comunidad de Concepción; al efecto, al Sala Constitucional mediante Resolución de igual fecha, declaró no ha lugar la petición realizada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de antecedentes que cursa en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa reconocimiento de Personalidad Jurídica de la Comunidad de Concepción, emitida el 6 de junio de 2003, por la entonces Prefectura del Departamento de La Paz (fs. 96). II.2. Consta Acta de Reunión de Emergencia de 20 de agosto de 2021, realizada en la sede de la Comunidad de Concepción, dependiente de la Central Agraria del mismo nombre, afiliada a la Federación Única de Campesinos de Apolo, de la provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz, que tiene el siguiente tenor: “…se dio control de asistencia posteriormente lectura de invitaciones, notificación y citación a nuestro compañero (Benito Taraniapo), afectado Invitaciones leídas a las siguientes autoridades: Comité Ejecutivo de la Federación, Policía Fronteriza de Apolo, Sub Go[b]ernador de la Provincia. A fin de dar soluciones suscitadas presentes y desde mucho tiempo atr[ás] somos obligados la base y directiva a llevarse una reunión de Emergencia ya que hay atropellos, discriminación y divisiones que est[á]n ocasionando a toda la comunidad de parte de nuestro compañero Benito Taraniapo. Tales inquietudes y preocupaciones nos llevaron a concluir los factores que alteraron el no obedecer las notificaciones enviadas a que no siga procediendo al chaqueo a su capricho, los mismos que son escritos a acatar en nuestro reglamento interno, artículo 67 de las faltas graves numeral 1, numeral 24, falta gravísima numeral, todos estos factores y faltas mencionadas lo declaramos como persona no grata (dando esta) en la comunidad, dando esta conclusión toda la comunidad, análisis las entes invitadas se analizar[á] en el comit[é] ejecutivo de las cuales saldrán conclusiones” (sic [fs. 126 y vta.]). II.3. Se tiene Acta de Asamblea Extraordinaria (expulsión y desafiliación) de 18 de septiembre de 2021, celebrada en la sede sindical de la Comunidad de Concepción, dependiente de la Central Regional del mismo nombre, afiliada a la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Apolo, de la provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz, con la presencia del Directorio, “centrales y cuerpo ejecutivo”, donde se abordó la siguiente temática: “…como tema fundamental caso don Benito Taraniapo, este caso ya fue justificado y emitidos bajo un informe realizado el 17 de agosto de 2021 nuestras autoridades, en la misma que se agrega un último informe como numeral 7, en fecha 17 de septiembre de 2021, del compañero Hipólito Valencia una denuncia puesta del comunario. Sin m[á]s pre[á]mbulos todos los antecedentes fueron recabados de aproximadamente de hace 20 años atrás, tales como actas de sucesos con el mismo comportamiento actual adjuntados y presentado en un folder al cuerpo ejecutivo. Esta actitud del (compañero) Benito Taraniapo resalta de no cumplir, ni acatar las leyes y obligaciones como comunario. Por estos motivos y otros, nosotros toda la comunidad instalamos en asamblea general en presencia del cuerpo Ejecutivo, representantes centrales, Presidente de ADEPCoca y representante de AREPCoca, centrales y secretarios y miembros. Después de haber considerado las actitudes (considerados) negativas del compañero mencionado, que son le[í]dos y presentados ante las autoridades el incumplimiento de los estatutos y reglamento interno de la comunidad, reincidiendo en faltas graves y gravísimas desde los años anteriores y actualmente; las mismas que son escritas y decisiones basadas en la ley 073, Ley de deslinde Jurisdiccional, art[í]culo 12 (obligatoriedad) numeral 1 y 2. También fueron basados en nuestro reglamento interno y estatuto Orgánico en faltas Graves y gravísimas así como: Artículo 67 de faltas graves numeral uno, numeral 24, faltas gravísimas numeral 4. Luego de haber recabado toda[s] las expresiones, tanto mujeres como varones de la comunidad haciendo cargo de tantos problemas como culpable a don Benito Taraniapo, reincididos en problema (…) coca, tierra y divisionismo. La parte contraria presentó documentos que prescinde y responde negativamente y aclara falsas acusaciones con un informe presentado al señor Remberto Arias Ejecutivo Provincial. Después de haber considerado los estatutos y reglamento[s] internos de la comunidad que incorpora a la presente acta hemos tomado las siguientes determinaciones la desafiliación y expulsión total de la familia (no solo de don Benito) de don Benito Taraniapo” (sic [fs. 121 a 122 vta.]). II.4. Cursa Resolución 01/2021 de 18 de septiembre, por la que se determinó lo siguiente: “POR TANTO.

La comunidad Concepción en la magna asamblea ordinaria, llevada adelante el día sábado 18 septiembre de los 2021 años, a horas 13:30 am. en la sede sindical de la comunidad, reunidos todos los dirigentes y [bases] en general, en presencia de Comité Ejecutivo de la Federación de Campesinos provincial Tupac Katari y Bartolina, Central, Juan Agua y Central Concepción, secretarios generales de comunidad Catalina y Concepción, representantes de ADEPCOCA REGIONAL APOLO, Y AREPCOCA después de un amplio análisis de las actas y compromisos incumplidos en reincidencia, por lo tanto de manera unánime, RESUELVE: PRIMERO.- Declarar persona no grata al Sr. Benito Taraniapo con nº de C.l. 2400159 L.P. en la comunidad Concepción, municipio Apolo, provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz. SEGUNDO.- La magna asamblea ordinaria, determina desafiliación y expulsión de la comunidad de manera definitiva. TERCERO.- La magna asamblea ratifica la reversión de predio agrario de la zona Suripa a favor de la comunidad. CUARTO.- Pedimos a todas las autoridades jurisdiccionales legalmente reconocidas, respetar las determinaciones de la comunidad, en cumplimiento a las normativas y leyes vigentes. Es dado en la sede Sindical de la Comunidad Concepción a los 18 días del mes de septiembre de 2021 años” (sic [fs. 108 a 109]). Resolución que fue remitida en vía de coordinación y cooperación mediante notas a: Humberto Medina Cruz, Juez Agroambiental de Apolo del departamento de La Paz, con sello de recepción de 19 de octubre de 2021; Policía Rural y Fronteriza de Apolo, recibido el 29 de similar mes y año; Adelio Ortiz, Sub Gobernador de la Provincia Franz Tamayo, con cargo de recepción en la fecha precedentemente indicada; y, Remberto Arias “y comité Ejecutivo”, Ejecutivo Provincial de la Federación de Campesinos Tupaj Katari, con cargo de recepción de 4 de diciembre del mencionado año (fs. 112 a 115). II.5. Se tiene Acta de Decisión de Notificación realizada el 13 de febrero de 2022, realizada en la sede sindical de la Comunidad de Concepción, de la provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz, la cual tiene el siguiente tenor: “1ro En una magna Asamblea y todas las bases las decisiones de todos dan un plazo de 5 días desde el Lunes 14 al Viernes 18 de febrero del presente año a usted Compañero Benito Taraniapo Villca que mediante esta Acta de decisión de la Comunidad encabezado por las m[á]ximas Autoridades de la Comunidad queda Usted Notificado terminantemente para retirar todo el alambrado y postes, desatar choza de Calamina y sacar sus productos Agrícolas del terreno revertido. 2do Caso Contrario de desacato a esta Acta de Decisión la Comunidad Será obligada a proceder el retiro total de todo su trabajo de Acuerdo al Estatuto y Reglamento Interno de la Comunidad Concepción. 3ro Por tanto de Acuerdo a sus antecedentes que usted Benito Taraniapo y su Sra Daria Chipana tienen, por Faltas Graves y Grav[í]simas en reiteradas ocasiones y por todos los años, Además se le dio un plazo de 90 d[í]as desde el 18 de septiembre al 18 de diciembre de año 2021 donde usted no obedece a las determinaciones de las Autoridades de la Comunidad y Bases en General” (sic [fs. 101 y vta.]); de igual manera, cursa “Notificación” de igual fecha, respecto a la determinación asumida precedentemente (fs. 7). II.6. Consta Informe de 23 de febrero de 2022, emitido por Germán Tiñini Tiñini, funcionario policial e investigador asignado al caso, dependiente de la Jefatura Policial de Apolo del departamento de La Paz, dirigido a Blanca Tatiana Zambrana Condori, Fiscal de Materia; en el cual indica que, el 22 del citado mes y año a horas 8:30, se hicieron presentes en oficinas de dicha Jefatura, Benito “Taranipo” Villca y Ana Daria Chipana Flores, realizando denuncia formal contra Gonzalo Chiguanto y otros, por la presunta comisión del delito de daño a la propiedad privada, destrozo de cultivos y otros, denuncia que fue recepcionada en el libro correspondiente, respecto a los hechos ocurridos el 19 de similar mes y año, indicando que como actuados de la investigación preliminar se realizó copia de la denuncia, fotografías tomadas por los denunciantes el día de los hechos y registro del lugar del hecho, con plaquetas fotográficas (fs. 12 a 15). II.7. Se tiene Estatuto Orgánico de la Comunidad Originaria Concepción (fs. 169 a 193).

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los impetrantes de tutela, denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y defensa, así como a la propiedad agraria, al hábitat, a la vivienda, y al trabajo; debido a que, siendo oriundos de la Comunidad de Concepción, del municipio de Apolo, provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz, donde como cónyuges formaron su familia, y para su subsistencia se dedican a la agricultura dentro la citada Comunidad, porque cuentan con 8 ha de terreno en el que tienen construidos su vivienda y establo para su ganado, plantaciones de árboles frutales, de yuca y de coca, así como sembradíos de pastos; sin embargo, a través de terceras personas, tomaron conocimiento que el Secretario General y otros de la Comunidad indicada, habrían tomado la decisión de revertir su propiedad, determinación con la que no fueron notificados; por ello, debido a las constantes amenazas, el 17 de septiembre de 2021 acudieron ante el Juez Agroambiental de Apolo del citado departamento, solicitando conciliación con Gonzalo Chiguanto Aparicio, Celia García Dueñas y demás dirigentes de la aludida Comunidad -ahora accionados-, porque no podían participar en las reuniones de la misma, los dirigentes tampoco les cedían la palabra para que pueda asumir su defensa; habiendo el señalado Juez Agroambiental convocado a audiencia de conciliación, los prenombrados no se presentaron, al contrario remitieron la Resolución 01/2021, momento en el cual recién tomaron conocimiento de las decisiones que asumieron en su contra, determinando su desafiliación definitiva, reversión de su terreno agrícola a favor de la citada Comunidad, por supuestamente haber incurrido en reincidencia, desacatos a actas de compromiso, notificaciones, determinaciones, entre otros, decisión que fue puesta a su conocimiento entregándoles un documento rotulado “…notificación de fecha 13 de febrero de 2022…” (sic) donde indica que la Magna Asamblea les otorgaba cinco días para retirar su trabajo, y que en caso de incumplimiento sería la Comunidad de Concepción quien se encargaría de retirar todos los trabajos de los predios revertidos de los que son propietarios y cumpliendo la FES; posteriormente, ante el incumplimiento de las supuestas disposiciones, algunos comunarios a la cabeza de Gonzalo Chiguanto Aparicio, Secretario General; Juan Salas, Secretario de Conflictos; Ricardo Torrez Chiguanto, Secretario de Actas, y otros, el 19 del citado mes y año, munidos de maderas y machetes, de forma violenta procedieron a destrozar sus plantas frutales y de coca, además destruyeron los galpones que tenían construidos, los cuales fueron destechados, así como los muros que tenían edificados con palos y alambres de púas para proteger sus plantas frutales y de coca; posteriormente, quemaron las maderas y señalaron que sus personas incumplieron la Resolución 01/2021 y la notificación de 13 de febrero de 2022; seguidamente, les conminaron a abandonar su domicilio bajo amenaza de quemar la vivienda. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. De la inmediatez en las acciones de amparo constitucional como presupuesto procesal de inexcusable cumplimiento. Jurisprudencia reiterada

Respecto a este principio de connotación procesal, al converger en una causal reglada de improcedencia, la SCP 0539/2021-S3 de 30 de agosto, haciendo mención a la SCP 0376/2019-S1 de 12 de junio, estableció que: [«Precisando los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional respecto al plazo de caducidad en la interposición del amparo constitucional, la SCP 1098/2016-S3 de 10 de octubre, señaló: “El art. 129.II de la CPE, en relación a la inmediatez establece que: ‘La acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial’; asimismo, el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere expresamente que: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho’. La jurisprudencia constitucional en su SC 1039/2010-R de 23 de agosto, entre otras, estableció en cuanto al principio de inmediatez el siguiente entendimiento: ‘La inmediatez, es una condición esencial para que el control de constitucionalidad pueda operar a través del amparo constitucional, en virtud a este presupuesto de orden procesal-constitucional, éste se consagra como un mecanismo caracterizado por su prontitud y efectividad para brindar la tutela debida. En efecto, la inmediatez del amparo constitucional encuentra su génesis en el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que taxativamente manda a los estados miembros del sistema interamericano de protección de Derechos Humanos, disciplinar a favor de las personas un recurso sencillo, rápido y efectivo para la defensa de sus derechos reconocidos en la Constitución, la ley o la citada Convención, precepto que debe ser fielmente cumplido en virtud al principio ‘pacta sunt servanda’. Por lo señalado, siguiendo el criterio desarrollado supra, se infiere que la acción de amparo, es un mecanismo sencillo, rápido y efectivo para la protección de Derechos Fundamentales no tutelados por otros recursos específicos, en ese contexto, esencialmente la rapidez como característica del principio de inmediatez se encuentra circunscrita al plazo de seis meses para su interposición, criterio plasmado en el art. 129.II de la Constitución Política del Estado (CPE), en ese contexto, se tiene que el derecho para la petición de tutela constitucional a través de la acción de amparo fuera del citado plazo caduca, razón por la cual el órgano contralor de constitucionalidad no puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada’. Respecto al cómputo del plazo de seis meses para la formulación de las acciones de amparo constitucional, la uniforme jurisprudencia constitucional, entre ellas la contenida en la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, estableció que: ‘Los arts. 128 y 129 de la CPE, establecen que la acción de amparo constitucional constituye un medio de tutela de carácter extraordinario y se rige esencialmente por los principios de subsidiariedad e inmediatez, que hacen a su naturaleza jurídica. El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa’”». Sobre el principio de la inmediatez, el art. 129.II de la CPE prescribe que «La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial», concordante con dicha disposición constitucional, el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que: «La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho». Bajo ese marco legal, la SCP 0871/2014 de 12 de mayo -entre otras-recogiendo el criterio uniforme emitido por la justicia constitucional, sobre el principio de inmediatez estableció que: «La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, desarrolló una interpretación pedagógica, sobre el alcance del principio de inmediatez, estableciendo su comprensión desde un punto de vista positivo y negativo, en función a su naturaleza protectora de derechos y garantías, así como la objetividad de los hechos que deben ser puestos a consideración del Juez o Tribunal de garantías, así la SC 0921/2004-R de 15 de junio, señaló: “el Tribunal de amparo hizo una incorrecta interpretación de la naturaleza jurídica y alcances del principio de inmediatez, cabe aclarar que dicho principio tiene dos elementos; uno positivo, lo que significa que el amparo constitucional es una vía tutelar para la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados por actos u omisiones ilegales o indebidas, lo que implica que esta vía se activa inmediatamente de haberse producido la lesión, sino hubieren otras vías, o de haber agotado las vías legales ordinarias idóneas y efectivas si es que existen; y otro negativo, lo que significa que la persona titular de los derechos fundamentales vulnerados, debe activar inmediatamente el amparo constitucional, no dejando pasar lapsos de tiempo prolongado que la hagan ineficiente a esta vía tutelar; a cuyo efecto este Tribunal ha establecido, por vía jurisprudencial un plazo razonable de seis meses”. Similar criterio contiene la SC 0852/2010-R de 10 de agosto, haciendo referencia a la SC 1157/2003-R de 15 de agosto, al señalar que: “...el principio de preclusión de los derechos para accionar, pues por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos”. Finalmente y sobre el principio en análisis, la SCP 1427/2012 de 24 de septiembre, sostiene la siguiente concepción: “se puede advertir en síntesis que la presentación de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, caso contrario, ante la jurisdicción constitucional opera el principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar; en ese sentido, si la persona supone que se le han vulnerado sus derechos o garantías constitucionales, esta de forma diligente y sin esperar que transcurra el tiempo -más de los seis meses- debe dirigirse a la jurisdicción constitucional, caso contrario se considera su interposición como extemporánea, situación que inhabilita el ingreso al análisis de fondo de la problemática planteada”». Por otro lado, la SCP 1677/2012 de 1 de octubre, sobre la extemporaneidad de la presentación de la acción de amparo constitucional como causa para la denegatoria de la tutela, sostuvo que: «El principio de inmediatez, que debe ser observado en la esfera del derecho constitucional, entre otros aspectos a tiempo de deducir esta acción tutelar, responde a la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, así como la finalidad de conceder la tutela -cuando corresponda-, en términos de eficacia y oportunidad, por cuanto la inmediatez de resguardar y proteger derechos constitucionales, podría resultar ineficaz, si se deja transcurrir demasiado tiempo. Es así que, el legislador a efectos de que la ciudadana o el ciudadano boliviano obtenga una efectiva administración de justicia constitucional, ha previsto este presupuesto constitucional, cual es la de presentar su demanda en un plazo no mayor a los seis meses a computarse desde la comisión del hecho lesivo o desde el momento en que se notificó la última decisión en sede judicial o administrativa. (…) Concluyendo podemos manifestar, que por regla general el transcurso del tiempo, tiene vital importancia en los diversos campos del derecho, así por ejemplo en el derecho civil el dejar transcurrir el tiempo puede tener dos efectos, la extinción de un derecho cuando su titular no los ejerce en el tiempo previsto por ley art. 1492 del Código Civil (CC) o la constitución de un derecho por el transcurso del tiempo art. 134 del CC; por otro lado, en la jurisdicción penal el transcurso del tiempo también tiene un rol importante, así se advierte en el instituto jurídico de la prescripción art. 29 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Del mismo modo en el ámbito del derecho constitucional, también tiene sus efectos, como ocurre en el caso que se analiza, sobre el momento en que se presentó esta acción de defensa respecto del momento en que se hubo causado la vulneración de derechos; en consecuencia, el plazo previsto por ley que reviste a esta acción tutelar tiene dos componentes uno positivo y otro negativo, el primero con la finalidad conceder la tutela, en términos de eficacia y oportunidad y el segundo entendido como un principio que sanciona la dejadez y descuido del accionante.»] (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

Los impetrantes de tutela alegan que, siendo oriundos de la Comunidad de Concepción, del municipio de Apolo, provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz, donde como cónyuges formaron su familia, y para su subsistencia se dedican a la agricultura dentro de dicha Comunidad, porque cuentan con 8 ha de terreno en el que tienen construidos su vivienda y establo para su ganado, plantaciones de árboles frutales, de yuca y de coca, así como sembradíos de pastos; sin embargo, a través de terceras personas tomaron conocimiento que el Secretario General y otros de la Comunidad indicada, tomaron la decisión de revertir su propiedad, determinación con la que no fueron notificados; por ello, debido a las constantes amenazas, el 17 de septiembre de 2021 acudieron ante el Juez Agroambiental de Apolo del citado departamento, solicitando conciliación con Gonzalo Chiguanto Aparicio, Celia García Dueñas y demás dirigentes de la Comunidad de Concepción -ahora accionados-, porque el peticionante de tutela no podía participar en las reuniones de la aludida Comunidad, los dirigentes tampoco le cedían la palabra, para que pueda asumir su defensa; habiendo el Juez Agroambiental convocado a audiencia de conciliación, los prenombrados no se presentaron, al contrario remitieron la Resolución 01/2021 de 18 de septiembre, momento en el que recién tomaron conocimiento de las decisiones que asumieron en su contra, determinando su desafiliación definitiva, reversión de su terreno agrícola a favor de la indicada Comunidad, por supuestamente haber incurrido en reincidencia, desacatos a actas de compromiso, notificaciones, determinaciones, entre otros, decisión que fue puesta a su conocimiento entregándoles un documento rotulado “…notificación de fecha 13 de febrero de 2022…” (sic) donde indica que la Magna Asamblea les otorgaba cinco días para retirar su trabajo, y que en caso de incumplimiento, sería la misma Comunidad que se encargaría de retirar todos los trabajos de los predios revertidos de los que son propietarios y cumplían la FES; posteriormente, ante el incumplimiento de las supuestas disposiciones, algunos comunarios a la cabeza de Gonzalo Chiguanto Aparicio, Secretario General; Juan Salas, Secretario de Conflictos; Ricardo Torrez Chiguanto, Secretario de Actas, y otros, el 19 del citado mes y año, munidos de maderas y machetes, de forma violenta procedieron a destrozar sus plantas frutales y de coca, además destruyeron los galpones que tenían construidos los cuales fueron destechados, así como los muros edificados con palos y alambres de púas para proteger sus plantas frutales y de coca; posteriormente, quemaron las maderas y señalaron que sus personas incumplieron la Resolución 01/2021 y la notificación de 13 de febrero de 2022; seguidamente, les conminaron a abandonar su domicilio bajo amenaza de quemar la vivienda. Establecido el objeto procesal de este mecanismo de defensa, previo a ingresar a su análisis, corresponde verificar si resulta evidente el incumplimiento del principio de inmediatez, tal como concluyó la Sala Constitucional que la conoció; en ese entendido, acorde a los intelectos jurisprudenciales citados en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción de amparo constitucional es procedente únicamente cuando su activación es realizada dentro del plazo determinado por el art. 129.II de la CPE, concordante con el art. 55.I del CPCo, normativa que estipula que este mecanismo de defensa de índole constitucional debe ser activado en el plazo de seis meses, computables a partir de la comisión del acto que supuestamente vulneró derechos fundamentales y garantías constitucionales o de notificada la última decisión administrativa o judicial que desconoció derechos invocados por la parte accionante, y que al vencimiento de dicho término precluye la facultad de presentar dicha acción tutelar; imposibilitando analizar el fondo de la reclamación. En la especie, revisada la documentación descrita en las Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que los actos cuyo reproche constitucional pretenden los impetrantes de tutela, bajo el argumento que constituyen medidas de hecho, tienen su origen en la Asamblea Extraordinaria (para la expulsión y desafiliación) de 18 de septiembre de 2021, celebrada en la sede sindical de la Comunidad de Concepción, dependiente de la Central Regional del mismo nombre, afiliada a la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Apolo, de la provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz, donde conforme se tiene del Acta descrita, con la presencia del Directorio, “centrales y cuerpo ejecutivo”, se abordó lo siguiente: “…como tema fundamental caso don Benito Taraniapo, este caso ya fue justificado y emitidos bajo un informe realizado el 17 de agosto de 2021 nuestras autoridades, en la misma que se agrega un último informe como numeral 7, en fecha 17 de septiembre de 2021, del compañero Hipólito Valencia una denuncia puesta del comunario. Sin m[á]s pre[á]mbulos todos los antecedentes fueron recabados de aproximadamente de hace 20 años atrás, tales como actas de sucesos con el mismo comportamiento actual adjuntados y presentado en un folder al cuerpo ejecutivo. Esta actitud del (compañero) Benito Taraniapo resalta de no cumplir, ni acatar las leyes y obligaciones como comunario. Por estos motivos y otros, nosotros toda la comunidad instalamos en asamblea general en presencia del cuerpo Ejecutivo, representantes centrales, Presidente de ADEPCoca y representante de AREPCoca, centrales y secretarios y miembros.

Después de haber considerado las actitudes (considerados) negativas del compañero mencionado, que son le[í]dos y presentados ante las autoridades el incumplimiento de los estatutos y reglamento interno de la comunidad, reincidiendo en faltas graves y gravísimas desde los años anteriores y actualmente; las mismas que son escritas y decisiones basadas en la ley 073, Ley de deslinde Jurisdiccional, art[í]culo 12 (obligatoriedad) numeral 1 y 2. También fueron basados en nuestro reglamento interno y estatuto Orgánico en faltas Graves y gravísimas así como: Artículo 67 de faltas graves numeral uno, numeral 24, faltas gravísimas numeral 4. Luego de haber recabado toda[s] las expresiones, tanto mujeres como varones de la comunidad haciendo cargo de tantos problemas como culpable a don Benito Taraniapo, reincididos en problema (…) coca, tierra y divisionismo. La parte contraria presentó documentos que prescinde y responde negativamente y aclara falsas acusaciones con un informe presentado al señor Remberto Arias Ejecutivo Provincial. Después de haber considerado los estatutos y reglamento[s] internos de la comunidad que incorpora a la presente acta hemos tomado las siguientes determinaciones la desafiliación y expulsión total de la familia (no solo de don Benito) de don Benito Taraniapo” (sic [Conclusión II.3]); decisión que fue plasmada en la Resolución 01/2021 de igual fecha, bajo el siguiente tenor: “POR TANTO. La comunidad Concepción en la magna asamblea ordinaria, llevada adelante el día sábado 18 septiembre de los 2021 años, a horas 13:30 am. en la sede sindical de la comunidad, reunidos todos los dirigentes y [bases] en general, en presencia de Comité Ejecutivo de la Federación de Campesinos provincial Tupac Katari y Bartolina, Central, Juan Agua y Central Concepción, secretarios generales de comunidad Catalina y Concepción, representantes de ADEPCOCA REGIONAL APOLO, Y AREPCOCA después de un amplio análisis de las actas y compromisos incumplidos en reincidencia, por lo tanto de manera unánime, RESUELVE: PRIMERO.- Declarar persona no grata al Sr. Benito Taraniapo con nº de C.l. 2400159 L.P. en la comunidad Concepción, municipio Apolo, provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz. SEGUNDO.- La magna asamblea ordinaria, determina desafiliación y expulsión de la comunidad de manera definitiva. TERCERO.- La magna asamblea ratifica la reversión de predio agrario de la zona Suripa a favor de la comunidad.

CUARTO.- Pedimos a todas las autoridades jurisdiccionales legalmente reconocidas, respetar las determinaciones de la comunidad, en cumplimiento a las normativas y leyes vigentes. Es dado en la sede Sindical de la Comunidad Concepción a los 18 días del mes de septiembre de 2021 años” (sic); misma que a su vez, en vía de coordinación y cooperación, mediante notas, fue puesta a conocimiento de: Humberto Medina Cruz, Juez Agroambiental de Apolo, con sello de recepción de 19 de octubre de 2021; Policía Rural y Fronteriza de Apolo, recibido el 29 de similar mes y año; Adelio Ortiz, Sub Gobernador de la Provincia Franz Tamayo, con cargo de recepción en la fecha precedentemente citada; y, Remberto Arias “y comité Ejecutivo”, Ejecutivo Provincial de la Federación de Campesinos Tupaj Katari, con cargo de recepción de 4 de diciembre del mencionado año (Conclusión II.4). Posterior a la determinación advertida, se tiene el Acta de “Decisión de Notificación” realizada el 13 de febrero de 2022, en la sede sindical de la Comunidad de Concepción, de la provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz, que tiene el siguiente tenor: “1ro En una magna Asamblea y todas las bases las decisiones de todos dan un plazo de 5 días desde el Lunes 14 al Viernes 18 de febrero del presente año a usted Compañero Benito Taraniapo Villca que mediante esta Acta de decisión de la Comunidad encabezado por las m[á]ximas Autoridades de la Comunidad queda Usted Notificado terminantemente para retirar todo el alambrado y postes, desatar choza de Calamina y sacar sus productos Agrícolas del terreno revertido. 2do Caso Contrario de desacato a esta Acta de Decisión la Comunidad Será obligada a proceder el retiro total de todo su trabajo de Acuerdo al Estatuto y Reglamento Interno de la Comunidad Concepción. 3ro Por tanto de Acuerdo a sus antecedentes que usted Benito Taraniapo y su Sra Daria Chipana tienen, por Faltas Graves y Grav[í]simas en reiteradas ocasiones y por todos los años, Además se le dio un plazo de 90 d[í]as desde el 18 de septiembre al 18 de diciembre de año 2021 donde usted no obedece a las determinaciones de las Autoridades de la Comunidad y Bases en General” (sic); seguidamente cursa “Notificación” fechada con la misma data, donde se consigna la determinación descrita precedentemente (Conclusión II.5.); consecuentemente, conforme narra la propia parte peticionante de tutela, el incumplimiento de dicha conminatoria, devino en que algunos comunarios a la cabeza de Gonzalo Chiguanto Aparicio, Secretario General; Juan Salas, Secretario de Conflictos; Ricardo Torrez Chiguanto, Secretario de Actas, y otros, el 19 del citado mes y año, munidos de maderas y machetes, de forma violenta procedan a destrozar sus plantas frutales y de coca, además destruyeron los galpones que tenían construidos los cuales fueron destechados, así como los muros edificados con palos y alambres de púas para proteger sus plantas; posteriormente quemaron las maderas y señalaron que sus personas incumplieron la Resolución 01/2021 y la notificación de 13 de febrero de 2022, seguidamente les conminaron a abandonar su domicilio bajo alternativa de quemar la vivienda; situación que ahora catalogan como una acción de hecho, al igual que la emisión de la mencionada Resolución sancionatoria. Analizados estos antecedentes, este Tribunal advierte que la reclamación de los accionantes tiene su origen en la Resolución 01/2021, dictada en la Asamblea Extraordinaria de 18 de septiembre de 2021 celebrada en la Comunidad de Concepción, mediante la que, en el marco de la administración de la justicia indígena originaria campesina, acorde a las normas y procedimientos propios, se determinó la expulsión y desafiliación del impetrante de tutela y su familia de la mencionada Comunidad, por la supuesta comisión de faltas graves y gravísimas en función al “…reglamento interno y estatuto Orgánico en faltas Graves y gravísimas así como: Artículo 67 de faltas graves numeral uno, numeral 24, faltas gravísimas numeral 4…” (sic). Al respecto, el art. 67 del Estatuto Orgánico de la Comunidad Originaria Concepción -descrito en la Conclusión II.7 de este fallo-, prevé que: “…(SANCIONES POR FALTAS GRAVES), La sanción es la aplicación correctiva de una falta o daño que se ocasiona en contra de la sociedad, la comunidad o sus integrantes, por tanto las sanciones se imponen en contra de individuos con la finalidad de resguardar el bien jurídicamente protegido y dentro los usos y costumbres que protejan el buen uso y actitud de las personas en favor de la sociedad, por lo que las sanciones se clasifican y cualifican en función a su gravedad, por lo que son de aplicación de sanciones a las faltas graves los siguientes: 1. Sanción económica o pecuniaria. 2. Sanción en días de trabajo, sea en favor de la comunidad o unidad educativa. 3. Desafiliación de la organización social. 4. Expropiación de sus tierras de labranza en favor de la comunidad y pago de precio mínimo impuesto por asamblea ordinaria o extraordinaria. 5. Incautación de los animales de corral y crianza doméstica. 6. Sanción de vergüenza con limpieza de unidad educativa, Iglesia, calles y plazas. 7. Llamada de atención por escrito bajo conminatoria.

Las sanciones previstas serán aumentadas en un cuarto para los miembros del Directorio y su cumplimiento debe ser en el término de 48 horas, en cambio para los demás miembros afiliados y bases en general, los plazos serán de 48 horas a 10 días” (el énfasis es añadido); por su parte, el art. 68 del mismo Estatuto, prevé: “…(SANCIONES POR FALTAS GRAVISIMAS), La sanción es la aplicación correctiva de una falta o daño que se ocasiona en contra de la sociedad, la comunidad o sus integrantes, por tanto las sanciones se imponen en contra de individuos con la finalidad de resguardar el bien jurídicamente protegido y dentro los usos y costumbres que protejan el buen uso y actitud de las personas en favor de la sociedad, por lo que las sanciones se clasifican y califican en función a su gravedad, por lo que son de aplicación de sanciones a las faltas gravísimas los siguientes: 1. Sanción económica o pecuniaria. 2. Expropiación de los terrenos de labranza agrícola y pago de precio mínimo impuesto por asamblea ordinaria asamblea extraordinaria. 3. Desafiliación y expulsión de la comunidad sin derecho a retorno. En los casos de la comisión de delitos de competencia de justicia ordinaria, las autoridades deberán actuar en calidad de sumariantes y elevar inmediatamente ante el Ministerio público o en su caso ante la Policía”; asimismo, revisado dicho estatuto no se puede advertir que la determinación asumida en asamblea por la comunidad de Concepción, pueda ser motivo de impugnación ante alguna otra instancia superior para su revisión. De ahí que, el plazo de los seis meses establecidos por la norma para la presentación de esta acción tutelar, comenzó a correr desde el momento en que la parte accionante tuvo conocimiento de la sanción aplicada en su contra y plasmada en la Resolución 01/2021, mas no desde la fecha en que se hubiere producido el supuesto ingreso a la propiedad y destrozo de establos y plantaciones frutales, de coca y otros, -que además fue negada por la parte impetrante de tutela en la dimensión de planteamiento de la parte accionada, adjuntando al efecto fotografías que evidenciarían que ello no sería evidente-; por cuanto, esa situación en función a los datos descritos, constituyen actos de ejecución de la mencionada Resolución, aparentemente ante la falta de cumplimiento voluntario en el que hubiere incurrido la parte impetrante de tutela, no obstante de la conminatoria recibida. En ese entendido, la parte peticionante de tutela, en la exposición fáctica realizada en el memorial de la demanda tutelar, alegó que recién tomó conocimiento de la Resolución 01/2021 en la audiencia de conciliación de 19 de octubre de 2021, convocada por el Juez Agroambiental de Apolo del departamento de La Paz, a petición suya, con la que finalmente fueron notificados el 13 de febrero de 2022; momento en el que, se les entregó un documento rotulado “…notificación de fecha 13 de febrero de 2022…” (sic), donde establece que la Magna Asamblea les otorgó cinco días para retirar su trabajo, y que en caso de incumplimiento sería la Comunidad de Concepción quien se encargaría a retirar todos los trabajos de los predios revertidos; sin embargo, en audiencia de consideración y resolución de esta acción tutelar, ante las consultas realizadas por los Vocales de la Sala Constitucional, se advierte la intervención del accionado Crispín Cruz Chacón, quien aclarando que no pertenece a la Comunidad de Concepción, como lo consignó la parte accionante, sino representante de la Central Agraria de Concepción, refirió lo siguiente: “Ahora en esta reunión que se ha hecho nosotros como dirigentes Sindicales como Organización Federación de Campesinos nos han convocado para reunión que hecho el 18 de septiembre donde se ha tratado estaba presente el señor Benito, Central Agraria de frente centrales y Comité Ejecutivo de la Federación de Campesinos Bartolina Sisa y yo también estaba ahí, entonces nuestra obligación era conciliar a ellos, entonces no han podido conciliarse y la comunidad ha decidido sacar esta Resolución eran mayoría, no se les ha privado el derecho a nadie, todos han participado…” (sic); por su parte, el impetrante de tutela Benito Taraniapo Villca, ante la consulta de los miembros de la Sala Constitucional, en cuanto a si estaba presente en la asamblea de la Comunidad de Concepción, donde se determinó su expulsión y la reversión del predio respecto al que denuncia medidas de hecho, manifestó lo siguiente: “S[í] señor Vocal yo estaba presente, pero lo que dice ahorita las firmas no están conforme a toda la comunidad, no están de acuerdo” (sic); de donde se tiene que, no es evidente que la Resolución 01/2021 hubiere sido de su conocimiento recién el 19 de octubre de 2021 tal como afirmó inicialmente, sino que estuvo presente en la Asamblea Extraordinaria de 18 de septiembre del citado año, donde se asumió dicha Resolución sancionatoria disponiendo su expulsión y la de su familia de la aludida Comunidad, así como la reversión de su predio; por consiguiente, tenía pleno conocimiento desde ese momento, de aquella determinación, lo que implica que el plazo de los seis meses, en el marco del principio de inmediatez que rige la presente acción de defensa, comenzó a correr desde esta última fecha mencionada; a mayor abundamiento, cabe aclarar que si bien la parte peticionante de tutela alega que fue notificada con la indicada Resolución el 13 de febrero de 2022, haciendo referencia al acto de notificación descrito en la Conclusión II.5 de este fallo constitucional; empero, tal como se tiene establecido ut supra, ello no se trata propiamente de una notificación con la Resolución 01/2021, sino una conminatoria a su cumplimiento; por lo que, ese aspecto no tiene incidencia para efectos del cómputo de la inmediatez. Así, tomando en cuenta el 18 de septiembre de 2021, como el momento de inicio de los seis meses establecidos por ley para la activación de la acción de amparo constitucional, la parte accionante al haber interpuesto el presente mecanismo de defensa el 11 de abril de 2022, activó la justicia constitucional fuera del tiempo establecido como plazo de caducidad para presentar esta acción tutelar, porque para activar la jurisdicción constitucional, tenía como plazo hasta el 18 de marzo del citado año; lo que, denota que la parte impetrante de tutela no actuó de forma diligente, al contrario, su actuar demostró falta de prontitud en acudir en busca de protección de sus derechos; consecuentemente, se concluye que, en el caso, concurre inobservancia del principio procesal-constitucional de la inmediatez, que constituye un presupuesto de cumplimiento inexcusable para la procedencia de la acción de amparo constitucional, al haberse presentado el mecanismo de defensa en análisis fuera del tiempo establecido por los arts. 129.II de la CPE y 55.I del CPCo, cuya inobservancia impide a la jurisdicción constitucional analizar el fondo de los hechos denunciados; debiéndose en consecuencia, denegar la tutela solicitada. A mayor abundamiento, y solo a manera de aclaración, es necesario referir que a más del razonamiento sobre la inescindible dimensión de reclamo que converge en la determinación asumida en la Asamblea y Resolución de 18 de septiembre de 2021 -sobre la que concurre inmediatez- y el cumplimiento de sus efectos, de todas formas no podría asumirse y conocerse las actuaciones que se habrían asumido el 19 de febrero de 2022 por la Comunidad de Concepción como medidas de hecho -alegadas por la parte accionante- pues como se estableció de los antecedentes y lo referido en el análisis del caso concreto, existen incluso sobre ello hechos controvertidos que impedirían su análisis.

III.2.1..Dimensionamiento de los alcances de la parte resolutiva de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional

Pese a la denegatoria de la tutela solicitada por las causales regladas de improcedencia señaladas precedentemente, este Tribunal no puede soslayar el alcance de la medida cautelar dispuesta por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que -se entiende- ya provocó efectos fácticos, en el entendido que su resolución es de ejecución y cumplimiento inmediato -art. 40 del CPCo-; en función a ello, corresponde traer a colación lo establecido en la SC 0595/2010-R de 12 de julio, respecto al dimensionamiento de los efectos de la Sentencia determinando, que: “…no obstante, en atención a la facultad previsora el Tribunal Constitucional, puede dimensionar los efectos de la Sentencia Constitucional, y de acuerdo a las circunstancias del caso y de manera excepcional toma determinaciones de tal manera que no se genere inseguridad jurídica” (las negrillas nos corresponden). En tal sentido, con base en el principios de previsibilidad, la garantía de la paz social y el principio del vivir bien, sin soslayar a su vez el respeto de igualdad jerárquica de jurisdicciones, y de cumplimiento de la determinación dispuesta por la JIOC, se dispone que: si como consecuencia de la medida cautelar establecida por la indicada Sala Constitucional en la parte resolutiva de la Resolución 087/2022 de 19 de mayo -que ordenó tres puntos específicos de resguardo de derechos en el cumplimiento de la sanción dispuesta al interior de la JIOC-, ya se hubiese procedido con ello, dichos efectos de la medida cautelar dispuesta quedan válidos y subsistentes; en razón a que, retrotraer o modificar esa decisión, podría generar el quebrantamiento de los principios buscados con la medida cautelar impuesta y la armonía que puede ya haberse alcanzado en la situación fáctica. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 087/2022 de 19 de mayo, cursante de fs. 240 a 244 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada, dimensionándose los efectos de la medida cautelar dispuesta por dicha Sala Constitucional, quedando la misma subsistente en los tres puntos determinados en su cumplimiento, conforme las razones y aplicación de principios expuestos y explicados en el Fundamento Jurídico III.2.1 del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0849_2023-S3.pdf · páginas 1 a 27.

Huella digital del PDF (SHA-256): e8d0e024fb192b1794217333f88bf26270808939767442cac49df861479405f1

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