B.IA.LEGAL

SCP 0849/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 24 de agosto de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
24 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
49108-2022-99-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes de fundamentación, congruencia, seguridad jurídica, acceso a la justicia y cosa juzgada; refiriendo que, por Auto de Vista 223/2022 de 14 de junio, los Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -demandados-, revocaron parcialmente el Auto Interlocutorio de 4 de mayo de 2022, disponiendo que el Juez de la causa prosiga con la sustanciación del proceso sobre división y partición del inmueble ubicado en calle Murguía 726 entre La Plata y Presidente Montes de la ciudad de Oruro, sin considerar que el Auto Interlocutorio de 4 de septiembre de 2019 -por el cual, el aludido Juez solicitó al tercero interesado la inclusión de todos los bienes en copropiedad-, al no haber sido apelado por el nombrado adquirió calidad de cosa juzgada; asimismo, no respondió a la totalidad de agravios que presentó su persona. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:CONFIRMAR la Resolución 90/2022 de 20 de julio, cursante de fs.

692 a 697, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0849/2023-S2 Sucre, 24 de agosto de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 49108-2022-99-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 90/2022 de 20 de julio, cursante de fs. 692 a 697, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Miriam López Cárdenas contra Ricardo Edgar Flores Carvajal y Primo Martínez Fuentes, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de julio de 2022, cursante de fs. 654 a 664 vta., la accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 10 de julio de 2018, Vladimir López Cárdenas -tercero interesado-, instauró proceso civil -monitorio-, impetrando el cese de copropiedad de un bien inmueble que tienen en común pretendiendo que el mismo sea rematado en subasta pública ante la imposibilidad de su división y partición; mediante decreto de 12 de febrero de 2019, fue admitida -como modificatoria ordinaria de división y partición de bienes, por el Juez Público Civil y Comercial Segundo de la Capital del departamento de Oruro-. Por Auto Interlocutorio de 4 de septiembre del citado año, -dictada en la audiencia preliminar-, el citado Juez dispuso el saneamiento procesal hasta que el tercero interesado incluyera todos los bienes que tuviera en copropiedad con su persona, debiendo demostrar documentalmente su existencia y el registro en las instancias correspondientes; a tal efecto, le concedió el plazo de diez días; contra dicha determinación el aludido formuló recurso de reposición con alternativa de apelación que fue rechazado en el indicado acto procesal, otorgándole el término de tres días para la provisión de recaudos para el envío de ese recurso; sin embargo, mediante Auto de 19 de enero de 2022, se declaró la caducidad de la concesión del referido medio de impugnación, declarándose ejecutoriado el enunciado fallo. Ante el incumplimiento de lo dispuesto en el referido Auto Interlocutorio, su persona solicitó el rechazo de la demanda civil, aspecto que no aconteció; por el contrario, a través del Auto Interlocutorio de 4 de mayo de 2022, el Juez de la causa indicó que respecto a la desestimación de la demanda, en aplicación del art. 136.III del Código Procesal Civil (CPC), la carga de la prueba no incumbía al demandante sino a ambas partes procesales -cuando dicho precepto legal no establece ese aspecto-; además, en el Auto Interlocutorio de 4 de septiembre de 2019, claramente se indicó que el demandante -hoy tercero interesado- era quien debía presentar los documentos en el plazo de diez días, y al no haberlo hecho correspondía el rechazo de la causa. En consecuencia, por memorial presentado el 10 de dicho mes y año, interpuso recurso de apelación al igual que el aludido; en sustanciación y resolución, por Auto de Vista 223/2022 de 14 de junio, los Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -demandados-, revocaron parcialmente el fallo supra citado; a ese efecto, concluyeron que ambos sujetos procesales son copropietarios del bien inmueble -se entiende objeto del litigio-, por acto jurídico de compraventa y no por sucesión hereditaria como erróneamente afirmó la autoridad judicial inferior; por lo que, podía considerarse la división y partición independientemente de la existencia de otros bienes que pudieran tener en común. Al respecto; toda vez que, el Auto Interlocutorio de 4 de septiembre de 2019, fue ejecutoriada, los nombrados Vocales no podían disponer que la división y partición prosiga con el único bien inmueble objeto de la demanda; tampoco, señalar que el art. 113 del CPC era inaplicable, sin mayor fundamento; por otra parte, dichas autoridades no se pronunciaron respecto a que el bien inmueble podía ser cómodamente repartido y dividido; ya que, al operarse por resolución judicial, era procedente su registro en la “Alcaldía” aun siendo la extensión menor a 100 m.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la transgresión de su derecho al debido proceso en sus componentes de fundamentación, congruencia, seguridad jurídica, acceso a la justicia y cosa juzgada, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó que se le conceda tutela, disponiendo: a) La “NULIDAD DEL ACTO”; b) Que se emita un nuevo fallo, rechazando el recurso de apelación de contrario por ser extemporáneo y existir resoluciones ejecutoriadas; y, c) El pago de costas y demás “condenaciones” de ley, más el resarcimiento de daños y perjuicios en la suma de Bs25 000.- (veinticinco mil bolivianos).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 20 de julio de 2022, según consta en acta cursante de fs. 686 a 691 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La impetrante de tutela por intermedio de su abogado, ratificó el contenido íntegro de la acción de amparo constitucional y ampliándolo señaló que: 1) El tercero interesado inició demanda de cese de copropiedad de un bien inmueble que tienen en común; ante ello, su persona invocando el principio de concentración planteó excepción de saneamiento indicando que no se puede hacer la partición y división de un solo bien, cuando existen varios que comparten por sucesión hereditaria; en consecuencia, por Auto Interlocutorio de 4 de septiembre de 2019, dictada en la audiencia preliminar, el Juez de la causa declaró procedente su petición y otorgó al tercero interesado el plazo de diez días para que integre a la litis todos los bienes existentes entre las partes; determinación que si bien fue impugnada por el aludido, adquirió firmeza; toda vez que, no proveyó los recaudos necesarios para la apelación; 2) El nombrado presentó varios memoriales de queja, afirmando que la propiedad del inmueble objeto de la litis no emergió de una herencia; por su parte, impetró el rechazo de la demanda ante el vencimiento del término otorgado; estos dos reclamos fueron resueltos mediante Auto Interlocutorio de 4 de mayo de 2022, fallo contra el cual ambos interpusieron recurso de apelación; y, 3) Por Auto de Vista 223/2022, los Vocales demandados revocaron parcialmente la decisión del inferior en grado; empero, de forma incongruente no obstante rechazar la pretensión del actor de que se tramite la demanda de cese de copropiedad, determinaron la división y partición sobre el único bien inmueble objeto de la litis, sin tomar en cuenta que en la respuesta al medio de impugnación refirió que el citado Auto Interlocutorio, se encontraba ejecutoriado.

I.2.2. Informe de los demandados

Ricardo Edgar Flores Carvajal y Primo Martínez Fuentes, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por informe escrito presentado el 19 de julio de 2022, cursante de fs. 673 a 675, manifestaron que: i) A través del Auto de Vista 223/2022, revocaron parcialmente el Auto Interlocutorio de 4 de mayo del señalado año, y deliberando en el fondo declararon ha lugar y procedente el petitorio formulado por el tercero interesado mediante el memorial interpuesto el 21 de enero del citado año, ordenando que el Juez de la causa prosiga con la sustanciación del proceso conforme a derecho sobre división y partición del bien inmueble objeto de la litis y respecto al pedido de ingreso al mismo “…estése a lo dispuesto en numeral 4 del auto objeto de alzada, de fecha 4 de mayo de 2022…” (sic); en tal sentido, el indicado fallo fue coherente con el hilo conductor de los fundamentos y la parte dispositiva; por lo que, mal podría alegarse algún tipo de vulneración al derecho al debido proceso en su componente congruencia de las resoluciones; ii) De acuerdo a lo desglosado en la SCP 0669/2012 de 2 de agosto, para el cumplimiento del debido proceso en sus componentes de motivación y fundamentación, no es necesario que la resolución que se emita sea ampulosa, sino coherente, precisa y clara, que dé a entender los motivos de la decisión; en ese orden, en el aludido Auto de Vista, se describió los antecedentes del proceso; asimismo, la expresión de los agravios formulados por ambos recurrentes, el fundamento jurídico -normativa interna aplicable-, y se estableció las razones del mismo; aspecto diferente es que la accionante no se encuentre de acuerdo; iii) En lo que atinge a la presunta transgresión del debido proceso en sus elementos de seguridad jurídica, acceso a la justicia y cosa juzgada, la impetrante de tutela señaló insistentemente que en el Auto Interlocutorio de 4 de septiembre de 2019, la autoridad judicial otorgó el término de diez días al tercero interesado para que demuestre documentalmente la existencia de otros bienes, y que dicha determinación al encontrarse ejecutoriada ante la caducidad de recurso formulado por el nombrado, en aplicación del art. 113 del CPC debió rechazarse la demanda; empero, en la contestación que efectuó a la misma, pidió y aceptó la división y partición del inmueble ubicado en la calle Murguía 726 entre La Plata y Presidente Montes de la ciudad de Oruro, con base en lo cual el Juez de la causa señaló que cumplido con el plazo “…iba a observar y disponer lo que fuere en ley…” (sic); no indicó que ante el incumplimiento se desestimaría la causa, “…ni por si acaso hace viable la aplicación del art. 113 del CPC…” (sic); por ello, mediante Auto Interlocutorio de 4 de mayo de 2022, dio continuidad al proceso civil; sin embargo, cometió el error de solicitar se arrime documentación sobre los bienes sucesorios de las partes en conflicto, sin tomar en cuenta que el objeto principal de la litis no deviene de una sucesión, sino de una transferencia de compraventa, no pudiendo estar sujeta su división a la integración de otros bienes sucesorios; lo que, en definitiva fue explicado en el referido Auto de Vista; y, iv) La sustanciación de la causa al encontrarse en la etapa de la audiencia preliminar, imposibilita un análisis respecto a su admisión; por lo que, no resultaba aplicable el citado artículo; en tal sentido, impetraron que la tutela sea denegada.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Vladimir López Cárdenas, a través de su abogado en audiencia de garantías expresó que: a) El “día de ayer”, el Juez de la causa debió emitir la sentencia inherente a la división del inmueble objeto del litigio civil que activó contra la accionante; empero, no lo hizo; lo cual, denunció ante el Consejo de la Magistratura; b) Arrimó a la demanda toda la documentación original y legal del inmueble ubicado en la calle Murguía 726 entre La Plata y Presidente Montes de la ciudad de Oruro, no habiéndose identificado ningún otro bien inmueble o mueble con las características de publicidad; c) La impetrante de tutela omitió indicar que comparte con su persona la propiedad del referido inmueble; y que, desde el 2012, solo lo ocupó ella, restringiendo su derecho al uso y disfrute que también le corresponde por la percepción de alquileres; d) La solicitante de tutela, pretende que por medio de esta acción tutelar se dilate el proceso que data de hace más de tres años atrás, para impedir la división y partición del enunciado inmueble; e) La nombrada alegó la existencia de otros bienes -se entiende para su incorporación a la causa civil-; sin embargo, no probó su existencia inobservando el art. 136.I del CPC; y, f) Cabe aclarar que no existe derecho sucesorio como sostuvo la aludida; además, la fase de admisión de la demanda civil fue superada; por lo que, la misma no podía ser desestimada, correspondiendo denegar la tutela solicitada.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 90/2022 de 20 de julio, cursante de fs. 692 a 697, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: 1) La accionante en el petitorio del memorial de contestación a la demanda civil de referencia, cursante de fs. “111 a 114” de forma expresa refirió que: “…mi persona acepta la división y partición del bien inmueble ubicado en la calle Murguía N° 726 entre La Plata y Presidente Montes de esta ciudad…” (sic), que mereció el decreto de 20 de mayo de 2019, que en lo principal y a los otrosíes contestó que “…se tiene presente y por adjunto debiendo estar a lo dispuesto al señalamiento de audiencia preliminar” (sic); y, 2) Después de la notificación del Auto de Vista 223/2022, por proveído de 24 de junio de 2022, el Juez de la causa convocó a las partes a la audiencia complementaria para el 19 de julio del citado año; sin embargo, la impetrante de tutela solicitó fotocopias legalizadas -el 23 de junio de igual año- “…por lo que se puede entender que existe acto consentido, independientemente de que la primera contestación a la demanda, en la que solicita y contesta la división y partición del bien inmueble ubicado en la calle Murguía N° 726…” (sic), incurriendo así en la causal de improcedencia reglada por el art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), impidiendo así un análisis de fondo. En vía de aclaración y complementación, la accionante indicó que el memorial de respuesta a la demanda civil con el que fundamentó la improcedencia reglada de la acción tutelar, fue presentado fuera de término; por lo que, pidió se aclare respecto a su efecto legal; en sustanciación y resolución, la indicada Sala Constitucional, refirió que al ser claro el fallo emitido, no existe nada que aclarar y complementar; asimismo, a la petición del tercero interesado en cuanto al pronunciamiento en torno al pago de costas y costo, no corresponde imponerlas al ser excusable.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. A través de memorial presentado el 31 de julio de 2018, Vladimir López Cárdenas -tercero interesado- formuló demanda de cese de copropiedad más daños y perjuicios -en la vía monitoria- contra Miriam López Cárdenas -accionante-, sobre el inmueble situado en calle Murguía 726 entre La Plata y Presidente Montes de la ciudad de Oruro; en consecuencia, por Auto de 5 de noviembre de ese año, el Juez Público Civil y Comercial Segundo de la Capital del departamento de Oruro, determinó que “…la parte impetrante deberá adecuar su demanda cese [de] copropiedad a una demanda ordinaria o de conocimiento, existiendo disposiciones de voluntades…” (sic), debiendo tramitarse conforme el art. 362 y ss. del CPC; asimismo, con su resultado se dispondrá lo que fuere de ley (fs. 39 a 41 vta. y 70). II.2. Mediante escrito presentado el 5 de febrero de 2019, ante el mismo Juez, en cumplimiento al supra citado Auto, el tercero interesado promovió demanda modificatoria ordinaria de división y partición de bienes contra la impetrante de tutela, la misma que fue admitida el 12 del referido mes y año (fs. 73 a 78). II.3. Por memorial desplegado el 15 de mayo del indicado año, la solicitante de tutela contestó la referida demanda civil; y, por decreto de 20 de igual mes y año, la aludida autoridad judicial determinó: “…estese a lo dispuesto al señalamiento de audiencia preliminar…” (sic [fs. 114 a 119]). II.4. En audiencia preliminar de 4 de septiembre de 2019, la peticionante de tutela refirió que, existía más de un bien en copropiedad -uno en la ciudad de Cochabamba y otro en Oruro-; por lo que, en aplicación del art. 171 del Código Civil (CC), solicitó la inclusión de estos a la causa y también su posterior división y partición; por su parte, el tercero interesado refirió que ninguno emergió de una sucesión hereditaria; que dicha división también fue aceptada por la accionante al momento de responder, debiendo procederse en tal sentido; en sustanciación y resolución, por Auto Interlocutorio de la misma fecha, el Juez de la causa dispuso el saneamiento procesal “…hasta el estado en el que la parte demandante incluya a todos los bienes donde mantengan copropiedad (…) a este efecto deberán demostrar documentalmente la existencia de estos bienes inscritos en la oficina respectiva…” (sic), al efecto concedió el término de diez días, impugnado como fue por el tercero interesado a través del recurso de reposición con alternativa de apelación, fue rechazado, concediéndose la apelación en efecto diferido “…debiendo la parte impetrante realizar su fundamentación ante una eventual apelación conjuntamente con la sentencia definitiva….” (sic); sin embargo, por Auto de 19 de enero de 2022, la referida autoridad judicial declaró la caducidad de la concesión del mencionado recurso y por consiguiente ejecutoriada la resolución impugnada (fs. 175 a 179 y 186). II.5. A través de escrito presentado el 21 del aludido mes y año, el tercero interesado solicitó al Juez de la causa reconduzca el proceso según la pretensión principal de la demanda ordinaria de división y partición del único bien inmueble que cuenta con documentación legal registrada en oficinas de Derechos Reales (DD.RR.); de igual forma, por escrito desplegado el 14 de febrero de igual año, la accionante pidió desestimar la demanda ante el incumplimiento del Auto Interlocutorio de 4 de septiembre de 2019, y disponer la extinción por inactividad; siendo corridos en traslado ambos memoriales (fs. 188 a 190; y, 227 a 231). II.6. Por proveído de 15 de febrero de 2022, el Juez Público Civil y Comercial Tercero -en suplencia de su similar Segundo- de la referida Capital y departamento, dispuso la notificación a la oficina de DD.RR. de Oruro, para que remita certificado treintañal del Testimonio 58/1999 de 22 de febrero; asimismo, fotocopias legalizadas de la Partida 1453 del Libro de Propiedades de la Capital de 1984 (fs. 238). II.7. Mediante Auto Interlocutorio de 4 de mayo de 2022, el Juez de la causa -respecto a la reconducción del proceso-, determinó que se debía considerar la inclusión de todo el acervo hereditario al fallecimiento de Wilfredo López Suárez; en cuanto, a la desestimación de la demanda, en aplicación del art. 136.III del CPC, la carga de la prueba dentro de un proceso civil no solo incumbe al demandante; sino, constituye un deber de ambas partes; asimismo, la probanza de los hechos controvertidos se asumirá en el marco de la verdad material, conforme disponen los arts. 134, 180.I y 439 de la CPE; y, rechazó la petición de ingreso al inmueble objeto de la litis impetrada por el tercero interesado; por memoriales presentados el 9 y 10 de ese mes y año, el prenombrado y la impetrante de tutela, respectivamente, apelaron el citado fallo (fs. 273 a 275; 280 a 281 vta.; y, 285 a 287 vta.). II.8. Por Auto de Vista 223/2022 de 14 de junio, Ricardo Edgar Flores Carvajal y Primo Martínez Fuentes, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -demandados-, revocaron parcialmente el supra citado Auto Interlocutorio, y deliberando en el fondo declararon ha lugar y procedente el petitorio formulado por el tercero interesado en el memorial de 21 de enero de 2022, disponiendo que el Juez de la causa, prosiga con la sustanciación del proceso sobre división y partición del bien inmueble objeto del litigio; y, en relación al ingreso al inmueble ratificaron lo determinado por dicha autoridad (fs. 632 a 639).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes de fundamentación, congruencia, seguridad jurídica, acceso a la justicia y cosa juzgada; refiriendo que, por Auto de Vista 223/2022 de 14 de junio, los Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -demandados-, revocaron parcialmente el Auto Interlocutorio de 4 de mayo de 2022, disponiendo que el Juez de la causa prosiga con la sustanciación del proceso sobre división y partición del inmueble ubicado en calle Murguía 726 entre La Plata y Presidente Montes de la ciudad de Oruro, sin considerar que el Auto Interlocutorio de 4 de septiembre de 2019 -por el cual, el aludido Juez solicitó al tercero interesado la inclusión de todos los bienes en copropiedad-, al no haber sido apelado por el nombrado adquirió calidad de cosa juzgada; asimismo, no respondió a la totalidad de agravios que presentó su persona. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

Al respecto, a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, se estableció que: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala: …a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisa que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señala que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

De los antecedentes remitidos a este Tribunal y conforme a las Conclusiones arribadas en el presente fallo constitucional; se tiene que, a través de memorial presentado el 31 de julio de 2018, Vladimir López Cárdenas -tercero interesado- formuló demanda de cese de copropiedad más daños y perjuicios -en la vía monitoria- contra Miriam López Cárdenas -accionante-, sobre el inmueble situado en calle Murguía 726 entre La Plata y Presidente Montes de la ciudad de Oruro; en consecuencia, por Auto de 5 de noviembre de ese año, el Juez Público Civil y Comercial Segundo de la Capital del departamento de Oruro, determinó que “…la parte impetrante deberá adecuar su demanda cese [de] copropiedad a una demanda ordinaria o de conocimiento, existiendo disposiciones de voluntades…” (sic), debiendo tramitarse conforme el art. 362 y ss. del CPC; asimismo, con su resultado dispondría lo que fuere de ley (Conclusión II.1); mediante escrito presentado el 5 de febrero de 2019, ante el mismo Juez, en cumplimiento al citado Auto, el tercero interesado promovió demanda modificatoria ordinaria de división y partición de bienes contra la impetrante de tutela, la misma que fue admitida el 12 del citado mes y año (Conclusión II.2); a través de memorial desplegado el 15 de mayo del indicado año, la solicitante de tutela contestó la referida demanda civil; y, por decreto de 20 de igual mes y año, la aludida autoridad judicial determinó: “…estese a lo dispuesto al señalamiento de audiencia preliminar…” (Conclusión II.3); en audiencia preliminar de 4 de septiembre de 2019, la peticionante de tutela refirió que existía más de un bien en copropiedad -uno en la ciudad de Cochabamba y otro en Oruro-; por lo que, en aplicación del art. 171 del CC, solicitó la inclusión de estos a la causa y también su posterior división y partición; por su parte, el tercero interesado refirió que ninguno emergió de una sucesión hereditaria; que dicha división también fue aceptada por la accionante al momento de responder, debiendo procederse en tal sentido; en sustanciación y resolución, por Auto Interlocutorio de la indicada fecha, el Juez de la causa dispuso el saneamiento procesal “…hasta el estado en el que la parte demandante incluya a todos los bienes donde mantengan copropiedad (…) a este efecto deberán demostrar documentalmente la existencia de estos bienes inscritos en la oficina respectiva…” (sic), al efecto la autoridad judicial concedió el término de diez días, impugnado como fue por el tercero interesado a través del recurso de reposición con alternativa de apelación, fue rechazado, concediéndose la apelación en efecto diferido “…debiendo la parte impetrante realizar su fundamentación ante una eventual apelación conjuntamente con la sentencia definitiva….” (sic); sin embargo, por Auto de 19 de enero de 2022, la referida autoridad judicial declaró la caducidad de la concesión del mencionado recurso y por consiguiente ejecutoriada la resolución impugnada (Conclusión II.4); a través de escrito presentado el 21 del aludido mes y año, el tercero interesado solicitó al Juez de la causa reconduzca el proceso según la pretensión principal de la demanda ordinaria de división y partición del único bien inmueble que cuenta con documentación legal registrada en la oficina de DD.RR.; de igual forma, por escrito desplegado el 14 de febrero de igual año, la accionante pidió desestimar la demanda ante el incumplimiento del Auto de 4 de septiembre de 2019, y disponer la extinción por inactividad; siendo corridos en traslado ambos memoriales (Conclusión II.5); por proveído de 15 de febrero de 2022, el Juez Público Civil y Comercial Tercero -en suplencia legal de su similar Segundo- de la referida Capital y departamento, dispuso la notificación a la oficina de DD.RR. de Oruro, para que remita certificado treintañal del Testimonio 58/1999 de 22 de febrero; asimismo, fotocopias legalizadas de la Partida 1453 del Libro de Propiedades de la Capital de 1984 (Conclusión II.6); por otra parte, mediante Auto Interlocutorio de 4 de mayo de 2022, respecto a la reconducción del proceso el Juez de la causa, determinó que se debía considerar la inclusión de todo el acervo hereditario al fallecimiento de Wilfredo López Suárez; en cuanto, a la desestimación de la demanda en aplicación del art. 136.III del CPC, la carga de la prueba dentro de un proceso civil no solo incumbe al demandante; sino, constituye un deber de ambas partes; asimismo, la probanza de los hechos controvertidos se asumirá en el marco de la verdad material, conforme disponen los arts. 134, 180.I y 439 de la CPE; y, rechazó la petición de ingreso al inmueble objeto de la litis impetrada por el tercero interesado; por memoriales presentados el 9 y 10 de ese mes y año, el prenombrado y la impetrante de tutela respectivamente, apelaron el citado fallo (Conclusión II.7); y, a través del Auto de Vista 223/2022 de 14 de junio, Ricardo Edgar Flores Carvajal y Primo Martínez Fuentes, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -demandados-, revocaron parcialmente el supra citado Auto Interlocutorio, y deliberando en el fondo declararon ha lugar y procedente el petitorio formulado por el tercero interesado en el memorial de 21 de enero del citado año, disponiendo que el Juez de la causa, prosiga con la sustanciación del proceso sobre división y partición del bien inmueble objeto del litigio; y, en relación al ingreso al inmueble ratificaron lo determinado por dicha autoridad (Conclusión II.8). Bajo dicho contexto fáctico, la impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes de fundamentación, congruencia, seguridad jurídica, acceso a la justicia y cosa juzgada; refiriendo que los Vocales demandados, por Auto de Vista 223/2022, revocaron parcialmente el Auto Interlocutorio de 4 de mayo de 2022, disponiendo que el Juez de la causa, prosiga con la sustanciación del proceso sobre división y partición del inmueble ubicado en calle Murguía 726 entre La Plata y Presidente Montes de la ciudad de Oruro, sin considerar que el Auto Interlocutorio de 4 de septiembre de 2019, adquirió calidad de cosa juzgada; asimismo, no se respondió a la totalidad de agravios que presentó su persona. Ahora bien, identificado el problema jurídico planteado a través de esta acción de amparo constitucional, y desarrollado los antecedentes remitidos a este Tribunal; se tiene que, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, no ingresó al análisis de fondo alegando que la accionante consintió la división y partición del inmueble en la respuesta que presentó a la demanda; sin embargo, siendo que el acto que considera lesivo a sus derechos es el Auto de Vista 223/2022, en el que se determinó la prosecución de la causa para la división de un solo bien inmueble y no el restante que presuntamente tuviera con el tercero interesado; además, de pretender el rechazo de la misma, no correspondía aplicar la improcedencia reglada por el art. 53.2 del CPCo, sino examinar en el fondo el caso. En ese marco, concierne verificar si los Vocales demandados al emitir el fallo cuestionado, incurrieron en las infracciones denunciadas en la presente acción tutelar, correspondiendo estudiar el contenido del recurso de apelación planteado por la peticionante de tutela y el Auto de Vista 223/2022, dictado en su mérito por las aludidas autoridades en cuanto a los fundamentos sobre cuya base fue pronunciado. En tal sentido, por memorial presentado el 10 de mayo de 2022, la solicitante de tutela formuló recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 4 de mayo de 2022, expresando que: i) Por Auto Interlocutorio de 4 de septiembre de 2019, se dispuso el saneamiento del proceso civil seguido por el tercero interesado en su contra, para que él incluya todos los bienes donde mantenga copropiedad con su persona, demostrando documentalmente su existencia y registro en las oficinas respectivas, concediéndole a ese efecto el plazo de diez días; dicho fallo fue impugnado por el nombrado a través del recurso de reposición con alternativa de apelación, que fue rechazado y la alternativa de apelación caducó declarándose en consecuencia ejecutoriado el referido Auto Interlocutorio;

ii) El art. 113.I del CPC, establece que: “…Si la demanda no se ajustare a los requisitos señalados en el art. 110 del presente código, se dispondrá la SUBSANACIÓN de los defectos en plazo de tres días, bajo apercibimiento, en caso contrario, de tenerse por no presentada” (sic); por lo que, apartándose de dicho precepto legal se otorgó el plazo de diez días para que la misma sea subsanada, y pese al tiempo transcurrido no emitió auto de rechazo de la demanda; no obstante, que solicitó reiteradamente dicho aspecto;

iii) El 2019, el Juez de la causa no dispuso los actos tendientes a generar elementos probatorios como lo hace después de dos años, buscando “…admitir y hacer que nazca a la vida jurídica la demanda” (sic), alegando el principio de verdad material;

iv) A petición de contrario, señaló audiencia complementaria, sin mayor fundamento y pese a la existencia del Auto Interlocutorio de 4 de septiembre de 2019; y, v) Al momento de responder la demanda se hallaba vigente la Ordenanza Municipal 050/2018 de 13 de noviembre, a través de la cual se dispuso la amnistía para superficies menores a 110 m y por orden judicial sí se puede disponer la partición y división; por lo que, resulta falso que el bien objeto del litigio no admita cómoda división, pudiendo procederse de tal manera y disponer de ser necesario que se remate el 50% correspondiente al tercero interesado.

En sustanciación y resolución, por Auto de Vista 223/2022, los Vocales demandados revocaron parcialmente el Auto Interlocutorio de 4 de mayo de 2022, y en el fondo declararon ha lugar y procedente el petitorio formulado por el tercero interesado en el memorial presentado el 21 de enero del mismo año; ordenando que el Juez de la causa prosiga con la sustanciación del proceso conforme a derecho, sobre división y partición del bien inmueble objeto del litigio; en relación al ingreso al inmueble “…estése a lo dispuesto en numeral 4 del auto objeto de alzada…” (sic), sin costas; con base en los siguientes fundamentos: a) En los Considerandos I y II, desglosaron los antecedentes procesales que originaron los recursos de apelación formulados por la accionante y el tercero interesado; y, su contenido, respectivamente; y, b) En el Considerando III -Fundamentos de la resolución-; señalaron que: 1) La demanda es el primer acto de inicio de un proceso, constituyendo una manifestación de voluntad cuyo propósito es proteger derechos subjetivos, la misma tiene estrecha relación con el principio dispositivo que rige en matera civil, y en cuyo cumplimiento es el ciudadano o la persona jurídica por intermedio de su representante legal, quien en ejercicio de su derecho subjetivo la suscribe, decidiendo la naturaleza procesal de su pretensión, que puede ser acción ordinaria o de conocimiento, extraordinaria, monitoria, etc., observando los requisitos previstos en el art. 110 del CPC, y a la autoridad judicial le corresponde en ejercicio de su atribución de dirección del proceso, efectuar de principio el análisis de proponibilidad objetiva y subjetiva de la misma; 2) El tercero interesado incoó demanda ordinaria de división y partición del bien inmueble ubicado en la calle Murguía entre Presidente Montes y La Plata de la ciudad de Oruro, registrado con Matrícula 4.01.1.02.0020749 en la oficina de DD.RR. el 27 de noviembre de 1995, afirmando que su persona conjuntamente su hermana Miriam López Cárdenas, lo adquirieron por transferencia de Hermógenes López Gutiérrez, siendo propietarios cada uno en un cincuenta por ciento, “…contenido en Testimonio de la Escritura Pública N° 873 de fecha 24 de noviembre de 1995, inscrito bajo la Partida N° 3306 del Libro de Propiedades de la Capital de 1995, quedando transferida la Partida N° 256 de igual libro de 1962 y registrado en Matricula N° 4.01.1.02.0020749, en Casilla A) de Titularidad sobre el Dominio, en Asiento A – 1…”

(sic); de lo que, se evidencia que Vladimir y Miriam López Cárdenas -partes esenciales del proceso- se constituyen copropietarios del bien inmueble por acto jurídico de compraventa y no por sucesión hereditaria, como erróneamente afirmó el a quo, en el Auto Interlocutorio de 4 de mayo de 2022; 3) Los nombrados son copropietarios del referido bien inmueble en lo proindiviso al 50% de acciones y derechos cada uno de ellos; por lo que, en cumplimiento a lo dispuesto por el art. 167 del CC, tratándose de cosa común no están obligados de permanecer en la comunidad, pudiendo pedir en cualquier momento su división; siendo el objeto de la litis el bien común adquirido en contrato de compraventa y no por la vía de sucesión hereditaria, procede considerar su división y partición, en la presente causa, independientemente de la existencia de otros bienes en estado de indivisión que pudieran tener; por Auto Interlocutorio de 4 de septiembre de 2019, se concedió el plazo de diez días al tercero interesado para demostrar documentalmente la existencia de otros bienes, infructuosamente dado el tiempo transcurrido; no corresponde perder más tiempo a ese fin, dilatándose injustificadamente la prosecución y resolución de la causa; afirmativamente contestó la demandada -peticionante de tutela-por memorial presentado el 17 de mayo de 2019; 4) En cuanto al reclamo del actor, respecto al inicio de la demanda como proceso monitorio de cese de copropiedad, remitido a conciliación cuando de la documentación aparejada se evidenció que corresponde a propiedad de bien común adquirido por contrato de compraventa y no de origen sucesorio, dichas observaciones debieron impugnarse a través de los recursos que franquea la ley en el momento procesal oportuno “…y al no haberse suscitado estos actos de defensa, dieron lugar a la ejecutoria de las resoluciones dictadas…” (sic); y, 5) En lo inherente a lo expresado por la accionante, en torno a que en aplicación del art. 113.I del CPC, debió rechazarse la demanda, por el incumplimiento de lo determinado en el Auto Motivado de 4 septiembre de 2019, de los antecedentes del proceso; se tiene que la demanda ya fue admitida, citada y emplazada a la aludida, encontrándose el proceso en etapa de audiencia preliminar; por lo que, no corresponde de manera alguna la aplicación del referido artículo; ya que, dicho precepto es aplicable cuando la demanda es observada por no cumplir los requisitos previstos en el art. 110 del mismo Código, y la autoridad judicial dispone que el actor subsane los defectos formales en el plazo de tres días; y ante su incumplimiento procede que dicha autoridad lo declare como no presentada, pudiéndose formular otra nueva. Al respecto, de la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se tiene que, el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación de las resoluciones debe ser entendido como la obligación de explicar las razones de la decisión asumida, citando los fundamentos en los que se sustenta la misma, debiendo exponerse los motivos de forma concisa y clara, así como de considerarse que dicha exposición no debe consistir en una mera relación de los documentos ni limitarse a realizar una mención de los requerimientos de las partes, sino contener una estructura de forma y de fondo que permita comprender las razones de la determinación que se toma; además, la congruencia manda responder todos y cada uno de los puntos expuestos en la expresión de agravios. En dicho contexto se puede establecer de manera irrebatible que los Vocales demandados al pronunciar el Auto de Vista 223/2022, expusieron de manera clara las razones de su determinación; en tal cometido, respondieron en el Considerando III, a los agravios expuestos por la impetrante de tutela; así como, por el tercero interesado, estableciendo que el inmueble objeto del litigio -de acuerdo a la documentación presentada-, al haberse adquirido por contrato de compraventa y no por sucesión hereditaria debía ser dividido sin la inclusión de otras propiedades; asimismo, explicaron de manera por demás clara la razón por la cual, el art. 113.I del CPC invocado por la accionante -pretendiendo que se rechace la demanda civil-, resulta inaplicable dada la etapa en la que se encuentra el proceso -audiencia preliminar-; denotándose que motivaron y fundamentaron su determinación; también, respondieron a la totalidad de agravios expuestos no advirtiéndose incongruencia interna ni externa. Resulta necesario aclarar que, si bien la causa civil en un principio fue interpuesta como monitorio de cese de copropiedad, luego de ser observada el 12 de febrero de 2019, fue admitida como demanda modificatoria ordinaria de división y partición de bienes, determinando los Vocales demandados que al no emerger la propiedad objeto de la litis por sucesión hereditaria correspondía su división sin incluir otros bienes. Por otra parte, la accionante tampoco logró acreditar la lesión de sus derechos a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia y cosa juzgada; por lo que, no corresponde otorgar la tutela pretendida. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:CONFIRMAR la Resolución 90/2022 de 20 de julio, cursante de fs.

692 a 697, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0849_2023-S2.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 0c8a57cf4040ec412696732acafe3266ce82069a876baf1344bf20fcbf568241

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →