B.IA.LEGAL

SCP 0848/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 23 de septiembre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
23 de septiembre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
49652-2022-100-AL
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandado, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física y locomoción, a la presunción de inocencia; y, a la fundamentación y motivación de las resoluciones; puesto que, estando detenido preventivamente desde el 27 de septiembre de 2017 “hasta la fecha” -se entiende de interposición de la presente acción de defensa-, solicitó la cesación de la detención preventiva transcurriendo más de veinticuatro meses sin emitirse sentencia; que fue rechazado por el Tribunal de primera instancia; por lo que, formuló el recurso de apelación incidental, siendo resuelto por el Vocal ahora accionado a través del Auto de Vista 291/2022 de 22 de julio, mediante el cual se mantuvo la determinación de primera instancia, estableciendo la improcedencia del referido recurso, derivando a que esa decisión carezca de una debida fundamentación y motivación al no considerar lo establecido por el art. 239.4 del CPP, relacionado con el transcurso del tiempo. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2022 de 30 de agosto, cursante de fs. 37 a 40, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Respecto a la exigencia de motivar y fundamentar que tienen los tribunales de apelación al momento de resolver medidas cautelares
  2. III.2. Sobre un enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa
  3. III.3. Principio de ponderación de derechos. Jurisprudencia reiterada
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0848/2024-S3 Sucre, 23 de septiembre de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 49652-2022-100-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 01/2022 de 30 de agosto, cursante de fs. 37 a 40, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Alejandro Núñez Salgueiro en representación sin mandato de Segundino Martínez Ortíz contra Iván Sandoval Fuentes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 29 de agosto de 2022, cursante de fs. 25 a 27 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Desde el 27 de septiembre de 2017, se encuentra detenido preventivamente por lo dispuesto en el Auto Interlocutorio 67-A/2017 de igual fecha, el cual fue ejecutado mediante mandamiento de detención preventiva emitido en esa oportunidad; por lo que, “a la fecha” -se entiende de interposición de la presente acción de defensa-, se encuentra cumpliendo cuatro años, diez meses y catorce días de privación de libertad en el Centro Penitenciario San Roque de Sucre, de forma ininterrumpida, sin que se hubiese instalado juicio oral, público y contradictorio, menos aún que exista sentencia condenatoria. El 7 de febrero de 2022, solicitó al Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo, Seguridad Social y Sentencia Penal de Camargo del departamento de Chuquisaca, la cesación de su detención preventiva, y al no tener respuesta, el 27 de mayo de igual año, reiteró dicha solicitud, la cual mereció el Auto Interlocutorio 60/2022 de 24 de junio, que declaró la improcedencia de la cesación de la detención preventiva, disponiendo que se efectúe una pericia psiquiátrica en el Instituto Nacional de Psiquiatría “Gregorio Pacheco” de la ciudad de Sucre para establecer si era o no inimputable; motivo por el que suscitó la formulación del recurso de apelación incidental contra el referido Auto Interlocutorio, que fue resuelto a través del Auto de Vista 291/2022 de 22 de julio, determinando la improcedencia de esa impugnación manteniendo incólume el Auto Interlocutorio 60/2022 emitido en primera instancia, cuando en el presente caso la detención preventiva excedió los veinticuatro meses sin que exista sentencia condenatoria, vulnerándose el art. 239.4 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; aspecto que fue desconocido por el Vocal ahora accionado, quien no realizó un análisis exhaustivo de dicha normativa, más aún si se trata de una persona con discapacidad de habla y auditiva, alegando que se trataría de un delito contra la libertad sexual de una persona de la tercera edad, y que con carácter previo se debe tener certeza sobre si es o no inimputable, situación que va contra una persona privada de libertad. Finalmente, el Auto de Vista 291/2022 que negó la solicitud de cesación de la detención preventiva, adolece de fundamentación y motivación, al no considerar lo establecido por el art. 239.4 del CPP, que prevé que la detención preventiva cesará cuando su duración exceda de doce meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro meses sin pronunciarse sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, asesinato, violación a infante, niña, niño, adolescente e infanticidio; más aún cuando el Vocal hoy accionado debió pronunciarse respecto al art. 239.4 del citado Código, el cual establece que concedida la libertad o cuando cese la detención preventiva, el imputado será libre en el día, sin necesidad de trámite alguno; por lo que, en el caso concreto concurriría una inobservancia de la ley penal.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandado, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física y locomoción, a la presunción de inocencia; y, a la fundamentación y motivación de las resoluciones; citando al efecto los arts. 22, 23.I, 116, 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se declare “PROCEDENTE el presente recurso” y se señale fecha y hora de audiencia para su consideración.

I.2. Audiencia y resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 30 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 35 a 36 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante través de su representante sin mandato, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de la acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Iván Sandoval Fuentes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante informe presentado el 30 de agosto de 2022, cursante de fs. 32 a 34, manifestó que: a) Se pronunció el Auto de Vista 291/2022, a través del cual se declaró improcedente el recurso de apelación incidental respecto a una medida cautelar personal en el proceso penal seguido por el delito de violación, con el cual, supuestamente se vulneró los derechos del accionante, indicando que esa determinación inobservó el art. 239.3 del CPP, al estar detenido preventivamente desde el 27 de septiembre de 2017, más de veinticuatro meses sin emitirse una sentencia; b) En el presente caso se está desnaturalizando la acción de libertad, al utilizar los mismos argumentos expuestos en el recurso de apelación incidental contra la resolución de medida cautelar, en el que no se fundamentó cuál de las vertientes de la acción de libertad fue desconocida; puesto que, simplemente se atacó una falta de fundamentación; cuando el referido Auto de Vista se encuentra debidamente fundamentado y motivado; y, c) Con relación a la resolución cuestionada -se entiende Auto de Vista 291/2022- que rechazó la cesación de la detención preventiva, existen varios elementos; puesto que, la víctima es de la tercera edad, se trata de un delito de agresión sexual; por lo que, no solo debe considerarse el transcurso del tiempo, sino debe existir otro análisis; es así que, no opera automáticamente la cesación de la detención preventiva; además de otros elementos que no fueron atacados en el recurso de apelación incidental, razón por la cual dicha impugnación fue declarada improcedente.

I.2.3. Participación del Ministerio Público

Juan Carlos Camacho, Fiscal de Materia, en audiencia señaló que lo argumentado en la presente acción tutelar, debe ser reclamado en la vía ordinaria y en la última instancia, o en su caso, interponiendo una acción de amparo constitucional; por lo que la acción de libertad fue erróneamente planteada.

I.2.4. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 01/2022 de 30 de agosto, cursante de fs. 37 a 40, concedió la tutela solicitada; disponiendo la nulidad del Auto de Vista 291/2022 de 22 de julio, a objeto de que el Vocal ahora accionado, sin espera de turno y en el plazo más breve posible, emita nuevo auto de vista de manera motivada y fundamentada, en el marco de los razonamientos contenidos en la citada Resolución constitucional; bajo los siguientes fundamentos: 1) Si bien es evidente que la acción de libertad no fue clara y precisa, al momento de señalar los fundamentos de derecho relacionados a su petición; empero, se tiene que se alegó la falta de motivación y fundamentación del Vocal ahora accionado, lo cual vulneraría el derecho al debido proceso, así como de un plazo razonable, señalando el representado del accionante, que ese estaría privado de libertad; puesto que, no se ingresó al análisis del art. 239.4 del CPP; 2) La causal prevista por el referido artículo de cesación de medida cautelares, debe tramitarse previo traslado y respuesta de las partes sin necesidad de audiencia, declarando la procedencia, siempre que los actos dilatorios no sean atribuibles al imputado o declarando la improcedencia del beneficio sin posibilidad de suspensión de plazo; 3) El legislador estableció un trámite sumario y rápido para la resolución de ese tipo de peticiones y consideró que el elemento central a ser estimado en ese tipo de petición es el transcurso del tiempo, ponderación que no fue realizada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo, Seguridad Social y Sentencia Penal de Camargo del departamento de Chuquisaca y menos por el Vocal ahora accionado, deviniendo en una falta de motivación y fundamentación, lo cual vulneró el derecho al debido proceso, al no ingresar al análisis dando por bien hecho lo efectuado por el referido Tribunal, con el argumento de que el Auto apelado -se entiende Auto Interlocutorio 60/2022-, estaría referido, entre otros, a que la víctima de violación sería una persona de la tercera edad y el delito de agresión sexual, aspectos que en ningún momento fueron parte del recurso de apelación formulado por el accionante; 4) En el trámite de cesación de medidas cautelares, conforme con el art. 239.4 del CPP, no es posible introducir otros elementos de análisis que estén previstos en la norma expresa, como se lo hizo, vulnerándose el principio de legalidad, introduciendo otros elementos, como el señalado respecto a la presunta inimputabilidad o semi imputabilidad del acusado -accionante-, la tercera edad de la víctima o el hecho de tener que aguardar el resultado de un Informe Psiquiátrico, para definir su detención preventiva, cuando ese hecho será considerado en sentencia dependiendo del resultado del informe; empero, independientemente de la decisión asumida en una audiencia de cesación de la detención preventiva de acuerdo con lo previsto por el art. 239.4 del CPP; y, 5) Ese análisis es al que debe necesariamente ingresar el Vocal hoy accionado para dar una respuesta oportuna y dentro de un plazo razonable a la petición del acusado -accionante-.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de 27 de mayo de 2022, dirigido al Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo, Seguridad Social y Sentencia Penal de Camargo del departamento de Chuquisaca; por el cual Segundino Martínez Ortiz -ahora accionante- reiteró el planteamiento de cesación de la detención preventiva, solicitando que se le imponga medidas menos gravosas a la referida detención y se emita el correspondiente mandamiento de libertad, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de María Cazón Ramírez por Catalina Torres Almazán, por la presunta comisión del delito de violación agravada (fs. 7 a 9). II.2. Mediante Auto Interlocutorio 60/2022 de 24 de junio, el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo, Seguridad Social y Sentencia Penal de Camargo del departamento de Chuquisaca, declaró improcedente el incidente de cesación de la detención preventiva planteado por la defensa del acusado -accionante- (fs. 11 a 15). II.3. Por memorial de 30 de junio de 2022, dirigido al Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo, Seguridad Social y Sentencia Penal de Camargo del departamento de Chuquisaca; el accionante formuló recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 60/2022, el cual declaró la improcedencia de la solicitud de la cesación de la detención preventiva (fs. 16 a 18). II.4. A través de Auto de Vista 291/2022 de 22 de julio, Iván Sandoval Fuentes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -ahora accionado-, declaró improcedente el recurso de apelación incidental formulado por el accionante, manteniendo incólume el Auto Interlocutorio 60/2022 (fs. 20 a 24).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandado, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física y locomoción, a la presunción de inocencia; y, a la fundamentación y motivación de las resoluciones; puesto que, estando detenido preventivamente desde el 27 de septiembre de 2017 “hasta la fecha” -se entiende de interposición de la presente acción de defensa-, solicitó la cesación de la detención preventiva transcurriendo más de veinticuatro meses sin emitirse sentencia; que fue rechazado por el Tribunal de primera instancia; por lo que, formuló el recurso de apelación incidental, siendo resuelto por el Vocal ahora accionado a través del Auto de Vista 291/2022 de 22 de julio, mediante el cual se mantuvo la determinación de primera instancia, estableciendo la improcedencia del referido recurso, derivando a que esa decisión carezca de una debida fundamentación y motivación al no considerar lo establecido por el art. 239.4 del CPP, relacionado con el transcurso del tiempo. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Respecto a la exigencia de motivar y fundamentar que tienen los tribunales de apelación al momento de resolver medidas cautelares

La SCP 0517/2022-S2 de 8 de junio, haciendo referencia a la SCP 0077/2012 de 16 de abril, señala que: «“La jurisprudencia constitucional ha establecido en forma uniforme la observancia en el cumplimiento de las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga la detención preventiva de un imputado, exigencia que debe ser observada tanto por el juez cautelar como por el tribunal que resuelve la apelación de medidas cautelares. Así, la SC 1141/2003-R de 12 de agosto, reiterada por las SSCC 0434/2011-R y 0856/2011-R, entre otras, señaló que: ʽ...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligada a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentesʼ.

En esta perspectiva, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, refiriéndose al cumplimiento de estos requisitos por parte de los tribunales que conocen la apelación de medidas cautelares, estableció lo siguiente: ʽAhora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelarʼ”. El deber de motivación de los fallos se constituye en un elemento fundamental del debido proceso, desarrollado por la SC 0012/2006-R de 4 de enero, la cual sostuvo que: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla”. Asimismo, la SCP 0107/2018-S3 de 10 de abril, expuso que: “Ahora bien, con relación a los límites que deben observar los Tribunales de alzada, al momento de conocer y resolver los recursos de apelación presentados por las partes, en el marco de la aplicación de medidas cautelares el art. 398 del CPP, establece lo siguiente: ʽLos tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resoluciónʼ. Sobre la norma legal precedente, la SCP 0077/2012 de 16 de abril concluyó lo siguiente: ʽ…los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir.

(…) En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva…ʼ. Más adelante, la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre, respecto a este tema señaló: ʽ…ante la interposición de una apelación incidental de medidas cautelares o su sustitución, previo a la celebración de la audiencia de consideración, deberá asegurarse la notificación efectiva a las partes implicadas en el proceso, lo que implica además, que si el imputado se encuentra privado de su libertad, el tribunal de alzada, deberá garantizar su presencia en el verificativo, corriendo con los trámites de rigor para el efecto. Luego y una vez verificada la presencia de las partes, se dará inicio al mismo, otorgándoles la oportunidad de fundamentar oralmente sus alegatos, para finalmente emitir una resolución debidamente motivada, en la que, las autoridades jurisdiccionales, de un lado, deben dar respuesta a todos los agravios denunciados en la apelación; no correspondiendo por tanto, pronunciarse sobre aquellos no apelados, salvo que se trate de defectos absolutos, al no ser, estos últimos, susceptibles de convalidación; y de otro, tratándose de medidas cautelares, fundamentar sobre la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, como es la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible; y la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso y/u obstaculizará la averiguación de la verdad; sustento que imprescindiblemente deberán estar incluidos en la resolución de alzada; argumentos jurídicos que no pueden ser sustituidos por los relacionados por el a quo en el fallo impugnado; y menos dar lugar a la nulidad de obrados, por su falta de consideraciónʼ”’» (las negrillas y el subrayado son nuestros).

III.2. Sobre un enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa

La SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, en cuanto a esa temática establece que: “Los principios y garantías procesales a favor de las víctimas mujeres de violencia, (...), no solo se aplican a los procesos penales, sino, como manda la misma Ley 348, a todas las causas por hechos de violencia contra las mujeres, en todas las materias; consiguientemente, también en la justicia constitucional; pues, (...), es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano. Entendimiento, que es coherente con el principio de verdad material contemplado en el art. 180.I de la CPE, a partir del cual, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la o el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos, encontrando la verdad de los hechos, por encima de mecanismos formales o procesales; con la finalidad que las partes, accedan a una justicia material, eficaz y eficiente. Así, la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, entendió (...), que el contenido del principio de verdad material: …implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja, parcialice o distorsione la percepción de los hechos a la persona encarga [da] de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta e irrazonable que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos de aplicar, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal. El principio de verdad material no solo es predicable respecto a las o los jueces, sino, que como todo principio, se irradia hacia la actividad de las y los diferentes operadores jurídicos, cuyas actuaciones se enmarcan en la debida diligencia, en el marco de los estándares de la Corte IDH y lo previsto expresamente por el art. 86.11 de la Ley 348; según el cual, las decisiones administrativas o judiciales, que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, deben considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. En mérito a lo anotado, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, considera que en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

III.3. Principio de ponderación de derechos. Jurisprudencia reiterada

La SCP 0355/2021-S4 de 26 de julio, citando a su vez a la SC 1497/2011-R de 11 de octubre, señala que: «“Es necesario realizar ineludiblemente una ponderación de derecho, situación que se presenta eventualmente, en ocasiones en la que los derechos fundamentales de unas personas entran en conflicto respecto a los de otras. Derivando en la protección respecto a uno de ellos, sin que esto implique el desconocimiento de los otros. Sino una valoración preferente en atención a que los derechos fundamentales no son absolutos, al estar limitados por los derechos de los demás. Considerando además que, no se agotan en la simple consagración en el texto constitucional, sino que están urgidos de realización material plena, dentro de ello, de su eficaz protección ante cualquier lesión o menoscabo que pudieran sufrir, debiendo para ello, el Estado, adoptar las medidas necesarias tendientes a su efectivización. Así, la SC 0618/2011-R de 3 de mayo, establece que: ‘…la ponderación consiste en dilucidar hasta qué punto está justificado respetar un derecho fundamental cuando hay otros intereses que deben ser atendidos. La ponderación debe entenderse como la armonización de principios constitucionales, guiada por las ideas de unidad de la Constitución y primacía de los derechos fundamentales, entendimiento desarrollado por la SC 1015/2004-R de 2 de julio; que para realizar la ponderación de bienes debe considerarse lo dispuesto por el art. 28 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre ‘Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y el desenvolvimiento democrático’. En el marco de la norma citada y la doctrina del Derecho Constitucional, este Tribunal ha establecido ‘los derechos fundamentales no son absolutos -en su ejercicio-, encuentran límites y restricciones en los derechos de los demás, la prevalencia del interés general, la primacía del orden jurídico y los factores de seguridad y salubridad públicos, que no pueden verse sacrificados en aras de un ejercicio arbitrario o abusivo de las prerrogativas individuales; es decir, que los derechos fundamentales pueden ser limitados en función al interés social’ (SC 0004/2001-R de 5 de enero). De lo expresado se concluye que en una situación en la que se produzca una colisión entre los derechos fundamentales de una persona con los derechos fundamentales de las demás personas o con el interés colectivo, es absolutamente conforme a la Constitución, el restringir el ejercicio de los derechos del primero en resguardo de los derechos de los segundos, lo que supone sacrificar el bien menor en aras de proteger el bien mayor; empero ello exige que esa restricción no suponga eliminar el contenido o núcleo esencial del derecho, lo que obliga a que se busque los medios más adecuados para la restricción de los derechos fundamentales de la persona, sin afectar su contenido esencial. En principio, se supone que todos los derechos deben ceder ante la exigencia de mayor valor, de modo que el Juez, que es el intérprete en general, habrá de sopesar el valor respectivo del derecho y de los argumentos para sacrificarlo, para decidir, en consecuencia, a favor del derecho o de su sacrificio total o parcial. Aunque se acepte que esta ponderación tiene límites -como se tiene dicho, en cuanto al respeto al contenido esencial del derecho- el énfasis se pone en la limitabilidad intrínseca de todo derecho. Ponderar es sopesar. Ponderar los mandatos de la Constitución con el fin de establecer limitaciones a los derechos fundamentales equivale a depositar sobre distintos lugares de esa plataforma diversos pesos, en representación proporcional de la fuerza ejercida por los diversos principios constitucionales, hasta lograr un equilibrio deseado. (…) En la ponderación no se trata de un ‘o todo o nada’, sino de una tarea de optimización, en el que se intente lograr el mayor equilibrio posible entre los valores en juego...‴ . Así, la SCP 0405/2018-S4 de 13 de agosto, concluyó señalando que: “La ponderación es el método de resolución de los conflictos entre los principios y, por tanto, no se opone a la subsunción sino a los criterios de solución de antinomías; es más antes de ponderar entre dos principios en pugna, es preciso un ejercicio de subsunción, formulando un juicio de relevancia respecto de cada uno de ellos. Y, luego, la propia ponderación se endereza a la construcción de una regla apta para la subsunción, pues ponderar consiste en atribuir un peso relativo a los principios relevantes a la luz de las circunstancias del caso, esto, consiste en precisar la condición de aplicación (en los principios en sentido estricto) o la consecuencia jurídica (en las directrices) que en el enunciado constitucional aparecen indeterminadas. En pocas palabras, la ponderación trata de dar respuesta a esta pregunta: a la luz de las propiedades que presenta un caso en el que resultan relevantes dos principios, cuál de ellos debe triunfar y cuál debe ceder; de ahí el resultado de la ponderación sea el establecimiento de una ‘jerarquía móvil’ puesto que un cambio en las circunstancias determina un cambio en la prioridad de los principios. De todo lo anotado, se concluye que el principio de ponderación de bienes y derechos es un mecanismo para dilucidar casos complejos en los que los principios, garantías constitucionales o derechos fundamentales entran en conflicto; teniéndose además que, para la correcta aplicación de éste en la resolución de un caso concreto, necesariamente se deberán utilizar y cumplir ciertos elementos de ponderación que servirán para determinar tanto el grado de satisfacción como de afectación de los derechos, así como la importancia y consecuencias de las mismas”» (las negrillas nos corresponden).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandado, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física y locomoción, a la presunción de inocencia; y, a la fundamentación y motivación de las resoluciones; puesto que, estando detenido preventivamente desde el 27 de septiembre de 2017 “hasta la fecha” -se entiende de interposición de la presente acción de defensa-, solicitó la cesación de la detención preventiva al transcurrir más de veinticuatro meses sin emitirse sentencia; que fue rechazado por el Tribunal de primera instancia; por lo que formuló el recurso de apelación incidental, siendo resuelto por el Vocal ahora accionado a través del Auto de Vista 291/2022 de 22 de julio, mediante el cual se mantuvo la determinación de primera instancia, estableciendo la improcedencia del referido recurso, derivando a que esa decisión carezca de una debida fundamentación y motivación al no considerar lo establecido por el art. 239.4 del CPP, relacionado con el transcurso del tiempo.

Ahora bien, de la revisión de los antecedentes, se tiene que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de María Cazón Ramírez por Catalina Torres Almazán contra el accionante, por la presunta comisión del delito de violación agravada, el acusado -accionante-, reiteró su solicitud de cesación de la detención preventiva al Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo, Seguridad Social y Sentencia Penal de Camargo del departamento de Chuquisaca, solicitando a dicha autoridad la imposición de medidas menos gravosas a la detención preventiva (Conclusión II.1.). Posteriormente, por Auto Interlocutorio 60/2022, el referido Tribunal declaró improcedente el incidente de cesación de la detención preventiva, bajo el argumento de que no se desvirtuaron “aún” los riesgos procesales en los cuales la autoridad jurisdiccional cautelar fundó dicha medida, disponiéndose nuevamente y con carácter imperativo la realización de la pericia psiquiátrica en la persona del acusado “Segundino Martínez Ortiz” -accionante-, la cual debe ser realizada por un profesional del Instituto Nacional de Psiquiatría “Gregorio Pacheco” de la ciudad de Sucre, disponiendo que por Secretaría se remita a dicha Institución, nuevamente los decretos fundamentados “…cursantes a fojas 286 y 448…” (sic), sugiriéndose nuevamente se restablezca la coordinación entre el Régimen Penitenciario a través de su área social y la institución encomendada para la realización de la pericia, de cuyo dictamen pericial dependerá la suspensión o prosecución del trámite del “presente juicio” oral (Conclusión II.2.). Posteriormente, el 30 de junio de 2022, el representado del accionante, formuló recurso de apelación incidental contra la el Auto Interlocutorio 60/2022, ante lo cual el Vocal hoy accionado, emitió el Auto de Vista 291/2022, declarando improcedente el referido recurso de apelación interpuesto por el accionante, manteniendo incólume indicado Auto Interlocutorio 60/2022 (Conclusión II.4.). Ahora bien, siendo que entre los derechos supuestamente vulnerados, se alegó la falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista 291/2022, inicialmente se debe indicar, que toda autoridad al momento de emitir una decisión sea en el ámbito judicial o administrativo, debe enmarcar su criterio dentro del derecho al debido proceso, cumpliendo con una fundamentación y motivación adecuada y expresando los motivos de hecho y de derecho en los que basa su determinación, a efecto de que la decisión asumida no se torne en arbitraria; por ello no es exigible que los fallos tengan que ser ampulosos o extensos en sus argumentos; puesto que, se cumple con la fundamentación y motivación cuando de manera breve pero razonable y coherentemente, se hacen conocer los motivos que llevaron a asumir una decisión; situación que no solamente es exigible al momento de establecer la imposición de la detención preventiva, sino también cuando se la vaya a rechazar, modificar, sustituir o revocar en apelación. En ese contexto, siendo que de acuerdo a lo aseverado por el accionante, el Vocal ahora accionado no fundamentó ni motivó el Auto de Vista 291/2022, por el cual se declaró improcedente el recurso de apelación formulado por el accionante, manteniendo incólume el Auto Interlocutorio 60/2022, que declaró improcedente el incidente de cesación de la detención preventiva; por consiguiente, y con el objeto de verificar, si lo alegado es cierto, corresponde efectuar la contrastación de los agravios alegados por el accionante en su recurso de apelación incidental y las respuestas brindadas por el Vocal hoy accionado en el referido Auto de Vista 291/2022.

En ese sentido, conforme con lo señalado en el memorial de recurso de apelación incidental el accionante alegó como agravios que: i) Se encuentra detenido preventivamente desde el 27 de septiembre de 2017, habiendo transcurrido “a la fecha” -se entiende de interposición de la presente acción de defensa- más de veinticuatro meses sin dictarse sentencia condenatoria contra su persona, lo que motivó que con base a lo previsto por el art. 239.4 del CPP, solicitara la cesación de su detención preventiva, que fue rechazada por el Tribunal de primera instancia, con el argumento de que continuarían latentes los riesgos procesales; ii) La autoridad jurisdiccional al momento de considerar la cesación de la detención preventiva no sólo debió considerar los elementos previstos por los arts. 234 y 235 del CPP, relacionado al peligro efectivo a la sociedad y la víctima, debió valorar todos los aspectos para decidir en la forma que sea menos gravosa para el acusado -accionante-, sin implicar al desarrollo del proceso y la averiguación de la verdad; puesto que, si bien este tipo de delito denota una relevancia social; empero, el derecho a la libertad, según el art. 221 del CPP, solamente puede ser restringida cuando realmente sea necesario; iii) Si bien el proceso penal es por la presunta comisión de un delito contra de la libertad sexual relacionada a una mujer de la tercera edad, también es evidente que él -accionante- es una persona discapacitada, encontrándose detenido más de veinticuatro meses sin dictarse sentencia; iv) Se le está vulnerando su derecho como acusado “…enmarcando esta decisión en la clase de delito…” (sic) que se le atañe, más aún si se alegó que la falta de una pericia retrasaría la normal prosecución de la causa, la cual se considera de carácter fundamental para el proceso y de no realizarse permanecerá de forma indefinida como detenido preventivo en el Centro Penitenciario San Roque de Sucre; y, v) Se debe interpretar la norma bajo los principios de interpretación de las medidas cautelares, así de acuerdo a los arts. 7, 221 y 222 del citado Código, la aplicación de los principios de excepcionalidad y de favorabilidad, deben ser aludidos ante la duda en la aplicación de una medida cautelar, debiendo el Juez estar a lo más favorable al imputado. Resolviendo los agravios mencionados precedentemente, se tiene que el Vocal ahora accionado en el Auto de Vista 291/2022, refirió que: a) El art. 398 del CPP, prevé que los Tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución; es decir, a los agravios establecidos contra el auto recurrido y si bien la defensa del acusado hizo referencia a que éste se encontraría detenido más de veinticuatro meses sin que se haya dictado sentencia al estar detenido preventivamente desde el 27 de septiembre de 2017; empero, con relación al Auto Interlocutorio 60/2022 no se señaló cuál sería el agravio en el que incurrió el Tribunal de primera instancia; b) El citado Auto tiene como base varios argumentos, entre los que señala que la víctima es de la tercera edad, se está frente a un delito que es de agresión sexual, así como dicho Auto mencionó que el transcurso del tiempo no significa meramente que pasaron los veinticuatro meses, cuando existe otro análisis, constituyéndose aspectos diferentes del cual el Tribunal de primera instancia se valió para rechazar el incidente, dejando de lado que no es el “mero” transcurso del tiempo de los veinticuatro meses para que automáticamente tenga que operarse la cesación a la detención preventiva; y, c) Esos otros argumentos no fueron atacados en el recurso de apelación incidental, lo que hubiese permitido tener a esa instancia mayores elementos a decir, como el “…transcurso del tiempo versus un delito de agresión sexual a persona de la tercera edad…” (sic); elementos que igualmente debieron ser rebatidos en la impugnación; por lo que, ante la carencia de elementos a rebatir, impide ingresar a mayores consideraciones de orden legal y doctrinal, lo que hace a que ese único motivo recursivo sea declarado improcedente. Conforme con lo señalado precedentemente y analizados los agravios del recurso de apelación incidental y los argumentos que respondieron a los mismos en el Auto de Vista 291/2022, se considera que el Vocal ahora accionado no desconoció el derecho del accionante a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones; puesto que, expuso de manera motivada las razones por las cuales le llevó a asumir la determinación de declarar improcedente el recurso de apelación incidental disponiendo que se mantenga incólume el Auto Interlocutorio 60/2022, por el cual se declaró improcedente el incidente de cesación de la detención preventiva planteado por la defensa del acusado; en ese sentido, se tiene que el accionante como agravio central de su recurso de apelación se circunscribió en el hecho de que el Juez de la causa no consideró que se encontraba detenido más de veinticuatro meses sin dictarse sentencia contra su persona, haciendo referencia a que el proceso penal que se le sigue sería por la presunta comisión de un delito contra la libertad sexual relacionada a una mujer de la tercera edad encontrándose en contraposición el hecho de que él sería una persona con discapacidad de habla y de audición; aspectos, que el Vocal hoy accionado consideró, al señalar primero que el solo transcurso del tiempo; es decir, el paso de los veinticuatro meses no operaban automáticamente para otorgar la cesación de la detención preventiva; asimismo, señaló razonablemente que las autoridades de alzada deben ceñir sus resoluciones a los aspectos cuestionados en la resolución apelada, y que en el caso concreto si bien se hizo referencia al transcurso del tiempo al señalarse que el acusado se encontraba detenido preventivamente desde la fecha referida -27 de septiembre de 2017-; sin embargo, no se señaló el agravio concreto en el que incurrió el Juez de primera instancia respecto al Auto Interlocutorio 60/2022; además de indicar que el citado Auto, analizó varios aspectos, entre los cuales se encontraría que la víctima es -mujer- víctima de la tercera edad, que se trataría de un delito de agresión sexual y explicando que habiendo otros análisis en los cuales el Tribunal de primera instancia, se validó para declarar la improcedencia del incidente; empero, éstos no fueron atacados en el recurso de apelación incidental, impidiendo -conforme lo indicó la el Vocal ahora accionado- que se analicen mayores elementos, como “…transcurso del tiempo vs. un delito de agresión sexual a persona de la tercera edad…” (sic), lo cual debió igualmente merecer el planteamiento de agravios y rebatidos en la impugnación. En ese contexto, no se evidencia vulneración a los derechos del accionante, por cuanto el Vocal ahora accionado encuadró su razonamiento en el hecho de que los Tribunales de alzada solamente pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expuestos en el recurso de apelación, lo que impediría ir más allá de lo que no fue cuestionado y fallar únicamente respecto a lo que se alegó como agravios en la impugnación; por cuanto, las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dar respuesta a todos los agravios invocados en el citado recurso; situación que en el presente caso ocurrió, no siendo evidente que Auto de Vista 291/2022, se encontraría ausente de fundamentación y motivación. Ahora bien, en cuanto a la aplicabilidad del art. 239.4 del CPP, la cual establece -entre otros- que las medidas cautelares personales cesaran “Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación de infante, niña, niño o adolescente, infanticidio…”; aspecto alegado que constituiría central para el accionante como causa para determinar la cesación de la detención preventiva; sin embargo, no se puede dejar de lado que el Vocal hoy accionado, hizo referencia a que el Auto Interlocutorio 60/2022 alegó varios aspectos, entre los cuales se encontraba el tipo de delito y la calidad de la víctima, que al no ser cuestionados en apelación no merecieron criterio alguno; no obstante, se debe mencionar que conforme con lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los casos en los que se traten hechos de violencia hacia las mujeres, la jurisdicción constitucional se encuentra obligada a realizar un examen exhaustivo del caso en análisis, por ello es que siendo que el acusado -accionante- en su recurso de apelación incidental no se refirió o cuestionó como agravio otros aspectos en los que se fundó el mencionado Auto del Tribunal de primera instancia, como ser que no se desvirtuaron aún los riesgos procesales en los que la autoridad jurisdiccional cautelar fundó dicha medida y la reiteración urgente de la realización de la pericia psiquiátrica en la persona del acusado; no se debe dejar de lado que el Vocal ahora accionado igualmente advirtió que se encontraba en conflicto el “…transcurso del tiempo vs. un delito de agresión sexual a persona de la tercera edad…” (sic), denotando de manera concreta, que el solo transcurso del tiempo no podía operar para otorgar la cesación de la detención preventiva cuando existen en conflicto los derechos de la víctima; siendo correcta la decisión ahora cuestionada por el accionante a través de su representante sin mandato la cual se encuentra emitida bajo el amparo de un enfoque de protección de los derechos de las mujeres cuando se encuentran dentro de hechos de violencia en razón de género, existiendo igualmente el componente de que se trataría de una persona adulta mayor. En ese contexto, el Auto de Vista 291/2022, se encuentra debidamente fundamentado y motivado; puesto que, si bien sus argumentos no fueron ampulosos; no obstante, cumple con la motivación suficiente para explicar la razón por la cual no correspondería la cesación a la detención preventiva por el solo transcurso del tiempo. Por otro lado, se debe hacer notar sobre la provisionalidad de las medidas cautelares, la cual podrá ser modificada o sustituida en función a los nuevos elementos de convicción presentados ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional de la investigación, debiendo ser esa instancia -ante la existencia de colisión de los derechos fundamentales- la que conforme a un enfoque de género y la protección del adulto mayor, así como de los derechos de las personas con discapacidad -acusado-resolverá la causa, sin restringir el ejercicio de los derechos del primero en protección de los derechos del segundo, lo que implica el sacrificio del bien menor con la finalidad de proteger el bien mayor; lo cual conforme se señaló en el Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo constitucional, dicha restricción no implica que el contenido o núcleo esencial del derecho desaparezca, debiendo más bien buscarse los medios más idóneos para que esa restricción no afecte como se dijo el contenido esencial de los derechos del imputado ni de la víctima. En ese sentido, el Vocal ahora accionado cumplió con emitir una resolución debidamente fundamentada y motivada conforme con los fundamentos del presente fallo constitucional, los cuales fueron descritos precedentemente; por consiguiente no resulta evidente la vulneración del derecho al debido proceso vinculado al derecho a la libertad física y locomoción, así como respecto a la presunción a la inocencia; razones por las cuales igualmente debe denegarse la tutela solicitada, respecto a esos derechos. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2022 de 30 de agosto, cursante de fs. 37 a 40, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0848_2024-S3.pdf · páginas 1 a 18.

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