Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 26 de julio de 2023
Concede en parte la tutela
El impetrante de tutela denuncia que en audiencia preliminar del proceso civil que inició contra los ahora terceros interesados, el Juez de primera instancia rechazó la contestación, excepción y demanda reconvencional por extemporáneo, generando que los mismos planteen recurso de apelación contra dicha determinación; impugnación que al ser de conocimiento de los Vocales ahora demandados, mereció el Auto de Vista 67 de 29 de julio de 2021 anulando obrados hasta el señalamiento de una nueva audiencia preliminar; no obstante, en su emisión, se lesionó el derecho al debido proceso en sus elementos: 1) Congruencia, debido a que ninguna de las partes solicitó anular obrados; y, correspondía revocar o confirmar el Auto de 1 de diciembre de 2020 impugnado; y, 2) Motivación, ya que se aplicó arbitrariamente el régimen de nulidades procesales, omitiendo considerar que las mismas se rigen por los principios de especificidad y finalidad del acto, y que en su caso no existe causal expresa contemplada por la ley, además, que se cumplió la finalidad de la “notificación” de 24 de mayo de 2017. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, desarrollando para ello los siguientes temas: i) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; ii) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; iii) El contenido esencial de la debida fundamentación y motivación; y, la arbitrariedad en la fundamentación y motivación; iv) Principios rector…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 55/2022 de 19 de abril de 2022, cursante de fs. 789 vta. a 794 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 67 de 29 de julio de 2021, debiendo emitirse una nueva resolución conforme los Fundamentos Jurídicos contenidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada en cuanto a la lesión del derecho al debido proceso en su elemento congruencia, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expresados en el presente fallo constitucional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0848/2023-S1 Sucre, 26 de julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 47880-2022-96-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 55/2022 de 19 de abril, cursante de fs. 789 vta., a 794 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Julio Claros Muñoz contra Miriam Rosell Terrazas y Oscar Jesús Menacho Angeleri, Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
A través de memoriales presentados el 4 de abril de 2022, cursantes de fs. 712 a 717; y, 727 y vta., la parte accionante expresó lo siguiente:
En marzo de 2017, interpuso demanda ordinaria de pago de obligación por concepto de alquiler adeudado de un vehículo contra Sandy, Claudia, Ronald, Roxana, Jimena, y Jhonny Franz, todos de apellidos Ovando Montaño –ahora terceros interesados–, la cual fue admitida por el Juez Público Décimo Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, disponiendo la citación de los prenombrados; posteriormente, en mérito a la recusación que planteó contra la indicada autoridad judicial, el proceso fue remitido a su similar Décimo Primero, quien en audiencia preliminar de 1 de diciembre de 2020 rechazó la contestación, reconvención y excepciones planteadas por Claudia, Ronald, Roxana y “Johny” todos Ovando Montaño, manifestando que transcurrió más de un año desde la citación practicada el 24 de mayo de 2017 hasta la contestación, excepción y reconvención de 20 de junio de 2018.
Así, ante la determinación asumida precedentemente, Claudia, Ronald, Roxana y “Johny” todos Ovando Montaño, interpusieron recurso de apelación que fue de conocimiento de los Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –ahora demandados–, quienes emitieron el Auto de Vista 67 de 29 de julio de 2021 anulando obrados hasta el señalamiento de una nueva audiencia preliminar; no obstante, al momento de emitir dicho fallo se lesionó su derecho al debido proceso en sus elementos, congruencia y motivación, debido a que ninguna de las partes solicitó anular obrados; por lo que, se debía considerar si ameritaba revocar o confirmar el Auto de 1 de diciembre de 2020 impugnado; además, arbitrariamente se confirió eficacia a la citación de 23 de mayo de 2018, sin considerar que los demandados fueron citados el 24 de mayo de 2017.
El impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos congruencia y motivación, sin citar normativa alguna que lo contenga.
Solicitó se conceda la tutela, y se disponga dejar sin efecto el Auto de Vista 67 de 29 de julio de 2021, debiendo pronunciarse un nuevo Auto de Vista que respete sus derechos.
Celebrada la audiencia pública el 19 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 784 a 789 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó los términos de su acción de amparo constitucional y ampliando el mismo, manifestó que la vulneración versa sobre la motivación arbitraria del Auto de Vista 67, que se traduce en la arbitraria aplicación del régimen de nulidades procesales; toda vez que, las nulidades procesales se rigen por una serie de principios como el de especificidad, relativo a que no existe nulidad sino hay texto legal que así lo establezca; y, el de finalidad del acto, que refiere que si se cumplió la finalidad prevista por la norma, entonces el acto no puede ser anulado siendo válido; así, en el proceso civil del cual deviene la acción de amparo constitucional, se tiene que interpuesta la demanda el 7 de marzo de 2017, inicialmente se convocó a conciliación para el 28 de igual mes y año, en la cual no se llegó a un resultado favorable, por lo que, el proceso fue derivado al “Juez natural”, quien admitió su demanda; de ahí que, el 24 de mayo del citado año, se “notificó” a Roxana, Ronald y Jhonny todos de apellidos Ovando Montaño con el acta de conciliación fallida y la admisión de la demanda, y no se notificó la demanda porque ya era de conocimiento de los referidos; por lo tanto, de ninguna manera se violentó el derecho de defensa. Entonces a partir de ese momento empezó a correr el plazo de treinta días para que excepcionen, contesten, reconvengan, o vean lo que consideren conveniente para la defensa de sus intereses. Posteriormente, el 23 de mayo de 2018 se operó una segunda citación a los mismos sujetos procesales; en tal sentido, el 20 de junio del citado año, los demandados del proceso civil contestan y reconvienen; no obstante, había transcurrido un año desde su primera citación; por lo que, la Jueza de primera instancia en la vía de saneamiento procesal decide que la contestación, reconvención y excepciones estaban fuera de término; ahora bien, los Vocales ahora demandados considerando la “notificación” del 23 de mayo de 2018, debido a que la primera del 24 de mayo de 2017 no incluyó el memorial de demanda, por lo que, anularon obrados; sin embargo, no existe causal expresa contemplada por la ley, debiendo considerarse que el art. 105 del Código Procesal Civil (CPC) es claro al establecer que no hay nulidad sin texto expreso por norma; además, debió tomarse en cuenta la “notificación” del 24 de mayo de 2017 para el cómputo del plazo para contestar y reconvenir, porque cuando se notificó dicha fecha, no era necesario incluir el memorial de demanda ya que la misma era de conocimiento de los demandados –ahora terceros interesados–, cumpliendo con su finalidad; y, no existe vulneración del derecho a la defensa y menos una nulidad de obrados.
Miriam Rosell Terrazas y Oscar Jesús Menacho Angeleri, ex Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentaron informe escrito, ni concurrieron a la audiencia señalada pese a su legal citación cursante a fs. 731 y 734. Efraín Cruz Limachi y Freddy Pérez Chavarria, actuales Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través de informe escrito presentado el 19 de abril de 2022, cursante a fs. 782 y vta., solicitaron se deniegue la tutela, manifestando que el Auto de Vista 67 de 29 de julio de 2021, fue emitido con la debida fundamentación aplicando principios y normativa; y, precautelando los derechos de las partes los Vocales antecesores (Miriam Rosell Terrazas y Oscar Jesús Menacho Angeleri), observaron y fundamentaron que el cómputo de la Jueza de primera instancia era incorrecto, y que Jhonny Franz, Roxana y Ronald todos Ovando Montaño, fueron notificados correctamente el 23 de mayo de 2018, y que a partir de dicha fecha los mismos se encontraban habilitados para interponer cualquier excepción o reconvenir; por lo que, resolvieron anular obrados, corrigiendo el procedimiento en el marco de las facultades previstas en el art. 106 del Código Procesal Civil (CPC) -Ley 439 de 439 de 19 de noviembre de 2013-.
Jhonny Franz, Roxana, Ronald y Claudia, todos de apellidos Ovando Montaño, a través de memorial presentado el 19 de abril de 2022, cursante a fs. 780 y vta.; así como en en audiencia, solicitaron se deniegue la tutela, manifestando al efecto que: a) El Auto Supremo 284/2017-RI de 15 de marzo, establece que ante un Auto de Vista anulatorio corresponde la interposición del recurso de casación en la forma, aspecto que no fue considerado por el accionante; b) “…para el accionante supuestamente nuestro memorial de contestación negativa a la demanda, de excepciones y de demanda reconvencional habría sido interpuesto de manera extemporánea; sin embargo para nuestras personas y para la sala Civil Primera ahora demandada, dicho memorial ha sido presentado dentro del plazo establecido por ley, EN ESE SENTIDO NOS ENCONTRAMOS FRENTE A HECHOS CONTROVERTIDOS que no corresponde dilucida en la vía constitucional sino en la jurisdicción ordinaria…” (sic); c) El 24 de mayo de 2017 fueron “notificados” erróneamente con un acta de conciliación fallida sin que se los “notifique” con la demanda; posteriormente, el 23 de mayo de 2018 fueron “notificados legalmente” con la demanda principal y el Auto de admisión; a lo que, dentro del plazo opusieron excepción, contestaron negativamente a la demanda e interpusieron reconvención de nulidad de documento, los cuales fueron notificados a la parte demandante -impetrante de tutela-, mismo que contestó a la excepción y a su demanda reconvencional convalidando los actos supuestamente irregulares; en tal sentido, debe considerarse que el art. 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo) determina que la acción de amparo constitucional no procederá contra actos consentidos libre y expresamente o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; d) La Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) “0029/2019-S4” establece ciertas autorestricciones de la jurisdicción constitucional, señalando que la misma se halla impedida de realizar la labor interpretativa de jueces y tribunales ordinarios, y que la acción de amparo constitucional es una acción de carácter tutelar, no un recurso casacional que forme parte de la vía ordinaria; por lo que, no puede valorar pruebas; además, para cuestionar una interpretación de la legalidad, debe cumplir ciertas exigencias; y, e) El peticionante de tutela manifestó que el citado Auto de Vista 67 es incongruente, debido a que al momento que sus personas interpusieron el recurso de apelación, no hubiesen solicitado la anulación; no obstante, no se consideró que en mérito a lo establecido en el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010- concordante con el art. 106 del CPC, puede anularse de oficio todo el proceso en el que se encontraren infracciones que interesen al orden público; extremo que, los Vocales ahora demandados optaron por la nulidad del Auto de 1 de diciembre de 2020 al evidenciar que se vulneraban sus derechos. Sandy Ovando Montaño, a través de su abogado en audiencia alegó que evidentemente fue notificada el 24 de mayo de 2017, motivo por el cual, haciendo uso de su derecho contestó y opuso excepciones; sin embargo “Roxana, Ronald y Franz Ovando” fueron “notificados” el 23 de mayo de 2018 con todas las actuaciones procesales a efecto de que asuman su derecho a la defensa y puedan contestar la demanda dentro del plazo de treinta días; situación que, una vez contestada la demanda negando todos los extremos, correspondía el desarrollo de la demanda; no obstante, dicha situación no fue tomada en cuenta por la Jueza de primera instancia; razón por lo que interpusieron recurso de apelación.
Jimena Ovando Montaño, mediante su abogado en audiencia manifestó que se adhiere a lo referido por los demás terceros interesados, en el entendido que, la acción de amparo constitucional es un medio eficaz para asegurar el respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; en ese entendido “…el Auto de Vista dictado y recurrido que es objeto del presente recurso extraordinario ha sido dictado anulando obrados, haciendo uso de la facultad potestativa del juzgado de poder revisar el proceso para evitar que el mismo se tramite con vicios de nulidad, lo cual genere la indefensión y dañe el debido proceso, en ese entendido que se puede decir que los actos procesales que no han cumplido con la normativa legal son nulos de pleno derecho, consecuentemente entran en los vicios de nulidad expresos…” (sic).
La Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz, a través de Resolución 55/2022 de 19 de abril, cursante de fs. 789 vta., a 794 vta., denegó la tutela impetrada, manifestando al efecto que, de la lectura del Auto de Vista 67 de 29 de julio de 2021, se tiene que el mismo se refiere al recurso de apelación interpuesto por los terceros interesados –entonces recurrentes–, e interpretando el art. 17 de la LOJ concordante con el art. 106 del CPC, se infiere que es posible anular de oficio todo el proceso en el que se encontrare infracciones que interesan al orden público; revisión de oficio que corresponde realizar en aplicación al principio de eficacia que deben contener las resoluciones judiciales; además, el indicado Auto de Vista advierte que en la “notificación” realizada el 24 de mayo de 2017 no se citó con la demanda principal, y posteriormente, el 23 de mayo de 2018, los mismos demandados, fueron citados con la demanda y su admisión, empezando a correr el cómputo del plazo para que hagan uso de sus derechos; por lo que, se estableció que la Jueza de primera instancia equivocó el cómputo del plazo para la presentación de la contestación y la demanda reconvencional. Consecuentemente, se advirtió que el Auto de Vista 67 tiene una suficiente comprensión; además, el accionante no estableció “…porque considera que esta labor interpretativa establecida en el Auto de Vista resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, ilógica o con un error evidente, ni tampoco ha identificado en su caso las reglas de interpretación que fueron omitidos por la instancia judicial, ni tampoco este nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otras situación absurda por no aplicar la interpretación que considero debió efectuarse y los derechos y/o garantías que fueron lesionados con dicha interpretación” (sic).
De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso ordinario de pago de obligación seguido por Julio Claros Muñoz contra Roxana Ovando Montaño y otros, en audiencia preliminar, Ángela Patricia Hira Ramírez, Jueza Pública Civil y Comercial Décima Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz emitió Auto de 1 de diciembre de 2020, resolviendo no considerar el memorial de 20 de junio de 2018 (interposición excepción previa de prescripción, contestación a la demanda y demanda reconvención sobre nulidad de documento) presentado por Claudia, Ronald, Roxana y Jhonny Franz, todos de apellidos Ovando Montaño, por extemporáneo (fs. 600 a 606). II.2. A través de memorial de 3 de diciembre de 2020, Claudia, Ronald, Roxana y Jhonny Franz todos Ovando Montaño, interponen recurso de apelación contra el Auto de 1 del citado mes y año, solicitando se revoque dicha resolución, manifestando debido a que al determinar que la excepción y la demanda reconvencional serían extemporáneos, se impidió de manera ilegal que formen parte del proceso en calidad de “demandados” y reconvencionista, transgrediendo sus derechos a la defensa e igual de partes, y conforme establece el art. 74 del CPC la citación con la demanda será practicada en forma personal, y en la citación se entregará a la parte copia de la demanda y su resolución, debiendo constar en la diligencia respectiva con indicación del lugar, fecha y hora con la firma del o la citada, así como del servidor público (fs. 611 a 613). II.3. Mediante Auto de Vista 67 de 29 de julio de 2021, Miriam Rosell Terrazas y Oscar Jesús Menacho Angeleri, Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –ahora demandados– resuelven anular obrados “hasta fs. 589 del expediente original”, debiendo la autoridad de primera instancia señalar nueva audiencia preliminar considerando la contestación a la demanda y su reconvención, además de las excepciones formuladas en procura de evitar nulidades posteriores; manifestando al efecto:
“A través de los recursos que la ley franquea según la resolución contra la cual se pretenda recurrir, por lo que se constituye en el medio a través del cual se fiscaliza no solamente la decisión asumida por el Juez o Tribunal, sino la legalidad de la Resolución, constituyéndose el derecho de impugnación en la petición que se materializa con la emisión de una Resolución que el Tribunal ha de brindar dando respuesta a los motivos que dieron lugar a la misma, que además de ser pertinente debe ser motivada y fundamentada, concordante con lo determinado por el Art. 265-I) del Código Procesal Civil, que dice que el Auto de Vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior, que hayan sido objeto de apelación. Sin embargo de ello, no menos cierto es que, de la interpretación del art. 17-I de la Ley N° 025, concordante con el art. 106.I del CPC, se infiere que el Tribunal de Alzada puede anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público, revisión de oficio que corresponde realizar en aplicación del principio de eficacia que deben contener las resoluciones judiciales conforme prescribe el art. 180.I de la CPE. II.2.- Que, analizado el auto apelado, el recurso de apelación y los antecedentes del presente proceso, se establecen las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: Bajo ese contexto legal, debemos notar que los recurrentes CLAUDIA, RONALD, ROXANA Y JHONNY FRANZ todos OVANDO MONTAÑO señalaron principalmente en su recurso de apelación, la errónea argumentación de la Juez A quo, acusando de extemporánea la presentación de sus excepciones como de su demanda reconvencional, para lo cual es necesario acudir a las actuaciones procesales que cursan en el expedientes; se tiene a Fs. 248 de obrados el Auto de admisión de la demanda principal de fecha 06 de abril de 2017, luego de Fs. 249 a 250 de obrados cursan las citaciones con la demanda y el auto de admisión realizadas a las demandadas SANDY, JIMENA Y CLAUDIA OVANDO MONTAÑO, diligencias realizadas en fecha 17 de abril del 2017, subsiguientemente de Fs. 261 a 262 de obrados, cursa en el expediente la notificación realizada a los demandados JHONNY FRANZ, ROXANA Y RONALD OVANDO MONTAÑO en fecha 24 de mayo del 2017, lo que de alguna manera causa asombro a este Tribunal es que en dicha diligencia se advierte que solamente se notificó con el Acta de conciliación fallida (Fs. 247), el Auto de admisión de demanda (Fs. 248), memorial de contestación a la demanda presentado por SANDY, JIMENA Y CLAUDIA OVANDO MONTAÑO (Fs. 251), diligencia de Fs. 256, informe de Fs. 253 y el Auto de Fs. 253 Vlta. Evidentemente, de la descripción de las actuaciones con las que se notificó a JHONNY FRANZ, ROXANA Y RONALD OVANDO MONTAÑO según diligencias de Fs. 261 a 262 de obrados podemos notar que ninguno de los tres últimos co-demandados fue citado con la demanda principal, sin embargo y de manera extraña, posteriormente cursante de Fs. 333 a 334 de obrados, los mismos tres últimos co-demandados JHONNY FRANZ, ROXANA Y RONALD OVANDO MONTAÑO nuevamente fueron citados con la demanda principal y su admisión entre otras actuaciones, en fecha 23 de mayo de 2018. De lo detallado, notoriamente la diligencia realizadas a los co-demandados JHONNY FRANZ, ROXANA Y RONALD OVANDO MONTAÑO mediante Fs. 333 a 334 de obrados, es la realizada de manera correcta toda vez que en ella se puede verificar que los demandados mencionados fueron debidamente notificados con las actuaciones que corresponden para el caso de autos, es decir para que dichos litigantes pueden contestar la demanda principal, excepcionen o en su caso formulen demanda reconvencional. (…) En ese entendido, corresponde señalar que el procedimiento establecido para la presente causa, rige en nuestro Código Procesal Civil específicamente en su artículo 362 y siguientes, procedimiento que tiene distintas etapas las cuales deben desarrollarse de manera ordenada y secuencial, de acuerdo a la jurisprudencia mencionada en líneas precedentes, y de esa manera la Juez A quo como representante del Estado pueda otorgar a las partes la máxima garantía de igualdad y defensa de sus derechos en resguardo del debido proceso. Situación que notoriamente no ocurrió en el caso de autos que nos ocupa, toda vez que ante este caso de citaciones y/o notificaciones realizadas a los co-demandados, la autoridad judicial cayó en error al calcular un mal cómputo de las fechas de las notificaciones, para analizar si los co-demandados se encontraban o no dentro del plazo establecido para poder contestar, oponer sus excepciones o en todo caso reconvenir. Tomando en cuenta que la diligencia realizada a los co-demandados JHONNY FRANZ, ROXANA Y RONALD OVANDO MONTAÑO mediante Fs. 333 a 334 de obrados con la demanda principal y su Auto de admisión, realizada en fecha 23 de mayo del 2018, fue tramitada de manera correcta, entonces a partir del día siguiente hábil empieza el computo del plazo para que los mismos hagan uso de sus derechos (contestar oponer excepciones o reconvenir) si así lo vieren conveniente. Art. 90 de la Ley 439. Concordante con ello, el artículo 363 del mismo Código Adjetivo instruye: ARTICULO 363. (PROCEDIMIENTO). I. Agotada la vía conciliatoria, el proceso se iniciará con la presentación de la demanda, que deberá reunir los requisitos de forma y contenido señalados en el Artículo 110 del presente Código.
II. Dictada la providencia de admisión de la demanda, en ella se correrá traslado y se ordenará la citación de la parte demandada. III. Citada legalmente, la parte demandada deberá contestar en el plazo de treinta días. IV. A tiempo de la contestación, la parte demandada podrá reconvenir. Se correrá traslado de la reconvención a la parte actora, para que conteste en el mismo plazo de treinta días. V. Si se opusieren a la demanda o la reconvención, excepciones previas, se correrá traslado a la parte actora o a la parte demandada, según fuere el caso, por un plazo de quince días. VI. Transcurridos los plazos señalados, con contestación o sin ella, se convocará de oficio audiencia preliminar en un plazo no mayor a cinco días. Que, para el presente caso, los co-demandados habiendo sido citados en fecha 23 de mayo del 2018, según diligencias de Fs. 333 a 334 de obrados, teniendo como plazo máximo de 30 días de acuerdo a lo establecido en el Art. 128-I del Código Procesal Civil, para contestar o incluso presentar sus excepciones; de las actuaciones procesales podemos advertir que por memorial de fecha 20 de junio del 2018, cursante de Fs. 344 a 351 de obrados, JHONNY FRANZ, ROXANA, RONALD y CLAUDIA OVANDO MONTAÑO formularon excepción previa de prescripción, respondieron negativamente a la demanda, interpusieron demanda reconvencional sobre nulidad de documento por ilicitud, además de adjuntar prueba documental, prueba por informe, pericia y confesión judicial provocada. Por lo expuesto, ciertamente la autoridad jurisdiccional debido al equívoco cómputo del plazo para la presentación de la contestación a la demanda y la demanda reconvencional, ha vulnerado el debido proceso, y el derecho a la defensa que les asiste a los co-demandados, situación por la que indudablemente en el caso de autos que nos ocupa, la Juez A quo dictó una resolución vulneradora de derechos y garantías constitucionales como el debido proceso y el derecho a la defensa sobre todo, vulneraciones que evidentemente causan agravios a la parte recurrente ya que la resolución apelada no fue dictada en apego a los principios y derechos fundamentales como el debido proceso, la defensa, y la justicia plural, pronta y oportuna, es decir la Juez A quo no garantizó la protección de dichos preceptos y/o derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución Política del Estado” (sic [fs. 699 a 703]).
El impetrante de tutela denuncia que en audiencia preliminar del proceso civil que inició contra los ahora terceros interesados, el Juez de primera instancia rechazó la contestación, excepción y demanda reconvencional por extemporáneo, generando que los mismos planteen recurso de apelación contra dicha determinación; impugnación que al ser de conocimiento de los Vocales ahora demandados, mereció el Auto de Vista 67 de 29 de julio de 2021 anulando obrados hasta el señalamiento de una nueva audiencia preliminar; no obstante, en su emisión, se lesionó el derecho al debido proceso en sus elementos: 1) Congruencia, debido a que ninguna de las partes solicitó anular obrados; y, correspondía revocar o confirmar el Auto de 1 de diciembre de 2020 impugnado; y, 2) Motivación, ya que se aplicó arbitrariamente el régimen de nulidades procesales, omitiendo considerar que las mismas se rigen por los principios de especificidad y finalidad del acto, y que en su caso no existe causal expresa contemplada por la ley, además, que se cumplió la finalidad de la “notificación” de 24 de mayo de 2017. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, desarrollando para ello los siguientes temas: i) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; ii) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; iii) El contenido esencial de la debida fundamentación y motivación; y, la arbitrariedad en la fundamentación y motivación; iv) Principios rectores de las nulidades procesales; y, v) Análisis del caso concreto.
El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema.
Bajo ese marco normativo, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se configura en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando.
En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:
a) La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional’
Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”. (las negrillas son nuestras). 2 La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: ‘…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia «ultra petita» en la que se incurre si el Tribunal concede «extra petita» para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; «citra petita», conocido como por «omisión» en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.”’ (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).
Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia ‘ultra petita’ en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).
El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.
no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido ni incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes.
b) La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un 3 La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: ‘…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
(…).
De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: ‘…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley’, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: ‘…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes’. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: ‘…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre’. 4 La SCP 0316/2010-R de 15 de junio, en su FJ III.3.2 sostuvo que: “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa.
En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011-R de 26 de septiembre, el cual expresó que:
…el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia (las negrillas y el subrayado nos corresponden). Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos (Corte IDH), en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:
77. La Corte ha señalado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: ‘El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales’” (las negrillas son añadidas). 5 La CorteIDH en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).
debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las “debidas garantías” incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso (las negrillas son adicionadas). Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:
…(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…”. En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. Bajo esa comprensión, es posible concluir que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor jurisdiccional y sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la CADH; y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.
La Constitución Política del Estado a través de su art. 115.II, prevé: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; y, en su art. 117.I, dispone que: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”; por lo que, a partir de estos preceptos constitucionales se tiene que el derecho al debido proceso se encuentra reconocido y comprende una triple dimensión; es decir, como principio, garantía y derecho, con el cual se busca garantizar la sujeción estricta a las reglas procesales establecidas en el orden jurídico de cada materia, a cuyo efecto busca la materialización de los valores justicia e igualdad en la labor de impartir justicia.
En ese marco, y siendo que el debido proceso es un derecho fundamental que toda persona tiene a un normal, pronto y oportuno proceso judicial o administrativo justo, en el que deben ser respetados y protegidos los derechos, principios y garantías establecidas en la Constitución Política del Estado y leyes específicas, éste debe entenderse como la máxima expresión de la jurisdicción judicial y administrativa en un Estado Constitucional de Derecho; en tal razón, y por la fuerza fundamental que tiene como garantía, el debido proceso contiene numerosos elementos que lo configuran, siendo algunos: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la defensa material y técnica, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la fundamentación, motivación y congruencia de las decisiones.
Ahora bien, este importantísimo derecho fundamental en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, como exigencias ineludibles en la emisión de toda resolución sea esta judicial, administrativa o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, u otros, que resuelva un conflicto o una pretensión, ha merecido un desarrollo especial por la jurisprudencia constitucional efectuándose interpretaciones amplias y protectoras de este derecho, otorgando parámetros para su consideración y aplicación en la administración de justicia; así, se fueron emitiendo líneas uniformes sobre su alcance; entre ellas es menester citar a la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la cual se constituye en precedente en vigor, ya que efectuó un desarrollo interpretativo sobre el contenido esencial de estos elementos de la fundamentación y motivación, con la finalidad que a través de la aplicación directa de los mismos garanticen el respeto y eficacia plena de los elementos constitutivos de ese contenido esencial o núcleo duro de derechos; por lo que, identificando cuatro finalidades determinantes para el contenido esencial del derecho a una 6 En su F.J. III.1 “El derecho a una resolución fundamentada y motivada es una de las garantías mínimas del debido proceso reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El respeto y protección del debido proceso y, por ende, de sus garantías constitutivas, no sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino también lo es en el ámbito de la potestad sancionadora de la administración pública.
Así lo ha entendido la uniforme jurisprudencia del Tribunal Constitucional (SSCC 0042/2004 y 0022/2006) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos: a) Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá (Sentencia de 2 de febrero de 2001, Fondo, Reparaciones y Costas); b) Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú (Sentencia de 31 de enero de 2001, Fondo, Reparaciones y Costas). Las sentencias nombradas fueron desarrolladas en la SCP 0140/2012, de 9 de mayo.
En ese orden de ideas, conforme refirió la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre: “La teoría constitucional ha desarrollado la técnica del contenido esencial de los derechos fundamentales, a partir de la cual, la aplicación directa de los mismos debe asegurar el respeto y eficacia plena de los elementos constitutivos de ese contenido esencial o núcleo duro de derechos.
En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son:
“1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad.”
resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada, desarrolló las mismas, siendo las siguientes:
“1. El sometimiento manifiesto a la Constitución (conformada por: a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad art. 410.II) y a la ley, de la autoridad -Juez, autoridad administrativa, etc.- o persona privada; es decir, de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir sobre conflictos o pretensiones, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad. En el Estado Constitucional de Derecho asumido por la Constitución, el principio de legalidad se encuentra en sumisión a un principio más alto: El principio de constitucionalidad. Este supone la vinculación a los valores, principios y derechos consagrados en la Constitución, más allá, o incluso sobre la ley. La Constitución reconoce a ambos principios (de constitucionalidad y de legalidad), empero, desplaza al principio de legalidad y otorga supremacía al principio de constitucionalidad. Esto se verifica en el art. 410.I, que señala: “Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución”, añadiendo el segundo parágrafo que: La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa…”. Además, estipula como fines y funciones esenciales del Estado, entre otros, el garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución (art. 9.4 de la CPE) y, manda como deberes de los bolivianos y bolivianas el conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución, y la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución (art. 108 numerales 1, 2 y 3 de la CPE). 2. Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. Entonces, cuando todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir, pretende hacer uso de facultades discrecionales o arbitrarias alejadas de la razonabilidad (principio de razonabilidad), éste se convierte en una directriz valiosa estrechamente relacionada a la justicia (valor justicia), porque se manifiesta como un mecanismo de control y barra de contención de la arbitrariedad (principio de interdicción de la arbitrariedad), cuya comprensión es multidimensional:
a) Por una parte, la arbitrariedad, es contraria al Estado de derecho (Estado Constitucional de Derecho) y a la justicia (valor justicia art. 8.II de la CPE). En efecto, en el Estado de Derecho, o “Estado bajo el régimen de derecho” con el contenido asumido por la Constitución bajo la configuración de “Estado Constitucional de Derecho”, cuya base ideológica es “un gobierno de leyes y no de hombres”, existe expresa proscripción que las facultades que ejercite todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir sean arbitrarias y, por el contrario, existe plena afirmación de que el ejercicio de esas facultades deben estar en total sumisión a la Constitución y a la ley visualizando, con ello, claramente el reverso del ya sepultado “Estado bajo el régimen de la fuerza”.
En ese sentido, Pedro Talavera señala: “...la justificación de las decisiones judiciales constituye uno de los pilares del Estado de Derecho frente a las arbitrariedades del Antiguo Régimen”. Del mismo modo, Horacio Andaluz Vegacenteno, sostiene: “La justificación de las decisiones judiciales es una exigencia del Estado de Derecho, no un elemento lógico del sistema jurídico. Sólo en el Estado de Derecho se considera que una decisión no está suficientemente justificada por el solo hecho de haber sido dictada por una autoridad competente”. b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una “decisión sin motivación”, o extiendo esta es b.2) Una “motivación arbitraria”; o en su caso, b.3) Una “motivación insuficiente”. b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una “decisión sin motivación”, debido a que “decidir no es motivar”. La “justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]”. b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una “motivación arbitraria”. Al respecto el art. 30.11 de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025- “Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales”. En efecto, un supuesto de “motivación arbitraria” es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R de 2 de octubre), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. En este sentido, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, dentro de un proceso administrativo sancionador señaló: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan co procesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una “motivación insuficiente”. Si el órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir incurre en cualesquiera de esos tres supuestos: “decisión sin motivación”, o extiendo esta, “motivación arbitraria”, o en su caso, “motivación insuficiente”, como base de la decisión o resolución asumida, entonces, es clara la visualización de la lesión del derecho a una resolución fundamentada o motivada, como elemento constitutivo del debido proceso. Los tres casos señalados, son un tema que corresponderá analizar en cada caso concreto, debido a que sólo en aquéllos supuestos en los que se advierta claramente que la resolución es un mero acto de voluntad, de imperium, de poder, o lo que es lo mismo de arbitrariedad, expresado en decisión sin motivación o inexistente, decisión arbitraria o decisión insuficiente, puede la justicia constitucional disponer la nulidad y ordenar se pronuncie otra resolución en forma motivada. c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación. El principio de congruencia, ha sido desarrollado por varias sentencias constitucionales: La SC 1312/2003-R de 9 de septiembre, respecto al proceso como unidad; la SC 1009/2003-R de 18 de julio, con relación a la coherencia en la estructura de la decisión entre la parte motiva y la resolutiva. En ese sentido también está la SC 0157/2001-R y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0747/2012 y 0858/2012, referidos a la congruencia entre la parte motiva y resolutiva en acciones de defensa; la SC 1797/2003-R de 5 de diciembre, cuando se resuelven recursos, sobre la pertinencia entre lo apelado y lo resuelto” (el resaltado es añadido).
En tal sentido, estas dos primeras finalidades del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o motivada, contienen un desarrollo explicativo claro sobre el contenido esencial de estos elementos, y que se podría decir son la base primordial para el ejercicio de los demás derechos, garantías y principios que forman parte del debido proceso -como los que vamos a ver en la tercera y cuarta finalidades, derecho a la impugnación y principio de publicidad-; pues a través de ellos, se tiene los parámetros para su verificación en cuanto a la exigencia de que los fallos contengan explícitamente los hechos concretos y comprobados a través de la prueba ofrecida por las partes y estas deben ser subsumidas específicamente al derecho, y ese procedimiento debe ser debidamente justificado mediante la motivación e inclusive la argumentación, ya que la ausencia de estos elementos; es decir, la falta de motivación de las resoluciones judiciales conduce a la arbitrariedad, y la ausencia de fundamentación supondría una resolución situada fuera del ordenamiento jurídico, en el entendido de que la Constitución Política es la Norma Suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa; por ello es que, estas exigencias constitucionales, sobre todo la de motivar debe presidir en todo el proceso hasta la decisión judicial, evitando el juzgador incurrir en contradicciones en su razonamiento y no construir decisiones manifiestamente contradictorias, ajenas a la lógica de la norma aplicada a las premisas fácticas del caso concreto, lo que conllevaría también a que se quebrante el principio de congruencia.
En ese orden y continuando con el desarrollo de las finalidades del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, la citada SCP 2221/2012, también explica como ya lo habíamos dicho, que el cumplimiento de estas exigencias de parte de toda autoridad que emita una resolución resolviendo una situación jurídica en cualquier esfera, garantiza el derecho a la impugnación, ya que en la medida de que una decisión contenga estos elementos del debido proceso, posibilita al justiciable conocer los motivos que la sustentan, así como de evaluar los mismos, y si se creyere agraviado pueda activar los mecanismos de impugnación pertinentes, todo ello, siempre en observancia del principio de publicidad al que esta compelido la administración de justicia; así, dicho fallo señala que:
“3. Otra de las finalidades que justifica la exigibilidad de una resolución motivada es la de garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión - judicial, administrativa, etc.- por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación, debido a que permite a las partes procesales conocer las razones que fundamentan las resoluciones, para poder evaluarlas y, en su caso, plantear los recursos pertinentes contra ellas, por ello, la doctrina sostiene que el conocimiento de la justificación decisoria es precondición para accionar contra una decisión. Entonces, la “decisión sin motivación”, además de lesionar el derecho a una resolución motivada y fundamentada, vulnera el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, constitutivo del derecho al debido proceso reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE y 8.2.h) de la CADH y 14.5 del PIDCP.
órganos que tienen la capacidad de decidir conflictos e intereses como el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, etc. cuando, por ejemplo, en ejercicio de su potestad administrativa sancionadora emiten resoluciones. El principio de publicidad rige la potestad de administrar justicia de la pluralidad de jurisdicciones, conforme prescribe el art. 178. I de la CPE y está desarrollado en las leyes correspondientes. Así el art. 3.9 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, señala: “Los actos y decisiones de la justicia constitucional son de acceso a cualquier persona que tiene derecho a informarse, salvo caso de reserva expresamente fundada en la ley”. En ese mismo sentido la Ley del Órgano Judicial, en su art. 3.5 referido al principio de publicidad señala: “Los actos y decisiones de los tribunales y jueces son de acceso a cualquier persona que tiene derecho a informarse, salvo caso de reserva expresamente fundada en ley”. De ahí que, la circunstancia que otorga legitimidad democrática a la función judicial, administrativa, etc. a tiempo decidir un conflicto, reclamo o solicitud es, precisamente, la verificación que las decisiones pronunciadas por esas autoridades estén fundamentadas, justificadas, constituyéndose, los argumentos en Derecho, un instrumento de control de la arbitrariedad. La SC 0088/2006-R de 25 de enero, conceptualizando el principio de publicidad y vinculando con la motivación de la decisión señaló que este: ‘…informa y enseña que no debe haber justicia secreta, ni procedimientos ocultos, en cuanto, a la discusión de las pruebas, la motivación del fallo, la intervención de las partes o sus apoderados, la notificación con las providencias y otras. La publicidad del proceso y de todo lo actuado en él, surge como un derecho constitucional del sindicado y una garantía jurídica, en razón de que las actuaciones judiciales -en el caso administrativas- son públicas, -salvo las excepciones que señale la ley-, además de constituirse en una manifestación del derecho a obtener información y del derecho a acceder a los documentos públicos. El propósito fundamental de la publicidad de los procesos es evitar las arbitrariedades en que puedan incurrir las autoridades judiciales o administrativos, y proporcionar al acusado un juicio justo e imparcial...’” (las negrillas adicionadas). Así se tiene que, este desarrollo jurisprudencial realizado en la SCP 2221/2012, sobre las finalidades implícitas del contenido esencial que debe estar inmerso en una resolución para que la misma sea considerada como debidamente fundamentada o motivada, fue confirmada y complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, que incorporó una quinta finalidad, relacionada con la exigencia de la observancia del principio dispositivo vinculado al principio de congruencia, en relación a que toda petición derivada de la pretensión de las partes debe guardar correspondencia con la parte dispositiva del fallo, caso en el cual se dará por cumplido este principio dispositivo a efectos de una resolución fundamentada o motivada; en ese sentido, este citado fallo constitucional estableció que:
“(5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos. Conceptualmente las pretensiones son distintas a los alegatos o argumentos que esgrima la parte procesal. Para su distinción, debe tenerse en cuenta el petitum, la petición de la pretensión; es decir, qué es lo que se pide; por lo que si el juzgador se aparta de las exigencias derivadas de las pretensiones formuladas por las partes a la hora de aplicar e interpretar la norma que servirá de sustento jurídico a su decisión incurrirá en lesión al derecho a una resolución motivada o derecho a una resolución fundamentada. De ahí que se cumple el principio dispositivo, como un elemento del contenido esencial de una resolución fundamentada o resolución motivada, cuando existe congruencia, es decir, una relación entre la pretensión de las partes con la parte dispositiva de la sentencia. Por ello, estará satisfecho el principio dispositivo, cuando exista estricta correspondencia entre la parte dispositiva de la sentencia, sustentada en los fundamentos de la misma, y las pretensiones oportunamente planteadas por las partes, imponiendo una barra de contención al juzgador a efectos de que no decida más allá de lo debatido o deje de fallar el caso sometido a su conocimiento.”
En esa línea jurisprudencial, se tiene que, estos elementos del debido proceso mencionados, como son la fundamentación, motivación y congruencia, se constituyen en requisitos fundamentales en toda resolución emitida por las autoridades judiciales y/o administrativas; en tal razón, este Tribunal Constitucional vio la necesidad de establecer pautas para su consideración y aplicación en su labor de verificación y control constitucional de todas estas resoluciones impugnadas a través de las acciones tutelares, puesto que, el desarrollo del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, posibilitará a identificar las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, cuando se denuncia decisiones discrecionales o arbitrarias alejadas de la razonabilidad.
De manera general, refiriéndonos a las nulidades procesales, Gonzalo Castellanos Trigo señaló que los actos procesales en muchos casos y especialmente los transcendentales o importantes en el proceso deben cumplir una determinada forma para surtir efectos jurídicos procesales; por lo tanto, aquellos que se apartan de la forma o no cumplen con todos los requisitos, ingresan a la institución de las nulidades procesales, este último instituto que según Alsina –citado por Gonzalo Castellanos Trigo– es la sanción por la cual la ley priva a un acto de sus efectos normales cuando en su ejecución no se guardaron las formas prescritas por aquella.
Sobre el tema de las nulidades procesales, Gonzalo Castellanos Trigo manifestó que ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la ley, caso contrario sería ingresar a un campo de retardación y denegación de justicia, pues solo se anula lo que está previsto en la ley, que cause perjuicio irreparable a los derechos de los litigantes (cuando el vicio sea tan grosero que causa indefensión) y sea oportunamente reclamado; en ese sentido, si un acto o trámite debe ser declarado nulo es necesario determinar si el mismo transgrede los principios que rigen a las nulidades procesales caso contrario sería ingresar a un campo peligroso de la nulidad por la simple nulidad.
Ahora bien, en relación a los principios que rigen las nulidades procesales, la SC 0731/2010-R de 26 de julio, refirió que:
…los presupuestos o antecedentes necesarios para que opere la nulidad procesal son: a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, específica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no esta expresamente determinada por la ley, en otros términos “No hay nulidad, sin ley específica que la establezca” (Eduardo Cuoture, “Fundamentos de Derecho Procesal Civil”, p. 386); b) Principio de finalidad del acto, “la finalidad del acto no debe interpretarse desde un punto de vista subjetivo, referido al cumplimiento del acto, sino en su aspecto objetivo, o sea, apuntando a la función del acto” (Palacio, Lino Enrique, “Derecho Procesal Civil”, T. IV p. 145), dando a entender que no basta la sanción legal específica para declarar la nulidad de un acto, ya que ésta no se podrá declarar, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba destinada; c) Principio de trascendencia, este presupuesto nos indica que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma, o para satisfacer pruritos formales, como señala Couture (op. cit. p. 390), esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable; y, d) Principio de convalidación, “en principio, en derecho procesal civil, toda nulidad se convalida por el consentimiento” (Couture op. cit., p. 391), dando a conocer que aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, ésta no podrá ser declarada si es que el interesado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada se presenta al proceso ratificando el acto viciado, y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos (incidentes, recursos, etc.), dentro del plazo legal (Antezana Palacios Alfredo, “Nulidades Procesales”). Asimismo, en relación a los principios que rigen el régimen de nulidades procesales, la SCP 0207/2018-S2 de 23 de mayo señaló que:
El principio de especificidad o legalidad, en cuyo mérito, el juez o tribunal no puede declarar la nulidad, si esa sanción procesal no se halla prevista expresamente por la norma legal, no es absoluto; puesto que, es posible también declarar la nulidad de actos procesales irregulares, cuando dicha sanción resulta implícita por vulnerar el derecho al debido proceso; esto es, lo que doctrinalmente se conoce como nulidad implícita o virtual y que fue reconocida por la jurisprudencia ordinaria en el Auto Supremo 158/2013 de 11 de abril, entre otros; asimismo, por la jurisprudencia constitucional a través de las SSCC 0944/2004-R de 18 de junio y 1196/2010-R de 6 de septiembre, en cuyo Fundamento Jurídico III.2.1, señala: …la nulidad de un acto procesal será declarada por el órgano judicial o administrativo, no sólo en los casos expresamente previstos en los arts. 247 de la LOJ abrg y 251 del CPC, sino que su interpretación, deberá ser extensiva a aquellos casos en los que se evidencie la vulneración de un derecho fundamental o garantía constitucional, por lo que el acto deviene nulo no siendo susceptible de convalidación. Dicho entendimiento, resulta aplicable en el marco del actual régimen de nulidades procesales contenido en el Código Procesal Civil vigente; dado que, si bien es cierto que el art. 105.I del CPC, refiriéndose al principio de especificidad o legalidad, consagra la nulidad expresa al prever que: “Ningún acto o trámite será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la Ley, bajo responsabilidad”; no es menos evidente, que el parágrafo II del citado artículo en examen, admite la nulidad implícita o virtual al señalar: “No obstante, un acto procesal podrá ser invalidado cuando carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin”. Consecuentemente, la facultad otorgada a los juzgadores para declarar la nulidad de actos procesales irregulares que vulneran derechos fundamentales, aun cuando no se encuentren expresamente sancionados por norma expresa, resulta compatible con la función estatal de garantizar la vigencia plena de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; en ese marco, la garantía del debido proceso reconocido en los arts. 115 de la CPE, 8.1 de la CADH y 14.1 del PIDCP; y, el derecho a la defensa, tienen vigencia plena durante el desarrollo de todo el proceso, puesto que la sujeción de los actos del juzgador a la Norma Suprema y al bloque de constitucionalidad, opera respecto de todos y cada uno de sus actos procesales; en ese orden, los jueces están compelidos a garantizar la vigencia plena de los derechos y garantías de las personas; en ese marco, a declarar la nulidad de actos procesales irregulares llevados a cabo con restricción o supresión de tales garantías y derechos, como son el debido proceso y la defensa, aun cuando no se hallen sancionados con nulidad por norma expresa.
El impetrante de tutela denuncia que en audiencia preliminar del proceso civil que inició contra los ahora terceros interesados, el Juez de primera instancia rechazó la contestación, excepción y demanda reconvencional por extemporáneo, generando que los mismos planteen recurso de apelación contra dicha determinación; impugnación que al ser de conocimiento de los Vocales ahora demandados, mereció el Auto de Vista 67 de 29 de julio de 2021 anulando obrados hasta el señalamiento de una nueva audiencia preliminar; no obstante, en su emisión, se lesionó el derecho al debido proceso en sus elementos: 1) Congruencia, debido a que ninguna de las partes solicitó anular obrados; y, correspondía revocar o confirmar el Auto de 1 de diciembre de 2020 impugnado; y, 2) Motivación, ya que se aplicó arbitrariamente el régimen de nulidades procesales, omitiendo considerar que las mismas se rigen por los principios de especificidad y finalidad del acto, y que en su caso no existe causal expresa contemplada por la ley, además, que se cumplió la finalidad de la “notificación” de 24 de mayo de 2017.
Identificadas las problemáticas traídas en revisión, previo a ingresar al análisis de fondo de las mismas, resulta necesario conocer el contexto del cual devienen dichas problemáticas; así, conforme se tiene de las Conclusiones a las que se arribaron en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el proceso ordinario de pago de obligación seguido por el peticionante de tutela contra los ahora terceros interesados, en audiencia preliminar, la Jueza de primera instancia emitió Auto de 1 de diciembre de 2020, resolviendo no considerar el memorial de 20 de junio de 2018, presentado por Claudia, Ronald, Roxana y Jhonny Franz, todos Ovando Montaño – terceros interesados–, respecto a la contestación, excepciones y demanda reconvencional sobre nulidad de documento (Conclusión II.1); por lo que, los prenombrados interpusieron recurso de apelación contra dicha determinación, solicitando se revoque dicho Auto, manifestando que al determinar que su excepción como su demanda reconvencional serían extemporáneos, se transgredió su derecho al debido proceso en sus elementos derecho a la defensa e igual de las partes, ya que jamás fueron citados con la demanda principal, y conforme establece el art. 74 del CPC, la citación con la demanda será practicada en forma personal y en la citación se entregará a la parte copia de la demanda y su resolución, debiendo constar en la diligencia respectiva con indicación del lugar, fecha y hora y con la firma del o la citada, así como del servidor público (Conclusión II.2); en ese sentido, mediante Auto de Vista 67 los Vocales ahora demandados resolvieron anular obrados “hasta fs. 589 del expediente original”, debiendo la autoridad de primera instancia señalar nueva audiencia preliminar considerando la contestación a la demanda y la demanda reconvencional y las excepciones formuladas en procura de evitar nulidades posteriores (Conclusión II.3).
Ahora bien, conocidos los antecedentes del presente caso, tomando en cuenta que el Tribunal Constitucional Plurinacional debe asumir en su verdadera dimensión, el rol de precautelar el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, corresponde a continuación verificar si los extremos denunciados por el accionante son evidentes y si en efecto los Vocales ahora demandados actuaron apartándose de la normativa vigente; en ese sentido, se tiene:
El impetrante de tutela denuncia que el Auto de Vista 67 de 29 de julio de 2021 carece de congruencia, debido a que anuló obrados sin que ninguna de las partes lo haya solicitado, y en todo caso correspondía revocar o confirmar el Auto de 1 de diciembre de 2020 impugnado.
Al respecto, considerando que el peticionante de tutela es expreso al denunciar que el Auto de Vista 67 carece de congruencia, resulta imperioso remitirse al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en el cual se sostuvo que, la congruencia como parte esencial del debido proceso posee una doble dimensión, una interna y otra externa esta última que exige que en la emisión de las resoluciones judiciales se exija la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes y lo resuelto por las autoridades judiciales, lo que conlleva una prohibición para el juzgador de considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes, dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido ni incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes.
En ese sentido, comprendiendo que toda resolución (en cualquier instancia y jurisdicción) debe considerar y tratar únicamente cuestionamientos deducidos por las partes. El Código Procesal Civil en su art. 265.I expresamente estableció: “El auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación”, compeliendo a los tribunales de segunda instancia a pronunciarse sobre las cuestiones planteadas por las partes; lo que, por supuesto no impide que el tribunal de segunda instancia pueda adoptar decisiones destinadas a subsanar defectos procesales en la tramitación de la causa, ya que conforme lo previsto en los arts. 17.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), 105 y ss., del Código Procesal Civil (CPC), el ad quem, de oficio, revise actuaciones procesales y aprecie si 9 La Ley del Órgano Judicial prevé: “Artículo 17. (NULIDAD DE ACTOS DETERMINADA POR TRIBUNALES).
I. La revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley.”
10 El Código Procesal Civil estipula: “ARTÍCULO 105. (ESPECIFICIDAD Y TRASCENDENCIA DE LA NULIDAD).
I. Ningún acto o trámite judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la Ley, bajo responsabilidad.
II. No obstante, un acto procesal podrá ser invalidado cuando carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin. El acto será válido, aunque sea irregular, si con él se cumplió con el objeto procesal al que estaba destinado, salvo que se hubiere provocado indefensión.
ARTÍCULO 106. (DECLARACIÓN DE LA NULIDAD).
I. La nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, cuando la Ley la califique expresamente.
II. También la nulidad podrá ser declarada a pedido de la parte que no concurrió a causarla y que tenga interés en la observancia de la norma respectiva, cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin y haber sufrido indefensión.
ARTICULO 107. (SUBSANACIÓN DE DEFECTOS FORMALES).
I. Son subsanables los actos que no hayan cumplido con los requisitos formales esenciales previstos por la Ley, siempre y. cuando su finalidad se hubiera cumplido.
II. No podrá pedirse la nulidad de un acto por quien la ha consentido, aunque sea de manera tácita.
III. Constituye confirmación tácita, no haber reclamado la nulidad en la primera oportunidad hábil.
ARTÍCULO 108. (NULIDAD EN SEGUNDA INSTANCIA).
I. El tribunal de segunda instancia que deba pronunciarse sobre un recurso de apelación, apreciará si se planteó alguna forma de nulidad insubsanable de la sentencia o nulidad expresa de actos de la primera instancia, conforme a lo dispuesto en el presente Código.
II. Si la reclamación de nulidad hubiere sido planteada a tiempo de la apelación, se resolverá sobre ella, y sólo en caso de rechazarla, se pronunciará sobre los agravios de la apelación. Si se opta por la declaración de nulidad se dispondrá la devolución de obrados al inferior para que se tramite la causa a partir de los actos válidos, con responsabilidad al inferior de acuerdo a Ley.
ARTÍCULO 109. (EXTENSIÓN DE LA NULIDAD).
I. La nulidad declarada de un acto procesal no importará la de los anteriores ni de los posteriores que sean independientes de aquel. Los actos procesales que resultaren afectados con la declaración de nulidad, de oficio serán declarados nulos.
II. La nulidad de un acto especifico no afecta a otros que sean independientes, ni impide que se produzcan los efectos para los cuales el acto es idóneo, salvo que la Ley disponga lo contrario.
III. La autoridad judicial a tiempo de fundamentar su decisión deberá especificar si la nulidad declarada de un acto procesal afecta a otros actos anteriores o posteriores al acto nulo.
se planteó alguna forma de nulidad expresa de actos en primera instancia, de ahí que, el Auto de Vista será anulatorio de acuerdo a lo previsto en el art. 218 del CPC.
Bajo ese lineamiento, siendo que el accionante denuncia que en segunda instancia se anuló obrados sin que ninguna de las partes lo haya solicitado; corresponde contrastar el agravio expuesto en el recurso de apelación interpuesto por los ahora terceros interesados –entonces recurrentes– con los fundamentos expresados en el señalado Auto de Vista 67; así, de las Conclusiones II.1 y II.3 de este fallo constitucional se advierte que, en el recurso de apelación, Claudia, Ronald, Roxana y Jhonny Franz todos Ovando Montaño solicitaron se revoque el Auto de 1 de diciembre de 2020, alegando que al determinarse que la excepción y la demanda reconvencional serían extemporáneas, ilegalmente se impidió que formen parte del proceso en calidad de “demandados” y reconvencionistas, transgrediendo sus derechos a la defensa e igual de las partes; en tal sentido, en mérito a dicha impugnación, el Auto de Vista 67 los Vocales ahora demandados manifestaron –en su parte esencial– que, si bien el Auto de Vista debe circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior que hayan sido objeto de apelación; no obstante, el tribunal de alzada tiene la facultad de anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público, de ahí que, se procedió a examinar los antecedentes del proceso civil, resolviendo el agravio expresado, determinando anular obrados “hasta fs. 589 del expediente original”, debiendo la autoridad de primera instancia señalar nueva audiencia preliminar considerando la contestación a la demanda y la demanda reconvencional, y las excepciones formuladas en procura de evitar nulidades posteriores (Conclusión II.3).
Ahora bien, a partir de lo advertido precedentemente, es innegable que los ahora terceros interesados –entonces recurrentes– al momento de interponer su recurso de apelación fueron expresos al solicitar se emita un Auto de Vista revocatorio que deje sin efecto el Auto de 1 de diciembre de 2020; asimismo, es indiscutible que los Vocales ahora demandados en conocimiento de dicha impugnación pronunciaron un Auto de Vista anulatorio disponiendo anular obrados “hasta fs. 589 del expediente original” (hasta la audiencia preliminar), siendo este último actuado que a criterio del impetrante de tutela sería lesivo a su derecho al debido proceso en su elemento congruencia; debido a que, ninguna de las partes hubiese solicitado la nulidad; no obstante sobre ello, debe comprenderse -tal como se precisó en párrafos precedentes-, que la nulidad puede disponerse ex officio sin que la parte apelante lo solicite; toda vez que, la actividad procesal se encuentra sometida a reglas y formas expresamente previstas en la norma adjetiva, y cuya inobservancia acarrea la nulidad; por lo que, la nulidad de oficio del acto jurídico se constituye en una excepción a la congruencia, siendo precisamente por ello que, es el propio Código Procesal Civil que en su art. 218 establece, que el fallo podrá ser anulatorio. Consecuentemente, por lo referido, no es evidente que los Vocales ahora demandados hayan vulnerado el derecho al debido proceso en su elemento congruencia, correspondiendo denegar la tutela impetrada.
El peticionante de tutela denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en su elemento motivación, por cuanto, el Auto de Vista 67 anuló obrados aplicando arbitrariamente el régimen de nulidades procesales, omitiendo considerar que las mismas se rigen por los principios de especificidad y finalidad del acto, y que en su caso no existe causal expresa contemplada por la ley, además, que se cumplió la finalidad de la “notificación” del 24 de mayo de 2017. Al respecto, resulta imperioso señalar que si bien la parte accionante fue expresa al denunciar que los Vocales ahora demandados lesionaron el derecho al debido proceso en su elemento motivación, no obstante, siendo que dicha arista se encuentra intrínsecamente vinculada a la arista de la fundamentación, el análisis de la presente problemática comprenderá a ambos elementos; en ese sentido, conforme se sustentó en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, en el que se sostuvo que, las decisiones que adopten las autoridades judiciales deben citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión (fundamentación); además, deben contener la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad (motivación). Ahora bien, tal como se refirió precedentemente, estos elementos del debido proceso se constituyen en exigencias necesarias al momento de emitir una resolución; toda vez que, de inobservarse los mismos, es posible incurrir en un fallo puede ser arbitrario cuando se emite una “decisión sin motivación” o existiendo la misma se constituye en una “motivación arbitraria” o en su caso “motivación insuficiente” (Fundamento Jurídico III.3); en tal sentido, siendo precisamente que, el impetrante de tutela alega la existencia de una motivación insuficiente, es preciso resolver dicho aspecto.
Bajo ese marco, a fin de corroborar si es evidente lo alegado por el peticionante de tutela, respecto a que los Vocales ahora demandados incurrieron en una falta de fundamentación y motivación al momento de resolver el recurso de apelación, es preciso realizar una revisión del contenido del Auto de Vista 67 que resolvió anular obrados “hasta fs. 589 del expediente original”, en ese sentido se tiene:
“A través de los recursos que la ley franquea según la resolución contra la cual se pretenda recurrir, por lo que se constituye en el medio a través del cual se fiscaliza no solamente la decisión asumida por el Juez o Tribunal, sino la legalidad de la Resolución, constituyéndose el derecho de impugnación en la petición que se materializa con la emisión de una Resolución que el Tribunal ha de brindar dando respuesta a los motivos que dieron lugar a la misma, que además de ser pertinente debe ser motivada y fundamentada, concordante con lo determinado por el Art. 265-I) del Código Procesal Civil, que dice que el Auto de Vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior, que hayan sido objeto de apelación. Sin embargo de ello, no menos cierto es que, de la interpretación del art. 17-I de la Ley N° 025, concordante con el art. 106.I del CPC, se infiere que el Tribunal de Alzada puede anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público, revisión de oficio que corresponde realizar en aplicación del principio de eficacia que deben contener las resoluciones judiciales conforme prescribe el art. 180.I de la CPE. II.2.- Que, analizado el auto apelado, el recurso de apelación y los antecedentes del presente proceso, se establecen las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: Bajo ese contexto legal, debemos notar que los recurrentes CLAUDIA, RONALD, ROXANA Y JHONNY FRANZ todos OVANDO MONTAÑO señalaron principalmente en su recurso de apelación, la errónea argumentación de la Juez A quo, acusando de extemporánea la presentación de sus excepciones como de su demanda reconvencional, para lo cual es necesario acudir a las actuaciones procesales que cursan en el expedientes; se tiene a Fs. 248 de obrados el Auto de admisión de la demanda principal de fecha 06 de abril de 2017, luego de Fs. 249 a 250 de obrados cursan las citaciones con la demanda y el auto de admisión realizadas a las demandadas SANDY, JIMENA Y CLAUDIA OVANDO MONTAÑO, diligencias realizadas en fecha 17 de abril del 2017, subsiguientemente de Fs. 261 a 262 de obrados, cursa en el expediente la notificación realizada a los demandados JHONNY FRANZ, ROXANA Y RONALD OVANDO MONTAÑO en fecha 24 de mayo del 2017, lo que de alguna manera causa asombro a este Tribunal es que en dicha diligencia se advierte que solamente se notificó con el Acta de conciliación fallida (Fs. 247), el Auto de admisión de demanda (Fs. 248), memorial de contestación a la demanda presentado por SANDY, JIMENA Y CLAUDIA OVANDO MONTAÑO (Fs. 251), diligencia de Fs. 256, informe de Fs. 253 y el Auto de Fs. 253 Vlta. Evidentemente, de la descripción de las actuaciones con las que se notificó a JHONNY FRANZ, ROXANA Y RONALD OVANDO MONTAÑO según diligencias de Fs. 261 a 262 de obrados podemos notar que ninguno de los tres últimos co-demandados fue citado con la demanda principal, sin embargo y de manera extraña, posteriormente cursante de Fs. 333 a 334 de obrados, los mismos tres últimos co-demandados JHONNY FRANZ, ROXANA Y RONALD OVANDO MONTAÑO nuevamente fueron citados con la demanda principal y su admisión entre otras actuaciones, en fecha 23 de mayo de 2018. De lo detallado, notoriamente la diligencia realizadas a los co-demandados JHONNY FRANZ, ROXANA Y RONALD OVANDO MONTAÑO mediante Fs. 333 a 334 de obrados, es la realizada de manera correcta toda vez que en ella se puede verificar que los demandados mencionados fueron debidamente notificados con las actuaciones que corresponden para el caso de autos, es decir para que dichos litigantes pueden contestar la demanda principal, excepcionen o en su caso formulen demanda reconvencional. (…) En ese entendido, corresponde señalar que el procedimiento establecido para la presente causa, rige en nuestro Código Procesal Civil específicamente en su artículo 362 y siguientes, procedimiento que tiene distintas etapas las cuales deben desarrollarse de manera ordenada y secuencial, de acuerdo a la jurisprudencia mencionada en líneas precedentes, y de esa manera la Juez A quo como representante del Estado pueda otorgar a las partes la máxima garantía de igualdad y defensa de sus derechos en resguardo del debido proceso. Situación que notoriamente no ocurrió en el caso de autos que nos ocupa, toda vez que ante este caso de citaciones y/o notificaciones realizadas a los co-demandados, la autoridad judicial cayó en error al calcular un mal cómputo de las fechas de las notificaciones, para analizar si los co-demandados se encontraban o no dentro del plazo establecido para poder contestar, oponer sus excepciones o en todo caso reconvenir. Tomando en cuenta que la diligencia realizada a los co-demandados JHONNY FRANZ, ROXANA Y RONALD OVANDO MONTAÑO mediante Fs. 333 a 334 de obrados con la demanda principal y su Auto de admisión, realizada en fecha 23 de mayo del 2018, fue tramitada de manera correcta, entonces a partir del día siguiente hábil empieza el computo del plazo para que los mismos hagan uso de sus derechos (contestar oponer excepciones o reconvenir) si así lo vieren conveniente. Art. 90 de la Ley 439. Concordante con ello, el artículo 363 del mismo Código Adjetivo instruye: ARTICULO 363. (PROCEDIMIENTO). I. Agotada la vía conciliatoria, el proceso se iniciará con la presentación de la demanda, que deberá reunir los requisitos de forma y contenido señalados en el Artículo 110 del presente Código.
II. Dictada la providencia de admisión de la demanda, en ella se correrá traslado y se ordenará la citación de la parte demandada. III. Citada legalmente, la parte demandada deberá contestar en el plazo de treinta días. IV. A tiempo de la contestación, la parte demandada podrá reconvenir. Se correrá traslado de la reconvención a la parte actora, para que conteste en el mismo plazo de treinta días. V. Si se opusieren a la demanda o la reconvención, excepciones previas, se correrá traslado a la parte actora o a la parte demandada, según fuere el caso, por un plazo de quince días. VI. Transcurridos los plazos señalados, con contestación o sin ella, se convocará de oficio audiencia preliminar en un plazo no mayor a cinco días. Que, para el presente caso, los co-demandados habiendo sido citados en fecha 23 de mayo del 2018, según diligencias de Fs. 333 a 334 de obrados, teniendo como plazo máximo de 30 días de acuerdo a lo establecido en el Art. 128-I del Código Procesal Civil, para contestar o incluso presentar sus excepciones; de las actuaciones procesales podemos advertir que por memorial de fecha 20 de junio del 2018, cursante de Fs. 344 a 351 de obrados, JHONNY FRANZ, ROXANA, RONALD y CLAUDIA OVANDO MONTAÑO formularon excepción previa de prescripción, respondieron negativamente a la demanda, interpusieron demanda reconvencional sobre nulidad de documento por ilicitud, además de adjuntar prueba documental, prueba por informe, pericia y confesión judicial provocada. Por lo expuesto, ciertamente la autoridad jurisdiccional debido al equívoco cómputo del plazo para la presentación de la contestación a la demanda y la demanda reconvencional, ha vulnerado el debido proceso, y el derecho a la defensa que les asiste a los co-demandados, situación por la que indudablemente en el caso de autos que nos ocupa, la Juez A quo dictó una resolución vulneradora de derechos y garantías constitucionales como el debido proceso y el derecho a la defensa sobre todo, vulneraciones que evidentemente causan agravios a la parte recurrente ya que la resolución apelada no fue dictada en apego a los principios y derechos fundamentales como el debido proceso, la defensa, y la justicia plural, pronta y oportuna, es decir la Juez A quo no garantizó la protección de dichos preceptos y/o derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución Política del Estado” (sic). Precisado el contenido del Auto de Vista 67 debe determinarse si es evidente que los Vocales hubiesen aplicado arbitrariamente el régimen de nulidades procesales, omitiendo considerar los principios que rigen el mismo; en tal sentido, conforme se advirtió de la Conclusión II.3 de este fallo constitucional, se hace evidente que el indicado Auto de Vista resolvió anular obrados “hasta fs. 589 del expediente original”, y para ello se advierte que, las autoridades judiciales ahora demandadas, de manera inicial hacen referencia al art. 265.I del CPC respectivo a la pertinencia de la resolución, para posteriormente citar los arts. 17.I de la LOJ y 106.I del CPC cuya interpretación permitiría al tribunal anular de oficio todo el proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público; para posteriormente en base a ese marco normativo, proceder a describir actuaciones relativas a la citación de los demandados del proceso ordinario civil – ahora terceros interesados–, concluyendo que en primera instancia se efectuó un error en el cómputo del plazo para contestar, oponer excepciones e interponer la demanda reconvencional, señalando que debía tomarse en cuenta que la diligencia de “notificación” efectuada el 23 de mayo de 2018, sería la correcta, fecha a partir de la cual recién empezaría el cálculo del plazo y todo el procedimiento previsto en el art. 363 del CPC, lo que haría evidente que el Juez a quo vulneró los derechos al debido proceso y a la defensa que les asiste a los demandados en el proceso ordinario civil –ahora terceros interesados–.
Bajo esa descripción, se tiene que, las autoridades judiciales ahora demandadas para asumir la determinación de anular obrados únicamente citaron como base normativa para la nulidad los arts. 17.I de la LOJ y 106.I del CPC, indicando que a partir de su interpretación se infiere que en segunda instancia puede anularse de oficio todo el proceso en el que se encontraren infracciones; ahora bien, refiriéndonos al mandato normativo que llevan consigo dichos artículos, debe precisarse que, el art. 17.I de la LOJ determina que “La revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley”; y, el art. 106.I del CPC estipula que “La nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, cuando la Ley la califique expresamente”, lo que haría entrever que, con la cita de la indicada normativa se habría aperturado la competencia de los Vocales ahora demandados para la revisión de antecedentes y la nulidad de obrados; no obstante, posterior a los indicados artículos no se advierte que dichas autoridades judiciales hayan hecho referencia ni un análisis de los principios que rigen el régimen de nulidades procesales, omitiendo considerar que, para que un trámite o un acto sea declarado nulo, es necesario determinar si el mismo transgrede los principios que rigen a las nulidades procesales, ya que caso contrario se ingresaría a un campo peligroso de nulidad por la simple nulidad; razón por la cual, correspondía determinar si se infringió con los principios de especificidad, finalidad del acto, convalidación y trascendencia, que conforme fueron puntualizados en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, comprenden las siguientes reglas, el principio de legalidad o especificidad que conlleva que la nulidad este establecida en la ley, es decir que, no hay nulidad sin ley específica que la determine, no obstante, con el desarrollo doctrinal y jurisprudencial, se entendió que dicho principio no es absoluto, ya que tiene el inconveniente de que el legislador no puede prever todas las situaciones ni tener un catálogo de nulidades procesales; de ahí que, el mismo se integró con el principio de finalidad del acto, que en definitiva permitirá a la autoridad judicial juzgar sobre la existencia del vicio y la ineficacia del acto, pues en virtud a este principio, habrá lugar a la declaratoria de nulidad si el acto procesal no cumplió con la finalidad específica por la que fue emanada, y en contraposición a lo señalado, en el caso de que el acto procesal, así sea defectuoso, cumplió con su finalidad, no procederá la sanción de la nulidad. Además, debe considerarse si el acto provisto de vicios procesales causó un perjuicio irreparable a los derechos de los litigantes (principio de trascendencia), y si fue oportunamente reclamado o por el contrario el acto fue convalidado (principio de convalidación); ya que de inobservarse dichos principios sería ingresar a un campo peligroso de la nulidad por la simple nulidad, sin considerar que el principal objeto del régimen de nulidades es el saneamiento procesal; y, en caso de duda sobre la existencia de defecto procesal cabe desestimar la nulidad.
Consecuentemente, por lo referido, en el caso concreto, es posible concluir que al emitirse el Auto de Vista 67 se incurrió en una falta de fundamentación y motivación; y, siendo específicos, se tiene que, en cuanto al elemento fundamentación, únicamente se citó los arts. 17.I de la LOJ y 106.I del CPC que aperturaban la competencia del Tribunal ad quem, omitiendo considerar que para que se tenga por cumplido el elemento fundamentación debe realizarse un análisis normativo crítico para la selección de la norma o fuente de derecho aplicable, que en el caso concreto contemple los principios que rigen el régimen de nulidades procesales (especificidad, finalidad del acto, convalidación y transcendencia), lo que en el presente caso no sucedió. Ahora bien, respecto al elemento motivación los Vocales ahora demandados no desarrollaron los motivos y razones que permitan establecer porque debe procederse a la nulidad del acto o trámite procesal, de ahí que, precisamente debió establecerse si existe o no una previsión normativa específica que permita su nulidad o en su caso se señale de que requisitos formales indispensables carece la misma, determinándose además si se cumplió o no con su finalidad, si fue o no convalidado por las parte interesada, y si el acto ocasiono un perjuicio cierto e irreparable; por lo que, respecto a esta problemática corresponda conceder la tutela solicitada. Por los fundamentos expuestos, la Sala Constitucional al denegar la tutela, actuó de forma parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 55/2022 de 19 de abril de 2022, cursante de fs. 789 vta. a 794 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 67 de 29 de julio de 2021, debiendo emitirse una nueva resolución conforme los Fundamentos Jurídicos contenidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada en cuanto a la lesión del derecho al debido proceso en su elemento congruencia, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expresados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace contar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, es de VOTO ACLARATORIO.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
1 La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: ‘En opinión de esta Corte, para que exista «debido proceso legal» es preciso que un
(…) 4. La exigencia de una resolución motivada también tiene la finalidad de permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad, demostrando ante ella que es verificable objetivamente que las decisiones están en sumisión a la Constitución. debido a que: “…la exigencia de justificar sus decisiones hace posible el control democrático sobre los tribunales”, proscribiendo las decisiones con motivaciones, que por estar ancladas en el fuero interno del juzgador, se tornan en secretas. Esta circunstancia es predicable respecto de todos los jueces, empero, es, especialmente relevante con relación de los Tribunales jurisdiccionales de cierre (Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo) u
7 Castellanos Trigo, Gonzalo. 2014. Análisis Doctrinal del Nuevo Código Procesal Civil. Sucre. Primera Edición
8 Castellanos Trigo, Gonzalo. 2014. Análisis Doctrinal del Nuevo Código Procesal Civil. Sucre. Primera Edición
11 Ibis. “ARTÍCULO 218. (AUTO DE VISTA). I. El auto de vista es el fallo de segunda instancia que deberá cumplir con los requisitos de la sentencia en todo lo que fuere pertinente. II. Este fallo deberá ser: 1. Inadmisible. a) Si se hubiere interpuesto el recurso de apelación después de vencido el término. b) Por falta de expresión de agravios. 2. Confirmatorio 3. Revocatorio total o parcial. 4. Anulatorio o repositorio.” (negrillas agregadas).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0848_2023-S1.pdf · páginas 1 a 33.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8361e96778826ba1543f6459693f14f0b630fa63572ab9e2c219219874a495e3
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →