Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 20 de septiembre de 2024
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de los derechos a la propiedad, al debido proceso en sus elementos valoración razonable de la prueba y motivación, a la igualdad y no discriminación; toda vez que, en ejecución de sentencia del proceso coactivo seguido por el Banco Bisa S.A. en contra de la empresa CABLEBOL S.A., debido a que el avalúo de su inmueble a rematar data de 2014, interpuso un incidente de nulidad y actualización del avalúo, que la autoridad judicial accionada rechazó; por lo que, el 23 de mayo de 2022, presentó recurso de apelación que se encuentra pendiente de resolución; asimismo, el 10 de agosto de 2023, nuevamente solicitó actualización del avalúo, que de manera arbitraria, fue rechazada por la Jueza ahora accionada; por ello, presentó recurso de reposición, el que mereció el Auto de 27 de octubre de ese año, que confirmó su determinación, cuando en otros juzgados paralelos del mismo asiento judicial, se viabilizan las actualizaciones de avalúos sin inconveniente alguno; por lo que, el accionar de la Jueza le coloca en una situación de desventaja frente al acreedor, para quien los intereses continúan incrementándose hasta el momento en que se realice el remate, pero, para su persona se congeló el valor de su inmueble; lo cual, recaería en la categoría de discriminación, por ende en una acción ilegal. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 136/2023 de 23 de noviembre, cursante de fs. 542 a 545 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0847/2024-S3 Sucre, 20 de septiembre de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 60333-2024-121-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 136/2023 de 23 de noviembre, cursante de fs. 542 a 545 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mario Jaime Jiménez Prudencio contra Silvia Verónica Lora Gutiérrez, Jueza Pública Civil y Comercial Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba.
Por memoriales presentados el 8 y 15 de noviembre de 2023, cursantes de fs. 192 a 206; y, 275 a 279, el accionante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso coactivo civil seguido por el Banco BISA Sociedad Anónima (S.A.) contra la empresa “CABLEBOL S.A.”, que se encuentra en ejecución de sentencia, en el que tiene calidad de garante hipotecario, donde su inmueble con matrícula computarizada 7.01.1.06.0003379, fue avaluado el 18 de marzo de 2014, con miras a la ejecución. Debido a que transcurrieron más de nueve años desde ese avalúo, solicitó actualización el 10 de agosto de 2023; sin embargo, la Jueza ahora accionada, mediante proveído de 15 del mismo mes y año, rechazó su pretensión; ante ello, presentó recurso de reposición, mereciendo el Auto de 27 de octubre de ese año, que confirmó la determinación.
Agregó que, el 15 de junio de 2020, interpuso un incidente de nulidad respecto al Informe del Instituto Geográfico Militar; y, solicitó actualización del avalúo; que el 25 de abril de 2022, fue rechazado por la Jueza del proceso, bajo el argumento de preclusión y que no existiría norma que contenga la obligación de actualizar los avalúos; por lo que, el 23 de mayo del mismo año, presentó recurso de apelación contra el Auto que rechazó el incidente, recurso que aún se encuentra pendiente de resolución.
Señaló que el indicado Auto de 27 de octubre de 2023, rechazó la actualización del avalúo, bajo una motivación arbitraria, con el argumento que, el Auto de 25 de abril de 2022 se encentraría en apelación, que el retraso de nueve años en la ejecución de las garantías, sería atribuible a las objeciones y oposiciones de su parte; y, que esa solicitud de actualización es reiterativa; también, omitió por completo valorar la prueba que presentó que demostraría la caducidad del avalúo, y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, que si se valorarían las mismas, hubiese concluido que el avalúo del 2014 al no reflejar el valor real de la propiedad, además la constatación de la actualización no solo es necesaria sino obligatoria; por lo cual, se dispondría la actualización previa al remate; al no hacerlo, también no cumple con el juicio de proporcionalidad, por no ser una medida estrictamente necesaria.
Asimismo, mencionó que en otros juzgados paralelos del mismo distrito judicial, se viabilizan las actualizaciones de avalúos sin inconveniente alguno, y que la autoridad judicial accionada al no viabilizar la actualización de un avalúo de 2014, le coloca en una situación de desventaja frente al acreedor, para quien los intereses continúan incrementándose hasta el momento que se realice el remate, pero, para su persona se congeló el valor de su inmueble; lo cual, recaería en la categoría de discriminación, por ende en una acción ilegal.
Señaló como lesionados sus derechos a la propiedad, al debido proceso en sus elementos valoración razonable de la prueba y motivación, a la igualdad y no discriminación; citando al efecto los arts. 56 de la Constitución Política del Estado (CPE), 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), y 26 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de 27 de octubre de 2023, y se ordene la emisión de una resolución que repare las vulneraciones cometidas, la que debe ordenar la actualización del avalúo pericial.
Celebrada la audiencia virtual el 23 de noviembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 537 a 541, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar destacando que: a) La primera acción ilegal cometida sería la de rechazar la solicitud de actualización del avalúo realizado el 2014, bajo el argumento que coincidiría con el Auto de 25 de abril de 2022, que la Jueza accionada presentó como pretensión ya resuelta en el fallo indicado con relación a la nulidad del Auto de 5 de mayo de 2016, cuando esta solicitud -motivo de la acción tutelar-, no pretende ninguna nulidad, sino, se refería a la actualización del avalúo; b) La segunda acción ilegal fue rechazar la actualización de avalúo a pesar de haber sido realizado hace más de nueve años atrás, por no reflejar el valor del inmueble a la fecha actual; y, c) La tercera acción ilegal, es que la Jueza le dispensa un trato diferenciado con relación a otros juzgados paralelos, donde actualizan los avalúos periciales, lo cual recaería en una discriminación.
Silvia Verónica Lora Gutiérrez, Jueza Pública Civil y Comercial Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 22 de noviembre de 2022, cursante de fs. 381 a 387 vta., solicitó se deniegue la tutela y con relación al fondo de la acción de amparo constitucional, señaló lo que a continuación se detalla: 1) Ante la nueva solicitud realizada por el accionante el 10 de agosto de 2023, a través del cual planteó incidente de objeción de peritaje por desactualización y solicitó que se realice nuevo avalúo pericial, mediante el proveído de 15 del mismo mes y año, teniendo presente el principio non bis in idem, le respondió que se esté a lo resuelto en el Auto de 25 de abril de 2022, determinación contra la cual el coactivado -hoy accionante- interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación; aclaró que la decisión asumida responde a que el proceso cuenta con el Auto de Vista de 31 de agosto de 2018, que otorgó calidad de cosa juzgada formal y material al Auto de 5 de mayo de 2016; por el cual, se aprobó el avalúo pericial de 19 de marzo de 2014, y en mérito al principio de preclusión no es posible retrotraer el trámite a la etapa ya clausurada; y, 2) Con relación al recurso de reposición bajo alternativa de apelación opuesto por el peticionante de tutela por memorial de 17 de agosto de 2023, a través del Auto de 27 de octubre del mismo año, se rechazó ese recurso, contra ésta última Resolución, el nombrado coactivado por memorial de 3 de noviembre de igual año, interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación.
El Banco Central de Bolivia (BCB), a través de sus abogados, mediante memorial de 22 de noviembre de 2023, cursante de fs. 298 a 300 vta., adhiriéndose íntegramente a la acción de amparo constitucional promovida por el accionante, solicitó se conceda la tutela, señalando que la autoridad judicial accionada de forma arbitraria, pretende consentir que el remate judicial se lleve a cabo sobre la base del avalúo pericial de 18 de marzo de 2014, pretendiendo dilapidar con este acto, su aspiración, en su condición de acreedor cedente de la cartera del ex Banco Boliviano Americano S.A., para que CABLEBOL S.A., como deudor, honre la deuda que tiene pendiente en favor del BCB. El Banco BISA S.A. a través de su representante legal, mediante memorial de 22 de noviembre de 2023, cursante de fs. 368 a 371 vta., solicitó se deniegue la tutela, bajo los siguientes argumentos: i) El accionante no cumplió con el principio de subsidiariedad porque a través de los memoriales de 26 de septiembre de 2018, 29 de noviembre de 2019, 5 de septiembre y 19 de noviembre de 2021, solicitó la actualización del avalúo, que tuvieron pronunciamientos de la autoridad judicial, contra los cuales no agotó instancia previa ni utilizó los medios idóneos de impugnación; por memorial de 19 de mayo de 2022 solicitó aclaración y complementación, que fue rechazado por decreto de 20 del mismo mes y año; por lo cual, interpuso recurso de apelación contra el Auto de 25 de abril del mismo año, sin que se pronuncie el auto de vista respectivo; ii) Existe falta de concurrencia del principio de inmediatez, por cuanto las reiteradas solicitudes de actualización de avalúo presentadas el 26 de septiembre de 2018 y 29 de noviembre de 2019, no fueron aceptadas por el Juez de la causa y tampoco fueron recurridas; por lo que, habiendo transcurrido más de seis meses resulta inviable que el coactivado continue presentando de forma cíclica la misma solicitud; iii) La SCP 1113/2015-S2 de 3 de noviembre, no es aplicable al presente caso, por no guardar similitud de elementos fácticos, porque la Sentencia se refiere a un concurso de acreedores, dentro del cual se realizó un avalúo fiscal de inmueble, cuya subasta se llevó a cabo cuando la norma procesal contenida en el art. 534 del Código de Procedimiento Civil (CPC abrg.) ya había sido declarada inconstitucional por la SCP 2621/2012 de 21 de diciembre; y, iv) La pretensión del accionante de actualizar los avalúos periciales, según recomendación del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz y de la reglamentación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), no son aplicables al procedimiento civil; por cuanto, éste es una norma de orden público y no puede ser modificada por voluntad de las partes; lo contrario, implicaría que cada litigante pueda llevar a remate un bien sobre el valor que mejor le parezca. El Banco Unión S.A. a través de su representante legal, mediante memorial de 22 de noviembre de 2023, cursante de fs. 432 a 435 vta., solicitó se deniegue la tutela, en base a los siguientes argumentos: a) Debe pronunciarse la improcedencia de la acción de defensa, en aplicación del art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo); toda vez que, el avalúo pericial fue confirmado por Auto de Vista 122/2018 de 31 de agosto, que fue incrementado el 21 de febrero de 2020, sin que se haya formulado ninguna impugnación; los incidentes promovidos en forma posterior al Auto de 25 de abril de 2022, merecieron recurso de apelación encontrándose pendiente de resolución; la solicitud de actualización de 10 de agosto de 2023, negada por Resolución de 15 de igual mes y año, fue impugnada por medio del recurso de reposición, cuando debió apelarse directamente, consiguientemente el recurso alternado no surtirá efecto legal; b) La Resolución que fija el valor de la subasta es de 21 de febrero de 2020, como se establece en el Auto de 25 de abril de 2022, contra la cual no concurre ninguna impugnación y no es posible retrotraer el proceso, en base a los principios de preclusión y actos propios; y, c) No es aplicable la aplicación del precedente constitucional, porque en la Sentencia “1113” no se tuvo los innumerables incidentes y no se consintió el avalúo por actos propios de los ejecutados; esta acción es otro intento de prolongar injustificadamente el proceso de ejecución, que en la especie dura más de veinte años.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 136/2023 de 23 de noviembre, cursante de fs. 542 a 545 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: 1) La causa petendi del presente caso que se encuentra integrada por el Auto de 27 de octubre de 2023, no se encuentra en plena coherencia con el petitum, que está contenido en la solicitud de dejar sin efecto el referido Auto y se emita una nueva resolución que repare las vulneraciones cometidas, lo que ocasiona que no exista un adecuado nexo de causalidad entre estos elementos esenciales; 2) Si bien se indicó que el citado Auto vulneró los derechos del accionante; empero, no se expresó la causalidad respecto del Auto en cuestión, que rechazó la reposición contra el proveído de 15 de agosto de 2023; y, 3) Se omitió señalar cuál era su petitorio o el objeto de su exigencia que pretendía satisfacer en torno al rechazo de la actualización, Auto que no fue cuestionado, y tampoco se precisó de qué manera se hubieran vulnerado sus derechos, limitándose el accionante a exponer la manera en que la autoridad judicial accionada se encuentra negando su solicitud de actualización del avalúo.
Mediante Auto Constitucional 028/2024-CA/S de 30 de enero, cursante de fs. 598 a 603, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, dispuso el adelanto de sorteo del presente expediente.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto de 21 de febrero de 2020, pronunciado por Silvia Verónica Lora Gutiérrez Jueza Pública Civil y Comercial Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora accionada-, a través del cual rechazó las observaciones formuladas por Mario Jaime Jiménez Prudencio -hoy accionante- y otra, a través de los memoriales de 26 de septiembre de 2018; por una parte, al informe del levantamiento topográfico realizado por el Instituto Geográfico Militar; y, por otra parte, a la solicitud de dejar sin efecto el avalúo pericial de 2014 y se realice la actualización del mismo (fs. 27 a 32).
II.2. El accionante, ante la emisión del Auto referido en el punto anterior, mediante memorial de 15 de junio de 2020, solicitó la nulidad de obrados hasta el Auto de 5 de mayo de 2016, el cual aprobó el avalúo pericial; y, al mismo tiempo pidió se disponga un nuevo avalúo de su inmueble (fs. 33 a 44 vta.); cursa también memorial de 10 de septiembre de 2021; por el que, solicitó la actualización del avalúo de su inmueble objeto de remate (fs. 45 a 50 vta.); estos memoriales y otros más, fueron resueltos a través del Auto de 25 de abril de 2022; por el cual, la autoridad judicial accionada rechazó el incidente de nulidad; y, la solicitud de actualización del avalúo pericial (fs. 338 a 351). II.3. La Resolución descrita en el punto II.2, mereció solicitud de aclaración y complementación por parte del impetrante de tutela de 19 de mayo de 2022 (fs. 352 a 353); que por proveído de 20 de igual mes y año, se declaró sin lugar (fs. 354); posteriormente, el accionante interpuso recurso de apelación contra el Auto de 25 de abril (fs. 355 a 359), impugnación que fue ratificada el 27 de mayo del mismo año (fs. 361 a 366 vta.). II.4. A través del memorial presentado por el demandante de tutela el 10 de agosto de 2023, observó el peritaje por desactualizado y solicitó se efectúe nuevo avalúo (fs. 70 a 71 vta.), el cual tuvo como respuesta el proveído de 15 del mismo mes y año, mediante el cual la Jueza ahora accionada, señaló “…estese a lo resuelto mediante auto de fecha 25 de abril de 2022…” ([sic fs. 72]). II.5. Contra el referido proveído de 15 de agosto de 2023, el 17 de igual mes y año, el accionante presentó recurso de reposición bajo alternativa de apelación (fs. 73 a 74 vta.), que mereció el Auto de 27 de octubre del mismo año; por el cual, la autoridad judicial accionada, con relación a la reposición opuesta, rechazó el recurso, manteniendo incólume el proveído de 15 de agosto de 2023 (fs. 176 a 182 vta.).
El accionante denuncia la vulneración de los derechos a la propiedad, al debido proceso en sus elementos valoración razonable de la prueba y motivación, a la igualdad y no discriminación; toda vez que, en ejecución de sentencia del proceso coactivo seguido por el Banco Bisa S.A. en contra de la empresa CABLEBOL S.A., debido a que el avalúo de su inmueble a rematar data de 2014, interpuso un incidente de nulidad y actualización del avalúo, que la autoridad judicial accionada rechazó; por lo que, el 23 de mayo de 2022, presentó recurso de apelación que se encuentra pendiente de resolución; asimismo, el 10 de agosto de 2023, nuevamente solicitó actualización del avalúo, que de manera arbitraria, fue rechazada por la Jueza ahora accionada; por ello, presentó recurso de reposición, el que mereció el Auto de 27 de octubre de ese año, que confirmó su determinación, cuando en otros juzgados paralelos del mismo asiento judicial, se viabilizan las actualizaciones de avalúos sin inconveniente alguno; por lo que, el accionar de la Jueza le coloca en una situación de desventaja frente al acreedor, para quien los intereses continúan incrementándose hasta el momento en que se realice el remate, pero, para su persona se congeló el valor de su inmueble; lo cual, recaería en la categoría de discriminación, por ende en una acción ilegal. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto la SCP 0526/2024-S3 de 19 de julio, citó a la SCP 0931/2023-S2 de 29 de septiembre, que reiteró el entendimiento jurisprudencial contenido en la SCP 0785/2019-S4 de 12 de septiembre entre otros fallos constitucionales, que estableció: “Al respecto, la SCP 0785/2019-S4 de 12 de septiembre, entendió que: ‘El amparo constitucional se constituye en un proceso constitucional diferente al proceso ordinario, con un objeto específico y diferente, que se materializa en la protección y restitución de derechos fundamentales con una causa distinta a la proveniente del proceso ordinario, que viene a ser la vulneración concreta o inminente de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado; con un marco jurídico procesal propio, adquiere las características de sumariedad e inmediatez en la protección de derechos y garantías fundamentales, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas características se añade la de generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin excepción contra todo servidor público o persona individual o colectiva. Al respecto la SCP 002/2012 de 13 de marzo, ha señalado que: «…la acción de amparo constitucional, encuentra fundamento directo en el artículo 25.1 de la CADH, instrumento que señala: [Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales]. En el marco del citado precepto que forma parte del Bloque de Constitucionalidad reconocido por el artículo 410 de la CPE, se tiene que la dimensión procesal constitucional de la acción de amparo constitucional debe ser estructurada a partir de este marco de disposiciones, siendo evidente que el amparo constitucional constituye un mecanismo eficaz de defensa para el resguardo de derechos fundamentales insertos en el bloque de constitucionalidad».
La acción de amparo constitucional se encuentra instituida en el art. 128 de la CPE que establece: «La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley». A su vez el art. 129.I de la referida Norma Suprema, resalta que: «La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados»; en consecuencia, la Constitución Política del Estado instituye esta acción como mecanismo de protección, poniéndola al alcance de toda persona que sufra vulneración a sus derechos reconocidos en la norma suprema, siendo su objeto principal el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías que puedan estar siendo vulnerados (restringidos, suprimidos o amenazados); procediendo dicho mecanismo siempre y cuando el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida’. Por su parte, la SCP 0659/2019-S4 de 21 de agosto, señaló que: ‘Consiguientemente, se entiende que dicho mecanismo de defensa constitucional de derechos se constituye en un medio de tutela de carácter extraordinario, regido por los principios de subsidiariedad e inmediatez, razón por la que no puede ni debe ser confundido con un mecanismo intraprocesal o un recurso de revisión, que forme parte de las vías legales ordinarias o administrativas, pues conforme determinan los citados preceptos constitucionales, tal acción de defensa solo se promueve en cuando se supriman o restrinjan los derechos fundamentales o garantías constitucionales, y no exista otros medios legales para reparar la vulneración, por lo mismo no se activa para reparar supuestos actos que infringen las normas procesales o sustantivas, debido a una incorrecta interpretación o indebida aplicación de las mismas, cual si se tratase de un recurso de revisión puesto que por su naturaleza de acción tutelar de carácter extraordinario, no puede ser concebida como un medio de defensa o recurso alternativo, supletorio, sustitutivo o complementario que forme parte del sistema de impugnación sea ordinario o administrativo u otro’”.
El impetrante de tutela denuncia la lesión de los derechos a la propiedad, al debido proceso en sus elementos valoración razonable de la prueba y motivación, a la igualdad y no discriminación; debido a que, en ejecución de sentencia del proceso coactivo seguido por el Banco Bisa S.A. contra la empresa CABLEBOL S.A., en razón a que el avalúo de su inmueble a rematar data del 2014, interpuso un incidente de nulidad y actualización del avalúo, que la autoridad judicial accionada rechazó; por lo que, el 23 de mayo de 2022, presentó recurso de apelación que se encuentra pendiente de resolución; asimismo, el 10 de agosto de 2023, nuevamente solicitó actualización del avalúo, que de manera arbitraria, fue rechazada por la Jueza ahora accionada; por ello, presentó recurso de reposición, que mereció el Auto de 27 de octubre de ese año, confirmando su determinación, cuando en otros juzgados paralelos del mismo asiento judicial, se viabilizan las actualizaciones de avalúos sin inconveniente alguno; por lo que, el accionar de la Jueza le coloca en una situación de desventaja frente al acreedor, para quien los intereses continúan incrementándose hasta el momento en que se realice el remate, pero, para su persona se congeló el valor de su inmueble; lo cual, recaería en la categoría de discriminación, por ende en una acción ilegal. Inicialmente es pertinente revisar los antecedentes que informan al caso que se examina, el cual tiene su origen en el proceso coactivo seguido por el Banco Bisa S.A. contra la empresa CABLEBOL S.A., que se encuentra en etapa de ejecución, en el que el accionante en calidad de garante hipotecario a través del memorial de 15 de junio de 2020, solicitó la nulidad de obrados hasta el Auto de 5 de mayo de 2016, el cual aprobó el avalúo pericial; y, al mismo tiempo solicitó se disponga un nuevo avalúo de su inmueble.
Asimismo, mediante memorial de 5 de septiembre de 2021, impetró la actualización del avalúo de su inmueble objeto de remate; estos memoriales y otros más, fueron resueltos por la Jueza accionada por Auto de 25 de abril de 2022, quien rechazó el incidente de nulidad y la petición de actualización del avalúo impetrados por el impetrante de tutela, Resolución que mereció solicitud de aclaración y complementación, que por proveído de 20 de mayo de 2022 se declaró sin lugar; ante ello, el demandante de tutela interpuso recurso de apelación contra el referido Auto de 25 de abril de 2022, ratificándolo el 27 de mayo del mismo año. Cabe destacar que, de acuerdo a lo manifestado por el accionante y los terceros interesados, éste recurso de alzada se encuentra pendiente de resolución ante el superior en grado.
Posteriormente, a través de memorial de 10 de agosto de 2023, observó el peritaje por desactualizado y solicitó se efectúe nuevo avalúo pericial; al que la Jueza ahora accionada por proveído de 15 del mismo mes y año, decretó “…estese a lo resuelto mediante auto de fecha 25 de abril de 2022…” (sic); contra el referido proveído, el 17 de agosto de 2023, el peticionante de tutela interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación, que mereció el Auto de 27 de octubre del mismo año -ahora impugnado-, por el cual la Jueza accionada, rechazó el recurso, manteniendo incólume el proveído de 15 de agosto de igual año.
En ese contexto, del contenido como los antecedentes de la acción de amparo constitucional, se advierte que el accionante pretende que la jurisdicción constitucional examine lo resuelto en el Auto de 27 de octubre de 2023, hoy cuestionado.
Ahora bien, considerando lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, resulta necesario destacar que contempla dentro de su naturaleza jurídica y emergente alcance de protección constitucional el resguardo y restablecimiento de derechos y garantías constitucionales que se encuentran dentro de su ámbito de tutela, que puede ser activado por la persona que se considere afectada en los mismos mediante actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de personas individuales o colectivas, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata y reparación de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados; razón por la que, no puede ni debe ser confundida con un mecanismo intraprocesal o un recurso de revisión, que forme parte de las vías legales ordinarias o administrativas.
En el presente caso, se tiene que ante la emisión del Auto de 21 de febrero de 2020, que rechazó la actualización de avalúo peticionado por el accionante por memorial de 26 de septiembre de 2018, éste presentó el memorial de 15 de junio del mismo año, postulando dos pretensiones ligadas entre sí; por una parte, que se “ANULE obrados hasta el vicio más antiguo que sería hasta el Auto de 5 de mayo de 2016” (sic); y, por otra parte, que “…se realice un nuevo avalúo pericial…” (sic); luego, el impetrante de tutela presentó el memorial de 5 de septiembre de 2021, en el que señaló “…mediante memorial de fecha 15 de junio de 2020 y en vista de que su autoridad omite pronunciarse sobre la solicitud de actualización de Avalúo, solicite se declare nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo …” (sic); y, al mismo tiempo -nuevamente- impetró la actualización del avalúo de su inmueble objeto de remate.
Los memoriales referidos en el párrafo anterior, fueron resueltos por la Jueza accionada mediante Auto de 25 de abril de 2022, quien por un lado, rechazó el incidente de nulidad; y por otro, la solicitud de actualización del avalúo impetrados por el demandante de tutela; Resolución que mereció solicitud de aclaración y complementación, que por proveído de 20 de mayo de 2022 se declaró sin lugar; por ello, el solicitante de tutela interpuso recurso de apelación contra el referido Auto de 25 de abril de 2022, ratificando su recurso el 27 de mayo del mismo año; Auto apelado que se encuentra en alzada pendiente de resolución.
Posteriormente, el accionante mediante memorial de 10 de agosto de 2023, observó el avalúo realizado el 2014, que fue aprobado “por Auto de fecha 05 de mayo de 2016” (sic) por desactualizado; y, también solicitó se efectúe un nuevo avalúo pericial; el cual, tuvo como respuesta el proveído de 15 del mismo mes y año, mediante el cual la autoridad judicial accionada, señaló “…estese a lo resuelto mediante auto de fecha 25 de abril de 2022…” (sic) contra el referido proveído, el peticionante de tutela presentó recurso de reposición bajo alternativa de apelación, que mereció el Auto de 27 de octubre del mismo año; por el cual, la Jueza accionada, con relación a la reposición opuesta, rechazó ese recurso, manteniendo incólume el proveído de 15 de agosto de 2023.
En ese contexto, se advierte que el proveído de 15 de agosto de 2023, que fue confirmado por el Auto de 27 de octubre del mismo año, que es motivo de cuestionamiento en la presente acción tutelar, es conexo al Auto de 25 de abril de 2022, que se encuentra en apelación pendiente de resolución; toda vez que, se emitieron en atención a la misma pretensión impetrada por el accionante, que en el fondo -aunque con distintos argumentos- solicita la actualización del avalúo pericial realizado el 2014; resultando que, la resolución que resuelva el recurso de apelación referido, también alcanzará en sus efectos al Auto cuestionado en esta acción tutelar, que puede tener efectos modificatorios en el fondo de la pretensión por estar vinculados entre sí; por ello, el impetrante de tutela al haber activado dos jurisdicciones -la intraprocesal y la constitucional- en forma simultánea para efectuar sus reclamos con el mismo fin, inviabiliza la acción tutelar, pues se crearía una disfunción procesal contraria al orden y seguridad jurídica.
En este sentido, se advierte que el impetrante de tutela activó paralelamente con análoga finalidad esta vía constitucional cuando la apelación interpuesta contra el Auto de 25 de abril de 2022 -se reitera-al que es conexo el Auto de 27 de octubre de 2023, que ahora solicita se deje sin efecto, se encontraba pendiente de resolución; lo cual, impide que la jurisdicción constitucional pueda ingresar a analizar el fondo del amparo constitucional planteado, a pesar de la circunstancia especial de la condición de adulto mayor del peticionante de tutela, que por ser persona vulnerable -eventualmente- podría haber dado lugar a superar la exigencia del agotamiento de los medios recursivos o de defensa; pero, ello no puede ser abstraído por la existencia de vías paralelas con un mismo fin, por la interposición del recurso de apelación referido que aún se encuentra pendiente de resolución en la vía ordinaria y la activación de esta acción tutelar; actuar en contrario, podría generar una eventual confrontación jurídica ante la posibilidad que existan fallos contrapuestos emitidos en ambas jurisdicciones -ordinaria y constitucional- sobre una misma situación procesal.
Por todo lo expuesto, y ante la circunstancia fáctica advertida, al estar pendiente otro medio legal para la protección inmediata de los derechos presuntamente restringidos, utilizado por el accionante, hace inviable que se otorgue la tutela impetrada, debiendo denegar la misma sin ingresar al fondo de la acción de amparo constitucional incoado.
En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 136/2023 de 23 de noviembre, cursante de fs. 542 a 545 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0847_2024-S3.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): eb2108370f512243de5ca32e38372470c1dd345214b1004f4004ba408a39cf78
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