Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 26 de julio de 2023
Concede en parte la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la publicidad, a la defensa, al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y valoración razonable de la prueba, a la igualdad, al acceso a la justicia transparente e imparcial y a la propiedad por sucesión hereditaria; en razón a que, su hermano José Zabala Flores instauró un proceso de usucapión sobre un bien inmueble que les correspondería poseer por derecho sucesorio y desarrollado con vicios de nulidad, motivo por el cual, plantearon un incidente de nulidad de obrados; sin embargo, el mismo fue rechazado mediante Auto Interlocutorio 55 de 25 de mayo de 2021, que fue confirmado por Auto de Vista de 18 de noviembre de 2021, lesionando los siguientes derechos: i) A la publicidad, por no haber considerado que al registrarse el expediente del proceso de usucapión a nombre de personas extrañas, se les privó de revisar el mismo y tomar conocimiento de los actuados, asimismo, por no considerar que se admitió la demanda en contra de personas inexistentes, y que se citó por edictos a presuntos autores y no así a presuntos herederos o propietarios; ii) Al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia de las resoluciones porque no se pronunciaron sobre los aspectos reclamados en el punto anterior que contravinieron la publicidad y dan lugar a la nulidad de la citación por edictos y demás actuados, e impidieron que tengan conocimiento del proceso de usucapión y puedan ejercer defensa, ya que no fueron notificados como presuntos propietarios; iii) A la valoración razonable de l…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 56/2022 de 20 de abril, cursante de fs. 315 a 320 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto al derecho debido proceso en sus elementos de congruencia, fundamentación, motivación y valoración de la prueba, dejado sin efecto el Auto de Vista 346 de 18, de noviembre de 2021, emitido por los Vocales demandados debiendo los mismos dictar nueva resolución conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada en cuanto al derecho a la igualdad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0847/2023-S1 Sucre, 26 de julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 47858-2022-96-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 56/2022 de 20 de abril, cursante de fs. 315 a 320 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Aurelio Zabala Flores, Magaly Zabala Flores Vda. de Severiche, y Gloria Julia Zabala Flores contra Freddy Pérez Chavarría, Efraín Cruz Limachi, Miriam Rosell Terrazas, y Oscar Jesús Menacho Angeleri, Vocales y Ex Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Domestica y Publica Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 17, 28 de marzo y 6 de abril de 2022, cursantes de fs. 245 a 266, 269 a 272 vta. y 280 a 281, los accionantes expresaron lo siguientes argumentos de hecho y derecho:
Al fallecimiento de su padre Félix Zabala Farel el año 2008 y luego de su madre Ernestina Flores Terán de Zabala el año 2017, iniciaron procesos de división de herencia; sin embargo, dichos procesos se frustraron con la admisión de la demanda de usucapión interpuesta por su hermano José Zabala Flores -ahora tercero interesado-, quien pretende apoderarse de todos los bienes hereditarios. El indicado proceso de usucapión se desarrolló de manera irregular, con actuaciones procesales secretas, sin otorgarles la posibilidad de asumir defensa, emitiendo sentencia que declaró probada la demanda con los siguientes antecedentes: a) El proceso, por error se registró y caratuló en contra de personas ajenas al proceso, ocultando de esta manera contra quienes estaba dirigido, impidiéndoles contestar la demanda e impugnar la prueba para desvirtuar la pretensión, lesionando de esta manera su derecho a la defensa y publicidad, prueba que no fue considerada por los Vocales demandados; b) La demanda está dirigida en contra de Miguel Osinaga Romero y Albina Bonilla de Osinaga, quienes no figuran como propietarios del bien inmueble que se pretende usucapir, evidenciando que la misma era improponible, considerando entre otros, los Autos Supremos (AS) “140/2015”, 28/2013 de 6 de febrero y 361/2012 de 25 de septiembre que establecen que la demanda de usucapión debe estar dirigida contra el propietario registral debiendo en caso contrario rechazarse la demanda; c) De manera incoherente el Juez de la causa solicitó a Derechos Reales (DD.RR.), certificar si el inmueble se encontraba registrado a nombre de José Zabala Flores. La referida institución informó que no se encontró ningún inmueble que coincida con los datos proporcionados; d) El Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de El Torno, certificó que Miguel Osinaga Romero y Albina Bonilla de Osinaga no cuentan con ningún registro de inmueble en el sistema “SIIAT”; e) Pese al incumplimiento de los requisitos necesarios el Juez a quo admitió la demanda contra Miguel Osinaga Romero y Albina Bonilla de Osinaga añadiendo de manera ultrapetita “contra presuntos propietarios”; f) La demanda fue dirigida contra personas inexistentes, tal es así que la certificación del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), de 31 de mayo de 2019 y la Certificación del Servicio de Registro Civil (SERECI) de 6 de junio de 2019, señalan que no se tienen registros de Miguel Osinaga Romero y Albina Bonilla de Osinaga, tampoco se adjuntó certificado de descendencia de las mencionadas personas; y, g) La citación con la demanda se realizó mediante edictos dirigiéndose en contra de Miguel Osinaga Romero, Albina Bonilla de Osinaga y presuntos autores, como si se tratara de una denuncia penal, dicha citación surtió sus efectos respecto a las mencionadas personas, pero no cumplió su finalidad respecto a personas que no fueron especificadas, puesto que el juramento de desconocimiento de domicilio surte sus efectos contra las personas a las que se refiere, por tanto la citación mencionada no alcanzó a sus personas. Todos los actos procesales fueron desarrollados de manera irregular y evidencian que nunca fueron citados ni tuvieron conocimiento del proceso de usucapión, siendo colocados en estado de indefensión, motivo por el cual, en defensa de sus derechos, plantearon un incidente de nulidad de obrados adjuntando prueba idónea como ser: 1) El Acta de 17 de marzo de 2009 del Libro de Actas del Corregimiento de Puerto Rico, Cuarta Sección Municipal de El Torno, Provincia Andrés Ibáñez de Santa Cruz, que señala que Félix Zabala Farel -fallecido-, siendo dueño de un terreno de 5 hectáreas y media en el barrio San Andrés, zona Noroeste de El Torno, a su fallecimiento quedó esa propiedad en posesión de su esposa Ernestina Flores Vda. de Zabala y sus hijos Aurelio, Magaly, Nancy, Gloria Julia, Amalia y José Zabala Flores; 2) El certificado de 4 de febrero de 2009 del mismo libro de Actas, señala que Aurelio, Magaly, Nancy y Gloria Julia Flores Zabala, hijos de Felix Zabala Farel, tienen pacífica posesión del referido terreno desde hace veinte años; 3) Plano de ubicación y división del lote de terreno “La Granja”; 4) Fotocopias legalizadas del proceso voluntario de formación de inventario enumerativo y evaluativo de bienes sucesorios para su división y partición entre todos los coherederos “Exp. 160/09-432/09” acumulado y tramitado ante el Juzgado Mixto de Instrucción de La Guardia del departamento de Santa Cruz, que en su contenido describe un terreno donde se encuentra instalada la “granja de pollo”, ubicado en la zona oeste de la ciudad de El Torno; 5) Caratula del expediente de usucapión siendo el demandante José Zabala Flores y el demandado Felix Ascuis; 6) Fotocopia del libro de causas nuevas de la gestión 2018; 7) Documento referido al total de la masa hereditaria suscrito por los seis coherederos; y, 8) Documentos que demuestran que José Zabala Flores nunca vivió en el terreno objeto de la usucapión. A pesar de haberse presentado los citados documentos que demuestran los procedimientos ocultos con los cuales se registró la demanda de usucapión, y que el inmueble denominado “La Granja” por la sucesión en la posesión de su padre Felix Zabala Farel les pertenece en proindiviso a todos los herederos, dichos documentos no fueron compulsados, lesionando su derecho a la valoración razonable de la prueba, a la motivación y fundamentación y el principio de legalidad, llegando a emitirse el Auto Interlocutorio 55 de 25 de mayo de 2021, que rechazó el incidente de nulidad de obrados interpuesto, de igual manera, los Vocales ahora demandados, sin reparar la vulneración de derechos, emitieron el Auto de Vista 346 de 18 de noviembre de 2021 que confirmó totalmente el Auto Interlocutorio 55. El mencionado Auto de Vista 346 ahora impugnado, omitió analizar, considerar y valorar los agravios denunciados en el recurso de apelación, vulnerando los siguientes derechos: i) A la publicidad; toda vez que no se pronunciaron respecto al argumento de que al registrarse el expediente del proceso de usucapión a nombre de personas extrañas se les privó de revisar ese expediente y tomar conocimiento de los actuados, lesionando su derecho a la publicidad y a la defensa por no tener conocimiento del proceso; asimismo las autoridades ahora demandadas, no consideraron que se admitió la demanda en contra de Miguel Osinaga Romero y Albina Bonilla de Osinaga, que son personas inexistentes conforme se acredita de las certificaciones del SEGIP y del SERECI, tampoco consideraron que se citó por edictos a presuntos autores y no así a presuntos herederos o propietarios; además de haber incurrido en defectuosa valoración de la prueba al señalar que la notificación por edictos al estar dirigida contra presuntos “herederos o propietarios”, cumplió a cabalidad lo establecido en el art. 78 del Código Procesal Civil (CPC) -Ley 439 de 19 de noviembre de 2013-. Al respecto, la SCP 1420/2014 de 7 de julio, señaló que un acto procesal es susceptible de nulidad solo cuando es reclamado oportunamente o cuando el litigante no tuvo conocimiento de la existencia del proceso; ii) A la motivación y fundamentación, debido a que los Vocales hoy demandados no se pronunciaron respecto a la vulneración de los siguientes derechos: a) Publicidad que fue provocada por los motivos que fueron expuestos precedentemente; b) Defensa puesto que “no fueron notificados como presuntos propietarios teniendo la condición de sucesores en la posesión” del bien inmueble objeto de la litis; c) Igualdad de las partes, porque el Juez a quo no aplicó la jurisprudencia contenida en los AS “140/2015” y 491/2017 de 17 de mayo, que establecen el registro catastral a nombre del demandado como requisito imprescindible para la admisión de la demanda de usucapión ante cuyo incumplimiento debe rechazarse la demanda, realizando una valoración de la prueba que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; iii) A la igualdad por la no aplicación de los precedentes jurisprudenciales, conforme se desarrolló en la SCP 1401/2015-S2 de 23 de diciembre, los Vocales demandados no enmendaron los errores y omisiones del Juez inferior en grado omitiendo explicar porque no emplearon los precedentes jurisprudenciales aplicables al caso concreto referidos a la obligación de exigir la certificación o tradición registral antes de admitir la demanda de usucapión. Respecto a la cosa juzgada, los Vocales demandados omitieron aplicar la jurisprudencia constitucional que estableció que es posible la interposición de incidente de nulidad en contra de actos procesales ilegales desarrollados en vulneración a derechos y garantías constitucionales más aun cuando la parte afectada no tuvo conocimiento del proceso. El Auto de Vista 346 en relación a la cosa juzgada señala que el proceso de usucapión se encuentra con sentencia con calidad de cosa juzgada, ejecutoriada el 14 de noviembre de 2019 no pudiendo retrotraerse etapas procesales concluidas salvo irregularidades reclamadas oportunamente y que lesionen el derecho a la defensa, argumento que es contradictorio a la SCP 415/2018 de 13 de agosto, que establece que es posible la revisión de un proceso judicial así este ejecutoriado si se lesionaron normas de orden público y por tanto derechos fundamentales, la referida omisión de la aplicación del referente jurisprudencial, lesiona el referido derecho a la igualdad; iv) A la propiedad por sucesión hereditaria, puesto que el Auto de Vista 346 señaló que sus personas como incidentistas no acreditaron tener derecho propietario inscrito en los términos descritos en el art. 1538 del Código Civil (CC), omitiendo considerar que acreditaron la posesión por sucesión en el marco de la jurisprudencia descrita en el AS 171/2016 de 3 de marzo que estableció que se garantiza el derecho a la sucesión de la posesión, tomando en cuenta el art. 92 del referido Código, que establece que el sucesor a título universal continua la posesión de su causante desde que se abre la sucesión. Sus personas, con los documentos adjuntos al incidente de nulidad de obrados como a la apelación, acreditaron que el inmueble objeto de la Litis se encontraba en posesión de sus causantes Felix Zabala Farel y Ernestina Flores Terán de Zabala, cuyo fallecimiento dio lugar a la sucesión de la posesión en favor de los coherederos; v) A la valoración razonable de la prueba, el Auto de Vista 346 omitió valorar los documentos, como ser los certificados emitidos por el Corregidor de Puerto Rico – El Torno; el plano del lote y las demandas de división de herencia, con los cuales acreditaron legitimación en la sucesión de la posesión, documentos que a pesar del traslado no fueron tachados de falsos, los Vocales demandados incurrieron en una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad, no consideraron que esos documentos gozan de presunción de veracidad señalada en el Código Civil, frente a las pruebas presentadas por José Zabala Flores que no demuestran ningún derecho propietario de Miguel Osinaga Romero y Albina Bonilla de Osinaga que no figuran en los registros de DD.RR. por tanto la demanda de usucapión resultaba improponible. El Auto de Vista 346 en el considerando IV de manera incongruente señala que la autoridad judicial realizó un análisis correcto de la prueba presentada y que los incidentistas debían acreditar su presunto derecho propietario con el registro en DD.RR. conforme al art. 1538 del CC, los Vocales demandados tampoco revisaron y valoraron la prueba consistente en el libro de causas de la gestión 2018, y la carátula del expediente de usucapión que evidencia los procedimientos ocultos, el certificado de DD.RR. que demuestra que el inmueble a usucapir no se encuentra registrado a nombre de los demandados, los certificados de SEGIP y SERECI y los edictos de prensa, pruebas que demuestran la improponibilidad de la demanda de usucapión y la vulneración de su derecho a la publicidad, defensa, igualdad y debido proceso; y, vi) Al debido proceso, que conforme a jurisprudencia constitucional está ligado a la búsqueda del orden justo, ya que el Auto de Vista 346 de manera incongruente y carente de motivación confirmó totalmente el Auto apelado. Respecto al cumplimiento de los requisitos para la procedencia de la nulidad de obrados, los Vocales demandados no consideraron que se demostró que los actos procesales se encuentran viciados y que no existió convalidación porque no tuvieron conocimiento de la existencia del proceso de usucapión, sin embargo dicho proceso les causó un perjuicio personal, directo, real y concreto, siendo aplicable el art. 106 del CC que establece que la nulidad podrá ser declarada a pedido de la parte que no concurrió a causarla, cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin y se haya sufrido indefensión. En el caso concreto se cumplió con los principios previstos en la jurisprudencia constitucional para la nulidad de los actos procesales -SC 0731/2010-R de 20 de julio, SCP 0332/2012 de 18 de junio y SCP 134/2014-S1 de 5 de diciembre-, cumpliendo también los arts. 16.II y 17 de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025 de 24 de junio de 2010- y 105 a 109 de la Ley 439, en ese sentido, se cumplió con los principios de: trascendencia, porque con el proceso de usucapión se sufrió un perjuicio cierto e irreparable, finalidad del acto, porque el proceso de usucapión desde el inicio se tramitó de manera irregular lo que impidió que tuvieran conocimiento del mismo, especificidad o legalidad, por carecer el referido proceso de los requisitos formales indispensables como es la citación a la parte interesada, y convalidación y preclusión, ya que mediante memorial de 8 de febrero de 2021 reclamaron las vulneraciones cometidas desde que conocieron la existencia del proceso.
Solicitan que se aplique la excepción al principio de subsidiariedad previsto en el art. 54.II Código Procesal Constitucional (CPCo), puesto que de no otorgárseles la tutela podrían sufrir un daño irreparable en su patrimonio, como sucesores de sus causantes quienes tenían la posesión del bien inmueble usucapido irregularmente por el ahora tercero interesado, de igual manera señalan que se cumple el principio de inmediatez puesto que el Auto de Vista impugnado fue notificado a sus personas el 28 de enero de 2022, asimismo señalan que no concurren otras causales de improcedencia de la acción de amparo constitucional. Respecto a la valoración de la prueba en sede constitucional, de acuerdo a la SCP 0053/2018-S1 de 16 de marzo, el proceso de usucapión no se tramitó respetando el procedimiento establecido en las normas y jurisprudencia habiéndose ocasionado indefensión material, vulnerando el debido proceso en sus vertientes de publicidad, motivación, defensa y valoración razonable de la prueba.
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la publicidad, a la defensa, al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y valoración razonable de la prueba, a la igualdad, al acceso a la justicia transparente e imparcial y a la propiedad por sucesión hereditaria, citando al efecto los arts. 14, 56.III, 115 y 119.I, 180.I, de la Constitución Política del Estado (CPE), 26 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos (PDCP)
Solicitaron se conceda la tutela; y, en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 346 de 18 de noviembre de 2021; b) Disponer la nulidad de obrados del proceso de usucapión con expediente 275/18 tramitado en el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz, hasta el vicio más antiguo, es decir la admisión de la demanda en aplicación de la SC 0788/2010-R de 2 de agosto; c) Ordenar a la oficina de Derechos Reales del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz la cancelación de la inscripción y registro de la matricula computarizada 7.01.5.01.0007753 a nombre de José Zabala Flores ingresado el 4 de febrero de 2020 con número de trámite 5694223; y, d) La reparación de daños y perjuicios y la remisión de antecedentes al Ministerio Público y Régimen Disciplinario del Consejo de la Magistratura para la correspondiente investigación.
La audiencia pública virtual de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 20 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 304 a 314 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su abogado, en audiencia, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.
Miriam Rosell Terrazas, ex Vocal, Freddy Pérez Chavarría y Efraín Cruz Limachi, Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Domestica y Publica Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pese a su citación cursante a fs. 287, 289 y 290, no asistieron a la audiencia tampoco presentaron informe alguno. Oscar Jesús Menacho Angeleri, ex Vocal de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Domestica y Publica Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante informe presentado el 20 de abril de 2022, cursante a fs. 293 y vta., manifestó que su persona ya no forma parte de la mencionada Sala, habiendo sido designado como Vocal de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
José Zabala Flores, en audiencia a través de su abogado, manifestó qué: 1) La parte accionante no fue clara y concreta en identificar y vincular los hechos por los cuales el Auto de Vista 346 sería vulneratorio a sus derechos constitucionales; 2) Evidentemente los accionantes interpusieron una demanda de división y partición de hace diez años atrás aproximadamente en contra de José Zabala Flores y sus dos hermanas, se respondió a dicha demanda mediante memorial de 8 de octubre de 2020, señalando que el inmueble objeto del proceso de usucapión, no se encontraba sujeto a división y partición de bienes porque el mismo ya se encontraba titulado con registro en DD.RR. habiéndose adjuntado al efecto el respectivo folio real, los ahora accionantes desde ese momento tenían conocimiento de la existencia real y concreta del proceso de usucapión; 3) El Auto Interlocutorio 55 resuelve todas las cuestionantes planteadas en el incidente de nulidad; 4) El inmueble en conflicto nunca tuvo título propietario y su persona siempre tuvo posesión de ese bien cancelando incluso los servicios de agua potable y energía eléctrica, de igual manera, el Juez de la causa concluyó que los hoy accionante no acreditaron tener legitimación en el proceso de usucapión; 5) Los accionantes hicieron referencia a un supuesto fraude procesal, no obstante el Juez de la causa refirió que tiene la vía expedita para demandar fraude procesal en la vía civil en conformidad con el art. 285 del CPC; 6) El Auto de Vista 346 atiende todas las cuestiones reclamadas, cumple con la correcta motivación y los parámetros que debe tener toda resolución, siendo evidente que no se lesionaron los derechos constitucionales alegados por los accionantes; 7) Los accionantes tenían conocimiento de los actuados procesales y al dejar transcurrir el tiempo sin asumir medidas, consintieron los mismos, incurriendo por tal motivo en la causal de improcedencia prevista en el art. 53 del CPCo referida a los actos consentidos; 8) Los accionantes nunca fueron parte del proceso de usucapión; y, 9) Los demandantes de tutela incumplieron el principio de subsidiariedad puesto que tenían expedito el camino para demandar en la vía civil el supuesto fraude procesal, si bien los impetrantes de tutela señalan que la protección en la vía civil podría ser tardía, tal argumento es falso porque podían solicitar en la vía ordinaria una medida cautelar como ser una anotación preventiva y luego formalizar su demanda.
La Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 56/2022 de 20 de abril, cursante de fs. 315 a 320 vta., concedió en parte la tutela solicitada, solamente en relación al derecho a una resolución fundamentada, motivada y congruente, denegando la tutela en relación a los demás derechos reclamados, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 346 de 18 de noviembre de 2021, ordenando la emisión de una nueva resolución debidamente motivada, fundamentada y congruente, bajo los siguientes fundamentos: i) En relación al principio de subsidiariedad, se advierte que estando el proceso de usucapión con sentencia ejecutoriada el 14 de noviembre de 2019, los ahora accionantes plantearon incidente de nulidad de obrados que fue rechazado mediante Auto Interlocutorio 55, contra el cual presentaron recurso de apelación llegando a emitirse el Auto de Vista señalado, en ese marco se advierte que no existía otra vía o mecanismo idóneo a efecto de restituir los derechos que hubieran sido vulnerados con la emisión del referido Auto de Vista, motivo por el cual no se incumplió con el principio de subsidiariedad; ii) Respecto a los actos consentidos, la SCP 126/2014 de 10 de junio, señaló que dichos actos deben denotar una aceptación y conformidad expresa con la vulneración por parte del afectado, en el caso concreto se alega que los accionantes incurrieron en actos consentidos porque en conocimiento del proceso de usucapión, no utilizaron los recursos que franquea la ley en defensa de sus intereses, no obstante, al respecto, el hoy tercero interesado no hizo llegar ningún tipo de documental que acredite tales extremos, en consecuencia no se tiene como evidente la existencia de actos consentidos en relación al Auto de Vista 346 correspondiendo ingresar al análisis de fondo de la acción planteada; iii) En relación al derecho al debido proceso en su vertiente de motivación, fundamentación y congruencia, la SCP 208/2019-S2 hizo referencia al alcance del debido proceso, la SCP 1236/2017-S1 de 28 de diciembre señaló que fundamentar una resolución implica precisar que norma justifica la decisión asumida mientras que motivar consiste en describir las circunstancias del hecho que hacen aplicable la norma al caso concreto, de igual manera la SCP 14/2018-S2, estableció los requisitos que debe tener toda resolución, asimismo, la jurisprudencia constitucional hizo referencia a la motivación arbitraria y la omisión de la valoración de la prueba señalando que cuando no se da razones de la omisión del pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes y falta coherencia interna o externa se considera la resolución como arbitraria; iv) En el caso concreto, de la revisión del Auto de Vista 346 se advierte que al hacer referencia a los agravios expuestos en la apelación, señala que los ahora accionantes indicaron que existiría prueba documental como ser la división del inmueble entre los herederos de Felix Zabala Farel, que el inmueble a usucapir es un bien hereditario y no se habría demandado a los verdaderos poseedores o propietarios, y que el Auto apelado no realizó una relación de los hechos, ni una valoración integral de los antecedentes y las pruebas vulnerando de esa manera su derecho al debido proceso y a la defensa; v) En respuesta a los agravios expuestos en la apelación, el Auto de Vista 346 señaló que el Juez de la causa al pronunciar la resolución recurrida realizó la valoración de la prueba presentada dando cumplimiento al art. 145.I del CPC, señalando además que los incidentistas debían acreditar con prueba fehaciente su presunto derecho propietario, siendo evidente que existe una falta de motivación en el referido Auto de Vista, toda vez que no se describió de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales por ende no se realizó la valoración de la prueba y a partir de ello llegar a una conclusión, por lo expuesto se advierte que las autoridades accionadas vulneraron el derecho al debido proceso de los accionantes, en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia; vi) Se advierte la existencia de relevancia constitucional en el entendido de que con el análisis y valoración de la prueba señalada podría llegarse a un resultado diferente, sin embargo ese análisis debe realizarse por los tribunales de instancia y no por parte del Tribunal de garantías considerando la doctrina de las auto restricciones; y, vii) No se pudo establecer la vulneración de derechos a la publicidad, legalidad, igualdad, y valoración razonable de la prueba.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Testimonio de 6 de marzo de 2009 sobre el proceso voluntario de declaratoria de herederos seguido por Ernestina Flores Vda. de Zabala, en el mismo consta el Auto Definitivo de 3 de ese mes y año que resuelve declarar a Ernestina Flores Vda. de Zabala, Amalia Zabala Flores y José Zabala Flores herederos de todos los bienes acciones y derechos relictos al fallecimiento de su padre y esposo Félix Zabala Farel (fs. 112 a 115). II.2. Por memorial de 1 de octubre de 2009 presentado por Ernestina Flores Vda. de Zabala, demandó la formación de inventario de bienes sucesorios para su división y partición entre todos los coherederos, en el cual solicitó se corra en traslado a sus hijos Aurelio, Magaly, Nancy, Gloria Julia, Amalia y José Zabala Flores, señalando entre los bienes que componen la masa hereditaria, en el punto cuatro, un terreno donde se encuentra instalada una “granja de pollos”, ubicado en la zona oeste de la ciudad de El Torno (fs. 117 a 118). II.3. Consta memorial de 3 de diciembre de 2018, de demanda de usucapión decenal o extraordinaria interpuesta por José Zabala Flores sobre el bien inmueble ubicado en la localidad de Puerto Rico, zona Nor-Oeste del municipio El Torno, con una superficie de 58.498,49 m2, con código catastral 7050047770172, argumentando en la demanda que en 1993 compró dicho bien de los esposos Miguel Osinaga Romero y Albina Bonilla de Osinaga firmando un documento ante el corregidor de ese entonces ocupando el inmueble con su familia (fs. 10 a 11 vta.). La referida demanda fue admitida mediante Auto 174 de 16 de mayo de 2019 (fs. 35). II.4. Constan declaraciones testificales de 9 de septiembre de 2019 y Acta de Audiencia de inspección ocular de 17 de ese mes y año, que señalan que el inmueble objeto de la usucapión se encuentra ocupado por el demandante José Zabala Flores (fs. 71 a 82), también cursan fotografías que muestran a José Zabala Flores en ejercicio la posesión del aludido inmueble (fs. 7 a 8, 30 a 33, y 40), de igual manera cursa plano firmado por el Gobierno Autónomo Municipal de El Torno que señala como propietario de ese inmueble a José Zabala Flores (fs. 9). II.5. Mediante Sentencia 171 de 17 de septiembre de 2019, el Juez Público Mixto Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz, declaró probada la demanda de usucapión declarando a José Zabala Flores propietario del terreno ubicado en la localidad de Puerto Rico, Zona Nor-Oeste de la Cuarta Sección municipal de la Provincia Andrés Ibáñez del Departamento de Santa Cruz, con código catastral 7050047770172 y una superficie de 58.498,48 m2 (fs. 82 a 83). Sentencia que declaró ejecutoriada el proveído de 14 de noviembre de 2019 (fs. 96). II.6. Cursa memorial de 20 de agosto de 2020, de demanda ordinaria de división y partición de bienes, reintegro, colocación y reducción de la legítima, presentada por los ahora accionantes en contra de José Zabala Flores -ahora tercero interesado-, Amalia Zabala Flores, Nancy Zabala Flores de Severiche, memorial que en el acápite bienes inmuebles, en el punto ocho señala el lote de terreno de 6 hectáreas denominado “La Granja” ubicado en el Municipio El Torno (fs. 173 a 180 vta.). II.7. Consta memorial de 7 de octubre de 2020, por el cual José Zabala Flores, Nancy Zabala Flores de Severiche y Amalia Zabala de Guzman, contestan a la demanda ordinaria de división y partición de bienes interpuesta por Aurelio Zabala Flores, Magaly Zabala Flores Vda. De Severiche y Gloria Julia Zabala Flores, señalando en lo relevante que no forma parte de la masa hereditaria el lote de terreno de 6 hectáreas denominado “La Granja”, ubicado en el municipio El Torno, alegando que ese inmueble jamás fue de propiedad de sus fallecidos padres quienes además en ningún momento estuvieron en posesión de dicho inmueble, puesto que el mismo es propiedad de José Zabala Flores quien tiene registrado su derecho propietario en DD.RR. (fs. 295 a 303). II.8. A través de incidente de nulidad de obrados de 8 de febrero de 2021, presentado dentro del proceso de usucapión descrito en los puntos anteriores, los incidentistas Aurelio Zabala Flores, Magaly Zabala Flores Vda. de Severiche, y Gloria Julia Zabala Flores -ahora accionantes-, alegaron que después del 4 de enero de 2021, en la audiencia preliminar del proceso de división y partición de herencia tramitado en el mismo Juzgado donde se desarrolló el proceso de usucapión, se enteraron que su hermano José Zabala Flores se apropió mediante usucapión del inmueble denominado “La Granja” que tiene una superficie de 58.498,48 m2 que esta ubicado en la zona Oeste (Puerto Rico) del municipio de El Torno, inmueble que señalan pertenece a la masa hereditaria dejada al fallecimiento de su padre Felix Zabala Farel y que fue indebidamente inscrito en DD.RR. a nombre del coheredero José Zabala Flores Bajo la matricula 7.01.5.01.0007753, denunciando que el proceso de usucapión se desarrolló en base a prueba falsa, sin acreditar mediante prueba idónea conforme establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, quienes serían los presuntos propietarios, lesionando su derecho a la defensa por no haber sido citados como presuntos propietarios. Con esos argumentos solicitan se disponga la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, el Auto 174 de 16 de mayo de 2019 de admisión de la demanda de usucapión (fs. 148 a 166 vta.). II.9. Por memorial de 12 de marzo de 2021, José Zabala Flores respondió al referido incidente de nulidad, señalando entre otras cosas, que los incidentistas conocían la tramitación del proceso de usucapión, puesto que el 8 de octubre de 2020 cuando interpuso demanda reconvencional dentro el proceso de división y partición de bienes presentado por los ahora accionante, les hizo conocer sobre el proceso de usucapión, y los hoy peticionantes de tutela al interponer el incidente después de ciento cincuenta días de conocido el acto reclamado, consintieron el mismo, que el registro de la demanda de usucapión a nombre de una persona que no fue parte del proceso se debió a un error del Auxiliar del Juzgado lo que no puede entenderse como lesión del derecho a la publicidad ni fraude procesal (fs. 182 a 186 vta.). II.10. Consta Auto Interlocutorio 55 de 25 de mayo de 2021 emitido por el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz, que señala que el proceso de usucapión no fue dirigido contra los incidentistas -ahora accionantes- sino contra presuntos propietarios; que sin embargo, los accionantes no acreditaron su derecho de propiedad, si bien adjuntaron declaratoria de herederos, no obstante, no demostraron que el causante haya sido el propietario del inmueble objeto del proceso, careciendo por tal motivo de legitimación para intervenir en el proceso de usucapión, en consecuencia, el referido Auto resolvió rechazar el incidente de nulidad interpuesto por los hoy accionantes, aclarando que si existiera fraude procesal los accionantes tienen la vía correspondiente conforme al art. 285 y siguientes del CPC (fs. 198 y vta.). Auto que fue notificado al ahora accionante el 1 de junio de 2021 (fs. 199). II.11. Mediante memorial de 7 de junio de 2021, los ahora accionantes presentaron recurso de reposición con alternativa de apelación contra el Auto 55, solicitando se declare probado el incidente de nulidad de obrados, denunciando como agravios: a) La vulneración del derecho al debido proceso en sus vertientes de derecho a la defensa, motivación, fundamentación y derecho a la igualdad de las partes, puesto que en su único considerando señala que para que un acto sea nulo, deben concurrir distintos principios: legalidad, oportunidad o convalidación, trascendencia, finalidad y otros; sin embargo el incidente de nulidad cumple con esos principios, en ese sentido se explicó que el inmueble objeto del proceso de usucapión pertenece a la masa hereditaria sobre la cual se demandó división y partición, que en el referido proceso se demandó a personas inexistentes y que no figuran en el Registro de DD.RR. como propietarios de ese inmueble situación que determinaba la improponibilidad de la demanda de usucapión, siendo esos aspectos prueba de que los actos de diligenciamiento se encuentran viciados de nulidad porque su fin no está orientado al establecimiento de la verdad sino a beneficiarse de información manipulada por el actor sin que pueda ser objetada por los sucesores de los bienes del causante Félix Zabala Farel, como prueba de la continuación de la posesión se presentó el certificado de 4 de febrero de 2009 emitido por el Corregidor de la Comunidad de Puerto Rico; b) Señaló que los incidentistas no fueron demandados en el proceso de usucapión pero están dentro de los que fueron demandados como presuntos propietarios, que no obstante para intervenir como incidentistas deben tener la calidad de presuntos propietarios situación que no fue acreditada por la documentación adjunta tampoco acreditaron que su causante haya sido el propietario del bien inmueble. Argumento que no corresponde a la verdad, puesto que de acuerdo al AS 27 de 18 de diciembre de 2015 en el proceso de usucapión no se acreditó ningún propietario registral del bien inmueble usucapido, asimismo con el certificado de 4 de febrero de 2009 acreditan la posesión pacífica sobre el bien inmueble que ejercía su fallecido padre y que transmitió a sus herederos como establece el art. 92 del CC, siendo aplicable la jurisprudencia contenida en el AS 171/2016 y garantizar el derecho a la sucesión hereditaria. Al haber desestimado su legitimación se vulnero sus derechos al debido proceso y acceso a la justicia por señalar que no demostraron su derecho propietario, sin considerar que su derecho nace de la posesión derivada de la sucesión de su padre, legitimación que fue acreditada por el certificado de 4 de febrero de 2009, testimonios de declaratorias de herederos, y proceso voluntario de formación de inventario de bienes sucesorios para su división y partición (Exp. 160/09 y 432/09) que en el punto 4 describe el inmueble denominado “La Granja” ubicado en El Torno, el propio demandante de usucapión reconoció su legitimación en dicho proceso; c) El Auto Interlocutorio 55 se menciona que la prueba acompañada son solo fotocopias simples, evidenciando la omisión de su valoración contraviniendo los principios de verdad material, pro actione, acceso a la justicia y debido proceso, prueba que debió ser valorada en el marco del art. 1311 del CC y porque el demandante no objetó el contenido y valor de esas pruebas; d) El Auto Interlocutorio 55 señala que los actos ya se encuentran precluidos puesto que el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada, no obstante estando acreditada su legitimación para intervenir en el proceso, su omisión vulnera sus derechos a la defensa y debido proceso, asimismo de acuerdo a la SCP 1420/2014 de 17 de julio, un acto procesal es susceptible de nulidad cuando el litigante no tuvo conocimiento del proceso, de acuerdo a los antecedentes, no tuvieron conocimiento del proceso de usucapión sino hasta el 8 de enero de 2021 cuando presentaron el incidente de nulidad de obrados, sin convalidar el irregular proceso que fue ocultado por el actor por realizar mal el registro de la caratula del expediente señalando como demandado a una persona ajena al proceso, lesionando el derecho a la publicidad. De acuerdo a la jurisprudencia constitucional contenida en las SSCCPP 415/2018 de 13 de agosto y 0947/2017-S3 de 18 de septiembre, los incidentes de nulidad pueden ser planteados incluso cuando haya sentencia con calidad de cosa juzgada; y, e) El Auto Interlocutorio 55 señaló que, si existiera fraude procesal, los incidentistas tendrían la vía correspondiente que les pudiera conferir los arts. 285 y siguientes del CPC, argumento que resulta inapropiado ya que la misma autoridad judicial ha señalado que no forman parte del proceso por lo que están en la imposibilidad de acudir a esa vía. (fs. 200 a 208). II.12. A través de memorial de 5 de julio de 2021, José Zabala Flores absuelve traslado al recurso de reposición con alternativa de apelación, señalando que el Auto Interlocutorio impugnado no lesiona ninguno de los derechos que se alegan que cuenta con la motivación suficiente y efectuó una evaluación descriptiva de toda la prueba la cual no acredita ningún derecho propietario de los incidentistas siendo evidente que no cuentan con legitimación para pedir la nulidad de obrados (fs. 211 a 212). II.13. Consta Auto de Vista 346 de 18 de noviembre de 2021 emitido por los Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Domestica y Publica Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandados- que confirma totalmente el Auto Interlocutorio 55, señalando que: 1) El AS 494/2015-L de 14 de octubre; refiere que, en el marco del derecho a la tutela efectiva una resolución que resuelve el fondo de la cuestión planteada no podrá ser desvirtuada bajo el argumento de que por no ser favorable a alguna de las partes la misma ocasionó indefensión; 2) El proceso de usucapión fue desarrollado con todos y cada uno de los actos procesales conforme a normativa legal vigente generando una Sentencia que se encuentra ejecutoriada; 3) No existió vulneración al derecho a la defensa de los incidentistas, puesto que la demanda fue admitida en contra de Miguel Osinaga Romero, Albina Bonilla de Osinaga y presuntos herederos o propietarios, situación que dio lugar a la citación mediante edicto de prensa cumpliendo a cabalidad con lo establecido en el art. 78 del CPC; 4) Es completamente falso el argumento de los incidentistas de que no se valoraron las pruebas puesto que se puede evidenciar que el Juez de la causa al rechazar el incidente de nulidad de obrados, realizó una valoración de la prueba adjunta a fs. “103 a 146” dando cumplimiento al art. 145.I del CPC concluyendo que si bien los incidentistas tendrían presuntamente derecho propietario estos debieron acreditar con prueba fehaciente ese derecho presentando su registro en DD.RR., tal como establece el art. 1538 del CC; en los hechos los incidentitas solo presentaron certificaciones, planos, copia de declaratoria de herederos y otros documentos que no acreditan su legitimación conforme a Ley; 5) Respecto a la denuncia de supuesta falta de motivación y fundamentación, la resolución recurrida, cumple con lo establecido en líneas jurisprudenciales como la SCP 074/2017-S3 de 24 de febrero, y el art. 210 del CPCo.; es decir, expone de forma clara, precisa y concisa los motivos que llevaron a la autoridad judicial a pronunciar el Auto Interlocutorio 55, haciendo una relación de los hechos y contrastando la norma aplicable al caso de autos; y, 6) En relación a la cosa juzgada, se debe tener en cuenta que el proceso principal de usucapión se encuentra con Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, ejecutoriada el 14 de noviembre de 2019, situación que lleva a concluir que los recurrentes no pueden retrotraer etapas procesales concluidas a través de un incidente de nulidad, excepto cuando existieran irregularidades procesales reclamadas oportunamente y que lesionen el derecho a la defensa conforme establece el art. 16.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, y no como pretenden los recurrentes que tienen la vía expedita para hacer valer su derecho conforme a ley (fs. 224 a 228 vta.). Auto que fue notificado a los accionantes el 28 de enero de 2022 (fs. 229).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la publicidad, a la defensa, al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y valoración razonable de la prueba, a la igualdad, al acceso a la justicia transparente e imparcial y a la propiedad por sucesión hereditaria; en razón a que, su hermano José Zabala Flores instauró un proceso de usucapión sobre un bien inmueble que les correspondería poseer por derecho sucesorio y desarrollado con vicios de nulidad, motivo por el cual, plantearon un incidente de nulidad de obrados; sin embargo, el mismo fue rechazado mediante Auto Interlocutorio 55 de 25 de mayo de 2021, que fue confirmado por Auto de Vista de 18 de noviembre de 2021, lesionando los siguientes derechos: i) A la publicidad, por no haber considerado que al registrarse el expediente del proceso de usucapión a nombre de personas extrañas, se les privó de revisar el mismo y tomar conocimiento de los actuados, asimismo, por no considerar que se admitió la demanda en contra de personas inexistentes, y que se citó por edictos a presuntos autores y no así a presuntos herederos o propietarios; ii) Al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia de las resoluciones porque no se pronunciaron sobre los aspectos reclamados en el punto anterior que contravinieron la publicidad y dan lugar a la nulidad de la citación por edictos y demás actuados, e impidieron que tengan conocimiento del proceso de usucapión y puedan ejercer defensa, ya que no fueron notificados como presuntos propietarios; iii) A la valoración razonable de la prueba, puesto que omitieron valorar los documentos adjuntos al incidente de nulidad que demuestran que heredaron la posesión del inmueble objeto de la usucapión, frente a las pruebas presentadas por José Zabala Flores que no demuestran ningún derecho propietario de las personas a quienes demandó, omisión probatoria que acredita que la demanda de usucapión resulta improponible; iv) A la igualdad, por la no aplicación de los precedentes jurisprudenciales contenidos en los Autos Supremos “140/2015” y 491/2017 de 17 de mayo, que establecen el registro catastral a nombre del demandado como requisito imprescindible para la admisión de la demanda de usucapión; y, v) A la propiedad por sucesión hereditaria, puesto que señalaron que como incidentistas no acreditaron tener derecho propietario inscrito en DD.RR., omitiendo considerar que acreditaron la posesión por sucesión en el marco de la jurisprudencia descrita en el AS 171/2016 que estableció que se garantiza el derecho a la sucesión de la posesión. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para tal efecto se analizarán los siguientes temas: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; b) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; y, c) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.
En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:
(…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.
(…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.
(…)
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0025/2018-S2 de 28 de febrero, 0238/2018-S2 de 11 de junio, 0297/2018-S2 de 25 de junio, a partir de una sistematización de la jurisprudencia constitucional, desarrolló el siguiente razonamiento:
El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedentes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, sostuvo que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento. En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento.
otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso, en no recibir o providenciar memoriales denegando el derecho de petición, en no realizar actos solicitados por las partes a fin de demostrar su acusación o desvirtuar la misma, en negar el trámite de las impugnaciones o, en su caso, en la no aplicación objetiva de la Ley pertinente al caso; en consecuencia, la denuncia sobre las omisiones referidas podrá ser de conocimiento de este Tribunal y examinado el caso, se tendrá o no que otorgar la tutela…”. 12El FJ III.3, sostiene: “Por otra parte, también es preciso recordar que la compulsa de las pruebas que se aporten con el fin de obtener la cesación de la detención preventiva, es facultad exclusiva del Juez Cautelar que esté a cargo del control de la investigación, pues en los únicos casos que este Tribunal puede intervenir en la revisión de dicho análisis será cuando el juzgador se hubiera apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, si estos casos no se dan, esta jurisdicción no puede intervenir para dejar sin efecto la resolución que conceda la cesación o la rechace, ya que ello importaría una doble valoración de la prueba”. 13El FJ III.2, señala: “Ahora bien, siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicha competencia del Tribunal Constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma”. 14El FJ III.3, indica: “Ahora bien, analizados los actos de las autoridades recurridas; en primer término los del Juez que resolvió el incidente, se debe manifestar que ha efectuado una valoración de la prueba existente en obrados del incidente que dio lugar al presente amparo constitucional; y tal como fue expuesto, dicha labor le corresponde en forma exclusiva a su autoridad, no pudiendo este Tribunal efectuar un nuevo examen de dichos medios probatorios, a no ser que la sindéresis del referido Juez exceda de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles, desde el punto de vista de la certeza con que el material probatorio fue examinado, para asumir una decisión basada en la sana crítica; dicho de otro modo, este Tribunal, para procurar la vigencia material de los derechos fundamentales de las personas, puede analizar la valoración efectuada por los jueces ordinarios, cuando dicha apreciación no es verificable en la prueba utilizada por la autoridad judicial; por tanto, supone que el Juez asumió su decisión en una prueba inexistente, o que demuestra hechos diferentes a los que se utiliza como sustento de la Resolución judicial. En consecuencia, además de la omisión en la consideración de la prueba, que según la SC 0419/2006-R anteriormente citada es causal de excepción de la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento”. 15El FJ III.3.2, establece: “En resumen, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento”.
Al respecto, la citada SC 0965/2006-R, estableció determinados presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, exigiendo que la o el accionante debía: i) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad. En similar sentido, la señalada SCP 1215/2012, refirió que en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Posteriormente, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo moduló la línea jurisprudencial de referencia y eliminó el requisito de la carga 16El FJ III.2 estableció: “En ese orden de razonamiento para que este Tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo), lo siguiente:
Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; para ello, será preciso, que la prueba no admitida o no practicada, se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, solicitud, que en todo caso, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales ordinarios, el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas. Por supuesto, una vez admitidas y practicadas las pruebas propuestas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales, les compete también su valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado.
Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba realizada por la jurisdicción ordinaria; máxime si se tiene en cuenta que el art. 97 de la LTC, ha previsto como un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste la restricción o supresión”. 17La SCP 0410/2013, en el FJ III.2 señala: “En ese orden, si bien es cierto que la jurisdicción constitucional debe respetar el ámbito de atribuciones propias de la jurisdicción ordinaria, es también correcto que cuando se ha quebrado el sistema constitucional, sus dogmas y principios o los derechos fundamentales de la persona humana, es deber del Tribunal Constitucional Plurinacional revisar la interpretación de la legalidad ordinaria efectuada por el juzgador ordinario, para resguardar la vigencia material de la Norma Fundamental y la materialización de los derechos constitucionales. Similar doctrina existe para la intervención de las resoluciones judiciales, cuando se denuncia indebida o errónea valoración o apreciación de la prueba; una explicación de esta teoría se encuentra en la SCP 1916/2012 de 12 de octubre.
Ahora bien, es necesario esclarecer que estas auto restricciones de la jurisdicción constitucional, deviene del principio de separación y distribución de funciones, que impiden la injerencia de la jurisdicción constitucional en la función asignada a la jurisdicción ordinaria; empero, deben comprenderse conforme a la nueva arquitectura de ésta, por ello deben ser asimiladas también bajo los principios de impulso de oficio, inquisitivo y no formalismo, por lo que su naturaleza es la de instrumentos útiles para el análisis de la función cumplida por la jurisdicción ordinaria, son herramientas de fundamentación de las acciones y recursos al alcance de las partes interesadas en activar la jurisdicción constitucional y de argumentación de las resoluciones para el Tribunal Constitucional Plurinacional; pero también, son el parámetro válido y legítimo de verificabilidad de la idoneidad, argumentativa que la jurisprudencia exigía para el análisis de fondo de la problemática en esta temática, señalando que las reglas impuestas a la parte accionante referidas a: “…explicar de modo sistemático y metódico la irrazonabilidad, inequidad, omisión arbitraria, o valoración equivocada de la prueba (…) constituyen instrumentos argumentativos, no causales de denegatoria de la acción de amparo constitucional…” (las negrillas son añadidas). Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:
…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente. A partir de lo señalado, esta Sala en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, esta Sala concluyó que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: a) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; b) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: b.1) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b.2) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, b.3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; c) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a legitimidad y calidad de las resoluciones judiciales o administrativas cuasi jurisdiccionales; más, no son requisitos ineludibles que el accionante debe cumplir bajo sanción de rechazo o denegación de la acción tutelar, ya que ésta una vez activada, genera en la jurisdicción constitucional el compromiso ineludible de perseguir al evento acusado de inconstitucional, basado en la información concedida por el accionante, siendo pertinente analizar los hechos conocidos con todas las herramientas y métodos de análisis al alcance de la Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional que conozca el asunto, sin que ningún instrumento o método quede al margen por la sola razón de no haber sido mencionado, sutileza que sería una argucia de aquellas que corrompen los sistemas judiciales obsoletos y decadentes.
Del modo explicado en el párrafo anterior, se entiende que las reglas y subreglas contenidas en la doctrina de las auto restricciones de la jurisdicción constitucional, respecto al canon de interpretación de la legalidad ordinaria, así como la valoración integral de la prueba, son instrumentos al servicio de la persona que crea sus derechos vulnerados, que bien utilizados redundará en una mejor comprensión del tema por parte de la jurisdicción constitucional y con ello mayores posibilidades de concesión de la tutela requerida, por ello su buen uso deviene en una ventaja procesal; mientras que para el Tribunal Constitucional Plurinacional, son herramientas de verificación de la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones judiciales; pero en ningún caso se pueden aplicar para rechazar o denegar la activación de la jurisdicción constitucional por el sólo hecho de no haber sido nombradas en el memorial de amparo”.
establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, d) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.
Los impetrantes de tutela denuncian la vulneración de sus derechos a la publicidad, a la defensa, al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y valoración razonable de la prueba, a la igualdad, al acceso a la justicia transparente e imparcial y a la propiedad por sucesión hereditaria; en razón a que, su hermano José Zabala Flores instauró un proceso de usucapión sobre un bien inmueble que les correspondería poseer por derecho sucesorio y desarrollado con vicios de nulidad, motivo por el cual, plantearon un incidente de nulidad de obrados; sin embargo, el mismo fue rechazado mediante Auto Interlocutorio 55 de 25 de mayo de 2021, que fue confirmado por Auto de Vista 346, lesionando los siguientes derechos: 1) A la publicidad, por no haber considerado que al registrarse el expediente del proceso de usucapión a nombre de personas extrañas, se les privó de revisar el mismo y tomar conocimiento de los actuados, asimismo, por no considerar que se admitió la demanda en contra de personas inexistentes, y que se citó por edictos a presuntos autores y no así a presuntos herederos o propietarios; 2) Al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia de las resoluciones porque no se pronunciaron sobre los aspectos reclamados en el punto anterior que contravinieron la publicidad y dan lugar a la nulidad de la citación por edictos y demás actuados, e impidieron que tengan conocimiento del proceso de usucapión y puedan ejercer defensa, ya que no fueron notificados como presuntos propietarios; 3) A la valoración razonable de la prueba, puesto que omitieron valorar los documentos adjuntos al incidente de nulidad que demuestran que heredaron la posesión del inmueble objeto de la usucapión, frente a las pruebas presentadas por José Zabala Flores que no demuestran ningún derecho propietario de las personas a quienes demandó, omisión probatoria que acredita que la demanda de usucapión resulta improponible; 4) A la igualdad, por la no aplicación de los precedentes jurisprudenciales contenidos en los Autos Supremos “140/2015” y 491/2017, que establecen el registro catastral a nombre del demandado como requisito imprescindible para la admisión de la demanda de usucapión; y, 5) A la propiedad por sucesión hereditaria, puesto que señalaron que como incidentistas no acreditaron tener derecho propietario inscrito en DD.RR., omitiendo considerar que acreditaron la posesión por sucesión en el marco de la jurisprudencia descrita en el AS 171/2016 que estableció que se garantiza el derecho a la sucesión de la posesión. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se advierte el Testimonio de 6 de marzo de 2009 sobre el proceso voluntario de declaratoria de herederos de Ernestina Flores Vda. de Zabala, Amalia Zabala Flores y José Zabala Flores, al fallecimiento de Félix Zabala Farel quien fue su padre y esposo respectivamente (Conclusión II.1); asimismo, por memorial de 1 de octubre de 2009, Ernestina Flores Vda. de Zabala, demandó la formación de inventario de bienes sucesorios para su división y partición entre todos los coherederos, y solicitó se corra en traslado a sus hijos Aurelio, Magaly, Nancy, Gloria Julia, Amalia y José Zabala Flores, señalando entre los bienes que componen la masa hereditaria, en el punto cuatro, un terreno ubicado en la localidad de Puerto Rico, zona Oeste de la ciudad de El Torno, donde se encuentra instalada una granja de pollos (Conclusión II.2). Posteriormente, el 3 de diciembre de 2018, José Zabala Flores -ahora tercero interesado- presentó demanda de usucapión decenal o extraordinaria sobre el bien inmueble ubicado en la localidad de Puerto Rico, zona Nor-Oeste, cuarta sección del Municipio El Torno, con una superficie de 58.498,49 m2, con código catastral 7050047770172, argumentando que en 1993 compró dicho bien de los esposos Miguel Osinaga Romero y Albina Bonilla de Osinaga firmando un documento ante el corregidor de ese entonces, dicha demanda fue admitida mediante Auto 174 de 16 de mayo de 2019 (Conclusión II.3), pasado el periodo probatorio (Conclusión II.4), el Juez Público Mixto Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz, emitió la Sentencia 171 de 17 de septiembre de 2019, declarando probada la demanda de usucapión declarando a José Zabala Flores propietario del referido lote de terreno, Sentencia que se declaró ejecutoriada por Decreto de 14 de noviembre de 2019 (Conclusión II.5). Más tarde, por memorial de 20 de agosto de 2020, Aurelio Zabala Flores, Magaly Zabala Flores Vda. de Severiche, y Gloria Julia Zabala Flores -hoy accionantes- presentaron demanda ordinaria de división y partición de bienes, reintegro, colocación y reducción de la legítima, en contra de José Zabala Flores -ahora tercero interesado-, Amalia Zabala Flores, Nancy Zabala Flores de Severiche, memorial que en el acápite Bienes Inmuebles, en el punto ocho señala el lote de terreno de 6 hectáreas denominado “La Granja” ubicado en el Municipio El Torno (Conclusión II.6). Demanda que fue respondida por José Zabala Flores -ahora tercero interesado-, Nancy Zabala Flores de Severiche y Amalia Zabala de Guzman, a través de Memorial de 7 de octubre de 2020, señalando en lo relevante que el mencionado lote de terreno, no forma parte de la masa hereditaria porque jamás fue de propiedad de sus fallecidos padres quienes además en ningún momento estuvieron en posesión de dicho inmueble, siendo más bien el mismo propiedad de José Zabala Flores quien tiene registrado su derecho propietario en DD.RR. (Conclusión II.7). En ese contexto, Aurelio Zabala Flores, Magaly Zabala Flores Vda. de Severiche, y Gloria Julia Zabala Flores -ahora accionantes-, enterados del referido proceso de usucapión seguido por José Zabala Flores, el 8 de febrero de 2021, interpusieron incidente de nulidad de obrados señalando que el inmueble objeto del proceso de usucapión pertenece a la masa hereditaria dejada al fallecimiento de su padre Felix Zabala Farel y que fue indebidamente inscrito en DD.RR. a nombre del coheredero José Zabala Flores Bajo la matricula 7.01.5.01.0007753, denunciando que el proceso de usucapión se desarrolló en base a prueba falsa, sin acreditar conforme establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, quienes serían los presuntos propietarios y lesionando su derecho a la defensa por no haber sido citados como presuntos propietarios, solicitando se disponga la nulidad de obrados hasta el Auto 174 de 16 de mayo de 2019 de admisión de la demanda de usucapión (Conclusión II.8). Por memorial de 12 de marzo de 2021 José Zabala Flores respondió al referido incidente de nulidad señalando que los incidentistas consintieron el acto reclamado porque interpusieron el incidente después de ciento cincuenta días de conocido el mismo, y que el registro de la demanda de usucapión a nombre de una persona que no fue parte del proceso se debió a un error del Auxiliar del Juzgado lo que no puede entenderse como lesión del derecho a la publicidad ni fraude procesal (Conclusión II.9).
Por Auto Interlocutorio 55 de 25 de mayo de 2021, el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz, rechazó el incidente de nulidad señalando que el proceso de usucapión no fue dirigido contra los incidentistas -ahora accionantes-sino contra presuntos propietarios; que sin embargo, los accionantes no acreditaron su derecho de propiedad, si bien adjuntaron declaratoria de herederos, no obstante, no demostraron que el causante haya sido el propietario del inmueble objeto del proceso, careciendo por tal motivo de legitimación para intervenir en el proceso de usucapión, y que si existiera fraude procesal los accionantes tienen la vía correspondiente conforme al art. 285 y siguientes del CPC, Auto que fue notificado al ahora accionante el 1 de junio de 2021 (Conclusión II.10).
En mérito a ello, por memorial de 7 de junio de 2021, los ahora accionantes interpusieron recurso de reposición con alternativa de apelación contra el referido Auto Interlocutorio 55, solicitando se declare probado el incidente de nulidad de obrados (Conclusión II.11). Recurso que fue respondido por José Zabala Flores a través de memorial de 5 de julio de 2021, señalando que el Auto Interlocutorio impugnado no lesiona ninguno de los derechos que se alegan, que cuenta con la motivación suficiente y efectuó una evaluación descriptiva de toda la prueba, la cual no acredita ningún derecho propietario de los incidentistas siendo evidente que no cuentan con legitimación para pedir la nulidad de obrados (Conclusión II.12). Finalmente, los Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Domestica y Publica Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandados- emitieron el Auto de Vista 346 de 18 de noviembre de 2021 que confirma totalmente el Auto Interlocutorio 55 (Conclusión II.13). Resolviendo el caso concreto, se tiene que los ahora accionantes interpusieron la presente acción de amparo constitucional, denunciando bajo diferentes argumentos que las autoridades demandadas lesionaron distintos de sus derechos constitucionales; no obstante, respecto a los mismos, tuvieron la posibilidad de plantear las vulneraciones que alegan en la instancia judicial ordinaria, primero ante el Juez Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz, con la interposición del incidente de nulidad de obrados, que fue resuelto mediante el Auto Interlocutorio 55; y posteriormente, ante los Vocales ahora demandados que emitieron el Auto de Vista 346 resolviendo el recurso de apelación planteado contra el referido Auto Interlocutorio; en consecuencia, en atención al principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional, a la jurisdicción constitucional únicamente le corresponde verificar si efectivamente respecto a los agravios expuestos en la jurisdicción ordinaria, las autoridades de última instancia emitieron una resolución carente de motivación, fundamentación y congruencia u omitieron realizar una valoración razonable de la prueba, lesionando como consecuencia de ello los otros derechos que se denuncian, y de ser así, analizar si esas omisiones tienen relevancia constitucional. En ese sentido, en el caso en análisis se advierte que los accionantes denuncian que las autoridades demandadas, no respondieron a los agravios que expusieron en el memorial de recurso de reposición con alternativa de apelación que plantearon contra el Auto Interlocutorio 55; sobre lo cual, se tiene que los agravios expuestos en dicho memorial (Conclusión II.11) son los siguientes:
1) La vulneración del derecho al debido proceso en sus vertientes de derecho a la defensa, motivación, fundamentación y derecho a la igualdad de las partes, puesto que, el Auto Interlocutorio 55, en su único considerando señala que para que un acto sea nulo, deben concurrir distintos principios: legalidad, oportunidad o convalidación, trascendencia, finalidad y otros; sin embargo, el incidente de nulidad cumple con esos principios, en ese sentido se explicó que el inmueble objeto del proceso de usucapión pertenece a la masa hereditaria sobre la cual se demandó división y partición, que en el referido proceso se demandó a personas inexistentes y que no figuran en el Registro de DD.RR. como propietarios de ese inmueble situación que determinaba la improponibilidad de la demanda de usucapión, siendo esos aspectos prueba de que los actos de diligenciamiento se encuentran viciados de nulidad porque su fin no está orientado al establecimiento de la verdad sino a beneficiarse de información manipulada por el actor sin que pueda ser objetada por los sucesores de los bienes del causante Félix Zabala Farel, como prueba de la continuación de la posesión se presentó el certificado de 4 de febrero de 2009 emitido por el Corregidor de la Comunidad de Puerto Rico; 2) El Auto Interlocutorio 55 señaló que los incidentistas no fueron demandados en el proceso de usucapión pero están dentro de los que fueron demandados como presuntos propietarios, que no obstante para intervenir como incidentistas deben tener la calidad de presuntos propietarios situación que no fue acreditada por la documentación adjunta tampoco acreditaron que su causante haya sido el propietario del bien inmueble. Argumento que no corresponde a la verdad, puesto que de acuerdo al AS 27 de 18 de diciembre de 2015 en el proceso de usucapión no se acreditó ningún propietario registral del bien inmueble usucapido, asimismo con el certificado de 4 de febrero de 2009 acreditan la posesión pacífica sobre el bien inmueble que ejercía su fallecido padre y que transmitió a sus herederos como establece el art. 92 del CC, siendo aplicable la jurisprudencia contenida en el AS 171/2016 y garantizar el derecho a la sucesión hereditaria. Al haber desestimado su legitimación se vulnero sus derechos al debido proceso y acceso a la justicia por señalar que no demostraron su derecho propietario, sin considerar que su derecho nace de la posesión derivada de la sucesión de su padre, legitimación que fue acreditada por el certificado de 4 de febrero de 2009, testimonios de declaratorias de herederos, y proceso voluntario de formación de inventario de bienes sucesorios para su división y partición (Exp. 160/09 y 432/09) que en el punto cuatro describe el inmueble denominado “La Granja” ubicado en El Torno, el propio demandante de usucapión reconoció su legitimación en dicho proceso; 3) El Auto Interlocutorio 55 menciona que la prueba acompañada son solo fotocopias simples, evidenciando la omisión de su valoración contraviniendo los principios de verdad material, pro actione, acceso a la justicia y debido proceso, prueba que debió ser valorada en el marco del art. 1311 del CC y porque el demandante no objetó el contenido y valor de esas pruebas;
4) El Auto Interlocutorio 55 señala que los actos ya se encuentran precluidos puesto que el proceso cuenta con Sentencia ejecutoriada, no obstante estando acreditada su legitimación para intervenir en el proceso, su omisión vulnera sus derechos a la defensa y debido proceso, asimismo de acuerdo a la SCP 1420/2014 de 17 de julio, un acto procesal es susceptible de nulidad cuando el litigante no tuvo conocimiento del proceso; de acuerdo a los antecedentes, desconociendo del proceso de usucapión sino hasta el 8 de enero de 2021 cuando presentaron el incidente de nulidad de obrados, sin convalidar el irregular proceso que fue ocultado por el actor por realizar mal el registro de la caratula del expediente señalando como demandado a una persona ajena al proceso, lesionando el derecho a la publicidad. De acuerdo a la jurisprudencia constitucional contenida en las SSCCPP 415/2018 de 13 de agosto y 0947/2017-S3 de 18 de septiembre, los incidentes de nulidad pueden ser planteados incluso cuando haya sentencia con calidad de cosa juzgada; y,
5) El Auto Interlocutorio 55 señaló que, si existiera fraude procesal, los incidentistas tendrían la vía correspondiente que les pudiera conferir los arts. 285 y siguientes del CPC, argumento que resulta inapropiado ya que la misma autoridad judicial señaló que no forman parte del proceso por lo que están en la imposibilidad de acudir a esa vía. Al respecto, en respuesta al referido recurso de apelación, las autoridades demandadas emitieron el Auto de Vista 346 (Conclusión II.13), señalando lo siguiente: i) El AS 494/2015-L de 14 de octubre señala que en el marco del derecho a la tutela efectiva una resolución que resuelve el fondo de la cuestión planteada no podrá ser desvirtuada bajo el argumento de que por no ser favorable a alguna de las partes la misma ocasionó indefensión;
ii) El proceso de usucapión fue desarrollado con todos y cada uno de los actos procesales conforme a normativa legal vigente generando una Sentencia que se encuentra ejecutoriada; iii) No existió vulneración al derecho a la defensa de los incidentistas, puesto que la demanda fue admitida en contra de Miguel Osinaga, Albina Bonilla y presuntos herederos o propietarios, situación que dio lugar a la citación mediante edicto de prensa cumpliendo a cabalidad con lo establecido en el art. 78 del CPC;
iv) Es completamente falso el argumento de los incidentistas de que no se valoraron las pruebas puesto que se puede evidenciar que el Juez de la causa al rechazar el incidente de nulidad de obrados, realizó una valoración de la prueba adjunta a fs. “103 a 146” dando cumplimiento al art. 145.I del CPC concluyendo que si bien los incidentistas tendrían presuntamente derecho propietario estos debieron acreditar con prueba fehaciente ese derecho presentando su registro en DD.RR., tal como establece el art. 1538 del CC, en los hechos los incidentitas solo presentaron certificaciones, planos, copia de declaratoria de herederos y otros documentos que no acreditan su legitimación conforme a Ley;
v) Respecto a la denuncia de supuesta falta de motivación y fundamentación, la resolución recurrida, cumple con lo establecido en líneas jurisprudenciales como la SCP 074/2017-S3 de 24 de febrero, y el art. 210 del CPCo.; es decir, expone de forma clara, precisa y concisa los motivos que llevaron a la autoridad judicial a pronunciar el Auto Interlocutorio 55, haciendo una relación de los hechos y contrastando la norma aplicable al caso de autos;
vi) En relación a la cosa juzgada, se debe tener en cuenta que el proceso principal de usucapión se encuentra con Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, ejecutoriada el 14 de noviembre de 2019, situación que lleva a concluir que los recurrentes no pueden retrotraer etapas procesales concluidas a través de un incidente de nulidad, excepto cuando existieran irregularidades procesales reclamadas oportunamente y que lesionen el derecho a la defensa conforme establece el art. 16.I de la LOJ y no como pretenden los recurrentes, que tienen la vía expedita para hacer valer su derecho conforme a ley. Ahora bien, los accionantes, en su incidente de nulidad, señalaron como agravios, que el Juez de primera instancia no tomo en cuenta que para la declaratoria de nulidad de obrados del proceso de usucapión se cumplieron los principios de legalidad, oportunidad o convalidación, trascendencia, finalidad y otros, los cuales arguyen fueron cumplidos porque el inmueble ubicado en el municipio de El Torno denominado “La Granja” pertenecía a la masa hereditaria dejada al fallecimiento de sus padres, sobre la cual se demandó división y partición, por tanto no podía ser objeto del proceso de usucapión; argumento en base al cual también señalan que no correspondía que se les exija demostrar derecho propietario porque su derecho consistía en heredar la posesión que tenía sus padres sobre ese inmueble; asimismo señalaron como agravios que, el proceso fue ocultado por el actor, por realizar mal el registro de la caratula del expediente señalando como demandado a una persona ajena al proceso, lesionando el derecho a la publicidad siendo el objetivo que los herederos de Félix Zabala Farel no puedan objetar la demanda de usucapión; además, señalaron como agravio que en el referido proceso de usucapión se demandó a personas inexistentes y que no figuran en el Registro de DD.RR. como propietarios, por lo cual la demanda era improponible. En respuesta a esos argumentos, los Vocales demandados, en el Auto de Vista 346, señalaron que la demanda fue admitida en contra de Miguel Osinaga, Albina Bonilla de Osinaga y presuntos herederos o propietarios, que si los incidentistas tendrían presuntamente derecho propietario sobre ese inmueble debieron acreditar con prueba fehaciente ese derecho presentando su registro en DD.RR., tal como establece el art. 1538 del CC, pero que en los hechos los incidentitas solo presentaron certificaciones, plano, copia de declaratoria de herederos y otros documentos que no acreditan su legitimación conforme a Ley, concluyendo que no existen irregularidades procesales que hayan lesionado el derecho a la defensa de los incidentistas. Al respecto, de la referida contrastación se evidencia que los Vocales demandados, si bien señalaron de manera clara que los incidentitas -hoy accionantes- no cumplieron con los principios que dan lugar a la declaratoria de nulidad de obrados, sustentando ese argumento al señalar que no acreditaron con prueba suficiente su derecho propietario; no obstante, el referido argumento fue escaso para lograr en los ahora accionantes la convicción de que la decisión emitida fue la correcta, incumpliendo de esta manera lo previsto en la jurisprudencia constitucional descrita en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que en relación al contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señaló que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, estando entre estas: “b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia”; jurisprudencia que también señaló que el derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano, implica que “toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión”. En ese sentido, si bien es evidente que los Vocales demandados al señalar que los ahora accionantes no demostraron su derecho propietario -inscrito en DD.RR.- que acredite su legitimación en el para intervenir en el fenecido proceso de usucapión, no lograron convencer a los accionantes porque ese argumento se anteponía al supuesto derecho sucesorio que alegan adquirieron al fallecimiento de sus padres, específicamente su presunto “derecho” de posesión “que heredaron” sobre el bien inmueble que fue objeto del proceso de usucapión. Referente a esto, se tiene que, si bien conforme a la referida jurisprudencia constitucional, se habría incumplido con la motivación, fundamentación y congruencia suficiente que debe tener toda resolución; no obstante, se debe tener en cuenta que la misma jurisprudencia constitucional, señala que dicho desarrollo jurisprudencial debe ser complementado: “(…) a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado” (sic). Consiguientemente, se advierte que las autoridades demandadas, al momento de emitir el Auto de Vista cuestionado, no dieron respuesta a cada uno de los agravios denunciados por la parte accionante en su recurso de reposición bajo alternativa de apelación, evidenciándose que el referido Auto de Vista no cuenta con la congruencia externa requerida; toda vez que, no existe pronunciamiento alguno respecto a cada uno de los agravios reclamados, limitándose a señalar que la demanda de usucapión fue admitida contra Miguel Osinaga, Albina Bonilla de Osinaga y presuntos herederos o propietarios, que si los incidentistas tendrían presuntamente derecho propietario sobre ese inmueble debieron acreditar con prueba fehaciente es derecho presentando su registro en DD.RR., tal como establece el art. 1538 del CC, pero que solo presentaron certificaciones, plano, copia de declaratoria de herederos y otros documentos que no acreditan su legitimación conforme a ley, concluyendo que no existen irregularidades procesales que hayan lesionado el derecho a la defensa de los incidentistas; en consecuencia, ante la falta de respuestas a los agravios identificados por la parte accionante, el Auto de Vista cuestionado se torna en arbitrario, extremo que sin lugar a dudas repercute en la lesión del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, que conforme al citado Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se tiene que la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos especificos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; en ese sentido, se encuentra vinculado con la revisión de la valoración de la prueba, es necesario hacer alusión al entendimiento contenido en el referido Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el cual señala que se efectuará la revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional, sin necesidad de que se cumplan los supuestos de señalar con precisión y en concreto qué pruebas fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas, ni demostrar la incidencia en la resolución final a dictarse; toda vez que, esta jurisdicción constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad en su análisis, reduciéndose a establecer la ausencia de estos aspectos en la labor valorativa, u omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; empero, al no existir respuesta a cada uno de los agravios identificados por la parte accionante, tal aspecto repercute en la directa lesión del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; ya que cada autoridad judicial que dicte una resolución debe ineludiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, al mismo tiempo motivar exponiendo con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de los antecedentes y las pruebas; en ese sentido, los Vocales demandados no emitieron pronunciamiento respecto a cada uno de los agravios, justificando su decisión de confirmar el Auto Interlocutorio 55 de 25 de mayo de 2021, que rechazo el incidente de nulidad formulado por la parte accionante; extremo que impide a esta instancia constitucional pueda realizar la verificación de dicha labor.
Asimismo, se denunció que los Vocales demandados, al momento de emitir el Auto de Vista 346 de 18 de noviembre de 2021, lesionaron el derecho a la igualdad, por la no aplicación de los precedentes jurisprudenciales judiciales contenidos en los AS "140/2015" y 491/2017 de 17 de mayo, que establecen el registro catastral a nombre del demandado como requisito imprescindible para la admisión de la demanda de usucapión; empero, corresponde precisar que dicho derecho comprende el trato igualitario respecto a las partes procesales en conflicto efectivizando durante el proceso las facultades y derechos que les asisten; a efecto de que no pueda producirse indefensión en la tramitación del proceso; en ese sentido, en el presente caso, los accionantes ejercieron su derecho a la igualdad cuando se efectivizó su impugnación formulando recurso de reposición bajo alternativa de apelación en aplicación del principio de contradicción; en consecuencia, al no advertirse trato desigualitario respecto a la parte contraria, corresponde denegar la tutela al respecto. En cuanto a la denuncia de lesión del principio de publicidad, por no haber considerado que, al registrarse el expediente del proceso de usucapión a nombre de personas extrañas, se les privó de revisar el mismo y tomar conocimiento de los actuados; asimismo, por no considerar que se admitió la demanda contra personas inexistentes, y que se citó por edictos a presuntos autores y no así a presuntos herederos o propietarios; y, que del mismo modo, vulneraron su derecho de propiedad por sucesión hereditaria, al señalar que como incidentistas no acreditaron tener derecho propietario inscrito en DD.RR., omitiendo considerar que acreditaron la posesión por sucesión en el marco jurisprudencial descrito en el Auto Supremo 171/2016 de 3 de marzo, que garantiza el derecho a la sucesión de la posesión. Al respecto, se puede advertir que las mismas fueron identificadas como parte del recurso de reposición bajo alternativa de apelación interpuesto por la parte accionante, las cuales fueron denunciadas por falta de congruencia resuelta anteriormente, que como se señaló dichos reclamos no fueron respondidos por parte de los Vocales demandados a momento de emitir el Auto de Vista cuestionado, ya que en relación a la vulneración del principio de publicidad denunciado no existe pronunciamiento o argumento alguno al respecto; y en cuanto a la lesión del derecho de propiedad por sucesión hereditaria, omitieron considerar que los accionantes señalaron que acreditaron el mismo en el marco jurisprudencial descrito en el AS 171/2016, evidenciándose que las mismas incumplieron la obligación de emitir pronunciamiento al respecto, pues no dieron explicación alguna del marco jurisprudencial inserto en el referido Auto Supremo y si el mismo es o no aplicable al caso de autos, aspecto que deviene en la ausencia lógica-jurídica de las razones por las cuales confirmaron el Auto Interlocutorio 55 de 25 de mayo de 2021, que rechazó el incidente de nulidad de obrados opuesto por la parte accionante, extremo que no solo vulnera el derecho al debido proceso en su elemento de congruencia, sino en sus componentes fundamentación y motivación insertos en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, pues ante la ausencia de respuesta a estos agravios y problemáticas por parte de los Vocales demandados, se puso a la parte accionante en un estado de indefensión, ya que las autoridades demandadas tenían la obligación de responder a dichos reclamos de forma fundamentada y motivada, explicando las razones y los motivos de la determinación asumida; por lo que, se evidencia que el Auto de Vista 346 de 18 de noviembre cuestionado incurre en incongruencia externa, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela al respecto; más aún, tomando en cuenta la relevancia que tiene la posesión en el caso; por ende, debe ser debidamente explicado al resolver el recurso de apelación interpuesto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 56/2022 de 20 de abril, cursante de fs. 315 a 320 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto al derecho debido proceso en sus elementos de congruencia, fundamentación, motivación y valoración de la prueba, dejado sin efecto el Auto de Vista 346 de 18, de noviembre de 2021, emitido por los Vocales demandados debiendo los mismos dictar nueva resolución conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada en cuanto al derecho a la igualdad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.
11 El FJ III.3, expresa: “No obstante lo referido precedentemente, cabe también indicar que, en resguardo de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, el acceso a la justicia y a una tutela efectiva, propios de la víctima que plantea la denuncia ante el Ministerio Público para que cumpla con su función de promover la acción de la justicia para perseguir y sancionar al autor del delito, este Tribunal puede analizar la conducta omisiva del representante del Ministerio Público, el juez cautelar u otra autoridad competente para intervenir en la etapa preparatoria; conductas omisivas expresadas, entre
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0847_2023-S1.pdf · páginas 1 a 36.
Huella digital del PDF (SHA-256): 089c9e3fb5d4f39211aed2e392aa6c000b6d0423402859254290ea1ee1344942
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