Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 20 de septiembre de 2024
Concede la tutela
La impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la vida con relación al derecho a la alimentación, asimismo, a la salud, seguridad social, trabajo, salario, inamovilidad laboral, debido proceso y defensa; toda vez que, trabajó en la CNS Regional Camiri, desde el 14 de mayo de 2020, como médico en el Hospital Obrero Número 14, suscribiendo varios contratos temporales; sin embargo, cuando puso en conocimiento mediante nota a la entidad empleadora respecto a su estado de gestación y solicitud de inamovilidad laboral, petición que fue rechazada; en sentido que, si bien reconocen su estado de gravidez; empero, señalaron que se encontraba embarazada al momento de su contratación y al haber ocultado de mala fe su embarazo, consideraron ser un acto reprochable el pretender beneficiarse con la citada inamovilidad laboral. En revisión corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 04/2022 de 7 de diciembre, cursante de fs. 135 a 140 vta., pronunciada por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Camiri del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, debiendo la Caja Nacional de Salud Regional Camiri, reincorporar laboralmente a Iridian Paola Hurtado Gorostiaga, al cargo que se encontraba desempeñando o un cargo similar sin afectar su nivel salarial, así como el pago de sus sueldos devengados y la restitución de todos sus derechos que le corresponde en protección de la garantía de la inamovilidad laboral, hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0846/2024-S3 Sucre, 20 de septiembre de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 52697-2023-106-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 04/2022 de 7 de diciembre, cursante de fs. 135 a 140 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Iridian Paola Hurtado Gorostiaga contra Juan Pablo Minza y José Antonio Carvajal Barahona, representantes legales de la Caja Nacional de Salud (CNS) Regional Camiri.
Por memorial presentado el 13 de octubre de 2022, cursante de fs. 68 a 77, la accionante expresó lo siguiente:
El 14 de mayo de 2020, ingresó a trabajar a la CNS Regional Camiri-Hospital Obrero Número 14, como Médico de Triaje, cargo en el cual prestaba servicios de salud relacionados con actividades propias y permanentes de la entidad, percibía un salario mensual de Bs8 363.- (ocho mil trescientos sesenta y tres bolivianos), durante la relación laboral suscribió más de ocho contratos, los cuales no fueron refrendados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Los contratos quinto, sexto y séptimo fueron suscritos de manera temporal con plazos de hasta un mes; es así que, el octavo contrato escrito no fue visado por parte del citado Ministerio de Trabajo, el cual tenía vigencia desde el 23 de julio hasta el 31 de agosto de 2022, tiempo en el cual recibió la noticia que se encontraba aproximadamente de cinco semanas de gestación; situación que mediante nota de 29 de igual mes y año, puso en conocimiento de la entidad empleadora, para que reconozca su derecho a la inamovilidad laboral; sin embargo, por nota de 5 de septiembre del mencionado año, el Agente Distrital VI de la CNS Regional Camiri, en respuesta a su solicitud refirió que reconocían la existencia de la relación laboral y su estado de gravidez; empero, coligieron que al momento de su contratación eventual de 23 de julio de 2022, se encontraba embarazada de más de tres semanas, señalando que eso demostraba que hubiera ocultado su embarazo de mala fe, siendo un acto reprochable el hecho de pretender beneficiarse ahora con una inamovilidad laboral y por ello, no le correspondería la aplicación de ese derecho. Además de su condición de madre trabajadora en estado de gestación con alto riesgo obstétrico, mencionó que “… adolece de enfermedad de insuficiencia renal a estudio (hematuria Aislada)…” (sic) encontrándose en situación más vulnerable.
Señaló como lesionados sus derechos a la vida con relación al derecho a la alimentación, salud, seguridad social, trabajo, salario, inamovilidad laboral, debido proceso y defensa; citando al efecto los arts. 15, 16, 18, 45, 46, 48, 115; y, 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); y, 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) Que la CNS Regional Camiri, proceda de forma inmediata a su reincorporación laboral, por el derecho de inamovilidad laboral como madre trabajadora gestante con el mismo cargo y salario; b) Se proceda a la cancelación de los sueldos devengados, desde su despido injustificado hasta el momento de su reincorporación y demás derechos laborales colaterales que le corresponde; y, c) Proceda de manera inmediata al registro de afiliación a los seguros de salud a corto y largo plazo a efectos de garantizar su atención en el tratamiento de su enfermedad para precautelar su salud y la vida de su hijo que está por nacer.
Celebrada la audiencia pública el 7 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 128 a 134, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, añadiendo que: 1) Los supuestos contratos civiles que suscribió son simplemente contratos simulados de una relación laboral, más no así de prestación de servicios; puesto que, no tienen Número de Identificación Tributaria (NIT), no factura y jamás aportó a la Administración de Fondo de Pensiones (AFP) de manera dependiente; 2) El Decreto Supremo (DS) 28691 de 26 de abril de 2006, establece que todo contrato laboral suscrito con simulación de un contrato civil, carece totalmente de eficacia jurídica; y, 3) Aclaró que en el presente caso impugna inamovilidad laboral y no estabilidad laboral.
Juan Pablo Minza presente y José Antonio Carvajal Barahona ausente a través de su abogado en audiencia, se informó lo siguiente: i) La documentación presentada por la hoy accionante de fs. “25 a 31” son contratos de prestación de servicios como trabajadora eventual; asimismo, los contratos de fs. “29, 30 y 31”, fueron cancelados por servicio de carácter eventual, compra de servicios con retenciones de ley; es decir, del 15.5 %; por lo tanto, los contratos que se suscribieron son de orden civil y no laborales, pretendiendo la accionante que los contratos civiles sean catalogados como laborales; ii) De acuerdo al art. 9 del Código Procesal del Trabajo (CPT), su autoridad no es competente para resolver la presente controversia supliendo a la justicia ordinaria y bajo esa premisa tratar de determinar en instancia constitucional la conversión de los contratos civiles a contratos a plazo fijo como refiere la ahora peticionante de tutela, cuando la justicia constitucional tutela derechos consolidados y no así controversias emergentes en contratos; iii) La accionante no acudió al Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, a efectos de poder solicitar su reincorporación laboral, tampoco respondió u objetó la nota de 5 de septiembre de 2022, ni presentó algún recurso o reclamo contra esa determinación; iv) El contrato cursante a “fs. 31”, culminó el 31 de marzo de 2022, el siguiente se suscribió el 23 de julio al 31 de agosto de igual año, transcurrieron más de tres meses sin que la accionante hubiese reclamado algún derecho o situación que le compete como estabilidad y continuidad laboral, salario; asimismo, entre el tercer y cuarto contrato transcurrieron más de tres meses para su recontratación; v) Se le contrató de buena fe por el periodo de 23 de julio al 31 de agosto ambos de 2022, por directrices de orden nacional que determinaban la contratación inicial y final porque la quinta ola de pandemia estaba sujeta a la variante de contagios; y, vi) El art. 5 del Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009, refiere que la inamovilidad no se aplicará en contratos de trabajo que sean temporales y eventuales. 1.2.3. Resolución El Juez Público de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Camiri del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 04/2022 de 7 de diciembre, cursante de fs. 135 a 140 vta., denegó la tutela impetrada, por la existencia de hechos controvertidos e incumplimiento al principio de subsidiariedad, con base en los siguientes fundamentos: a) Si bien el 29 de agosto de 2022 la accionante puso en conocimiento de la CNS Regional Camiri su estado de gestación; empero, no acudió al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a efectos de presentar su denuncia de reincorporación por inamovilidad laboral en sede administrativa, conforme señala el art. 50 de la CPE; por ello, antes de accionar la presente acción de amparo constitucional por despido intempestivo, debió acudir al citado Ministerio; por lo que, no se cumplió con el principio de subsidiariedad; y, b) La solicitante de tutela refiere que tiene contratos laborales y la parte accionada indica que son contratos civiles sujetos a retención de “RC-IVA” y de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, se advierte que no puede ingresar a analizar y determinar la conversión de los contratos civiles a laborales o determinar que por la continuidad de los siete contratos tuviesen la calidad de contratos indefinidos de lo cual se colige la controversia en el presente caso, máxime conforme al art. 9 del CPT la controversia debe ser resuelta por la judicatura laboral; y siendo evidente la existencia de hechos controvertidos en el presente caso.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Cursan los siguientes Contratos de Prestaciones de Servicios Eventuales suscritos entre Iridian Paola Hurtado Gorostiaga -ahora accionante- y la CNS Regional Camiri: 1) 34-0032/2020 de 13 de mayo, con vigencia del 14 de mayo al 30 de junio de 2020, como Médico de Guardia en el Hospital Obrero Número 14; 2) 34-0057/2020 de 1 de julio, con vigencia del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020, como Médico General en el Hospital Obrero Número 14; 3) 34-0023/2021 de 1 de abril, con vigencia del 2 de abril al 29 de junio de 2021, como Médico General en el Hospital Obrero Número 14; 4) 34-0057/2021 de 8 de julio, con vigencia del 1 de julio al 29 de septiembre de 2021, como Médico General en el Hospital Obrero Número 14; y, Contratos de Prestación de Servicios Médicos como Médico en Triaje, bajo la modalidad de compra de servicios profesionales para el área de salud, previa presentación de factura de ley: 5) De 1 de enero de 2022, con vigencia del 1 al 31 de enero de 2022; 6) De 1 de febrero, con vigencia de 1 al 28 de febrero de 2022; y, 7) De 1 de marzo de 2022, con vigencia de 1 al 31 de marzo de 2022, (fs. 26 a 32 vta.). II.2. Se tiene Contrato de Prestaciones de Servicios para el COVID-19 (trabajador eventual) de 23 de julio de 2022, suscrito entre la ahora accionante y la CNS Regional Camiri, como Médico General para el Hospital Obrero Número 14, dependiente de la Administración Distrital de Camiri, con vigencia del 23 de julio al 31 de agosto de 2022 (máximo cuarenta días [fs. 122 y vta.]).
II.3. Por Nota de 29 de agosto de 2022, la solicitante de tutela hizo conocer a la CNS - Hospital Obrero Número 14, respecto a su estado de gestación y solicitó renovación de contrato a plazo fijo o indefinido (fs. 15 y vta.); mereciendo respuesta a través de nota de 5 de septiembre de 2022, emitida por el Agente Distrital de la CNS Regional Camiri, señalando que no le corresponde la aplicación de la inamovilidad laboral, en tal sentido es inviable su recontratación (fs. 16 y vta.).
La impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la vida con relación al derecho a la alimentación, asimismo, a la salud, seguridad social, trabajo, salario, inamovilidad laboral, debido proceso y defensa; toda vez que, trabajó en la CNS Regional Camiri, desde el 14 de mayo de 2020, como médico en el Hospital Obrero Número 14, suscribiendo varios contratos temporales; sin embargo, cuando puso en conocimiento mediante nota a la entidad empleadora respecto a su estado de gestación y solicitud de inamovilidad laboral, petición que fue rechazada; en sentido que, si bien reconocen su estado de gravidez; empero, señalaron que se encontraba embarazada al momento de su contratación y al haber ocultado de mala fe su embarazo, consideraron ser un acto reprochable el pretender beneficiarse con la citada inamovilidad laboral. En revisión corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto la SCP 0350/2023-S3 de 3 de mayo, señaló lo siguiente: “La Constitución Política del Estado vigente, consagra la garantía de la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y progenitores, hasta un año de edad de los hijos, disponiendo en forma expresa en el art. 48.VI: 'Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad'.
Concerniente a esta materia, el DS 0012 de 19 de febrero de 2009, reglamentó las condiciones de la garantía de inamovilidad laboral en favor de madres o progenitores que trabajen en el sector público o privado, precisando que los beneficiarios de esa garantía, no pueden ser despedidos, ni afectados en su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo. Sin embargo, esa garantía constitucional tiene como antecedente la labor interpretativa y protectora de los derechos del extinto Tribunal Constitucional a través de sus diferentes fallos, cuyos razonamientos son vinculantes en tanto no contradigan los postulados de la Constitución Política del Estado vigente y fueron recogidos y sistematizados por la jurisprudencia del actual Tribunal Constitucional Plurinacional, consolidando el régimen reforzado de protección por la garantía de inamovilidad laboral en favor de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo. En esa comprensión, en un caso de despido injustificado de una dependiente laboral que se encontraba en estado de embarazo, el Tribunal Constitucional ha razonado que el derecho que se debe proteger no es solo el derecho al trabajo, sino otros derechos primarios de la accionante y el ser en gestación, quienes necesitan protección urgente e inmediata; el retiro intempestivo de la mujer gestante, también importa la supresión del derecho a la seguridad social, que a su vez resguarda y garantiza el derecho a la salud, consiguientemente colocan en riesgo el primer derecho, la vida.
Efectuando una interpretación sistemática y teleológica del art. 1 de la Ley 975 de 2 de marzo de 1988, que a la letra prescribe: 'Toda mujer en periodo de gestación hasta un año de nacimiento del hijo, gozará de inamovilidad en su puesto de trabajo en Instituciones públicas o privadas', el anterior Tribunal estableció que la protección a la mujer embarazada abarca a las empleadas del sector privado sujetas a la Ley General del Trabajo como a las servidoras públicas, sin exclusión, alcanza a las mujeres trabajadoras o empleadas con contratos indefinidos, contratos a plazo fijo, como a trabajadoras o funcionarias eventuales, porque la finalidad de la norma es la protección de la maternidad por parte del Estado y no se admite distinción alguna entre trabajadoras del sector público o privado, ni respecto a la naturaleza de los contratos a los que están sujetas; es decir, una protección que no reconoce condicionamiento.
Complementando el alcance de esta garantía la jurisprudencia constitucional señaló que la finalidad de la inamovilidad laboral, es otorgar a la mujer embarazada o madre de familia con un hijo menor a un año de edad, estabilidad no sólo económica sino también la consiguiente atención médica y emocional; un despido injustificado de la mujer trabajadora de su fuente laboral, indudablemente genera zozobra, incertidumbre y preocupación, lo que afectaría a la mujer embarazada y también a la adecuada formación del ser en gestación, la mujer embarazada no puede ser afectada en su nivel salarial ni tampoco su condición en su puesto de trabajo; por lo que no puede reducírsele su sueldo ni postergarse el pago de sueldos adeudados.
De manera análoga, el actual Tribunal Constitucional Plurinacional, aplicando una interpretación sistemática y teleológica, además de la aplicación del principio pro homine, por el que debe entenderse la norma, en el sentido más amplio y no así en el sentido restringido, también estableció que la garantía de la inamovilidad laboral de una mujer en estado de embarazo o un progenitor cuya esposa o conviviente está en el mismo estado, corresponde a todas las personas sin discriminación alguna -incluyendo servidores públicos de libre nombramiento-; puesto que, lo que se precautela en todos estos casos, no es el trabajo simple y llano del trabajador, sino los derechos del nasciturus -interpretación finalista- que se encuentra en el vientre materno o del hijo-hija recién nacido, entre los que se encuentra el derecho primordial a la vida, como también el derecho a la salud; puesto que el trabajo, al ser el medio por el cual se procura de los medios de subsistencia para uno mismo y su familia, entendiendo a esta última, no solo a las personas ya nacidas, sino también a las que están por nacer; puesto que, si bien se encuentran aún en el vientre materno, ya llegan a ser miembros integrantes de la familia, la cual de igual manera, debe ser protegida por parte del Estado, siendo por consiguiente una obligación insoslayable la de proteger a la familia, no pudiendo por ella dejarle en desamparo; razonamientos que pueden ser aplicables a los funcionarios públicos provisorios en cuanto a la protección de la garantía de la inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados, aplicando una interpretación sistemática y teleológica, además de la aplicación del principio pro homine.
Siguiendo la línea de razonamiento, es preciso enfatizar también que, sin bien la acción de amparo constitucional se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, que exige el agotamiento previo de los medios o recursos intraprocesales judiciales o administrativos; sin embargo, tratándose de la salvaguarda de los derechos primarios de la mujer trabajadora embarazada y del ser en gestación, cuya protección es urgente e inmediata, ante el retiro intempestivo de su fuente laboral que provoca la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez resguarda y garantiza el derecho a la salud, poniendo en riesgo el derecho a la vida que no puede estar condicionado al agotamiento previo de otras vías o instancias legales; es decir, no se sujeta al principio de subsidiariedad, con el fin de tutelar en forma prioritaria e inmediata los derechos a la vida y a la salud como parte de la maternidad.
La jurisprudencia constitucional también estableció que la comunicación oportuna del estado de embarazo no es condición para la protección que brinda esta garantía reconocida por la Constitución Política del Estado, en otros términos, no es necesario dar aviso al empleador sobre la situación de embarazo de la mujer trabajadora para acceder a la protección que brinda la Constitución Política del Estado en su condición de gestante y con niño menor a un año de edad. Ahora bien, un derecho vinculado a la garantía de la inamovilidad laboral, es el derecho fundamental de las mujeres a la maternidad segura, reconocido expresamente por el art. 45.V de la CPE, cuyo texto expresa: 'Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal'" .
La peticionante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la vida con relación al derecho a la alimentación, asimismo, a la salud, seguridad social, trabajo, salario, inamovilidad laboral, debido proceso y defensa; toda vez que, trabajó en la CNS Regional Camiri, desde el 14 de mayo de 2020, como médico en el Hospital Obrero Número 14, suscribiendo varios contratos temporales; sin embargo, cuando puso en conocimiento mediante nota a la entidad empleadora respecto a su estado de gestación y solicitud de inamovilidad laboral, petición que fue rechazada; en sentido que, si bien reconocen su estado de gravidez; empero, señalaron que se encontraba embarazada al momento de su contratación y al haber ocultado de mala fe su embarazo, consideraron ser un acto reprochable el pretender beneficiarse con la citada inamovilidad laboral.
De acuerdo a los antecedentes, se evidencia que la ahora accionante suscribió los siguientes Contratos de Prestaciones de Servicios Eventuales con la CNS Regional Camiri, como Médico General en el Hospital Obrero Número 14: i) 34-0032/2020 de 13 de mayo, con vigencia del 14 de mayo al 30 de junio de 2020; ii) 34-0057/2020 de 1 de julio, con vigencia del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020; iii) 34-0023/2021 de 1 de abril, con vigencia del 2 de abril al 29 de junio de 2021; y, iv) 34-0057/2021 de 8 de julio, con vigencia del 1 de julio al 29 de septiembre de 2021.
Posteriormente, suscribió tres Contratos de Prestación de Servicios Médicos, como Médico de Triaje, bajo la modalidad de compra de servicios profesionales para el área de salud, previa presentación de factura de ley: v) De 1 de enero de 2022, con vigencia del 1 al 31 de enero de 2022; vi) De 1 de febrero, con vigencia de 1 al 28 de febrero de 2022; y, vii) De 1 de marzo de 2022, con vigencia de 1 al 31 de marzo de 2022 (Conclusión II.1); y, el último que suscribió fue el Contrato de Prestaciones de Servicios para el COVID-19 (trabajador eventual) de 23 de julio de 2022, suscrito entre la ahora accionante y la CNS Regional Camiri, como Médico General para el Hospital Obrero Número 14, dependiente de la Administración Distrital de Camiri, con vigencia del 23 de julio al 31 de agosto ambos de 2022 (Conclusión II.2.). Finalmente, la ahora solicitante de tutela mediante nota de 29 de agosto de 2022, hizo conocer a la CNS-Hospital Obrero Número 14, su estado de gestación y solicitó renovación de contrato, sea a plazo fijo o indefinido; señalando que se le contrató para ejercer las funciones de médico general, consultas en triaje y emergencias, desempeñó funciones de manera responsable y que se encontraba de ocho semanas y dos días de gestación; por tanto, de acuerdo al art. 48 de la CPE, se considere una renovación de contrato por un periodo a plazo fijo o en su defecto indefinido; puesto que, realizó varios contratos con la institución; sin embargo, su solicitud fue respondida, por nota de 5 de septiembre de 2022, por el Agente Distrital de la CNS Regional Camiri, señalando que no le corresponde la aplicación de la inamovilidad laboral, en tal sentido es inviable su recontratación, alegando que fue contratada de manera eventual como médico general por un término de cuarenta días de 23 de julio al 31 de agosto de 2022, conforme lo señala la cláusula tercera de su contrato y conforme el DS “0012” de 19 de febrero de 2009, la inamovilidad laboral no se aplica en contratos eventuales (Conclusión II.3.).
En esa comprensión, es preciso referirse al principio de subsidiariedad, más aún cuando el Juez de garantías, sustentó en uno de sus fundamentos la falta de cumplimiento del principio; al respecto, la amplia jurisprudencia constitucional señaló que tratándose del grupo de personas vulnerables de atención prioritaria como son las mujeres embarazadas cuya protección merece atención inmediata y el retiro injustificado en ese estado puede significar poner en riesgo su vida y salud, y del hijo por nacer; por tanto, es aplicable la excepción del principio de subsidiariedad de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1., del presente fallo constitucional.
Ahora bien, ingresando al análisis de fondo de la problemática planteada, es imprescindible resaltar que la garantía reforzada de la inamovilidad laboral de mujeres embarazadas, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, a partir de una interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado, no reconoce condicionamiento o criterio de discriminación, abarcando cualquiera sea la característica de trabajo, la naturaleza del contrato, condición laboral o calidad de funcionario o trabajador, incluyendo además a los funcionarios con contrato a plazo fijo suscritos de manera sucesiva; puesto que, el propósito de la citada garantía no solamente es proteger a la madre, sino, también al hijo por nacer hasta que cumpla un año de edad, resguardando su bienestar económico, psicológico, las prestaciones a la seguridad social, salud e incluso la prohibición de afectar el nivel salarial o la ubicación del puesto de trabajo, de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
En ese sentido, de acuerdo a los antecedentes, la ahora solicitante de tutela tuvo una relación laboral con la CNS Regional Camiri, desde el 14 de mayo de 2020, suscribiendo varios Contratos de Prestaciones de Servicios Eventuales, como Médico General en el Hospital Obrero Número 14, con periodo de vigencias del 14 de mayo al 30 de junio de 2020; del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020; del 2 de abril al 29 de junio de 2021 y del 1 de julio al 29 de septiembre de 2021; posteriormente, rubricó otros cuatro Contratos de Prestación de Servicios Médicos, para el cargo de Médico en Triaje, bajo la modalidad de compra de servicios profesionales para el área de salud, con vigencia del 1 al 31 de enero de 2022; de 1 al 28 de febrero de 2022; de 1 al 31 de marzo de 2022 y el último fue del 23 de julio al 31 de agosto de 2022; es decir, que todos los contratos suscritos por la hoy accionante fueron eventuales; sin embargo, se constata que la misma suscribió contratos de prestación de servicios a plazo fijo de forma sucesiva durante más de dos años.
De igual forma, se evidencia que el 29 de agosto de 2022, la ahora impetrante de tutela -en vigencia del último contrato que suscribió del 23 de julio al 31 del citado mes y año-, hizo conocer a la CNS-Hospital Obrero Número 14, de su estado de gestación, solicitando su inamovilidad laboral, que fue rechazada por la entidad Empleadora mediante nota de 5 de septiembre de 2022; y, conforme al razonamiento del presente fallo constitucional, la garantía constitucional de la inamovilidad laboral no excluye a funcionarios públicos con contrato a plazo fijo; por lo tanto, corresponde conceder la tutela solicitada por la hoy accionante, otorgándole la estabilidad económica, atención médica, las prestaciones en salud y las asignaciones familiares que le correspondan en su calidad de mujer embarazada como para el hijo en gestación hasta que cumpla un año de edad. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 04/2022 de 7 de diciembre, cursante de fs. 135 a 140 vta., pronunciada por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Camiri del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, debiendo la Caja Nacional de Salud Regional Camiri, reincorporar laboralmente a Iridian Paola Hurtado Gorostiaga, al cargo que se encontraba desempeñando o un cargo similar sin afectar su nivel salarial, así como el pago de sus sueldos devengados y la restitución de todos sus derechos que le corresponde en protección de la garantía de la inamovilidad laboral, hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0846_2024-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 30ca2beb588c17e77114ce23d63d7a57738306f3a9cdb2c305343cf140703b67
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →