Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de cumplimiento · Sala Tercera · 5 de agosto de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia que Harol Gabriel Torrico Quiroga, Secretario del Juzgado de Ejecución Penal Primero del departamento de Oruro, el 18 de septiembre de 2023, certificó que el cómputo de condena “hasta la fecha”, era de cero años, once meses y siete días, omitiendo que su persona contaba con el registro de mandamiento de detención preventiva de 8 de febrero de 2019; sin embargo, el cómputo se realizó a partir del 11 de noviembre de 2022, incumpliendo lo establecido por los arts. 73 y 77 del CP. No obstante, haber sido objetado el cómputo realizado, la Jueza demandada, mediante Auto Interlocutorio 1254/2023 de 1 de diciembre, mantuvo las fechas establecidas en la mencionada certificación.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 123/2024 de 23 de julio, cursante de fs. 294 a 301, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0845/2025-S3 Sucre, 5 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de cumplimiento Expediente: 66162-2024-133-ACU Departamento: Oruro En revisión la Resolución 123/2024 de 23 de julio, cursante de fs. 294 a 301, pronunciada dentro de la acción de cumplimiento interpuesta por Rolando Ayma Huayta contra Erika Rocío Araoz Rioja, Jueza y Harol Gabriel Torrico Quiroga, Secretario, ambos del Juzgado de Ejecución Penal Primero del departamento de Oruro.
Por memorial presentado el 8 de julio de 2024, cursante de fs. 190 a 207, el accionante expresó lo siguiente:
En cumplimiento del art. 138.2 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- solicitó al Juzgado de Ejecución Penal Primero del departamento de Oruro, certificado de cómputo de condena. En virtud a dicha solicitud, Harol Gabriel Torrico Quiroga, Secretario del Juzgado de Ejecución Penal Primero del departamento de Oruro -ahora codemandado-, emitió informe de 20 de junio de 2023, refiriendo que no pudo realizar el cómputo de condena debido a que no contaba con los datos necesarios para contabilizar el tiempo, solicitando que adjuntara documentación, no obstante, contar con una certificación de cómputo de condena, elaborado y emitido por la entonces Secretaria de dicho Juzgado, estableciendo el cómputo de cuatro años, un mes y cinco días al 13 de marzo de igual año, donde se consideró para la elaboración del mencionado cómputo, en mandamiento de detención preventiva emitido por la entonces Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del citado departamento; mismo que se adjuntó mediante memorial de 12 de septiembre de 2023, empero, no fue considerado por la Jueza de Ejecución Penal Primera del referido departamento, a tiempo emitir el proveído de 13 de septiembre de 2023, disponiendo: “‘A lo principal.- Previo a la admisión del presente incidente, por secretaria elabórese la certificación de cómputo de condena dentro el presente caso…’” (sic). En cumplimiento a ese decreto, el mencionado Secretario, el 18 de septiembre de 2023, certificó que el cómputo de condena “hasta la fecha”, era de cero años, once meses y siete días, omitiendo que su persona contaba con el registro de mandamiento de detención preventiva de 8 de febrero de 2019. Sin embargo, el cómputo de plazos se realizó a partir del 11 de noviembre de 2022, fecha en que se notificó al Centro Penitenciario “La Merced” de Oruro con el mandamiento de condena emitido por el Juzgado de Sentencia Penal Tercero de la Capital del citado departamento, incumpliendo lo dispuesto por el art. 73 último parágrafo del Código Penal (CP), vulnerando sus derechos y garantías constitucionales al debido proceso en su elemento de legalidad, además de poner en riesgo la seguridad jurídica. Notificado con la mencionada certificación, el 10 de octubre de 2023, observó el cómputo de plazos realizado, solicitando uno nuevo y control jurisdiccional; empero, la Jueza ahora demandada, emitió el proveído de 11 de igual mes y año, por el que dispuso la notificación al Fiscal de Materia asignado al caso y a la parte víctima; y ante su silencio, pronunció el Auto Interlocutorio 1254/2023 de 1 de diciembre, resolviendo: “…1) Mantener las fechas establecidas dentro del cómputo de condena de fecha 18/09/2023; 2) Dejar sin efecto la Certificación del Cómputo de Condena de fecha 18/09/2023, elaborado por el Secretario de este despacho judicial, en consecuencia deberá emitir un nuevo cómputo en cumplimiento al Art. 77 del C.P., considerando las 24 horas, el mes y el año, según calendario, manteniéndose los datos insertos en el mismo…” (sic); determinación contra la que presentó recurso de apelación incidental, resuelto mediante Auto de Vista 157/2023 de 28 de diciembre, que declaró improcedente dicho recurso, confirmando en su totalidad el referido Auto Interlocutorio 1254/2023.
El accionante señaló como incumplidos los arts. 73 y 77 del CP.
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) El Secretario del Juzgado de Ejecución Penal Primero del departamento de Oruro, emita un nuevo certificado de cómputo de condena, consignando como tiempo de cumplimiento de condena el periodo de la detención preventiva -conforme dispuso su mandamiento de detención preventiva- de 8 de febrero de 2019; b) Como efecto del incumplimiento de los arts. 73 y 77 del CP, se disponga la nulidad del Auto Interlocutorio 1254/2023 y del Auto de Vista 157/2023; y, c) En previsión del art. 67 de Código Procesal Constitucional (CPCo), se determine la responsabilidad de los demandados conforme al art. 39 del citado Código.
Celebrada la audiencia pública el 23 de julio de 2024, según consta en acta cursante de fs. 282 a 293, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó el memorial de acción de cumplimiento y ampliándolo señaló que: 1) En antecedentes, se cuenta con una resolución de aplicación de medidas cautelares y un mandamiento de detención preventiva que el Secretario codemandado no consideró, omitiendo así lo establecido en los arts. 73 y 77 del CP; 2) La Jueza demandada convalidó dicha omisión; y, 3) Solicitó se declare procedente la acción de cumplimiento, disponiendo que el Secretario codemandado, con base en los registros del Juzgado de Ejecución Penal Primero del departamento de Oruro, elabore nuevo cómputo de condena, contemplando el mandamiento de detención preventiva como parte de la pena cumplida, en observancia de las referidas normas. En uso de su derecho a la réplica, señaló que: i) Su pretensión radica en la omisión del mandamiento de detención preventiva emitido por el Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro; y, ii) En el cómputo se le estaría restando alrededor de tres años y diez meses, lo que significa que llegaría a permanecer unos tres años más y posteriormente beneficiarse de la redención.
Erika Rocío Araoz Rioja, Jueza de Ejecución Penal Primera del departamento de Oruro, mediante informe escrito presentado el 16 de julio de 2024, cursante de fs. 225 a 226 vta., manifestó lo siguiente: a) El impetrante de tutela no expresó de manera clara el acto o resolución que considera vulneratorio; pues, hizo mención a una serie de argumentos repetitivos, confusos e impertinentes, sin explicar lo que verdaderamente pretende; b) Los preceptos legales invocados en la acción de cumplimiento no contienen un deber claro y concreto sujeto a controversia e interpretación dispar, que debe ser resuelto en la vía ordinaria y posterior acción de amparo constitucional si la interpretación de la ley generase lesión de derechos; por cuanto, el accionante pretende se reconozca el tiempo de reclusión en el Centro Penitenciario “La Merced” de Oruro, como cumplimiento de un mandamiento de detención preventiva en otro recinto carcelario, sin que ninguna autoridad hubiera dispuesto el traslado; y, c) La Resolución considerada como vulneradora -se entiende el Auto Interlocutorio 1254/2023-, fue recurrido en apelación y resuelta por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Auto de Vista 157/2023, que confirmó en su totalidad el fallo recurrido; por lo que, venció el plazo para la interposición de la “acción de amparo constitucional”. En audiencia de garantías, refirió que, el mandamiento de detención preventiva de 8 de febrero de 2019, que hace referencia el accionante en su petitorio, no se encuentra registrado en ninguno de los Centros Penitenciarios -San Pedro y “La Merced” de Oruro-; siendo ese el obstáculo para que el Secretario codemandado pueda realizar el cómputo del tiempo de la detención preventiva. Harol Gabriel Torrico Quiroga, Secretario del Juzgado de Ejecución Penal Primero del departamento de Oruro, por informe presentado el 16 de julio de 2024, cursante a fs. 229 y vta., señaló que: 1) El cómputo de condena es un “acto administrativo” del Juzgado de Ejecución Penal, en el que se toma en cuenta todo el tiempo de detención que estuviera cumpliendo la persona privada de libertad dentro de un proceso o en sede policial de manera preventiva o en cumplimiento de la sentencia. Este cómputo se realiza desde el ingreso a un Centro Penitenciario como privado de libertad y puede solicitarse en cualquier momento durante la ejecución de la sentencia; 2) El accionante, no solicitó un nuevo cómputo de condena ni presentó documentación que acredite su permanencia de forma preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro; pues, de la revisión de su file personal, no demostró el ingreso y el tiempo de su permanencia en dicho recinto, lo que impidió considerar el tiempo de detención preventiva, pese a lo establecido en el mandamiento de detención preventiva y en la Sentencia de diez años de privación de libertad por la comisión de los delitos de estafa y estelionato con agravante de víctimas múltiples; 3) El art. 77 del CP establece que la condena comienza a contarse desde el ingreso al establecimiento penitenciario correspondiente para el cumplimiento de una privación de libertad específica; 4) No se advierte documental o constancia que el sentenciado -ahora accionante- tenga registro de permanencia en el mencionado Centro Penitenciario, donde debe cumplir tanto la detención preventiva como la condena de diez años que se le impuso; 5) El certificado de permanencia del Centro Penitenciario “La Merced” de Oruro, registra dos mandamientos de condena de cinco años por delitos de estafa y estelionato, además de un mandamiento de condena de diez años correspondiente al caso en cuestión, que debe cumplirse en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro. Sin embargo, no se encuentra registrado el mandamiento de detención preventiva emitido por el Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital del indicado departamento; y, 6) Ante la falta de certificación del Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, emitió un certificado de cómputo de condena que no incluye el tiempo de detención preventiva; pues, si bien, se le habría notificado con la detención preventiva, el solicitante no demostró el cumplimiento de la misma en dicho reclusorio; por lo que, no se incumplieron los arts. 73 y 77 del CPP; tampoco se cerró la posibilidad de solicitar un nuevo cómputo adjuntando la documentación correspondiente.
Rubén Baldino López Rojas, Delfín Torrico Pérez y Doris Cristina Mercado Gonzáles a través de sus abogados, en audiencia de garantías señalaron que no existió incumplimiento ni omisión de parte del Secretario demandado a tiempo de emitir la certificación requerida. Mercedes Natalia Mercado Rojas, Mercedes Ayoroa Saravia de López, Carmen Patricia Vásquez Villafuerte y Luz Mabel Choque Roque de Mamani, no presentaron escrito alguno, tampoco asistieron a la audiencia de garantías, pese a sus notificaciones cursantes de fs. 210, 211, 213 y 214.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 123/2024 de 23 de julio, cursante de fs. 294 a 301, denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: i) Entre los argumentos contenidos en la acción de cumplimiento, el accionante refiere a la vulneración del derecho al debido proceso; empero, no habiendo sido demandados los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro y superado el plazo de la inmediatez desde la última resolución emitida por dichas autoridades, hace inviable la reconducción de la acción a la de amparo constitucional; ii) En el caso concreto se denuncia el incumplimiento del art. 73 del CP, estableciendo que el tiempo de la detención preventiva se tendrá como parte de cumplida la pena privativa de libertad, a razón de un día de detención por un día de presidio; asimismo, señala que el cómputo debe realizarse inclusive desde el día de su detención. Por su parte el art. 77 del citado Código señala que, las penas se computarán conforme lo previsto en el Código de Procedimiento Penal; es decir, el día se computará de veinticuatro horas, el mes y año según el calendario. Consecuentemente, de la lectura de dichas normas, las mismas contienen un contenido general, no así un deber claro y concreto que pueda ser exigido de manera indubitable; iii) La jurisprudencia ha establecido que el mandato legal cuya omisión se cuestiona debe tener un carácter eminentemente imperativo, contener un deber identificado de manera expresa y específica, además que sea claro y cierto y que no esté sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares; y, iv) Las causales de improcedencia establecidas en el art. 64 del CPCo, señalan que la acción de cumplimiento no procede en procesos propios de la administración pública o cuando se ejerce potestad sancionadora. Por ello, la pretensión del accionante excede el objeto de esta acción tutelar, ya que no es el medio adecuado para reclamar el incumplimiento de deberes procesales en la etapa de ejecución de sentencia, como en el caso de una solicitud de cómputo de penas.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa certificación de cómputo de condena de 18 de septiembre de 2023, emitido por Harol Gabriel Torrico Quiroga, Secretario del Juzgado de Ejecución Penal Primero del departamento de Oruro -ahora codemandado- estableciendo el cómputo de condena del accionante de cero años, once meses y siete días (fs. 71). II.2. Por memorial presentado el 10 de octubre de 2023, el impetrante de tutela observó el cómputo de condena expedido el 18 de septiembre de 2023, solicitando uno nuevo (fs. 75 a 82). II.3. Mediante Auto Interlocutorio 1254/2023 de 1 de diciembre, la Jueza de Ejecución Penal Primera del departamento de Oruro -demandada-, resolvió: a) Mantener las fechas establecidas dentro del cómputo de condena de 18 de septiembre de 2023; b) Dejar sin efecto la certificación de cómputo de condena de 18 de igual mes y año, ordenando emitir uno nuevo en cumplimiento del art. 77 del CP; y, c) En tanto no cumpla las 2/5 partes de la condena, no es admisible el incidente de redención impetrado (fs. 93 a 94). II.4. Consta certificación de cómputo de condena de 11 de diciembre de 2023, emitido por el Secretario ahora demandado, determinando el cómputo de condena del accionante de un año, un mes y cero días (fs. 99). II.5. Por Auto de Vista 157/2023 de 28 de diciembre, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró improcedente el recurso de apelación opuesto por el solicitante de tutela contra el Auto Interlocutorio 1254/2023, confirmando en su totalidad el mismo (fs. 116 a 118 vta.).
El accionante denuncia que Harol Gabriel Torrico Quiroga, Secretario del Juzgado de Ejecución Penal Primero del departamento de Oruro, el 18 de septiembre de 2023, certificó que el cómputo de condena “hasta la fecha”, era de cero años, once meses y siete días, omitiendo que su persona contaba con el registro de mandamiento de detención preventiva de 8 de febrero de 2019; sin embargo, el cómputo se realizó a partir del 11 de noviembre de 2022, incumpliendo lo establecido por los arts. 73 y 77 del CP. No obstante, haber sido objetado el cómputo realizado, la Jueza demandada, mediante Auto Interlocutorio 1254/2023 de 1 de diciembre, mantuvo las fechas establecidas en la mencionada certificación.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 134.I de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que: “La Acción de Cumplimiento procederá en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley por parte de servidores públicos, con el objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida”. Por su parte, el art. 64 del CPCo, de manera explícita determina que: “La Acción de Cumplimiento tiene por objeto garantizar la ejecución de la norma constitucional o legal, cuando es omitida por parte de Servidoras o Servidores Públicos u Órganos del Estado”. En ese sentido, toda persona natural o jurídica que considere que un servidor o autoridad pública omitió el cumplimiento de una disposición constitucional o legal, tiene la aptitud jurídica para activar este mecanismo constitucional de defensa. Al respecto, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 0258/2011-R de 16 de marzo, sostuvo que: “…esta garantía constitucional jurisdiccional está prevista en nuestra Constitución como una acción de defensa, entendiéndola como la potestad que tiene toda persona -individual o colectiva- de activar la justicia constitucional en defensa de la Constitución Política del Estado y de las normas jurídicas, ante el incumplimiento de deberes concretos contenidos en ellas. Es una acción sumaria, ágil y expedita a favor del ciudadano, cuyo conocimiento compete a la jurisdicción constitucional, que tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales, otorgando seguridad jurídica y materializando el principio de legalidad y supremacía constitucional; de ahí que también se configure como componente esencial del subsistema garantista, ampliamente mejorado debiendo invocarse ante el incumplimiento de deberes específicos previstos en la Constitución y en la Ley” (el resaltado nos corresponde). Respecto al objeto de esta acción tutelar, el mismo fallo señaló que se busca: “…garantizar la materialización de la Constitución y la ley, protegiendo de esa manera el principio de legalidad y supremacía constitucional, la seguridad jurídica, y a su vez, de manera indirecta, derechos fundamentales y garantías constitucionales. Cuando la Ley Fundamental establece como objeto de esta acción el cumplimiento de la Constitución y la ley, hace referencia a un deber específico previsto en dichas normas, pues como señala el art. 134 parágrafo tercero de la Constitución, el juez que conozca la acción, de encontrar cierta y efectiva la demanda, debe ordenar el cumplimiento del deber omitido. Consiguientemente, conforme al texto constitucional, se concluye que el objeto de tutela de esta acción está vinculado a garantizar el cumplimiento de un deber contenido en: a) Normas constitucionales, las cuales, como se ha visto, tienen un valor normativo inmediato y directo y a cuya observancia están obligados los servidores públicos y los particulares (arts. 9.4, 108 numerales 1, 2 y 3 y 410 de la CPE); b) La Ley, entendida no en el sentido formal -como originada en el órgano legislativo- sino material, sin importar la fuente de producción, abarcando, por tanto, a decretos supremos, resoluciones supremas, la legislación departamental y municipal, a cuyo cumplimiento también se obligan los particulares y los servidores públicos (arts. 14.V y 108.1 de la CPE).
Lo señalado no significa que la acción de cumplimiento, de manera directa o indirecta, no tutele derechos y garantías; sino que su propósito concreto es garantizar el cumplimiento de deberes previstos en la Constitución y las leyes, sin perjuicio que, la omisión del deber -constitucional o legal- se encuentre indisolublemente ligado al ejercicio -y por ende lesión- de derechos. Si se asume dicha afirmación, corresponde establecer cuál es la diferencia existente entre el amparo constitucional por omisión y la acción de cumplimiento, considerando que la primera, de acuerdo al art. 128 de la CPE, procede contra actos ilegales u omisiones ilegales o indebidas y la segunda, procede ante el incumplimiento de disposiciones constitucionales o legales, que constituyen precisamente una omisión. Para establecer una diferenciación, debe partirse del ámbito de protección de la acción de cumplimiento, cual es garantizar la materialización de un deber omitido; que tiene que estar de manera expresa y en forma específica previsto en la norma constitucional o legal. En ese entendido, el deber al que hace referencia la norma constitucional, no es genérico -como el cumplimiento de la ley- sino un deber concreto, que pueda ser exigido de manera cierta e indubitable a los servidores públicos; es decir, el deber tiene que derivar de un mandato específico y determinado y debe predicarse de una entidad concreta competente; ese es el sentido que, por otra parte, le ha otorgado al deber omitido la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia C-651/03 y el Tribunal Constitucional peruano que ha establecido determinados requisitos para que se ordene el cumplimiento del deber omitido: mandato vigente, cierto y claro, no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares, deber ser ineludible, de obligatorio cumplimiento y ser incondicional.
Conforme a lo anotado, ante la omisión en el cumplimiento de un deber claro, expreso y exigible, que puede estar directa o indirectamente vinculado a la lesión de derechos fundamentales o garantías constitucionales, corresponde invocar la acción de cumplimiento; en tanto que si el deber omitido no reúne las características anotadas, sino que se trata de un deber genérico, pero vinculado a la lesión de derechos o garantías fundamentales -como por ejemplo el deber de motivación de las resoluciones cuyo incumplimiento general lesiona al debido proceso- corresponde la formulación de la acción de amparo constitucional por omisión” (las negrillas y el subrayado son añadidos).
Al respecto, la SCP 0548/2013 de 14 de mayo, sostuvo que: “Respecto a las causales de improcedencia reglada el art. 66 del CPCo, determina: a) Cuando sea viable la interposición de las acciones de libertad, protección de privacidad o popular, o cuando concurra la procedencia de otra acción de defensa porque se presume que el legislador otorgó ámbitos de competencias diferente a cada acción constitucional incluyendo a la acción de amparo constitucional; b) Debe existir una solicitud expresa y clara en la cual el accionante recuerde al servidor público su deber de cumplimiento de la norma, y ante la renuencia (tácita o expresa) recién se activa la jurisdicción constitucional, aspecto diferente a la subsidiariedad; c) Para forzar el cumplimiento de resoluciones judiciales de cualquier índole (SCP 1876/2012 de 12 de octubre); d) Dentro de procesos o procedimientos administrativos en los cuales pueda demandarse la lesión de derechos fundamentales en cuyo caso por regla general procede la acción de amparo constitucional; y, e) Para exigir la aprobación de leyes ante las instancias Legislativas” . Por su parte, la SCP 1476/2014 de 16 de julio, señaló que: “Este tipo de acciones tiene sus propias características y connotaciones, que la diferencian de los demás mecanismos de defensa constitucionales; al respecto, en la ya citada SC 1312/2011-R se sostuvo que: ‘…el ámbito de diferenciación con otras acciones tutelares, específicamente con la acción de amparo constitucional, en esa perspectiva, es imperante -a la luz de su teleología constitucional-, delimitar las causales de exclusión para la activación de la acción de cumplimiento, que en esencia se traducen en dos: a) Incumplimiento de deberes procesales, directamente vinculados a un proceso jurisdiccional; y, b) Incumplimiento de potestades administrativas, estrictamente vinculadas a un procedimiento administrativo.
En efecto, estas causales de exclusión para la activación de la acción de cumplimiento, son perfectamente coherentes con la argumentación desarrollada supra, ya que al existir un proceso judicial o un procedimiento administrativo, en el cual existen partes procesales con un interés concreto y cuya decisión surtirá efectos jurídicos solamente en relación a ellas, no es posible en estos supuestos activar la acción de cumplimiento, toda vez que la acción de amparo constitucional, para estos casos, es el medio idóneo y eficaz para restituir posibles derechos afectados. En este contexto, inequívocamente la negación de estas causales de exclusión para la acción de cumplimiento, generaría una disfunción del sistema tutelar reconocido por el nuevo orden constitucional, aspecto no deseado y que en definitiva desconocería las directrices axiológicas en virtud de las cuales el constituyente desarrolló cada una de las acciones de defensa’. De lo glosado es posible extraer la existencia de dos causales de exclusión para la activación de la acción de cumplimiento; la primera de ellas, referida al incumplimiento de deberes procesales directamente vinculados a un proceso jurisdiccional; y la segunda, relacionada al incumplimiento de potestades administrativas estrictamente vinculadas a un procedimiento administrativo. Por lo que, ante la existencia de un proceso judicial o un procedimiento administrativo en el que existan partes procesales con intereses concretos, no es posible activar la acción de cumplimiento, ya que en estos casos, la acción de amparo constitucional resulta ser el medio idóneo para restituir derechos afectados de las partes, por cuanto su objetivo es el resguardo de derechos fundamentales sin una afectación o incidencia directa a una colectividad”.
El accionante denuncia que Harol Gabriel Torrico Quiroga, Secretario del Juzgado de Ejecución Penal Primero del departamento de Oruro, el 18 de septiembre de 2023, certificó que el cómputo de condena “hasta la fecha”, era de cero años, once meses y siete días, omitiendo que su persona contaba con el registro de mandamiento de detención preventiva de 8 de febrero de 2019; sin embargo, el cómputo se realizó a partir del 11 de noviembre de 2022, incumpliendo lo establecido por los arts. 73 y 77 del CP. No obstante, haber sido objetado el cómputo realizado, la Jueza demanda, mediante Auto Interlocutorio 1254/2023 de 1 de diciembre, mantuvo las fechas establecidas dentro del cómputo de condena referido en la mencionada certificación, entre otros aspectos. En ese contexto, conforme se analizó en la jurisprudencia constitucional glosada en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el objeto de tutela de este mecanismo de defensa es garantizar el cumplimiento de un deber contenido en la normativa constitucional u ordinaria; el cual, deberá ser un mandato vigente, cierto, claro y no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares, debe ser ineludible, incondicional y de obligatorio cumplimiento; es más, deberá entenderse como un deber expreso y específico previsto en la norma constitucional o legal y no genérico -como el cumplimiento de la ley- sino un deber concreto, que pueda ser exigido de manera cierta e indubitable a los servidores públicos; es decir, el deber tiene que derivar de un mandato específico y determinado, lo que no ocurre en el presente caso; pues, se advierte la existencia de un deber genérico, en la pretensión del cumplimiento de lo establecido por los arts. 73 y 77 del CP, preceptos que contienen un mandato general, no así un imperativo claro y específico que pueda ser exigido de manera directa; toda vez que, su aplicación ciertamente depende de la exégesis de los mismos, a efectos de establecer un cómputo preciso de la pena, incluyendo el periodo de la detención preventiva; máxime, si a través de este mecanismo de defensa, no es posible tutelar derechos subjetivos y sus respectivas garantías. Por lo que, la presente acción tutelar no reúne los requisitos señalados por la jurisprudencia; al tratarse de la exigencia de un deber genérico, ni puede ser empleada para impugnar resoluciones emitidas por los Jueces y Tribunales en ejercicio legítimo de su competencia. A mayor abundamiento, conforme precisó la SC 0258/2011-R de 16 de marzo, la distinción entre la acción de amparo constitucional por omisión y la acción de cumplimiento radica en sus respectivos ámbitos de aplicación; pues la acción de amparo constitucional conforme al artículo 128 de la CPE, puede ser interpuesta frente a actos u omisiones que sean ilegales o indebidos. En cambio, la acción de cumplimiento está dirigida a hacer efectivo el acatamiento de normas constitucionales o legales, cuando estas no se han ejecutado, es decir, cuando existe una omisión en su cumplimiento. Para diferenciar ambas figuras, es fundamental considerar que la acción de cumplimiento tiene como finalidad asegurar que se cumpla un deber específico que ha sido descuidado y que dicho deber debe estar claramente establecido en la normativa constitucional o legal. Así, el deber que se pretende hacer valer mediante esta acción no puede ser de carácter general como una simple obligación de respetar la ley, sino que debe tratarse de una obligación concreta y claramente exigible a los funcionarios públicos. Por consiguiente, al no cumplir la problemática planteada con los presupuestos para la activación de la acción de cumplimiento y versar más bien en una acción de amparo constitucional por omisión, corresponde denegar la tutela impetrada. Finamente, es pertinente aclarar que de acuerdo a lo establecido en la SCP 0960/2015-S2 de 6 de octubre, no es posible la activación de este mecanismo de defensa en los casos en los que se denuncia el incumplimiento de deberes procesales dentro de un proceso jurisdiccional, en el cual existen partes procesales con un interés concreto y cuya decisión surtirá efectos jurídicos solamente en relación a ellas. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 123/2024 de 23 de julio, cursante de fs. 294 a 301, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
2 SCP 0960/2015-S2 de 6 de octubre “…Asimismo la jurisprudencia constitucional, tiene establecido que no procede la acción de cumplimiento en los casos en los que se denuncia el incumplimiento de deberes procesales dentro de un proceso jurisdiccional, (…) En efecto, estas causales de exclusión para la activación de la acción de cumplimiento, son perfectamente coherentes con la argumentación desarrollada supra, ya que al existir un proceso judicial o un procedimiento administrativo, en el cual existen partes procesales con un interés concreto y cuya decisión surtirá efectos jurídicos solamente en relación a ellas, no es posible en estos supuestos activar la acción de cumplimiento, toda vez que la acción de amparo constitucional, para estos casos, es el medio idóneo y eficaz para restituir posibles derechos afectados (énfasis añadido).
1 SC 0258/2011-R de 16 de marzo"…la diferencia existente entre el amparo constitucional por omisión y la acción de cumplimiento, considerando que la primera, de acuerdo al art. 128 de la CPE, procede contra actos ilegales u omisiones ilegales o indebidas y la segunda, procede ante el incumplimiento de disposiciones constitucionales o legales, que constituyen precisamente una omisión. Para establecer una diferenciación, debe partirse del ámbito de protección de la acción de cumplimiento, cual es garantizar la materialización de un deber omitido; que tiene que estar de manera expresa y en forma específica previsto en la norma constitucional o legal. En ese entendido, el deber al que hace referencia la norma constitucional, no es genérico -como el cumplimiento de la ley- sino un deber concreto, que pueda ser exigido de manera cierta e indubitable a los servidores públicos…”
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0845_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.
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