B.IA.LEGAL

SCP 0845/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 24 de julio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
24 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
53705-2023-108-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia la lesión de sus derechos a la libertad personal y al debido proceso en sus elementos a la defensa, plazo razonable, seguridad jurídica y acceso a la justicia; toda vez que, dentro del proceso seguido en su contra por la presunta comisión del delito de acusación y denuncia falsa, el Fiscal de Materia ahora demandado emitió en su contra un mandamiento de aprehensión conforme el art. 224 del CPP, sin considerar su memorial de solicitud de reprogramación de día y hora de declaración informativa, en razón de que su abogada de confianza no se encontraba en territorio nacional para que pueda asistirlo en dicho actuado procesal; razón por la que solicita, se conceda la tutela; ordenando: 1) Que el Ministerio Público emita providencias en cumplimiento al plazo establecido en el art. 124 del CPP, efectuando estricto cumplimiento al plazo razonable reconocido como garantía judicial en el art. 8 de la CADH; 2) El carguío inmediato de todas las actuaciones emitidas por el Ministerio Público al Sistema JL2; 3) Brinde copias de actuaciones procedimentales sin formalidades ni procedimientos inventados y excusas que niegan el acceso al cuaderno de investigaciones a los sindicados o a las abogadas patrocinantes; 4) Proceda a la valoración probatoria y debida fundamentación de las resoluciones a emitirse, conforme la sana crítica sin lesionar el debido proceso; 5) Disponer medidas de no repetición; y, 6) Se imponga responsabilidad administrativa, civil y penal a la autoridad demandada. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2023 de 1 de febrero, cursante de fs. 38 a 41, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a lo desarrollado en el fundamento jurídico de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0845/2025-S1 Sucre, 24 de julio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 53705-2023-108-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 10/2023 de 1 de febrero, cursante de fs. 38 a 41, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Verónica Marisol Quiroga Pando y Liliana Mamani Calle en representación sin mandato de Rubén Santos Quispe Alí contra Israel Armando Rojas Toledo, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 31 de enero de 2023, cursante de fs. 20 a 26, el accionante a través de sus representantes sin mandato, expresaron los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala como antecedente que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia suya y de Beatriz Quispe Sonco contra Ricardo Chura Choquehuanca, por la presunta comisión del delito de abuso deshonesto que sufrió su hija menor de edad AA; el 17 de noviembre de 2022, se interpuso una acción de amparo constitucional contra el Fiscal Departamental de La Paz, solicitando dejar sin efecto la Resolución FDLP/AEVM/S-415/2022 de 12 de mayo, que confirmó la Resolución de Sobreseimiento dispuesta en favor de Ricardo Chura Choquehuanca y la reparación de daños a ser calificados en etapa de ejecución de fallos; no obstante, mediante Resolución Constitucional A.C. 23/2022 de 21 de noviembre, la Sala Constitucional Tercera de El Alto del departamento de La Paz, declaró la improcedencia de su acción por cuestiones formales, decisión que fue impugnada en tiempo hábil y oportuno, motivo por el cual se dispuso la remisión del expediente a conocimiento de la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, aún en trámite. Por otra parte, señaló que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Ricardo Chura Choquehuanca contra su persona y de su esposa Beatriz Quispe Sonco, por la presunta comisión del delito de acusación y denuncia falsa, previsto y sancionado por el art. 166 del Código Penal (CP), el 9 de enero de 2023 fueron citados para que presten su declaración informativa policial en calidad de sindicados; sin embargo, por memorial de 10 de igual mes y año, presentaron justificativo de inasistencia poniendo en conocimiento de la autoridad ahora demandada que su abogada de confianza Marisol Quiroga Pando se encontraba de viaje fuera del país; por lo que, siendo inviable llevar a cabo dicho actuado, solicitaron su reprogramación, amparándose en el derecho a ser asistido por un defensor de confianza, contenido en el art. 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), y a su vez hicieron hincapié en que el proceso penal -seguido en su contra- no tenía razón de ser; teniendo en cuenta que, el proceso que llevan adelante contra Ricardo Chura Choquehuanca por el delito de abuso deshonesto aún se encontraría abierto, al haberse presentado una acción de amparo constitucional para dejar sin efecto la Resolución Fiscal Departamental FDLP/AEVM/S-415/2022, y se emita una nueva resolución más la reparación de daños; poniendo en conocimiento que si bien la Sala Constitucional Tercera de El Alto del departamento de La Paz habría declarado la improcedencia de su acción mediante Resolución Constitucional A.C. 23/2022, impugnaron dicho fallo y como consecuencia mediante decreto constitucional de 13 de enero de 2023, se dispuso la remisión del expediente a conocimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional, que al presente se encuentra en trámite. Refieren que pese a haber puesto en conocimiento tales extremos a través del memorial descrito supra, la autoridad ahora demandada “…no emite pronunciamiento alguno hasta el día de ayer 30 de enero de 2023…” (sic), así se tiene de la plataforma virtual del Ministerio Público en el que claramente se observa que el cargado al sistema es de la fecha indicada, otorgando como respuesta a su escrito “…No ha lugar a lo solicitado, estese a los datos del proceso” (sic). Observando que el Ministerio Público no solo eludió su responsabilidad de emitir providencias dentro de las veinticuatro horas de presentación de los escritos, sino que tampoco consideró -su justificativo- al momento de emitir el acta de incomparecencia de 10 de enero de 2023, el cual fue cargado al sistema a horas 12:24 el mismo día. De lo cual se establece que no se consideró el justificativo presentado por su persona y su esposa Beatriz Quispe Sonco, pese a que se encontraba cargado en el sistema “JL2” antes que se convocara a los sindicados a la audiencia de declaración informativa policial fijada para el 10 de enero de 2023 a horas 10:00, porque de haberse considerado, éste constaría en el acta de incomparecencia o se habría determinado otra circunstancia distinta.

Posteriormente, luego de la emisión del acta de incomparecencia, de manera irregular el Ministerio Público le ocultó actuados, puesto que habría emitido mandamiento de aprehensión sin cargar al sistema “JL2”, tampoco las providencias a los memoriales presentados de su parte. Es así que, el 30 de enero de 2023 a horas 14:30 aproximadamente, se procedió a su aprehensión en su fuente laboral al ser maestro del “Colegio Martin Cárdenas Hermosa B”, ubicado en la zona Villa Adela de El Alto del departamento de La Paz, el cual fue efectuado de manera irregular por parte de dos funcionarios policiales no identificados, quienes no exhibieron ni le notificaron con el mandamiento de aprehensión indicándole únicamente que su nombre estaba en dicho documento, mostrándole esa parte, aspectos irregulares puesto que conforme a la normativa nacional e internacional cualquier persona sindicada de un delito tiene el derecho a saber el contenido del mismo, debiendo ser informado de las razones de su detención y notificado sin demora del cargo formulado en su contra. Producto de la aprehensión irregular, se comunicó con sus abogadas informando lo acontecido a través de llamadas telefónicas, quienes se constituyeron ante dependencias de la Fiscalía para revisar las actuaciones del Ministerio Público; sin embargo, el cuaderno de investigaciones le fue negado por uno de los pasantes, quien indicó que el cuaderno se encontraba en despacho y que el Fiscal estaba en audiencia; haciéndole notar que los memoriales con los que supuestamente se encontrarían en despacho fueron presentados por el sindicado y aprehendido, además que varias actuaciones no se encontraban cargadas al sistema; por lo que, a mucha insistencia recién a horas 16:20 del mismo día de su aprehensión le entregaron una copia del mandamiento. Finalmente, pasadas las horas, la autoridad fiscal simplemente le entregó una copia de una providencia que supuestamente responde a uno de los memoriales presentados por el mismo, desconociendo a cuál de las solicitudes presentadas correspondía; toda vez que, no se cargó al sistema dicho actuado y continuaron negándole el acceso al cuaderno de investigación, providencia en la que se dispone que el prenombrado debe presentarse al Ministerio Público el 31 de enero de 2022 a horas 09:00; luego de ello, sin ninguna otra providencia u orden expresa que indique el motivo por el cual el Fiscal habría ejecutado el mandamiento de aprehensión para proceder a la retención del ahora peticionante de tutela en dependencias de la Fiscalía, fue dejado en libertad. Enfatizaron que el 30 de enero de 2023 a horas 16:26, le notificaron un nuevo señalamiento de audiencia de declaración informativa policial en calidad de sindicado; es decir que, el Ministerio Público ejecutó un mandamiento de aprehensión conforme el art. 224 del CPP en su contra solo para notificarlo, aspectos que sobrepasan los alcances del precepto mencionado, vulnerando sus derechos y garantías constitucionales al no haberle entregado copia del mandamiento indicado, negándole el acceso al cuaderno de investigaciones y además, por no emitir respuesta de manera pronta y oportuna a sus escritos. En síntesis denuncia principalmente lo siguiente: a) Incumplimiento al deber de efectuar providencias dentro del plazo; es decir, responder sus memoriales presentados el 10 y 17 de enero de 2023; y dos memoriales de 30 de igual mes y año; y como consecuencia, la ausencia de valoración probatoria de los elementos presentados; b) Ejecución de mandamiento de aprehensión emitido conforme al art. 224 del CPP, sin brindar información respecto a los motivos de emisión del mandamiento y negando la entrega de la copia del mismo al aprehendido, aspectos que dieron lugar a la indefensión total; c) Privación de acceso y revisión del cuaderno de investigaciones tanto a él como a sus abogadas; y, d) Lesión al debido proceso en su vertiente de debida fundamentación de las resoluciones.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante a través de sus representantes sin mandato considera lesionados sus derechos a la libertad personal y al debido proceso en sus elementos a la defensa, plazo razonable, seguridad jurídica y acceso a la justicia, citando al efecto los arts. 23, 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7, 8 y 25 de la CADH.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar que: 1) El Ministerio Público emita providencias en cumplimiento al plazo establecido en el art. 124 del CPP, efectuando estricto cumplimiento al plazo razonable reconocido como garantía judicial en el art. 8 de la CADH; 2) El carguío inmediato de todas las actuaciones emitidas por el Ministerio Público al Sistema JL2; 3) Brinde copias de actuaciones procedimentales sin formalidades ni procedimientos inventados y excusas que niegan el acceso al cuaderno de investigaciones a los sindicados o a las abogadas patrocinantes; 4) Proceda a la valoración probatoria y debida fundamentación de las resoluciones a emitirse, conforme la sana crítica sin lesionar el debido proceso; 5) Disponer medidas de no repetición; y, 6) Se imponga responsabilidad administrativa, civil y penal a la autoridad demandada.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Efectuada la audiencia pública virtual el 1 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 34 a 37 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El solicitante de tutela a través de sus representantes sin mandato, se ratificó en el contenido su acción de libertad presentada indicando que es de tipo innovativa, añadiendo además que: i) El proceso penal seguido a instancia de Rubén Santos Quispe Alí -ahora accionante- y Beatriz Quispe Sonco, contra Ricardo Chura Choquehuana surge en la gestión 2011, cuando su hija de cinco años fue objeto de agresión sexual, entonces tipificado como abuso deshonesto, en cuya causa, en la gestión 2019 fue emitida una Resolución de Sobreseimiento que fue impugnada “…y fue dado en acusación, pero transcurrieron otros dos años donde el ministerio publico emite resolución de acusación, sin embargo dicha resolución de acusación cae en una acción de amparo constitucional interpuesta por el señor Ricardo Chura Choquehuanca, cuya resolución de acción indica constitucional indica que efectivamente existiría una debida motivación por parte de la fiscalía y concede en parte la tutela al señor Ricardo Chura, pero la fiscalía departamental ratifica la resolución de sobreseimiento haciendo caso omiso a la sentencia constitucional que habría surgido producto de la acción del señor Ricardo Choquehuanca…” (sic); ii) Contra la segunda resolución de sobreseimiento, Rubén Santos Quispe Ali y Beatriz Quispe Sonco presentaron una acción de amparo constitucional que lamentablemente recayó en improcedencia por cuestiones formales emitida por la Sala Constitucional Tercera de El Alto del departamento de La Paz, sin embargo fue impugnada y luego remitida a la Comisión de Admisión “del Tribunal Supremo de Justicia”; iii) Cabe establecer que en el presente caso Ricardo Chura Choquehuanca no tiene legitimación activa para iniciarle un proceso penal, porque el proceso -anterior- sigue abierto, no obstante de ello, esta denuncia ilegal por la presunta comisión del delito de acusación y denuncia falsa fue interpuesta en “septiembre de la gestión 2022”, pero recién el 6 de enero -de 2023- fueron notificados Rubén Santos Quispe Alí y Beatriz Quispe Sonco, para prestar su declaración informativa policial programada para el día 10 de enero de 2023 a horas 10:00 y es a raíz de aquello que en la misma data, a horas 09:00 presentó un memorial justificando su inasistencia bajo el argumento de que su abogada de confianza Marisol Quiroga Pando se encontraba de viaje, lo cual imposibilitaba llevar adelante este actuado, pidiendo por ello su reprogramación, y posteriormente el 17 de enero de igual año, presentó otro escrito de apersonamiento; sin embargo, el Fiscal de Materia no consideró su justificación de inasistencia emitiendo de forma directa acta de incomparecencia y mandamiento de aprehensión conforme al art. 224 del CPP; y, iv) El 30 de enero de 2023 a horas 14:30 se procedió a su aprehensión, sin notificarle con el mandamiento de aprehensión emitido en su contra, y ante el auxilio de sus abogadas, quienes se constituyeron en oficinas del Ministerio Público, les fue negado el acceso al cuaderno de investigaciones bajo el argumento que se encontraría en despacho del Fiscal de Materia, quien además no se hallaba presente; es así que ante mucha insistencia, recién a horas 16:26 del mismo día les entregaron fotocopia del mandamiento; para luego notificarle con un decreto de 30 de enero de 2023, donde se fija día y hora de audiencia de declaración informativa policial para el 31 de igual mes y año a horas “9 am”; ante lo cual, denuncia que fue privado de su libertad física y de locomoción de manera irregular, siendo perjudicado y sacado de su área de trabajo en un colegio con un funcionario policial para que solamente sea notificado.

Ante la consulta del Juez de garantías sobre la hora en que se ejecutó el mandamiento de aprehensión y el tiempo de su duración, este indicó que “…fue a las 14:30 pm del 30 de enero hasta las 16:30 pm estaba detenido” (sic).

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Israel Armando Rojas Toledo, Fiscal de Materia en audiencia informó lo siguiente: a) El proceso penal seguido contra Rubén Santos Quispe Alí y Beatriz Quispe Sonco por la presunta comisión del delito de acusación y denuncia falsa fue ingresado y sorteado a su despacho el 8 de septiembre de 2022, habiéndose citado a los denunciados para que acudan a prestar su declaración informativa policial el 10 de enero a horas 10:00, no obstante muy hábilmente las abogadas presentan un memorial de justificativo a las 09:55 am, cuando es bien sabido que la entrega de memoriales ya no es de forma personal en despacho sino que ahora cuentan con una plataforma, quienes hacen llegar los escritos en veinticuatro horas o en menos tiempo, con lo cual resalta que el justificativo fue presentado cinco minutos antes de su declaración informativa por lo que no pudo ser considerado; b) El denunciado debía haber acudido personalmente y poner en conocimiento que no contaba con abogado o también indicar que su abogada había presentado un justificativo y tal vez de esa forma podía reprogramar su declaración informativa; sin embargo, no acudió y la única que presentó justificativo de un viaje fue la doctora -no indica el nombre-; hace notar que son dos abogadas: Liliana Mamani Calle que está apersonada y, Marisol Quiroga Pando, pero solo una de ellas presentó un memorial de justificativo adjuntando un pasaje de un supuesto viaje que es de 27 de diciembre de 2022, ante lo cual en ausencia del declarante y de su abogada realizó el acta de incomparecencia aplicando el art. 224 del CPP. Posteriormente, las abogadas presentaron un escrito de apersonamiento el 17 de enero de 2023 firmado por ambas, no obstante el demandante de tutela ya tenía conocimiento de que existía un proceso penal en su contra; y, c) El efectivo policial se constituyó hasta la fuente laboral del denunciado, conduciéndolo ante las oficinas de la Fiscalía, cursando acta de representación de este funcionario que indica que no se le ha vulnerado ningún derecho, no habiendo hecho uso de la fuerza y menos se le hizo quedar mal en su fuente laboral; y cuando llegó a su oficina -del Fiscal- se le entregó el mandamiento de aprehensión como corresponde, “…y el suscrito fiscal eso ha dejado sin efecto es por eso que se emite ese mismo día una citación para que el señor pueda venir al día siguiente a prestar su declaración informativa…” (sic); por todo lo expuesto habiendo actuado de acuerdo a procedimiento sin vulnerar derechos y garantías como denuncia la parte accionante, solicita se deniegue la tutela. Ante las consultas del Juez de garantías, indicó que la causa se encuentra bajo el control jurisdiccional del “juzgado de instrucción número penal quinto de la ciudad de El alto”, quién le presentó una conminatoria porque los plazos ya estaban vencidos; y, que el mandamiento de aprehensión fue emitido conforme el art. 224 del CPP, el 10 de enero de 2023 a horas 13:00, habiendo sido ejecutado el lunes 30 de igual mes y año.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 10/2023 de 1 de febrero, cursante de fs. 38 a 41, denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: 1) El principio de subsidiariedad implica agotar las vías legales antes de acudir a la justicia constitucional, así lo establecen los arts. 54 y 279 del CPP; es decir que, a partir de la comunicación del inicio de la investigación del Ministerio Público al Juez de instrucción, la autoridad judicial tiene el control de la investigación conforme a las facultades y deberes previstos en el procedimiento penal, siendo el primer garante de los derechos y garantías constitucionales de las partes; en el presente caso, corresponde al “Juez Quinto de Instrucción en lo Penal”, de modo que cualquier reclamo sobre la no entrega de fotocopias, de malos tratos o de no acceso al cuadernillo de investigaciones, debía ser reclamado de manera directa a la autoridad jurisdiccional; 2) Asimismo, se manifestó que el Juez de instrucción emitió una conminatoria, que ciertamente con el dato proporcionado -de la comunicación del inicio de la investigación- septiembre -de 2022-, el plazo de la etapa preliminar ya se habría rebasado, aspectos que también debieron ser reclamados ante el Juez de la causa para que el Ministerio Público emita una decisión; y, 3) Circunstancias que impiden al Juez de garantías ingresar a dilucidar punto por punto sobre los reclamos que se van efectuando en la presente acción; consecuentemente no es factible ingresar a dilucidar los aspectos reclamados, al no estar en los alcances del art. 125 de la CPE. La parte accionante solicitó complementación y enmienda respecto a lo siguiente: i) Interpuso acción de libertad en su modalidad innovativa por la privación ilegal de su libertad de dos horas; por lo que, pide explique por qué no se ingresó al fondo de la problemática incoada; y, ii) El Fiscal ahora demandado indicó que es una falta de respeto que haya presentado memorial de justificativo cinco minutos antes de la audiencia de declaración informativa policial; por lo que, solicita complemente cuál es el valor asignado a aquello, puesto que la ley no dice que se debe presentar un memorial de justificativo asegurando que el Fiscal lo lea. Ante lo cual el Juez de garantías indicó que las SSCCPP “0915/2019” y “1001/2019” hacen referencia al principio de subsidiariedad excepcional en habeas corpus, estableciendo que no es posible acudir a este recurso cuando el órgano prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, es decir, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad por persecución y procesamiento indebido, estos deben ser utilizados previamente por los afectados, operando la acción de libertad solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haber agotado las vías específicas; en el presente caso se tiene un juez garante de derechos y cualquier reclamo debe ser efectuado ante dicha autoridad, ese es el motivo para no ingresar al caso, no siendo un sector vulnerable para abstraer dicho requisito.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Del acta de audiencia de consideración de la presente acción de libertad, se evidencia que Rubén Santos Quispe Alí -ahora impetrante de tutela- adujo que el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de acusación y denuncia falsa, fue iniciado en septiembre de la gestión 2022, pero recién el 6 de enero -se comprende de 2023- fueron notificados él y su esposa para que presten su declaración informativa el 10 de enero -se colige de 2023-. Por otra parte, la autoridad demandada aclaró que el proceso penal referido supra, se encuentra bajo el control jurisdiccional del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz (fs. 34 a 37 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia la lesión de sus derechos a la libertad personal y al debido proceso en sus elementos a la defensa, plazo razonable, seguridad jurídica y acceso a la justicia; toda vez que, dentro del proceso seguido en su contra por la presunta comisión del delito de acusación y denuncia falsa, el Fiscal de Materia ahora demandado emitió en su contra un mandamiento de aprehensión conforme el art. 224 del CPP, sin considerar su memorial de solicitud de reprogramación de día y hora de declaración informativa, en razón de que su abogada de confianza no se encontraba en territorio nacional para que pueda asistirlo en dicho actuado procesal; razón por la que solicita, se conceda la tutela; ordenando: 1) Que el Ministerio Público emita providencias en cumplimiento al plazo establecido en el art. 124 del CPP, efectuando estricto cumplimiento al plazo razonable reconocido como garantía judicial en el art. 8 de la CADH; 2) El carguío inmediato de todas las actuaciones emitidas por el Ministerio Público al Sistema JL2; 3) Brinde copias de actuaciones procedimentales sin formalidades ni procedimientos inventados y excusas que niegan el acceso al cuaderno de investigaciones a los sindicados o a las abogadas patrocinantes; 4) Proceda a la valoración probatoria y debida fundamentación de las resoluciones a emitirse, conforme la sana crítica sin lesionar el debido proceso; 5) Disponer medidas de no repetición; y, 6) Se imponga responsabilidad administrativa, civil y penal a la autoridad demandada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público; y, b) Análisis del caso concreto.

III.1. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0077/2018-S2 de 23 de marzo, complementada por el Voto Disidente de la SCP 0262/2018-S2 de 18 de junio y la SCP 0441/2018-S2 de 27 de agosto, desarrolló el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional. Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran 1El FJ III.1.2, señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.

En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria. (…) Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus” (el subrayado es nuestro).

2El FJ III.2, establece: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de los jurisdiccionales ordinarios aludidos”.

3El FJ III.3, señala: “Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el juez de instrucción penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo sistematizó tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad para los casos en los que, en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones. Más tarde, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo sostuvo que si la acción de libertad está fundada en la restricción del derecho a la libertad personal, por causa de haberse restringido la misma, al margen de los casos y formas establecidas por ley y no esté vinculado a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción de libertad puede ser presentada de manera directa. presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa”.

4 El FJ III.4, determina: “Primer supuesto:

Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.

Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.

Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar” (las negrillas son introducidas).

5 El FJ III.2, cita: “En este orden, en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad. (...) Queda establecido que cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción es directa contra las autoridades que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley”.

Posteriormente, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2, sistematizó las reglas de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, conforme a lo siguiente:

1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley (…).

2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional.

3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad.

4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada.

5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar (las negrillas y el subrayado son nuestros).

Finalmente, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre moduló la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la SCP 0482/2013 antes citada, señalando que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: a) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, b) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal; último supuesto, que de ninguna manera, implica que ante restricciones del derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley, no sea posible la presentación de la acción de libertad en forma directa, antes de haber transcurrido los plazos establecidos en la norma procesal penal. En síntesis, es posible la presentación directa de la acción de libertad, en el primer supuesto señalado en la SCP 0482/2013, cuando: 1) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; 2) Cuando existiendo dicha vinculación: 2.i) No se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal, o cuando: 2.ii) No habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley. De conformidad a la sistematización de la línea jurisprudencial anotada, el juez de instrucción penal es la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, siendo también, llamada por ley para atender cualquier denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante esta etapa.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia la transgresión de sus derechos a la libertad personal y al debido proceso en sus elementos a la defensa, plazo razonable, seguridad jurídica y acceso a la justicia; toda vez que, dentro del proceso seguido en su contra por la presunta comisión del delito de acusación y denuncia falsa, la autoridad ahora demandada emitió en su contra un mandamiento de aprehensión conforme el art. 224 del CPP, sin considerar su memorial de solicitud de reprogramación de día y hora de declaración informativa, en razón de que su abogada de confianza no se encontraba en territorio nacional para que pueda asistirlo en dicho actuado procesal. De la revisión de los antecedentes que ilustran el expediente remitido en revisión, se tiene el acta de audiencia de consideración de la presente acción de libertad; documento en el que se constata que Rubén Santos Quispe Alí -ahora peticionante de tutela- manifestó que el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de acusación y denuncia falsa, fue iniciado en septiembre de la gestión 2022; sin embargo, recién el 6 de enero -se colige de 2023- fueron notificados él y su esposa para que presten su declaración informativa el 10 de enero -se comprende de 2023-. En otra parte del documento precitado -acta-, se evidencia que el Fiscal de Materia ahora demandado, aclaró al Juez de garantías que el proceso penal aludido por el accionante, se encuentra bajo el control jurisdiccional del Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz (Conclusión II.1). En ese orden de ideas, el accionante refiere que al haberse efectivizado el mandamiento de aprehensión librado en su contra por el representante del Ministerio Público ahora demandado, se lesionaron sus derechos a la libertad y el debido proceso; toda vez que, no fue considerado el memorial que presentó el 10 de enero de 2023 -fecha que debía prestar su declaración informativa- en el que hizo conocer que su abogada de confianza no se encontraba en el país, motivo por el cual impetró la reprogramación de la audiencia de declaración informativa.

Ahora bien, el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, estableció la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, estableciendo que en los supuestos en que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad; siendo aplicable en el caso de autos el art. 44 del CPP, que en su tercer párrafo, prevé: “El juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas”; consecuentemente, ante la denuncia de una supuesta ilegal o indebida aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte del Ministerio Público, que impliquen una lesión a derechos y garantías fundamentales, desde los actos iniciales de la investigación hasta la conclusión de la etapa preparatoria, deben ser previamente denunciados ante el Juez de instrucción penal conforme estipulan los arts. 54.1 y 279 del CPP, que constituye condición previa para acudir a la justicia constitucional. Consecuentemente ante las presuntas actuaciones arbitrarias desplegadas por la autoridad ahora demandada, correspondía que el impetrante de tutela, antes de acudir a la jurisdicción constitucional, reclame previamente la supuesta vulneración de sus derechos mediante de los mecanismos de defensa previstos legalmente, ante la autoridad contralora del proceso, en este caso, el Juez de “Instrucción Penal Quinto de El Alto” del departamento de La Paz, que se encontraría a cargo del control jurisdiccional de la causa -conforme fue informado por la autoridad ahora demandada; para luego recién, en caso de no obtener la reparación de sus derechos, una vez agotada la instancia ordinaria, acudir a la vía constitucional; razón por la cual corresponde denegar la tutela por incumplimiento de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2023 de 1 de febrero, cursante de fs. 38 a 41, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a lo desarrollado en el fundamento jurídico de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

6 El FJ III.2, señala: “Ahora bien, con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica, es necesario modular la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la Sentencia Constitucional Plurinacional antes glosada y, en ese sentido, debe señalarse que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0845_2025-S1.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8e55e3bb6496feb78f29fdc5904b536da076b1d959a3979b9d83e7012496298b

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →