Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de mayo de 2026
Deniega la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a una justicia pronta y oportuna, y debido proceso; y, de los principios de celeridad, presunción de inocencia, e in dubio pro reo; en razón a que, el Félix Antonio Pacoricona López -demandado-conminó mediante decreto de 10 de octubre de 2023, al investigador asignado al caso, la ejecución del mandamiento de detención preventiva emitido en su contra, dispuesto por el Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, pese a que el 5 del mismo mes y año fue notificado con el requerimiento conclusivo de sobreseimiento. Ante ello, la autoridad demandada señala que, la Ley Orgánica del Ministerio Público es clara en relación al cumplimiento de las órdenes emitidas por las autoridades jurisdiccionales; es decir, que conforme el art. 279 del CPP, el Ministerio Público no pudo rechazar el mismo; además, que desde el 10 de octubre, transcurrieron nueve días sin que el impetrante de tutela efectúe reclamo alguno, habiéndolo interpuesto recién en la fecha de la interposición de la presente acción de libertad, por lo que no cumplió con el principio de subsidiariedad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 342/2023 de 19 de octubre, cursante de fs. 24 a 30, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Primero -en suplencia legal del Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres y de Ejecución Penal Primero- de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0844/2026-S2 Sucre, 4 de mayo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 59554-2023-120-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 342/2023 de 19 de octubre, cursante de fs. 24 a 30, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Tania Micaela Orellana Monroy en representación sin mandato de Eber Huanca Gómez contra Félix Antonio Pacoricona López, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 18 de octubre de 2023, cursantes a fs. 1 y 11 a 13 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra con Código Único de Denuncia (CUD) 201502022210998 por la presunta comisión del delito de robo agravado, se contaba con una resolución de sobreseimiento en su favor, misma que le fue notificada el 5 de octubre de 2023; más adelante, el 9 de igual mes y año, el investigador asignado al caso se apersonó a su domicilio a efectos de dar cumplimiento a un mandamiento de detención preventiva emitido por el Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, en virtud al Auto de Vista 748/2023 de 19 de septiembre-, “…con el objeto de que se tienen actos investigativos pendientes que no habían realizado la parte querellante” (sic); no obstante, el referido funcionario policial se retiró debido a que le exhibió la resolución de sobreseimiento; por lo que, el citado funcionario presentó un informe al Fiscal de Materia, indicando dicho aspecto. Posteriormente, el Fiscal de Materia demandado -que no es el fiscal titular del proceso penal de origen-, mediante decreto de 10 del mencionado mes y año, ordenó que el investigador asignado al caso, a que, en el término de cuarenta y ocho horas, proceda a ejecutar el mencionado mandamiento, sin considerar que ya se contaba con una resolución conclusiva.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a una justicia pronta y oportuna, y al debido proceso; y, de los principios de celeridad, de presunción de inocencia, e in dubio pro reo, citando al efecto los arts. 115.II y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE); “1” -lo correcto es I- de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humano (CADH); y, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se remita antecedentes disciplinarios de la autoridad fiscal demandada, a la Fiscalía Departamental de La Paz, por “…LA MALA VALORACIÓN DEL PROCESO Y DECRETAR ALGO TAN ABERRANTE…” (sic).
Celebrada la audiencia virtual el 19 de octubre de 2023, según consta en acta cursante de fs. 20 a 23 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogada, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad, y ampliando señaló que: a) La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió la Resolución 748/2023 de 19 de septiembre, mediante la cual revocó las medidas cautelares del impetrante de tutela, indicando que: “…tiene que estar 30 días en el recinto penitenciario (…) para que se hagan algunas investigaciones más que faltaría…” (sic); y, b) El Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz -que ejerce el control jurisdiccional-, tenía conocimiento de los hechos mencionados “…siendo que el día de hoy he presentado el memorial indicando este aspecto para que se deje sin efecto el mandamiento detención preventiva…” (sic), autoridad que señaló que, se espere el pronunciamiento del Fiscal Departamental conforme al art. 324 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Félix Antonio Pacoricona López, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías, sostuvo que: 1) En cuanto al referido proceso penal, su persona se encontraba en suplencia legal del fiscal titular Frank Idelfonso Vásquez Oblitas y, que no se le notificó con la documentación que supuestamente se adjuntó, consistente en la Resolución de Sobreseimiento 23/2023 de 21 de septiembre, la notificación con dicha Resolución, el informe del investigador asignado al caso, así como el decreto que emitió el 10 de octubre de 2023; 2) Los antecedentes expuestos por el accionante no coincidían con los datos de la acción de libertad; toda vez que, se declaró la admisibilidad del recurso de apelación presentado por la víctima; y que, el Tribunal de alzada, a través del Auto de Vista 748/2023, revocó la Resolución 481/2023 emitida por el Juez de la causa, disponiendo se cumpla la detención preventiva en contra del impetrante de tutela; 3) El Fiscal de Materia titular hizo conocer la aludida Resolución de Sobreseimiento; sin embargo, el Juez de control jurisdiccional, nueve días después de que se presentó la referida Resolución, ordenó al Fiscal de Materia dar cumplimiento a la ejecución del mandamiento de aprehensión, y en virtud que la Ley Orgánica del Ministerio Público es clara respecto al cumplimiento de las órdenes emitidas por las autoridades jurisdiccionales; por lo que, el Ministerio Público no pudo rechazar la instrucción, conforme lo establece el art. 279 del CPP, menos aun siendo suplente; 4) El investigador asignado al caso solo cumplió sus funciones, además, que desde el 10 de octubre de dicho año, transcurrieron nueve días sin que el peticionante de tutela efectuara reclamo alguno, habiendo interpuesto directamente una acción de libertad, cuando la jurisprudencia -SCP 754/2019-S4 de 10 de septiembre- señaló que se debe cumplir previamente con el principio de subsidiariedad; es decir, no acudió ante el juez de la causa; y, 5) El accionante señaló que el “día de hoy” presentó su reclamo ante la autoridad de control jurisdiccional y ante el Fiscal de Materia titular de la causa penal de origen; lo que demuestra que existió una dejación por parte de la abogada de la defensa, convirtiendo el trámite en una situación dilatoria.
El Juez de Ejecución Penal Primero -en suplencia legal del Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres y de Ejecución Penal Primero- de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 342/2023 de 19 de octubre, cursante de fs. 24 a 30, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) La Resolución de Sobreseimiento 023/2023 “…a la fecha no adquirió la calidad de ejecutoria…” (sic); ii) El Fiscal de Materia demandado no autorizó el mandamiento de detención preventiva, sino que el Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, emitió el mismo en cumplimiento del Auto de Vista 748/2023; y que, al dictar la providencia de 10 de octubre de igual año, únicamente cumplió con sus funciones; iii) No se pudo evidenciar que el acto observado vulneró el principio de inocencia, el debido proceso o el acceso a una justicia pronta y oportuna; iv) El accionante tenía conocimiento de que se encontraba bajo el control jurisdiccional del prenombrado Juez, es así que, debió acudir a dicha instancia a efectos de que se reparen los derechos invocados; v) El impetrante de tutela, en la fecha de interposición de la esta acción de libertad, solicitó al Juez de la causa dejar sin efecto el mandamiento de detención preventiva, y no agotó la subsidiariedad establecida en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, modulada y ratificada por la SC 0008/2010-R de 6 de abril; vi) La acción de libertad no es una mecanismo para buscar la sanción disciplinaria de autoridades; toda vez que, aquello no repara agravios y puede realizarse sin necesidad de acudir a la vía constitucional; y, vii) Las medidas cautelares pueden imponerse hasta la ejecutoria del sobreseimiento, siendo que la Resolución en cuestión es susceptible de impugnación.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por informe de 9 de octubre de 2023, Marco Antonio Herrera Franco, funcionario policial, informó que no ejecutó el mandamiento de detención preventiva en contra de Eber Huanca Gómez -accionante- (fs. 10). II.2. Mediante decreto de 10 de octubre de 2023, Félix Antonio Pacoricona López, Fiscal de Materia -demandado-, conminó al funcionario policial citado precedentemente, a ejecutar el mandamiento de detención preventiva en el término de cuarenta y ocho horas (fs. 10 vta.).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a una justicia pronta y oportuna, y debido proceso; y, de los principios de celeridad, presunción de inocencia, e in dubio pro reo; en razón a que, el Félix Antonio Pacoricona López -demandado-conminó mediante decreto de 10 de octubre de 2023, al investigador asignado al caso, la ejecución del mandamiento de detención preventiva emitido en su contra, dispuesto por el Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, pese a que el 5 del mismo mes y año fue notificado con el requerimiento conclusivo de sobreseimiento. Ante ello, la autoridad demandada señala que, la Ley Orgánica del Ministerio Público es clara en relación al cumplimiento de las órdenes emitidas por las autoridades jurisdiccionales; es decir, que conforme el art. 279 del CPP, el Ministerio Público no pudo rechazar el mismo; además, que desde el 10 de octubre, transcurrieron nueve días sin que el impetrante de tutela efectúe reclamo alguno, habiéndolo interpuesto recién en la fecha de la interposición de la presente acción de libertad, por lo que no cumplió con el principio de subsidiariedad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La jurisprudencia constitucional estableció en la SC 0008/2010-R de 6 de abril, que la subsidiariedad en los casos de interposición de la acción de libertad opera de la siguiente manera: “I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” (las negrillas fueron añadidas).
El 9 de octubre de 2023, Marco Antonio Herrera Franco -funcionario policial-, se constituyó en el domicilio del peticionante de tutela con el objeto de ejecutar un mandamiento de detención preventiva dentro de un proceso penal seguido contra el nombrado; sin embargo, dicha diligencia no pudo hacerse efectiva, debido a que, se le exhibió, la Resolución de Sobreseimiento 023/2023 de 21 de septiembre, extremo que es informado en la misma fecha a Frank Idelfonso Vásquez Oblitas, Fiscal de Materia (Conclusión II.1). Posteriormente, el 10 de igual mes y año, Félix Antonio Pacoricona López, Fiscal de Materia -demandado-, conminó al investigador asignado al caso proceder con la ejecución del mandamiento de detención preventiva en contra del impetrante de tutela, en el término de cuarenta y ocho horas; por lo que, el peticionante de tutela solicitó se remita antecedentes disciplinarios de la autoridad fiscal demandada, a la Fiscalía Departamental de La Paz, por “…LA MALA VALORACIÓN DEL PROCESO Y DECRETAR ALGO TAN ABERRANTE…” (sic). En ese contexto, es pertinente considerar lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el entendido de que, en el caso, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, es la autoridad encargada del control jurisdiccional en la etapa preparatoria; es decir, se encuentra facultado para brindar una respuesta pronta y oportuna a cualquier solicitud u observancia procesal que requiera ser atendida. Bajo esa puntualización, si el impetrante de tutela, considera que el accionar de la autoridad fiscal demandada (Conclusión II.2) era indebida o ilegal, le correspondía acudir de manera previa al Juez de control jurisdiccional, antes de habilitar la vía constitucional. Al respecto, se advierte que, en audiencia de garantías, el accionante señaló que, “…el día de hoy he presentado el memorial indicando este aspecto para que se deje sin efecto el mandamiento detención preventiva…” (sic), lo cual dilucida, que el reclamo respecto al acto observado, se encuentra pendiente de pronunciamiento por la autoridad judicial competente; es decir, utilizó un mecanismo procesal idóneo y eficaz para cuestionar la ejecución del mandamiento de detención preventiva librado en su contra; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada.
En relación a la remisión de antecedentes disciplinarios, corresponde precisar que, dada la naturaleza y finalidad de la acción de libertad y al no haberse evidenciado vulneración a los derechos invocados ut supra, el impetrante de tutela cuenta con la facultad de acudir a las instancias especializadas y que poseen competencia específica en la materia; razón por la cual, corresponde denegar la tutela solicitada sobre este punto. En mérito a lo expuesto, no es factible la activación de la justicia constitucional, máxime cuando el peticionante de tutela acudió en la misma fecha de la presentación de esta acción tutelar, al Juez encargado del control jurisdiccional de la causa a efectos de hacer conocer -en su criterio- la irregularidad procesal señalada; en ese sentido, este Tribunal no puede emitir ningún pronunciamiento de fondo. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 342/2023 de 19 de octubre, cursante de fs. 24 a 30, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Primero -en suplencia legal del Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres y de Ejecución Penal Primero- de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0844_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 81d4ca3db6339d4464b4e6950801860ea211bc9de16d5d4c074e516f7f795f77
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