Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de agosto de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante alega lesión de sus derechos a la libertad personal y de locomoción, a la dignidad, a la “…prohibición de privación de libertad…” (sic), acceso a la justicia, a la defensa y al debido proceso; toda vez que, tras haber sido declarado rebelde dentro de un proceso penal seguido en su contra, se apersonó solicitando el levantamiento de la rebeldía y el cese de las medidas cautelares personales dispuestas en su perjuicio; sin embargo, la autoridad judicial demandada condicionó la procedencia de su solicitud al cumplimiento de lo dispuesto en el art. 91 del CPP, incluyendo el pago de una multa por concepto de purga de rebeldía; y que habiendo interpuesto recurso de reposición contra dicha determinación, este fue declarado infundado mediante Auto Interlocutorio 85/2023, sustentándose en razonamientos y consideraciones de carácter subjetivo que, evidencian un desprecio por sus derechos y una actuación parcializada a favor de la supuesta víctima; además, la exigencia del referido pago carece de respaldo expreso en el ordenamiento jurídico y que la autoridad judicial omitió valorar su condición de adulto mayor, con graves problemas de salud, proveniente del área rural y carente de conocimiento de las normas legales aplicables. Ante ello, la autoridad judicial demandada, no remitió informe alguno ni se presentó a la audiencia de esta acción tutelar. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 02/2023 de 25 de febrero cursante de fs. 18 vta. a 20 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Tarija; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, únicamente respecto a las medidas cautelares personales, disponiendo que la autoridad judicial demandada mediante providencia, deje sin efecto dichas medidas, salvo que, al momento de la notificación con esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la situación jurídica del accionante se haya modificado. 2° DENEGAR la tutela con relación a la pretensión del accionante de “dejar sin efecto” la rebeldía en sus efectos no personales conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0844/2025-S2 Sucre, 4 de agosto de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 53906-2023-108-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 02/2023 de 25 de febrero, cursante de fs. 18 vta. a 20 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Adel Aguilera Jurado contra Tito Bejarano Montellanos, Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Tarija.
Por memorial presentado el 24 de febrero de 2023, cursante a fs. 1; y, 8 a 12, el accionante manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, fue declarado rebelde. En consecuencia, mediante memorial de 27 de enero de 2023, se apersonó a dicho proceso solicitando se deje sin efecto la declaratoria de rebeldía y se disponga el cese de las medidas cautelares impuestas, entre ellas el arraigo. En respuesta, Tito Bejarano Montellanos, Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Tarija -ahora demandado- emitió decreto de 1 de febrero de 2023, disponiendo que, previo a tenerlo por apersonado, debía cumplir con lo siguiente: a) Pagar una multa pecuniaria de Bs500.-(quinientos bolivianos); y, b) Señalar, con documentación idónea, su domicilio actual o ratificar el domicilio indicado antes de la rebeldía, adjuntando el respectivo croquis. Además, le advirtió que, en caso de no cumplir con estas exigencias en el plazo de tres días, se mantendría firme la declaratoria de rebeldía y las medidas impuestas. Contra dicha determinación, el 3 de febrero de 2023 interpuso recurso de reposición, cuestionando los requisitos establecidos para aceptar su apersonamiento en el proceso penal y solicitando nuevamente el levantamiento de la rebeldía y el cese de las medidas cautelares vigentes, entre ellas el mandamiento de aprehensión; sin embargo, mediante Auto Interlocutorio 85/2023 de 9 de febrero, la autoridad judicial demandada declaró infundado su recurso, sustentando su decisión en una serie de razonamientos y consideraciones subjetivas que evidencian un claro desprecio por sus derechos y una actuación parcializada a favor de la supuesta víctima. Ello, debido a que la exigencia del pago por la purga de rebeldía y el cumplimiento de otros requisitos prolongan de manera indebida la persecución en su contra, máxime cuando dicho pago carece de respaldo expreso en el ordenamiento jurídico; asimismo, no se consideró su condición de adulto mayor con serios problemas de salud, proveniente del área rural y carente de conocimiento sobre las normas legales aplicables.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad personal y de locomoción, a la dignidad y a la “…prohibición de privación de libertad…” (sic), acceso a la justicia, a la defensa y al debido proceso, citando al efecto los arts. 21.7 y 22, 23.I y “II” y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 7.8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 2 “3 inc. a) y b)” del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga: 1) Dejar sin efecto la declaratoria de rebeldía en su contra, así como, todo mandamiento de aprehensión expedido en su contra y las medidas cautelares dispuestas; y, 2) Se condene en costas con responsabilidad al demandado.
Celebrada la audiencia pública virtual el 25 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 18 y vta., se produjeron los siguientes actuados.
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su acción de libertad presentada.
Tito Bejarano Montellanos, Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Tarija, no remitió informe escrito alguno, tampoco se presentó en audiencia de garantías, pese a su citación cursante a fs. 14.
El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Tarija, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 02/2023 de 25 de febrero, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto: i) El Auto Interlocutorio 85/2023 y el decreto de 1 de febrero de 2023, y en consecuencia se emita uno nuevo; y, ii) El “…mandamiento de aprehensión y conducción 350/2022…” (sic). Ello con base a los siguientes fundamentos: a) Se evidenció que el impetrante de tutela se apersonó al proceso penal que se le sigue, y que la autoridad ahora demandada actuó más allá de lo establecido en el art. 91 del Código de Procedimiento Penal (CPP), al imponer requisitos previos para aceptar su apersonamiento, manteniendo incólume la orden de aprehensión y las medidas cautelares, con lo cual puso en riesgo el debido proceso y el derecho a la libertad; y, b) Si bien la exigencia de una multa está prevista en el mencionado Código, su aplicación debe ajustarse a las reglas establecidas en el Reglamento de Multas del Tribunal Supremo de Justicia, sin que sea posible condicionar la suspensión de medidas personales a interpretaciones distintas a las previstas por la normativa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial de 27 de enero de 2023, presentado el 30 de igual mes y año, ante Tito Bejarano Montellanos, Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Tarija -ahora demandado-, Adel Aguilera Jurado -hoy accionante- se apersonó y solicitó se suspenda la declaratoria de rebeldía (fs. 3 y vta.). II.2. Mediante decreto de 1 de febrero de 2023, la autoridad demandada determinó condiciones a cumplir, previo a la admisión de su apersonamiento y atender lo solicitado (fs. 4). II.3. Cursa recurso de reposición presentado el 3 de febrero de 2023, por el impetrante de tutela, ante la autoridad hoy demandada solicitando se reponga la determinación asumida en el decreto de “3” -lo correcto es 1-de igual mes y año (fs. 5 a 6). II.4. A través del Auto Interlocutorio 85/2023 de 9 de febrero, emitido por la autoridad judicial demandada, se declaró infundado el recurso de reposición interpuesto por el hoy accionante, estableciendo expresamente que: “…mientras no cumpla el acusado rebelde con lo resuelto estaría manteniendo su conducta reticente de no someterse al proceso, generando al mismo tiempo mayor dilación que la provocada con rebeldía…” (sic [fs. 7]).
El accionante alega lesión de sus derechos a la libertad personal y de locomoción, a la dignidad, a la “…prohibición de privación de libertad…” (sic), acceso a la justicia, a la defensa y al debido proceso; toda vez que, tras haber sido declarado rebelde dentro de un proceso penal seguido en su contra, se apersonó solicitando el levantamiento de la rebeldía y el cese de las medidas cautelares personales dispuestas en su perjuicio; sin embargo, la autoridad judicial demandada condicionó la procedencia de su solicitud al cumplimiento de lo dispuesto en el art. 91 del CPP, incluyendo el pago de una multa por concepto de purga de rebeldía; y que habiendo interpuesto recurso de reposición contra dicha determinación, este fue declarado infundado mediante Auto Interlocutorio 85/2023, sustentándose en razonamientos y consideraciones de carácter subjetivo que, evidencian un desprecio por sus derechos y una actuación parcializada a favor de la supuesta víctima; además, la exigencia del referido pago carece de respaldo expreso en el ordenamiento jurídico y que la autoridad judicial omitió valorar su condición de adulto mayor, con graves problemas de salud, proveniente del área rural y carente de conocimiento de las normas legales aplicables. Ante ello, la autoridad judicial demandada, no remitió informe alguno ni se presentó a la audiencia de esta acción tutelar. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La rebeldía es aquella situación procesal declarada por el juez o tribunal de la causa cuando constata la incomparecencia, evasión, incumplimiento o ausencia del procesado. Esta situación puede generar la suspensión del proceso y conlleva la imposición de: 1) Medidas de carácter personal, como la emisión de orden de aprehensión y arraigo; y, 2) Medidas de carácter real (art. 89 del CPP), además de la interrupción de la prescripción (art. 90 del CPP).
El propio Código de Procedimiento Penal establece que, cuando el rebelde comparece o es puesto a disposición del proceso, se deberá continuar el trámite:
i) Dejándose sin efecto la parte de la rebeldía referida a las órdenes emitidas para lograr la comparecencia, y manteniendo las medidas cautelares de carácter real, independientemente de la imposición de otras medidas cautelares que correspondan. En este sentido, la SCP 1449/2012 de 24 de septiembre sostiene: “…corresponderá dejar sin efecto las órdenes emergentes de la declaratoria de rebeldía y, por ende, el mandamiento de aprehensión dispuesto contra el procesado, debido a que la finalidad, cuál era su comparecencia en el proceso penal, fue cumplida; lo contrario, esto es, mantener la orden de aprehensión, implica persecución indebida, debido a que se deja latente una orden de restricción a la libertad sin causa justificada”. De ello se desprende que, esta primera obligación es de efecto inmediato; es decir que, la simple comparecencia del rebelde obliga a la autoridad que lo requirió a dejar sin efecto las medidas personales y continuar con el proceso, en caso contrario, se habilita la interposición de la acción de libertad. ii) Si, además, el rebelde justifica que su incomparecencia obedeció a un grave y legítimo impedimento, la rebeldía en su totalidad deberá ser revocada y no corresponderá la ejecución de la fianza (art. 91 del CPP); para ello, el rebelde tiene la carga de demostrar su impedimento, pudiendo producir prueba -inclusive en la vía incidental-, y consecuentemente, la autoridad judicial deberá fundamentar debidamente la determinación que adopte. La decisión que resuelva esta cuestión incidental, por estar vinculada al objeto principal del proceso, deberá plasmarse en una resolución fundamentada, susceptible de recurso de apelación conforme al art. 403.2 del CPP. Por ello, únicamente agotando dicho mecanismo recursivo, la parte afectada podrá acudir a la jurisdicción constitucional mediante la acción de amparo constitucional, dado que, en este segundo supuesto, no se encuentra en debate el derecho a la libertad personal. En este sentido la SCP 0439/2020-S3 de 14 de agosto, establece que: “1) Las medidas personales asumidas a efectos de la comparecencia, se deben dejar sin efecto ante dicha comparecencia ya sea voluntaria o como efecto de la ejecución del mandamiento de aprehensión, y en caso de presentarse irregularidades en la efectivización de esta regla, ello puede ser objeto de una acción de libertad al estar directamente vinculados el mandamiento de aprehensión y/o arraigo -como medidas personales- a la libertad del procesado; y, 2) La declaratoria de rebeldía constituye un instituto jurídico que no cesa de forma automática ante la comparecencia -aun cuando sea voluntaria-, sino que tiene su propio trámite y efectos, mismos que deben ser conocidos y resueltos intra proceso y en caso de presuntas irregularidades del debido proceso al respecto, corresponde que esa situación sea conocida vía acción de amparo constitucional”. (las negrillas no corresponden). En ese mismo sentido se pronunció la SCP 0271/2020-S3 de 14 de julio. Bajo este sentido, cuando el art. 90 del CPP dispone: “La declaratoria de rebeldía no suspenderá la etapa preparatoria. Cuando sea declarada durante el juicio, éste se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás imputados presentes, excepto en los delitos de corrupción, debiendo proseguirse la acción penal en contra de todos los imputados, estén o no presentes”. Debe entenderse, que la declaratoria de rebeldía conlleva tanto la imposición de medidas cautelares personales como del resto de medidas de carácter no personal además de la interrupción del cómputo de la prescripción y entender como rebeldía sólo y únicamente a lo último podría llevar a concluir, de manera errónea, que una persona que se sometió al proceso penal no puede ser procesada hasta que se levanten las medidas no vinculadas a la libertad y la interrupción de la prescripción, lo cual resulta inadmisible y sería contrario al sentido común aspecto que no sucedería si se reconoce la ambigüedad en el término “rebeldía” como se hizo ut supra.
Identificado el problema jurídico, se tiene que el accionante fue declarado rebelde dentro de un proceso penal seguido en su contra. En consecuencia, se apersonó, solicitando se deje sin efecto dicha declaratoria y cesen las medidas dispuestas en su contra; no obstante, la autoridad judicial demandada, antes de admitir su comparecencia y atender lo solicitado condicionó la tramitación a dos exigencias: el pago de una multa y el señalamiento de su domicilio vigente, condiciones que a criterio del accionante ponen en riesgo su derecho a la libertad (Conclusiones II.1 y II.2). Ahora bien, de conformidad con lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, ante la simple comparecencia del accionante, la autoridad judicial demandada tenía la obligación de dejar sin efecto las medidas personales derivadas de la rebeldía, con el fin de viabilizar la continuación del proceso penal; empero, tal obligación fue supeditada a la exigencia del pago de una multa, pese a que la autoridad judicial contaba con vías legales idóneas para su cobro, como la retención de fondos, entre otras.
En ese sentido, condicionar la tramitación de la comparecencia del accionante, la prosecución del proceso penal y el ejercicio de su derecho a la defensa a exigencias distintas de la mera comparecencia, constituye un acto lesivo a la libertad personal, en la medida en que se mantuvieron medidas personales de forma irrazonable. Este hecho resulta motivo suficiente para que el Tribunal Constitucional Plurinacional conceda la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad judicial demandada, mediante providencia, deje sin efecto de forma inmediata las medidas personales impuestas. Finalmente, respecto a la solicitud de “dejar sin efecto” los efectos no personales de la rebeldía, el inciso ii) del Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional establece que ello no puede ser resuelto a través de esta acción de libertad, al no constituir causa directa de privación de libertad. En todo caso, cuando el rebelde justifique su inasistencia, la autoridad judicial deberá emitir una resolución fundamentada, susceptible de apelación (art. 403.2 del CPP); y, solo una vez agotada dicha vía intraprocesal, podrá acudirse a la jurisdicción constitucional mediante acción de amparo constitucional. Ello, por no encontrarse esta tramitación directamente vinculada al derecho a la libertad personal, al ejercicio del derecho a la defensa del procesado y a la continuidad del proceso judicial. Por consiguiente, respecto a este punto corresponde denegar la tutela solicitada, dejando constancia de que no se ingresó al análisis de fondo de lo pretendido.
En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, actuó de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 02/2023 de 25 de febrero cursante de fs. 18 vta. a 20 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Tarija; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, únicamente respecto a las medidas cautelares personales, disponiendo que la autoridad judicial demandada mediante providencia, deje sin efecto dichas medidas, salvo que, al momento de la notificación con esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la situación jurídica del accionante se haya modificado. 2° DENEGAR la tutela con relación a la pretensión del accionante de “dejar sin efecto” la rebeldía en sus efectos no personales conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0844_2025-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 53ab45dadc37708f25ab10196f956f6a69ca613cd3a9f46e4f1aa4ce1e1bf898
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