Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 24 de julio de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la salud y a la vida; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra solicitó la cesación a su detención preventiva aduciendo motivos de salud, que fue rechazada por la Jueza ahora demandada mediante Auto Interlocutorio 02/2023 de 24 de enero, omitiendo realizar una correcta valoración de los certificados médicos ni considerar que se encuentra detenido preventivamente más del plazo previsto; por lo que, acude directamente a la justicia constitucional, solicitando que “en el día” se señale audiencia para considerar su situación jurídica, que dentro de las veinticuatro horas programe día y hora de audiencia de apertura de juicio oral y en audiencia, amplió su petición indicando le permitan que se interne; toda vez que, se encuentra delicado de salud y necesita intervención inmediata. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. Para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La tutela del derecho a la vida vía acción de libertad; 2) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; y, 3) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/B-2023 de 26 de enero, cursante de fs. 28 a 30 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0844/2025-S1 Sucre, 24 de julio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 53684-2023-108-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 08/B-2023 de 26 de enero, cursante de fs. 28 a 30 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edgar Lovera Mamani contra Remedios Yujra Gabincha, Jueza de Sentencia Penal Quinta de El Alto del departamento de La Paz.
Mediante memorial presentado el 25 de enero de 2023, cursante de fs. 1 y 9 a 11 vta., el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado -previsto y sancionado en el art. 332 del Código Penal (CP)-, mediante Auto Interlocutorio 184/2022 de 3 de junio, la autoridad del control jurisdiccional ordenó su detención preventiva en la Centro Penitenciario de Patacamaya del departamento de La Paz, por el lapso de tres meses, programando audiencia de situación jurídica para el 3 de septiembre de 2022, sin que hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar lleve a cabo dicho acto procesal. Añade que el 16 de noviembre de 2022, fue notificado con la acusación formal “Y habiendo respuesta a mi persona los siguientes 10 días hábiles, hasta la fecha no se ha realizado la apertura del juicio…” (sic). Asimismo, en varias ocasiones solicitó la cesación a su detención preventiva, siendo la última audiencia señalada para el 24 de enero de 2023, en la que mediante Auto Interlocutorio 02/2023 de igual data, la Jueza de Sentencia Penal Quinta de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandada-, rechazó su solicitud a pesar que expuso motivos de salud, adecuando su petición al art. 239.1.2 y 5 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en la que la autoridad anteriormente citada emitió pronunciamientos externos como “…para la suscrita juez no corren los plazos, y además no se podría considerar si ni siquiera han enervado riesgos procesales por lo que no podría considerar sobre el vencimiento de los plazos (…) en vez de pedir cesaciones debería acelerar el juicio, indicando que necesita que esté detenido para llevarse a cabo el juicio…” (sic). Finalmente, señala que por la documentación adjuntada demostró que necesita internación porque se encuentra gravemente enfermo de los riñones y con diabetes avanzada además descompensado, sin embargo, la Jueza ahora demandada al momento de emitir la resolución indicó que para ella tales documentos no tienen ningún valor, a pesar que fueron certificados por el Hospital de Clínicas, Instituto Oftalmológico Nacional, Hospital Corazón de Jesús y Centro “PROSALUD”, de modo que no solamente se está afectando su derecho a la libertad sino también su derecho a la salud, sumado a ello, la autoridad demandada manifestó que en cualquier momento podría salir y entrar del recinto penitenciario, cuando es dicha autoridad quien autoriza las salidas judiciales, demostrando enemistad y odio hacia su persona.
El accionante considera lesionados sus derechos a la libertad y a la salud, citando al efecto, los arts. 22, 115.II, 125, 126 178.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se le conceda la tutela; y en consecuencia, ordene que: a) La Jueza de Sentencia Penal Quinta de El Alto del departamento de La Paz, en el día señale audiencia de situación jurídica para Edgar Lovera Mamani -ahora demandante de tutela- y Zenobia Álvarez de Lovera; y, b) Dentro las veinticuatro horas programe día y hora de audiencia de apertura de juicio oral.
La audiencia virtual de consideración de la presente acción de libertad se realizó el 26 de enero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 26 a 27, produciéndose los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado en audiencia se ratificó en el contenido de la demanda tutelar presentada, añadiendo además lo siguiente: 1) Solicitó la cesación a la detención preventiva conforme a los alcances del art. 239.1.2 y 5 del CPP, el primero porque solo faltaba en enervar la actividad lícita; el segundo porque se excedió el tiempo de detención preventiva y según el Auto Interlocutorio “189/2022” de medidas cautelares, le fijaron una detención preventiva de tres meses; sin embargo, hasta esa fecha se encontraba cumpliendo siete meses con diecisiete días; y además se encuentra muy delicado de salud porque tiene diabetes aguda, una enfermedad crónica y bronquitis aguda, padecimientos demostrados con certificados médicos recabados del Hospital Corazón de Jesús, institución legalmente establecida; 2) La Jueza a tiempo de rechazarle la cesación a la detención preventiva “toca el numeral 1)” y concerniente al art. 239.2 del CPP, refiere que para ella no existen los plazos, desconociendo el término fenecido de la detención preventiva; y respecto 239.5 del Código previamente citado, no veló de forma inmediata por sus derechos a la vida y a la salud, puesto que inclusive de oficio debió otorgar la cesación, toda vez que necesita una intervención inmediata porque su vida se encontraba en riesgo -arts. 15, 18 y 35 de la CPE-; 3) La autoridad demandada en su informe refirió que existe una autoridad jurisdiccional de control, sin embargo existe línea jurisprudencial que indica excepcionalmente se puede interponer la acción de libertad cuando existen casos de urgencia y emergencia, siendo aplicable al presente caso la SCP 0845/2015 de 25 de julio, que establece “…que la juez no puede ser recelosa en exigir certificados médicos forenses para demostrar en este caso el estado de salud del paciente…” (sic); 4) En cuanto al art. 235.2 del CPP se indicó que existe un pliego acusatorio y que las pruebas ya se encuentran en custodia en Secretaría de ese Juzgado, con una acusación formal, la cual ha sido desconocida; y, 5) No se ha pronunció con relación al art. 239.2 del Código mencionado con anterioridad, tampoco respecto al estado de salud del acusado -ahora peticionante de tutela-, menos realizó una correcta valoración de la prueba concerniente a los certificados médico forense, con lo cual se había atentado contra su vida, siendo procedente el art. 125 de la CPE, que establece “cuando la vida esté en peligro” como primera esfera; segundo “cuando esté indebidamente procesada”, respecto del cual se ha demostrado que su detención preventiva ya excedió cuatro meses y diecisiete días, fuera de los tres meses fijados; “Y está ilegalmente procesado”, porque la Jueza refiere contradictoriamente que la defensa debe activar la acusación y el juicio, situación algo inusual; por todo lo expuesto, solicita permitan que se interne toda vez que se encuentra delicado de salud, situación demostrada con certificados médicos, es decir necesita intervención inmediata. Ante la consulta del Juez de garantías sobre su edad, su abogado refirió que el accionante "ya está llegando a los 60 años aproximadamente” (sic); asimismo, manifestó que no presentó recurso de apelación incidental -contra el Auto Interlocutorio 02/2023- porque estaría delicado de salud, y bajo ese entendido que por su delicado estado de salud excepcionalmente puede presentar acción de libertad en resguardo a sus derechos a la libertad y a la salud, por lo que inmediatamente acudió a la justicia constitucional.
Remedios Yujra Gabincha, Jueza de Sentencia Penal Quinta de El Alto del departamento de La Paz, presentó informe escrito el 26 de enero de 2023, cursante de fs. 18 a 19, señalando lo siguiente: i) En su Juzgado se está tramitando el proceso penal seguido por el Ministerio Público por el delito de Robo Agravado contra el ahora demandante de tutela con Código Único de Denuncia (CUD) 201502022107489, tal cual consta en la acusación fiscal, causa en la cual, se están siguiendo las reglas del debido proceso y legalidad sin vulnerar ningún derecho ni garantía constitucional del prenombrado; ii) De la revisión de antecedentes se puede advertir que de “fs. 665 a 669 vta.”, cursa el Auto Interlocutorio 02/2023, por el cual resolvió la solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada por el peticionanate de tutela, disponiendo su rechazo; dicha determinación no fue recurrida en apelación incidental, menos mereció alguna solicitud de complementación y enmienda; de lo cual se advierte que dicha Resolución es clara, precisa, concreta y suficiente, lo cual significa que sus fundamentos fueron convalidados por todas las partes; iii) Llama la atención la forma en la que el impetrante de tutela intentó obtener a la fuerza y de modo ilegal la restitución de su derecho a la libertad, utilizando dicho mecanismo constitucional, en el cual se denota la ausencia de las vertientes, presupuestos y/o “nexo causal” establecidos en el art. 125 de la CPE para su interposición, por cuanto, el prenombrado no estuvo a riesgo inminente de perder la vida, ni se le está privó de su derecho a la libertad física o de locomoción de manera ilegal, tampoco existe procesamiento indebido para concederle la tutela de alguna forma, peor aún se cumple con el principio de subsidiariedad; y, iv) Existe línea jurisprudencial emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, entre ellas las SCP 0432/2018-S2 de 27 de agosto y la SCP 1061/2021-S3 de 10 de diciembre, que establecen que previamente a activar la justicia constitucional se deben agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios, de modo que no es la instancia para resolver “en apelación” su resolución pronunciada -Auto Interlocutorio 02/2022-, no pudiendo suplir a la justicia ordinaria; por todo lo expuesto solicita se deniegue la tutela.
El Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 08/B-2023 de 26 de enero, cursante de fs. 28 a 30 vta., denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos: a) El accionante señala que en audiencia de consideración de cesación a su detención preventiva se rechazó su solicitud sin considerar la prueba ofrecida, la cual estuviese vinculada a su derecho a la salud, entre otros aspectos, por los que considera que la resolución emitida -Auto Interlocutorio 02/2023- vulneró su derecho a la vida tomando en cuenta que estuviese padeciendo una enfermedad crónica aguda y que necesita intervención de manera inmediata, además de padecer diabetes mellitus, pérdida visual, insuficiencia renal y bronquitis aguda; b) Habiéndose remitido dichos antecedentes y también la Resolución mencionada, que se desarrolló en fecha 24 de enero de 2023, y dispuso rechazar la solicitud de cesación impetrada por el demandante de tutela, manteniendo su detención preventiva; se notificó a las partes en audiencia y por la propia respuesta del prenombrado, indicó que no apelaba dicha determinación, por el contrario, presentó de manera inmediata acción de libertad por tratarse de su derecho a la vida; c) El principio de subsidiariedad exige que la jurisdicción constitucional no pudo ingresar al análisis de fondo de manera directa, salvo excepciones; en el presente caso, el solicitante de tutela pretendió que se revise la determinación de la Jueza demandada para conceder la tutela y disponer su intervención en un centro médico. La resolución emitida tiene su propio trámite, es decir pudo ser apelada en el plazo de tres días y también en la misma audiencia conforme al art. 251 del CPP para luego ser remitida ante la instancia superior, una Sala Penal de turno, quien también tiene la posibilidad de resolver en un plazo no mayor a tres días ese tipo de decisiones; “…justicia ordinaria al que no puede ingresar la justicia constitucional, no se ha referido por lo menos en la presente acción de libertad que la juez no estuviese permitiendo que salga el acusado a una consulta médica o a alguna intervención que se pretenda” (sic); y, d) Lo que se está pidiendo es la revisión del Auto Interlocutorio 02/2023, que rechazó la cesación a la detención preventiva del impetrante de tutela, a la que no se puede ingresar a dilucidar, toda vez que para ello existe el recurso de apelación incidental; otro aspecto, sería que no se estaría dando curso para que pueda salir a una consulta médica o internación en un centro de salud, etc.; sin embargo, el presente caso no es relacionado con alguna salida médica, más allá de que se hubiera referido que el paciente estuviese delicado de salud, aspectos que se deben reclamar vía apelación ante el superior en grado conforme el art. 251 del Código previamente citado, el principio de subsidiariedad impide al Juez de garantías ingresar a dilucidar los puntos reclamados concernientes al derecho a la vida, si es que se tiene pendiente la vía llamada por ley, la parte accionante podrá hacer efectivo su reclamo, más allá de que también tiene la posibilidad de solicitar salidas judiciales o internaciones a algún centro de salud ante la misma autoridad jurisdiccional que conoce la causa, por lo que la presente acción de libertad no está en los alcances del art. 125 del CPP. Ante la solicitud de complementación y enmienda de la parte demandante de tutela, el Juez de garantías indicó que en los antecedentes remitidos no existen datos sobre alguna documental por la que el impetrante de tutela, haya solicitado ante la Jueza demandada alguna internación o que esta haya sido rechazada, no pudiendo la jurisdicción constitucional de forma directa disponer que se interne el peticionante de tutela, si previamente no se acudió ante la autoridad a cargo del proceso, razones por las cuales no ingresó a dilucidar ese aspecto.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene Auto Interlocutorio 02/2023 de 24 de enero, emitido por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandada-, por el cual rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva de Edgar Lovera Mamani -ahora accionante- (fs. 22 a 25 vta.). II.2. Cursa hoja de ingreso del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ) de esta acción de libertad que fue presentada el 15 de mayo de 2025 a horas 11:34 (fs. 1). II.3. Se tiene impresiones fotográficas del certificado médico de 19 de enero de 2023, pronunciado por Fanny Filomena Cabrera Mamani, médico cirujano de la Clínica “PROSALUD”, emitido en favor del ahora peticionante de tutela, concluyendo como diagnóstico: “DM tipo 2 descompensada, insuficiencia prerenal y bronquitis aguda”(sic); y el certificado médico de 24 de igual mes y año, emitido por Alfonso Delgadillo Tejada, cirujano oftalmólogo del Hospital Corazón de Jesús, que concluye como diagnóstico: catarata en ambos ojos (fs. 5 y 6).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la salud y a la vida; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra solicitó la cesación a su detención preventiva aduciendo motivos de salud, que fue rechazada por la Jueza ahora demandada mediante Auto Interlocutorio 02/2023 de 24 de enero, omitiendo realizar una correcta valoración de los certificados médicos ni considerar que se encuentra detenido preventivamente más del plazo previsto; por lo que, acude directamente a la justicia constitucional, solicitando que “en el día” se señale audiencia para considerar su situación jurídica, que dentro de las veinticuatro horas programe día y hora de audiencia de apertura de juicio oral y en audiencia, amplió su petición indicando le permitan que se interne; toda vez que, se encuentra delicado de salud y necesita intervención inmediata. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. Para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La tutela del derecho a la vida vía acción de libertad; 2) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; y, 3) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0368/2018-S2 de 24 de julio, asumió el siguiente razonamiento:
El contenido del derecho a la vida consagrado en innumerables artículos de la Constitución Política del Estado y de las normas del bloque de constitucionalidad, se extiende no solo a representar la interdicción de la muerte arbitraria, sino que implica la creación de condiciones de vida digna, que involucra, en lo conducente a la acción de libertad, a otros derechos conexos e interdependientes que no se encuentran en el ámbito de su protección, como por ejemplo: 1) El derecho a la salud y la integridad personal de los privados de libertad; 2) El derecho a la salud en problemas jurídicos vinculados con el derecho a la libertad de locomoción y arraigos; 3) El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en cualesquiera de sus formas; incluso 4) Cambiando la tradición jurídica civilista de considerar persona solo a las existentes físicamente; es decir, la consideración de sujeto de derecho y derechos a la persona fallecida y a su dignidad, en una visión plural del derecho a la vida digna en contextos de retenciones de cuerpos de pacientes en centros hospitalarios, entre otros supuestos; razón por la cual, el Estado asume un doble rol; primero, garantizar que las personas no sean privadas de ese derecho; y segundo, implementar simultáneamente políticas para garantizar una vida en condiciones acordes a su dignidad; resumiéndose estas obligaciones en dos sentidos; vale decir, su respeto y su protección, respectivamente.
El alcance amplio que se otorgó al derecho a la vida, su concepción como derecho autónomo, empero también interdependiente con otros derechos en virtud del art. 13.I de la CPE, dio lugar a que este Tribunal emita numerosas Sentencias favoreciendo el acceso a la justicia constitucional a través de la acción de libertad, cuando se invoca este derecho como lesionado, señalando que: i) La protección del derecho a la vida a través de la acción de libertad es posible, aun no exista vinculación directa ni indirecta con el derecho a la libertad física, personal o de locomoción -por todas, la SCP 2468/2012 de 22 de noviembre-, superando una tradición jurisprudencial que persistía en la necesidad de su vinculación; ii) Tratándose del derecho a la vida, la parte accionante es la que debe asumir la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional, así refiere la SCP 1278/2013 de 2 de agosto; y, iii) Respecto al derecho a la vida, de cuyo ejercicio depende el goce de otros derechos, con ningún argumento puede aplicarse la subsidiariedad excepcional -por las demás, las SSCC 0008/2010-R, 0080/2010-R y 0589/2011-R-. Los señalados precedentes constitucionales son vinculantes conforme lo dispuesto por el art. 203 de la CPE y dan concreción al principio de informalismo que rige la acción de libertad, con contenidos favorables y progresivos que protegen de mejor forma el derecho de acceso a la justicia constitucional; es decir, son lineamientos jurisprudenciales mínimos para los jueces y tribunales de garantías, a partir de los cuales, en el marco de los principios de favorabilidad contenido en los arts. 13.IV y 256 de la CPE; y, de progresividad de los derechos y prohibición de regresividad de los mismos, resguardados en el art. 13.I de la CPE, pueden ser reforzados y ampliados, máxime si la obligación de vinculatoriedad a los lineamientos jurisprudenciales mínimos, tanto respecto del derecho de acceso a la justicia como los emitidos en protección de los derechos individuales y colectivos, forman parte también del cumplimiento de las obligaciones generales del Estado, previstas en el art. 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0077/2018-S2 de 23 de marzo, complementada por el Voto Disidente de la 9El FJ III.2, sobre la abstracción de la excepción del principio de subsidieriedad, al hallarse involucrado el derecho a la vida, señala: "El art. 18 de la CPEabrg, instituyó el recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad prevista por el art. 125 de la CPE, como un recurso extraordinario cuya finalidad esencial era la protección a la libertad, ámbito de tutela que ha sido ampliada en el orden constitucional vigente a la vida, que como se ha visto, constituye un derecho primario en sí, inherente al ser humano, y por ende su protección es prioritaria, por constituir un bien jurídico primario y fuente de los demás derechos. Por ello, a diferencia de la tutela a la libertad, y su condicionamiento del agotamiento previo de las instancias intraprocesales, para pedir su protección a través de este medio constitucional idóneo, eficaz e inmediato, respecto a la vida, su tutela puede ser solicitada de manera directa; es decir, que puede acudir a la jurisdicción constitucional, sin tener que agotar previamente la vía jurisdiccional” (las negrillas son añadidas).
10La SCP 2233/2013 de 16 de diciembre, en el FJ III.3 sostiene: “Nos referimos, con la expresión estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, para resaltar aquélla o aquéllas decisiones del Tribunal Constitucional que hubieran resuelto un problema jurídico recurrente y uniforme, pero de manera progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. El método de identificación del estándar más alto en la jurisprudencia constitucional, es a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, de tal forma que el precedente constitucional en vigor se constituirá en aquél que resulte de dicha comparación” (la negrillas son nuestras). Luego, la SCP 0087/2014-S3 de 27 de octubre, siguiendo tal entendimiento, enfatizó que la: “…forma de identificación del precedente constitucional en vigor a través de la lectura contextualizada de la línea jurisprudencial que requería como única condición el criterio temporal del precedente, resultando el último en términos de fecha de emisión por el Tribunal Constitucional (que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento) tuvo una evolución significativa, por cuanto a partir de la SCP 2233/2013-de 16 de diciembre, la justicia constitucional entendió que el precedente constitucional en vigor, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocado, provocando con ello, que la invocación y aplicación de un precedente sea escogido dentro del contexto de la línea jurisprudencial ya no solamente fijándose el criterio temporal del mismo, sino sobre todo aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho”.
SCP 0262/2018-S2 de 18 de junio y la SCP 0441/2018-S2 de 27 de agosto, desarrolló el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional. Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el juez de instrucción penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional;
11 El FJ III.1.2, señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.
En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria. (…)
Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus” (el subrayado es nuestro).
12 El FJ III.2, establece: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de los jurisdiccionales ordinarios aludidos”.
13 El FJ III.3, señala: “Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera-sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa”.
consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo sistematizó tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad para los casos en los que, en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones. Más tarde, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo sostuvo que si la acción de libertad está fundada en la restricción del derecho a la libertad personal, por causa de haberse restringido la misma, al margen de los casos y formas establecidas por ley y no esté vinculado a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción de libertad puede ser presentada de manera directa. Posteriormente, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2, sistematizó las reglas de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, conforme a lo siguiente:
14 El FJ III.4, determina:
“Primer supuesto:
Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.
Segundo Supuesto:
Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.
Tercer supuesto:
Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar” (las negrillas son introducidas).
15 El FJ III.2, cita: “En este orden, en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad. (...)
Queda establecido que cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción es directa contra las autoridades que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley”.
1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley (…) 2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional. 3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad. 4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. 5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar (las negrillas y el subrayado son nuestros).
Finalmente, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre moduló la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la SCP 0482/2013 antes citada, señalando que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: a) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, b) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal; último supuesto, que de ninguna manera, implica que ante restricciones del derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley, no sea posible la presentación de la acción de libertad en forma directa, antes de haber transcurrido los plazos establecidos en la norma procesal penal. En síntesis, es posible la presentación directa de la acción de libertad, en el primer supuesto señalado en la SCP 0482/2013, cuando: 1) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; 2) Cuando existiendo dicha vinculación: 2.i) No se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal, o cuando: 2.ii) No habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley. De conformidad a la sistematización de la línea jurisprudencial anotada, el juez de instrucción penal es la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, siendo también, llamada por ley para atender cualquier denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante esta etapa.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la salud y a la vida; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra solicitó la cesación a su detención preventiva aduciendo motivos de salud, que fue rechazada por la Jueza ahora demandada mediante Auto Interlocutorio 02/2023 de 24 de enero, omitiendo realizar una correcta valoración de los certificados médicos ni considerar que se encuentra detenido preventivamente más del plazo previsto; por lo que, acude directamente a la justicia constitucional, solicitando que “en el día” se señale audiencia para considerar su situación jurídica, que dentro de las veinticuatro horas programe día y hora de audiencia de apertura de juicio oral y en audiencia, amplió su petición indicando le permitan que se interne; toda vez que, se encuentra delicado de salud y necesita intervención inmediata. De la revisión de los antecedentes se advierte que cursa un proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Edgar Lovera Mamani -ahora peticionante de tutela- y otra, por la presunta comisión del delito de robo agravado, dentro del cual, el prenombrado habría solicitado la cesación a su detención preventiva conforme al art. 239.1.2 y 5 del CPP, la cual fue rechazada mediante Auto Interlocutorio 02/2023 de 24 de enero, por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandada-(Conclusión II.1).
En ese sentido el impetrante de tutela acude directamente a la justicia constitucional denunciando que pese a haber demostrado su delicado estado de salud con los certificados médicos: de 19 de enero de 2023, pronunciado por Fanny Filomena Cabrera Mamani, médico cirujano de la Clínica PROSALUD, emitido en favor del ahora solicitante de tutela, concluyendo como diagnóstico: DM tipo 2 descompensada, insuficiencia prerenal y bronquitis aguda; y de 24 de igual mes y año, emitido por Alfonso Delgadillo Tejada, cirujano oftalmólogo del Hospital Corazón de Jesús, que concluye como diagnóstico: catarata en ambos ojos (Conclusión II.3); emitidos por centros hospitalarios legalmente establecidos, estos no fueron considerados o valorados por la autoridad judicial, tampoco el hecho de que se encuentra detenido preventivamente por más de siete meses y diecinueve días en el Centro Penitenciario de Patacamaya del departamento de La Paz, es decir, más del plazo de tres meses fijado en audiencia de aplicación de medidas cautelares; asimismo, que por su delicado estado de salud precisa una intervención hospitalaria, debiendo por ello haber considerado la autoridad demandada, la cesación o modificación de su medida cautelar; resaltando por otra parte, que en audiencia de consideración de la acción de libertad, reconoce que no planteó recurso de apelación incidental sino que presentó directamente la demanda tutelar el 25 de enero de 2023, a horas 15:49 (Conclusión II.2). Efectuadas las precisiones precedentes, corresponde establecer que para la aplicación del Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, relacionado al derecho a la vida que se encuentra dentro de la excepción a la subsidiariedad, debe previamente ser analizado en cada caso en concreto, toda vez que únicamente ante la evidente vulneración de este derecho, recién se ingresa al fondo de la acción. En ese contexto, en la causa que dio origen a la presente acción tutelar, se advierte que los actos que se reclaman no están relacionados a afectaciones al derecho a la vida, sino que devienen de actuados procesales dentro de un proceso penal por la presunta comisión del delito de robo agravado donde el peticionante de tutela es acusado; y, ante la solicitud de cesación a la detención preventiva que fue rechazada mediante Auto Interlocutorio 02/2023 de 24 de enero, es decir, la referida decisión por sí misma, no constituye un riesgo a la vida. Si bien se refirió que padece DM tipo 2 descompensada, insuficiencia prerenal, bronquitis aguda y catarata en ambos ojos, sin embargo, son patologías que afectan la parte vascular del organismo, empero no se observa con precisión el grado de afectación en el sistema renal, cardiaco o pulmonar, los cuales deberán ser valorados por el medico correspondiente; lo que conlleva a establecer que ninguna de las enfermedades referidas en el diagnostico están confirmadas, y tampoco revisten mayor gravedad, por lo que no existe elemento objetivo que permita inferir una grave afectación de la salud del acusado que ponga en riesgo su vida, existiendo así un impedimento para ingresar de manera directa a resolver la problemática planteada. Sumado a ello, de la verificación del expediente remitido en revisión y las aseveraciones vertidas por el impetrante de tutela en la audiencia, se puede apreciar que en ningún momento se indica que la autoridad demandada haya rechazado alguna salida médica o internación hospitalaria del accionante; mas al contrario, por las propias certificaciones adjuntas se observa que el acusado tuvo oportunidad de acudir a diferentes nosocomios en procura de recibir atención hospitalaria, y de ahí emergen las certificaciones de las afecciones que padece; en consecuencia, y como se indicó líneas arriba, no se advierte un peligro real o inminente a su derecho a la vida, pudiendo el impetrante de tutela haber solicitado ante la autoridad demandada, que autorice su salida o internación hospitalaria para la intervención médica que requiere. En ese contexto, de acuerdo con la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece que cuando se impugna una resolución judicial de medidas cautelares, que por ende, afecta el derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe impugnar la misma, al ser el recurso de apelación el medio idóneo e inmediato de defensa que tiene el sindicado contra supuestas lesiones y restricciones al derecho a la libertad, donde el Tribunal de alzada tiene la oportunidad de corregir, modificar e inclusive revocar los errores cometidos por el inferior, que hayan sido invocados en el recurso. En ese contexto, ante el reclamo referido a que la Jueza demandada en el Auto Interlocutorio 02/2023, no consideró los elementos probatorios presentados ni consideró que se encuentra detenido preventivamente más del plazo previsto, entre otros aspectos reclamados; correspondía que el impetrante de tutela formule recurso de apelación incidental para que la decisión asumida por la autoridad demanda, sea revisada por el Tribunal de alzada, siendo este el conducto legal pertinente; lo que evidencia, que antes de acudir a la acción de libertad, no cumplió con la subsidiariedad excepcional, requisito indispensable para ingresar a analizar el fondo de las denuncias efectuadas respecto a la autoridad judicial demandada, correspondiendo por ello, denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/B-2023 de 26 de enero, cursante de fs. 28 a 30 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
1 La SCP 0033/2013 de 4 de enero, en el FJ III.1, dentro de una acción de amparo constitucional, refiere: “…el derecho a la vida más allá de representar la interdicción de la muerte arbitraria, implica la creación de condiciones de vida por parte del Estado; el cual no debe escatimar esfuerzos en todos sus niveles para garantizar en la medida de lo posible, la subsistencia con dignidad de todas las personas, aspirando a consolidar el vivir bien, utilizando todos los mecanismos de los que dispone”. 2Tribunal Constitucional Plurinacional. SCP 1977/2013 de 4 de noviembre. 3La SCP 0618/2012 de 23 de julio, en su FJ III.4, manifiesta que a través de la acción de libertad, es posible tutelar el derecho a la salud e integridad personal de privados de libertad, cuando se encuentra en directa conexión con el derecho a la vida. 4La SC 0023/2010-R de 13 de abril, prevé la protección de los derechos a la salud y a la vida en vinculación con el derecho a la libertad de locomoción, en problemas jurídicos vinculados a arraigos. 5Tribunal Constitucional Plurinacional. SCP 0033/2013, FJ III.2. 6Tribunal Constitucional Plurinacional. SCP 2007/2013 de 13 de noviembre. 7Tribunal Constitucional Plurinacional. SC 0687/2000-R de 14 de julio y SCP 033/2013. 8La SCP 0044/2010-R de 20 de abril, en el FJ III.5, establece que la protección del derecho a la vida vía acción de libertad, está íntimamente relacionada con el derecho a la libertad personal; que fue confirmada, entre otras, por la SCP 0813/2012 de 20 de agosto, precisando que la acción de libertad tutela el derecho a la vida siempre y cuando se encuentre vinculado con la libertad física o de locomoción.
16 El FJ III.2, señala: “Ahora bien, con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica, es necesario modular la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la Sentencia Constitucional Plurinacional antes glosada y, en ese sentido, debe señalarse que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0844_2025-S1.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): f3ad2f3ce7c76ead570d56f23423508034b6cef2dc1bc6d52daae4b79f4114a9
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