Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 4 de septiembre de 2023
Concede la tutela
La accionante denunció la lesión de los derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, a una vida libre de violencia, a la integridad y psicológica, al acceso a la justicia vinculado con el deber de la debida diligencia en la investigación, sanción y reparación de las víctimas por violencia de género; en virtud a que, las autoridades demandadas mediante Auto de Vista 374/2022, determinaron declarar fundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción interpuesta por el procesado; por lo que, al haberse dispuesto la extinción de la acción penal, se ordenaron el archivo de obrados. Fallo que fue emitido sin una debida fundamentación, motivación y congruencia; por cuanto: a) Se pronunció con ausencia de enfoque de género, siendo que en los casos de extinción de la acción penal por prescripción, debe efectuarse una ponderación de derechos entre las partes, adoptando una perspectiva de género para determinar la preferencia condicionada de unos derechos frente a otros, pues no es suficiente un análisis matemático del plazo al existir derechos contrapuestos que deben ser ponderados, más aún cuando la norma contenida en el art. 7 de la Convención Belem do Pará exige el deber de actuar con la debida diligencia para sancionar y reparar los casos de violencia en razón de género contra las mujeres; b) No se tomó en cuenta lo previsto por el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 061/2023 de 26 de mayo, y el Auto 145/2023 de 5 de junio, cursantes de fs. 77 a 81; y, 92 a 93, respectivamente, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia: 1° CONCEDER en su totalidad la tutela impetrada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; y, 2° Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista 374/2022 de 23 de septiembre, debiendo los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pronunciar un nuevo Auto de Vista de acuerdo a los fundamentos asumidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0843/2023-S4 Sucre, 4 de septiembre de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 55355-2023-111-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 061/2023 de 26 de mayo, y el Auto 145/2023 de 5 de junio, cursantes de fs. 77 a 81; y, 92 a 93, respectivamente, pronunciados dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Fabiola Medina Navia contra Hugo Michel Lescano, Sandra Medrano Bautista, actuales y José Manuel Gutiérrez Velásquez, ex Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
Por memorial presentado el 6 de abril de 2023, cursante de fs. 1 a 20; y, el de subsanación de 14 del mismo mes y año (fs. 32 y vta.); la accionante, expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Habiendo interpuesto el 24 de abril de 2017 denuncia penal en contra de Edwin Jorge Salazar Mostajo, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 10 de octubre de 2019, el Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Chuquisaca, emitió la Sentencia 31/2019 por la cual declaró autor al acusado del señalado delito, condenándolo a sufrir la pena de dos años de privación de libertad; sin embargo, en aplicación de la “SCP 721/2018” dispuso el reemplazo de la sanción por una alternativa de prestación de trabajo a favor del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, que se realizaría los días sábado por el lapso de dieciocho meses, así como las medidas de prohibición de cambiar de domicilio sin autorización, tratamiento psicológico y presentación ante el Juzgado de Ejecución Penal en los primero tres días cada tres meses.
Veinte meses después de la última audiencia; es decir, el 4 de junio de 2021, fue notificado la Sentencia y el Auto que justificó la suspensión de los plazos procesales; por lo que, el 27 de julio del indicado año, la defensa del acusado presentó recurso de apelación incidental, pidiendo que la autoridad judicial, justifique la suspensión de plazos procesales con relación a los veinte meses que demoró en notificar a las partes la Sentencia integral; y en la misma fecha, el acusado, formuló recurso de apelación restringida, misma que no fue resuelta al encontrarse la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, acéfala. La apelación incidental, fue resuelta por Auto de Vista 396/2021 de 10 de noviembre, por el que se dispuso la emisión de una nueva resolución justificando debidamente la suspensión de plazos procesales, determinación que fue cumplida por Auto de 17 de junio de 2022, justificando dicha suspensión de plazos, el cual, al no haber sido apelado por las partes fue ejecutoriado. Asimismo, el 30 de junio de 2022, el acusado formuló incidente de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, que fue declarado infundado mediante Auto de Vista 338/2022. Finalmente, el sentenciado presentó excepción de prescripción de la acción penal, el cual por Auto de Vista 374/2022 de 23 de septiembre, fue declarado fundado, disponiendo la extinción de la acción penal y el archivo de obrados; determinación que vulneró sus derechos fundamentales, por cuanto incumple con la obligación de respeto y garantía que tiene el Estado boliviano, en especial esta última que exige una debida diligencia en la investigación, sanción y reparación de las víctimas por violencia en razón de género contra la mujer; asimismo, lesionó el debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación de las resoluciones por la ausencia de un enfoque de género en el análisis del caso; ya que en los casos de extinción de la acción penal por prescripción, debe efectuarse una ponderación de derechos entre las partes, adoptando una perspectiva de género, para determinar la preferencia condicionada de unos derechos frente a otros, pues no es suficiente un análisis matemático del plazo al existir derechos contrapuestos que deben ser ponderados, más aún cuando la norma convencional contenida en el art. 7 de la Convención Belem do Pará exige el deber de actuar con la debida diligencia para sancionar y reparar los casos de violencia en razón de género contra las mujeres. Los Vocales demandados, señalaron que en el caso, el tipo penal de violencia familiar o doméstica prescribe a los cinco años computables desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación, por lo que computando la consumación del hecho desde el 2 de abril de 2017, habrían transcurrido más de los cinco años, y que el imputado no fue declarado rebelde, ni se presentan los supuestos de suspensión de la prescripción; dicho razonamiento, carece de perspectiva y no toma en cuenta lo previsto por el art. 34 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que establece que en materia de prescripción, tendrá aplicación preferente los Pactos y Convenios Internacionales sobre los Derechos Humanos; en consecuencia, era obligación analizar los estándares establecidos sobre la prescripción tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano de derecho humanos y la jurisprudencia interna; sin que ello implique vulneración al principio de legalidad no a la seguridad jurídica, sino por el contrario, la aplicación de normas y estándares que forman parte del bloque de constitucionalidad, más aún cuando existe una norma procesal penal (art. 34 del CPP) que expresamente estableció esta aplicación preferente. Asimismo, el fallo cuestionado, carece de lógica interna vulnerándose la justificación interna que deben tener toda resolución; ya que se expresó como fundamento de la prescripción, el derecho a un plazo razonable, pero luego determinó que los elementos para considerar la lesión a ese derecho no pueden ser analizados.
La accionante, alegó la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, a una vida libre de violencia, a la integridad y psicológica, al acceso a la justicia vinculado con el deber de la debida diligencia en la investigación, sanción y reparación de las víctimas por violencia de género; citando al efecto los arts. 15.I y II, 115, 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); 7 de la Convención Belem Do Pará; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo la nulidad del Auto de Vista 374/2022, ordenando que las autoridades demandadas emitir una nueva resolución respetando las normas y estándares que conforman el bloque de constitucionalidad aplicando una perspectiva de género.
Celebrada la audiencia virtual, el 26 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 66 a 76 vta., en presencia de la accionante y del tercero interesado, ambos asistidos por sus abogados, y en ausencia de las autoridades demandadas; se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, ratificó en su integridad los argumentos expuestos en la acción de defensa interpuesta, y efectuando una aclaración señaló que, en cuanto a la interposición de la acción de amparo constitucional en el plazo de seis meses, el Auto de Vista cuestionado, le fue notificado el 28 de octubre de 2022; consiguientemente, la acción fue presentada dentro el plazo de seis meses, pues el art. 163 del CPP, establece que las resoluciones judiciales de carácter definitivo como es precisamente este fallo que se cuestiona vinculado a la extinción de la acción penal por prescripción
Hugo Michel Lescano y Sandra Medrano Bautista, actuales Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante informe escrito presentado el 24 de mayo de 2023, cursante de fs. 54 a 63, manifestaron que: a) El auto de Vista 374/2022 fue emitido el 23 de septiembre de 2022, teniendo conocimiento la ahora accionantes de la indicada resolución que supuestamente vulneró sus derechos en la audiencia de la excepción de extinción de la acción penal por prescripción celebrada en la dicha fecha; por lo que, al presentar esta acción de amparo constitucional, recién en abril de 2023, se considera que la acción tutelar, no fue interpuesto dentro del plazo establecido en el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo); b) No es evidente que el Auto de Vista cuestionado, no tenga la debida fundamentación; y, c) Respecto a la imprescriptibilidad y la perspectiva de género, los arts. 111 y 112 de la CPE, establece que los delitos de genocidio, de lesa humanidad, de traición a la patria y crímenes de guerra, son imprescriptibles, sumado a los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, que son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad; en esa línea, todos los delitos prescriben; por lo que, la perspectiva de género implica reconocer la situación de discriminación y violencia estructural en la que se encuentran las mujeres y de manera específica, las situaciones concretas de subordinación y violencia en las que se encuentran. En el presente caso, si bien no se consignó un párrafo específico a esta temática de perspectiva de género, aunque la Sala Penal hubiera reconocido la situación de discriminación y violencia estructural en la que se encuentran la víctima, de todas formas la acción hubiera prescrito, debido a que por mandato constitucional está permitido que esta clase de delitos prescriban; en consecuencia, no tiene relevancia constitucional, debido a que la resolución cuestionada tiene la debida y adecuada fundamentación que hace entendible los motivos por los cuales se extinguió la acción penal, más aún si se toma en cuenta que de conformidad al art. 398 del CPP no podían pronunciarse sobre temas no debatidos en la señalada audiencia, constando en el acta de audiencia que la ahora accionante, ni su abogada tocaron el tema de la perspectiva de género, habiendo consentido la resolución, constando que ni siquiera pidieron complementación, explicación o enmienda. Por lo expuesto, se considera que ninguna manera se vulneró los derechos de la impetrante de tutela. José Manuel Gutiérrez Velásquez, ex Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, no presentó informe escrito alguno, así como tampoco se hizo presente en audiencia de la presente acción tutelar, pese a su legal notificación, cursante a fs. 40.
Edwin Jorge Salazar Mostajo, en audiencia pública de la presente acción de defensa, manifestó lo siguiente: 1) El Auto de Vista cuestionado, le fue notificado a la accionante el 23 de septiembre de 2022 personalmente en audiencia –de excepción de extinción por prescripción penal–; por lo que, al presentar esta acción tutelar el 4 de abril de 2023, la misma se encuentra fuera del plazo establecido; 2) A través de esta acción de defensa, se pretende reclamar algo que no se pidió a la Sala Penal en su momento, lo que resulta violatorio al principio de legalidad, pues no se puede esperar que dicha Sala resuelva elementos y argumentos que no fueron traídos para su conocimiento como la excepción de imprescriptibilidad; y, 3) La acción de amparo constitucional interpuesta, se basa fundamentalmente en una recomendación; que resulta ser inaplicable, por cuanto no existe una norma boliviana que obligue a los Vocales a dar aplicación o no de una recomendación de un órgano internacional.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 061/2023 de 26 de mayo, y el Auto 145/2023 de 5 de junio, cursantes de fs. 77 a 81; y, 92 a 93, respectivamente, concedió parcialmente la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 374/2022, debiendo emitirse una nueva resolución en el marco de los estándares del debido proceso en su componente debida fundamentación y motivación con enfoque de género y siguiendo lo expresado en el presente fallo; y, denegó con relación a los derechos al acceso a la justicia, a una vida libre de violencia, a la integridad física y psicológica, a la debida diligencia en la investigación, sanción y reparación de las víctimas por violencia de género; ello con base en los siguientes fundamentos: i) Inicialmente, corresponde referirse respecto a la improcedencia de la acción de amparo constitucional conforme lo alegado por los Vocales demandados y el tercero interesado, debido a la supuesta presentación extemporánea de la acción tutelar, es decir vencido el plazo de inmediatez de los seis meses previsto por los arts. 129.II de la CPE; y, 55 del CPCo; al respecto, si bien es evidente que por Acta de audiencia de consideración de la excepción de extinción de la acción penal por prescripción de 23 de septiembre de 2022, se tiene que se emitió el Auto de Vista 374/2022 en dicha audiencia; empero, de acuerdo a la diligencia de notificación suscrito por el Oficial de Diligencias de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, da cuenta que el Auto de Vista 374/2022, fue puesto a conocimiento de la ahora impetrante de tutela a las 14:59 de 18 de octubre de 2023, circunstancia que no fue referida por las autoridades demandadas en su informe; por lo cual en aplicación del principio pro actione y favorabilidad, habiéndose admitido la presente acción de defensa, no corresponde declarar su improcedencia y se realizará el análisis y pronunciamiento respecto a la problemática planteada; ii) En cuanto a la incongruencia interna en la que hubiesen incurrido los Vocales al emitir el Auto de Vista 374/2022, al haber referido inicialmente que la prescripción de la acción penal emerge del derecho a ser juzgado en un plazo razonable y que en sentido contrario resolvieron señalando que en la aplicación de este instituto corresponde computar el tiempo transcurrido entre la comisión del hecho delictivo y la presentación de la excepción de prescripción, para lo cual no rige la teoría del no plazo ni tampoco se pude considerar las vacaciones judiciales y otras circunstancias. Al respecto, si bien es cierto que en el párrafo primero del Considerando II “FUNDAMENTACIÓN”, los Vocales refirieron que “la prescripción es un instituto que deriva del derecho fundamental del imputado a ser juzgado dentro de un plazo razonable”; sin embargo, este aspecto o lapsus queda superado y sin relevancia alguna, debido a que el Auto de Vista, con la fundamentación y motivación desarrollada posteriormente deja claramente sentado que la excepción planteada y analizada, es la extinción de la acción penal por prescripción, la cual opera por el transcurso del tiempo siempre que no concurran las causales de interrupción y suspensión del cómputo del plazo establecido por Ley; en dicha circunstancia, no corresponde conceder la tutela respecto a la congruencia interna, toda vez que la indicada incoherencia no tiene mayor repercusión para declarar la extinción de la acción penal por prescripción; iii) En cuanto a la debida fundamentación y motivación, se puede advertir que, el Auto de Vista cuestionado, en su Considerando II "Fundamentación" contiene una exposición de las normas que rigen y regulan el instituto de la extinción de la acción penal por prescripción; iv) En lo que concierne a la debida fundamentación y motivación vinculada con el enfoque de género; se puede advertir que, el Auto de Vista 374/2022, efectivamente no contiene una exposición de los parámetros ni estándares desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional y el Sistema Interamericano respecto al análisis y resolución con perspectiva de género, teniendo en cuenta que se trata de resolver una excepción extintiva en relación a un delito de violencia cuya víctima es una mujer -aunque respecto a este punto cabe aclarar que los estándares invocados en la presente acción de defensa, tienen que ver con la extinción de la acción penal por duración máxima de proceso y no están referidos a la prescripción como tal, con excepción de lo expresado por la Corte IDH en el caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú referido a que el Estado debe abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía en beneficio de los autores, así como ninguna otra disposición análoga, la prescripción o cualquier eximente similar de responsabilidad-; sin embargo, el análisis y fundamentación con enfoque de género es un deber para toda autoridad que resuelve un asunto que involucra a una mujer como víctima de violencia. Marco en el cual la fundamentación expuesta en el caso examinado resulta ser insuficiente; y, vi) En lo que concierne a la motivación o explicación de las razones jurídicas por las que, en el caso examinado correspondía dar curso a la extinción de la acción penal por prescripción, se advierte que los Vocales demandados, no expusieron en su análisis y razonamiento un enfoque de género y de manera especial, no se refirieron siquiera a la incidencia de lo dispuesto en el Auto de 17 de junio de 2022 que justificó y dispuso en el marco del art. 130 del CPP, la suspensión del cómputo de plazos en el proceso, por cuyo efecto la Sentencia recién fue notificada el 4 de junio de 2021; por lo que, al tratarse de una suspensión del proceso, debió merecer un análisis y pronunciamiento en el marco de la debida diligencia a la cual se obligó el Estado como parte de la política para investigar, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres; en consecuencia, la fundamentación y motivación que no contiene un análisis y explicación de las razones jurídicas desde una perspectiva de género y la debida diligencia, resulta siendo insuficiente; por lo que, no corresponde emitir pronunciamiento respecto a los otros derechos invocados en la acción de amparo constitucional, como son, los derechos al acceso a la justicia, a una vida libre de violencia, a la integridad física y psicológica, a la debida diligencia en la investigación, sanción y reparación de las víctimas pro violencia en razón de género.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por Fabiola Medina Navía –ahora accionante– en contra de Edwin Jorque Salazar Mostajo –hoy tercero interesado–, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, habiendo este último presentado excepción de extinción de la acción penal por prescripción, se celebró audiencia de consideración el 23 septiembre de 2022 donde el acusado argumento su excepción (fs. 44 a 47 vta.). II.2. Resolviendo la indicada excepción de extinción de la acción penal por prescripción, en la señalada audiencia, los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca –ahora demandados– emitieron el Auto de Vista 374/2022 de 23 de septiembre, por el que determinaron declarar fundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción; por lo que, al haberse dispuesto la extinción de la acción penal, se ordenó el archivo de obrados (fs. 48 a 53).
La accionante denunció la lesión de los derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, a una vida libre de violencia, a la integridad y psicológica, al acceso a la justicia vinculado con el deber de la debida diligencia en la investigación, sanción y reparación de las víctimas por violencia de género; en virtud a que, las autoridades demandadas mediante Auto de Vista 374/2022, determinaron declarar fundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción interpuesta por el procesado; por lo que, al haberse dispuesto la extinción de la acción penal, se ordenaron el archivo de obrados. Fallo que fue emitido sin una debida fundamentación, motivación y congruencia; por cuanto: a) Se pronunció con ausencia de enfoque de género, siendo que en los casos de extinción de la acción penal por prescripción, debe efectuarse una ponderación de derechos entre las partes, adoptando una perspectiva de género para determinar la preferencia condicionada de unos derechos frente a otros, pues no es suficiente un análisis matemático del plazo al existir derechos contrapuestos que deben ser ponderados, más aún cuando la norma contenida en el art. 7 de la Convención Belem do Pará exige el deber de actuar con la debida diligencia para sancionar y reparar los casos de violencia en razón de género contra las mujeres; b) No se tomó en cuenta lo previsto por el art. 34 del CPP, que establece que en materia de prescripción, tendrá aplicación preferente los Pactos y Convenios Internacionales sobre los Derechos Humanos; en consecuencia, era obligación analizar los estándares establecidos sobre la prescripción tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano de derecho humanos y la jurisprudencia interna; y, c) Carece de lógica interna, ya que se expresó como fundamento de la prescripción, el derecho a un plazo razonable, pero luego se determinó que los elementos para considerar la lesión a ese derecho no pueden ser analizados. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes y si constituyen actos lesivos de los derechos fundamentales o garantías constitucionales de la accionante, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto la SCP 0551/2019-S4 de 25 de julio, señaló que: “Conforme se ha establecido a través de la jurisprudencia emanada por este Tribunal y a la luz de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, el debido proceso alcanza en su aplicación interpretativa una triple dimensión, constituyéndose tanto en derecho, como en garantía y a su vez, en principio procesal. Esta triple dimensión, asegura la protección de todos los derechos conexos que pudieran verse vulnerados por actos u omisiones indebidas en la tramitación de cualquier proceso, sea este judicial o administrativo. Así, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara y sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición. Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R y 1369/2001-R, entre otras).
En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ʽ…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente la decisión, puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere. Ahora bien, de manera imprescindible, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se encuentra vinculado con el principio de congruencia, entendido como: ʽ…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume’ (SCP 0486/2010-R de 5 de julio); de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse, en función al sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes procesales. En armonía con los criterios previamente glosados, la Corte Constitucional de Colombia, refiriéndose a la motivación de los fallos, estableció que: ʽ…la motivación suficiente de una decisión judicial es un asunto que corresponde analizar en cada caso concreto. Ciertamente, las divergencias respecto de lo que para dos intérpretes opuestos puede constituir una motivación adecuada no encuentra respuesta en ninguna regla de derecho. Además, en virtud del principio de autonomía del funcionario judicial, la regla básica de interpretación obliga a considerar que sólo en aquellos casos en que la argumentación es decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o, en últimas, inexistente, puede el juez de tutela intervenir en la decisión judicial para revocar el fallo infundado. En esos términos, la Corte reconoce que la competencia del juez de tutela se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez, es decir, en una arbitrariedad’. Respecto a la congruencia de las resoluciones judiciales, como elemento constitutivo del debido proceso, la SCP 0632/2012 de 23 de julio, estableció que: ʽ…uno de los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa; y, b) por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el decurso de la causa’; razonamiento que nos permite concluir que la congruencia, se traduce en la respuesta expresa a las pretensiones formuladas por las partes, atendiendo todos y cada uno de los puntos en los cuales se sustenta una acción o recurso y que constriñe a la autoridad que los conoce a contestar y absolver cada una de las alegaciones presentadas, debiendo, además de ello, establecer una armonía lógico-jurídica entre la fundamentación y valoración efectuadas por el juzgador y la decisión que asume” (las negrillas nos corresponden). De lo señalado se concluye que la congruencia como elemento del debido proceso, responde a la estructura misma de una resolución, por el cual, toda autoridad administrativa, está obligada a contestar y absolver cada una de las pretensiones expuestas por las partes en su recurso, lo que implica que el fallo emitido debe responder a la pretensión jurídica y expresión de agravios formulados por las partes, y la concordancia que debe existir en todo el contenido de la respectiva resolución, cuyos considerandos y razonamientos deben guardar la debida coherencia y armonía. Respecto a la fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, significa que la autoridad que emite una resolución, debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes, realizar una exposición clara de los aspectos fácticos, describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso; empero, la motivación de una resolución que resuelve cualquier conflicto jurídico o administrativo, no necesariamente implica que su exposición deba ser ampulosa o abundante con consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, pues al contrario como se dijo anteriormente una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre todos los puntos demandados, donde la autoridad administrativa o en su caso jurisdiccional, exponga de forma clara cuales las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, adecuados o subsumidos a la fundamentación legal y citando para ello las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución.
Al respecto, la SCP 0949/2019-S2 de 15 de octubre, señaló que: “La comisión de un hecho delictivo y su correspondiente denuncia o descubrimiento, constituye el germen del proceso penal, y la víctima es la persona a quien el Estado debió proteger, para impedir que en su contra se consumara el atentado al bien jurídico tutelado; de ahí, que si bien la protección de los derechos del acusado es fundamental dentro del proceso penal; empero, también es necesario precautelar los derechos de la víctima; por ello, no puede dejar de abordarse el problema jurídico material que dio inicio al proceso penal, equilibrando los derechos del imputado y de la víctima, en particular, en delitos de violencia contra la mujer; en los cuales, el Estado, a través de las instancias de investigación, de acusación y de juzgamiento, tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, en el marco de las normas constitucionales y los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos. En ese marco, es importante desarrollar los derechos de las víctimas en un Estado Constitucional, y de manera concreta, el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y el consiguiente deber del Estado y la sociedad, de eliminar toda forma de violencia en razón de género” (las negrillas son añadidas).
Con referencia a los derechos de las víctimas de un delito, la precitada SCP 0949/2019-S2 reiterando el entendimiento de la SC 0815/2010-R de 2 de agosto, señala que: “…la Constitución Política del Estado vigente, asume una nueva visión de protección a las mismas; pues, si bien el Estado asume el ius puniendi -poder punitivo-, cobran importancia trascendental los derechos de la víctima; pues, conforme al art. 121 de la CPE, tiene derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. Asimismo, la indicada SC 0815/2010-R, hizo referencia a la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia Para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985.
Dicha Declaración, establece los derechos de las víctimas, entre ellos, el acceso a la justicia y trato justo; según el cual:
Acceso a la justicia y trato justo
4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.
En el marco de dicho derecho, la referida Declaración señala también que:
6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas:
a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información;
b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente;
c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial;
d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia;
e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. (…) [las negrillas son agregadas].
A partir de dichas normas, la SC 0815/2010-R antes citada, concluyó que el derecho procesal penal, no solo debe operar como manifestación del poder sancionador del Estado, a favor del incriminado, sino, que debe procurar también por los derechos de la víctima, haciendo: “…compatibles los intereses de ambos sujetos procesales, pues, el perjudicado con el delito no puede convertirse en una pieza suelta e ignorada por la política criminal del Estado ya que, como se ha explicado, los derechos de los sujetos procesales constituyen valores y principios reconocidos por la Constitución Política…”.
En la misma línea, la SC 1388/2011-R de 30 de septiembre, señala que todo hecho punible, genera una colisión entre las garantías fundamentales de la víctima, del imputado, y en último término, de la sociedad; por ello:
…se requiere lograr un justo equilibrio entre los derechos constitucionales de la víctima y las garantías procesales del imputado, que naturalmente nadie niega y todos deben respetar; así encontramos entre los valores en el que se sustenta el Estado Plurinacional, el ‘equilibrio’ y ‘el bienestar común’ reconocidos por el art. 8.II de la CPE; valores éstos que forman parte del concepto ‘buen vivir’ y del modelo Boliviano de ‘Estado de Derecho del vivir bien’, asumiendo el Estado una responsabilidad fundamental (las negrillas son incorporadas).
En el marco de la jurisprudencia anotada precedentemente, es evidente que, en las diferentes acciones de defensa, que llegan a conocimiento de la jurisdicción constitucional, emergentes de procesos penales, no se debe pasar por alto el equilibrio que se busca entre los derechos del imputado y de la víctima; especialmente, cuando éstos se encuentran en conflicto. En ese sentido, ya sea que la acción de defensa sea presentada por la víctima o por el imputado, este Tribunal debe considerar los derechos de la otra parte dentro del proceso penal; y por ende, sus resoluciones no pueden limitarse a analizar el problema jurídico planteado en la acción de defensa de manera unilateral, sino también, examinando el contexto y los derechos en conflicto, cuando corresponda; más aún, tratándose de los casos de violencia hacia las mujeres, en los cuales, se deben aplicar los estándares internacionales e internos para la tutela de sus derechos, conforme se analizará en el siguiente fundamento” (el resaltado nos corresponde).
Al respecto la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, señaló que: “La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural, resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; ya que en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad.
Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fueron transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello, nos demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades, y que el Estado no puede desatender.
Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, establece: “…la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos…”. Asimismo, señala que esta clase de violencia:
…constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto de hombre.
Esta Declaración, entiende por violencia contra la mujer, a todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada.
Así los Estados Partes; por una lado, deben identificar los actos que constituyen violencia y su carácter vulnerador de los derechos humanos; y por otro, su procedencia específica de las pautas culturales, en concreto, de la visión patriarcal, que atribuye diferentes características y roles a mujeres y varones, ubicándolos en una jerarquía distinta, en la que el varón ostenta un lugar superior, mientras se perpetúa la condición inferior que se le atribuye a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad.
Estos elementos fueron evidentes para el constituyente boliviano, incidiendo en el reconocimiento de derechos; de modo tal, que la Constitución Política del Estado, contienen en su catálogo de derechos fundamentales, específicamente en el art. 15, la disposición que señala:
I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual (…)
tanto en la familia como en la sociedad;
III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…) tanto en el ámbito público como privado (…) [el resaltado es adicionado].
El reconocimiento de los derechos a la integridad física, psicológica y sexual; y, a una vida digna, no podría adquirir efectividad en un escenario de violencia; razón por la que, se requiere del Estado, acciones positivas -medidas legislativas, administrativas, entre otras-, que atenúen esta situación, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los mismos.
Ahora bien, una de las pautas que guían a la justicia constitucional, es el principio de interpretación conforme a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos; por el cual, las normas internas deben ser interpretadas sobre la base no solo del texto constitucional, sino también, de las disposiciones normativas consignadas en los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, a partir de lo dispuesto en los arts. 13 y 256 de la CPE y a la aplicación preferente de los Tratados Internacionales en Derechos Humanos, siempre que el reconocimiento o interpretación que derive de éstos, contenga un estándar de protección más favorable al derecho en cuestión.
En ese marco, a continuación, se anotarán algunos de los estándares más importantes, aplicables al caso, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y las obligaciones que genera para el Estado:
i) Debida diligencia: El Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), supervisa el cumplimiento de las normas contenidas en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la cual, se constituye en el instrumento jurídico internacional del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que significó un importante avance en el reconocimiento de la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres.
El CEDAW, emitió la Recomendación General 19 de 29 de enero de 1992 -sobre La Violencia Contra la Mujer-; la cual, afirma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, que impide gravemente que ésta, goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre; y que dicha violencia, conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres, y cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas.
El mismo CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el Acceso de las Mujeres a la Justicia, encomendó a los Estados a ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar.
Por su parte, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), en su art. 7, establece, entre otras, las obligaciones de los Estados de:
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (…) [las negrillas son añadidas].
Asimismo, el Estado boliviano al ratificar la Convención de Belém do Pará, mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994; por ende, asume la norma de la debida diligencia; en ese sentido, la violencia hacia la mujer es un asunto que compromete y responsabiliza al mismo, que está obligado a realizar acciones -legislativas, administrativas y judiciales- para prevenir, intervenir, erradicar y sancionar los diferentes tipos de violencia ejercidos contra la mujer, entre ellos, la violencia en la familia. Para ello y como punto de partida, se dejó atrás aquella postura pasiva, en la cual, se sostenía que por principio, todas las cuestiones relativas a la familia formaban parte de la esfera privada de sus integrantes, y por lo tanto, estaban exentas de toda intromisión estatal.
En Bolivia, esta problemática inicialmente fue abordada desde la perspectiva privada, a partir de la promulgación de la Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica -Ley 1674 de 15 de diciembre de 1995-.
Posteriormente, a través de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, dada la gravedad e intensidad de la violencia contra la mujer, se visibiliza a la misma como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, en el marco de lo dispuesto en su art. 3.I, que tiene el siguiente texto: “El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género”.
La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones internacionales, define como tareas específicas coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres, tanto en el nivel central como con las entidades territoriales autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género, que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad.
ii) Protección a las víctimas: El CEDAW, en la referida Recomendación General 19, señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de agresión contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos, para que apliquen la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer .
Por otra parte, la Convención de Belém do Pará, en el art. 7.d. y f. establece que los Estados tienen el deber de:
d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; (…)
f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; (…) [las negrillas son nuestras].
iii) Sensibilidad de la justicia por temas de género -perspectiva de género-: El mencionado CEDAW, en la citada Recomendación General 33, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; asimismo, hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia; y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género;
y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso.
En el mismo sentido, la Convención de Belém do Pará, en su art. 8, establece que los Estados Partes deben adoptar, entre otras, medidas específicas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, para contrarrestar prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas, que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer, que legitiman o exacerban la violencia contra la misma; así, como para fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal, a cuyo cargo esté la concreción de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
En el marco de lo anotado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Gonzáles y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, en la Sentencia de 16 de noviembre de 2009, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, estableció que debían removerse todos los obstáculos de jure o de facto -de derecho y hecho- que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales; además, que debía incluirse una perspectiva de género en la investigación.
Por ende, en los procesos penales, la perspectiva de género debe ser adoptada desde el inicio de la etapa preparatoria, tanto en el control jurisdiccional como en la fase de la investigación.
iv) Reparación integral a la víctima: El CEDAW, también recomienda a los Estados Partes, establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos; atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos, que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-.
Por su parte, la Convención de Belém do Pará, señala en su art. 7.g, la obligación para los Estados de establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia, tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Por tanto, la protección que otorgan los Estados, a través de este instrumento internacional, se extiende a los distintos momentos en los que se identifiquen indicios de violencia que afecta el ejercicio de los derechos de las mujeres, pero va más allá, ya que la simple sanción al agresor no resulta suficiente; pues lo que se busca, es la reparación y compensación justa del daño causado, superando la naturaleza sancionadora del hecho de violencia, encaminándose hacia un enfoque integral para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. Todo lo cual, representa la obligación de los Estados de adecuar sus estructuras orgánicas, procesos y procedimientos; y, de armonizarlos con la Convención de Belém do Pará; lo cual, aconteció con la Ley 348 en el caso boliviano, conforme se analizará en el punto siguiente” (las negrillas corresponden al texto original).
Con relación al mismo, el señalado fallo constitucional, indicó que: “Los estándares anotados en el anterior Fundamento Jurídico, deben guiar la actuación de las y los servidores públicos de las diferentes instituciones y órganos del Estado, siendo necesario resaltar al estándar de la debida diligencia; pues, se generaron normas de desarrollo internas, contenidas en la Ley 348, que deben ser aplicadas de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género.
Así, la Ley 348, en el Título IV sobre Persecución y Sanción Penal, en el Capítulo I, hace referencia a la denuncia, estableciendo específicamente en su art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellas:
ARTÍCULO 45. (GARANTÍAS). Para asegurar el ejercicio de todos sus derechos y su efectiva protección, el Estado garantizará a toda mujer en situación de violencia: (…)
3. El acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de las autoridades ordinarias o indígena originario campesinas y afrobolivianas. (...)
7. La protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la investigación del hecho.
8. La averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia. (…) [las negrillas son añadidas].
La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones -del mismo Título I-, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante; norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razón género dentro del ámbito público y no privado; por ello, aún la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público; pues, dichas afirmaciones vulneran no solo la norma expresa contenida en el citado art. 59 de la Ley 348, sino también, el principio de la debida diligencia; la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres; y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
De igual modo, en el Capítulo III sobre Persecución Penal -del referido Título I-, específicamente en el art. 61 de la Ley 348, se determina que además de las atribuciones comunes establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones, entre otras, las siguientes medidas:
1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito.
2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad.
3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción (el resaltado es agregado).
Por otra parte, en el Título V sobre Legislación Penal, en el Capítulo III, específicamente en el art. 86 de la Ley 348, se establecen los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que:
ARTÍCULO 86. (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales:
1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortes, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas.
2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento.
3. Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales.
4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad.
5. Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima.
6. Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos.
7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia.
8. Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización.
9. Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables.
10. Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente.
11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple.
12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público.
13. Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas.
14. Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho.
15. Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia (el resaltado es nuestro).
En el mismo Capítulo III -del referido Título V-, respecto a las directrices de procedimiento, en el art. 87.4 de la referida Ley 348, se dispone que en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos (IOC), se aplicarán, entre otras, la siguiente directriz: “Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres” (el resaltado es nuestro).
Esta obligación se complementa con lo previsto en el art. 90 de la Ley 348, que determina que todos los delitos contemplados en el referido cuerpo normativo, son de acción pública; de ahí, el deber no solo de perseguir de oficio, sino también, de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de los hechos de violencia hacia las mujeres; obligación, que se refuerza con lo previsto por el art. 94 de dicha Ley 348, que con el nombre de Responsabilidad del Ministerio Público, señala que:
Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización.
En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención.
La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo (las negrillas son añadidas).
De lo anotado, se concluye que en el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la misma, la prohibición de revictimización y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima.
Además, cabe señalar, que en la adopción de medidas cautelares, se debe privilegiar la protección y seguridad de la mujer durante la investigación; entendimiento que ya fue plasmado en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, que al momento de establecer los criterios de peligro para la víctima, contenidos en el art. 234.10 del CPP, señaló en su Fundamento Jurídico III.2, que:
a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante” (el resaltado corresponde al texto original).
Al respecto, la señalada Sentencia Constitucional Plurinacional, refirió que: “Los principios y garantías procesales a favor de las víctimas mujeres de violencia, que fueron descritos en el anterior Fundamento Jurídico, no solo se aplican a los procesos penales, sino, como manda la misma Ley 348, a todas las causas por hechos de violencia contra las mujeres, en todas las materias; consiguientemente, también en la justicia constitucional; pues, en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano.
Entendimiento, que es coherente con el principio de verdad material contemplado en el art. 180.I de la CPE, a partir del cual, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la o el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos, encontrando la verdad de los hechos, por encima de mecanismos formales o procesales; con la finalidad que las partes, accedan a una justicia material, eficaz y eficiente. Así, la SCP 1662/2012 de 1 de octubre[6], entendió en el Fundamento Jurídico III.3, que el contenido del principio de verdad material:
…implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja, parcialice o distorsione la percepción de los hechos a la persona encarga de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta e irrazonable que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos de aplicar, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal (el resaltado es ilustrativo).
El principio de verdad material no solo es predicable respecto a las o los jueces, sino, que como todo principio, se irradia hacia la actividad de las y los diferentes operadores jurídicos, cuyas actuaciones se enmarcan en la debida diligencia, en el marco de los estándares de la Corte IDH y lo previsto expresamente por el art. 86.11 de la Ley 348; según el cual, las decisiones administrativas o judiciales, que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, deben considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple.
En mérito a lo anotado, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, considera que en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia”.
A través de la presente acción de amparo constitucional, la accionante denunció la lesión de los derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, a una vida libre de violencia, a la integridad y psicológica, al acceso a la justicia vinculado con el deber de la debida diligencia en la investigación, sanción y reparación de las víctimas por violencia de género; en virtud a que, las autoridades demandadas mediante Auto de Vista 374/2022, determinaron declarar fundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción interpuesta por el procesado; por lo que, al haberse dispuesto la extinción de la acción penal, se ordenaron el archivo de obrados. Fallo que fue emitido sin una debida fundamentación, motivación y congruencia; por cuanto: a) Se pronunció con ausencia de enfoque de género, siendo que en los casos de extinción de la acción penal por prescripción, debe efectuarse una ponderación de derechos entre las partes, adoptando una perspectiva de género para determinar la preferencia condicionada de unos derechos frente a otros, pues no es suficiente un análisis matemático del plazo al existir derechos contrapuestos que deben ser ponderados, más aún cuando la norma contenida en el art. 7 de la Convención Belem do Pará exige el deber de actuar con la debida diligencia para sancionar y reparar los casos de violencia en razón de género contra las mujeres; b) No se tomó en cuenta lo previsto por el art. 34 del CPP, que establece que en materia de prescripción, tendrá aplicación preferente los Pactos y Convenios Internacionales sobre los Derechos Humanos; en consecuencia, era obligación analizar los estándares establecidos sobre la prescripción tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano de derecho humanos y la jurisprudencia interna; y, c) Carece de lógica interna, ya que se expresó como fundamento de la prescripción, el derecho a un plazo razonable, pero luego se determinó que los elementos para considerar la lesión a ese derecho no pueden ser analizados. En ese entendido, de acuerdo a lo descrito en las Conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene que, dentro del proceso penal seguido por Fabiola Medina Navía –ahora accionante– en contra de Edwin Jorque Salazar Mostajo –hoy tercero interesado–, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, habiendo este último presentado excepción de extinción de la acción penal por prescripción, se celebró audiencia de consideración el 23 septiembre de 2022 donde el acusado argumento su excepción; acto procesal en el cual resolviendo la indicada excepción de extinción de la acción penal por prescripción, los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca –ahora demandados– emitieron el Auto de Vista 374/2022 de 23 de septiembre, por el que determinaron declarar fundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción; por lo que, al haberse dispuesto la extinción de la acción penal, se ordenó el archivo de obrados (Conclusiones II.1 y 2). Ante tal circunstancia, la accionante interpuso la presente acción de defensa, en contra de los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, quienes emitieron el Auto de Vista 374/2022; fallo que ahora considera lesivos a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; por lo que, solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo la nulidad del indicado Auto de Vista, debiendo emitirse una nueva resolución respetando las normas y estándares que conforman el bloque de constitucionalidad aplicando una perspectiva de género. Establecidos los antecedentes procesales y en consideración al argumento del incumplimiento del principio de inmediatez expuesto por Vocales demandados en sus informe escrito y por el tercero interesado en audiencia pública de consideración de esta acción tutelar, con carácter previo a resolver el fondo de la problemática planteada por la accionante, corresponde referirse al citado principio con relación a la presentación de esta acción de defensa, por tratarse de un requisito de procedencia. En ese sentido, se tiene que, considerando lo dispuesto en el art. 129.II de la CPE, se tiene que la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial; norma jurídica que guarda cierta similitud con la comprendida en el art. 55.I del CPCo, que establece igual plazo para la interposición de la indicada acción de defensa, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho. Por ello, para la aplicación del principio de inmediatez debe considerarse que si el acto u omisión ilegal o indebido que restringió, suprimió o amenazó con restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y la ley afecta de una persona, el plazo de los seis meses para presentar la acción de defensa debe computarse a partir de la notificación personal al afectado. En ese contexto, en el presente caso, de la revisión de la diligencia de notificación cursante a fs. 31, se evidencia que la accionante Fabiola Medina Navía fue notificada con el Auto de Vista 374/2022 que ahora cuestiona a través de esta acción de defensa, el 18 de octubre de 2022, por lo que el plazo de los seis meses para interponer esta acción de amparo constitucional vencía el 18 de abril de 2023. En consecuencia, al interponer la impetrante de tutela presente acción de amparo constitucional el 6 de igual mes y año, se advierte que la misma fue planteada dentro del plazo de los seis meses previstos por los arts. 129.II de la CPE y 55.I del CPCo, cumpliendo así con el principio de inmediatez que rige a esta acción tutelar; correspondiendo en consecuencia, ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En ese entendido, a los fines de dilucidar si en efecto existe falta de fundamentación, motivación y congruencia denunciada, siendo que la accionante denuncia en su memorial de esta acción tutelar, la lesión a su derecho a una resolución fundamentada, motivada y congruente, teniéndose que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional transcrita en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el debido proceso tiene como uno de sus componentes la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones que dilucida cualquier conflicto jurídico o administrativo, entendido éste como la obligación que se impone a toda autoridad a que motive y fundamente adecuadamente sus fallos, mencionando las razones de hecho y derecho, base de sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, no siendo exigible una exposición necesariamente amplia de consideraciones y citas legales, pero tampoco una mera relación de los documentos o mención de los requerimientos de las partes, sino debe contener una estructura de forma y de fondo que integre todos los puntos demandados y que permita comprender los motivos de la determinación asumida de forma concisa y clara. En ese marco, corresponde ahora desglosar los fundamentos esgrimidos en el Auto de Vista 374/2022 hoy cuestionado por la impetrante de tutela en su demanda de acción de amparo constitucional, por el que los Vocales hoy demandados determinaron declarar fundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción; por lo que, al haberse dispuesto la extinción de la acción penal, se ordenó el archivo de obrados; ello con base a los siguientes fundamentos: 1) El delito de violencia familiar o doméstica, es un delito instantáneo debido a que, se ha consumado en el momento en el que Edwin Jorge Salazar Mostajo agredió físicamente a Fabiola Medina Navia, hecho delictivo ocurrido en fecha 1 de abril de 2017; por lo que, el cómputo para la prescripción de este delito, debe empezar a computarse desde la media noche del día en que fue cometido el delito, conforme a la regla contenida en el art. 30 del CPP, teniendo como base el principio de legalidad, como garantía de la seguridad jurídica. Por lo relacionado, se tiene que, desde el 2 de abril de 2017 a la fecha de la presentación de la excepción de extinción de la acción penal por prescripción por Edwin Jorge Salazar Mostajo, ocurrido el 5 de septiembre de 2022, trascurrieron más de cinco años, como exige el numeral 2 del art. 29 del CPP. 2) Por otro lado, y respecto a la interrupción y suspensión del término de la prescripción, de acuerdo al art. 31 del CPP, la única manera de que se interrumpa el término de la prescripción, es que se haya declarado la rebeldía del procesado, circunstancia que no aconteció; por lo que no se dio la señalada causal de interrupción. Por otro lado, con relación a la suspensión del término de la prescripción, contenida en el art. 32 del citado Código, ya que consta en el REJAP, que no se resolvió ninguna suspensión condicional del proceso, por otro lado, no demostró que exista alguna cuestión prejudicial planteada, ni cualquier forma de antejuicio, o que exista la conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa el inicio del proceso; finalmente, el delito de violencia familiar o doméstica, no es un delito que cause alteración del orden constitucional o impidan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente constituidas, mientras dure ese estado. 3) La denuncia no es motivo para la interrupción del término de la prescripción, así como, no es aplicable la teoría del no plazo, que solo aplicable a la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, extinción en la que por sus características, se ven temas como las vacaciones, instructivos, suspensiones de audiencias, conducta asumida por el acusado, circunstancias que no se analizan en la excepción de la extinción de la acción penal presentado por el acusado Edwin Jorge Salazar, debido a que, en la línea jurisprudencial desarrollada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, por el principio de legalidad, las únicas formas en que se puede disponer la interrupción y la suspensión del término de la prescripción, son las causales contenidas en los art. 31 y 32 del CPP. En ese contexto, se evidencia que efectivamente las autoridades ahora demandadas, al emitir el Auto de Vista 374/2022, se limitaron a efectuar una exposición de las normas que rigen y regulan el instituto de la extinción de la acción penal por prescripción, y a realizar únicamente un cómputo matemático del vencimiento del plazo para la prescripción del delito, para luego determinar que la acción penal prescribió, por el transcurso del tiempo, por la no existencia de una causal de interrupción, ni suspensión del término de la prescripción, previstos por el art. 31 y 32 del CPP; fundamentación que resulta subjetiva y formalista pues no consideraron en sus fundamentos la obligación de juzgar con perspectiva de género, y de efectuar una ponderación de derechos entre las partes, para determinar la preferencia condicionada de unos derechos frente a otros, en desmedro de la protección reforzada que debe brindar todas las instancias del Estado a las víctimas de violencia de género; ya que, en los casos en que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, como ocurre en el presente caso, conforme establece la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es necesario efectuar un análisis integral del problema jurídico, analizando los derechos de todas las partes como de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; así, deberá realizarse una ponderación entre los derechos al debido proceso y a la defensa y los derechos a la vida, a la integridad física y psicológica; y, a una vida libre de violencia, entre otros, de la víctima de violación (Fundamento Jurídico III.2.1). Conforme al razonamiento establecido en los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.2.3 del presente fallo constitucional, en los supuestos de violencia en razón de género, máxime cuando el bien jurídico protegido es la vida o la integridad física y psicológica de las mujeres, por mandato de la Ley 348 y los estándares internacionales, el Estado tiene la obligación de garantizar que la investigación debe seguirse incluso de oficio; aspectos que nos llevan a colegir que el ejercicio de la acción penal pública -ius puniendi estatal-encargada al Ministerio Público, no puede ser perturbada a ningún título; asimismo, tiene el deber de adoptar medidas especiales de protección a su favor, sobre la base de los principios de protección especial y efectividad, que implican la atención positiva y preferencial; y, la adopción de mecanismos tendentes a lograr la efectividad de sus derechos. En el mismo sentido, tiene que actuar con la adecuada diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, adoptando medidas para asegurar el procesamiento y sanción del agresor, y la reparación integral a la víctima; empero, en el presente caso, la fundamentación y motivación o explicación de las razones jurídicas por las que, en el caso examinado correspondía dar curso a la extinción de la acción penal por prescripción, no contiene una exposición de los parámetros ni estándares desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional y el Sistema Interamericano respecto al análisis y resolución con perspectiva de género, teniendo en cuenta que se trata de resolver una excepción extintiva en relación a un delito de violencia que atenta contra la vida, la integridad física y psicológica, cuya víctima es una mujer, razón por la cual los operadores de justicia tienen el deber de procesar estos hechos de acuerdo al marco legal de la materia, ya que al no hacerlo, negarían el derecho de acceso a la justicia de la víctima, contribuyendo a que estos hechos queden impunes, en desconocimiento de la prioridad nacional declarada por el Estado de erradicar toda violencia en razón de género y el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia (Fundamento Jurídico III.2.2). Así también, tal como señaló la autoridad constitucional en la resolución venida en revisión, quien tuvo acceso íntegro al expediente del proceso penal; se tiene la existencia del Auto de 17 de junio de 2022 por el que se justificó y dispuso en el marco del art. 130 del CPP, la suspensión del cómputo de plazos en el proceso, por cuyo efecto la Sentencia recién fue notificada el 4 de junio de 2021; que si bien como se refirió las causales de suspensión del cómputo del plazo se encuentran estipulado en el art. 32 del CPP, cuyo numeral 1 se refiere a la suspensión de la persecución penal, que no es lo mismo a una suspensión dispuesta por las circunstancias anotadas en el Auto de 17 de junio de 2022; empero, esta última por tratarse de una suspensión del proceso, debió merecer un análisis y pronunciamiento en el marco de la debida diligencia a la cual se obligó el Estado como parte de la política para investigar, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres; por lo que, la fundamentación y motivación efectuada en el fallo ahora cuestionado, no contiene un análisis y explicación de las razones jurídicas desde una perspectiva de género y la debida diligencia. En ese entendido, se evidencia que los Vocales demandados, efectivamente al declarar fundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, no tomaron en cuenta lo previsto por el art. 34 del CPP, que establece que en materia de prescripción, tendrá aplicación preferente los Pactos y Convenios Internacionales sobre los Derechos Humanos; y en consecuencia, no consideraron los derechos y las garantías de la víctima, siendo que al tratarse de un proceso penal por un delito relacionado a la violencia física y psicológica hacia las mujeres, debe considerarse los criterios reforzados de protección contenidos tanto en nuestra Constitución Política del Estado como en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos respecto a mujeres víctimas de delitos; razón por la cual, no es posible pretender limitar la labor de las autoridades demandadas al art. 398 del CPP en los casos de violencia de género, ante una evidente vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales de las víctimas, en observancia de los principio de informalidad y accesibilidad, la aplicación preferente de derecho y de la norma, estipulados por la Ley 348, como pretenden los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en su informe presentados en esta acción de defensa (acápite I.2.2 del presente fallo constitucional) al señalar que no podían pronunciarse sobre temas no debatidos en la señalada audiencia de consideración de la excepción de la extinción de la acción penal por prescripción, más aun tomando en cuenta que la ahora accionante en su calidad de víctima en dicho acto procesal, sí pidió a la autoridades hoy demandadas se declare infundado la señalada excepción y “…se aplique dentro esa valoración una perspectiva de género, ya que es más que evidente que el incidentista está haciendo un uso abusivo de la ley a fin de dilatar el presente proceso” (sic [fs. 45]); además, es obligación del operador de justicia de actuar con la debida diligencia, en el marco de las normas constitucionales y los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos; sin embargo, en el presente caso, no se realizó una adecuada y necesaria ponderación de los principio de legalidad, proporcionalidad, jerárquica normativa y el debido proceso, entre otros, al aplicar preceptos legales formalistas de manera aislada, sin enmarcarlo al sistema jurídico normativo vigente orientado en el presente caso a la prevención, protección y sanción de los delitos de violencia de género y generacional en el marco del estándar de la debida diligencia, así como la aplicación de la Ley 348 ante el Código de Procedimiento Penal y los principio de informalidad y accesibilidad que estipula la indicada Ley a tiempo de resolver la indicada excepción, generando un estado de indefensión a las víctimas de violencia a que además son pertenecientes a grupos vulnerables en función a su género. En ese entendido, siendo evidente lo denunciado por la accionante a través de esta acción de defensa, corresponde en el presente caso, conceder la tutela impetrada al advertir la lesión del debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones, vinculado al principio/garantía de seguridad jurídica.
Por consiguiente, la Sala Constitucional, al haber concedido en parte la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 061/2023 de 26 de mayo, y el Auto 145/2023 de 5 de junio, cursantes de fs. 77 a 81; y, 92 a 93, respectivamente, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia: 1° CONCEDER en su totalidad la tutela impetrada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; y, 2° Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista 374/2022 de 23 de septiembre, debiendo los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pronunciar un nuevo Auto de Vista de acuerdo a los fundamentos asumidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0843_2023-S4.pdf · páginas 1 a 33.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2c565b9836a5e42514ff6a098a8bae871f9c26d805583b60a5bd8fb76a106a9b
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