B.IA.LEGAL

SCP 0842/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de agosto de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
4 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
53886-2023-108-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la salud; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de avasallamiento, presentó diversas solicitudes ante el Fiscal de Materia demandado, en particular el 9 y 10 de enero de 2023; sin embargo, en el sistema JL2 no constan respuestas a los memoriales presentados el 3 y 10 de febrero del mismo año, mediante los cuales solicitó la realización de una valoración médica, así como la emisión de informes psicosocial y sobre su estado de salud física, considerando que es una persona adulta mayor con afecciones médicas. Dichas solicitudes no fueron atendidas por la autoridad fiscal demandada, quien, además, incumplió su deber de registrarlas oportunamente en el sistema, omitiendo tomar en cuenta su condición de adulto mayor y su delicado estado de salud. Ante ello, el Fiscal de Materia demandado señala que, la investigación se inició el 5 de diciembre de 2022 y se encuentra en etapa preliminar, alegando que sí se dio respuesta a los memoriales cuestionados, pero que estos no fueron cargados al sistema debido a la falta de personal y a las funciones simultáneas que desempeña en otros distritos. En el caso presente, no se cumplió con el principio de subsidiariedad, ya que no se agotaron las vías ordinarias correspondientes. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 40/2023 de 12 de febrero, cursante de fs. 16 a 18, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz;

y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad frente a omisiones del Ministerio Público en etapa preparatoria
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0842/2025-S2 Sucre, 4 de agosto de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 53886-2023-108-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 40/2023 de 12 de febrero, cursante de fs. 16 a 18, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Andrés Salvador Vaca Bollati y Noel Arturo Vaca López en representación sin mandato de Gregorio Durán Huanca contra Javier Berthy Huanca Yujra, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de febrero de 2023, cursante de fs. 9 a 10, el accionante, a través de sus representantes sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de avasallamiento iniciado por José Santos Fernández Quispe y otros, presentó como medio de defensa la adhesión a la objeción de querella y la excepción de falta de acción, puesto que no fue promovida legalmente por el Ministerio Público. Al momento de los hechos, se encontraba en otro lugar -en la comunidad de Yolosa cercana a Coroico-; pese a ello, fue sometido al presente proceso, aun existiendo una conminatoria para que Javier Berthy Huanca Yujra, Fiscal de Materia -ahora demandado- presente requerimiento conclusivo de la investigación preliminar. Se presentó varias veces ante esta autoridad, específicamente el 9 y 10 de enero de 2023, cuando se encontraba trabajando a puertas abiertas.

En el sistema Justicia Libre (JL2) del Ministerio Público, existen solo cinco actividades cargadas, las dos solicitudes de 3 y “9” -lo correcto es 10- de febrero de 2023, no merecieron respuesta alguna: a) La primera solicitud estaba dirigida a obtener una valoración médica ante la Dirección del Hospital CIS Guanay y un informe psicológico social de la Unidad del Adulto Mayor del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Guanay del departamento de La Paz; y, b) La segunda, a que el Médico Forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) emitiera un informe médico legal sobre su estado de salud física, ya que es una persona adulto mayor con afecciones de salud; empero, la autoridad fiscal demandado se negó atender las dos solicitudes, incumpliendo la SCP 0442/2021-S3 de 10 de agosto, que establece que, en el Ministerio Público se debe cargar sin demora al portafolio digital todos los documentos del cuaderno de investigaciones, especialmente los vinculados a medidas cautelares, para garantizar el acceso de las partes y evitar dilaciones o vulneraciones de derechos. En consecuencia, corresponde la aplicación de la subsidiariedad excepcional, en atención a la condición como persona adulto mayor y problemas de salud.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la salud, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga: “…SEAN REQUERIDAS DE MANERA INMEDIATA LAS SOLICITUDES ELECTRONICAS ENVIADAS A SISTEMA JL2 YA QUE SON ACTOS PROPIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 12 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 14 a 15 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Javier Berthy Huanca Yujra, Fiscal de Materia, por informe escrito cursante de fs. 5 a 6, sostuvo que: 1) Ejerció la suplencia legal desde el 3 de febrero de 2023; sin embargo, la investigación se inició el 5 de diciembre de 2022.

Actualmente, el proceso se encuentra en etapa preliminar, pendiente de realización de actos investigativos correspondientes; 2) La acción de tutela se fundamentó en la supuesta falta de respuesta a los memoriales presentados el 3 y 10 de febrero de 2023; no obstante, dichos memoriales ya fueron respondidos mediante los decretos respectivos, tal como se acredita en el Formato de Documento Portátil (PDF) adjunto. La falta de registro en el sistema JL2 se debió a la carencia de personal y a que ejerce la función de Fiscal de Materia titular en Caranavi y en suplencia legal en Palos Blancos; y, 3) En este caso, no se cumplió con el principio de subsidiariedad, ya que el accionante no agotó previamente los mecanismos ordinarios disponibles. Por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 40/2023 de 12 de febrero, cursante de fs. 16 a 18, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que, mientras no se emita una resolución conclusiva de la etapa preliminar, corresponde considerar la solicitud del accionante, quien requirió la emisión de un requerimiento para la valoración médica por un profesional especialista en la localidad de Guanay. Por ello, es necesario que el Fiscal de Materia demandado se pronuncie al respecto en el plazo de veinticuatro horas desde su notificación con la presente Resolución, con base en los siguientes fundamentos: i) El Fiscal de Materia demandado adjuntó dos memoriales con sus proveídos de 7 y 10 de febrero de 2023; sin embargo, en audiencia se reclamó que en el sistema JL2 no figuran las respuestas a los memoriales presentados de 3 y 10 de igual mes y año. También alegó que, debido a que recién asumió el cargo y enfrenta una alta carga laboral, los mismos no han podido subirse a dicho sistema; no obstante, debe cumplirse con los plazos procesales y responder oportunamente todo requerimiento. La prueba aportada por el impetrante de tutela mostró la ausencia de dichos proveídos; ii) A través de Auto Interlocutorio 035/2023-P de 24 de enero, se conminó a William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz instruya se emita el respectivo requerimiento conclusivo de la etapa preliminar; empero, en su proveído de 7 de febrero de 2023, el Fiscal de Materia demandado solo señaló que se está a los plazos procesales y a los datos de investigación, sin que se pueda tener certeza de si el requerimiento conclusivo fue efectivamente emitido; y, iii) El accionante solicitó la emisión de un requerimiento para una valoración médica y la expedición de un certificado médico forense, debido a dolencias que alega padecer. Esta solicitud no fue atendida, pese a tratarse de derechos vinculados a la salud y la vida, especialmente relevantes tratándose de una persona adulta mayor, conforme al art. 67 de la Constitución Política del Estado (CPE).

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Auto Interlocutorio 035/2023-P de 24 de enero, mediante la cual el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, conminó a William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, para que instruya al Fiscal de Materia asignado al caso emita el respectivo requerimiento conclusivo, dentro del plazo de cinco días a partir de su notificación (fs. 1 a 2).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la salud; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de avasallamiento, presentó diversas solicitudes ante el Fiscal de Materia demandado, en particular el 9 y 10 de enero de 2023; sin embargo, en el sistema JL2 no constan respuestas a los memoriales presentados el 3 y 10 de febrero del mismo año, mediante los cuales solicitó la realización de una valoración médica, así como la emisión de informes psicosocial y sobre su estado de salud física, considerando que es una persona adulta mayor con afecciones médicas. Dichas solicitudes no fueron atendidas por la autoridad fiscal demandada, quien, además, incumplió su deber de registrarlas oportunamente en el sistema, omitiendo tomar en cuenta su condición de adulto mayor y su delicado estado de salud. Ante ello, el Fiscal de Materia demandado señala que, la investigación se inició el 5 de diciembre de 2022 y se encuentra en etapa preliminar, alegando que sí se dio respuesta a los memoriales cuestionados, pero que estos no fueron cargados al sistema debido a la falta de personal y a las funciones simultáneas que desempeña en otros distritos. En el caso presente, no se cumplió con el principio de subsidiariedad, ya que no se agotaron las vías ordinarias correspondientes. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad frente a omisiones del Ministerio Público en etapa preparatoria

La SCP 0332/2025-S3 de 8 de mayo, estableció que: “El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre el principio de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existen medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringida, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el Juez de Instrucción Penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional. Dicho entendimiento fue ratificado en el marco de la Constitución Política del Estado vigente; así, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, ratificó el entendimiento anotado, señalando que en caso de actividad procesal defectuosa, el incidente es el mecanismo idóneo de defensa expreso, efectivo, idóneo y oportuno para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso penal, que debe ser agotado antes de acudir a la tutela constitucional, entendimiento que fue confirmado en la SCP 0004/2012 de 13 de marzo. Por su parte, la SC 0636/2010-R de 19 de julio que fue pronunciada dentro de una acción de amparo constitucional, señaló que las resoluciones pronunciadas en incidentes de actividad procesal defectuosa pueden ser apeladas incidentalmente durante la etapa preparatoria y/o a través de la apelación restringida en el juicio oral; y, la SC 1107/2011-R de 16 de agosto, pronunciada en una acción de libertad, exigió el requisito de la apelación incidental contra incidentes por actividad procesal defectuosa, como condición previa para activar ese mecanismo de defensa, siendo la SCP 0001/2012 de 13 de marzo, la primera que confirmó el precedente plasmado en la SC 1107/2011-R. Siguiendo esa línea jurisprudencial la SCP 1907/2012 de 12 de octubre, señaló que cuando la denuncia sea efectuada incidentalmente o suscitada mediante un incidente de actividad procesal defectuosa, el Juez de Instrucción Penal tiene la obligación de pronunciarse de forma fundamentada; resolución que puede ser objeto de apelación incidental. Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril, puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que podían incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implicaba vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el Juez de Instrucción Penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo sistematiza tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad para los casos en los que, en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones. Posteriormente, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, mutó el entendimiento contenido en la SC 0080/2010-R y sostuvo que si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponde a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una indebida privación de libertad; dicho entendimiento fue modulado por la SCP 1888/2013 de 29 de octubre, señalado que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: 1) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, 2) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al Juez de Instrucción Penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber trascurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal. Conforme a la sistematización de la línea jurisprudencial, los actos ilegales u omisiones indebidas que implican actividad procesal defectuosa en la que podrían incurrir los órganos de persecución penal -fiscales y policías-, lesivos a derechos fundamentales y garantías constitucionales durante la etapa preparatoria, deben ser previamente denunciados ante el Juez de Instrucción Penal, a través de los incidentes de actividad procesal defectuosa, que se constituyen en mecanismos de defensa expresos, efectivos, idóneos y oportunos, contra cuyas resoluciones procede el recurso de apelación incidental. La sistematización realizada fue extraída de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0077/2018-S2 y 0078/2018-S2 SCP 0101/2018-S2, entre otras” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

En el caso de autos, la problemática central radica en la omisión atribuida a Javier Berthy Huanca Yujra, Fiscal de Materia -ahora demandado-, quien, pese a haber recibido dos solicitudes de 3 y 10 de febrero de 2023 de Gregorio Durán Huanca -ahora accionante-: a) Una referida a la realización de una valoración médica especializada; y, b) Otra a la obtención de informes psicosociales. No emitió respuesta ni registró dichas actuaciones en el sistema JL2; tal omisión vulneraría su derecho a la salud, considerando que es una persona adulta mayor y presenta un estado de salud delicado. De acuerdo con el Auto Interlocutorio 035/2023-P de 24 de enero, el proceso penal se encuentra en etapa preparatoria, bajo el control jurisdiccional de Miguel Ángel Careaga Pacajes, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz (Conclusión II.1). Conforme al art. 54.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dicha autoridad ejerce el control de la investigación, incluyendo las actuaciones del Ministerio Público; además, según lo manifestado por el accionante en audiencia de acción de libertad, la causa cuenta con imputación formal.

En ese marco, y conforme a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de tutela se rige por el principio de subsidiariedad excepcional; esto implica que solo procede cuando no existen mecanismos ordinarios idóneos o, existiendo, resultan ineficaces para reparar de forma urgente la amenaza o lesión a derechos fundamentales vinculados a la libertad; por ello, el impetrante de tutela debió acudir previamente ante el Juez de la causa. En causas penales bajo control jurisdiccional, cualquier acto presuntamente lesivo de derechos fundamentales -como en este caso, la omisión del Fiscal de Materia demandado de dar curso a las solicitudes presentadas- debe reclamarse ante el juez competente mediante el incidente de actividad procesal defectuosa, mecanismo expresamente previsto en el ordenamiento procesal penal. Contra las resoluciones que recaigan sobre dicho incidente procede; además, el recurso de apelación incidental, lo que garantice la tutela judicial efectiva; sin embargo, en el presente caso, el accionante no hizo uso de esta vía ordinaria, acudiendo directamente a la jurisdicción constitucional mediante la presente acción de libertad, sin acreditar que el mecanismo previsto fuera ineficaz o que existiera una situación de urgencia inminente que justificara su omisión; sumado a ello, que la sola invocación de su condición de adulto mayor, por sí sola no vincula a cuestiones netamente procesales. En ese sentido, la acción de libertad no constituye un mecanismo alternativo para resolver cuestiones que pueden y deben ser tramitadas dentro del curso regular del proceso penal, como la falta de registro en el sistema JL2 de solicitudes relativas a valoración médica y obtención de informes psicosociales, las cuales, según el demandante, inciden en su derecho a la salud. Sobre este punto, la SCP 0690/2019-S2 de 12 de agosto, estableció que: “…es necesario, para acceder a la tutela, en reclamos de vulneraciones al derecho a la salud, vinculado con el derecho a la vida, el probar, demostrar y acreditar que se está frente a un daño inminente a la vida en los casos en que se alegue que se está restringiendo el derecho a la salud del peticionante de tutela” (las negrillas nos pertenece). No habiéndose probado ni demostrado una situación de urgencia del caso, sin ingresar al análisis de fondo, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 40/2023 de 12 de febrero, cursante de fs. 16 a 18, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz;

y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0842_2025-S2.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7c90709f7630d4062f8a3a86f2139d84ae615de3dc730d4cdff3c6e71fd3eaa6

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