B.IA.LEGAL

SCP 0840/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 23 de julio de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
23 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
67449-2024-135-AL
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, la Jueza ahora accionada rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva del menor de edad -infractor-; no obstante, que ésta correspondía en aplicación del art. 291.I inc. c) del CNNA, por transcurrir más de cuarenta y cinco días sin la presentación de la acusación fiscal. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: i) La abstracción del principio de subsidiariedad excepcional en la acción de libertad respecto a grupos vulnerables -niños, niñas y adolescentes-; ii) La obligación del juzgador de fundamentar y motivar las resoluciones judiciales; iii) Cesación de la detención preventiva de adolescentes en conflicto con la ley; iv) El enfoque interseccional para la protección de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia; y, v) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 52/2024 de 18 de septiembre, cursante de fs. 97 a 101 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en suplencia legal de la Sala Constitucional Segunda del indicado Tribunal; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional, debiendo la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Tinguipaya del departamento de Potosí, adoptar las medidas cautelares personales necesarias para la protección de la víctima, precautelando en todo momento los derechos de la misma.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La abstracción del principio de subsidiariedad excepcional en la acción de libertad respecto a grupos vulnerables -niños, niñas y adolescentes-
  2. III.2. La obligación del juzgador de fundamentar y motivar las resoluciones judiciales
  3. III.3. Cesación de la detención preventiva de adolescentes en conflicto con la ley
  4. III.4. El enfoque interseccional para la protección de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia
  5. III.5. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0840/2025-S1 Sucre, 23 de julio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 67449-2024-135-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 52/2024 de 18 de septiembre, cursante de fs. 97 a 101 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por NN en representación de su hijo menor de edad AA contra Rosse Mary Mamani Flores, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Tinguipaya del departamento de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La parte accionante, por memorial presentado el 17 de septiembre de 2024, cursante de fs. 57 a 65, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el menor de edad AA -accionante- por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal (CP); por Auto Interlocutorio de 23 de julio de 2024, se resolvió dar por acreditados los riesgos procesales de fuga u obstaculización establecidos por el art. 291.I incs. a) y e) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-; posteriormente, el 10 de septiembre de 2024, en aplicación del art. 291 inc. c) del mencionado Código, solicitó la cesación de su detención preventiva; puesto que, el Ministerio Público no presentó la acusación fiscal en su contra, en el plazo de cuarenta y cinco días que fenecía el 6 de ese mes y año. Celebrada la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, el 12 de septiembre de 2024, la Jueza ahora accionada de manera ilegal rechazó dicha cesación, sin considerar los fundamentos jurisprudenciales vinculantes y el principio de legalidad, manteniendo la medida extrema de la detención preventiva contra el menor de edad, cuando correspondía aplicar lo dispuesto por el art. 291.II del CNNA. Asimismo, se solicitó a la citada autoridad judicial una copia del acta de la mencionada audiencia, quien dispuso la entrega; sin embargo, los funcionarios de apoyo jurisdiccional le indicaron que el expediente se encontraba en despacho, advirtiéndose que se encuentra retenido injustificadamente, lo que denota un interés en perjudicarlo. El fundamento para el rechazo de la solicitud de cesación de la detención preventiva del menor de edad AA, fue que el plazo de cuarenta y cinco días que señala el Código Niña, Niño y Adolescente debe ser computado únicamente en días hábiles y según el cómputo de la Jueza ahora accionada, transcurrieron aproximadamente treinta días hasta el 6 de septiembre de 2024; por lo que, a criterio de la mencionada autoridad judicial la acusación fiscal fue presentada dentro del término; en consecuencia, no sería aplicable lo establecido por el art. 291 inc. c) de ese Código. El art. 292 del CNNA, en cuanto al cómputo de plazos no expresa que éstos deben ser computados únicamente en los días hábiles y no los días inhábiles; siendo similar con lo previsto por el art. 130 del Código Procesal Penal (CPP), el cual prevé que: “Al efecto, se computará sólo los días hábiles, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario o que se refiera a medidas cautelares, caso en el cual se computarán días corridos”; asimismo, el Manual Especializado de Procedimientos Jurisdiccionales e Investigativos del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, precisa que la etapa investigativa no debe durar más de cuarenta y cinco días calendario contados a partir de la presentación de la denuncia en sede policial o fiscal, o noventa días en caso de pluralidad de personas; dichos plazos son improrrogables y corren al día hábil siguiente de practicada la notificación. En consecuencia, el Ministerio Público tenía hasta el 6 de septiembre de 2024, para presentar el requerimiento conclusivo; empero, al omitir realizarlo correspondía a la Jueza hoy accionada la aplicación del art. 291.II del CNNA y disponer la cesación de la detención preventiva del menor de edad AA , que al no realizarlo vulneró sus derechos manteniéndolo indebidamente privado de libertad, efectuando una interpretación errada del art. 292 del referido Código.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

La parte accionante denuncia la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; citando al efecto los arts. 21.7, 23.I, II, III y IV, 115.II, 116 y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 1 y 8 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); 9.1, 10, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 7 inc. 2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga la restitución del derecho a la libertad, debiendo la Jueza ahora accionada pronunciar una nueva resolución dejando sin efecto su detención preventiva.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 18 de septiembre de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 91 a 96 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo manifestó que: a) Se debe tomar en cuenta que en procesos de adolescentes en conflicto con la ley penal, existe un Manual de Actuación Especializada en Justicia Penal para Adolescentes del Ministerio de Justicia; por lo que, independientemente de que si se presentó la Sentencia Constitucional Plurinacional en la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, dicho Manual establece que la etapa investigativa no debe durar más de cuarenta y cinco días calendario; es decir, todos los días a partir de la presentación de la denuncia en sede policial o fiscal, o noventa días en caso de pluralidad de personas adolescentes de las que se alega la comisión de un delito; en consecuencia, el citado Manual es de aplicación obligatoria para las autoridades judiciales, el Ministerio Público, la defensa técnica y las Defensorías de la Niñez y Adolescencia; por consiguiente, la Jueza ahora accionada tendría que tener conocimiento del mencionado Manual al ejercer control jurisdiccional; b) Si bien es evidente que los anteriores abogados defensores del menor de edad AA no interpusieron recurso de apelación a la disposición de su detención preventiva debido a una confusión en la aplicación de la normativa; no obstante, se solicitó cesación de su detención preventiva, que fue resuelta el 21 de agosto de 2024; en la que, la Jueza hoy accionada dejó establecido que se mantenía vigente e incólume esa detención con la advertencia de que el término de dicha detención de cuarenta y cinco días es inalterable “…tómese en cuenta el representante Fiscal…” (sic); c) Se interpuso un incidente de actividad procesal defectuosa respecto a la tipificación del delito del cual se acusa al menor de edad infractor al advertirse que no procede la agravante; puesto que, el nombrado y la víctima se encuentran en cuarto grado de consanguinidad; asimismo, se solicitó a la Jueza ahora accionada que ejerza control jurisdiccional al no existir elementos de prueba suficientes que acrediten que se cometió un delito de violación; finalmente, no se tomó la previsión de la participación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; d) En la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, se citó las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0217/2017-S3 de 21 de marzo y 0170/2019-S2 de 24 de abril, y si bien por motivos de distancia dicha audiencia fue celebrada de forma virtual y no se presentaron de manera física las mismas; sin embargo, la Jueza hoy accionada podía ingresar a “internet” y verificar el contenido de esos fallos constitucionales; e) El plazo de cuarenta y cinco días para la formulación de la acusación fiscal feneció el 6 de septiembre de 2024; en consecuencia, la indicada autoridad judicial debió disponer la cesación de la detención preventiva del menor de edad AA el 7, 8 o 9 de igual mes y año, conforme prevé el art. 293.II del CNNA, y al omitir vulneró su derecho a la libertad; ya que, continúa privado de su libertad más allá de los límites que establece la ley; y, f) La Jueza ahora accionada no fundamentó el motivo; por el que, el cómputo del plazo se lo realizó únicamente en días hábiles, sin efectuar una diferenciación entre lo que son los plazos procesales y el plazo de la detención preventiva; asimismo, desconoció lo dispuesto por el art. 23 de la CPE, que establece que se evitará la imposición a los adolescentes de medidas privativas de libertad; por último, en caso de duda con relación a la norma aplicable, se debe aplicar la más favorable a la persona procesada y en cuanto a las limitaciones y restricciones en el ejercicio de un determinado derecho, se debe realizar una interpretación restrictiva evitando afectar la vigencia eficaz de un derecho fundamental. Por todo lo mencionado, pide se “otorgue” la tutela solicitada. Ante las preguntas efectuadas por el Vocal de la Sala Constitucional, respecto a: 1) Si se interpuso recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 12 de septiembre de 2024, la respuesta fue que no se planteó ningún recurso de apelación y que se presentó la acción de libertad de manera directa; ya que, no es necesario agotar el principio de subsidiariedad en esos casos; 2) ¿La acusación fiscal fue presentada antes de la audiencia de cesación de la detención preventiva; empero, después de que pasaron los cuarenta y cinco días?, la respuesta fue que dicha acusación fiscal fue formulada el 10 de septiembre -de 2024-, después de que se cumplieron los cuarenta y cinco días; y, 3) ¿Concretamente qué derechos está alegando como vulnerados?, en respuesta se mencionó los derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Rosse Mary Mamani Flores, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Tinguipaya del departamento de Potosí, mediante informe presentado el 18 de septiembre de 2024, cursante de fs. 83 a 85 vta., manifestó que: i) El 23 de julio de ese año, en cumplimiento de lo previsto por el art. 291 del CNNA, se dispuso la aplicación de la detención preventiva del menor de edad AA -accionante-, la cual no fue objeto de apelación; ii) Respecto a la denuncia injustificada de interés directo de su autoridad sobre el proceso penal en cuestión y la negación de acceso al acta de audiencia virtual de cesación de la detención preventiva del indicado menor de edad celebrada el 12 de “octubre” -siendo lo correcto septiembre- de igual año, se aclara que no se presentó documental alguno que acredite dicha denuncia; asimismo, el 13 de septiembre del citado año, realizó un viaje de capacitación a la ciudad de Potosí y por el delicado estado de salud que atraviesa el 16 y 17 de ese mes y año, estuvo con baja médica; por lo que, no asistió a su fuente laboral. Además, si bien el expediente se encuentra en su Despacho, es por causa de que la parte accionante presenta memoriales, interpone incidentes y apelaciones que dilatan el proceso; no obstante, los mismos son resueltos de manera inmediata; iii) En cuanto a la vulneración del derecho a la libertad del citado menor de edad, se tiene que el Auto Interlocutorio -de 12 de septiembre de 2024- ahora cuestionado, fue pronunciado de manera oral; en ese sentido, las partes procesales tienen conocimiento a cabalidad de los fundamentos del mismo, no siendo deber de su autoridad redactar actas, más aún, tomando en cuenta la reserva de actuaciones que existe en materia de niñez y adolescencia; y, considerando que la víctima en el proceso penal cuenta con cinco años de edad, su autoridad entregó copias del cuaderno de control jurisdiccional las veces que fueron solicitadas, al igual que se dispuso la entrega de la mencionada acta; iv) Con relación a la denuncia de una interpretación sesgada del art. 291 inc. c) del CNNA y que se efectuó un cómputo en días hábiles y no en días corridos, para establecer el cumplimiento de plazos, se debe señalar que para la consideración de cualquier cesación de la detención preventiva, es el solicitante quien debe demostrar mediante medios idóneos de prueba o acreditar con elementos de convicción las causales de cesación establecidas en la normativa; dicha situación no sucedió en ese caso; puesto que, la parte accionante se limitó a fundamentar su pretensión manifestando que se venció el plazo y que el Ministerio Público no presentó su acusación fiscal dentro de los cuarenta y cinco días, señalando que existe jurisprudencia constitucional que establece que en procesos penales contra menores infractores se computan los días hábiles y no hábiles; por lo que, se debe otorgar la libertad al menor de edad AA; sin embargo, solo mencionó a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales -0217/2017-S3 y 0170/2019-S2- y no las presentó en dicha audiencia para sustentar y acreditar sus fundamentos, tal cual era su obligación; en consecuencia, al desconocer el contenido de dichas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, esas no fueron consideradas; v) La imposición de medidas cautelares “no causa estado”; es decir, tampoco son permanentes o rígidas; en ese sentido, el art. 291 del CNNA, prevé las causales para la cesación de la detención preventiva; por lo que, la parte accionante en aplicación del inc. c) de ese artículo solicitó la cesación de la detención preventiva del citado menor de edad, la cual fue rechazada anteriormente en dos oportunidades; ya que, se encuentran vigentes los riesgos procesales; bajo esos antecedentes, es que en audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva de 12 de septiembre de 2024, se estableció si se cumplían los presupuestos procesales para que opere la libertad del mismo menor de edad, es así que: a) Respecto al transcurso del tiempo establecido por el art. 291 inc. c) del señalado Código, se advirtió que el nombrado fue notificado con la Imputación Formal el 23 de julio de dicho año, y computando desde esa fecha hasta la interposición de la solicitud de cesación de la detención preventiva de 10 de septiembre de igual año, transcurrieron treinta y cuatro días, incumpliéndose los cuarenta y cinco días que dispone la referida normativa. En la mencionada audiencia su autoridad fundamentó que el cómputo de los plazos procesales establecidos en días, se realiza en días hábiles y no corridos, tal cual prevé el art. 123 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ): “…I. Son días hábiles de la semana para las labores judiciales, de lunes a viernes”; asimismo, el art. 292 del CNNA dispone que: “…I. Los plazos son improrrogables y perentorios, corren al día hábil siguiente de practicada la notificación y vencen el último día hábil señalado”; por esa razón, al encontrarse la normativa clara y no establecer una interpretación, tampoco es evidente que hubiese transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días, por cuanto, no se cumplió ni se encuentra acreditado dicho presupuesto; y, b) El representante del Ministerio Público presentó la acusación fiscal en tiempo oportuno; es decir, el 10 de septiembre de 2024, antes de la presentación de la solicitud de la cesación de la detención preventiva; vi) La parte accionante hace referencia al art. 130 del Código de Procedimiento Penal (CPP), pretendiendo establecer que el procedimiento penal común resulte ser supletorio, extremo que no es cierto; además, que lo manifestado tampoco fue fundamentado en la audiencia de consideración de la cesación de la detención preventiva; y, vii) La SCP 0217/2017-S3, no es aplicable a ese caso al ser una situación distinta; ya que, analizó la legalidad del cómputo y extensión de plazos en la aplicación de la “Circular 007/2016”; asimismo, reitero que la citada Sentencia Constitucional Plurinacional tampoco fue presentada con anterioridad a la solicitud de cesación de la detención preventiva; en consecuencia, su autoridad ponderó los derechos y los equilibró tomando en cuenta las características del delito y que la víctima es una niña menor de edad. Por lo que, pide que la tutela solicitada sea “rechazada”.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en suplencia legal de la Sala Constitucional Segunda del indicado Tribunal, mediante Resolución 52/2024 de 18 de septiembre, cursante de fs. 97 a 101 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la Jueza hoy accionada, respecto a la solicitud de cesación de la detención preventiva del menor de edad AA, emita una nueva resolución en el plazo de cuarenta y ocho horas; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) Conforme se estableció en la SCP 0217/2017-S3, tomando en cuenta el estándar jurisprudencial más alto y considerando que lo establecido por el art. 291 inc. c) del CNNA es claro, se advierte que el plazo de los cuarenta y cinco días previsto en dicha normativa debe ser computado en días corridos; es decir, en días calendario y no así en días hábiles como indicó la autoridad judicial ahora accionada en el Auto Interlocutorio de 12 de septiembre de 2024; 2) La detención preventiva es un acto material que transcurre a diario de manera ininterrumpida hasta el momento en el que se dispone la respectiva cesación; se trata de una situación material donde se encuentra involucrada una persona adolescente; por lo que, se observa que la Jueza ahora accionada no hizo un análisis de dicha jurisprudencia constitucional argumentando la no presentación de la misma por la parte accionante; en ese sentido, ninguna autoridad puede alegar desconocimiento de la norma o de la jurisprudencia constitucional; 3) La mencionada autoridad judicial no logró explicar por qué son aplicables los arts. 123 de la LOJ y 192 del CNNA, estableciendo que esos plazos se deben computar en días hábiles; sin embargo, tampoco efectuó una explicación y un análisis del acto en concreto y el motivo; por el que, el plazo de la detención preventiva del menor de edad AA tendría que correr en días hábiles; 4) En el citado Auto Interlocutorio se tomó en cuenta para resolver el caso la presentación de la Acusación Fiscal de 10 de dicho mes y año; empero, no se consideró que el art. 291 inc. c) del mismo Código, prevé que la cesación de la detención preventiva procede cuando su duración excede a cuarenta y cinco días sin acusación fiscal, y no al momento en el que se resuelve la solicitud de la cesación de la detención preventiva; por consiguiente, también existe una falta de motivación por la Jueza hoy accionada; y, 5) El Auto Interlocutorio de 12 de septiembre de 2024, no se encuentra fundamentado ni motivado en su determinación; en consecuencia, vulneró los derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación que tiene el mencionado el menor de edad -accionante- al existir vinculación entre el derecho a la libertad y ese Auto Interlocutorio, que no tomó en cuenta la normativa vigente, menos la jurisprudencia constitucional. En vía de aclaración, complementación y enmienda la parte accionante a través de su abogado, pidió a la Sala Constitucional que respecto al plazo de cuarenta y ocho horas otorgado, considera excesivo; ya que, el menor de edad AA continúa privado de su libertad y sin resolverse su situación jurídica; motivo por el que, solicita se disponga el plazo de veinticuatro horas, para que la Jueza hoy accionada emita una nueva resolución; asimismo, se aclare con relación a la forma de notificación a la mencionada autoridad judicial. En mérito a esa solicitud, la Sala Constitucional, estableció el plazo de veinticuatro horas para que la Jueza ahora accionada emita una nueva resolución tomando en cuenta de que se trata de un menor de edad y que debe existir la agilidad en la administración de justicia; y, en cuanto a la notificación se dispuso que dicha diligencia sea efectuada mediante WhatsApp; ya que, se tiene el número de celular de dicha autoridad judicial.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes con la finalidad de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación la Comisión de Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante decreto constitucional de 21 de febrero de 2025, cursante a fs. 113, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 11 de julio del citado año, cursante a fs. 125; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta memorial presentado el 22 de julio de 2024, ante Rosse Mary Mamani Flores, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Tinguipaya del departamento de Potosí -ahora accionada-; por el cual, el Fiscal de Materia presentó Imputación Formal de igual fecha resolviendo imputar formalmente al menor de edad AA -hoy accionante-, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del CP; asimismo, solicitó la aplicación de la medida cautelar de la detención preventiva en el “CENTRO NUEVOS HORIZONTES” -Centro de Rehabilitación Social "Nuevos Horizontes" de la ciudad de Potosí- (fs. 2 a 9 vta.); la cual, fue notificada a NN -ahora accionante-, madre del menor de edad AA mediante Orden Instruida el 23 de julio de 2024 (fs. 120 a 121 vta.). II.2. Cursa Auto Interlocutorio de 23 de julio de 2024, emitido por la Jueza ahora accionada; por el que, dispuso la detención preventiva del menor de edad AA en el Centro de Rehabilitación Social "Nuevos Horizontes"de la ciudad de Potosí (fs. 28 a 33 vta.), librando el Mandamiento de Detención Preventiva en igual fecha, contra el nombrado (fs. 36). II.3. Mediante memorial presentado el 10 de septiembre de 2024, ante la Jueza hoy accionada, el Fiscal de Materia presentó Acusación Fiscal de la citada fecha contra el menor de edad AA (fs. 75 a 82). II.4. Por Auto Interlocutorio de 12 de septiembre de 2024, suscrito por la Jueza hoy accionada, se rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva efectuada por la parte accionante en aplicación del art. 291.I inc. c) del CNNA (fs. 86 a 90 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, la Jueza ahora accionada rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva del menor de edad -infractor-; no obstante, que ésta correspondía en aplicación del art. 291.I inc. c) del CNNA, por transcurrir más de cuarenta y cinco días sin la presentación de la acusación fiscal. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: i) La abstracción del principio de subsidiariedad excepcional en la acción de libertad respecto a grupos vulnerables -niños, niñas y adolescentes-; ii) La obligación del juzgador de fundamentar y motivar las resoluciones judiciales; iii) Cesación de la detención preventiva de adolescentes en conflicto con la ley; iv) El enfoque interseccional para la protección de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia; y, v) Análisis del caso concreto.

III.1. La abstracción del principio de subsidiariedad excepcional en la acción de libertad respecto a grupos vulnerables -niños, niñas y adolescentes-

El art. 60 de la CPE, establece que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado” (las negrillas son nuestras). La SCP 0291/2019-S2 de 24 de mayo, establece que: “Por su parte, en el sistema universal de derechos humanos, un elemento importante en este acervo jurídico internacional de protección de las niñas, niños y adolescentes, representa la adopción y ratificación por parte de todos los Estados miembros, de la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo ámbito personal de protección se circunscribe a las personas menores de dieciocho años de edad. Entre los principios básicos de la protección integral a niñas, niños y adolescentes, la Convención incorpora los de protección especial y de efectividad. El primero, implica la adopción de medidas especiales de protección, reafirmando en primer lugar, la aplicación de aquellos derechos ya reconocidos a los seres humanos en general; y en segundo lugar, establece normas que atañen exclusivamente a la niñez, que representan una protección adicional, basadas en una atención positiva y preferencial, considerando que los niño[s] se encuentran en una situación de desprotección. A su vez, a través del principio de efectividad que se halla inserto en la disposición del art. 4 del citado instrumento jurídico, se prescribe de manera imperativa la tarea de adoptar mecanismos de cualquier índole, tendientes a lograr la efectividad de los derechos de los niños y desarrollo de garantías, incluidas institucionales y administrativas. En el sistema interamericano de derechos humanos, la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, básicamente encuentra su sustento jurídico en las disposiciones contenidas en el art. 19 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH), que les reconoce su derecho a medidas de protección a cargo de aquel entorno en el que éste se desarrolla, precisamente por su condición de Niña Niño y Adolescente. Por su parte, el art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, por un lado reconoce el derecho a medidas de protección; así como, desarrolla el derecho a la educación, y por otro, incorpora explícitamente una obligación para el Estado, respecto a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral. Asimismo, el art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), por su parte hace referencia a la protección y cuidado especial del que gozan los niños”. Ahora bien, bajo ese entendimiento jurisprudencial, en cuanto a la abstracción del principio de subsidiariedad excepcional en la acción de libertad respecto a grupos vulnerables -niños, niñas y adolescentes-, se tiene que la SCP 0660/2023-S1 de 20 de junio, señala que: ‘“…La amplia jurisprudencia constitucional, ha establecido excepciones, en consideración a la vulneración de derechos fundamentales, vinculados a personas que requieren de una protección inmediata, abstrayendo exigencias procesales, por formar parte de lo que la doctrina, los instrumentos internacionales y la jurisprudencia constitucional, ha denominado como grupos vulnerables, que comprende a los niños, niñas y adolescentes, personas con capacidades diferentes, mujeres embarazadas, minorías étnicas o raciales y personas adultas de la tercera edad, personas que se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta, que requieren de una protección inmediata, por ello en estos casos inclusive se hace abstracción del principio de subsidiariedad en las acciones de defensa, las que pueden ser presentadas de manera directa, no obstante de existir los medios en la vía ordinaria o administrativa’. Bajo el mismo criterio la SCP 0832/2019-S1 de 4 de septiembre hizo hincapié en la abstracción a las exigencias procesales ante la protección reforzada que existe a los denominados grupos vulnerables, como son: los niños, niñas y adolescentes, las personas con capacidades distintas; las mujeres embarazadas; las minorías étnicas o raciales; y, los adultos de la tercera edad; personas que, por su vulnerabilidad gozarán de protección inmediata del Estado e incluso de la abstracción del principio de subsidiariedad en las acciones de defensa para poder interponerlas de manera directa. Es así que, es pertinente la abstracción del principio de subsidiariedad cuando se denuncie la transgresión de derechos y garantías constitucionales cuando se tratare de personas en condiciones de vulnerabilidad por pertenecer a un grupo de protección especial por el Estado” (las negrillas nos corresponden).

III.2. La obligación del juzgador de fundamentar y motivar las resoluciones judiciales

La SCP 0386/2015-S2 de 8 de abril, establece que: “…toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras).

En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. Cesación de la detención preventiva de adolescentes en conflicto con la ley

Respecto a la cesación de la detención preventiva de niñas, niños y adolescentes, el art. 291 del CNNA señala: “ARTÍCULO 291. (CESACIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA) I. La detención preventiva cesará en los siguientes casos:

a) Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente su sustitución por otra medida;

b) Cuando su duración exceda el mínimo legal del tiempo que podría corresponderle en régimen abierto, de acuerdo a la proporcionalidad por la pena establecida para el delito que se juzga;

c) Cuando su duración exceda de cuarenta y cinco (45) días sin acusación Fiscal, o de noventa (90) días, en caso de pluralidad de personas adolescentes imputadas, contados a partir de la notificación con la imputación a la persona adolescente; y d) Cuando su duración exceda de tres (3) meses sin sentencia en primera instancia, o de seis (6) meses en caso de pluralidad de personas adolescentes imputadas, contados a partir de la notificación con la imputación a la persona adolescente.

II. Vencidos los plazos previstos en los incisos b) y c) del presente Artículo, la Jueza o el Juez aplicará otras medidas previstas en este Código” (las negrillas son nuestras). En ese contexto, la SCP 0291/2019-S2 realizando una mutación a la SCP 0349/2017-S2 de 3 de abril, establece que: “…la jurisprudencia constitucional no es estática, sino, dinámica, evolutiva y va mutando, se va complementando, modulando, cambiando o reconduciendo la línea, en busca de precautelar el respeto y la vigencia plena de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En este entendido, habiéndose realizado el examen de la línea jurisprudencial respecto a los motivos que prevé el CNNA para la cesación de la detención preventiva; a la luz de la Constitución Política del Estado y de conformidad con los arts. 8, 9, 12, 262 del CNNA y el bloque de constitucionalidad que establecen que la prisión preventiva de niños menores de 18 años debe cumplir requisitos especiales para precautelar su derecho a la protección especial en virtud a su edad, según lo establece el art. 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y el art. VI de la Declaración Americana de Derechos Humanos.

La Convención de los Derechos del Niño, en el art 37.b) y d), establece que los Estados partes velarán porque: b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda; d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción. En similar sentido, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso ‘Instituto de Reeducación del Menor’ Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004, señala: 230. En el caso de privación de libertad de niños, la regla de la prisión preventiva se debe aplicar con mayor rigurosidad, ya que la norma debe ser la aplicación de medidas sustitutorias de la prisión preventiva. Dichas medidas pueden ser, inter alia, la supervisión estricta, la custodia permanente, la asignación a una familia, el traslado a un hogar o a una institución educativa, así como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, los programas de enseñanza y formación profesional, y otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones. La aplicación de estas medidas sustitutorias tiene la finalidad de asegurar que los niños sean tratados de manera adecuada y proporcional a sus circunstancias y a la infracción. Este precepto está regulado en diversos instrumentos y reglas internacionales. 231. Además, cuando se estime que la prisión preventiva es procedente en el caso de niños, ésta debe aplicarse siempre durante el plazo más breve posible, tal como lo establece el artículo 37.b) de la Convención sobre los Derechos del Niño que dispone que los Estados Partes velarán porque: Ningún niño será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda […]. En similar sentido Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013, entre otros. Análogo razonamiento fue desarrollado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sostiene que toda medida cautelar privativa de libertad que se aplique a un adolescente acusado de infringir leyes penales, debe cumplir con el principio de excepcionalidad; es decir, debe ser aplicada cuando el niño represente un peligro inmediato y real para los demás; como último recurso cuando no exista otra alternativa; adicionalmente debe ser aplicada durante el plazo más breve posible y debe ser sometida a una revisión periódica; y finalmente, debe garantizar a los niños privados de libertad todos sus derechos y protecciones acordes a su edad, sexo y características individuales, y en particular deberá garantizarse su derecho a estar separados de los adultos; así como también de los niños que hayan recibido una condena. Dichos parámetros fueron incorporados en el Código Niña, Niño y Adolescente, estableciendo plazos razonables de duración máxima de la detención preventiva y, en ese sentido, la disposición legal analizada -art. 291.I inc. c)- busca efectivizar el mandato de la excepcionalidad y plazo breve de la duración de la detención preventiva de los adolescentes; por ello, el plazo de noventa días previsto en dicha norma, debe ser entendido de la manera menos restrictiva a los derechos de las y los adolescentes, considerando la excepcionalidad de la detención preventiva y su aplicación breve, por lo que el cómputo de los plazos de privación de libertad debe ser realizado sin más condición que el transcurso del tiempo, no pudiendo añadirse exigencias que no están previstas en la Ley, como otorgar responsabilidad al adolescente de demostrar que la demora no le es atribuible y/o establecer como obligación del juez de la causa que una vez cumplido el plazo de los noventa días de la detención preventiva deba notificar al fiscal de materia, para que presente su requerimiento conclusivo, pues estas exigencias vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes y los estándares internacionales sobre la materia. Tampoco puede aplicarse el cómputo de los plazos previsto por el art. 292 del CNNA, según el cual estos plazos se computan en días hábiles; pues esta norma está referida al cómputo de los plazos procesales, no vinculados a la afectación del derecho a la libertad de las y los adolescentes privados de libertad, es decir, con relación a los plazos previstos en el art. 291 del CNNA; pues en estos casos, se debe considerar la efectiva privación de libertad, que no diferencia entre días hábiles o inhábiles; un entendimiento en contrario es atentatorio a los derechos de los menores privados de libertad. Conforme a ello, corresponde mutar el entendimiento contenido en la SCP 349/2017-S2 en sentido que, por una parte, para la cesación a la detención preventiva por el transcurso del plazo previsto en el art. 291 I. c) del CNNA no se requiere que se efectúe la conminatoria al fiscal; y por otra, que el cómputo del plazo previsto en dicha norma, debe ser realizado en días calendario” (las negrillas nos pertenecen). La SCP 0217/2017-S3, estableció que: “Al respecto, se tiene que la Jueza hoy demandada basó el cálculo del transcurso de los cuarenta y cinco días sin acusación fiscal para la cesación a la detención preventiva del accionante en el art. 197 del CNNA, contabilizando únicamente los días hábiles, sin considerar que por la naturaleza de la norma aplicada, está referida al cómputo de plazos procesales y no así al cálculo del transcurso del tiempo de una material privación de libertad como medida cautelar provisional, que cuando excede en el tiempo máximo legal, se constituye en presupuesto para solicitar la cesación de la detención preventiva cuando no se tiene acusación fiscal -art. 291.I inc. c) del reiterado cuerpo legal-, no siendo posible la aplicación arbitraria del cómputo de plazos procesales para contabilizar los cuarenta y cinco días sin acusación fiscal cuando se recurre a la norma precitada para dicha cesación. (…) Finalmente, cabe aclarar que la concurrencia de la causal prevista en el art. 291.I inc. c) del CNNA, es distinta y autónoma del resto de las causales de procedencia de cesación, por lo que debe ser resuelta sin vinculación de las otras señaladas en el art. 291 de la norma citada supra”. En consecuencia, para la aplicación de la cesación de la detención preventiva establecida por el art. 291.I inc. c) del CNNA, no requiere previa conminatoria al Ministerio Público; asimismo, el cómputo de los cuarenta y cinco (45) y noventa (90) días, respectivamente, debe ser realizado en días calendario, diferenciando el cómputo de plazos procesales previsto por el art. 197 del CNNA del cómputo del tiempo de privación de libertad del menor de edad; además, la concurrencia de la causal prevista por el art. 291.I inc. c) de dicho Código, es autónoma de las demás causales de cesación de la detención preventiva previstas en la indicada normativa.

III.4. El enfoque interseccional para la protección de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia

La SCP 0291/2019-S2, indicó que: “Sobre las vulneraciones específicas de los derechos de mujeres adolescentes, como aquellos casos de violencia sexual, y a fin de lograr una protección más efectiva de los mismos, es importante abordar el tema desde un enfoque interseccional que por una parte, tome en cuenta la perspectiva de género, reconociendo la condición de subordinación y violencia estructural de las mujeres, aplicando las normas internacionales e internas de protección hacia ellas y, por otra, reconocer la condición de vulnerabilidad de las niñas y adolescentes, aplicando también las normas relacionadas con la protección de sus derechos. En ese marco, cabe mencionar al art. 15 de la CPE, que señala: I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. (…)

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…), tanto en el ámbito público como privado. De este modo, se puede ver que el constituyente boliviano, sobre el problema de la violencia contra la mujer, fue preciso en reconocerle un derecho específico del que deriva una obligación para el Estado en todos sus niveles, no solo de investigar y sancionar actos de violencia contra ella; sino de actuar en las distintas etapas y manifestaciones de este fenómeno, así como, de ofrecer reparación y socorro a las víctimas, a fin de preservar su integridad; por tanto, cualquier inacción resultaría desde el punto de vista jurídico, reprochable. Asimismo, por la obligación que adquiere el Estado, de aplicar aquellos instrumentos jurídicos regionales relativos a la violencia contra la mujer integrados al ordenamiento jurídico interno, a partir de su ratificación; en el caso, lo establecido en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención de Belém do Pará-; y, las recomendaciones y observaciones de su respectivo Comité. En mérito a que este instrumento internacional, se constituye en el primer Tratado en la dimensión interamericana, que reconoce la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos, tendiente a erradicar la reproducción de distintos tipos de patrones de discriminación en su contra. En tal sentido, las obligaciones consignadas en los instrumentos jurídicos de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se complementan y refuerzan para aquellos Estados que son parte, con las obligaciones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, dotando de contenido al deber estatal de aplicar políticas de prevención, sanción y eliminación de toda violencia contra la mujer con perspectiva de género. Así, el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable. Asimismo, la Decisión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en el Caso LC vs. Perú -octubre 2011- basado en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, resulta un importante precedente en el ámbito de protección de los derechos de las mujeres y niñas, por cuanto el Comité además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual.

Por su parte, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), al tiempo de pronunciarse sobre los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, en el Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala -Sentencia de 19 de mayo de 2014 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas- sostiene en el párrafo 133, que: …en relación con niñas, los derechos y obligaciones antedichos deben observarse en el marco del acatamiento del artículo 19 de la Convención Americana y siendo pertinente, atendiendo a lo dispuesto en la Convención Belém do Pará. El artículo 19 de la Convención establece, como se ha dicho en otras oportunidades, el derecho de ‘los y las niñas a (…) medidas especiales de protección que deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso concreto’. El Tribunal ha indicado, asimismo, que ‘…la adopción de tales medidas […] corresponde tanto al Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a la que el niño o niña pertenece’. Además, la Corte ha reiterado que revisten especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones a derechos humanos son niñas y niños quienes en razón de su nivel de desarrollo y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado. En ese sentido, ‘han de ceñirse al criterio del interés superior del niño las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos’. Por otra parte, el artículo 7 de la Convención de Belem do Para, sobre el que el Tribunal es competente (…) instituye deberes estatales para ‘prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana, tales como los establecidos en los artículos 4, 5 y 7. En consecuencia, es de notar que estos instrumentos jurídicos visibilizan la vulnerabilidad a la que está expuesta la niñez, la cual se acentúa por la condición de mujer, ello exige por su importancia, mayor diligencia de parte de los actores políticos como el Estado y otros actores sociales como la familia y la sociedad, cuando se trata de proteger y asegurar el ejercicio de los derechos de las niñas y adolescentes, frente al hecho o posibilidad de vulneración de los mismos, en los que subyacen actos de violencia, con el fin de erradicarlos.

Por su parte, en relación a este segmento poblacional, el Estado boliviano promulgó el Código Niña, Niño y Adolescente, mediante Ley 548 de 17 de julio de 2014, que con el objeto de garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementa un Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente, para garantizar la vigencia plena de los mismos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; cuales son, interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. A su vez dimensionando el derecho a la vida, desarrolla que éste implica además, el derecho a vivir en condiciones que garanticen al niño, niña y adolescente una vida digna. Asimismo en su art. 157.IV, establece que: ‘La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual’” (las negrillas nos corresponden).

III.5. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, la Jueza ahora accionada rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva del menor de edad -infractor-; no obstante, que ésta correspondía en aplicación del art. 291.I inc. c) del CNNA, por transcurrir más de cuarenta y cinco días sin la presentación de la acusación fiscal. De la revisión de los antecedentes, se tiene el memorial presentado el 22 de julio de 2024, ante la Jueza ahora accionada; por el cual, el Fiscal de Materia presentó Imputación Formal de igual fecha resolviendo imputar formalmente al menor de edad AA, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente; asimismo, solicitó la aplicación de la medida cautelar de la detención preventiva en el Centro de Rehabilitación Social "Nuevos Horizontes" de la ciudad de Potosí; la cual, fue notificada a la madre del menor de edad AA mediante Orden Instruida el 23 de igual mes y año (Conclusión II.1.); mereciendo en consecuencia, el Auto Interlocutorio de la misma fecha; por el cual, la Jueza hoy accionada dispuso la detención preventiva del nombrado en el referido Centro de Rehabilitación, librando el correspondiente Mandamiento de Detención Preventiva de esa fecha en su contra (Conclusión II.2.).

Asimismo, mediante memorial presentado el 10 de septiembre de 2024, ante la Jueza ahora accionada, el Fiscal de Materia presentó Acusación Fiscal de la referida fecha contra el menor de edad AA (Conclusión II.3.); finalmente, por Auto Interlocutorio de 12 de dicho mes y año, suscrito por la mencionada autoridad judicial, se rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva efectuada por la parte accionante en aplicación del art. 291.I inc. c) del CNNA (Conclusión II.4.).

Previamente a ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, se debe establecer que de conformidad con la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, en casos donde se encuentren involucrados menores de edad se debe priorizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, que comprende la preeminencia de sus derechos, protección y socorro en cualquier circunstancia, prioridad en la atención de servicios públicos y privados; así como, el acceso a una administración de justicia pronta y oportuna; motivo por el cual, en casos de vulneración de derechos fundamentales de grupos vulnerables, como niñas, niños y adolescentes, se estableció la abstracción del principio de subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, permitiendo que la misma se presente de manera directa sin agotar los medios en la vía ordinaria o administrativa; en consecuencia, corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Ahora bien, se tiene que la parte accionante denunció la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación del menor de edad AA, -como fue precisado en audiencia de consideración de la acción de defensa-; puesto que, la Jueza ahora accionada rechazó la solicitud de cesación de su detención preventiva, a pesar que correspondía la aplicación del art. 291.I inc. c) del CNNA, al transcurrir el plazo de cuarenta y cinco días desde la notificación con la Imputación Formal presentada el 22 de julio de 2024, sin que el Fiscal de Materia dictara la correspondiente acusación fiscal, encontrándose el indicado menor de edad con detención preventiva e indebidamente privado de su libertad; en ese contexto, de la lectura del Auto Interlocutorio de 12 de septiembre de igual año, se advirtió lo siguiente: El accionante mediante su defensa técnica solicitó la cesación de su detención preventiva que fue dispuesta para el 23 de julio de 2024; en ese sentido, el Ministerio Público tenía hasta el 6 de septiembre de igual año para presentar el requerimiento conclusivo; sin embargo, hasta la presentación de la solicitud de cesación de la detención preventiva dicho requerimiento no fue presentado; por lo que, al sobrepasar el plazo de los cuarenta y cinco días corresponde la cesación de la detención preventiva y la aplicación de otras medidas cautelares. En respuesta, la Jueza hoy accionada mencionó que: a) De conformidad con los arts. 22 y 23 de la CPE, un derecho humano primigenio es la libertad que solo puede ser restringida para investigar delitos de acuerdo con las formalidades previstas en el Código Niña, Niño y Adolescente para asegurar la presencia del imputado; para, la averiguación de la verdad en el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley; en consecuencia, la imposición de medidas cautelares ‘“no causa estado’”; es decir, no son permanentes o rígidas por el contrario estas son modificables y revisables. El art. 291 del citado Código, dispone las causales de cesación de la detención preventiva, siendo una de ellas la prevista por el inc. c) de dicho artículo, que establece que la citada medida extrema cesará cuando su duración exceda los cuarenta y cinco días sin acusación fiscal y de noventa días en caso de pluralidad de personas, contados a partir de la notificación con la imputación formal al imputado, debiendo resolverse la referida cesación sin la necesidad del traslado y solo verificar el cumplimiento de ese presupuesto y aplicar otras medidas cautelares. b) Respecto al transcurso del tiempo establecido por el art. 291.I inc. c) del CNNA, se puede concluir que de la revisión de antecedentes el menor de edad AA, adolescente con responsabilidad penal fue notificado con la Imputación Formal el 23 de julio de 2024, “…y computando desde esa fecha hasta la presentación de cesación presentada que data de fecha 10 de septiembre de 2024, simplemente han transcurridos 34 días no cumpliéndose los 45 días que dispone dicha norma legal, el computo de los plazos procesales en días, estos se computan en días hábiles no corridos…” (sic); puesto que, el art. 123 de la LOJ dispone que los días hábiles son de lunes a viernes en horario laboral; además, el art. 292 del CNNA dispone el “…computo de plazos, los plazos son improrrogables y perentorios corren al día hábil siguiente de practicada la notificación, y vencen el último día hábil señalado, normas que son claras y establecen que los días se computan en días hábiles…” (sic [fs. 88]); en consecuencia, no transcurrieron los cuarenta y cinco días conforme asevera la parte accionante; ya que, dicho presupuesto tampoco se cumple y ni se encuentra acreditado; puesto que, simplemente se hizo referencia a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales; empero, al no presentarlas de forma legal o correcta en audiencia se desconoce si esos fallos constitucionales son vinculantes o análogos al presente caso. c) Sobre la presentación de la acusación fiscal, de lo expuesto en ese caso no es evidente que no se presentó la acusación fiscal, al contrario ésta fue presentada en tiempo oportuno el 10 de septiembre de 2024, “…disponiéndose incluso a la fecha la dedicatoria del mismo en la presentación de pruebas de descargo del acusado adolescente, de lo que se infiere que tampoco es evidente la falta de presentación del pliego acusatorio no siendo evidente lo denunciado por el contario aun estando el plazo este fue presentado oportunamente por lo que no se cumple también este presupuesto establecido en la ley 548…” (sic [fs. 88]); por consiguiente, tampoco corresponde atender la solicitud de la detención preventiva; por lo que, más allá de que se debe brindar seguridad a todas las partes procesales, en ese caso a la víctima más aún en su condición de menor de edad niña y mujer que se encuentra en situación de vulnerabilidad, que goza de protección especial del Estado. Establecido el contenido en el Auto Interlocutorio de 12 de septiembre de 2024, y de conformidad con la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, toda resolución judicial o administrativa debe exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan su decisión, tanto en el fondo como en la forma. La motivación, aunque concisa, debe ser clara y satisfacer todos los puntos demandados, expresando las convicciones determinativas del juez que justifiquen razonablemente su decisión. La falta de motivación, incluso en resoluciones extensas, vulnera el debido proceso. En consecuencia, el resguardo y materialización del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación no implica una ampulosa argumentación; ya que, se lo da por cumplido con una exposición de los hechos, del derecho y las normas legales que sustentan la resolución, con la finalidad de demostrar que la determinación asumida se encuentra exenta de apreciaciones subjetivas por parte del juzgador, y además proporcionar de manera razonada y coherente la certeza de que no hubiese otra manera más de fallar a la que se efectuó. Bajo ese razonamiento jurisprudencial, de la lectura del Auto Interlocutorio de 12 de septiembre de 2024, se tiene que si bien la Jueza ahora accionada alegó los arts. 291.I inc. c) del CNNA y 123 de la LOJ, respecto al cómputo de plazos, no realizó un análisis detallado de cómo se aplican esas normas al caso concreto, limitándose a afirmar que no transcurrieron los cuarenta y cinco días previstos en la normativa y que el Ministerio Público presentó la acusación fiscal en tiempo oportuno, señalando que la parte accionante fue notificada con la Imputación Formal el 23 de julio de igual año, y computando desde esa fecha, hasta la presentación de la solicitud de cesación de la detención preventiva del menor de edad AA transcurrieron treinta cuatro días, afirmando que el plazo de cuarenta y cinco días previsto por el art. 291.I inc. c) tiene que ser computado en días hábiles; sin embargo, no explicó el razonamiento detrás de ese cálculo, es decir, el motivo por el que se tendría que realizar el cómputo de la detención preventiva del citado menor de edad únicamente en días hábiles y no en días calendario, ofreciendo una fundamentación aparente y una motivación insuficiente; toda vez que, en casos que involucran la restricción del derecho a la libertad, especialmente cuando se trata de menores de edad, la interpretación de las normas debe ser restrictiva y pro persona, priorizando la protección del interés superior de la niña, niño o adolescente, conforme a la Constitución Política del Estado y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos; asimismo, el art. 9 del mencionado Tratado establece que: “Las normas de este Código deben interpretarse velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente, de acuerdo con la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, cuando éstos sean más favorables”; en este sentido, la Jueza hoy accionada debió considerar que la privación de libertad de un menor de edad, debe ser una medida excepcional y por el menor tiempo posible, buscando evitar que esa medida aplicada como último recurso, se prolongue innecesariamente. Por consiguiente, el Auto Interlocutorio de 12 de septiembre de 2024, carece de una fundamentación jurídica sólida y de una motivación clara y exhaustiva; puesto que, la autoridad judicial ahora accionada se limitó a citar normas legales sin analizarlas ni relacionarlas de manera adecuada con los hechos del caso concreto, correspondiendo en consecuencia, conceder la tutela en cuanto a la denuncia de la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación. En este contexto, de conformidad con la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece que el art. 291.I inc. c) del CNNA determina como causal de cesación de la detención preventiva en adolescentes en conflicto con la ley: "Cuando su duración exceda de cuarenta y cinco (45) días sin acusación Fiscal, o de noventa (90) días, en caso de pluralidad de personas adolescentes imputadas, contados a partir de la notificación con la imputación a la persona adolescente". Es fundamental precisar que el cómputo de plazo previsto en dicha norma debe ser realizado en días calendarios; ahora bien, de antecedentes se tiene que la parte accionante fue notificada con la Imputación Formal de 22 de julio de 2024, al día siguiente; es decir, el 23 de igual mes y año; en consecuencia, el plazo de los cuarenta y cinco días para la presentación de la acusación fiscal fenecía el 6 de septiembre de dicho año; no obstante, la misma fue presentada el 10 de igual mes y año, ocasionando que el menor de edad AA se encuentre privado de su libertad más allá del tiempo estipulado para tal efecto. Por ello, se advierte que la Jueza ahora accionada vulneró el derecho a la libertad del menor de edad AA y el principio del interés superior de la niña, niño o adolescente, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela solicitada.

Finalmente, es necesario que en el caso concreto se aplique un enfoque interseccional para la protección de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, tomando en cuenta la naturaleza del delito; por el cual, se inició el proceso penal contra el menor de edad AA y la edad de la víctima, quien al encontrarse en una condición de vulnerabilidad, requiere de una protección que le permita gozar de sus derechos dentro de su familia y la sociedad, velando el interés superior de la menor de edad -víctima-; por lo que, de conformidad con la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.4. de este fallo constitucional, corresponde que la Jueza ahora accionada adopte las medidas cautelares personales necesarias para la protección de la víctima, precautelando en todo momento sus derechos. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 52/2024 de 18 de septiembre, cursante de fs. 97 a 101 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en suplencia legal de la Sala Constitucional Segunda del indicado Tribunal; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional, debiendo la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Tinguipaya del departamento de Potosí, adoptar las medidas cautelares personales necesarias para la protección de la víctima, precautelando en todo momento los derechos de la misma. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0840_2025-S1.pdf · páginas 1 a 23.

Huella digital del PDF (SHA-256): 9a5c5990f4ac2838bf52efe20d47faf0ae545e8d26343c67fccb7fe4ac1a7d79

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →