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SCP 0840/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 4 de agosto de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
4 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
48486-2022-97-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 80/2022 de 23 de mayo, cursante de fs. 138 vta. a 143 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y en consecuencia:

1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

a) Disponiendo dejar sin efecto el Auto 229 de 12 de noviembre de 2021 emitido por la Vocal de la Sala Penal Segunda de Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la congruencia como elemento del derecho al debido proceso.

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0840/2023-S3 Sucre, 4 de agosto de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 48486-2022-97-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 80/2022 de 23 de mayo, cursante de fs. 138 vta. a 143 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Felicidad Barja Ruiz contra Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante por memoriales presentados el 11 y 17 de mayo de 2022, cursantes de fs. 105 a 107 vta. y 111 a 112 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de su persona, contra Orlando Vargas Sosa, Julia Rita Romero Rivas, Elfy Rojas Peña y Limbert Balderrama Romero, por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento y asociación delictuosa previsto y sancionado por los arts. 351 bis y 132 del Código Penal (CP), en audiencia cautelar de 9 de agosto de 2021 el Ministerio Público mencionó que el 13 de febrero de 2020, el Juez Agroambiental ya le había restituido su derecho propietario, pero por la pandemia tuvo que trasladarse a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, situación que fue aprovechada por los referidos imputados que son sus vecinos, quienes el 15 de septiembre de 2020 desplegaron tractores y maquinaria para preparar la tierra y sembrar, destruyendo casi su vivienda. En ese entendido el Fiscal de Materia realizó una inspección ocular donde evidenció que su vivienda estaba semi destruida y que se observaba un sembradío, por lo que pidió que se aplique entre otras medidas cautelares la prohibición de concurrir al lugar de los hechos; es decir, a su propiedad “La Ponderosa”, conforme al art. 231 bis.4 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, la Vocal hoy accionada dispuso en el Auto Interlocutorio 48/2021 de 9 de agosto, pese a valorar la declaración testifical de Rolando Padilla Vedia que relató que su persona fue amenazada de muerte, los imputados desafiaban a pelear y llevaron gasolina para atemorizarla, no se pronunció sobre la aplicación de la medida cautelar antes mencionada; por lo que en vía de complementación solicitó pronunciamiento sobre la solicitud de aplicación de la medida cautelar prevista en el art. 231 bis.4 del CPP, ante lo cual la Vocal ahora accionada concluyó que no correspondía ninguna complementación porque había emitido una resolución idónea, razonable y proporcional. El 12 de noviembre de 2021, en audiencia de apelación de medida cautelar, solicitó se revoque el Auto Interlocutorio 48/2021 de 9 de agosto y establezca la aplicación de la medida cautelar prevista por el art. 231 bis.4 del CPP; es así que la Vocal hoy accionada emitió el Auto de Vista 357 de 12 de noviembre de igual año, declarando admisible y procedente el recurso, modificando de manera parcial el citado Auto Interlocutorio, disponiendo habilitar la medida restrictiva establecida por el “…num. 4) del art. 234 (lo correcto es art. 231 bis)…” (sic), pidiendo la parte imputada complementación en relación al plazo que tendría prohibido de acercarse al lugar del hecho, al tener pasto y maíz de esa propiedad, ante lo cual la Vocal ahora accionada señaló que no se verificó que los imputados viven o no en ese lugar, dando al Ministerio Público cinco días para que verifique si existe siembra y en qué tiempo la misma puede ser retirada. Posteriormente, de forma sorprendente la Vocal ahora accionada indicó que consulto al representante del Ministerio Público si realizó la verificación y si precintó el inmueble, recibiendo en respuesta que no tenía conocimiento ni la información de si existían pertenencias de los imputados en la propiedad, es así que refiriendo el principio in dubio pro reo e indicando que la duda beneficiaría a la parte imputada, además que correspondía al solicitante la carga argumentativa y probatoria que demuestre que dicho terreno está vacío o sin pertenencias de la parte imputada, cuando ya está acreditada la probable autoría de los imputados y existe la declaración de un testigo, extremos que son suficientes para justificar la aplicación de la medida cautelar restrictiva de prohibición de acercarse; sin embargo, se procedió a dictar el Auto 229 de 12 de noviembre de 2021, confirmando el Auto Interlocutorio 48/2021, nueva resolución que dejó sin efecto la medida cautelar de prohibición de acercarse al lugar del hecho; es decir, revirtió su resolución sustancialmente sin que la parte imputada se lo hubiera pedido -pronunciamiento ultrapetita- únicamente refiriendo el art. 168 del CPP que faculta corregir un defecto, pero no precisó conforme establece el art. 167 del CPP, cuál sería el acto defectuoso que se habría cumplido con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado y los Convenios y Tratados Internacionales, motivo arbitrario que no guarda relación con los antecedentes, lo que vulnera la debida motivación.

I.1.2. Derecho, garantía y principio supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto 229 de 12 de noviembre de 2021, disponiéndose que se deje incólume el Auto de Vista 357 12 del mismo mes y año.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 23 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 135 a 138 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo manifestó que: a) La Vocal ahora accionada no indicó cuál es ese error o cuál es la omisión que tuvo; b) Al haberse revertido el “fallo extra audiencia”, se quebrantó de manera flagrante el debido proceso en su elemento de seguridad jurídica, pues la jurisprudencia respecto a la seguridad jurídica indica que lleva al individuó a la convicción de que su situación jurídica con relación a su persona o sus bienes no será modificada; c) La norma en la que se amparó para emitir otro auto simplemente faculta a corregir errores formales y no sustanciales; y, d) Lo único que pidieron los imputados fue que se les comunique y establezca el plazo que iban a tener la prohibición dispuesta, no que dejen sin efecto la medida.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante informe presentado el 23 de mayo de 2022, cursante de fs. 132 a 134 vta., manifestó que: 1) El control de la legalidad ordinaria es una facultad exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios en materia penal, si bien como Tribunal de garantías está obligado a proteger los derechos y garantías constitucionales reconocidos en la Constitución Política del Estado, sin anteponer estos a la competencia que ejercemos como Tribunal de alzada, a menos que la vulneración al derecho a la libertad sea grosero y contrario a las leyes y a la Constitución, lo cual en el presente caso no ocurrió, por el contrario la accionante pretende utilizar al Tribunal Constitucional Plurinacional como una instancia más; 2) El Auto de Vista 356 de 12 de noviembre de 2021 y el Auto complementario de la misma fecha, no señala las razones de por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica y de qué manera vulnera algún derecho o garantía constitucional, siendo que en todo el memorial de la acción de defensa simplemente se realizó una relación de los antecedentes y cita de aspectos que no son coincidentes con los argumentos esgrimidos por su autoridad en el citado Auto de Vista 356 de 12 de noviembre y Auto complementario, para finalmente solicitar que se conceda la tutela y se ordene la nulidad del mencionado Auto de Vista 357 de 12 de noviembre, sin tomar en cuenta que la labor interpretativa y la decisión de atender recurso de apelación de medidas cautelares y su modificación es una atribución privativa de los jueces y tribunales ordinarios en materia penal, separación básica y natural que la accionante no diferenció; 3) El Auto de Vista 356/21 y el Auto 229 de 12 de noviembre de 2021, cumplen los requisitos exigidos por el art. 124, 171 y 173 del CPP; 4) En el caso que se ingrese al control de la legalidad ordinaria, se señaló dando respuesta a la parte apelante con relación al art. 231 bis.4 modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que está latente la calidad de autoría, así también el problema del terreno debe ser dilucidado, al no ser un desalojo sino una prohibición, toda vez que las medidas cautelares son instrumentales e independientes del proceso y no son definitivas, pueden variar y cambiar, pero si bien se indicó que era una medida de prohibición, empero en la audiencia de recurso de apelación la carga argumentativa le corresponde al apelante, es así que al advertir su error, en base a lo establecido por el art. 168 del CPP que faculta incluso de oficio a las autoridades judiciales corregir los defectos, se emitió el auto complementario 229/21, argumentación que respetó la garantía del debido proceso de la parte civil, enmarcando la resolución conforme a los principios de congruencia y de verdad material; 5) Se debe tomar en cuenta que las medidas cautelares son de carácter provisional conforme lo indica la Ley 1970 y la Ley 1173; 6) Llama la atención que esta acción de defensa se interponga el 11 de mayo de 2022; es decir, que la propia víctima consintió la resolución por la tardía disconformidad o reclamo, más aun cuando no se solicitó ninguna complementación al Auto 229/21; y, 7) No se señaló el perjuicio que ocasionó la decisión asumida, por lo que solicita se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional, pese a su notificación, cursante a fs. 115.

I.2.4. Intervención de los terceros interesados

Elfy Rojas Peña, Limber Balderrama Romero, Orlando Vargas Sosa, Julia Rita Romero Rivas, no asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a sus notificaciones vía WhatsApp, cursantes de fs. 116 a 123.

I.2.5. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 80/2022 de 23 de mayo, cursante de fs. 138 vta. a 143 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos, el accionante al haber identificado estas alteraciones o modificaciones al procedimiento efectuado por la Vocal ahora accionada en la tramitación del recurso de apelación y en la cual considera que se vulneraron derecho fundamentales, como ser el derecho al debido proceso, debió con carácter previo a la interposición de esta acción de defensa, conforme la SCP 1161/2013-L de 2 de octubre, interponer el incidente de actividad procesal defectuosa ante la misma autoridad que dictó el Auto de Vista, a efectos que se a la misma autoridad que advertida del defecto denunciado lo corrija o los mantenga incólume a efectos de poder recién acudir a la jurisdicción constitucional vía esta acción de amparo constitucional; es así que, no se superó la subsidiariedad. En vía de complementación y enmienda, el accionante a través de su abogado en audiencia solicitó a la Sala Constitucional que corrija el error en el que se incurrió al aplicar la SCP 1161/2013-L de 2 de octubre, e ingresen al análisis de fondo de la problemática planteada en la presente acción de amparo constitucional, manifestando que: la SCP 1161/2013-L, que cita a la SCP 0574/2012 de 20 de julio se refiere a una acción de amparo constitucional que atacó el procedimiento ilegal llevado a cabo en la tramitación de un recurso de apelación incidental, por el que se llegó a dictar el respectivo Auto de Vista, la presente acción de amparo constitucional no está dirigido a “atacar” el procedimiento llevado a cabo en la tramitación de su recurso de apelación de medidas cautelares; sino que impugna el segundo Auto 229 de 12 de noviembre de 2021, por constituirse en un acto arbitrario que quebranto la seguridad jurídica y la legalidad como elementos del debido proceso, al revertir el fondo de la decisión asumida inicialmente, es por eso que pidió que se deje sin efecto éste segundo Auto de Vista y se mantenga incólume el primer Auto de Vista que ya había resuelto en lo sustancial, es aspecto apelado; por lo que no es aplicable el fundamento jurídico de la SCP 1161/2013-L en el presente caso, incluso si hubiera atacado ambos aspectos, es decir, el supuesto procedimiento ilegal en la tramitación de su recurso y el Auto 229 de 12 de noviembre de 2021, de acuerdo a la Sentencia alegada, debieron negarle la tutela en relación al supuesto procedimiento ilegal e ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada con relación al quebrantamiento de la seguridad jurídica y la legalidad y con relación a la motivación insuficiente, arbitraria y la incongruencia sustancial citra petita. En mérito a esa solicitud, la Sala Constitucional, emitió el Auto 80/2022 de 26 de mayo, en el que declaró no ha lugar a la solicitud de corrección, complementación y enmienda, manifestando que la aclaración, complementación y enmienda tiene por objeto precisar conceptos oscuros, corregir errores materiales o subsanar omisiones, sin modificar el fondo de lo resuelto, en tal sentido y considerando que el accionante no presentó la solicitud de complementación en la audiencia de 23 de mayo de 2022, por lo que no corresponde la complementación y enmienda solicitada por el accionante, más aun cuando no establece ni precisa de forma clara, cuáles serían los conceptos oscuros o los errores materiales o las omisiones a subsanar, producto de la resolución emitida, al ser la misma clara, fundamentada y motivada en su contenido.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio 48/2021 de 9 de agosto, emitida por Janethe Esperanza Castro Martínez Jueza Pública Mixta e Instrucción Penal Primera de Cabezas del departamento de Santa Cruz, dispuso contra Elfy Rojas Peña, Limber Balderrama Romero, Orlando Vargas Sosa, Julia Rita Romero Rivas -hoy terceros interesados- medidas cautelares de carácter personal de presentarse ante el referido Juzgado cada quince días, arraigo departamental y nacional y prohibición de comunicarse con los testigos y (fs. 54 vta. a 57 vta.). II.2. Por Auto de Vista 357 de 12 de noviembre de 2021, emitido por Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora accionada- declaró admisible y procedente el recurso de apelación interpuesto por Felicidad Barja Ruiz -ahora accionante-; en consecuencia, modificó de manera parcial el Auto Interlocutorio 48/2021 de 9 de agosto, disponiendo habilitar la medida restrictiva del art. 234.4 del CPP no pudiendo las partes acercarse al lugar que está en problema (fs. 90 a 92). II.3. Cursa Auto 229 de 12 de noviembre de 2021, emitida por la Vocal ahora accionada quien dejó sin efecto la medida cautelar restrictiva conforme el art. 231 bis del CPP, de prohibición de hacerse al lugar de los supuestos hechos (terreno motivo de la litis) interpuesta para los imputados; en consecuencia, el Auto Interlocutorio 48/2021 de 9 de agosto se confirma en todas sus partes (fs. 93 y vta.).

I II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; puesto que la Vocal ahora accionada al emitir el Auto 229 de 12 de noviembre de 2021 revirtió el Auto de Vista 357 de 12 de la misma fecha, debido a que dejó sin efecto la medida cautelar de prohibición de acercarse al lugar del hecho, confirmando con ello el Auto Interlocutorio 48/2021, determinación asumida sin que la parte imputada se lo hubiera pedido, refiriendo únicamente el art. 168 del CPP que faculta corregir un defecto, pero no precisó cuál sería el acto defectuoso que se habría cumplido con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado y los Convenios y Tratados Internacionales.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Respecto a la motivación y fundamentación como elementos del debido proceso

La SCP 0652/2015-S1 de 22 de junio, estableció lo siguiente: «“‘La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R de 25 de junio. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’ (SC 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio).

De lo expuesto, inferimos que fundamentación y la motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”. De lo expresado concluimos que la fundamentación y la motivación en una resolución judicial o administrativa, constituye un deber ineludible de toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, en tal razón estos fallos a más de estar debidamente motivadas tienen que tener un sustento jurídico; es decir que, deben estar fundamentadas en elementos de hecho y de derecho» (las negrillas nos pertenecen).

III.2. La congruencia en las resoluciones judiciales como elemento del debido proceso

La SCP 0177/2013 de 22 de febrero, razonó indicando que: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

(…)

El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia” (las negrillas nos corresponden).

III.3. Distinción entre la labor de corrección y declaratoria de nulidad en actuaciones procesales

La SCP 0586/2019-S2 de 22 de julio, estableció al respecto: “…el Código de Procedimiento Penal distingue dos clases de defectos, los absolutos y los relativos, distinguiéndose los primeros porque no son susceptibles de convalidación y los segundos pueden ser convalidados en los casos previstos por el Código; en ese entendido, la SC 0659/2006-R de 10 de julio, precisó que: “…la diferencia sustancial de los defectos absolutos y relativos, radica en que en el defecto absoluto el quebrantamiento de la forma está vinculado a la protección de un derecho o garantía constitucional; en cambio, en el defecto relativo existe un quebrantamiento de forma (…) Ahora bien, siendo que en la problemática planteada, la accionante denuncia en lo principal que los Vocales demandados en virtud al art. 168 del CPP, pronunciaron el Auto Motivado de Corrección de Procedimiento de 28 de septiembre de 2018, rectificando el defecto contenido en el Auto de Vista 344/2018, cabe señalar que el Tribunal Constitucional anterior en la SC 0600/2003-R de 6 de mayo, realizando una distinción entre la corrección de los actos procesales inserto en el art. 168 del CPP y la declaratoria de nulidad de actuados, precisó que: “…el art. 167 citado que en su primer parágrafo textualmente dice: ‘No podrán ser valorados para dar una decisión judicial ni utilizados para presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la constitución política del Estado, Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y en este Código, salvo que el defecto pueda ser subsanado o convalidado’. Subsiguiente a dicha disposición, el legislador ha previsto las formas de corrección de los defectos procesales que puedan suceder durante la tramitación del proceso, así art. 168 titulado ‘Corrección’ dispone lo siguiente: ‘Siempre que sea posible, el juez o tribunal de oficio o a petición de parte, advertido el defecto, deberá subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido’.

Que del texto de las normas transcritas, se colige que el nuevo Sistema Procesal permite la corrección de los actos procesales erróneos subsanando, renovando o rectificando, lo que importa un reconocimiento de la existencia de las actuaciones procesales, los que al tener defectos subsanables pueden ser corregidos; por lo mismo la norma prevista por el art. 168 CPP no permite declarar la nulidad de obrados, que conceptualmente es diferente a la corrección, pues la primera permite al juzgador modificar o reparar todos los defectos o errores procesales que pudiese advertir durante la tramitación del proceso, en cambio la segunda importa retrotraer el proceso hasta el punto original en que se produjo el vicio, implica un desconocimiento de los actos procesales realizados por tener vicios absolutos, lo que significa que dichos actos nunca nacieron a la vida jurídica, por lo mismo el juzgador no puede subsanarlos y proseguir el proceso sin retrotraer el procedimiento; por ello el legislador ha previsto la norma contenida en el art. 169 de la Ley Nº 1970 en la que se enumeran los defectos absolutos. En consecuencia, la nulidad se opera frente a esos defectos absolutos que no son susceptibles de convalidación”.

Entendimiento que también fue asumido por el Tribunal Supremo de Justicia, que mediante Auto Supremo 206/2014-RRC de 22 de mayo, estableció que: “…ante la existencia de defectos procesales, el juzgador tiene la facultad de subsanarlos, ya sea modificando, rectificando o apartando todos los defectos o errores procesales que pudiese advertir durante la tramitación del proceso y sólo cuando se trate de defectos absolutos podrá retrotraer el proceso hasta el punto original en que se produjo el vicio por la afectación esencial a derechos fundamentales y garantías constitucionales que conlleva, lo que significa que corre a cargo de la autoridad judicial realizar el análisis de los actos procesales a efectos de determinar si se trata de defectos procesales subsanables o en su caso de defectos absolutos, pronunciando una resolución debidamente motivada que sustente su decisión”. Ahora bien, sobre el alcance del saneamiento procesal inserto en el art. 168 del CPP, bajo el nombre de “Corrección”, dispone que: “Siempre que sea posible, el juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, advertido el defecto, deberá subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido”, la SC 1405/2005-R de 8 de noviembre, señaló que: “…dicha norma debe ser interpretada en el contexto normativo en el que se ubica, pues los actos a que se refiere son identificados por el artículo inmediatamente anterior, que hace referencia a que no se podrá justificar la decisión judicial ni utilizar como presupuesto para la misma, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución, el bloque de constitucionalidad conformado por las Convenciones y Tratados internacionales y el propio Código procesal penal; de lo que se infiere que los actos ilegales a que se refiere el art. 168 del CPP analizado, son los que se generan a lo largo del proceso para fundar la decisión judicial, vale decir la prueba y otros que puedan caber en la intención del legislador; empero, no puede considerarse a la indebida inadmisibilidad de un recurso de apelación incidental como un acto susceptible de ser corregido, porque es un acto que no servirá para fundar una decisión posterior, pues es en sí mismo una decisión que da fin con el trámite de la apelación intentada, por tanto no se subsume bajo el supuesto del art. 168 del CPP”.

Por su parte Clemente Espinoza Carballo, sobre el particular señala que si bien el art. 168 del CPP: “…permite a jueces y tribunales, rectificar el error, cumplir el acto omitido o realizar de nuevo el acto, siempre que ello sea posible, de oficio o a petición de parte; sin embargo, estas mutaciones o revocaciones que pueden realizarse de oficio o a petición de parte, no pueden prejuzgar sobre lo principal, ni alterar resoluciones firmes y definitivas, porque constituiría revisión de las propias resoluciones por parte del juez o tribunal que las ha pronunciado, lo cual procesalmente no se admite, por corresponder la revisión de las resoluciones firmes y definitivas a los Tribunales de mayor jerarquía”; por consiguiente, si bien el ordenamiento adjetivo penal en vigencia, prevé en sus arts. 167 y 168 la obligación de saneamiento procesal que deben efectuar los jueces y tribunales a fin de evitar que el proceso se tramite con vicios o defectos que afecten su desarrollo, garantizando de esa forma que el mismo se lleve adelante en observancia de las disposiciones legales y que se corrija en forma adecuada -si fuere posible- los fallos procesales, las autoridades judiciales a momento de ejercer dicha facultad, en principio deben analizar y determinar si se trata de defectos procesales subsanables o absolutos, a fin de aplicar el art. 168 o 169 del CPP; y, en caso de ser factible la corrección del defecto -en virtud al art. 168 del mencionado cuerpo legal-, por tratarse de actos que sirvan para fundar una decisión posterior, la rectificación o mutación que se realice no puede modificar el fondo de lo resuelto ni alterar las resoluciones firmes y definitivas, ya que se ocasionaría una inseguridad jurídica en los justiciables”. (las negrillas son nuestras)

III.4. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; puesto que la Vocal ahora accionada al emitir el Auto 229 de 12 de noviembre de 2021 revirtió el Auto de Vista 357 de 12 de la misma fecha, debido a que dejó sin efecto la medida cautelar de prohibición de acercarse al lugar del hecho, confirmando con ello el Auto Interlocutorio 48/2021, determinación asumida sin que la parte imputada se lo hubiera pedido, refiriendo únicamente el art. 168 del CPP que faculta corregir un defecto, pero no precisó cuál sería el acto defectuoso que se habría cumplido con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado y los Convenios y Tratados Internacionales. De la revisión de antecedentes, se tiene que a través del Auto Interlocutorio 48/2021 de 9 de agosto, emitida por la Jueza Pública Mixta e Instrucción Penal de Cabezas del departamento de Santa Cruz, se dispuso contra los terceros interesados las medidas cautelares de carácter personal, de presentarse ante el juzgado cada quince días, arraigo departamental y nacional y prohibición de comunicarse con los testigos (Conclusión II.1.). Posteriormente por Auto de Vista 357 de 12 de noviembre de 2021, emitida por la Vocal ahora accionada declaró admisible y procedente el recurso de apelación interpuesto por la accionante; en consecuencia, modificó de manera parcial el Auto Interlocutorio 48/2021, disponiendo habilitar la medida restrictiva del art. 234.4 del CPP -siendo lo correcto art. 231 bis- no pudiendo las partes acercarse al lugar que está en problema (Conclusión II.2.); sin embargo, la Vocal hoy accionada mediante Auto 229 de 12 de noviembre de 2021, dejó sin efecto la medida cautelar restrictiva conforme el art. 231 bis del CPP, de prohibición de hacerse al lugar de los supuestos hechos (terreno motivo de la litis) interpuesta para los imputados; en consecuencia, el Auto Interlocutorio 48/2021 se confirmó en todas sus partes (Conclusión II.3.).

Conforme a lo citado en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda autoridad judicial o administrativa que emita alguna determinación debe hacerlo en el marco del debido proceso, cumpliendo con la debida fundamentación y motivación, expresando los motivos de hecho como de derecho en que basó sus decisiones; dejando pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados, sino en la forma como se decidió. Por otro lado, el principio de congruencia consiste en que la resolución de primera o de segunda instancia responda a la expresión de agravios de las partes. En ese sentido, corresponde verificar si lo denunciado por el accionante es o no evidente, por lo que se debe considerar que, luego de emitido el Auto de Auto de Vista 357 de 12 de noviembre 2021 que declaró admisible y procedente el recurso de apelación interpuesto por la accionante; en consecuencia, modificó de manera parcial el Auto Interlocutorio 48/2021, disponiendo habilitar la medida restrictiva del art. 234.4 del CPP -siendo lo correcto art. 231 bis- por lo que las partes no podían acercarse al lugar del problema, los terceros interesados solicitaron explicación, complementación y enmienda a dicha determinación expresando lo siguiente: i) Explique cuál es nexo de causalidad entre el riesgo procesal de peligro de obstaculización en relación a la falta de exposición de testigos y la medida cautelar de prohibición de acercarse al lugar que está imponiendo; y, ii) Complemente cual es el plazo que les otorga para dejar de acercarse a ese lugar toda vez que tienen mejoras ahí, tienen pasto, maíz sembrado y van a perder por falta de atención; en respuesta, la Vocal ahora accionada señaló que, entendiéndose que no está verificado ni aclarado con relación a que si viven o no viven los imputados en el lugar como manifiestan y que tienen casa, sus siembras y sus animales en el lugar, por lo que dio al Ministerio Público cinco días para verificar si existen siembras o no, si el Ministerio Público confirma que hay siembra se considerará el tiempo que el Ministerio Público indique que la siembra puede ser retirada y si indica que no existe, el cumplimiento es inmediato. Sin embargo, la Vocal ahora accionada el mismo 12 de noviembre de 2022 emitió el Auto 229, dejando sin efecto la medida cautelar restrictiva del art. 231 bis del CPP, de prohibición de acercarse al lugar de los supuestos hechos (terrenos motivo de la Litis) interpuesta para los imputados, en consecuencia, el Auto 48/21 se confirmó en todas sus partes, señalando en el Considerando (segundo) que el art. 168 del CPP facultaba a dicha autoridad a corregir un defecto, ya se de oficio, en consecuencia o a petición de parte, subsanando inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido; es así que en aplicación estricta de esta norma procesal, la suscrita manifestó que la audiencia efectuada ese día a las 9:10 horas, la parte civil en su fundamentación solicitó como medida cautelar el no acercamiento de la parte imputada al terreno motivo de Litis, a dicha solicitud la suscrita, verificando que existía probabilidad de autoría concedió dicha medida, empero la parte imputada solicitó complementación, toda vez que, que tendrían pertenencias en el lugar y que incluso vivían en el mismo, a ese efecto se consultó al representante del Ministerio Público si se hizo una verificación y si se tenía precintado dicho inmueble, pero el representante del Ministerio Público mencionó que no tenía conocimiento, ni la información si es que existían pertenencias de los imputados, por lo que en base a esa duda, tomando en cuenta el principio in dubio pro reo, que la duda beneficia a la parte imputada, más aun tomando en cuenta el art. 276 del CPP, que establece que la carga argumentativa y probatoria pertenece al solicitante, en este caso a la parte civil, que no adjuntó algún elemento probatorio que indique que dicho terreno este vació o sin pertenencias de la parte imputada, por lo que en base al principio de favorabilidad establecido por los arts. 7, 221 y 222 del CPP, con el fin de evitar futuras nulidades, concordante con el art. 168 del CPP, de oficio subsanó inmediatamente el error cometido. En ese contexto, se evidencia que el Auto 229, no surgió como respuesta a la solicitud realizada por los terceros interesados de explicación, complementación y enmienda, de acuerdo al art. 125 del CPP -figura que no implica una modificación esencial de la decisión principal-; por lo que dicho Auto no tendría que tener correspondencia con los puntos expuestos en ese recurso, a pesar de haberse mencionado el pedido de explicación en el Auto cuestionado como una forma de contextualización; es decir, la congruencia como elemento del derecho al debido proceso, no fue vulnerado en el presente caso. Ahora bien, respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, se tiene que a partir de la lectura del Auto 229, que el mismo fue emitido al amparo del art. 168 del CPP, señalando como argumento principal que ante la duda respecto a si existía en el terreno objeto de proceso, pertenencias de los imputados o no, se procedía a subsanar inmediatamente el error cometido, refiriéndose a la concesión de la medida restrictiva referida a que las partes no pueden acercarse al lugar del problema; por lo que, dejó sin efecto la citada medida cautelar restrictiva, con lo que se dejó sin efecto el Auto de Vista 357 de 12 de noviembre 2021 al ser la referida medida el único aspecto autorizado en esa Resolución, aunque no fue señalado expresamente.

Bajo esa marco, la determinación asumida por la Vocal ahora accionada es arbitraria, debido a que no señaló de forma clara y concreta el defecto en el cual incurrió esa autoridad judicial, que podría ser objeto de una nulidad futura, además que el sustento legal con el que procedió a anular el Auto de Vista 357 de 12 de noviembre 2021, es erróneo, debido a que el art. 168 del CPP no permite dejar sin efecto una resolución, haciendo como si dichos actos nunca hubieran nacido a la vida jurídica, si bien la autoridad judicial tiene la facultad de disponer la nulidad como sanción procesal, pero la misma se da a consecuencia de la existencia de un defecto absoluto que se encuentran detallados por el art. 169 del CPP. En ese entendido, el art. 168 del CPP únicamente permite reparar los defectos o errores procesales subsanables que se pudieran advertir durante el trámite del proceso, pero sin retrotraer el procedimiento, aspecto que no fue considerado así por la Vocal ahora accionada, quien al momento de dejar sin efecto el Auto de Vista 357 de 12 de noviembre 2021 -que solo puede ser revisado por un Tribunal de mayor jerarquía-, a través del Auto 229 revirtió la determinación ya asumida, pues dejó sin efecto la prohibición para los imputados -terceros interesados- de concurrir al lugar de los supuestos hechos, para volver al estado anterior, es decir, a lo dispuesto en el Auto Interlocutorio 48/2021, que no determinó entre las medidas cautelares de carácter personal impuestas a los terceros interesados, dicha medida restrictiva (art. 231 bis inc. 4) del CPP), lo que implicó un modificación de fondo, que no se encuentra permitido en virtud a la aplicación del art. 168 del CPP; consecuentemente, la Resolución asumida por la Vocal ahora accionada, que alega corrección, no se encuentra debidamente fundamentada ni motivada, al no exponer de manera clara las razones fácticas, como tampoco estar correcto el sustento jurídico que justificaría la decisión que asumió, razón por la que debe concederse la tutela solicitada respecto a estos elementos del derecho al debido proceso. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 80/2022 de 23 de mayo, cursante de fs. 138 vta. a 143 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y en consecuencia:

1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

a) Disponiendo dejar sin efecto el Auto 229 de 12 de noviembre de 2021 emitido por la Vocal de la Sala Penal Segunda de Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la congruencia como elemento del derecho al debido proceso. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0840_2023-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): c5b346db386634c04dfca71b1f92abc606d1c566ef598d736b9c5a2cc7739068

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