Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de agosto de 2025
Deniega la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, “al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva” y del principio de seguridad jurídica; toda vez que, sin considerar su condición de adulto mayor, teniendo setenta y cuatro años de edad, el 8 de agosto de 2022, la autoridad demandada dispuso su detención preventiva por sesenta días calendario, contrario a lo establecido por el art. 232.4 del CPP que establece la improcedencia de dicha medida contra personas mayores de sesenta y cinco años. Ante ello, la autoridad demandada refiere que la imposición de la detención preventiva fue en base al análisis de los riesgos procesales persistentes, considerando que el impetrante de tutela se dio a la fuga al momento de su aprehensión, y por ello, se lo declaró rebelde por inasistencia injustificada a la audiencia de medidas cautelares, entre otros que motivaron la persistencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización del proceso; medida que fue impugnada y confirmada en apelación ante el Tribunal de alzada. Por otro lado, en audiencia de situación jurídica de 19 de octubre de 2022, no se desvirtuaron los riesgos procesales, situación por la cual se dispuso la continuidad de su detención preventiva, y siendo que el accionante impugnó dicha determinación, a la fecha se encuentra en revisión ante el Tribunal de apelación. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2023 de 10 de febrero, cursante de fs. 28 a 29, pronunciado por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática denunciada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0837/2025-S2 Sucre, 4 de agosto de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 53829-2023-108-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 10/2023 de 10 de febrero, cursante de fs. 28 a 29, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gustavo Mario Laime Flores en representación sin mandato de Efraín Argani Flores contra Miguel Ángel Careaga Pacajes, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 9 de febrero de 2023, cursante a fs. 1 y 5 a 8 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de avasallamiento en área minera, el 18 de agosto de 2022, mediante Auto Interlocutorio 288/2022-P, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, pese a que pertenece a una población vulnerable por ser una persona de la tercera edad, con setenta y cuatro años, y por padecer problemas auditivos, presión alta y dolores propios de su edad. No obstante, pese a aquellas circunstancias, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares en contravención a lo establecido por el art. 232.4 del Código de Procedimiento Penal (CPP), lo que derivó en un procesamiento indebido, pues, en un principio, se estableció su detención preventiva por sesenta días y, hasta la fecha -se comprende de interposición de la presente acción de libertad- se encuentra más de seis meses privado de libertad, aspectos que vulnera sus derechos.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, “al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva” y del principio de seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 22, 23, 67, 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, la autoridad demandada libre mandamiento de libertad en su favor.
Celebrada la audiencia pública virtual el 10 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 26 a 27 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliando en audiencia señaló que: a) El 18 de agosto de 2022, se llevó una audiencia de medidas cautelares disponiendo la detención preventiva de accionante, incumpliendo el test de proporcionalidad de acuerdo al art. 7 del CPP, el cual menciona que, en caso de duda, debe aplicarse lo más favorable al imputado; asimismo, no se consideró lo dispuesto en el art. 232.4 de igual norma procesal, respecto a la improcedencia de la medida cautelar en contra de personas adultas mayores de sesenta y cinco años, ya que el impetrante de tutela tiene setenta y cuatro años conforme señala su carnet de identidad; y, b) En la audiencia cautelar, no se señaló de qué manera el accionante ejercerá o ejerció violencia física contra otras personas, por lo menos probando con certificados médicos forenses, y sin señalar si fue el principal agresor. En tal situación, no se hizo una valoración correcta respecto al análisis de la aplicación de medida cautelar de acuerdo al principio de proporcionalidad, si ésta es idónea y necesaria.
Miguel Ángel Careaga Pacajes, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, por informe escrito cursante de fs. 23 a 25, solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que: 1) El Ministerio Público presentó imputación formal y solicitó la detención preventiva del peticionante de tutela y otros, por el presunto delito de avasallamiento de área minera, sabotaje e instigación pública a delinquir, por el lapso de cuatro meses, y que, bajo el principio de favorabilidad ordenó que su detención preventiva, sea solo de sesenta días calendario y no así seis meses como solicitó la Fiscalía; 2) Cursa el Auto Interlocutorio 274/2022-P de 3 de agosto, en la cual se declara la rebeldía del impetrante de tutela, disponiéndose la emisión de mandamiento de aprehensión en su contra. Posteriormente, ante el cumplimiento del mismo, se llevó a cabo su audiencia de medidas cautelares personales y, mediante la citada Resolución se dispuso su detención preventiva, previo al análisis de probabilidad de autoría y riesgos procesales persistentes, entre ellos los establecidos en el art. 234.1, 4 y 7, y 235.2 del CPP, que no fueron desvirtuados por el mismo, situación por lo que se dispuso su detención preventiva bajo el test de proporcionalidad, considerando también que tiene una actividad reiterada de delitos conforme el art. 234.4 de igual norma; 3) El Auto Interlocutorio que impuso la detención preventiva al accionante, fue apelada a efectos de su revisión por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la cual dictó el Auto de Vista 285/2022 de 23 de septiembre, misma que confirmó la resolución de medidas cautelares, aplicando la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; 5) Considerando que las resoluciones que determinan la detención preventiva no causan estado, el impetrante de tutela pudo solicitar la cesación a la detención preventiva en cualquier momento, pero no lo hizo; y, 6) Tras audiencia de situación jurídica, se dictó el Auto Interlocutorio 370/2022-P de 19 de octubre, donde el peticionante de tutela no desvirtuó los riesgos procesales persistentes, determinándose su detención preventiva para poner la causa a disposición del Juzgado de Sentencia de Caranavi del departamento de La Paz, ante la presentación de acusación formal por parte del Ministerio. Dicha resolución fue apelada, la cual no fue resuelta hasta la fecha.
El Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 10/2023 de 10 de febrero, cursante de fs. 28 a 29, denegó la tutela solicitada, con base en el siguiente fundamentos: i) Actualmente el proceso ya no radica en la jurisdicción de la autoridad demandada, encontrándose en un Tribunal de Sentencia de la Capital del departamento de La Paz; y, ii) El accionante debió activar los mecanismos de defensa ante la justicia ordinaria, siendo que la jurisdicción constitucional no puede generar un criterio sobre los actuados ya realizados en dicha vía ordinaria, resultando inviable activar la vía constitucional, más aun cuando existe una apelación pendiente.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 274/2022-P de 3 de agosto, emitido por Miguel Ángel Careaga Pacajes, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz -ahora demandado-, mediante el cual declaró la rebeldía de Efraín Argani Flores -ahora accionante- y otros coimputados por inasistencia injustificada (fs. 13 y vta.). II.2. Por Auto Interlocutorio 288/2022-P de 18 de agosto, la autoridad demandada determina la detención preventiva del impetrante de tutela por el plazo de sesenta días calendario, a ser cumplido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (fs. 14 a 19 vta.). II.3. Tras audiencia de situación jurídica, a través de Auto Interlocutorio 370/2022-P de 19 de octubre, la autoridad demandada, dispuso que el accionante “…continúe en Detención Preventiva en el Penal de San Pedro de la ciudad de La Paz…” (sic [fs. 20 a 22]).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, “al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva” y del principio de seguridad jurídica; toda vez que, sin considerar su condición de adulto mayor, teniendo setenta y cuatro años de edad, el 8 de agosto de 2022, la autoridad demandada dispuso su detención preventiva por sesenta días calendario, contrario a lo establecido por el art. 232.4 del CPP que establece la improcedencia de dicha medida contra personas mayores de sesenta y cinco años. Ante ello, la autoridad demandada refiere que la imposición de la detención preventiva fue en base al análisis de los riesgos procesales persistentes, considerando que el impetrante de tutela se dio a la fuga al momento de su aprehensión, y por ello, se lo declaró rebelde por inasistencia injustificada a la audiencia de medidas cautelares, entre otros que motivaron la persistencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización del proceso; medida que fue impugnada y confirmada en apelación ante el Tribunal de alzada. Por otro lado, en audiencia de situación jurídica de 19 de octubre de 2022, no se desvirtuaron los riesgos procesales, situación por la cual se dispuso la continuidad de su detención preventiva, y siendo que el accionante impugnó dicha determinación, a la fecha se encuentra en revisión ante el Tribunal de apelación. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0241/2018-S2 de 12 de junio, estableció que: “El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad; ya en el marco de la Constitución Política del Estado vigente a partir de 2009, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. Posteriormente, la SC 0105/2010-R de 10 de mayo señaló que cuando quien recurre de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aun en el supuesto que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, no procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad; puesto que de lo contrario, se crearía una disfunción procesal opuesta al orden jurídico. Más adelante en la SC 0687/2011-R de 16 de mayo se denegó la tutela en razón a que el accionante activo paralelamente las jurisdicciones ordinaria y constitucional, luego la SCP 0160/2014-S2 de 20 de noviembre, también denegó la tutela por activación paralela de las jurisdicciones ordinaria y constitucional. Conforme a lo anotado, se evidencia que la jurisprudencia constitucional mantuvo uniforme el entendimiento de la no procedencia de la acción de libertad cuando el impetrante de tutela activa simultáneamente las jurisdicciones ordinaria y constitucional, en mérito a la subsidiariedad excepcional”.
El impetrante de tutela denunció la ilegalidad de su aprehensión y la aplicación de la detención preventiva dispuesta mediante Auto Interlocutorio 288/2022-P de 18 de agosto, por considerarlo contrario a lo establecido en el art. 232.4 del CPP; sin embargo, de acuerdo con los actuados procesales posteriores -según refirió la autoridad demandada-, el 19 de octubre de 2022 se llevó a cabo una audiencia de situación jurídica, en la que, mediante Auto Interlocutorio 370/2022-P, se dispuso la continuidad de la detención preventiva del accionante, al haberse presentado acusación formal por parte del Ministerio Público. Dicha resolución fue apelada por el peticionante de tutela, encontrándose aún en revisión ante el Tribunal de alzada. En relación con esta apelación pendiente, no fue remitida el acta respectiva, por lo que su existencia se conoce únicamente a partir de lo manifestado por la autoridad demandada. Frente a este alegato, el impetrante de tutela no formuló oposición ni planteó dudas, y tampoco se refirió a dichos actuados posteriores al hecho que denuncia, menos aún a la existencia de una apelación en trámite. Por tal motivo, esta Sala debe tener por cierto lo alegado por la autoridad demandada respecto a la apelación pendiente, toda vez que la buena fe de dicha autoridad no ha sido puesta en duda, ni existe motivo para desconocer lo manifestado. En consecuencia, considerando que el accionante paralelamente apeló el Auto Interlocutorio 370/2022-P que dispuso la continuidad de su detención preventiva, cuya resolución se encuentra ante el Tribunal de alzada pendiente de resolución, y que, de manera simultánea interpuso la presente acción de libertad sin esperar el pronunciamiento del referido Tribunal ad quem -el cual determinará su situación jurídica, objeto de la presente acción-, corresponde denegar la tutela por subsidiariedad excepcional, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, a fin de evitar la emisión de posibles resoluciones contradictorias. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2023 de 10 de febrero, cursante de fs. 28 a 29, pronunciado por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática denunciada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0837_2025-S2.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1c0d8c461de1f7df642b51a208c8da791d6fc9c36ab613c9f38541122f3df20e
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