B.IA.LEGAL

SCP 0836/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 1 de agosto de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
1 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
48469-2022-97-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la estabilidad laboral, a la integridad física, a la seguridad social, a la garantía de la inamovilidad laboral; puesto que, la Caja Bancaria Estatal de Salud, después de despedirla injustificadamente a pesar de tener conocimiento que se encontraba en estado de embarazo, se resiste a cumplir la Conminatoria J.D.T.-L.P. /C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/D.S. 012/ 212/2021 de 10 de diciembre, en la que conminó a la referida Caja de Salud, a su inmediata reincorporación por inamovilidad laboral de la accionante, al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido; es decir, como Licenciada en Enfermería, más el pago de sus salarios y demás derechos sociales y laborales que correspondan. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 102/2022 de 31 de mayo, cursante de fs. 212 a 214, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER, la tutela solicitada de forma provisional en favor de Ángela Nicol Silvestre Nogales, en cuyo mérito se ordena al Director General Ejecutivo de la Caja Bancaria Estatal de Salud, al cumplimiento inmediato e íntegro de la Conminatoria J.D.T.-L.P. /C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/D.S. 012/ 212/2021 de 10 de diciembre, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la tutela provisional y extraordinaria vinculada a la ejecución inmediata e íntegra de la conminatoria laboral en tanto se defina la situación laboral del trabajador en vía recursiva en sede administrativa o revisión judicial
  2. III.2. De la garantía reforzada de la inamovilidad laboral de mujeres embarazadas y progenitores
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0836/2023-S3 Sucre, 1 de agosto de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 48469-2022-97-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 102/2022 de 31 de mayo, cursante de fs. 212 a 214, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ángela Nicol Silvestre Nogales contra Edgar Eduardo Flores, Director General Ejecutivo de la Caja Bancaria Estatal de Salud.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante por memorial presentado el 29 de abril de 2022, cursante de fs. 49 a 58., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

La Caja Bancaria Estatal de Salud, contrató sus servicios en calidad de personal eventual, como Licenciada en Enfermería, mediante Memorando Sección U.RRHH 190/2021 de 24 de agosto, hasta la conclusión de la baja médica prenatal de la Licenciada Eugenia Virgen Laruta Uruchi, sin suscribir ningún contrato; empero, desarrollando sus funciones correspondientes; continuó trabajando en calidad de personal eventual, como Licenciada en Enfermería, mediante Memorando Sección U.RRHH 228/2021 de 30 de septiembre, hasta el 12 de noviembre de 2021, por baja médica prenatal de la Licenciada Eugenia Laruta Uruchi. El 26 de octubre de 2021, mediante Nota, comunicó al Jefe de Recursos Humanos (RR.HH.) de la Caja Bancaria Estatal de Salud, su estado de gestación, solicitando inamovilidad laboral, sin recibir respuesta alguna; sin embargo, cuando cumplía sus funciones con normalidad, el 12 de noviembre del citado año, le comunicaron que era su último día de trabajo. En ese entendido, mediante Nota de 16 de noviembre del mismo año, dirigido al Director ahora accionado, reiteró su estado de embarazo, solicitando su reincorporación laboral, y adjuntó certificados de trabajo de tres anteriores periodos de trabajo. Ante esa situación presentó denuncia de despido injustificado y solicitud de reincorporación laboral ante la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, quien emitió la Conminatoria J.D.T. -L.P. /C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/D.S. 012/ 212/2021 de 10 de diciembre, por el que conminó a la Caja Bancaria Estatal de Salud “Clínica Modelo”, a su inmediata reincorporación por inamovilidad laboral, al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido en la referida Caja; es decir, de Licenciada en Enfermería, más el pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que le corresponden, Conminatoria con la que la entidad hoy accionada fue notificada el 29 de diciembre de 2021, sin que haya cumplido hasta la fecha, vulnerando sus derechos laborales.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la estabilidad laboral, a la integridad física, a la seguridad social, a la garantía de la inamovilidad laboral, citando al efecto los arts. 45.I, II, III y V, 48.VI de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga su reincorporación al mismo puesto que ocupaba al momento de ser despedida, más el pago de sus salarios devengados y demás derechos laborales conforme lo dispuesto en la Conminatoria J.D.T.-L.P. /C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/D.S. 012/ 212/2021 de 10 de diciembre, emitido por la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 31 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 208 a 211, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogada, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, manifestó que: a) Durante el lapso de tiempo del incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, nació su hija el “25” de mayo del presente año, al encontrarse privada de su trabajo, tuvo que soportar presiones psicológicas, sufrimientos que afectaron a su bebé, acudir al Hospital de la Mujer, erogar gastos para la atención de su hija menor de edad; b) Por su experiencia, en la época de la emergencia sanitaria y la cuarentena, fue convocada por la Caja Bancaria Estatal de Salud, para que preste servicios como Licenciada en Enfermería, sin la suscripción de contrato escrito alguno y solo con un memorando de designación, recibiendo reconocimiento por esa labor, desarrolló tareas propias y permanentes; y, c) El 12 de noviembre de 2021, personal de la Caja Bancaria Estatal de Salud se apersonó para pedirle que recoja todos sus bienes y utensilios que tuviese en la institución; consecuentemente, le fue; negado el acceso a la misma y al derecho al trabajo, cuando en “septiembre” ya conocían que se encontraba en estado de gestación. Por lo expuesto, solicita se conceda la tutela y se disponga su reincorporación laboral, y la restitución de sus derechos sociales.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Edgar Eduardo Flores, Director General Ejecutivo de la Caja Bancaria Estatal de Salud, representado legalmente por Dennis Lee Zeballos Morales, mediante informe presentado el 31 de mayo de 2022, cursante de fs. 121 a 132, así como en audiencia, manifestó que: 1) En la presente causa previamente se debe agotar tanto la vía administrativa y judicial, observando el principio de subsidiariedad que rige ésta acción tutelar, tomando en cuenta que se encuentra pendiente de resolución el recurso jerárquico presentado por la Caja Bancaria Estatal de Salud, el 12 de marzo de 2022; 2) Como emergencia de la baja prenatal de Eugenia Virgen Laruta Uruchi, Licenciada en Enfermería, funcionaria de la Caja Bancaria Estatal de Salud; consiguientemente, se emitió el Memorando 190/2021 de 24 de agosto, para la contratación temporal como personal eventual de la accionante, hasta la conclusión de la baja médica prenatal de la Licenciada Eugenia Virgen Laruta Uruchi, ante la nueva presentación del certificado de incapacidad temporal de cuarenta y cinco días por maternidad de la nombrada, la Caja Bancaria Estatal de Salud emitió el Memorando 228/2021 de 30 de septiembre, por la contratación temporal como personal eventual de la accionante, hasta el 12 de noviembre de 2021, por la baja médica postnatal precedentemente mencionada; 3) El 26 de octubre de 2021, la accionante, mediante nota comunicó de su estado de gestación, por el cual, solicitó inamovilidad laboral, la cual fue respondida mediante Nota de CBES/DAF/RRHH/ 938/2021 de 15 de noviembre, indicándole de las circunstancias de su contratación temporal y la excepción a la inamovilidad laboral en casos de contratos temporales a plazo fijo, eventuales fue para cubrir la ausencia temporal de Eugenia Virgen Laruta Uruchi, por baja médica de pre y post natal, y de obra, -así como la jurisprudencia constitucional-; 4) En el procedimiento desarrollado en la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz de Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social por la denuncia presentada por la accionante, la referida Caja presentó impugnaciones mediante los recursos de revocatoria y jerárquico, encontrándose esta última, pendiente de resolución; 5) La accionante fue contratada de manera eventual, mediante memorandos no verbal ni indefinida, para cubrir la ausencia temporal por baja médica de otra funcionaria, por un lapso de dos meses y diecinueve días; puesto que, la atención de la población asegurada no puede ser suspendida ni un día a costa de poner en riesgo sus vidas; por lo que, la accionante conocía el inicio y finalización de su contrato, su desvinculación se debió a la conclusión del plazo de contrato, sin que la Caja Bancaria Estatal de Salud haya vulnerado su derecho al trabajo, ni la garantía de la inamovilidad laboral o incurrido en discriminación; 6) Conminatoria J.D.T.-L.P. /C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/D.S. 012/ 212/2021 de 10 de diciembre, emitido por la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, no tomó en cuenta los argumentos de descargos presentados por la Caja Bancaria Estatal de Salud; por lo que, carece de la debida fundamentación, ya que se basó en el hecho natural de la gestación, sin considerar la suplencia que cumplía la accionante en la referida Caja; por lo que, su contratación fue a plazo fijo; sin embargo, se limitó en citar en de manera textual disposiciones legales y jurisprudenciales, sin exponer su aplicación al caso concreto, al haberse impugnado en sede administrativa y encontrarse pendiente de resolución el recurso jerárquico presentado; por lo que, se encuentran impedidos de dar cumplimiento a la Conminatoria J.D.T.-L.P. /C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/D.S. 0012/ 212/2021; 7) La Caja Bancaria Estatal de Salud, es una entidad descentralizada del Ministerio de Salud y Deportes, sujeta al control y fiscalización de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990- y sujeta a responsabilidad por la función pública; por lo que, la referida Conminatoria no puede ni debe incumplir la normativa vigente, como lo dispuesto por el art. 5.II del Decreto Supremo (DS) 012 de 19 de febrero de 2009, que dispone la inaplicación de la inamovilidad laboral en contratos de trabajo que por su naturaleza son temporales, eventuales o de obra, disposición normativa que no fue modificada o abrogada, tampoco fue declarada inconstitucional; por lo que, la inamovilidad laboral no se aplica a relaciones laborales eventuales; 8) Al ser una entidad pública, programa sus gastos para cada año, diseñando su Programa Operativo Anual (POA); por lo que, el presupuesto ya se encuentra asignado para los proyectos, personal, etc., y no contempla gastos adicionales para realizar contrataciones de personal fuera de lo programado y menos aún de personal en suplencia; 9) Respecto al “ʽDERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL E INCUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO ÚNICO DE PRESTACIONES DE LA ASUSSʼ” (sic) por Nota con CITE: CBES/DAF/SEG/INT/ 80/2022 de 16 de marzo, emitida por el Encargado de Seguros e Inspección de Empresas de la Caja Bancaria Estatal de Salud, la accionante -ex asegurada- solicitó extemporáneamente su continuidad de seguro de salud, la referida Caja no puede actuar de oficio ampliando el seguro por maternidad, sin previo requerimiento; por lo que, debido a la dejadez de la accionante existe una interrupción de cinco días posterior al periodo de cesantía, desde 12 de enero de 2022 y la solicitud fue presentada el 17 de igual mes y año; por lo que, ese Ente Gestor cumplió a cabalidad con la asistencia correspondiente a favor de la accionante hasta dos meses después de la conclusión de contrato; y, 10) Debido a dicha interrupción se hace conocer que la Caja Bancaria Estatal de Salud se encuentra imposibilitada para dar continuidad al seguro de maternidad en cumplimiento al Reglamento Único de Prestaciones de la ASUS, tal cual señala la Nota con CITE: CBES/DAF/SEG/INT/ 80/2022; además, existen vacíos legales respecto a las prestaciones en especie en personal eventual que cuenta con dos cotizaciones; por lo que, se solicitó a la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS) una interpretación de la norma, por los razonamientos expuestos por la ex trabajadora -accionante- que llegó a gozar del seguro de salud, maternidad por dos meses posteriores a la desvinculación laboral -hasta el 12 de enero de 2022-, conforme al citado Reglamento. Por lo expuesto solicitó se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 102/2022 de 31 de mayo, cursante de fs. 212 a 214, concedió la tutela solicitada por la accionante, en cuyo mérito ordenó al Director ahora accionado, dé cumplimiento íntegro a la Conminatoria J.D.T.-L.P. /C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/D.S. 012/ 212/2021, debiendo estar a las providencias de la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, bajo los siguientes fundamentos: i) El Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, respecto a las conminatorias emitidas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social expresó que la única función del Tribunal de garantías al respecto es dar curso legal, tomando en cuenta que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, no tiene la potestad que la autoridad jurisdiccional para hacer cumplir la conminatoria; ii) En cumplimiento a dicha Resolución de Doctrina, el Tribunal de garantías no puede ingresar a verificar si la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social cumplió con la debida fundamentación o valoración de la prueba, porque “…una acción de tutela respecto a una conminatoria es una acción meramente cautelar, es decir, que entre tanto la Autoridad administrativa o la autoridad jurisdiccional a fortiori establezcan lo contrario…” (sic) el Tribunal de garantías tiene la obligación de hacer cumplir la conminatoria de reincorporación laboral; y, iii) En cumplimiento al DS 495 de 1 de mayo de 2010, el trabajador, con la conminatoria de reincorporación laboral puede acudir a la jurisdicción constitucional para hacer cumplirla, con los recursos interpuestos no se suspenden, salvo dispuesto en la vía cautelar a solicitud de parte.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Entre la Caja Bancaria Estatal de Salud, representado legalmente por Edgar Eduardo Flores -ahora entidad accionada- y Ángela Nicol Silvestre Nogales -hoy accionante-, se estableció la relación laboral a través de: a) Contrato de trabajo a plazo fijo, Licenciada en Enfermería por Emergencia Sanitaria del COVID-19, signado como AL.CONT.LAB. 085/2020, teniendo como objeto la prestación de servicios de enfermería, que deriva de la necesidad de temporada y/o demanda extraordinaria de prestación de servicios por la pandemia mundial del COVID-19, a partir del 10 de julio de 2020 hasta el 31 de diciembre de igual año (fs. 27 a 28 vta.); b) Memorando Sección U.RRHH 190/2021 de 24 de agosto, en el cargo de Licenciada en Enfermería desde el 24 de agosto de 2021 hasta la conclusión de la baja médica prenatal de la Licenciada Eugenia Virgen Laruta Uruchi; por lo que, no implica una reconducción tácita (fs. 18); y, c) Memorando Sección U.RRHH 228/2021 de 30 de septiembre, en el cargo de Licenciada en Enfermería desde el 30 de septiembre de 2021 hasta el 12 de noviembre de 2021, por la baja médica de la Licenciada Eugenia Virgen Laruta Uruchi; por lo que, no implica una reconducción tácita (fs. 19).

II.2. Cursa Nota, de Informe de estado gestacional y solicitud de inamovilidad laboral, vía la Jefa de DD.HH. de la Caja Bancaria

Estatal de Salud, por la accionante, recibida 26 de octubre de 2021 por la Caja Bancaria Estatal de Salud, y reiteró el referido Informe mediante Nota recibida por la Caja 16 de noviembre de 2021 por la referida Caja (fs. 4 a 7).

II.3. Mediante Conminatoria J.D.T.-L.P. /C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/D.S.

012/ 212/2021 de 10 de diciembre, emitida por el Jefe Departamental La Paz, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, conminó a la Caja Bancaria Estatal de Salud “Clínica Modelo” a la inmediata reincorporación por inamovilidad laboral de la accionante, al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido; es decir, como Licenciada en Enfermería, más el pago de sus salarios y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación; Conminatoria, que no fue cumplida por la entidad ahora accionada, conforme se evidencia del Informe J.D.T.L.P.-RJEC-VR-015/2022 de 12 de enero emitido por la Inspectora de Trabajo de la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (fs. 23 a 26 vta. y 33 y vta.).

II.4. Por Resolución Administrativa (RA) 063/22 de 9 de febrero de

2022, se consideró y resolvió el recurso de revocatoria interpuesto por la Caja Bancaria Estatal de Salud a través de su representación legal, en cuya parte resolutiva confirmó la Conminatoria J.D.T.-L.P. /C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/D.S. 012/ 212/2021; consiguientemente, rechazó el recurso de revocatoria (fs. 30 a 32 vta.). II.5. Por certificado Médico de Nacido Vivo expedido por Jaime Montaño Suarez, Pediatra, M-1035 M-426 del Hospital de la Mujer, se evidencia el nacimiento de la menor de edad, hija de la accionante, el 24 de mayo de 2022 -edad de gestación treinta y nueve semanas- (fs. 64).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la estabilidad laboral, a la integridad física, a la seguridad social, a la garantía de la inamovilidad laboral; puesto que, la Caja Bancaria Estatal de Salud, después de despedirla injustificadamente a pesar de tener conocimiento que se encontraba en estado de embarazo, se resiste a cumplir la Conminatoria J.D.T.-L.P. /C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/D.S. 012/ 212/2021 de 10 de diciembre, en la que conminó a la referida Caja de Salud, a su inmediata reincorporación por inamovilidad laboral de la accionante, al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido; es decir, como Licenciada en Enfermería, más el pago de sus salarios y demás derechos sociales y laborales que correspondan. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la tutela provisional y extraordinaria vinculada a la ejecución inmediata e íntegra de la conminatoria laboral en tanto se defina la situación laboral del trabajador en vía recursiva en sede administrativa o revisión judicial

En el marco de la norma constitucional y las disposiciones reglamentarias en materia laboral, la jurisprudencia constitucional en cuanto a la ejecución o cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral a partir de su notificación, ha mantenido una situación pendular en su desarrollo entre una posición restrictiva de la protección de los derechos laborales contenidos en la conminatoria laboral, exigiendo que esta, se encuentre debidamente fundamentada y motivada o exigiendo la realización de una valoración completa e integral de los hechos y datos del proceso, las circunstancias y los supuestos derechos vulnerados para conceder la tutela y una posición favorable a la protección de los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, una remuneración o salario justo y otros derechos conexos. En lo que concierne a esta segunda posición -favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral- la jurisprudencia constitucional afianzó la excepción a la subsidiariedad para acudir a la jurisdicción constitucional, una vez emitida la conminatoria de reincorporación laboral en favor del trabajador ante la renuencia del empleador, reconociendo implícitamente que la tutela otorgada tiene un carácter provisional y no definitiva, en tanto se dilucide su situación jurídica laboral en sede administrativa o judicial. Convirtiéndose en un deber expreso y provisional de cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral por el empleador en tanto se substancie y resuelvan los recursos en sede administrativa o revisión judicial, a decir de la jurisprudencia en los siguientes términos “…en todo caso permanece expedita para el empleador a los efectos de que en ejercicio de su derecho a la defensa, pueda impugnar la conminatoria, sin que empero su interposición suspenda la ejecución de la misma, la que en todo caso tendrá carácter provisional, en tanto se sustancie y resuelva el caso en sede judicial. Es decir, aquello que se determine en la conminatoria deberá ser acatado por el empleador entre tanto se definan los derechos controvertidos en la vía judicial; en consecuencia, la tutela que obtenga el trabajador o trabajadora en sede administrativa laboral, conforme a los términos de las disposiciones 2 Concerniente a la posición restringida al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 0900/2013 de 20 de junio, manifestó: “…la sola conminatoria de reincorporación del trabajador a su fuente laboral por parte de las Jefaturas Departamentales de Trabajo, no provoca que, este Tribunal deba conceder la tutela y ordenar su cumplimiento, en su caso, se hará una valoración completa e integral de los hechos y datos del proceso, de las circunstancias y de los supuestos derechos vulnerados” (las negrillas son nuestras). 3 En torno a la posición favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 0138/2012 de 4 de mayo, expresó: “…es permitido a la trabajadora o al trabajador solicitar su reincorporación por la vía administrativa ante el Ministerio del ramo, y existiendo una resolución que ordena la reincorporación a la fuente laboral, debe estimarse la misma como el fin de la vía administrativa, y ante una negativa por parte del empleador, se abre la posibilidad de que el trabajador acuda a la vía ordinaria, o conforme jurisprudencia, acuda en acción de amparo constitucional para que se le restituyan sus derechos, sin tener que agotar la vía judicial con carácter previo, más aún cuando existen normas que así le faculta al trabajador, en este caso, los DDSS 28699 y 0495” (las negrillas son nuestras). 4 En lo que atañe a la posición favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, expreso: “…la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social,… no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria…” (las negrillas nos pertenecen).

legales antes señaladas, será siempre de carácter provisional…” (las negrillas y el subrayado son nuestros).

En sintonía con los anteriores razonamientos, la jurisprudencia también señaló que las normas reglamentarias que imponen la obligación de cumplimiento inmediato de la decisión administrativa de reincorporación laboral encuentran sustento en los principios constitucionales de continuidad y estabilidad de la relación laboral hasta la revisión de la decisión en sede administrativa o judicial posterior, en cuyo mérito, citando la anterior jurisprudencia, la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, ha glosado textualmente que:“…la efectivización de la conminatoria es inmediata pese a la existencia de mecanismos de impugnación pendientes de resolución; es decir, pretorianamente se estableció que la utilización de mecanismos de impugnación tiene efecto devolutivo, por ende la conminatoria es inmediatamente ejecutable pese a eventuales impugnaciones administrativas” (las negrillas nos pertenecen). Esta misma jurisprudencia afianzó esta posición expresando que la conminatoria de reincorporación laboral es de cumplimiento inmediato, su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo y habilita a la actuación inmediata de la jurisdicción constitucional, salvo que la conminatoria haya emergido de un proceso administrativo desarrollado al margen de la razonabilidad de un debido proceso, manifestando textualmente; además, que dicho razonamiento implicaba una modulación a la SCP 0900/2013, citado 5 La jurisprudencia expresada en la SCP 0583/2012 de 20 de julio, se pronunció respecto al deber expreso y provisional de cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral por el empleador en tanto se substancien y resuelvan los recursos en sede administrativa o revisión judicial; citado por la SCP 0610/2015-S2 de 12 de junio, SCP 0877/2015-S2 de 27 de agosto, SCP 0963/2016-S2 de 7 de octubre, entre otros. 6 Efectuado el control normativo de constitucionalidad de las normas reglamentarias referidas al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la citada SCP 0591/2012 de 20 de julio, ha expresado textualmente “En esa perspectiva y además, la obligación de cumplimiento de la decisión administrativa de reincorporación impuesta por la norma cuestionada, debe ser analizada conforme a los principios que manda la Constitución Política del Estado aplicar a tiempo de interpretar las normas laborales; siendo uno de ellos el de continuidad y estabilidad de la relación laboral; mandatos que obligan a que la comprensión de las normas laborales sea aquella que genera la prolongación de la relación laboral; por ello, cuando las normas impugnadas obligan a la reincorporación del trabajador, dado el caso de que la autoridad administrativa así lo haya dispuesto, están aplicando el principio de mantener la relación laboral hasta la revisión de la decisión judicial posterior; lo que ratifica la conclusión inicial de que las normas cuestionadas no lesionan el principio de jerarquía normativa, al consagrar la obligatoriedad de cumplimiento de la conminatoria de reincorporación, ya que no imponen la obligación de aplicar una norma reglamentaria por sobre una legal, tal como denuncia el accionante” (las negrillas nos pertenecen). 7 Cita jurisprudencial que fue citada textualmente en las SCP 0088/2014-S3 de 27 de octubre de 2014, SCP 1500/2014 de 16 de julio de 2014, SCP 1760/2014 de 15 de septiembre de 2014, SCP 0240/2015-S2 de 26 de febrero de 2015, SCP 0510/2015-S1 de 22 de mayo de 2015, SCP 0203/2017-S3 de 21 de marzo de 2017, SCP 0594/2017-S2 de 19 de junio de 2017, entre otras. 8 Afianzando la ejecución inmediata de la conminatoria laboral la SCP 1712/2013 de 10 de octubre (cita la SCP 0591/2012)

“…si bien existe un mandato normativo expreso para que la jurisdicción constitucional haga cumplir los mandatos de reincorporación, en atención a la naturaleza del derecho al trabajo en el Estado Social de Derecho, la tutela constitucional no puede emitirse a ciegas cual si la conminatoria por sí misma fuere ya un instrumento que obliga a esta instancia constitucional a brindar una tutela constitucional. Puesto que no debe perderse de vista que la naturaleza de la jurisdicción constitucional dista mucho del ejercicio de funciones de policía, de ahí que para concederse una tutela constitucional debe analizarse en cada caso la pertinencia de la conminatoria, al efecto, cabe establecer que a esta instancia constitucional no le compete ingresar al fondo de las problemáticas laborales que se le presentan, pues no es sustitutiva de la jurisdicción precedentemente al hacer referencia a la línea o posición restrictiva de la jurisprudencia. En aplicación del carácter progresivo de los derechos fundamentales, la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero, ha concluido textualmente que no es posible que: “…se conciba al Tribunal Constitucional Plurinacional como una instancia de ejecución de decisiones administrativas o como un órgano de policía, encargado de hacer cumplir las mismas, sino como un garante del ejercicio del derecho fundamental en cuestión, asumiéndose que en el marco del principio protector del trabajador, la instancia laboral administrativa, actuó conforme al marco constitucional y legal previsto para viabilizar el retiro o despido de un trabajador, encontrándose imposibilitada esta jurisdicción de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar, ameritaban tal determinación, debido a que eso corresponde a la jurisdicción ordinaria que contiene una etapa amplia de producción de prueba y potestad de valorar la misma, posibilidad que está al alcance del empleador, en caso de disentir con la decisión de la instancia de administración laboral, lo que de ningún modo le posibilita incumplir la determinación de reincorporación…” (las negrillas son nuestras). Esta misma jurisprudencia, razonó que la renuencia del empleador en el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral emitida por la autoridad administrativa laboral, no solo afecta negativamente al trabajador en el ámbito individual, sino también en el ámbito familiar; puesto que, afecta su fuente laboral que constituye su medio de subsistencia del trabajador y de su familia; por lo que, la tutela inmediata o el cumplimiento de la citada conminatoria se encuentra plenamente justificada.

laboral ni mucho menos tiene la amplitud probatoria conducente a por sí misma para arribar a una verdad material; sin embargo, tampoco puede pretenderse la ejecutoria de conminatorias que emergen de procesos administrativos desarrollados al margen de la razonabilidad de un debido proceso.

Por todo ello, mal podría pretenderse que esta jurisdicción llegue al convencimiento de que el despido fue o no justificado, pues el acervo probatorio con el que cuenta no le permitiría llegar a verdades históricas materiales, así como tampoco corresponde reemplazar a toda la judicatura laboral con la jurisdicción constitucional; justamente de este escenario proviene el hecho de que la conminatoria es de cumplimiento inmediato, y que su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo, desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, situación que habilita a la actuación inmediata de esta jurisdicción constitucional a menos que se evidencie en la tramitación del proceso administrativo violaciones del debido proceso que impidan que esta jurisdicción constitucional haga ejecutar una conminatoria que emerge de vulneración de derechos fundamentales, lo que implica una modulación de la SCP 0900/2013 de 20 de junio” (las negrillas y el subrayado son nuestros). 9 La incidencia del incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral en el ámbito personal y el entorno familiar, queda expresada en la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero, en los siguientes términos: “En ese entendido, se advierte que la jurisprudencia constitucional expuesta, en mérito a la Norma Fundamental, disposiciones legales aplicables a materia laboral y a los principios de estabilidad laboral, continuidad de dicha relación y de protección del trabajador, estableció que el derecho al trabajo, en circunstancias de un despido injustificado, debe protegerse de manera inmediata y ausente de rigorismos procesales ordinarios, por lo que se reconoció a las Jefaturas Departamentales del Trabajo la Esta posición favorable a la protección de los derechos al trabajo, estabilidad laboral, una remuneración o salario justo y otros derechos conexos, quedó consolidada con la jurisprudencia constitucional emitida en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, que expreso el siguiente razonamiento: “...este Tribunal Constitucional Plurinacional como guardián de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, entiende que debe dar cumplimiento íntegro a la conminatoria de reincorporación con todos los aspectos que habrían considerado una situación diferente que no está regulada ni por la normativa laboral del Estado ni por la Constitución Política del Estado, lo señalado no implica una negación del derecho a la defensa de la parte empleadora, quien, como está establecido, puede acudir a la jurisdicción laboral denunciando la supuesta ilegalidad de la misma interponiendo los recursos previstos por ley, con independencia del cumplimiento de la conminatoria y la concesión de la tutela” (las negrillas nos pertenecen). El marco normativo, reglamentario y jurisprudencial relativo a la conminatoria de reincorporación laboral inmediata al mismo puesto que ocupaba al momento del despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales actualizados, constriñe a la parte patronal, a la autoridad administrativa y a la jurisdicción constitucional su cumplimiento o ejecución inmediata e íntegra de dicha conminatoria, por el objeto de protección de la acción de amparo constitucional que concierne al derecho a la estabilidad laboral, el pago de sueldos devengados, la seguridad social y otros derechos conexos, que incumbe no solo al titular sino a su entorno familiar; además, la tutela provisional y extraordinaria que corresponde otorgar en la jurisdiccional constitucional, en tanto se defina la situación jurídica del trabajador con la substanciación de la vía recursiva en sede administrativa o la revisión de la conminatoria en sede judicial. Los razonamientos jurídicos citados textualmente en líneas precedentes con el título “De la tutela provisional y extraordinaria vinculada a la ejecución inmediata e integra de la conminatoria laboral en tanto se defina la situación laboral del trabajador en vía recursiva en sede administrativa o revisión judicial” (las negrillas son nuestras), fueron desplegados en el Fundamento Jurídico III.2. de la SCP 0577/2020-S1 de 7 de octubre.

III.2. De la garantía reforzada de la inamovilidad laboral de mujeres embarazadas y progenitores

La Constitución Política del Estado vigente, consagra la garantía de la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y progenitores, hasta un año de edad de los hijos, disponiendo en forma expresa en el art. 48.VI “Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad” (las negrillas son nuestras). Ésta garantía, tiene como antecedente la labor interpretativa y protectora de los derechos del extinto Tribunal Constitucional a través de sus diferentes fallos, cuyos razonamientos son vinculantes en tanto no contradigan los postulados de la Constitución política del estado vigente y fueron recogidos y sistematizados por la jurisprudencia del actual Tribunal Constitucional Plurinacional, consolidando el régimen reforzado de protección por la garantía de inamovilidad laboral en favor de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo. En esa comprensión, en un caso de despido injustificado de una dependiente laboral que se encontraba en estado de embarazo, el Tribunal Constitucional ha razonado que el derecho que se debe proteger no es solo es el derecho al trabajo, sino otros derechos primarios de la accionante y el ser en gestación, quienes necesitan protección urgente e inmediata; el retiro intempestivo de la mujer gestante, también importa la supresión del derecho a la seguridad social, que a su vez resguarda y garantiza el derecho a la salud, consiguientemente colocan en riesgo el primer derecho a la vida.

Complementando el alcance de esta garantía la jurisprudencia constitucional señaló que la finalidad de la inamovilidad laboral, es otorgar a la mujer embarazada o madre de familia con un hijo menor a un año de edad, estabilidad no sólo económica sino también la consiguiente atención médica y emocional; un despido injustificado de la mujer trabajadora de su fuente laboral, indudablemente genera zozobra, incertidumbre y preocupación, lo que afectaría a la mujer embarazada y también a la adecuada formación del ser en gestación, la mujer embarazada no puede ser afectada en su nivel salarial ni tampoco su condición en su puesto de trabajo; por lo que, no puede reducírsele su sueldo ni tampoco postergarse el pago de sueldos adeudados. La jurisprudencia constitucional también estableció que la comunicación oportuna del estado de embarazo no es condición para la protección que brinda esta garantía reconocida por la Constitución, en otros términos, no es necesario dar aviso al empleador sobre la situación de embarazo de la mujer trabajadora para acceder a la protección que brinda la Constitución Política del Estado en su condición de gestante y con niño menor a un año. Ahora bien, un derecho vinculado a la garantía de la inamovilidad laboral, es el derecho fundamental de las mujeres a la maternidad segura, reconocido expresamente por el art. 45.V de la CPE, cuyo texto expresa: “Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal” (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la estabilidad laboral, a la integridad física, a la seguridad social, a la garantía de la inamovilidad laboral; puesto que, la Caja Bancaria Estatal de Salud, después de despedirla injustificadamente a pesar de tener conocimiento que se encontraba en estado de embarazo, se resiste a cumplir la Conminatoria J.D.T.-L.P. /C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/D.S. 012/ 212/2021 de 10 de diciembre, en la que conminó a la referida Caja de Salud, a su inmediata reincorporación por inamovilidad laboral de la accionante, al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido; es decir, como Licenciada en Enfermería, más el pago de sus salarios y demás derechos sociales y laborales que correspondan. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que, de la relación laboral entre la entidad ahora accionada y la Accionante, se estableció la relación laboral a través de: a) Contrato de trabajo a plazo fijo, Licenciada en Enfermería por Emergencia Sanitaria del COVID-19, signado como AL.CONT.LAB. 085/2020, teniendo como objeto la prestación de servicios de enfermería, que deriva de la necesidad de temporada y/o demanda extraordinaria de prestación de servicios por la pandemia mundial del COVID-19, a partir del 10 de julio de 2020 hasta el 31 de diciembre de igual año; b) Memorando Sección U.RRHH 190/2021 de 24 de agosto, en el cargo de Licenciada en Enfermería desde el 24 de agosto de 2021 hasta la conclusión de la baja médica prenatal de la Licenciada Eugenia Virgen Laruta Uruchi; por lo que, no implica una reconducción tácita (fs. 18); y, c) Memorando Sección U.RRHH 228/2021 de 30 de septiembre, en el cargo de Licenciada en Enfermería desde el 30 de septiembre de 2021 hasta el 12 de noviembre de 2021, por la baja médica de la Licenciada Eugenia Virgen Laruta Uruchi; por lo que, no implica una reconducción tácita (Conclusión II.1.). En el desarrollo de ésta relación laboral, la accionante mediante Nota, dirigida a la Caja Bancaria Estatal de Salud -su empleador- recibida el 26 de octubre de 2021, comunicó se encontraba en estado de gestación, solicitando inamovilidad laboral; reiterando su situación el 16 de noviembre de 2021 (Conclusión II.2.). No obstante su situación, fue cesada por su empleador -la Caja Bancaria Estatal de Salud-, razón por la que acudió a la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, entidad administrativa que emitió la Conminatoria J.D.T. -L.P. /C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/D.S. 012/ 212/2021 de 10 de diciembre, por la que conminó a la Caja Bancaria Estatal de Salud “Clínica Modelo” a la inmediata reincorporación por inamovilidad laboral de la accionante, al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido; es decir, como Licenciada en Enfermería, más el pago de sus salarios y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación; Conminatoria, que no fue cumplida por la entidad empleadora, conforme se evidencia del Informe J.D.T.L.P.-RJEC-VR -015/2022 de 12 de enero emitido por la Inspector de Trabajo de la Jefatura departamental de La Paz del referido Ministerio (Conclusión II.3). En etapa de impugnación -recurso de revocatoria- promovida por la entidad ahora accionada, la referida Conminatoria fue confirmada mediante RA 063/22 de 9 de febrero de 2022 y rechaza el recurso de revocatoria (Conclusión II.4.). En ese contexto se ingresará a verificar si la omisión o renuencia a cumplir la Conminatoria de reincorporación laboral por la entidad ahora accionada es evidente y vulneradora a los derechos fundamentales de la accionante o no; empero, previamente se responderá a la cuestión procesal o de forma planteada por la entidad hoy accionada al señalar que no se agotaron los medios de impugnación a la Conminatoria J.D.T.-L.P. /C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/D.S. 012/ 212/2021; puesto que, se encuentra pendiente de resolución el recurso jerárquico presentado por la entidad ahora accionada, incumpliéndose el principio de subsidiariedad. En base a las normas reglamentarias laborales -DS 28699 de 1 de mayo de 2006 y 495 de 1 de mayo de 2010, que regulan el procedimiento administrativo de denuncia de despido injustificado y solicitud de reincorporación laboral-, que disponen el cumplimiento obligatorio de la conminatoria de reincorporación laboral, sin perjuicio del trámite de las impugnaciones, que no tiene efectos suspensivos de la ejecución de la conminatoria y que facultan a los trabajadores acudir a la vía constitucional en procura de la protección de sus derechos ante la renuencia del empleador, la jurisprudencia constitucional se ha inclinado en sus diferentes fallos hacia la ejecución de las conminatorias de reincorporación laboral en las acciones de amparo constitucional presentados, sin ingresar a analizar si la conminatoria de reincorporación laboral si cuenta con una debida fundamentación o si los datos, hechos, circunstancias y pruebas que la sustentan, justifican tal determinación; empero, ésta posición no tiene como fundamento, solo la finalidad de hacer cumplir dichas conminatorias; puesto que, el Tribunal Constitucional Plurinacional no es una entidad ejecutora de las conminatorias de reincorporación laboral, sino, es la entidad garante del respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En ese entendido, la jurisdicción constitucional otorga una tutela provisional de inmediata e íntegra ejecución, hasta tanto no exista una decisión administrativa o judicial debidamente ejecutoriada que la deje sin efecto, salvaguardando los derechos y garantías de los trabajadores, protección que supera el interés personal del trabajador, alcanza su ámbito familiar; puesto que, un despido injustificado afecta al trabajador en su fuente laboral y medio de subsistencia; empero, también afecta su entorno familiar, al afectar su medio de subsistencia familiar; por lo que, la tutela provisional se encuentra plenamente justificada, mientras se dilucide la situación jurídico laboral del trabajador, a través de la substanciación de los medios y recursos en sede administrativa -recurso de revocatoria y jerárquico- o la revisión judicial -en la jurisdicción laboral-, como se tiene establecido en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional. En ese marco normativo y jurisprudencial, ante la renuencia o resistencia del empleador para el cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.-L.P. /C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/D.S. 012/ 212/2021, la accionante se encontraba facultada para presentar la acción de amparo constitucional en procura de la protección de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; más aún, en caso de mujeres embarazadas que se encuentran incluidos en sectores vulnerables de atención prioritaria y cuya protección es urgente e inmediata, ante el retiro intempestivo de la fuente laboral que provoca la supresión del derecho fundamentales, se aplica la excepción a la subsidiariedad, conforme establece la jurisprudencia constitucional. En esa comprensión, en el presente caso, la accionante obtuvo en su favor la Conminatoria de reincorporación por inamovilidad laboral, al encontrarse en estado de embarazo; empero, a la fecha es madre de una niña menor de edad, que nació el 24 de mayo de 2022 -edad de gestación treinta y nueve semanas- (Conclusión II.5.); por lo que, no es posible exigirla el agotamiento de la etapa recursiva en sede administrativa, promovida por la parte patronal, correspondiendo ingresar al análisis de fondo de la acción de amparo constitucional. En ese entendido, la accionante tiene en su favor la Conminatoria J.D.T.-L.P. /C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/D.S. 012/ 212/2021, en la que conminó a la Caja Bancaria Estatal de Salud “Clínica Modelo”, a su inmediata reincorporación por inamovilidad laboral de la accionante, al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido; es decir, como Licenciada en Enfermería, más el pago de sus salarios y demás derechos sociales y laborales que correspondan, emitida por la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, sin que la entidad ahora accionada haya cumplido, con la excusa de que se debían agotar los medios de impugnación, aspecto que ya fue superado en líneas precedentes. Este extremo, indudablemente constituye una vulneración a sus derechos a la integridad física, a la seguridad social, a la garantía de la inamovilidad laboral; puesto que, la entidad hoy accionada se resiste a cumplir lo determinado en la Conminatoria de reincorporación laboral, que impide su continuidad laboral, consiguientemente le impide contar con los recursos económicos necesarios para los gastos de manutención.

Otro aspecto que refuerza el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral es la salvaguarda de la garantía de la inamovilidad laboral expresamente señalada en la Conminatoria J.D.T. -L.P. /C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/D.S. 012/ 212/2021, de Reincorporación Laboral, en esa comprensión, es necesario enfatizar que la garantía reforzada de la inamovilidad laboral de mujeres embarazadas o de progenitores, hasta que el hijo/a cumpla un año de edad; puesto que la finalidad de dicha garantía no solo tiene un carácter protectivo para la madre, sino, para el hijo por nacer o hasta el año de nacimiento, precautelando su bienestar económico, psicológico, con las prestaciones debidas correspondientes a la seguridad social y a la salud; ésta garantía incluye la prohibición de afectar el nivel salarial o la ubicación del puesto de trabajo, como se tiene explicitado ampliamente en el Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En ese marco, resulta evidente, la calidad de madre de la accionante, con una hija menor de edad a un año -nacida el 24 de mayo de 2022-, que constituye el fundamento de la garantía de la inamovilidad laboral, que en el ámbito laboral importa la protección de la accionante y su hija menor hasta que cumpla un año de edad, implica el cumplimiento de diferentes asignaciones familiares para la satisfacción de diferentes necesidades en materia de seguridad social, alimentación, salud, integridad física y vida, de la madre trabajadora y su hija recién nacida, extremo evidente porque la afectación de la garantía de la inamovilidad laboral, conlleva la afectación de otros derechos fundamentales, debido al carácter interdependientes de éstos derechos, reconocido en el art. 13.I de la CPE. En ese entendido, corresponde a la jurisdicción constitucional otorgar la tutela solicitada en forma provisional, hasta tanto no exista una decisión administrativa o judicial debidamente ejecutoriada que deje sin efecto la conminatoria de reincorporación laboral, ordenando el cumplimiento inmediato e íntegro de la Conminatoria J.D.T.-L.P. /C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/D.S. 012/ 212/2021, que conminó a la Caja Bancaria Estatal de Salud “Clínica Modelo” a la inmediata reincorporación por inamovilidad laboral de la accionante, al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido; es decir, como Licenciada en Enfermería, más el pago de sus salarios y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación; sin perjuicio de que la entidad hoy accionada, promueva su impugnación en sede administrativa mediante el recurso de revocatoria y recurso jerárquico -como lo tiene planteado- o active el control judicial ante la autoridad jurisdiccional competente, para definir la situación jurídico laboral de la accionante, sin que la impugnación administrativa o control judicial que se promueva, constituya obstáculo para el cumplimiento inmediato e íntegro de la referida Conminatoria de reincorporación laboral emitida. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicita, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 102/2022 de 31 de mayo, cursante de fs. 212 a 214, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER, la tutela solicitada de forma provisional en favor de Ángela Nicol Silvestre Nogales, en cuyo mérito se ordena al Director General Ejecutivo de la Caja Bancaria Estatal de Salud, al cumplimiento inmediato e íntegro de la Conminatoria J.D.T.-L.P. /C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/D.S. 012/ 212/2021 de 10 de diciembre, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Notas al pie

1 Respecto a la posición restringida al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 2355/2012 de 22 de noviembre, expresa: “…ante una destitución intempestiva e injustificada de una trabajadora o un trabajador, las Jefaturas Departamentales de Trabajo, luego de imprimir el trámite del DS 0495, deben emitir la correspondiente conminatoria de reincorporación pudiendo la parte procesal plantear amparo constitucional para su cumplimiento, pese a ello, debe entenderse que la justicia constitucional no puede hacer cumplir una conminatoria cuando la misma carece de fundamentación alguna, ello debido a que: (…) Bajo el entendido de que las SSCCPP 0138/2012 y 0177/2012, obligan a la justicia constitucional a efectivizar conminatorias laborales de reincorporación del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social sin atender a su contenido, al menos deben desarrollar las razones que fundamentan la conminatoria y por supuesto una conminatoria clara, es decir, no resulta lógico que la justicia constitucional ejecute una resolución que no respeta estándares del debido proceso, pues en ciertos casos implicaría inclusive consagrar la violación de derechos; Si bien la justicia constitucional en atención a las SSCCPP 0138/2012 y 0177/2012, debe otorgar tutela transitoria disponiendo la reincorporación provisoria de la o el trabajador no puede hacerlo si la orden no cuenta con los mínimos elementales que la hagan efectiva, lo contrario resultaría inejecutable, debiendo en su caso, previamente subsanarse en la vía administrativa previamente a que la justicia constitucional disponga su ejecución” (las negrillas nos pertenecen).

facultad de tramitar y resolver la denuncia de despido ilegal o indebido del trabajador, pronunciando, en caso de verificar la veracidad de la denuncia, la conminatoria de reincorporación, determinación que de no ser cumplida u obedecida por el empleador, aquél tiene la vía ordinaria a su alcance para buscar la restitución de su derecho, o del amparo constitucional, precisamente por el carácter sumarísimo de ésta acción tutelar y porque la reticencia del empleador, no solamente incide negativamente en el trabajador, como persona individual, sino también en todo su entorno familiar, por constituir su trabajo en una fuente de subsistencia de él y de sus dependientes; en consecuencia, corresponde su tutela inmediata para el efectivo cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral” (las negrillas nos pertenecen).

10 La Constitución Política del Estado fue aprobado por la Asamblea Constituyente el 2007, compatibilizado en el Congreso Nacional el 2008, aprobado en Referéndum Nacional el 25 de enero de 2009 y promulgado el 7 de febrero de 2009.

11 Respecto a la vinculatoriedad de la jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, la SCP 2140/2012 de 8 de noviembre: “…razonamiento que si bien fue efectuado por el extinto Tribunal Constitucional; sin embargo, este resulta plenamente aplicable y coherente por cuanto no contradice a los nuevos postulados de la actual Constitución Política del Estado…” (las negrillas son nuestras).

12 Respecto al ámbito de protección de la inamovilidad laboral de la mujer embarazada la SC 0505/2000-R de 24 de mayo, ha señalado expresamente: “… por cuanto el derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la recurrente y el ser en gestación, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la recurrente importa también la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a la salud, derechos que con la medida adoptada ponen en riesgo el primer derecho, la vida, que no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas que establece la Ley” (las negrillas nos pertenecen). Citado por las SSCC 0434/2010-R, 0581/2010-R, 1043/2010-R, 0610/2010-R, 0771/2010-R, 1330/2010-R y 1205/2010-R, entre otras.

13 Respecto a la inamovilidad laboral la SCP 0424/2012 de 22 de junio, expresa textualmente: “La finalidad de la inamovilidad laboral, es la de otorgar a la mujer y ahora familia con un menor de edad, estabilidad no sólo económica sino también la consiguiente atención médica y emocional. En lo específico a la mujer trabajadora en estado de gestación se busca su protección contra un despido o retiro de su fuente laboral por parte de su empleador, que indudablemente generaría zozobra, incertidumbre y preocupación, lo que afectaría a la mujer embarazada y también a la adecuada formación del ser en gestación. Asimismo, el art. 2 de la Ley 975, sostiene que la mujer embarazada no puede ser afectada en su nivel salarial ni tampoco su condición en su puesto de trabajo, por lo cual no puede reducírsele su sueldo ni tampoco postergarse el pago de sueldos adeudados” (las negrillas son añadidas).

14 Entendimiento jurisprudencial expresado en la SC 0771/2010-R de 2 de agosto, que constituye un cambio en la línea jurisprudencial establecida en la SC 1416/2004-R de 1 de septiembre, que estableció el deber de la mujer embarazada de comunicar previamente su estado de embarazo al empleador. Confirmada por la SC 1882/2010-R de 25 de octubre, la SCP 1187/2012 de 6 de septiembre, SCP 0081/2018-S2 de 23 de marzo, entre otros.

15 La aplicación de la excepción a la subsidiariedad en el caso de mujeres embarazadas se encuentra establecida en la SC 0558/2011-R de 29 de abril, SCP 0898/2015 S1 de 29 de septiembre, entre otras.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0836_2023-S3.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 23ab85be9f454e6bd9b3baec02e6a273160379e468f3ba4c16fa1df98d49d728

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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