Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 19 de mayo de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente fundamentación, motivación y valoración razonable de la prueba; y, derecho al trabajo; toda vez que, dentro el proceso disciplinario instaurado en su contra por la presunta comisión de las faltas graves, que se encuentran previstas en el art. 12 numerales 19 y 34 de la Ley 101, los miembros del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, ahora demandados, pronunciaron la Resolución 267/2022; por la que, se declaró improbado su recurso de apelación y confirmaron la RA 009/2020, que le impuso la sanción de retiro temporal de la institución con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes por el lapso de tres meses, no obstante los demandados omitieron resolver de manera motivada y fundamentada los agravios expresados en dicha impugnación, referentes a la validez y legalidad de la prueba empleada para sancionarle; deficiencias que impidieron corregir los errores del Tribunal de Primera Instancia, vulnerando sus derechos fundamentales a obtener una resolución fundamentada y congruente; por lo que, solicitó que se le conceda la tutela impetrada y se revoque la resolución impugnada y se anule hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta el pliego acusatorio. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 49/2023 de 27 de julio, cursante de fs. 130 a 133, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0835/2026-S3 Sucre, 19 de mayo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 57329-2023-115-AAC Departamento: Pando En revisión la Resolución 49/2023 de 27 de julio, cursante de fs. 130 a 133, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Abdón Gregorio Mujica Zeballos contra Lucio René Jiménez Vargas, Presidente a.i.; Miguel Pablo Hidalgo Chávez y Román Paco Rafael, Vocales Suplentes; Víctor Chura Patzi, Vocal Permanente; y, Oscar Raúl Choque Ramírez, Secretario, todos del Tribunal Superior Permanente de la Policía Boliviana.
Por memoriales presentados el 27 de junio y 3 de julio de 2023, cursantes de fs. 44 a 51 y 54 a 57, el accionante a través de su representante manifestó lo siguiente:
Se inició investigación en su contra, por la presunta infracción establecida en el art. 12 en sus numerales 19 (Consumir bebidas alcohólicas o sustancias controladas, durante el cumplimiento de funciones) y 34 (Desobedecer e incumplir resoluciones administrativas emitidas por el Comando General) de la Ley 101 de 4 de abril de 2011 -Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB)-, ambas conductas tipificadas como faltas graves; presentándose la acusación el 20 de julio de 2020, bajo el antecedente de que su persona, junto a Marco Antonio Mamani Rodríguez, el 16 de julio de ese año, a las 3:30 de la madrugada, hubieran sido sorprendidos, en el interior del dormitorio del Módulo Integral Policial “27 de Mayo”, con aliento alcohólico y en aparente estado de ebriedad, circunstancia en la que ambos se encontraban prestando servicio y con uniforme policial, circunstancia en la que Marco Antonio Mamani Rodríguez se dio a la fuga, desconociendo su paradero.
Refirió que se sometió a la prueba de alcohotest, prueba que arrojó un resultado de 1.5 grados de alcohol, negándose su persona a suscribir el acta respectiva; toda vez que, no se encontraba asistido por su abogado y carecía de seguridad respecto de la fiabilidad de dicha prueba.
Posteriormente, mediante Resolución Administrativa (RA) 009/2020 de 2 de septiembre, fue sancionado con el retiro temporal por tres meses de la Institución Policial, sin goce de haberes y con pérdida de antigüedad, basándose únicamente en el resultado del alcohotest.
Al considerar que dicha Resolución vulneraba sus derechos fundamentales, interpuso recurso de apelación; el cual, fue resuelto por las autoridades ahora demandadas mediante Resolución 267/2022 de 27 de septiembre, que confirmó la resolución apelada.
Sin embargo, sostuvo que la Resolución 267/2022 carece de motivación y fundamentación, por cuanto contenía una interpretación errónea del art. 12.19 de la LRDPB; toda vez que, para determinar que se encontraba en estado de ebriedad, debieron fundamentarse en una prueba científica y no en una simple prueba de campo como resulta ser el alcohotest.
Asimismo, observó la incorrecta valoración de la prueba, alegando que fue sancionado con base en un elemento probatorio arbitrario y carente de asidero legal, señalando que no correspondía aplicar el art. 14 del Decreto Supremo 0420, citando al efecto la SCP 0568/2014 de 10 de marzo, que determinó, en su criterio que tal prueba solo es aplicable para conductores en servicio de transporte público; puesto que, debieron extraerle una muestra sanguínea para someterla a un estudio de laboratorio.
Finalmente, sostuvo que se ha vulnerado su derecho fundamental al trabajo por la confirmación de la Resolución sancionatoria; ya que, él es el único sostén de su familia, teniendo tres hijos menores de edad a su cargo; razón por la cual, solicitó la revocatoria de la Resolución 267/2022, y la nulidad hasta el vicio más antiguo, que sería el pliego acusatorio.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes a la fundamentación, motivación y valoración razonable de la prueba; y, derecho al trabajo, citando al efecto los arts. 46.II, 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo revocar la Resolución 267/2022, y se anule el proceso hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta el pliego acusatorio.
Celebrada la audiencia pública el 27 de julio de 2023, según consta en acta cursante a fs. 125 a 129 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, reiteró el contenido íntegro de su acción de amparo constitucional y ampliando, manifestó que: a) Según los antecedentes del proceso disciplinario, el “20 de junio de 2020”, el impetrante de tutela habría sido sorprendido supuestamente en estado de ebriedad, mientras cumplía funciones policiales en el Retén Policial “27 de Mayo” y que de los dos policías procesados en ese hecho, el otro se dio a la fuga, mientras que su persona permaneció para asumir defensa y demostrar su inocencia, momento en el cual el Fiscal Policial practicó actos investigativos, entre ellos la prueba de alcohotest, realizada en oficinas de tránsito; b) Prueba que fue objetada en primera instancia por dos motivos: 1) Se practicó sin la presencia de su abogado; y, 2) Fue obligado a que se realice la misma sin su consentimiento; y, que a pesar de tales irregularidades, accedió a la prueba, cuyo resultado arrojó 1.5 grados de alcohol en sangre, siendo ésta la base para la imputación fiscal y posterior proceso disciplinario; c) Durante el proceso disciplinario, la defensa observó que la mencionada prueba no cumplía con los requisitos exigidos por la norma; puesto que, existía un error en el acta, donde se señalaba que se trataba de una prueba de sangre, cuando en realidad sólo se había practicado un alcohotest, evidenciándose que el Tribunal no valoró este error de fondo y lo consideró una mera formalidad, dando por válida una prueba contaminada; d) El Tribunal disciplinario, al emitir resolución en primera instancia, sustentó su fallo únicamente en la prueba de alcohotest y en una supuesta prueba de campo, sin realizar valoración objetiva de los elementos de descargo ofrecidos por la defensa; tal es así que, la prueba de alcohotest resultaba insuficiente para determinar un estado de ebriedad; ya que, la norma exigía una prueba científica de sangre; la cual, no fue practicada; e) No existió motivación ni fundamentación respecto a la conducta atribuida, limitándose el Tribunal disciplinario a considerar patrones de observación subjetivos, tales como dilatación pupilar, coordinación motora o articulación de palabras, sin establecer certeza sobre el supuesto estado de ebriedad y que a pesar de esas deficiencias, el Tribunal de primera instancia emitió la RA 009/2020, sancionándole con retiro temporal por tres meses; f) Ante dicha Resolución interpuso recurso de apelación, observando que carecía de motivación adecuada y que la prueba de alcohotest no constituía medio probatorio idóneo para acreditar consumo de bebidas alcohólicas en el ejercicio de funciones policiales; sin embargo, el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, mediante Resolución 267/2022, confirmó la Resolución apelada, bajo el argumento de que la prueba de alcohotest tenía validez, desestimando la observación relativa a la falta de idoneidad de dicho medio probatorio; g) En el recurso de apelación se presentó como prueba el Informe del “SEDES 763/2020”; el cual, establecía que el alcohotest no era idóneo para determinar niveles de alcohol en sangre en este tipo de procesos disciplinarios; sin embargo, el Tribunal Superior omitió su valoración; h) El Tribunal Superior, para fundamentar su decisión, invocó únicamente dos principios generales: i) La ética como cualidad moral que debía regir el comportamiento de los funcionarios policiales; y, ii) La disciplina como principio rector del servicio policial; e, i) Conforme al Decreto Supremo 0420, las pruebas de alcoholemia tienen aplicación únicamente en casos de control de conductores de transporte público terrestre, interprovincial o departamental, y no resultaban aplicables a funcionarios policiales en el ejercicio de sus funciones, lo que implica que la prueba en la que se basaron para poder sancionarle es ilegal.
Lucio René Jiménez Vargas, Presidente a.i.; Miguel Pablo Hidalgo Chávez y Román Paco Rafael, Vocales Suplentes; Víctor Chura Patzi, Vocal Permanente; y, Oscar Raúl Choque Ramírez, Secretario, todos del Tribunal Superior Permanente de la Policía Boliviana, no presentaron informe escrito alguno ni asistieron a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante de fs. 110 a 111.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, por Resolución 49/2023 de 27 de julio, cursante de fs. 130 a 133, concedió en parte la tutela impetrada, respecto al derecho al debido proceso, disponiendo dejar sin efecto la Resolución 267/2022, y que las autoridades hoy demandadas emitan una nueva resolución; denegar la tutela solicitada respecto al derecho al trabajo y la pretensión de dejar sin efecto el proceso hasta el vicio más antiguo; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) Sobre la fundamentación y motivación, la Resolución 267/2022, no otorgó respuesta específica a los agravios planteados, limitándose a señalar que la RA 009/2020, estaba motivada y fundamentada, haciendo mención a los hechos probados, admitiendo como prueba todos los elementos lícitos aportados por el Fiscal Policial; sin embargo, no refieren cuales son los hechos probados y sobre la prueba de alcohotest la Resolución hoy cuestionada es vacía y aplican normativa que no corresponde al presente caso como es el art. 2 de la Ley 259 de 11 de julio de 2012 -Ley de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas- y su Decreto Reglamentario DS 1347 de 10 de diciembre de 2012, cuando el accionante ha cuestionado la legalidad de dicha prueba; debido a que, no dio su consentimiento para la obtención de dicha prueba y no firmó el acta al no encontrarse presente su abogado; empero, las autoridades hoy demandadas no realizaron argumentación alguna, por lo que no existe motivación y fundamentación en la Resolución hoy cuestionada, lesionándose el derecho al debido proceso; b) Sobre la valoración probatoria, se estableció que dicha materia corresponde a la jurisdicción administrativa o jurisdiccional y no a la vía constitucional, salvo supuestos excepcionales no acreditados en el caso; c) Con relación al derecho al trabajo, se concluyó que no existió vulneración, en tanto la sanción fue consecuencia de un proceso disciplinario, en la que el impetrante de tutela contó con posibilidad de defenderse; y, d) Respecto a la nulidad solicitada, se precisó que la acción de amparo constitucional no constituye un recurso de nulidad, debiendo agotarse previamente la vía administrativa correspondiente.
Por decreto de 12 de agosto de 2025, cursante a fs. 139, se dispuso la suspensión del plazo a objeto de recabar documentación complementaria, y por decreto de 17 de octubre de igual año, cursante a fs. 168 se conmina la remisión de la mencionada documentación y dispone mantener la suspensión del plazo hasta que la documentación sea recibida; habiéndose obtenido la misma, se reanudó el cómputo del plazo a partir de la notificación con el Decreto Constitucional de 15 de mayo de 2026, (fs. 193); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro el proceso disciplinario seguido por Hernán Freddy Chipana Nina, Fiscal Policial contra Abdón Gregorio Mujica Zeballos -ahora accionante- y otro, por la presunta transgresión del art. 12 numerales 19 y 34 de la LRDPB, cursa la RA 009/2020 de 2 de septiembre, emitida por el Tribunal Disciplinario Departamental de Pando de la Policía Boliviana, que pronunció Resolución sancionatoria contra Abdón Gregorio Mujica Zeballos, disponiendo su retiro temporal con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes, por tres meses, por la transgresión del art. 12.19 que establece “Consumir bebidas alcohólicas o sustancias controladas, durante el cumplimiento de funciones “ de la LRDPB (fs. 2 a 25). II.2. El 9 de noviembre de 2020, el impetrante de tutela formuló recurso de apelación contra la RA 009/2020, pidiendo declarar la admisibilidad y procedencia de su medio de impugnación, anulando el fallo cuestionado de primera instancia (fs.172 a 175 vta.). II.3. Mediante Resolución 267/2022 de 27 de septiembre, el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana compuesto por Lucio René Jiménez Vargas, Presidente a.i.; Miguel Pablo Hidalgo Chávez y Román Paco Rafael, Vocales Suplentes; Víctor Chura Patzi, Vocal Permanente; y, Oscar Raúl Choque Ramírez, Secretario -ahora demandados- pronunciaron Resolución, Declarando Improbado el recurso de apelación planteado por el solicitante de tutela, CONFIRMANDO EN TODO la Resolución de Primera Instancia 009/2020, emitido por el Tribunal Disciplinario Departamental de Pando de la Policía Boliviana. (fs. 26 a 29).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente fundamentación, motivación y valoración razonable de la prueba; y, derecho al trabajo; toda vez que, dentro el proceso disciplinario instaurado en su contra por la presunta comisión de las faltas graves, que se encuentran previstas en el art. 12 numerales 19 y 34 de la Ley 101, los miembros del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, ahora demandados, pronunciaron la Resolución 267/2022; por la que, se declaró improbado su recurso de apelación y confirmaron la RA 009/2020, que le impuso la sanción de retiro temporal de la institución con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes por el lapso de tres meses, no obstante los demandados omitieron resolver de manera motivada y fundamentada los agravios expresados en dicha impugnación, referentes a la validez y legalidad de la prueba empleada para sancionarle; deficiencias que impidieron corregir los errores del Tribunal de Primera Instancia, vulnerando sus derechos fundamentales a obtener una resolución fundamentada y congruente; por lo que, solicitó que se le conceda la tutela impetrada y se revoque la resolución impugnada y se anule hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta el pliego acusatorio. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2, ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho.
Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio2, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elemento configurativo del debido proceso, como ser:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido 2El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3 El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados. En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, señala: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013, citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de 7El FJ III.3, establece: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, indica: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 9El FJ III.2, refiere: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, manifiesta: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.
En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional. Jurisprudencia reiterada en la SCP 0006/2025-S1 de 5 de marzo.
El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio; en las cuales, se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, sostiene que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento.
En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:
…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.
En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor el garantizar un real acceso a la justicia constitucional. A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las Juezas y Jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales”. Precedente jurisprudencial extraído de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero.
El impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en su vertiente fundamentación, motivación y valoración razonable de la prueba; y, derecho al trabajo, alegando que, dentro del proceso investigativo y juicio oral público y contradictorio, que se desarrolló ante la denuncia en su contra, por la presunta comisión de las faltas graves previstas y sancionadas en el art. 12 numerales 19 y 34 de la LRDPB, consistentes en el consumo de bebidas alcohólicas durante el cumplimiento de sus funciones y la desobediencia de resoluciones emitidas por el Comando General. A través de Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 267/2022, se confirmó la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 009/2020, colegiado que dictó resolución sancionatoria de retiro temporal de la institución, con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes por tres meses. Tal fallo que el solicitante de tutela considera ilegal al no haber subsanado las irregularidades en las que habría incurrido la resolución de primera instancia, además de haber sido dictado sin la debida fundamentación, motivación y valoración razonable de la prueba. Al respecto, de la revisión de la prueba documental, se tienen las conclusiones detalladas en este fallo constitucional, en las que se advierte inicialmente la emisión de la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental de Pando de la Policía Boliviana 009/2020, que pronunció Resolución sancionatoria contra Abdón Gregorio Mujica Zeballos -accionante-, disponiendo su retiro temporal de la institución con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes por tres meses, por la transgresión del art. 12.19 de la LRDPB, que establece “Consumir bebidas alcohólicas o sustancias controladas, durante el cumplimiento de funciones” (Conclusión II.1). Contra la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental de Pando 009/2020, el 09 de noviembre de 2020, el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación (Conclusión II.2), exponiendo los siguientes agravios:
1) Se lo declaró culpable por la transgresión al art. 12.19 de la LRDPB, esta falta requiere como elemento constitutivo que el sujeto activo "Consuma bebidas alcohólicas o sustancias controladas durante el cumplimiento de funciones"; sin embargo, refiere que el Fiscal Policial no pudo determinar ni demostrar con testigos o pruebas documentales que el ahora accionante haya sido sorprendido consumiendo bebidas alcohólicas, cuando era su obligación secuestrar y presentar los envases o botellas de las bebidas como prueba, hecho que no lo hizo; 2) La sentencia se basó en una prueba de campo (prueba de alcohotest) para detección de alcohol que dio positivo (1.5 grados de alcohol), el Tribunal Disciplinario emitió la resolución sin tomar en cuenta que en el acta de prueba de campo en la parte que refiere evidentes patrones de comportamiento y signos característicos, existe contradicción, siendo que por el COVID-19 no se le habría realizado; por otro lado aduce que no firmó dicha acta por no estar con su abogado defensor; sin embargo, las pruebas fueron validadas sin cumplir con los requisitos de ley; 3) Se le sancionó con un informe de fecha 17 de julio de 2020, emitido por Gilmar Olivera Orellana quien refiere en su parte sobresaliente que, se le habría realizado la prueba de alcohotest en dependencias de la comisaria donde salió 1.5 ml. (sancionable), sobre dicha prueba se solicitó la exclusión probatoria por encontrar incongruencia con la Boleta 02066 (Examen de Influencia Alcohólica) y la declaración del testigo Gilmar Olivera Orellana, siendo que en dicha boleta se observa como si el test hubiera sido realizado como prueba sanguínea, “hecho totalmente falso”, siendo que en ningún momento se le realizo dicha prueba; el Tribunal denegó la exclusión considerando que la misma es una prueba legal, reconociendo que ciertamente existió un error de forma en el colocado porcentaje de influencia alcohólica en la Boleta Valorada 23066, expedido por la Dirección Nacional de Recaudaciones, aun así con estos errores fue valorado para emitir la Resolución sancionatoria; y, 4) La Resolución 009/2020, no cuenta con la debida fundamentación sobre las pruebas presentadas en el juicio; lo cual, exige el inc. g) del art. 91 de la Ley 101, el Tribunal se limitó a denegar la exclusión probatoria sin la debida fundamentación que exige la norma, dejándolo en un estado de indefensión, al no fundamentar ni valorar las pruebas observadas. La Resolución de Primera Instancia, fue resuelta a través de la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 267/2022, declarándola improbada, confirmando el fallo cuestionado (Conclusión II.3). Dicha Resolución que, en su Considerando I, efectúa una relación de las actuaciones desarrolladas en primera instancia; en su Considerando II, realiza una transcripción incompleta del recurso de apelación formulado por el impetrante de tutela contra la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 009/2020, consignando únicamente un agravio; y, en su Considerando III, desarrolla la contestación efectuada por el Fiscal Policial al recurso de apelación formulado por el ahora accionante; en su Considerando IV, efectúa la valoración y fundamentación legal sobre la decisión asumida en la resolución del recurso de alzada, sustentada en lo siguiente: i) En relación a que el Fiscal Policial no hubiese demostrado con testigos o pruebas documentales que hubiese sido sorprendido consumiendo bebidas alcohólicas; los apelantes no señalan como es que se concreta la vulneración a las normas jurídicas constitucionales dentro del proceso o cual el precepto legal de la “Ley Orgánica o la Ley 101” que habría sido inobservado; pues, de manera general solo se menciona la RA 009/2020; el recurso tampoco cumple lo previsto en el art. 97.2 de la LRDPB, cuando establece que la apelación deberá contener un precepto legal que se invoque y constituya un defecto de procedimiento; ii) En cuanto a la contradicción de la prueba de alcohotest y que no firmó el acta por no estar con su abogado, pero que fueron validadas sin cumplir con los requisitos de Ley; se evidencia claramente del oficio “CITE DIRECC SEDES 763/20”, que el mismo es un documento genérico y ambiguo, cuando el servidor público policial sabe y conoce que la conducta de la comisión de la falta atribuida es contraria a las normas institucionales por lo que demuestra la arbitrariedad negativa que todo servidor público tiene esa misión de resguardar la ética de un funcionario policial; respecto al consumo de bebidas aduce el art. 3.6 del DS 1347; y, art. 2 de la Ley 259, finalmente refiere que el Tribunal Superior también acoge diversos principios rectores de la función pública policial, entre ellas la ética, disciplina y responsabilidad principios que compelen su cumplimiento al funcionario policial; y, iii) Con relación a que la RA 009/2020, no cuenta con la debida fundamentación sobre las pruebas presentadas en el juicio; refiere que, realizada la revisión de dicha Resolución, se encuentra debidamente fundamentada tanto de hecho como derecho, haciendo mención de los hechos probados durante la audiencia; así como, los elementos de prueba, añadiendo a ello que el recurrente no demostró de forma objetiva sus pruebas de descargo para desvirtuar la falta atribuida. Efectuado el detalle respecto al contenido del recurso de apelación de la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 009/2020; y, lo resuelto por la indicada Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente 267/2022; corresponde inicialmente precisar que este Tribunal únicamente realizará el análisis del último fallo emitido dentro del proceso administrativo disciplinario policial instaurado contra el accionante; es decir, de la referida Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, siendo esta la instancia de cierre que podía pronunciarse y en su caso restituir los derechos considerados como lesionados por el impetrante de tutela. Ahora bien, del contenido de la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 267/2022, se constata que, existe una omisión de pronunciamiento de todos los agravios planteados por el solicitante de tutela en su alzada, lo que implica una vulneración al principio de congruencia; en ese orden, en el presente fallo constitucional, se verificó que el impetrante de tutela identificó cuatro puntos de agravio descritos en el recurso de apelación que formuló; consignados supra en el párrafo pertinente con incisos del 1) al 4); comprobando únicamente respuesta sobre los incisos 1), 2) y 4) -según lo descrito en los incisos i), ii) y iii) respectivamente, en el párrafo en el que se resumió el contenido de la indicada Resolución-; concurriendo sin embargo, falta de resolución sobre el inc.3) relacionado esencialmente a una defectuosa valoración de prueba, el mismo que lo que implicaría que una vulneración al principio de congruencia entre lo pedido y lo resuelto. En lo referente al agravio identificado en el inc. 2) donde se alega que el acta de la prueba de campo tiene una contradicción en la parte que refiere a "evidentes patrones de comportamiento y signos característicos"; y por otro lado que el ahora accionante no firmó el acta; toda vez que, no se encontraba asistido por su abogado y carecía de seguridad respecto de la fiabilidad de dicha prueba; sin embargo, las pruebas fueron validadas sin cumplir con los requisitos de Ley; la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 267/2022, fundamentó en sentido que, “el oficio CITE DIRECC SEDES N° 763/20, es un documento genérico y ambiguo, cuando el servidor policial sabe o conoce que la conducta de la comisión de la falta atribuida es contraria a las normas constitucionales” (sic); asimismo, efectúa una relación meramente enunciativa del DS 1347 y la Ley 259; así como, de algunos principios de la función pública policial, sin efectuar un nexo causal, cual es el vínculo directo y esencial entre una acción u omisión y el daño o perjuicio ocasionado, fundamental en materia disciplinaria para poder atribuir a alguien la responsabilidad; identificándose, por ende, ausencia de pronunciamiento respecto lo en sí cuestionado en la apelación sobre el particular, al no advertirse cuál el valor otorgado a la prueba indicada, tomando en cuenta las contradicciones señaladas por el impetrante de tutela; así como, no contar el acta con su firma, ya sea positiva o negativa en el caso. Elementos todos que, en su planteamiento como punto de agravio inherente a la valoración de la prueba, tampoco mereció un pronunciamiento, incurriendo la parte demandada en omisión valorativa vinculada a la motivación como elementos constitutivos del debido proceso. Ahora bien, en lo concerniente al inc.4), se identifica como agravios expuestos insuficiente fundamentación de la RA 009/2020, sobre las pruebas presentadas en el juicio, la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 267/2022, simplemente se limitó a señalar: “realizada la revisión de la RA 009/2020, se encuentra debidamente fundamentada tanto de hecho como de derecho, así como los elementos de prueba que motivaron dicha resolución, siendo que el Tribunal de Primera Instancia admitió como medios de prueba todos los elementos lícitos de convicción que condujeron que condujeron a la verdad histórica” (sic). Ahora, de la revisión efectuada al contenido de la acción de amparo constitucional, se tiene que los reclamos se centran específicamente en dos puntos, el primero referente a una supuesta errónea interpretación del art. 12.19 de la LRDPB, ello en relación directa al segundo punto que sería la valoración de la prueba, al basar la sanción en una prueba de campo como es el alcohotest, que el impetrante de tutela arguye que esta no es “fiable”. Por ello; se tiene que, de la revisión del contenido de la Resolución confutada, efectivamente se advirtió que dentro de la misma no se dio respuesta al tercer reclamo realizado por el ahora accionante, que efectivamente tenía una directa relación con el tema de la valoración de la prueba; sin embargo, tal incongruencia, conforme a lo establecido por la Jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1, sino tiene un efecto modificatorio en el fondo de la decisión, entonces la tutela tendría como efecto que se emita una nueva resolución pero con el mismo resultado. En ese sentido, el impetrante de tutela, tenía la obligación de cumplir con la carga argumentativa de explicar cuál la relevancia constitucional y el efecto modificatorio de la incongruencia advertida dentro de la resolución confutada; sin embargo, del análisis del contenido de la acción de amparo constitucional, no se advierte que tal requisito haya sido cumplido por el solicitante de tutela. Al respecto, ingresando al análisis de la relevancia constitucional, corresponde precisar con absoluta certeza que, incluso en el supuesto de haberse respondido de forma expresa por el Tribunal Superior lo extrañado por el recurrente, ello carecería por completo de la trascendencia jurídica para afectar o alterar el fondo de lo decidido. En efecto, la omisión de pronunciamiento sobre la impugnación de la boleta de examen de influencia alcohólica resulta inofensiva en el caso concreto; toda vez que, concurren en el expediente otros elementos lícitos de convicción valorados desde la primera instancia -tales como las declaraciones testificales y el acta de prueba de campo- que demuestran de forma plena la comisión de la falta disciplinaria, de modo que la integración del punto omitido no posee un efecto revocatorio o modificatorio sobre el resultado final de la sanción impuesta. Por otra parte, la manifiesta irrelevancia constitucional, de la omisión reclamada se denota y colige de los argumentos expuestos en la propia apelación del accionante, donde se configura una evidente contradicción argumentativa que desvirtúa su pretensión. Así, se observa que el impetrante de tutela, cuestiona inicialmente que la Resolución sancionatoria se fundamente en la prueba de alcohotest, alegando de manera ambigua una supuesta falta de fiabilidad y arguyendo que la misma aparentemente no se habría realizado bajo el justificativo de la situación sanitaria del COVID-19. Empero, de forma contradictoria el administrado reconoció formalmente que no firmó dicha acta de campo debido a que no se encontraba asistido por su abogado defensor. Esta última línea de defensa constituye una admisión tácita de la materialidad del acto; puesto que, no niega la existencia real del alcohotest ni su ejecución cronológica, sino únicamente la regularidad formal de su suscripción. Consecuentemente, al resultar irrelevantes los argumentos impugnatorios de la prueba por su propia contradicción, no modificaran el fondo de lo resuelto. Por lo tanto, al no constatarse la relevancia constitucional de la incongruencia advertida y ante la ausencia de la carga argumentativa extrañada, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 49/2023 de 27 de julio, cursante de fs. 130 a 133, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López MAGISTRADO
1 El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0835_2026-S3.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6480d72f9124488995d59cce771da9c3fe3fa35c5cb7cc709b78896652f31f27
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