Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de mayo de 2026
Deniega la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y del principio de celeridad; toda vez que: 1) Permanece durante aproximadamente dos meses sin control jurisdiccional definido, a causa de las devoluciones sucesivas del cuaderno de control jurisdiccional entre el Juzgado de Instrucción Penal Segundo y el Juzgado de Sentencia Penal Noveno, ambos de El Alto del departamento de La Paz, situación que le impidió presentar sus solicitudes; y, 2) La apelación incidental interpuesta contra el Auto Interlocutorio 186/2023, no fue remitida oportunamente al Tribunal de alzada correspondiente. Ante ello, la Jueza de Sentencia demandada sostuvo que, la apelación incidental cuya remisión se extraña, versa sobre el incidente de devolución de un vehículo y no sobre una medida cautelar de carácter personal; sin embargo, el Secretario del Juzgado de Instrucción codemandado informó que la remisión de los actuados al Juzgado de Sentencia Penal Noveno de El Alto de La Paz fue efectuada el 8 de septiembre de 2023. Por otro lado, el Juez de Instrucción demandado, y el Secretario del Juzgado de Sentencia codemandado, no presentaron informe ni asistieron a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 179/2023 de 8 de septiembre, cursante de fs. 29 a 34 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y, disponiendo, en aplicación del art. 28.II del Código Procesal Constitucional, la conservación de los efectos de la concesión parcial dispuesta por el Juez de garantías, conforme a los fundamentos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0835/2026-S2 Sucre, 4 de mayo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 58988-2023-118-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 179/2023 de 8 de septiembre, cursante de fs. 29 a 34 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Enrique Altamirano Hurtado en representación sin mandato de Edwin Cadena “Plata” contra Irene Viviana Alanoca Acarapi, Jueza; José Luis Jaliri Quispe, Secretario, ambos del Juzgado de Sentencia Penal Noveno; Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez; y, Richard Sumi Poma, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Segundo; todos de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 8 de septiembre de 2023, cursante a fs. 1 y 8 a 10 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Desde el 7 de junio de 2023, se encontraba con detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, radicado originalmente ante el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del referido departamento. El 20 de junio de 2023, presentó memorial promoviendo un incidente, con base en el art. 255 del Código de Procedimiento Penal (CPP), fijándose audiencia para el 14 de julio de ese año; empero, su persona y su abogado defensor no fueron notificados con dicho señalamiento; y, sin dicha notificación previa, Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez del citado Juzgado de Instrucción -hoy demandado-, emitió el Auto Interlocutorio 186/2023 de 14 de julio, desestimando el incidente referido. El 5 de julio de 2023, el Ministerio Público presentó resolución conclusiva de acusación formal en su contra; en consecuencia, el Juez demandado, decretó la remisión del cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado de Sentencia Penal Noveno de El Alto del departamento de La Paz, previo sorteo; sin embargo, esta remisión derivó en una sucesión de devoluciones y reenvíos entre ambos juzgados; situación que, se mantuvo sin control jurisdiccional definido, impidiéndole presentar memoriales con dirección procesal cierta, tales como solicitudes de cesación a la detención preventiva, salidas médicas u otras actuaciones. El 28 de julio de 2023, a través de la Oficina Gestora de Procesos, presentó memorial solicitando audiencia de incidente, conforme a los arts. 255 y 314 del CPP ante Irene Viviana Alanoca Acarapi, Jueza a cargo del referido Juzgado de Sentencia -hoy codemandada-; posteriormente, el 31 de agosto de igual año, interpuso ante el mismo despacho, recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 186/2023, obteniendo como respuesta, un decreto con el mandato de “cúmplase” de la mencionada autoridad; y, el 5 de septiembre del mismo año, solicitó salida judicial para constituirse ante el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), a objeto de actualizar su cédula de identidad; sin embargo, no obtuvo respuesta alguna.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad y del principio de celeridad, citando al efecto los arts. 23.I, 115.II, 178.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia: a) Se conmine al Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la de El Alto del departamento de La Paz a devolver en el día los antecedentes debidamente subsanados al Juzgado de Sentencia Penal Noveno de la misma jurisdicción; y, b) Se conmine al referido Juzgado de Sentencia, una vez radicada la causa, a pronunciarse sobre el memorial de apelación incidental y a remitir dicha apelación a la Sala Penal correspondiente.
Celebrada la audiencia virtual el 8 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 27 a 28 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad.
Irene Viviana Alanoca Acarapi, Jueza de Sentencia Penal Noveno de El Alto del departamento de La Paz, por informe escrito cursante a fs. 19 y vta. solicitó se deniegue la tutela; con base en, los siguientes argumentos: i) La apelación incidental, cuya remisión se reclamaba, versaba sobre el Auto Interlocutorio 186/2023, referido al incidente de devolución de un vehículo, y no sobre una medida cautelar de carácter personal; ii) En consecuencia, no se vulneró derecho constitucional alguno; y, iii) Cumplió sus atribuciones jurisdiccionales, habiendo emitido pronunciamiento sobre las solicitudes que fueron puestas en su conocimiento. Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su legal notificación cursante a fs. 18. José Luis Jaliri Quispe, Secretario del Juzgado de Sentencia Penal Noveno de El Alto del departamento de La Paz, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 17. Richard Sumi Poma, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, por informe escrito cursante a fs. 24, solicitó se deniegue la tutela; con base en, los siguientes argumentos: 1) El legajo de apelación fue remitido el 8 de septiembre de 2023, a horas 16:02; siendo que, se decretó su devolución al Juzgado de Sentencia Penal Noveno de el Alto de igual departamento a horas 16:20, el mismo día; 2) José Luis Jaliri Quispe, Secretario del referido Juzgado de Sentencia -hoy codemandado-, se negó a recibir dicho legajo, incumpliendo el principio de celeridad; 3) La causa fue remitida al citado Juzgado de Sentencia, desde el 28 de julio de ese año; por lo que, el Juzgado de origen perdió competencia; y, 4) El Juez demandado, se encontraba con baja médica desde el 18 de agosto de igual año.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 179/2023 de 8 de septiembre, cursante de fs. 29 a 34 vta., concedió en parte la tutela impetrada, ordenando al Secretario codemandado del Juzgado de Sentencia Penal Noveno de El Alto del mismo departamento, la remisión de la apelación a la Sala Penal correspondiente, con base en los siguientes fundamentos: a) La apelación incidental interpuesta por el accionante versaba sobre el Auto Interlocutorio 186/2023, relativo al incidente de devolución de un vehículo, no sobre una medida cautelar personal; no obstante, correspondía su remisión al superior en grado; b) Respecto de la primera pretensión referida a la remisión del cuaderno jurisdiccional al citado Juzgado de Sentencia; siendo que, el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la misma jurisdicción, ya ordenó la remisión del cuaderno jurisdiccional el 8 de septiembre de 2023; aspecto que, refirió que dicha pretensión, ya fue realizada; por lo que, emitir una orden al respecto, redundaría sobre un acto ya elaborado; y, c) La solicitud de salida judicial al SEGIP, constituyó una cuestión relacionada con el debido proceso que, debe resolverse por los mecanismos ordinarios idóneos.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. A través del Auto Interlocutorio 186/2023 de 14 de julio, Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz -hoy demandado- desestimó el incidente de calidad de bienes presentado por Edwin Cadena “Platero” -hoy accionante- al amparo del art. 255 del CPP, y convalidó la pretensión cuestionada ante la inasistencia injustificada del prenombrado (fs. 7). II.2. Mediante oficio de 8 de agosto de 2023, suscrito por Juan Carlos Taco Espinal, Juez de Instrucción Penal Sexto -en suplencia de su similar Segundo- de El Alto del departamento de La Paz, -codemandado-, remitió el cuaderno de control jurisdiccional del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el peticionante de tutela (fs. 26). II.3. Por decreto de 29 de agosto de 2023, José Luis Jaliri Quispe, Secretario del Juzgado de Sentencia Penal Noveno de El Alto del departamento de La Paz -ahora codemandado-, sin radicar la causa, dispuso la devolución de obrados al Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la misma ciudad y departamento, observando el incumplimiento del plazo para impugnar el Auto Interlocutorio 186/2023, sobre el incidente de devolución de vehículo (fs. 20). II.4. Mediante oficio de 7 de septiembre de 2023, el Secretario del Juzgado de Sentencia Penal, codemandado, remitió al Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, los obrados originales del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante y otros (fs. 24 vta.). II.5. Cursa decreto de 8 de septiembre de 2023, emitido por Juan Carlos Taco Espinal, Juez de Instrucción Penal Sexto -en suplencia de su similar Segundo- de El Alto del departamento de La Paz codemandado; por el cual, ante la existencia de la acusación fiscal y en aplicación del art. 54 del CPP; así como, la SCP 1081/2022-S4 -de 19 de agosto-; determinó que, ese Juzgado perdió competencia para dirimir la causa, y dispuso la devolución de obrados al Juzgado de Sentencia Penal Noveno de la misma ciudad y departamento, bajo responsabilidad funcionaria, en el día (fs. 25 vta.).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y del principio de celeridad; toda vez que: 1) Permanece durante aproximadamente dos meses sin control jurisdiccional definido, a causa de las devoluciones sucesivas del cuaderno de control jurisdiccional entre el Juzgado de Instrucción Penal Segundo y el Juzgado de Sentencia Penal Noveno, ambos de El Alto del departamento de La Paz, situación que le impidió presentar sus solicitudes; y, 2) La apelación incidental interpuesta contra el Auto Interlocutorio 186/2023, no fue remitida oportunamente al Tribunal de alzada correspondiente. Ante ello, la Jueza de Sentencia demandada sostuvo que, la apelación incidental cuya remisión se extraña, versa sobre el incidente de devolución de un vehículo y no sobre una medida cautelar de carácter personal; sin embargo, el Secretario del Juzgado de Instrucción codemandado informó que la remisión de los actuados al Juzgado de Sentencia Penal Noveno de El Alto de La Paz fue efectuada el 8 de septiembre de 2023. Por otro lado, el Juez de Instrucción demandado, y el Secretario del Juzgado de Sentencia codemandado, no presentaron informe ni asistieron a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Con relación a este tópico, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, señaló que: “Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: 'Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad'…
(…) …el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implica persecución indebida”. A partir de dicho entendimiento asumido en base a la norma constitucional, la viabilidad de apertura y consecuente concesión de tutela de esta acción de defensa, emergen de la verificación material de la existencia de un acto ilegal u omisión indebida, en el marco de uno o más de los presupuestos referidos.
De la revisión de la problemática planteada y los antecedentes que informan el caso, se tiene que, la devolución y reenvío sucesivos del cuaderno de control jurisdiccional entre ambos Juzgados constituye una incidencia de naturaleza administrativa que, en sí misma, no afecta la libertad o el derecho a la vida del accionante; toda vez que, la detención preventiva que lo afecta, fue dispuesta mediante medida cautelar vigente e independiente de esa incidencia; siendo que, el impetrante de tutela no explica que en la tramitación de la causa, la citada irregularidad administrativa haya determinado su libertad o mantenga la restricción de la misma, la cual hubiera amenazado su derecho a la vida; en consecuencia, al no verificarse el nexo de causalidad directo que, la jurisprudencia constitucional exige, como alguno de los supuestos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional que, se constituyen en presupuestos de procedencia de la acción de libertad; por ende, la pretensión reclamada no puede ser objeto de análisis por esta vía. En efecto, la apelación cuya remisión se reclama, fue interpuesta contra el Auto Interlocutorio 186/2023 de 14 de julio, emitido por el Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, en el marco de un incidente de devolución de bienes, ello respecto a un vehículo (Conclusión II.1); extremo que, se encuentra acreditado mediante el decreto de 29 de agosto de 2023, emitido por la Jueza de Sentencia codemandada, quien observó precisamente el incumplimiento del plazo para impugnar dicha resolución, sobre el referido incidente (Conclusión II.3); además, la apelación incidental en cuestión no versa sobre una medida cautelar de carácter personal ni sobre actuación alguna que, incida directamente en la privación de libertad del peticionante de tutela; su objeto es, estrictamente patrimonial -la devolución de un bien mueble-; por lo que, excluye la concurrencia del nexo de causalidad directo entre la demora en su remisión y la restricción de la libertad física o su derecho a la vida, presupuesto que, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, resulta estructuralmente indispensable para la procedencia de la acción de libertad. Consecuentemente, se concluye que en ninguna de las dos cuestiones formuladas se verifica la causa directa con la privación de libertad del accionante, la cual habilitaría el pronunciamiento de fondo sobre la problemática planteada, correspondiendo denegar la tutela impetrada. En aplicación del art. 28.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), que faculta al Tribunal Constitucional Plurinacional, a modular los efectos de sus resoluciones a fin de evitar consecuencias que alteren gravemente el desarrollo del proceso, corresponde mantener los efectos del acto de remisión de la apelación incidental, dispuesto por el Juez de garantías mediante la Resolución 179/2023 de 8 de septiembre, en la medida en que dicho acto hubiera sido ejecutado; aclarándose que dicha modulación no implica convalidación de la tutela concedida ni pronunciamiento de fondo sobre la pretensión planteada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 179/2023 de 8 de septiembre, cursante de fs. 29 a 34 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y, disponiendo, en aplicación del art. 28.II del Código Procesal Constitucional, la conservación de los efectos de la concesión parcial dispuesta por el Juez de garantías, conforme a los fundamentos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0835_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4e2a5faba000d3a5d277fcdf4db111734182c8bee3a225863bcfd9ca863bc7ec
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