B.IA.LEGAL

SCP 0835/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 30 de julio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
30 de julio de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
56140-2023-113-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión sus derechos a la propiedad privada, al debido proceso, a la defensa, a la inviolabilidad de domicilio y a la seguridad jurídica de su representado; toda vez que, sin respetar el derecho propietario de su bien inmueble ubicado en la calle Irigoyen 150 de la ciudad de Cochabamba inscrito en Derechos Reales bajo la matricula computarizada 3.01.1.02.0019655; la demandada en la madrugada del 30 de diciembre de 2023, ingresó y ocupó el mismo, a través del ejercicio de vías de hecho, sin autorización de su propietario, ni orden judicial, forzando sus accesos. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 043/2023 de 1 de junio, cursante de fs. 47 a 50 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, respecto de los derechos a la propiedad privada y la inviolabilidad del domicilio; 2º Disponer el cese inmediato de las vías de hecho que viene ejerciendo Trinidad Salazar Luizaga, debiendo proceder a la desocupación y entrega del inmueble ubicado en la zona Sarcobamba, cantón Santa Ana de Cala Cala, calle Irigoyen 150 de la ciudad de Cochabamba, registrado en Derechos Reales, bajo la matrícula computarizada 3.01.1.02.0019655, a Emilio Salazar Luizaga en su condición de apoderado del accionante Marco Alfredo Salazar Luizaga, en el plazo de cinco días hábiles de notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, bajo alternativa de Ley en caso de incumplimiento; y, 3° DENEGAR la tutela impetrada, en relación al derecho al debido proceso, a la defensa y la seguridad jurídica; sin lugar al pago de costas, daños y perjuicios, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la naturaleza de la acción de amparo constitucional y la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho
  2. III.2. La proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia
  3. III.3 La labor de la justicia constitucional ante la constatación de denuncias o actos vinculados a medidas o vías de hecho y justicia por mano propia
  4. III.4. Resumen de presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0835/2025-S3 Sucre, 30 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 56140-2023-113-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 043/2023 de 1 de junio, cursante de fs. 47 a 50 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Emilio Salazar Luizaga en representación de Marco Alfredo Salazar Luizaga contra Trinidad Salazar Luizaga.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 24 de mayo de 2023, cursante de fs. 22 a 26 vta., el accionante a través de su representante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante Testimonio de Poder 29/2023 de 13 de enero, Marco Alfredo Salazar Luizaga le otorgó facultades para actuar legalmente en su representación, en mérito a que el mismo, es el único y legítimo propietario de un bien inmueble ubicado en la calle Irigoyen 150 de la ciudad de Cochabamba, con una superficie de 868,22 m², que lo adquirió mediante anticipo de legítima, y posteriormente, consolidó su derecho a través del registro en Derechos Reales, mediante matrícula computarizada 3.01.1.02.0019655; asimismo, registró la cancelación del usufructo el 22 de septiembre de 2022; en ejercicio pleno del derecho que se le otorgó, y por encargo de su mandante, realizó trabajos de refacción en dicho inmueble con la finalidad de habitarlo junto a su familia y facilitar el cuidado de su madre, que es una persona adulta mayor. El 30 de diciembre del mismo año, aproximadamente a horas 9:00, mientras se constituía en el lugar para continuar con los trabajos de refacción, pudo advertir que en el inmueble se encontraban varias personas, entre ellas Trinidad Salazar Luizaga -ahora demandada-, quienes procedieron a proferirle una serie de agresiones verbales y físicas; motivo por el cual, se retiró del lugar para evitar mayores conflictos. Agregó que luego de revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en inmediaciones del inmueble, pudo advertir que la demandada ingresó al bien el mismo 30 de diciembre de 2022, aproximadamente a horas 02:28 de la madrugada, sin autorización ni consentimiento del propietario ni de su persona, forzando los accesos, trasladó sus muebles y enseres en una camioneta, evidenciándose su ingreso arbitrario y violento. Ante lo ocurrido, procedió a solicitarle que desocupe el inmueble, acudiendo incluso a terceras personas para que puedan persuadirla y así proceda a desocupar el mismo, pero todo intento fue en vano, ya que la demandada se negó a abandonar el departamento, alegando supuestos derechos sucesorios, los cuales no fueron reconocidos ni demostrados legalmente; y, hasta la interposición de la presente acción, permaneció ocupando el inmueble, impidiéndole el uso, goce y disposición del bien en su calidad de apoderado del propietario, por lo que denuncia la vulneración de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, particularmente sus derechos a la propiedad privada, a la inviolabilidad de domicilio y al debido proceso, ante el ejercicio de un acto arbitrario de ocupación del bien inmueble de propiedad de su representado, constituyéndose así, en una vía de hecho.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la propiedad privada, la inviolabilidad de domicilio, el debido proceso, la defensa y a la seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 13, 19.I, 22, 25, 56, 115.II, 196.I y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) La restitución de los derechos vulnerados de su representado; b) La desocupación inmediata del inmueble objeto de tutela, con el auxilio de la fuerza pública; y, c) La imposición de costas y costos.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 1 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 45 a 46, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su representante, ratificó integramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: Reiteró que tiene el poder de disposición sobre el departamento objeto de la presente acción de amparo constitucional; aclarando que su progenitora, reside en un bloque independiente en el mismo inmueble afectado, este último que fue irrumpido en horas de la madrugada por parte de la demandada, quien se instaló con todo su mobiliario para proceder a una ocupación de hecho que se mantiene de forma ininterrumpida hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Trinidad Salazar Luizaga, por informe escrito presentando el 1 de junio de 2023, cursante de fs. 38 a 40 y en audiencia de garantías, señaló que: 1) No vulneró ningún derecho del titular del inmueble; toda vez que, fue el propio accionante quien admitió que su mandante reside en el exterior y que el departamento permaneció deshabitado por cinco meses, hasta que el mencionado, comenzó a realizar las refacciones temporales; 2) Conforme al principio de subsidiariedad previsto en el art. 128 de la CPE, la acción de amparo constitucional es improcedente si existen recursos pendientes de resolución o si el interesado omitió utilizar los mecanismos de defensa legales, salvo riesgo de perjuicio irreparable; 3) La excepción a la subsidiariedad solo aplica ante medidas de hecho que afecten a grupos vulnerables o generen daños irreversibles, condiciones no acreditadas por el impetrante de tutela; 4) Existe un conflicto familiar previo, originado por la distribución anticipada de terrenos que realizó su madre y a pesar de que reconoció el derecho propietario que tiene su hermano Marco Alfredo Salazar Luizaga, sostuvo que ella financió y coadyuvó con la construcción del inmueble extremo que no tomaron en cuenta al momento de disponer el bien; y, 5) Como consecuencia de los conflictos familiares, fue sometida a diversos procesos judiciales; sin embargo, niega los hechos atribuidos en la presente acción tutelar, se ratifica en que volvió a habitar el departamento en el que ya vivió años, el cual desocupó con la finalidad de entregarlo en anticrético para poder concluir con los trabajos de construcción del edificio, cuyo derecho propietario le corresponde a su madre.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Resolución 043/2023 de 1 de junio, cursante de fs. 47 a 50 vta., denegó la tutela solicitada sin ingresar al fondo de la problemática planteada. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Si bien se encuentra acreditado el derecho propietario de Marco Alfredo Salazar Luizaga, a través de testimonio de anticipo de legítima y su inscripción en Derechos Reales; sin embargo, el ahora accionante, no demostró de forma suficiente la existencia de medidas de hecho que hubieran ocasionado un daño irreparable o irremediable; las imágenes de las cámaras de seguridad que presentó solo demostraron que la demandada, ingresó al inmueble el 30 de diciembre de 2022 y trasladó su mobiliario con la finalidad de ocupar el departamento, el cual refirió que se encontraba desocupado, además aclaró que contribuyó con la construcción del edificio y ya había vivido en el mismo en pasados años; ii) Existe una acción tutelar anterior, la misma que fue interpuesta por Trinidad Salazar Luizaga, en contra del ahora accionante, por el corte del suministro de agua potable y cuya resolución fue emitida por esta misma Sala, ante la evidencia de un conflicto familiar con antecedentes judiciales en curso; iii) El accionante no demostró que la ocupación actual del inmueble por parte de la demandada, hubiera sido violenta, ni acreditó que se hubiese producido desalojo alguno; por tanto, al no haber acreditado el uso de la fuerza ni la existencia de un daño irreparable, la presente controversia carece de los presupuestos necesarios para la tutela constitucional, debiendo ser ventilada en la vía ordinaria; y; iv) No cumplió con la carga argumentativa ni probatoria exigida para viabilizar una tutela directa; al advertirse que no agotó previamente las vías judiciales ordinarias disponibles.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1 Cursa escritura pública 698/2002 de 24 de octubre, que da cuenta que Flora Luizaga de Salazar, otorgó en favor de su hijo Marco Alfredo Salazar Luizaga, en anticipo de legitima, un lote de terreno con una superficie de 868.22 m, ubicado en la zona Sarcobamba, cantón Santa Ana de Cala Cala de Cochabamba, reservándose el derecho de usufructo (fs. 7 a 8 vta.); registrado en Derechos Reales bajo la matrícula computarizada 3.01.1.02.0019655 (fs. 9 y vta.). II.2 Corre comprobante de pago de impuestos de 30 de junio de 2022; y, el aviso de cobranza de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba Sociedad Anónima (ELFEC S.A.), sobre el servicio de electricidad; se tiene como contribuyente a Marco Alfredo Salazar Luizaga (fs. 10 y 11). II.3 Cursan imágenes impresas del video de cámara de seguridad; un pendrive que contiene los hechos ocurridos (fs. 12 a 16); y, una declaración voluntaria notarial realizada por el accionante el 24 de mayo de 2023 sobre los hechos suscitados el 30 de diciembre de 2022 (fs. 17 y vta.). II.4 Cursa SCP 0781/2023-S3 de 20 de julio, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Trinidad Salazar Luizaga contra Emilio Salazar Luizaga; mediante la cual, el Tribunal Constitucional Plurinacional, revocó la Resolución 052/2022 de 9 de junio, que le denegó tutela, concediendo la misma al haberse acreditado la concurrencia de vías de hecho por el corte del suministro de agua potable efectuado por el demandado; de la revisión de dicha acción, se evidencia que las vías de hecho denunciadas, acontecieron en el inmueble ubicado en la zona de Sarco Distrito 3, Sub Distrito 2, manzana 90, calle Batallón Colorados lote B, registrado con matrícula computarizada 3.01.1.02.000.3904; el cual, no guarda ninguna relación con el inmueble objeto de la presente acción tutelar (fs. 166 a 177).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión sus derechos a la propiedad privada, al debido proceso, a la defensa, a la inviolabilidad de domicilio y a la seguridad jurídica de su representado; toda vez que, sin respetar el derecho propietario de su bien inmueble ubicado en la calle Irigoyen 150 de la ciudad de Cochabamba inscrito en Derechos Reales bajo la matricula computarizada 3.01.1.02.0019655; la demandada en la madrugada del 30 de diciembre de 2023, ingresó y ocupó el mismo, a través del ejercicio de vías de hecho, sin autorización de su propietario, ni orden judicial, forzando sus accesos. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la naturaleza de la acción de amparo constitucional y la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0344/2018-S2 de 18 de julio, reiterada por la SCP 0373/2018-S2 de 24 de julio, así como la SCP 0069/2019-S2 de 3 de abril, entre otras, asumió el siguiente entendimiento:

La acción de amparo constitucional, consagrada en el art. 128 de la Constitución Política del Estado (CPE), como una acción de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebido de los servidores públicos y personas particulares, individuales o colectivas, que restrinjan supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Norma Suprema y la ley; en este mismo sentido el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé que esta acción tutelar “…tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”. En esa comprensión el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia constitucional expresó que la acción de amparo “Se constituye entonces en una de las acciones de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos, rigiendo para su interposición, los principios de inmediatez y subsidiariedad, conforme lo establece el art. 129 de la Ley Fundamental; denotándose de la naturaleza de esta acción su objeto de protección y resguardo de derechos en el marco de los valores y principios ético-morales establecidos en la Constitución Política del Estado, contribuyendo desde la justicia constitucional a efectivizar y materializar esos valores y principios para una vida armoniosa, con equidad, igualdad de oportunidades y dignidad, entre otros valores, en los que se sustenta el Estado Plurinacional y que son parte de la sociedad plural” (las negrillas nos corresponden). Entonces, la acción de amparo constitucional es una acción de defensa que:“…establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida” (las negrillas son nuestras); empero, conforme a su naturaleza jurídica precedentemente citada, su activación procede sobre la base de los principios constitucionales de inmediatez y subsidiariedad, salvo supuestos excepcionales plenamente justificadas. No obstante, la jurisprudencia constitucional determinó que las medidas de hecho constituyan uno de los supuestos que se sustraen al principio de subsidiariedad de manera excepcional bajo la denominación de flexibilización al principio de subsidiariedad, porque no solo afecta derechos fundamentales y garantías constitucionales, sino compromete la concepción de la naturaleza misma del Estado Plurinacional Comunitario con Autonomías, lo que justifica la consideración de la excepción a la subsidiariedad que disciplina la acción de amparo constitucional y que posibilita a la jurisdicción constitucional ingresar al análisis de fondo de la cuestión planteada para una eventual tutela si corresponde.

III.2. La proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia

La justicia constitucional en varias Sentencias relevantes, como en la SC 0832/2005-R de 25 de julio, la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre y en especial en la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, refiere que el fundamento esencial de la proscripción de los actos vinculados a medidas o vías de hecho y a la justicia por mano propia, es el resguardo celoso del principio de Estado Constitucional de Derecho y la protección del derecho de acceso a la justicia o derecho a la jurisdicción en sentido amplio, que se ve fracturado y suprimido respectivamente, cuando el acto o los actos cometidos por particulares o servidores públicos, están al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales individuales y/o colectivos reconocidos por la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad. En efecto en el Fundamento Jurídico III.1, establece:

…sin ingresar a repasos históricos o formulaciones teóricas, es posible señalar que la afortunada concepción de “Estado de derecho” o “Estado bajo el régimen de derecho” cuya base ideológica es “un gobierno de leyes y no de hombres”, nace sepultando el modelo de “Estado bajo el régimen de la fuerza”, el que no obstante haber sido llenado de diversos contenidos en diferentes épocas históricas (Estado de Derecho legislativo y actualmente Estado Constitucional de Derecho) tuvo una trascendencia unívoca: La proscripción de la arbitrariedad pública y privada en las reglas de convivencia social y contención del poder, garantizando con ello, el respeto a la ley. En efecto, el Estado de derecho en principio tuvo una versión particular configurada como “Estado de derecho legislativo” o “Estado legal de Derecho”, empero, esta concepción reducía a un simple sistema de dominación mediante el instrumento de la ley, pues todo Estado era de Derecho, por el sólo hecho de que la actividad estatal se desarrolle bajo cánones legales (del legislador), siendo irrelevante si las leyes fueran opresoras o autoritarias, concepción que se sustentaba en que la ley (con características de generalidad y abstracción) era la más alta expresión de la soberanía y, por ello, quedaba al margen de cualquier límite o control, con lo cual, las constituciones terminaron siendo meras cartas políticas, afianzándose el imperio de la ley y el principio de legalidad. Actualmente, el Estado de derecho, se configura como “Estado constitucional de Derecho”, que es “…un estadio más de la idea de Estado de Derecho, o mejor, su culminación”, o en palabras de Prieto Sanchís “…no cabe duda que el Estado constitucional representa una fórmula del Estado de Derecho, acaso su más cabal realización”. Este modelo, supone una profunda transformación en la concepción general de “Estado de derecho”, debido a que en esta última fórmula “Estado Constitucional de Derecho”: a) El poder público (órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral); y, b) La convivencia social de los ciudadanos están sometidos a la Constitución a través del principio de constitucionalidad que viene a sustituir el principio de legalidad y, por ende, -en el tema que ocupa a esta sentencia constitucional-, supone la proscripción de las acciones vinculadas a medidas de hecho o vías de hecho por el propio Estado o los particulares en cualesquiera de sus formas.

De igual forma, la referida SCP 1478/2012, en el Fundamento Jurídico III.1, expresa de manera explícita su preocupación sobre las recurrentes denuncias de actos vinculados con medidas o vías de hecho a través de las diferentes acciones de defensa -acciones de amparo constitucional, libertad y popular- en diferentes supuestos, calificándolo como un problema estructural, como son:

…i) Avasallamientos u ocupaciones por medidas o vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos con limitación arbitraria del derecho a la propiedad, la perturbación o pérdida de la posesión o tenencia del bien inmueble; ii) Cortes de servicios públicos (agua, energía eléctrica, etc.); y, iii) Desalojos extrajudiciales de viviendas; entre otros supuestos que propician, con un solo hecho (vías de hecho) la repetición crónica de violaciones de una serie de derechos humanos de afectación directa e indirecta, conforme se analizará posteriormente y que ameritan un análisis estructural de este problema (las negrillas son agregadas). En ese orden, la proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia, desde un análisis estructural, adquiere significado constitucional a partir de un compromiso compartido de reprochar las decisiones subjetivas o motivaciones que llevan a las personas físicas, jurídicas y servidores públicos a asumir justicia por mano propia, con el objetivo de buscar la consolidación de un Estado Constitucional de Derecho fuerte, traducido en la existencia y respeto a la institucionalidad y en especial a la independencia en la administración de justicia, con un modelo de justicia plural eficiente, al servicio de la protección, tanto de derechos individuales como colectivos, con acceso a la justicia en sentido amplio, para la convivencia pacífica de los ciudadanos, que es un mandato prescrito principalmente en los arts. 1, 2, 9 y 178 de la CPE.

III.3 La labor de la justicia constitucional ante la constatación de denuncias o actos vinculados a medidas o vías de hecho y justicia por mano propia

Después del análisis reflexivo del desarrollo jurisprudencial constitucional sobre este tema, es posible reafirmar, que independientemente de la 3La referida SCP 0998/2012, en un caso en el que se denunció avasallamiento de un predio, señaló: “…todo acto o medida de hecho [en el que incurra el Estado o los particulares] que implique privación o limitación arbitraria e ilegal de la propiedad, implican una directa afectación al contenido esencial del derecho de propiedad en sus tres elementos esenciales: uso, goce y disfrute, motivo por el cual, la justicia constitucional, en el marco del ejercicio de los roles propios del control de constitucionalidad, una vez activada por el o los afectados, deberá tutelar de manera directa dicho derecho fundamental”. Asimismo, se tienen como antecedentes de avasallamientos a la propiedad resueltos por el Tribunal Constitucional, a través del Recurso de amparo constitucional, las SSCC 489/01-R, 151/01-R, 28/2002-R, 944/2002-R, 0312/2003-R, 0178/2003-R, 0615/2003-R, 0376/2004-R, entre muchas otras. 4La SCP 0489/2012 de 6 de julio, concedió la tutela y dispuso la inmediata restitución de la posesión de los accionantes, en la “Librería 16 de julio” salvo exista resolución judicial posterior, que haya modificado la posesión o situación jurídica del inmueble. 5La SC 0517/2003-R de 22 de abril, en el FJ III.3, señaló: “… aunque la recurrida niega haber cortado el suministro de luz, es evidente que este servicio fue suspendido a los recurrentes, y no por la empresa Electropaz como ésta misma informó al responder a la queja de los recurrentes; sin que la supuesta avería que invoca la recurrida, pueda desvirtuar los hechos materiales verificados; cual es el corte del suministro de luz, que privó durante más de quince días a sus inquilinos de luz eléctrica; medida de hecho que no puede ser justificada por la falta de pago de alquileres, ni por la decisión de la recurrida de rescindir el contrato, comunicada a los inquilinos mediante nota de 14 de enero; ya que para esa eventualidad la propietaria y recurrida cuenta con los mecanismos procesales respectivos, a efectos de hacer valer sus derechos”. Del mismo modo, puede consultarse las SSCC 0014/2007-R, 0374/2007-R, 0832/2005-R y 0011/2007-R, entre otras. 6Las SSCC 0562/2007-R, 0502/2007-R y 0016/2007-R, entre otras, se refieren al caso.

acción de defensa que interponga el justiciable -acción de amparo constitucional, de libertad o popular-, por vulneración a derechos y garantías individuales o colectivos, por actos vinculados a medidas o vías de hecho provenientes de particulares o servidores públicos; de constarse esta situación, la justicia constitucional, otorga: 1) La tutela definitiva, únicamente respecto a la supresión del derecho de acceso a la justicia en un sentido amplio; y, ante la inobservancia y/o fractura del Estado Constitucional de Derecho; y, 2) La tutela provisional y transitoria -con efectos preventivos o reparadores-, con relación al derecho sustantivo en cuestión -derechos a la propiedad, a la vivienda, al trabajo, a los servicios básicos, etc.- hasta que la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso, defina o en su caso, reafirme su titularidad; distinciones, que inciden en los efectos de la resolución constitucional, como se pasa a reflexionar. (El resaltado es propio). En efecto, la tutela provisional y transitoria ante medidas o vías de hecho, puede tener dos alcances y efectos no excluyentes: i) Preventiva y/o ii) Reparadora, a ser analizada en cada caso en concreto. Por ejemplo, ante denuncias de actos vinculados a medidas de hecho que afectan la propiedad o posesión por avasallamientos, una tutela reparadora en el marco de la provisionalidad, puede disponer la desocupación inmediata de la propiedad, incluso con el auxilio de la fuerza pública, librándose a este fin los mandamientos que correspondan, hasta que la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso defina, o en su caso, reafirme la titularidad del derecho propietario. De ahí, que cesan los efectos de la tutela, que tiene carácter provisional y transitorio cuando la autoridad competente asume conocimiento, y por tanto, se tiene por cumplida en la medida -transitoriedad- de lo determinado. En el mismo ejemplo, una tutela preventiva en el marco de la provisionalidad, puede disponer la prohibición de innovar, de ingreso a la propiedad por parte de los demandados o terceros, cuando la justicia constitucional constate una amenaza potencial inminente y próxima que ponga en peligro el ejercicio del derecho propietario; demostración que no solo es subjetiva, con relación al temor del sujeto que ve peligrar su derecho fundamental, sino objetiva y externa, referidas a acreditar las circunstancias que permitan inferir tal peligro, que convalidan la percepción subjetiva; es decir, no opera ante una mera expectativa contingente. Así, la tutela -sea preventiva y/o reparadora- en el marco de la provisionalidad, tiene un espacio temporal constitucionalmente y jurisprudencialmente válido de eficacia para la ejecución de una Sentencia Constitucional; que inicia con la notificación legal del fallo a los demandados y/o terceros u otros que incurrieron en medidas o vías de hecho y cesa con la apertura de la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso que defina, o en su caso, reafirme su titularidad; toda vez que, se reitera, la protección brindada no es definitiva con relación al derecho sustantivo en cuestión, sino simplemente es de manera provisional y transitoria. La concesión de la tutela únicamente provisional y transitoria, empero, no definitiva en actos vinculados a medidas de hecho, se justifica en razón a que el objeto procesal de las acciones de defensa en este tema, no es definir derechos sustantivos, como la titularidad del derecho propietario de la parte accionante, que determine o ratifique, por ejemplo, colindancias, linderos, sobreposiciones sobre el mismo; por el contrario, no niega el derecho a la propiedad privada de los demandados o terceros interesados sobre propiedad urbana o fundos rústicos aledaños, así exista registro en Derechos Reales (DD.RR.) o sentencia judicial, por cuanto excedería la competencia de la justicia constitucional y generaría disfunción procesal y fallos contradictorios, porque, de existir una sentencia judicial proveniente de autoridad competente, es ésta la que tiene todos los mecanismos procesales para hacer cumplir su decisión. Significa que la justicia constitucional no desplaza la competencia definitiva del juez natural para resolver y definir la titularidad del derecho a la propiedad y su ejercicio, sino, que brinda una protección urgente encaminada exclusivamente a impedir de manera oportuna la violación irreversible e irreparable de los derechos fundamentales.

III.4. Resumen de presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho

La jurisprudencia determina las siguientes subreglas procesales de activación de la acción de amparo constitucional frente a actos vinculados a medidas de hecho, reafirmando algunas que ya estaban establecidas en nuestra tradición jurisprudencial, señalando que: a) La acción de amparo constitucional puede ser activada directamente; es decir, no existe necesidad de agotar previamente otras vías, menos aún, la vía procesal penal que tiene otro objeto procesal y finalidad; b) Las personas físicas o jurídicas particulares o servidores públicos, no expresamente demandados, pueden asumir defensa, presentar prueba y hacer valer sus derechos, aun en etapa de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, sin que se pueda alegar preclusión, lo que supone una flexibilización de las reglas de legitimación pasiva; c) La acción de amparo constitucional podrá interponerse durante el tiempo que subsista la lesión o la amenaza a los derechosaclarando que, cuando las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0091/2018-S2, 0119/2018-S2, 0210/2018-S2 y 232/2018-S2, señalan que no se aplica el plazo de caducidad, se entiende que es mientras subsista la vulneración o la amenaza a los derechos; por cuanto, una vez que cesa la amenaza o la lesión de los mismos, por actos vinculados a medidas o vías de hecho, comienza a correr el plazo máximo de seis meses para acceder a la justicia constitucional; aclaración que se realiza para evitar un uso 9La SCP 0998/2012, en el FJ III.3, establece que las acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad, a través de la acción de amparo constitucional, puede ser activado directamente frente a estas circunstancias, sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa. 10La SC 382/01-R de 26 de abril de 2001, establece que frente a una medida de hecho, el proceso penal no era idóneo, por cuanto tiene otra finalidad y objeto procesal, por lo que en el caso concreto señala: “…la querella que pudiere interponer contra la recurrida, persigue otro fin distinto al del presente Recurso, cuya demanda se centra en que se le permita utilizar la vivienda que tiene alquilada, lo que podrá hacer en tanto un Juez competente determine lo que corresponda en derecho”. En ese orden, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1013/2014-S3, 0365/2016-S3, 0788/2015-S3 y 0849/2015-S3, consideraron que el propósito del proceso penal, no solo era la determinación de la comisión de delitos y que a través de ellos, también se podían resguardar derechos vinculados a actos por medidas de hecho; constituyéndose en precedentes constitucionales que utilizan criterios restrictivos, en cuanto a la excepción de subsidiariedad y que en el marco de la SCP 2233/2013 de 16 de diciembre, referido al estándar más alto de protección, no corresponde su aplicación. 11La SCP 0998/2012, en el FJ III.5, refiere que por regla general, para la activación de la acción de amparo constitucional, el accionante deberá cumplir en primera instancia con la identificación de los particulares o autoridades demandadas -arts. 33.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo)-; empero, tratándose de peticiones de tutela vinculadas con medidas o vías de hecho, el impetrante de tutela deberá cumplir con esta exigencia; sin embargo, de manera excepcional -siempre y cuando no sea posible, por las circunstancias particulares del caso- en caso de la identificación de las personas demandadas, se deberán flexibilizar las reglas de la legitimación pasiva. Ahora bien, en ese supuesto, cuando el peticionante de la tutela no pueda identificar expresamente a todos los demandados o a los terceros interesados, en resguardo del derecho a la defensa de éstos, no se les aplica el principio de preclusión procesal, para la presentación ulterior a la audiencia pública de medios de defensa, por lo mismo, en cualquier etapa del proceso de la acción de amparo constitucional, incluso en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, podrán hacer valer sus derechos, debiendo en estos casos ser oídos de manera amplia y admitidos sus medios probatorios en cualquier instancia procesal. 12La SCP 0309/2012 de 18 de junio, en el FJ III.3, apunta: “…el tiempo transcurrido, no constituye un óbice para la no concesión de la presente acción de amparo constitucional, toda vez que el avasallamiento y la consiguiente vulneración de los derechos fundamentales del accionante, continuaban a momento de solicitar se prosiga con la tramitación de la misma”. La SCP 1938/2012 de 12 de octubre, en el FJ III.3, refiere: “…en el marco de una interpretación extensiva y progresiva a favor de un acceso eficaz a la justicia constitucional, las denuncias por vías de hecho, en cuanto al plazo de caducidad, implican un análisis teleológico del último supuesto del art. 129.II de la CPE; en ese orden, se tiene que en vías de hecho, pueden existir actos lesivos que generen una afectación a derechos mediata en el tiempo, es decir, cuando a partir del acto inicial lesivo a derechos fundamentales que emerja de una medida de hecho, de manera conexa y como consecuencia directa del primer acto lesivo, se realicen actos ulteriores vulneratorios de derechos fundamentales, al tener directa relación los actos contínuos vulneratorios de derechos emergentes de vías de hecho, el afectado, podrá pedir tutela constitucional, desde el último acto lesivo, supuesto en el cual, al estar los actos denunciados en estricta conexitud y directamente vinculados con el primer acto lesivo que surja de vías o medidas de hecho, una vez verificadas las lesiones a derechos fundamentales, en el ejercicio del control tutelar de constitucionalidad, deberá tutelarse los derechos hasta el primer acto que origine la lesión, interpretación acorde con los principios pro-hómine y pro-actione, pautas que aseguran la eficacia máxima del derecho al acceso oportuno a la justicia constitucional frente a vías de hecho y que además consolida una labor hermenéutica según los fines establecidos en los principios fundamentales y valores plurales supremos en el Estado Plurinacional de Bolivia como ser la justicia, igualdad y el vivir bien, consolidando en definitiva la materialización de la Constitución Axiomática”.

distorsionado del precedente constitucional jurisprudencial; y, d) La carga de la prueba, tendiente a demostrar los actos vinculados a medidas o vías de hecho, debe ser cumplida por el accionante, quien debe acreditar la existencia de los mismos de manera objetiva, asumidas sin causa jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos y estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria.

III.5. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la propiedad privada, la inviolabilidad de domicilio, el debido proceso, a la defensa y a la seguridad jurídica; toda vez que, siendo legítimo propietario de un bien inmueble debidamente inscrito en Derechos Reales; la demandada, sin su consentimiento y a través de vías de hecho, en la madrugada del 30 de diciembre de 2023, ingresó y ocupó el citado bien inmueble de manera arbitraria forzando sus accesos. Una vez identificada la problemática planteada, corresponde a continuación ingresar a la revisión de los antecedentes adjuntos al expediente, de donde se evidencia que el representado del accionante adquirió el derecho propietario de un bien inmueble, ubicado en la zona Sarcobamba, cantón Santa Ana de Cala Cala, calle Irigoyen 150 de la ciudad de Cochabamba, debidamente registrado en Derechos Reales bajo la matrícula computarizada 3.01.1.02.0019655, asiento número 1 (Conclusión II.1).

En este antecedente, el accionante, alega que el día 30 de diciembre de 2022, aproximadamente a horas 9:00, se encontraba realizando trabajos de refacción del inmueble, los mismos que fueron irrumpidos por la demandada conjuntamente terceras personas quienes le propiciaron una serie agresiones, razón por la cual tuvo que retirarse del lugar para evitar mayores conflictos; asimismo refiere que, en horas de la madrugada del 31 de igual mes y año, conforme se evidencia en los videos de las cámaras de seguridad del inmueble, la demandada procedió de manera clandestina e ilegal al traslado de sus muebles y enseres, con la finalidad de tomar posesión del bien, la misma que permanece hasta la fecha que interpuso la presente acción de defensa.

Tratándose de la denuncia de medidas de hecho, conforme estableció la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, es posible activar directamente la acción de amparo constitucional en forma excepcional, haciendo abstracción de la aplicación del principio de subsidiariedad, al ser las medidas o actos de hecho, contrarios al ordenamiento jurídico que afectan derechos fundamentales y requieren de su inmediata tutela, sin necesidad de agotar otros mecanismos legales de defensa para su reparación, tal como ocurre en el presente caso; por lo tanto, es posible para la jurisdicción constitucional analizar la problemática planteada; siempre y cuando, él o la afectada demuestre su titularidad o dominialidad sobre el bien objeto de las medidas de hecho; además de, acreditar de manera objetiva que éstas acontecieron; por lo tanto, corresponde a este Tribunal ingresar al análisis de lo demandado, abstrayendo el principio de subsidiariedad.

En ese entendido, subsumiendo los hechos a la jurisprudencia glosada precedentemente, se evidencia que el solicitante de tutela acreditó el derecho propietario de su hermano Marco Alfredo Salazar Luizaga sobre el bien inmueble del que reclama su avasallamiento en la presente acción tutelar; cumpliendo de esta manera, con el primer supuesto de las subreglas para la procedencia de la acción de amparo constitucional; referido a que, el derecho a la propiedad debe estar debidamente demostrado y no cuestionado.

En cuanto al segundo supuesto referido, a la evidencia de que la demandada no estaba en posesión del bien inmueble; sino que, con acciones violentas -de hecho- procedió a ocupar la propiedad privada del impetrante de tutela; se tiene el muestrario fotográfico y los videos extraídos de las cámaras de seguridad que captaron de manera cronológica, el momento exacto en el que la demandada irrumpió en el inmueble durante la madrugada del 30 de diciembre de 2022, sin autorización del dueño ni de su apoderado legal; asimismo, la declaración voluntaria notarial realizada por el accionante de 24 de mayo de 2023, ratifica la relación circunstanciada de los hechos y la persistencia de la lesión de derechos hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa (Conclusión II.3).

A partir de la relación fáctica desglosada, se concluye que el impetrante de tutela, ha cumplido con los presupuestos procesales establecidos en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; toda vez que, ha satisfecho la carga de la prueba necesaria para acreditar la comisión de las vías de hecho denunciadas; dicha acreditación se materializa a través del registro de las cámaras de seguridad y la declaración notarial aportada, que demuestran el ingreso clandestino y arbitrario del inmueble por parte de la demandada; actos que, además fueron reconocidos, tanto en su informe de 1 de junio de 2023, como en la audiencia de la presente acción tutelar, justificados bajo el argumento de supuestos derechos sucesorios no perfeccionados legalmente.

En consecuencia, se advierte que, la conducta asumida por la demandada se subsume en los supuestos desarrollados por la jurisprudencia, conforme a lo desglosado en los Fundamentos Jurídicos precedentes, que instituyen a la justicia constitucional como un mecanismo de contención frente a conductas arbitrarias, proscribiendo las denominadas vías de hecho configurados como actos de justicia por mano propia que desconocen el ordenamiento jurídico; en el caso concreto, el accionante fue impedido de ingresar al inmueble de su representado, como consecuencia de las agresiones de las que fue objeto proferidas por la demandada y terceras personas.

Asimismo, la precitada confirmó que continúa ocupado el bien inmueble, bajo el argumento de haber coadyuvado en su construcción; sin embargo, dichas afirmaciones no cuentan con ningún respaldo probatorio ni resolución judicial ejecutoriada en su favor; por lo que, se configura la justicia por mano propia, al haber ocupado un inmueble cuyo derecho propietario se encuentra legítimamente reconocido en favor de otra persona, independientemente si éste se encontraba desocupado o no.

En ese entendido, conforme a la doctrina jurisprudencial desarrollada por este Tribunal, ante la constatación de actos vinculados a medidas o vías de hecho, corresponde otorgar tutela provisional y transitoria de carácter reparador, destinada a cesar la ocupación arbitraria y restituir el ejercicio de los derechos fundamentales afectados. Finalmente, respecto de la vulneración de los derechos al debido proceso, a la defensa y a la seguridad jurídica; el accionante no expreso como se habrían transgredido tales derechos; por lo que, concierne denegar la tutela solicitada al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 043/2023 de 1 de junio, cursante de fs. 47 a 50 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, respecto de los derechos a la propiedad privada y la inviolabilidad del domicilio; 2º Disponer el cese inmediato de las vías de hecho que viene ejerciendo Trinidad Salazar Luizaga, debiendo proceder a la desocupación y entrega del inmueble ubicado en la zona Sarcobamba, cantón Santa Ana de Cala Cala, calle Irigoyen 150 de la ciudad de Cochabamba, registrado en Derechos Reales, bajo la matrícula computarizada 3.01.1.02.0019655, a Emilio Salazar Luizaga en su condición de apoderado del accionante Marco Alfredo Salazar Luizaga, en el plazo de cinco días hábiles de notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, bajo alternativa de Ley en caso de incumplimiento; y, 3° DENEGAR la tutela impetrada, en relación al derecho al debido proceso, a la defensa y la seguridad jurídica; sin lugar al pago de costas, daños y perjuicios, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1, señala: “…Dentro de esos supuestos excepcionales, en los que el amparo entra a tutelar de manera directa e inmediata, prescindiendo inclusive de su carácter subsidiario, está la tutela contra acciones o medidas de hecho cometidas por autoridades públicas o por particulares, entendidas éstas como los actos ilegales arbitrarios que desconocen y prescinden de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, realizando justicia directa, con abuso del poder que detentan frente al agraviado, actos que resultan ilegítimos por no tener respaldo legal alguno y que por el daño ocasionado y la gravedad de los mismos, merecen la tutela inmediata que brinda el amparo por vulnerar derechos fundamentales (…)”. 2El FJ III.1, establece que la protección a derechos frente a la denuncia de acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: “a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los

pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho”.

7 La SC 0182/2007-R de 23 de marzo, en el FJ III.3, sostiene: “...la vulneración se distingue de la amenaza, en cuanto la primera lleva implícita el concepto de daño; así, se vulnera un derecho cuando el bien jurídico que constituye su objeto es lesionado, en cuyo caso, la tutela es reparadora; en tanto que la amenaza pone en peligro a ese bien jurídico, peligro que, como quedó precisado, debe ser potencial y debe presentarse como inminente y próximo, en cuyo caso, la tutela es preventiva. En ese orden, la SC 1853/2004-R de 30 de noviembre, ha señalado que: “…la hipótesis constitucional de la amenaza requiere de la unión de elementos subjetivos y objetivos o externos: a) los primeros referidos al temor del sujeto que ve peligrar sus derechos fundamentales y, b) los segundos, a los aspectos que convalidan dicha percepción; es decir, las circunstancias que permiten inferir la existencia del peligro concreto de los derechos del sujeto”. 8La SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, en el FJ III.2, acuñó el derecho a la eficacia del cumplimiento o ejecución de las resoluciones constitucionales en la medida de lo determinado.

13 La aclaración de la aplicación de los precedentes constitucionales, se encuentra en nuestra tradición jurisprudencial, como en la SCP 0042/2013 de 3 de abril, que aclaró la aplicación de la SC 1845/2004-R de 30 de noviembre, sobre las notificaciones procesales; precisamente, porque el Tribunal Constitucional evidenció su utilización distorsionada. 14SCP 0998/2012, FJ III.4.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0835_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): d004c29a097ca86aa50a462786fa6bbf94e2f19452794922b7ab647f18f1fe12

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