Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 19 de septiembre de 2024
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad privada, al debido proceso en su elemento de notificación, a la igualdad procesal y a la defensa; puesto que, el Alcalde hoy accionado rechazó la solicitud de registro topográfico de 33 ha 9193,95 m², iniciada por su vendedor; por lo que su persona interpuso recursos de revocatoria y jerárquico contra esa decisión, que concluyó con la emisión del Decreto Edil 137/2024 de 10 de mayo, que rechazó su recurso jerárquico y consiguientemente su solicitud de registro topográfico por encontrarse con sobreposiciones con otros registros. Además, se otorgaron esos registros con códigos catastrales que se sobreponen a su terreno, sin ser notificado con esos actos administrativos. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 02/2024 -siendo lo correcto 11- de 22 de mayo, cursante de fs. 75 a 76 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de Cuatro Cañadas del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0832/2024-S3 Sucre, 19 de septiembre de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 64733-2024-130-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución “02”/2024 -siendo lo correcto 11- de 22 de mayo, cursante de fs. 75 a 76 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Hugo Céspedes Terrazas contra Raúl Gonzalo Alvis Claudio, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento de Santa Cruz.
El accionante, por memorial presentado el 15 de mayo de 2024, cursante de fs. 60 a 67, manifestó lo siguiente:
El 3 de noviembre de 2023, fue notificado su vendedor Juan Gonzales Bejarano, a través de su representante legal, Robert Paul Kruker Callaú, con el Informe Legal DIR.JUR. 231/2023 de 31 de octubre, emitido por la Directora Jurídica del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento de Santa Cruz, el cual rechazó la solicitud de registro topográfico, por no cumplir con los requisitos exigidos, arguyendo que con carácter previo debió acreditar derecho propietario; toda vez que, la documentación presentada no coincidía con el dibujo del plano presentado y que sobre las coordenadas existía sobreposición a otra propiedad según la planimetría del municipio de Cotoca; por lo que, su vendedor planteó recurso de revocatoria, emitiendo el Secretario Administrativo y Financiero de la indicada entidad municipal, la Resolución Administrativa Municipal 029/2023 de 23 de noviembre, por la que rechazó ese recurso, ratificando el Informe Legal impugnado, y rechazó la solicitud de registro topográfico y/o empadronamiento del terreno de su vendedor.
Interpuesto el recurso jerárquico, fue resuelto por Resolución del Honorable Concejo Municipal de Cotoca 017/2023 de 20 de diciembre, que anuló todas las actuaciones del proceso administrativo. En ese sentido, el Alcalde ahora accionado emitió el Decreto Edil 069/2024 de 29 de febrero, por el que nuevamente rechazó el registro topográfico de su vendedor, por encontrarse con sobreposiciones con otros registros. Por lo que el 6 de marzo de 2024, su persona interpuso recurso de revocatoria contra ese Decreto Edil, que fue desestimado por dicho Alcalde a través del Decreto Edil 096/2024 de 3 de abril, contra el cual interpuso recurso jerárquico, emitiendo dicha autoridad el Decreto Edil “124”/2024 -siendo lo correcto 137- de 10 de mayo, mediante el cual rechazó dicho recurso, dando por concluida la vía administrativa. Interpone la presente acción tutelar contra el referido Decreto Edil “124”/2024 -siendo lo correcto 137- que rechazó su solicitud de registro topográfico por estar en sobreposición con otros registros; así también, contra la otorgación de esos registros topográficos que se sobreponen a su terreno, sin ser notificado con esos actos administrativos emitidos por las autoridades, que vulneran sus derechos a la igualdad procesal y al debido proceso.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad privada, al debido proceso en su elemento de notificación, a la igualdad procesal y a la defensa; citando al efecto los arts. 13, 56.I y II, 115.II, 116, 117, 119.I, 120 y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 17.1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); y, 21.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda tutela, y en consecuencia: a) Se declare nulo el Decreto Edil “124”/2024 -siendo aclarado en audiencia 137/2024- de 10 de mayo; y, b) “ORDENANDO SU AUTORIDAD” se le apruebe y emita el registro topográfico y/o empadronamiento de su terreno en el plazo de setenta y dos horas.
Celebrada la audiencia virtual el 22 de mayo de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 72 a 74, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado ratificó de manera íntegra el contenido de la acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: 1) Se aclara que el Decreto Edil impugnado es el 137/2024 de 10 de mayo que fue notificado el 13 de ese mismo mes y año; con el que se dio por concluida la vía administrativa, quedando expedita la vía contenciosa administrativa establecida por el art. 70 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) y no solo eso sino también la vía constitucional a la cual se acudió para hacer respetar sus derechos vulnerados, por una entidad pública al dictar actos administrativos contrarios a la norma; 2) Luego de anularse las actuaciones del proceso administrativo se emitió un nuevo Decreto Edil rechazando su solicitud; por lo que, interpuso recurso de revocatoria que fue rechazado por otro Decreto Edil, lo que constituye una ilegalidad, ya que ese recurso debe ser resuelto por el Secretario de Planificación y no por el Alcalde ahora accionado; quien ante el recurso jerárquico planteado contra el Decreto Edil 137/2024 volvió a rechazar -su solicitud-; y, 3) En ese sentido, pide que se conceda la tutela solicitada, al haberse demostrado que se vulneró su derecho a la propiedad privada, debiendo declararse nulo ese Decreto Edil, ordenando al Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento de Santa Cruz, emita el registro topográfico o empadronamiento de su persona en el plazo de setenta y dos horas.
Raúl Gonzalo Alvis Claudio, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento de Santa Cruz, a través de su abogado en audiencia manifestó que: i) La presente acción de amparo constitucional se genera por la solicitud de registro topográfico efectuada por Juan Gonzales Bejarano el 26 de septiembre de 2023, ante el ente municipal de Cotoca, pidiendo el registro de 33 ha y 9193,95 m². Esa solicitud obtuvo una respuesta oportuna en la cual se le indicó que no se le podía otorgar el registro porque se advertían sobreposiciones en las coordenadas que habría mencionado; ii) Luego de rechazarse la solicitud de registro topográfico, el accionante presentó recurso de revocatoria frente a una decisión asumida dentro del trámite interpuesto por Juan González Bejarano, argumentando que compró un predio, adjuntando una minuta de transferencia con reconocimiento de firmas y rúbricas, en la cual se evidencia que el nombrado le transfirió “esos predios” el 1 de febrero de 2024; es decir, de manera posterior a la solicitud de registro topográfico; iii) En la presente acción tutelar, el accionante identificó como el hecho vulnerador de sus derechos el rechazo del trámite administrativo de registro topográfico por medio del Decreto Edil 137/2024, al encontrarse en sobreposición con otros registros, sin notificarle. En ese sentido, indicó que se vulneró el derecho a la propiedad al rechazarse la solicitud de registro topográfico porque se emitieron códigos catastrales en fechas pasadas, sin haberlo notificado, siendo que de acuerdo a los antecedentes del trámite administrativo y de la acción de defensa planteada, se hace mención a códigos catastrales del 2010, 2013, 2018, “2009” y 2011, cuando el accionante no era propietario de dicho terreno, ya que según la minuta de transferencia presentada él sería propietario desde el 1 de febrero de 2024; iv) Existe una confusión, ya que el accionante por efectuar la compra del terreno en esa fecha, considera que todos los hechos pasados realizados por el anterior propietario, relacionados con la solicitud, los códigos catastrales que se registraron y que tienen sobreposición sobre ese derecho, debería habérsele notificado; como podría el Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento de Santa Cruz responderle positivamente por un registro topográfico que no fue solicitado por él, sino por Juan Gonzales Bejarano en septiembre de 2023, antes de que dicho accionante adquiera los predios que son objeto de la acción de defensa en análisis; vi) Teniendo en cuenta lo establecido por el art. 52 del Código Procesal Constitucional (CPCo) sobre la legitimación activa, el accionante reclama que se le otorgue el registro topográfico que fue solicitado por otra persona; en ese sentido, una vez “tenido” su derecho propietario, debió acudir al municipio y solicitar lo que corresponda en derecho y no aferrarse a una solicitud de otra persona, porque no tenía ningún derecho sobre esa solicitud; por lo que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional dicho accionante en el presente caso carece de legitimidad activa para interponer esta acción de amparo constitucional y solicitar se declare nulo el Decreto Edil 137/2024 y se ordene se apruebe y emita el registro topográfico; siendo que no existe una solicitud de registro topográfico efectuada por él; y, vii) No se mencionó ni identificó al tercero interesado, en este caso a Juan González Bejarano, ya que si se anula todo el proceso -trámite administrativo- el nombrado tiene un interés legítimo, ya que él fue quien solicitó el registro topográfico; no existiendo en la transferencia, tampoco se adjuntó un poder notarial por el cual se le otorgó al accionante la facultad de reclamar en su nombre o de representarlo en ese proceso administrativo; en ese contexto, pide se deniegue la tutela solicitada.
El Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de Cuatro Cañadas del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución “02”/2024 -siendo lo correcto 11- de 22 de mayo, cursante de fs. 75 a 76 vta., concedió en parte la tutela solicitada respecto al derecho a la propiedad y su ejercicio -de- apersonarse ante las autoridades competentes, instituciones públicas y obtener lo que corresponde -relacionado con- el registro topográfico; por lo que, se dejan sin efecto los Decretos Ediles 137/2024 y 096/2024, ordenándose que en el plazo de setenta y dos horas, se extienda registro topográfico concerniente a la minuta de transferencia de 1 de febrero de 2024, haciendo constar las observaciones pertinentes en dicho registro, debiendo acudir el accionante y el “tercero” a la autoridad competente a efecto de dilucidar su derecho propietario, poniéndose a conocimiento de los sujetos procesales que la presente Resolución se circunscribe a lo previsto en el art. 40 del CPCo; todo ello bajo los siguientes fundamentos: a) Cursa en antecedentes una minuta de transferencia suscrita entre Juan Gonzales Bejarano y Dina Zelada de Gonzales en favor del accionante sobre una superficie de 33 ha, respecto a ese predio en su oportunidad dicho vendedor solicitó el registro topográfico, que según un informe legal fue rechazado, refiriendo que previamente debía acreditar derecho propietario, y toda vez que existía sobreposición sobre esa propiedad, debía fundamentar en derecho su solicitud; b) En cuanto a la legitimidad activa. Cursan los Decretos Ediles 096/2024 y 137/2024, emitidos por el Alcalde ahora accionado, que en primera instancia rechaza -la solicitud de registro topográfico- por no encontrarse -el accionante- legitimado para interponer el recurso de revocatoria; y en segunda instancia, respecto al recurso jerárquico hace una relación de la legitimidad del recurrente, indicando que no tiene la publicidad respecto a su derecho propietario, al no encontrarse registrado y que existen registros topográficos que se interponen a ese derecho; c) Se debe tener presente que por la señalada minuta se hace la transferencia de la superficie de 33 ha en favor del accionante, quien continúa los trámites ante el municipio de Cotoca a objeto de obtener el registro topográfico. Se encuentra establecido en el Código Civil que la compra-venta o adquisición del derecho propietario se perfecciona al momento del consentimiento de la oferta y aceptación entre los suscribientes, y a partir de ese momento se tiene por perfeccionado el contrato de compra-venta. Por otra parte, la oposición a un tercero se adquiere conforme lo establece el art. 1538 del CC, respecto a la publicidad; es decir, que el contrato surte efectos y es ley entre partes, de lo que se entiende que el accionante se encuentra debidamente legitimado para apersonarse ante el Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento de Santa Cruz a continuar los trámites iniciados sobre el terreno que tiene una superficie de 33 has.; d) En cuanto al tercero interesado, Juan Gonzales Bejarano, hizo constar que tuviera una superficie de 682 has; empero la solicitud de registro topográfico solo se realizó sobre 33 has. 9193.95 m², los mismos que coinciden con la citada minuta de transferencia, de lo que se entendería que a quien afectaría el rechazo o la no extensión del registro topográfico es al nuevo adquiriente -hoy accionante-; toda vez que, no se suscribe a una superficie restante de las 682.1000 has de propiedad de Juan Gonzales Bejarano; por lo que no existe afectación respecto a esa superficie y que le afectaría al nombrado; e) El accionante refiere que mediante los Decretos Ediles 137/2024 y 096/2024 se vulneran sus derechos a la propiedad y al debido proceso, por no ser notificado con las extensiones de los registros topográficos sobre los que existe sobreposición y debido a que el recurso de revocatoria fue resuelto por el Alcalde ahora accionado y no por el Director del área donde se debería resolver dicho recurso, para que en atención a la doble instancia, el recurso jerárquico lo resuelva la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE); f) No corresponde -a través de la acción de amparo constitucional- dilucidar derechos propietarios, sino verificar la vulneración de derechos o garantías constitucionales, o la amenaza de su restricción. Por otra parte, se debe acudir ante las autoridades competentes a efectos de dirimir lo que corresponda a derechos propietarios, no concerniendo al referido ente municipal “precautelar” los referidos derechos, ya que los levantamientos o registro topográficos, así como los planos de uso de suelo que otorgan los municipios no acreditan derecho propietario, y en esos registros se deben identificar de manera precisa los predios que se refiere, para no vulnerar derechos de terceros que pudieran tener en un registro topográfico; g) De cierta manera se vulnera el derecho al debido proceso al resolver el Alcalde hoy accionado el recurso de revocatoria y de la misma manera el recurso jerárquico, que debió ser resuelto por el Director de área respecto a la resolución de rechazo que se hubiera emitido; h) El derecho a la propiedad se ejerce respecto al uso, goce y disfrute de los bienes, sobre los cuales se tiene titularidad, y la compra-venta se perfecciona al momento de otorgarse el consentimiento de las partes y es oponible a terceros con el registro correspondiente; i) Es parte del derecho a la propiedad privada apersonarse ante cualquier autoridad competente o institución pública a efecto de tener documentación pertinente como el registro topográfico para individualizar e identificar el bien inmueble sobre el cual se detenta un derecho o titularidad como el derecho de propiedad; y, j) Por la documental que fue presentada a objeto de individualizar y ubicar de manera precisa el predio, independientemente que corresponde a la autoridad administrativa hacer constar en dicho registro las observaciones pertinentes relativas a la sobreposición o cualquier otra observación que se tenga; toda vez que, de que el mismo -accionante- no acredita derecho propietario y corresponde a la autoridad competente en proceso ordinario dilucidar cualquier controversia que hubiese sobre el derecho propietario, corresponde conceder en parte la tutela solicitada.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Nota presentada el 26 de septiembre de 2023, dirigida a Raúl Gonzalo Alvis Claudio, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento de Santa Cruz -hoy accionado-, mediante el cual Juan Gonzales Bejarano, solicitó el registro topográfico de 33 ha, 9193,95 m² (fs. 11). Así como el Informe Legal DIR. JUR. 231/2023 de 31 de octubre, por el que la Directora Jurídica de la indicada entidad municipal rechazó esa solicitud debiendo acreditarse derecho propietario ya que la documentación presentada no coincidía con el dibujo del plano presentado y sobre las coordenadas existía sobreposición a otra propiedad de acuerdo a su planimetría; además, el peticionante debía fundamentar en derecho su solicitud y recurrir a la vía correspondiente para la obtención de la documentación solicitada (fs. 12 a 13). II.2. Mediante memorial presentado el 16 de noviembre de 2023, el representante legal de Juan Gonzales Bejarano interpuso recurso de revocatoria contra el Informe Legal DIR. JUR. 231/2023, mereciendo en respuesta la Resolución Administrativa Municipal 029/2023 de 23 de noviembre, emitida por el Secretario Municipal Administrativo y Financiero del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento de Santa Cruz, por la que se rechazó dicho recurso y se ratificó el Informe Legal impugnado; además de rechazar la solicitud de registro topográfico efectuada por Juan Gonzales Bejarano. Interpuesto el recurso jerárquico contra esa Resolución Administrativa Municipal, mereció la Resolución del Honorable Concejo Municipal de Cotoca 017/2023 de 20 de diciembre, por la cual declararon nulas todas las actuaciones del proceso administrativo hasta el Informe Legal DIR. JUR. 231/2023 inclusive, debiendo elaborarse un informe adecuado que resuelva su solicitud de registro topográfico (fs.
16 a 30). II.3. Consta la minuta de transferencia de terreno de 1 de febrero de 2024, que cuenta con su formulario de reconocimiento de firmas y rúbricas, mediante la cual Juan Gonzales Bejarano con la anuencia de Dina Zelada de Gonzales transfirió a Hugo Céspedes Terrazas -ahora accionante- la superficie de 33 ha 9193,95 m², que se desprenden de una extensión superficial de 682.1000 has de su propiedad (fs. 3 a 4 vta.). II.4. Cursa Decreto Edil 069/2024 de 29 febrero, emitido por el Alcalde ahora accionante en cumplimiento a la Resolución del Honorable Concejo Municipal de Cotoca 017/2023, por el que se rechazó la solicitud de registro topográfico y/o empadronamiento de 33 ha 9193,95 m², efectuada por Juan Gonzales Bejarano, por encontrarse esa superficie con sobreposiciones respecto a otros códigos catastrales; debiendo el solicitante acudir a la jurisdicción ordinaria a hacer valer sus derechos ya que el Gobierno Autónomo Municipal no podía registrar ningún título sobre otros títulos registrados con anterioridad a su solicitud. Siendo notificado con ese Decreto Edil el representante legal de Juan Gonzales Bejarano el 5 de marzo de 2024 (fs. 32 a 38). II.5. Por memorial presentado el 6 de marzo de 2024, ante el Alcalde ahora accionado, el accionante interpuso recurso de revocatoria contra el Decreto Edil 069/2024, solicitando que el mismo sea revocado y declarado nulo, quedando sin efecto legal alguno y se le otorgue su registro topográfico (fs. 39 a 41). Cursa el Decreto Edil 096/2024 de 3 de abril, por el cual el referido Alcalde desestimó ese recurso por ser un recurrente no legitimado para interponer dicho recurso de revocatoria contra el señalado Decreto Edil 069/2024 (fs. 42 a 46). II.6. A través de memorial presentado el 16 de abril de 2024, ante el Alcalde ahora accionado, el accionante interpuso recurso jerárquico contra el Decreto Edil 096/2024, solicitando que sea revocado y declarado nulo, quedando sin efecto legal alguno y se le otorgue su registro topográfico (fs. 48 a 52). Consta el Decreto Edil 137/2024 de 10 de mayo, emitido por el Alcalde ahora accionado, por el que rechazó dicho recurso, al ser presentado sin la legitimidad de la documentación que acredite un derecho propietario dando por concluida la etapa administrativa, quedando expedita la vía contenciosa administrativa establecida en el art. 70 de la LPA (fs. 53 a 58).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad privada, al debido proceso en su elemento de notificación, a la igualdad procesal y a la defensa; puesto que, el Alcalde hoy accionado rechazó la solicitud de registro topográfico de 33 ha 9193,95 m², iniciada por su vendedor; por lo que su persona interpuso recursos de revocatoria y jerárquico contra esa decisión, que concluyó con la emisión del Decreto Edil 137/2024 de 10 de mayo, que rechazó su recurso jerárquico y consiguientemente su solicitud de registro topográfico por encontrarse con sobreposiciones con otros registros. Además, se otorgaron esos registros con códigos catastrales que se sobreponen a su terreno, sin ser notificado con esos actos administrativos. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0028/2019-S4 de 1 de abril, haciendo referencia a diversa jurisprudencia constitucional, señala que el derecho a la propiedad: «…se encuentra protegido por la Constitución Política del Estado vigente, en su art. 56 “(…) en el mismo sentido el art. 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, establece que: ʽToda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes…”, es decir, al derecho de usar, percibir los frutos y disponer del mismo que se hace oponible a terceros, a través de su publicidad, sin otras limitaciones que las establecidas por la ley, comprendido desde la SC 050/2001 de 21 de junio, al señalar al derecho a la propiedad privada como: “(...)..la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona para poseer usar y gozar de un bien, sea de carácter material, intelectual, cultural o científico”; razonamiento asistido por la SC 1912/2004-R de 14 de diciembre, que señala: “La propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa…', el poder de disponer implica en la potestad de enajenar, gravar o transformar la cosa”; asimismo, la SCP 1453/2013, de 19 de agosto: “En consecuencia, dicho derecho se ve perjudicado e impedido, cuando los actos de los particulares demandados impiden que el titular de un bien, haga uso, goce o disponga del bien de su propiedad en la forma que más convenga a su interés personal, en uso a su vez del derecho a la libre determinación de la persona y de sus bienes”; razonamiento de la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, que refiere: “III.6. La técnica del contenido esencial. Su aplicación en el derecho a la propiedad La teoría constitucional ha desarrollado la técnica del contenido esencial de los derechos fundamentales, a partir de la cual, la aplicación directa de los mismos debe asegurar el respeto y eficacia plena de los elementos constitutivos de ese contenido esencial o núcleo duro de derechos. En el marco de lo indicado, corresponde precisar que el derecho a la propiedad es un derecho fundamental expresamente reconocido por el bloque de constitucionalidad, así, el art. 56.1 de la CPE, indica que: ʽToda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que esta cumpla una función socialʹ; asimismo, el art. 17.1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), indica: ʽToda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamenteʹ; de la misma forma, el segundo parágrafo de esta disposición, establece y: ʽ…nadie será privado arbitrariamente de su propiedadʹ; también, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su art. 21.1 y 2 consagra el derecho a la propiedad privada, estableciendo en su primer parágrafo lo siguiente: ʽToda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes…ʹ. Además, el segundo numeral de esta disposición dispone que: “Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa…”. A partir de estas disposiciones que forman parte del bloque de constitucionalidad boliviano de acuerdo al art. 410.I de la Constitución, para efectos de una coherente argumentación jurídica, deben establecerse los elementos constitutivos del contenido esencial del derecho de propiedad, en ese sentido, este derecho fundamental, cuya génesis se encuentra no solamente en el texto constitucional sino también en el bloque de convencionalidad, en su núcleo duro se identifican tres elementos esenciales: a) El derecho de uso; b) El derecho de goce; y, c) El derecho de disfrute. Asimismo, estos tres elementos tienen un sustento axiológico que refuerza dicho contenido esencial, basado en los valores libertad, igualdad, solidaridad y justicia. Por su parte, es imperante además precisar que este núcleo esencial del derecho fundamental de propiedad, genera a su vez obligaciones negativas tanto para el Estado como para particulares que se traducen en las siguientes: 1) Prohibición de privación arbitraria de propiedad; y, 2) Prohibición de limitación arbitraria de propiedad. A partir de los aspectos precedentemente contemplados, debe señalarse que en el Estado Constitucional de Derecho, en el cual el derecho de propiedad debe estar plenamente asegurado, todo acto o medida de hecho que implique privación o limitación arbitraria e ilegal de la propiedad, implican una directa afectación al contenido esencial del derecho de propiedad en sus tres elementos esenciales: uso, goce y disfrute, motivo por el cual, la justicia constitucional, en el marco del ejercicio de los roles propios del control de constitucionalidad, una vez activada por el o los afectados, deberá tutelar de manera directa dicho derecho fundamental» (las negrillas son nuestras).
El accionante denuncia la vulneración de los derechos a la propiedad privada, al debido proceso en su vertiente de notificación, a la igualdad procesal y a la defensa; puesto que, el Alcalde hoy accionado rechazó la solicitud de registro topográfico de 33 ha 9193,95 m², iniciada por su vendedor; por lo que su persona interpuso recursos de revocatoria y jerárquico contra esa decisión, que concluyó con la emisión del Decreto Edil 137/2024 de 10 de mayo, que rechazó su recurso jerárquico y consiguientemente su solicitud de registro topográfico por encontrarse con sobreposiciones con otros registros. Además, se otorgaron esos registros con códigos catastrales que se sobreponen a su terreno, sin ser notificado con esos actos administrativos. De la revisión de antecedentes se evidencia que el inicio del trámite de solicitud de registro topográfico de la superficie de 33 ha 9193,95 m², fue iniciado por Juan Gonzales Bejarano, a través de la Nota presentada el 26 de septiembre al Alcalde ahora accionado, que al ser rechazado por el Informe Legal DIR. JUR. 231/2023 de 31 de octubre, mereció los recursos de revocatoria y jerárquico, este último resuelto por Resolución del Honorable Concejo Municipal de Cotoca 017/2023, que declaró nulas todas las actuaciones del proceso administrativo hasta el citado Informe Legal inclusive, debiendo elaborarse un informe adecuado que resuelva su solicitud de registro topográfico (Conclusiones II.1. y II.2.). En cumplimiento a esa Resolución, el Alcalde hoy accionado emitió el Decreto Edil 069/2024 de 29 febrero, rechazando la solicitud de registro topográfico y/o empadronamiento efectuada por Juan Gonzales Bejarano, por encontrarse esa superficie con sobreposiciones respecto a otros códigos catastrales (Conclusión II.4.); contra esa decisión, el accionante interpuso recurso de revocatoria, haciendo conocer que compró el terreno de 33 ha 9193,95 m² objeto del trámite administrativo por minuta de transferencia de 1 de febrero de 2024, solicitando que se le otorgue su registro topográfico; recurso que fue desestimado por Decreto Edil 096/2024 de 3 de abril emitido por el Alcalde ahora accionado, señalando que el accionante era un recurrente no legitimado para interponer dicho recurso (Conclusiones II.3. y II.5.). Contra el Decreto Edil 096/2024, el accionante interpuso recurso jerárquico haciendo conocer que compró el terreno de 33 has 9193.95 m² objeto del trámite administrativo por minuta de transferencia de 1 de febrero de 2024, solicitando se le otorgue su registro topográfico. Ese recurso fue rechazado por Decreto Edil 137/2024, emitido por el Alcalde hoy accionado, indicando que el Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento de Santa Cruz no tenía conocimiento de que se hubiese procesado la minuta de transferencia ante la entidad municipal, ni fue registrado en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.), no adquiriendo la publicidad necesaria; ni podía ser registrado al existir las sobreposiciones señaladas; y que al tratar de hacerse valer un derecho propietario, no le correspondía a esa instancia municipal cumplir con esa función, sino a los órganos jurisdiccionales que administran justicia. Además, se indicó que correspondía acreditar un derecho real completo, con certificado alodial, pago de impuestos municipales, planos y/o certificados catastrales emitidos por autoridad competente, y que al no cumplirse con esos aspectos, el recurso fue presentado sin la legitimidad de la documentación que acredite un completo derecho propietario (Conclusión II.6.). Establecidos los antecedentes procesales, de la problemática identificada en la presente acción de defensa, se advierte que el accionante precisa como el acto vulneratorio de sus derechos, a la determinación asumida por el Alcalde accionado en el Decreto Edil 137/2024, denunciando que al rechazar su solicitud de registro topográfico de 33 has 9193.95 m², lesionó, entre otros, los derechos a la propiedad privada y al debido proceso en su elemento de ser notificado. Al respecto, corresponde precisar que la solicitud de registro topográfico de la superficie mencionada, no fue iniciada ni presentada ante al Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento de Santa Cruz por el accionante, sino por Juan Gonzales Bejarano, quien con esa finalidad, ante el rechazo dispuesto a su trámite, interpuso los recursos de revocatoria y jerárquico, que derivaron en la nulidad de las actuaciones relativas a su solicitud. En ese sentido, al reiniciarse el citado trámite y rechazada nuevamente la solicitud de registro topográfico de la superficie de 33 ha 9193,95 m², presentada por Juan Gonzales Bejarano, fue el accionante quien interpuso inicialmente recurso de revocatoria y luego el jerárquico, sin contar con ningún poder notarial extendido en su favor por el solicitante y amparado simplemente en la minuta de transferencia de esa superficie; recursos que acertadamente fueron desestimado y rechazado, respectivamente, por el Alcalde ahora accionado al no contar el recurrente con la legitimación respectiva. De lo referido precedentemente, el accionante considera que el rechazo dispuesto por el Alcalde hoy accionado en el Decreto Edil 137/2024, vulneró su derecho a la propiedad privada, por no darse curso a su solicitud de registro topográfico, sin percatarse que en ningún momento inició ni presentó dicha solicitud, así como tampoco, presentó poder notarial alguno o autorización expresa del verdadero solicitante para continuar válidamente con ese trámite interponiendo los recursos respectivos ante el nuevo rechazo dispuesto por esa autoridad municipal; por consiguiente, no se cuenta con un argumento sólido que evidencie la supuesta vulneración del citado derecho, ya que tampoco se precisó cómo la simple presentación de la minuta de transferencia de la superficie objeto del trámite administrativo municipal, lo habilitaba para continuar los trámites iniciados por otra persona; más aún teniendo en cuenta que, de darse curso a lo pedido, el registro topográfico de la superficie señalada consignará el nombre de la persona que solicitó e inició ese trámite, y no así el nombre de terceros que lo hubiesen adquirido posteriormente, sin cumplir con los requisitos correspondientes. En ese mismo sentido, en consideración a que el registro topográfico conlleva la inscripción de los datos del perímetro o límites y la superficie de un bien inmueble en la base de datos del municipio, de acuerdo a la información proporcionada en los planos y planillas de levantamiento topográfico del mismo y otra documentación necesaria a presentarse; se tiene que esa inscripción administrativa no acredita derecho propietario alguno, como lo hace el registro en la Oficina de DD.RR., sino simplemente sirve para la identificación y ubicación de dicho bien inmueble dentro de la extensión territorial de la jurisdicción municipal; en ese sentido, tampoco queda claramente establecida la vulneración del derecho a la propiedad denunciada por el accionante, por el rechazo a la solicitud de registro topográfico presentado por otra persona; sin precisar de manera adecuada y en el marco del razonamiento mencionado en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, cómo esa determinación del Alcalde ahora accionado le impidió usar, gozar y disfrutar del terreno adquirido a través de la minuta de transferencia de 1 de febrero de 2024; o de qué manera se constituye en una medida arbitraria que le prive o limite en el ejercicio del derecho propietario que alega dentro la presente acción de defensa. Por lo expuesto, corresponde denegar la tutela solicitada con relación al derecho a la propiedad privada. En cuanto al derecho al debido proceso, el accionante denuncia que se rechazó la solicitud de registro topográfico de la superficie de 33 has 9193,95 m², por encontrarse con sobreposiciones con otros registros que cuentan con códigos catastrales; y que al no ser notificado con esos actos administrativos se vulneró el citado derecho. Al respecto, es necesario hacer notar que de acuerdo a la documentación cursante en el expediente constitucional, los registros con códigos catastrales con los que se sobrepone la superficie señalada, corresponden a las gestiones 2009, 2010, 2011, 2013, 2017, 2018, 2019 y 2021 (fs. 14 a 15; 54 a 55); así también, es imperioso indicar que el accionante adquirió el terreno con la superficie antes mencionada, el 1 de febrero de 2024 (fs. 3 a 4); en ese sentido, se tiene que esos códigos catastrales fueron asignados cuando el accionante no figuraba aún como comprador de dicha superficie en ningún documento; por lo que, no correspondía que se le practicara notificación alguna al no figurar en ningún registro como propietario a fin de precautelar su derechos e intereses. Además, al no haber iniciado ni presentado dicho accionante la solicitud de registro topográfico de la superficie antes mencionada, tampoco correspondía que sea notificado con algún acto administrativo relacionado con ese trámite; siendo Juan Gonzales Bejarano, como propietario de esa superficie quien presentó esa solicitud, y a quien en todo caso correspondía notificarle con algún actuado, y no así al accionante que con posterioridad recién adquirió dicha superficie y pretendió asumir el lugar del nombrado, sin presentar poder notarial alguno o autorización expresa del verdadero solicitante para poder continuar válidamente con ese trámite, ni alguna otra documentación que evidencie el registro de su derecho propietario y que el mismo sea oponible frente a terceros, para recién habilitarse y ser notificado con esos actos del trámite administrativo del cual derivó la presente acción tutelar. Por lo expuesto, no se puede considerar vulnerado el derecho al debido proceso, ya que la notificación extrañada no correspondía ser practicada en la persona del accionante por los argumentos antes referidos; debiendo por tal motivo, denegarse la tutela solicitada al no ser evidente la conculcación de ese derecho. Finalmente, al no exponerse de manera fundada cómo se vulneraron los derechos a la igualdad procesal y a la defensa, con la decisión asumida por el Alcalde ahora accionado en el Decreto Edil 137/2024 hoy impugnado, no corresponde emitir pronunciamiento alguno sobre los mismos, debiendo denegarse la tutela solicitada al efecto. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 02/2024 -siendo lo correcto 11- de 22 de mayo, cursante de fs. 75 a 76 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de Cuatro Cañadas del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0832_2024-S3.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8cd4fdb220f83bd9880321f0f8a9387c6b37a80f3f448259872a09bc39fd66ee
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