Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 4 de septiembre de 2023
Concede la tutela
El impetrante de tutela, denunció la lesión al debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación, congruencia, defensa e impugnación, vinculados con el derecho a la seguridad jurídica; en razón a que, las autoridades jurisdiccionales demandas confirmaron la declaración de la caducidad del recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de primera instancia que dispuso la extinción de la deuda de la empresa Soto-Villavicencio ”Construcciones” con el Banco Bidesa S.A.; empero; sin considerar que, a ésta entidad acreedora no le correspondía cumplir con los recaudos de ley para la elaboración del testimonio para tramitarla en alzada, al ser una institución financiera en liquidación; por ende, no realizaron un adecuado control de la causa, omitiendo pronunciarse respecto a los agravios expresados en la apelación y se apartaron de la jurisprudencia constitucional invocada. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 105/2022 de 30 de junio, cursante de fs. 208 a 216 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 075 de 3 de septiembre de 2021, debiendo las autoridades jurisdiccionales demandadas emitir una nueva, observando los sustentos de la presente resolución.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0832/2023-S4 Sucre, 4 de septiembre de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 49023-2022-99-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 105/2022 de 30 de junio, cursante de fs. 208 a 216 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesto por Carlos Alberto Ruiz Romero en representación del Banco Internacional de Desarrollo Sociedad Anónima (S.A.) (BIDESA) en Liquidación contra Janeth Rivas Solís y Juan Edgar Balderrama Balderrama, Vocales de la Sala Civil Primera y Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, respectivamente.
Por memoriales presentados el 16 de mayo de 2022, cursantes de fs. 1; y, 85 a 100; y de subsanación el 24 del mismo mes y año (fs. 121 a 124 vta.), el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
A través de Auto Interlocutorio de 9 de octubre de 2017, el Juez Público Civil y Comercial Séptimo del departamento de Cochabamba, actuando de oficio, declaró la extinción de una deuda –de la empresa Soto-Villavicencio ”Construcciones”– por prescripción, en perjuicio del Banco Bidesa en Liquidación S.A. y en desmedro de los intereses del Estado; motivando ello, la interposición del recurso de apelación por parte de dicha entidad financiera, que fue rechazado por haber sido presentado supuestamente en forma extemporánea. Esa situación procesal, originó la interposición de recurso de compulsa, declarado legal después de su trámite; razón por la cual, tuvo que admitirse la referida apelación y tramitársela hasta la emisión de resolución de concesión del recurso el 16 de enero de 2018, que no les fue notificada oportunamente. Entonces, una vez concedido el mencionado recurso de impugnación, el Juez de la causa conminó al Banco Bidesa en Liquidación S.A., proveer los recaudos en el plazo de cuarenta y ocho horas para elaborar el testimonio correspondiente, sin tomar en cuenta que la SCP 1813/2012 de 1 de octubre, determinó que no debía exigirse recaudo alguno para acceder a tal recurso; más aún, si se trata de una entidad financiera en liquidación e intervenida por el Estado. Posteriormente, por Auto Interlocutorio de 1 de marzo de 2018, se declaró ilegalmente ejecutoriado el Auto de 9 de octubre de 2017; restringiéndoles con ello, el acceso a la justicia por la incorrecta tramitación del concurso preventivo con ilegítimas y arbitrarias actuaciones del juez a quo, que no debieron ser convalidadas por las autoridades jurisdiccionales de segunda instancia, ahora demandadas, quienes no realizaron un adecuado control de la causa, omitiendo pronunciamiento respecto a los agravios expresados en la apelación y apartándose de la jurisprudencia constitucional invocada, actuando de manera parcializada, interpretando y aplicando indebidamente la Ley, permitiendo la prescripción de una deuda con total abuso de poder y realizando un razonamiento sesgado de los hechos, soslayando que la falta de recaudos no implica deserción; y tampoco deriva en la ejecutoria, debiendo en todo caso el Órgano Judicial proceder a la remisión del expediente corriendo con las previsiones necesarias al efecto.
El impetrante de tutela, denunció la lesión al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia, defensa e impugnación, vinculados con el derecho a la seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115.II y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia se anule, el Auto de Vista 075 de 3 de septiembre de 2021, disponiendo la emisión de uno nuevo en base en los agravios invocados, condenando a los Vocales demandados a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios equivalentes a la cuantía de un sueldo.
Celebrada la audiencia virtual el 30 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 206 a 207 vta., presente el accionante asistido de sus abogados patrocinantes; y ausentes los Vocales demandados y terceros interesados, se produjeron los siguientes actuados:
Janeth Rivas Solís y Juan Edgar Balderrama, Vocales de la Sala Civil Primera y Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, respectivamente, mediante informe cursante de fs. 198 a fs. 199, argumentaron que los recaudos exigidos a la entidad apelante y ahora demandante, no versan sobre valorados o costas judiciales; sino más bien, sobre la exigencia de provisión de fotocopias para la tramitación de su recurso; habida cuenta que ellos, no impugnaron la Resolución de alzada, mediante el cual se ordenó dicha provisión; “…Mismo procedimiento se empleó en la tramitación del recurso de Apelación interpuesto contra el Auto Interlocutorio de 1 de marzo de 2018 cuya Apelación fue resuelta mediante el Auto de Vista 075 ahora recurrido, donde se concedió el recurso de apelación por Auto de 19 de abril de 2018 y se dispuso que la parte recurrente provea los materiales necesarios para el trámite de su Apelación, determinación que sí fue cumplida sin observación respecto a la exención que ahora se reclama en sede constitucional…” (sic). En ese sentido, solicitan se declare la improcedencia del recurso o se deniegue el mismo; por considerar que, con la emisión del Auto apelado no se afectó ningún derecho constitucional de la parte accionante.
Alfonso Ricardo Soto Medrano y Jenny Drina Villavicencio, representantes de la Empresa Soto-Villavicencio”Construcciones”, no presentaron informe escrito ni se presentaron a la audiencia señalada para resolver la acción tutelar, a pesar de su notificación cursante de fs. 131 a 132 y 194 a 197.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a través de la Resolución 105/2022 de 30 de junio, cursante de fs. 208 a 216 vta., denegó la tutela impetrada, con los siguientes argumentos: a) Si bien, el art. 131 “sexto parágrafo” de la Ley de Fortalecimiento de la Normativa y Supervisión Financiera –Ley 2297 de 20 de diciembre de 2001–; establece que, la entidad intervenida está exenta del pago de impuestos, tasas y aranceles, no se puede obviar lo dispuesto por el art. 259.II del Código Procesal Civil (CPC), en referencia expresa de la caducidad y ejecutoria de las resoluciones en caso de incumplimiento del pago de gastos para fotocopias legalizadas en el plazo establecido; es decir, si bien el Banco BIDESA S.A. está exento de pagar impuestos, tasas o aranceles judiciales, la provisión de recaudos que consiste en fotocopias legalizadas de los actuados procesales, es una obligación que necesariamente debe ser cumplida por la parte interesada en resguardo de sus derechos; pues, si bien se establece que el acceso a la justicia está regido por el principio de gratuidad en referencia timbres, formularios, activos procesales o comisiones de cualquier índole, no abarca la provisión de recaudos, conforme establecen los arts. 9 del CPC, 3inc. 8 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) –Ley 025 de 24 de junio de 2010–; y, 115 y 180 de la CPE; b) El Auto de Vista 075, fundamenta dos elementos, uno “subjetivo” y otro adjetivo, este último hace referencia a la aplicación de la norma y a los parámetros legales aplicables al caso, que no necesariamente deben ser plasmados en forma literal; “…el primero hace referencia a la interpretación, y sin pretender justificar que el a quo pudo haber cometido un error a la transcripción de la disposición legal, (…) ello no afecta la esencia del contenido del auto, toda vez que la Ley No. 1760 y la norma procesal civil vigente Ley No. 439, en su art. 259.II, regula el régimen de los plazos procesales para provisión de material al recurso de apelación; determinando que las partes recurrentes, deben proveer los recaudos dentro del plazo establecido por Ley, caso contrario, se ejecutoriará la resolución impugnada…” (sic); en ese contexto, el plazo en el que el Banco Bidesa S.A. debió proveer los recaudos de Ley para la provisión de fotocopias, feneció el 23 de enero de 2018; c) La aseveración de que el Banco Bidesa S.A. es una entidad estatal, no fue debidamente acreditado; y, respecto a la Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales, se hizo referencia a la misma en forma genérica y no fue motivo de reclamo en el recurso de apelación; por lo que, en función al principio de subsidiaridad, aquellas lesiones no acusadas oportunamente en la vía ordinaria o administrativa, no pueden ser analizadas en el recurso de amparo constitucional, correspondiendo a los Jueces, Tribunales ordinarios y autoridades administrativas, reparar los derechos y garantías constitucionales presuntamente lesionados en el proceso; y, d) El pago por la remisión del expediente al Tribunal Supremo de Justicia, no constituye un impuesto; por lo que, no corresponde que la institución financiera exija la aplicación de esta norma al caso concreto; y, tomando en cuenta la naturaleza del recurso de apelación, la implementación del principio de gratuidad y el cumplimiento y observancia del principio de legalidad, no difieren en absoluto de la obligación que tiene la parte apelante respecto a la provisión de los recaudos de Ley.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 12 de julio de 2017, mediante el cual Alfonso Ricardo Soto Medrano –hoy tercero interesado– solicito la extinción de la obligación por prescripción, al haber transcurrido diecisiete años sin que el Banco Internacional de Desarrollo S.A. BIDESA, solicitase el pago o suscribiese pago de acreencia (fs. 5 a 7). II.2 Consta Auto Interlocutorio de 9 de octubre de 2017, pronunciado por el Juez Público Civil y Comercial Séptimo del departamento de Cochabamba, se tuvo por prescrita la deuda en favor del Banco Bidesa S.A.; dando lugar, a la extinción de la deuda por haber transcurrido diez años y seis meses sin que la entidad financiera antes citada hiciera uso de la acción legal correspondiente para el cobro de la misma; lo cual, conllevó la procedencia de la prescripción extintiva o liberatoria de la obligación (fs. 12 a 13 vta.).
II.3. Por memorial presentado el 20 de octubre de 2017, el Interventor Liquidador a.i. del mencionado Banco Bidesa S.A., interpuso recurso de apelación contra la precitada decisión asumida por el juez de primera instancia, solicitando revocarla; a cuyo efecto, se emitió proveído de 31 de igual mes y año, que la rechazó por extemporáneo (fs. 15 a 18 vta.). II.4 A través de memorial presentado el 10 de noviembre del mismo año, el entonces Interventor Liquidador de la entidad financiera accionante, interpuso recurso de compulsa contra la resolución precitada (fs. 19 a 20). II.5. Mediante Nota de “NO” Provisión de Recaudos de 24 de enero de 2028, la Secretaria del Juzgado Público Civil y Comercial Séptimo del departamento de Cochabamba, informó que el Banco Bidesa fue notificado el 18 del mismo mes y año, a horas 16:08, con la resolución que concedió en el efecto devolutivo la merituada apelación referida en la Conclusión II.3, sin haber provisto los recaudos para tal efecto en el plazo de dos días conforme estipula el art. 263 del CPC (fs. 21). II.6. Cursa Auto Interlocutorio de 1 de marzo de 2018; por el cual, se declaró la caducidad del recurso de apelación interpuesto por el Banco Bidesa S.A., declarando expresamente ejecutoriado el Auto Interlocutorio de 9 de octubre de 2017, decisión impugnada por la misma entidad, con los siguientes puntos argumentos: 1) El Juez de la causa, invocó disposiciones normativas procesales derogadas; por ende, no aplicables al caso concreto; y, 2) El Banco Bidesa S.A., se encuentra libre de proporcionar recaudos conforme se tiene dispuesto en la Ley de Fortalecimiento de la Normativa y Supervisión Financiera; por tanto, el Auto de Vista 075, no observó mandatos legales y jurisprudenciales (fs. 30 y vta.; y, 56 vta. a 57). II.7. Consta Auto de Vista 075 de 3 de septiembre de 2021; por el cual, los Vocales demandados confirmaron la resolución precitada; por ende, desestimaron el recurso de apelación, con los siguientes sustentos: i) Si bien, el art. 131 párrafo sexto de la Ley 2297, establece que una entidad intervenida está exenta de pago de impuestos, tasas, aranceles nacionales o municipales de cualquier índole, disposición corroborada por el Acuerdo 20/2006 de 30 de enero, emitido por la Corte Suprema de Justicia de la nación y el Consejo de la Judicatura, aprobando la exención del pago de aranceles judiciales a favor del Banco Bidesa S.A. en liquidación, no puede obviarse lo ordenado en el art. 259.II del CPC, respecto de la obligación de pago de gastos para fotocopias legalizadas en el plazo de cuarenta y ocho horas computables desde la notificación con la resolución de concesión del recurso; por tal, no es importante se haga cita normativa del Código de Procedimiento Civil abrogado; y, ii) El Auto Interlocutorio de 1 de marzo de 2018, contiene suficiente análisis de los hechos y el derecho, entendiéndose que no es necesario que las resoluciones tengan una exposición exagerada y abundante de consideraciones, citas legales o argumentos reiterativos (fs. 56 a 59 vta.).
El impetrante de tutela, denunció la lesión al debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación, congruencia, defensa e impugnación, vinculados con el derecho a la seguridad jurídica; en razón a que, las autoridades jurisdiccionales demandas confirmaron la declaración de la caducidad del recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de primera instancia que dispuso la extinción de la deuda de la empresa Soto-Villavicencio ”Construcciones” con el Banco Bidesa S.A.; empero; sin considerar que, a ésta entidad acreedora no le correspondía cumplir con los recaudos de ley para la elaboración del testimonio para tramitarla en alzada, al ser una institución financiera en liquidación; por ende, no realizaron un adecuado control de la causa, omitiendo pronunciarse respecto a los agravios expresados en la apelación y se apartaron de la jurisprudencia constitucional invocada. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0144/2019-S4 de 17 de abril, razonó: “‘Sin duda que el debido proceso, previsto en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convección América sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), se constituye en un prerequisito para poner en movimiento los derechos humanos reconocidos en los tratados y convenios internacionales sobre la materia y consiguientemente, la protección de cualquier otro derecho establecido en la Constitución Política del Estado, de manera que se constituye en un límite al ejercicio de poder que ostenta el Estado.
El debido proceso ha sido entendido por la jurisprudencia constitucional, como el derecho que tiene toda persona a un proceso justo y equitativo, de manera que sus derechos se adecúen a disposiciones jurídicas generales aplicables a todas las personas que se encuentren en similares situaciones, es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, de manera que posibilite que las personas puedan defenderse de manera adecuada en cualquier tipo de proceso, evitando de esa manera cualquier lesión a los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, así como en los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos, al constituirse los últimos, en parte integrante del bloque de constitucionalidad, según lo ordenado en el art. 410.II de la Norma Suprema del ordenamiento jurídico boliviano1, y que, en el marco de lo previsto por el art. 256 de la CPE, son de aplicación directa y preferente en el ámbito interno, cuando contengan normas más favorables. Partiendo de los arts. 115.II, 117.I y 180.I de la CPE, el Tribunal Constitucional ha desarrollado la triple dimensión del debido proceso, así la SC 0896/2010-R, del 10 de agosto, estableció que: “…La Constitución Política del Estado, en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso, como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía; es decir, su naturaleza está reconocida por la misma Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, un principio procesal y una garantía de la administración de justicia; de ella, se desprende como derecho fundamental autónomo e indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido, en ‘El Derecho de los Derechos’: ‘El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dichos procedimientos de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático”’. En cuanto a los elementos que componen el debido proceso, el Tribunal Constitucional, en las SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 0022/2006-R, entre otras, estableció que forman parte del mismo los derechos a un proceso público, al juez natural, a la igualdad procesal de las partes, a no declarar contra sí mismo, a la garantía de presunción de inocencia, a la comunicación previa de la acusación, a la defensa material y técnica, a la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, a ser juzgado sin dilaciones indebidas, a la congruencia entre acusación y condena, al principio del non bis in ídem, a la valoración razonable de la prueba, y a la fundamentación, motivación y congruencia de las decisiones; precisando sin embargo, que dicho listado, en el marco del principio de progresividad, sólo tienen un carácter enunciativo, dado que pueden agregarse otros elementos que forman parte del debido proceso como una garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de éste, como un medio para asegurar la realización del valor justicia. Respecto a lo anotado en la última parte del párrafo precedente, es decir, el debido proceso como medio para asegurar el valor justicia, debe señalarse que, es indiscutible la relación entre el debido proceso y la búsqueda del orden justo, dado que el primero no se limita únicamente al concepto de instrumento o vía para poner en movimiento mecánico las reglas del procedimiento, puesto que lo que se protege realmente a través del debido proceso, no es la rigurosa observancia de reglas de orden simplemente legal, sino el manejo de reglas procesales para tomar decisiones que puedan justificarse constitucionalmente, es decir, debe comprenderse al debido proceso desde el ámbito constitucional y no desde el simplemente legal.
Se concluye entonces que, el debido proceso está integrado por distintos elementos que lo configuran; entre ellos, la garantía de presunción de inocencia, la congruencia entre acusación y condena y la necesaria fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones, elementos que, como quedó anotado en el párrafo precedente, forman parte de los presupuestos propios de las reglas del debido proceso, por tanto, de obligado cumplimiento, tanto por las autoridades jurisdiccionales en los procesos que conocen y resuelven, como por las autoridades administrativas que, en el marco de las competencias específicas asignadas por la ley, resuelven conflictos jurídicos, sea aplicando sanciones o conociendo recursos administrativos, de manera que se garantice el libre y pleno ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, previstos en la Ley Fundamental y los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos; obligación que se encuentra vinculada con la seguridad jurídica, que es definida por el art. 3 núm. 4 de la Ley del Órgano judicial (LOJ) –Ley 025 de 24 de junio de 2010–, como la aplicación objetiva de la ley, de manera que las personas conozcan sus derechos, garantías y obligaciones, y tengan certidumbre y previsibilidad de todos los actos de la administración de justicia, con lo que, se pretende lograr la paz social, previsto como fin en el art. 10 de la CPE. En cuanto a la fundamentación y motivación de las resoluciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ampliando el contenido del art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha incorporado el deber de motivación como una garantía del debido proceso, estableciendo que, las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos, tal como el derecho a la participación política, deben estar debidamente fundamentadas, de lo contrario serían decisiones arbitrarias3. La Corte también señaló que la decisión motivada implica una decisión que permita conocer cuáles fueron los motivos y normas en que se basó la resolución de manera clara, y si estos fundamentos son compatibles con los parámetros dispuestos en la Convención, por lo que cuando dicha resolución no cumpla con la garantía de encontrarse debidamente motivada se entenderá como contraria al artículo 8.1 de la CADH4. Por otra parte, la referida Corte Internacional ha señalado que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión5. Precisó el alcance de esta garantía bajo los siguientes argumentos: 1) El deber de motivar es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática; 2) La motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas, que sus alegatos han sido tomados en cuenta y que el conjunto de pruebas ha sido analizado; y 3) En aquellos casos en los que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. En esa línea también, la jurisprudencia constitucional comprendida en la SCP 0874/2014 de 8 de mayo, señaló: “El debido proceso, a partir de la comprensión de los diferentes instrumentos normativos de orden internacional, se nutre de diferentes componentes; así, la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales constituyen sus elementos preponderantes y persiguen tres fines específicos a saber; primero, permite que los Tribunales de instancia superior efectúen el respectivo control al fallo impugnado, habida cuenta que, a partir de una clara explicación de los motivos y razones para decidir en una u otra forma, las partes podrán interponer las respectivas impugnaciones y, a falta de ello el afectado estará en la imposibilidad de precisar contra qué criterios o conceptos dirigirá su impugnación; segundo, que el justiciable adquiera seguridad, confianza y convencimiento en la decisión asumida por la autoridad encargada de impartir justicia, que conlleve a comprender con meridiana claridad los motivos y razones que pudieron haber guiado a la autoridad para decidir en una determinada forma; asimismo, apreciar qué circunstancias y elementos de hecho y derecho fueron tomados en cuenta por el juzgador y, si las alegaciones y proposiciones probatorias fueron consideradas, explicando con meridiana claridad el valor que merecieron los mismos; y, tercero, pretende hacer públicas las razones que le asistieron al juzgador para fallar en un determinado sentido, a fin de que el ciudadano común comprenda la razón de la decisión, porque de ellos deviene la facultad de impartir justicia, conforme estipula el art. 178. I de la CPE”.
Más adelante, la misma Sentencia Constitucional Plurinacional, en cuanto al elemento específico de la motivación y fundamentación de las resoluciones, y por ende al contenido que debe tener toda resolución judicial o administrativa para ser considerada motivada y fundamentada, con base al entendimiento desarrollado en la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, reiteradas en las SSCC 2023/2010-R, 1054/2011-R y SCP 0401/2012 de 22 de junio, precisó que la motivación no significa una mera exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino la exigencia de una estructura de forma y de fondo, que puede ser concisa pero clara, de manera que se satisfagan todos los puntos demandados, expresándose las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente la decisión, en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; y, al contrario, cuando la resolución, aun siendo extensa, no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas. A su vez, la jurisprudencia constitucional comprendida en la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, precisó que: “...toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado”. En cuanto a la congruencia como principio característico del debido proceso, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, señaló el siguiente entendimiento: “...en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. En virtud a este principio, las autoridades jurisdiccionales o administrativas están obligadas a velar porque en sus resoluciones exista una estricta correspondencia entre lo peticionado, lo considerado y lo resuelto, lo que implica, no solamente la concordancia entre la parte considerativa y la dispositiva, sino que su materialización debe reflejarse a lo largo de todo su contenido, de manera que no se incurra en una incongruencia aditiva o incongruencia omisiva, ello sin descuidar la cita de las disposiciones legales que sirvieron de base para asumir la decisión respecto al objeto del proceso‴ (las negrillas son nuestras). Asimismo, otorga sustento jurídico al criterio expuesto, el entendimiento de la SCP 0903/2012 de 22 de agosto, que desarrolló y razonó lo siguiente: “De lo expuesto, inferimos que la fundamentación y la motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”.
Sobre el tema en particular, la SCP 0766/2019-S4 de 12 de septiembre, señaló: ‷… El art. 115.II de la CPE, estableció lo siguiente: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.
En el mismo sentido, el art. 117.I determina que: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”.
Así también en su art. 119.II instituyó lo siguiente: “Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios’.
Al respecto la SCP 0770/2017-S1 de 27 de julio, estableció que: ‘La jurisprudencia constitucional, ha entendido al debido proceso como: ‘«…el derecho de toda persona a un proceso justo, oportuno, gratuito, sin dilaciones y equitativo, en el que entre otros aspectos, se garantice al justiciable el conocimiento o notificación oportuna de la sindicación para que pueda estructurar eficazmente su defensa, el derecho a ser escuchado, presentar pruebas, impugnar, el derecho a la doble instancia, en suma, se le dé la posibilidad de defenderse adecuadamente de cualquier tipo de acto emanado del Estado, donde se encuentren en riesgo sus derechos, por cuanto esta garantía no sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino también administrativo…»’ (SC 0180/2013 de 27 de febrero). La SCP 1902/2012 de 12 de octubre, refiere que: ‘…este derecho consiste en la garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas; en las actuaciones judiciales o las actuaciones sancionadoras administrativas exige que los litigantes tengan el beneficio de un juicio imparcial ante los tribunales y que sus derechos se acomoden a lo establecido por las disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar…’. De acuerdo a la SCP 2240/2012 de 8 de noviembre, ‘…El debido proceso constitucional no se concreta en las afirmaciones positivizadas en normas legales codificadas, sino que se proyecta hacia los derechos, hacia los deberes jurisdiccionales que se han de preservar con la aspiración de conseguir un orden objetivo más justo, es decir, el debido proceso es el derecho a la justicia lograda a partir de un procedimiento que supere las grietas que otrora lo postergaban a una simple cobertura del derecho a la defensa en un proceso’.
El derecho a la defensa ‘…está configurado como un derecho fundamental de las personas, a través del cual se exige que dentro de cualquier proceso en el que intervenga, tiene la facultad de exigir ser escuchada antes de que se establezca una determinación o se pronuncie un fallo; además, implica el cumplimiento de requisitos procesales que deben ser debidamente observados en cada instancia procesal dentro de los procesos ordinarios, administrativos y disciplinarios, donde se afecten sus derechos.
Así la SC 1821/2010-R de 25 de octubre, indicó que el derecho a la defensa es la «…potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos.
Es decir, que el derecho a la defensa se extienda: i) Al derecho a ser escuchado en el proceso; ii) Al derecho a presentar prueba; iii) Al derecho a hacer uso de los recursos; y, iv) Al derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal…» (SCP 1881/2012 de 12 de octubre)’.
“Entendimientos emitidos por la jurisprudencia constitucional, que sin duda configuran el derecho a la defensa no solo como un derecho fundamental y por tanto reconocido por la Constitución Política del Estado, sino también como un elemento estructural del debido proceso, que permite al justiciable acceder de manera jurídica y material su derecho a estar presente en el proceso, a ser informado de manera real, objetiva y efectiva, a ser juzgado o procesado sin dilaciones injustificadas, a recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior, entre otros, a fin de que cuente con los medios necesarios y suficientes para defender sus derechos e intereses legítimos.
Por lo que, por mandato de la Constitución Política del Estado, el derecho a la defensa se constituye en un derecho inviolable inherente a toda persona que intervenga en un proceso, sea éste judicial o administrativo, a fin de defender sus intereses legítimos frente a los actos que vayan en menoscabo de los derechos fundamentales, ello implica indiscutiblemente a ser oído en todo momento, a impugnar decisiones, a presentar pruebas y otras, en forma previa a la emisión de un sentencia o determinación‴ (las negritas son nuestras).
La figura jurídica de la caducidad, es entendida como “…la pérdida o extinción de una acción o un derecho por inacción del titular en plazo perentorio, o, también por incumplimiento de recaudos legales. Otra variante de caducidad es la no concreción de un derecho por su sujeción a una condición no cumplida o a un evento que no ocurre en el momento o de la manera prevista. El Instituto de la caducidad o decadencia de un derecho está ligado al presupuesto de la inobservancia de ‘un término perentorio’ e inspirado en la exigencia de ejercicio solícito de derechos, para eliminar incertidumbres sobre las intenciones del titular de esos derechos” (enciclopediajurídica.com). En este marco, en el ámbito procesal, la caducidad puede ser entendida como aquella sanción establecida mediante ley por la inactividad procesal de las partes que trae consigo la consecuencia de la extinción del proceso, significando un desistimiento tácito de la acción.
Ahora una vez entendido básicamente lo que es la caducidad, el art. 115 de la CPE, determina la protección oportuna y efectiva de las partes por el órgano jurisdiccional en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, así como garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; precepto constitucional que se sustenta, conforme se anotó, en el principio de celeridad previsto por el art. 180.I de la misma Norma Suprema cuando señala: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez. Sobre el principio de gratuidad, la SC 0043/2006 de 31 de mayo, entendió que: “…consiste en que los litigantes no deben pagar ningún emolumento, sueldo o retribución alguna a los operadores de justicia, porque es el Estado el que, al ser el encargado de dirimir las controversias, se hace cargo de tal retribución; sin embargo, el Estado no está obligado a correr con todos y cada uno de los gastos que derivan de la tramitación de un proceso, de manera que el litigante debe cubrir lo que demande la compra de timbres, papeletas o formularios valorados, fianzas de resultas, multas por incumplimientos, y portes de remisión de cuadernos procesales a otro asiento judicial -por ejemplo de una provincia a la capital de departamento- y de un distrito a otro…”. Por su parte, la SC 1739/2011-R, manifestó que: “…la Constitución Política del Estado, fija los principios que rigen la acción de impartir justicia; así, el art. 178.I de la Ley Fundamental, dispone que: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos’”. Respecto al mismo tema, la SCP 1164/2013-L de 2 de octubre, expresó: “El principio de gratuidad en la administración de justicia ya se encontraba legislado en la Constitución Política del Estado reformada el 2004, así el art. 116.X establecía: 'La gratuidad, publicidad, celeridad y probidad en los juicios son condiciones esenciales de la administración de justicia', es decir, la Ley suprema establecía como primer elemento que todas las actuaciones procesales dentro la administración de justicia son gratuitas…”. Entonces, en lo que respecta al principio de gratuidad en la administración de justicia, si bien en efecto el mismo es uno de los principios que junto con otros rigen la función jurisdiccional, debe tenerse en cuenta que su implementación estuvo establecida a fin de suprimir y eliminar todo pago por concepto de formularios de notificación, papeletas de apelación y la supresión de cualquier formulario o valorado, considerando que anteriormente se tenía previsto legalmente incluso la utilización del papel sellado, habiéndose establecido a partir del art. 10 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), la eliminación de todo pago por los conceptos anotados. En ese sentido, jurisprudencialmente también se estableció inicialmente que la observancia del principio de gratuidad no implica que el Estado deba cubrir todos y cada uno de los gastos para llevar adelante un proceso judicial, y si bien en cuanto a la provisión de recaudos de ley en materia penal y laboral por los derechos que protegen y en determinadas circunstancias; y, en materia procesal civil se debe considerar lo legalmente establecido, teniendo en cuenta que la observancia del principio de gratuidad debe ser asimilado o concordado en función a la regulación estatal y en consideración al principio de legalidad, como en efecto ocurre en el caso de la sanción de caducidad determinado para la falta de provisión de recaudos para confección y remisión en alzada del testimonio en fotocopias legalizadas de los recursos de apelación en el efecto devolutivo y la compulsa, previstos en los arts. 259.II y 281.I del Código Procesal Civil (CPC), respectivamente.
A partir del anterior entendimiento, puede concluirse que el cumplimiento de las previsiones normativas respecto a la declaración de caducidad por la falta de provisión de los recaudos de ley en materia civil, de manera alguna puede considerarse como una inobservancia al principio de gratuidad establecido en la Constitución Política del Estado; toda vez que, los mismos son necesarios a fin de la materialización del recurso interpuesto, los cuales no implican un pago como requisito formal para el acceso o la concesión de determinado mecanismo de impugnación, sino que simplemente son requeridos a objeto de contar con los medios pertinentes para hacerlo efectivo, como en efecto sucede para las fotocopias respectivas en la confección del testimonio y su remisión, las cuales son necesarias para la tramitación y resolución del recurso por la autoridad judicial superior, correspondiéndole a la parte recurrente cumplir diligentemente y en su propio interés, con lo establecido en la norma y dentro del término previsto, evitando de esta forma la inminente aplicación de la sanción dispuesta ante su incumplimiento; empero, a la regla general antes mencionada no es operable cuando existen excepciones basadas en la imposibilidad de proporcionarlas de forma objetiva o normativamente, cual es el caso de los sujetos procesales que tienen el beneficio de exención de costos y costas, conforme los arts. 289 y siguientes del CPC; y, las entidades jurídicas que justifiquen legalmente tal exención de forma documentada y/o con sustento normativo que denote directa o indirectamente la necesidad de otorgar tal beneficio en observancia obviamente del principio de gratuidad. Entonces, la regla general consiste en que la provisión de recaudos para confección y remisión en alzada del testimonio en fotocopias legalizadas de los recursos de apelación en el efecto devolutivo y la compulsa, previstos respectivamente en los arts. 259.II y 281.I del CPC, no constituye vulneración al principio de gratuidad; sin embargo, de forma excepcional cuando se encuentre debidamente justificado y/o probado la necesidad de su exención de manera objetiva –real– o normativamente por parte de los sujetos procesales, sean estos personas naturales o jurídicas, debe aplicársela obligatoriamente; es decir, no podrá declararse caducidad alguna de los recursos de apelación en el efecto devolutivo y la compulsa, cuando esté debidamente justificada dicha exención de los recursos para la elaboración de testimonio para su trámite en alzada.
El solicitante de tutela, denunció la lesión al debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación, congruencia, defensa e impugnación, vinculados con el derecho a la seguridad jurídica; en razón a que, las autoridades jurisdiccionales demandas confirmaron la declaración de la caducidad del recurso de apelación interpuesto contra la resolución de primera instancia que dispuso la extinción de la deuda de la empresa Soto-Villavicencio ”Construcciones” con el Banco BIDESA S.A.; empero, sin considerar que a ésta entidad acreedora no le correspondía cumplir con los recaudos de ley para la elaboración del testimonio para tramitarla en alzada, al ser una institución financiera en liquidación; por ende, no realizaron un adecuado control de la causa, omitiendo pronunciarse respecto a los agravios expresados en la apelación y se apartaron de la jurisprudencia constitucional invocada. Revisados los antecedentes que cursan en el expediente, se advierte que los hechos fácticos relatados en la acción de amparo constitucional interpuesta por el accionante, tiene como antecedente cuando a través de Auto Interlocutorio de 9 de octubre de 2017, el Juez Público Civil y Comercial Séptimo del departamento de Cochabamba, actuando de oficio, declaró la extinción de una deuda –de la empresa Soto-Villavicencio ”Construcciones”– por prescripción, en perjuicio del Banco BIDESA S.A. en Liquidación, y en desmedro de los intereses del Estado; motivando ello, la interposición del recurso de apelación por parte de dicha entidad financiera, que fue rechazado por haber sido presentado supuestamente en forma extemporánea. Esa situación procesal, originó la interposición de recurso de compulsa, declarado legal después de su trámite; razón por la cual, tuvo que admitirse la referida apelación y tramitársela hasta la emisión de resolución de concesión del recurso el 16 de enero de 2018, que no les fue notificado oportunamente. Entonces, una vez concedido el mencionado recurso de impugnación, el Juez de la causa, conminó al Banco BIDESA S.A. en Liquidación, proveer los recaudos en el plazo de cuarenta y ocho horas para elaborar el testimonio correspondiente, sin tomar en cuenta que la SCP 1813/2012 de 1 de octubre, determinó que no debía exigirse recaudo alguno para acceder a tal recurso; más aún, si se trata de una entidad financiera en liquidación e intervenida por el Estado. Posteriormente, por Auto Interlocutorio de 1 de marzo de 2018, se declaró ilegalmente ejecutoriado el Auto de 9 de octubre de 2017, restringiéndoles con ello el acceso a la justicia por la incorrecta tramitación del concurso preventivo con ilegítimas y arbitrarias actuaciones del juez a quo, que no debieron ser convalidadas por las autoridades jurisdiccionales de segunda instancia demandados, quienes no realizaron un adecuado control de la causa, omitiendo pronunciamiento respecto a los agravios expresados en la apelación y apartándose de la jurisprudencia constitucional invocada, actuando de manera parcializada, interpretando y aplicando indebidamente la ley, permitiendo la prescripción de una deuda con total abuso de poder y realizando un razonamiento sesgado de los hechos, soslayando que la falta de recaudos no implica deserción y tampoco deriva en la ejecutoria, debiendo en todo caso el Órgano Judicial proceder a la remisión del expediente corriendo con las previsiones necesarias al efecto. Ahora, previo a ingresar al análisis del caso concreto, corresponde recordar que conforme se ha expuesto en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III. 2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el debido proceso es una institución del derecho procesal constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, observando todas las formas propias del mismo; así como, los presupuestos normativamente preestablecidos, para hacer posible así la materialización de la justicia en igualdad de condiciones, tomando en cuenta siempre que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; asimismo, la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales constituyen elementos preponderantes y persiguen tres fines específicos; primero, permite que los Tribunales de instancia superior efectúen el respectivo control al fallo impugnado; pues, a partir de una clara explicación de los motivos y razones para decidir en una u otra forma, las partes podrán interponer las respectivas impugnaciones; y a falta de ello, el afectado estará en la imposibilidad de precisar contra qué criterios o conceptos dirigirá su impugnación; segundo, que el justiciable adquiera seguridad, confianza y convencimiento en la decisión asumida por la autoridad encargada de impartir justicia, que conlleve a comprender con meridiana claridad los motivos y razones que pudieron haber guiado a la autoridad para decidir en una determinada forma, apreciando qué circunstancias y elementos de hecho y derecho fueron tomados en cuenta por el juzgador; y, si las alegaciones y proposiciones probatorias fueron consideradas, explicando con meridiana claridad el valor que merecieron los mismos; y, tercero, pretende hacer públicas las razones que le asistieron al juzgador para fallar en un determinado sentido; a fin de que, el ciudadano común comprenda la razón de la decisión; del mismo modo, el derecho a la defensa constituye en un derecho inviolable inherente a toda persona que intervenga en un proceso, sea éste judicial o administrativo, a fin de defender sus intereses legítimos frente a los actos que vayan en menoscabo de los derechos fundamentales, ello implica indiscutiblemente a ser oído en todo momento, a impugnar decisiones, a presentar pruebas y otras, en forma previa a la emisión de un sentencia o determinación. En el contexto analizado, debe puntualizarse que el problema radica de manera esencial en establecer si evidentemente fue correcta la declaración de la caducidad del recurso de apelación interpuesto contra la resolución de primera instancia, que a su vez declaró la extinción de la deuda de la empresa Soto-Villavicencio ”Construcciones” con el Banco BIDESA S.A., todo en consideración a la fundamentación, motivación, congruencia, defensa e impugnación como elementos del debido proceso. En el marco anterior y en coherencia con el entendimiento jurisprudencial descrito precedentemente, debe puntualizarse cada acto que permita responder la problemática identificada.
Mediante memorial presentado el 12 de julio de 2017, Alfonso Ricardo Soto Medrano –hoy tercero interesado– solicitó la extinción de la obligación por prescripción, al haber transcurrido diecisiete años sin que el Banco Internacional de Desarrollo S.A. BIDESA, solicitase el pago o suscribiese pago de acreencia (Conclusión II.1); después, por Auto Interlocutorio de 9 de octubre de 2017, pronunciado por el Juez Público Civil y Comercial Séptimo del departamento de Cochabamba, se tuvo por prescrita la deuda en favor del Banco BIDESA S.A., dando lugar a la extinción de la deuda por haber transcurrido diez años y seis meses sin que la entidad financiera antes citada hiciera uso de la acción legal correspondiente para el cobro de la misma; lo cual, conllevó la procedencia de la prescripción extintiva o liberatoria de la obligación (Conclusión II.2). Seguidamente, por memorial presentado el 20 de octubre de 2017, el Interventor Liquidador a.i. del mencionado Banco BIDESA S.A., interpuso recurso de apelación contra la precitada decisión asumida por el juez de primera instancia, solicitando revocarla; a cuyo efecto, se emitió proveído de 31 de igual mes y año, que la rechazó por extemporáneo (Conclusión II.3). Posteriormente, a través de memorial presentado el 10 de noviembre del mismo año, el entonces Interventor Liquidador de la entidad financiera accionante, interpuso recurso de compulsa contra la resolución precitada (Conclusión II.4); en cuyo efecto, mediante Nota de “NO” Provisión de Recaudos de 24 de enero de 2028, la Secretaria del Juzgado Público Civil y Comercial Séptimo del departamento de Cochabamba, informó que el Banco BIDESA S.A fue notificado el 18 de similar mes y año, a horas 16:08, con la resolución que concedió en el efecto devolutivo la merituada apelación referida en la Conclusión II.3, sin haber provisto los recaudos para tal efecto en el plazo de dos días conforme estipula el art. 263 del CPC (Conclusión II.5). Por ello, se expidió el Auto Interlocutorio de 1 de marzo de 2018; por el cual, se declaró la caducidad del recurso de apelación interpuesto por el Banco BIDESA S.A., declarando expresamente ejecutoriado el Auto Interlocutorio de 9 de octubre de 2017, decisión impugnada por la misma entidad, con los siguientes puntos argumentos: a) El Juez de la causa, invocó disposiciones normativas procesales derogadas; por ende, no aplicables al caso concreto; y, b) El Banco BIDESA S.A., se encuentra libre de proporcionar recaudos conforme se tiene dispuesto en la Ley de Fortalecimiento de la Normativa y Supervisión Financiera –Ley 2297–; por tanto, el Auto de Vista 075, no observó mandatos legales y jurisprudenciales (Conclusión II.6).
A través de Auto de Vista 075 de 3 de septiembre de 2021, los Vocales demandados confirmaron la resolución precitada; por ende, desestimaron el recurso de apelación, con los siguientes sustentos: 1) Si bien, el art. 131 párrafo sexto de la Ley 2297, establece que una entidad intervenida está exenta de pago de impuestos, tasas, aranceles nacionales o municipales de cualquier índole, disposición corroborada por el Acuerdo 20/2006 de 30 de enero, emitido por la Corte Suprema de Justicia de la nación y el Consejo de la Judicatura, aprobando la exención del pago de aranceles judiciales a favor del Banco BIDESA S.A. en liquidación, no puede obviarse lo ordenado en el art. 259.II del CPC, respecto de la obligación de pago de gastos para fotocopias legalizadas en el plazo de cuarenta y ocho horas computables desde la notificación con la resolución de concesión del recurso; por tal, no es importante se haga cita normativa del Código de Procedimiento civil abrogado; y, 2) El Auto Interlocutorio de 1 de marzo de 2018, contiene suficiente análisis de los hechos y el derecho, entendiéndose que no es necesario que las resoluciones tengan una exposición exagerada y abundante de consideraciones, citas legales o argumentos reiterativos (Conclusión II.7).
Ahora, se tiene evidenciado inicialmente que el reclamo principal recae o se encuentra en la no obligación de proporcionar recaudos para la confección del testimonio con los antecedentes procesales del recurso de apelación para su remisión al Tribunal de alzada, conforme se tuviera dispuesto en la Ley de Fortalecimiento de la Normativa y Supervisión Financiera; a ello, se tiene contestado que, si bien el art. 131 párrafo sexto de la citada Ley 2297, estableciera que una entidad intervenida –cuál es el caso– está exenta de pago de impuestos, tasas, aranceles nacionales o municipales de cualquier índole, disposición corroborada por el Acuerdo 20/2006 de 30 de enero, emitido por las entonces Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura, aprobando la exención del pago de aranceles judiciales a favor del Banco BIDESA S.A. en liquidación, supuestamente no puede obviarse lo ordenado en el art. 259.II del CPC, respecto de la obligación de pago de gastos para fotocopias legalizadas en el plazo de cuarenta y ocho horas computables desde la notificación con la resolución de concesión del recurso. Conforme la explicación anterior, se constata la dificultad de los Vocales demandados, para explicar si en el caso concreto debe aplicarse la normativa procedimental civil o el principio de gratuidad establecida en la misma (art. 1.num 9) y en la Constitución Política del Estado (art. 115.II); pues, evidentemente y conforme a temas argumentativos, no se puede soslayar o pretextar la inaplicabilidad de un principio por debajo de una precepto normativo, cuya base es supuestamente su carácter público, olvidando que los principios son reglas y/o normas de carácter general y universal, que orientan el accionar de la aplicación de la justicia. Notándose con el análisis y razonamiento anterior, que las justificaciones otorgadas a la impugnación en segunda instancia, no tienen consecuencia lógica de forma total con la objeción o agravio principal anotado por el accionante en su recurso de apelación; siendo evidente, que la gratuidad debe aplicarse en el caso concreto donde la entidad solicitante de tutela reclamó la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de la Normativa y Supervisión Financiera –Ley 2297–, cuyo art. 131 párrafo sexto, dice: “Desde el momento en que se disponga la intervención de la entidad intervenida, la misma está exenta del pago de impuestos, tasas, aranceles nacionales o municipales de cualquier índole; aquellos generados hasta el momento de la intervención deberán ser pagados conforme a ley.”, entendiéndose de la lectura de este precepto normativo –por extensión–, que las entidades financieras sujetas a intervención estatal están por obviedad exentas de ciertos pagos; por ende, se razona que no puede o no tiene la obligación de pagar o cubrir también por los gastos judiciales que acarrean la elaboración de testimonios como efecto de recursos de impugnación, situación plenamente justificada por el impetrante de tutela, quien sustenta esa exención en la norma, tal y como se tiene entendido en la Fundamento Jurídico III.3 del presente Fallo, que la regla general consiste en que la provisión de recaudos para confección y remisión en alzada del testimonio en fotocopias legalizadas de los recursos de apelación en el efecto devolutivo y la compulsa, previstos respectivamente en los arts. 259.II y 281.I del CPC, no constituye vulneración al principio de gratuidad; sin embargo, de forma excepcional cuando se encuentre debidamente justificado y/o probado la necesidad de su exención de manera objetiva – real– o normativamente por parte de los sujetos procesales, sean estos personas naturales o jurídicas, debe aplicársela obligatoriamente; es decir, no podrá declararse caducidad alguna de los recursos de apelación en el efecto devolutivo y la compulsa, cuando esté debidamente justificada dicha exención de los recursos para la elaboración de testimonio para su trámite en alzada. De este modo, se constata en el caso la existencia de vulneración a los derechos de defensa e impugnación como componentes esenciales del debido proceso, que trajo como consecuencia también la lesión de sus elementos de fundamentación, motivación y argumentación, todos contemplados en la Ley Suprema; es decir, las autoridades jurisdiccionales demandadas, al emitir el Auto de Vista 075 de 3 de septiembre de 2021, de forma insuficiente e incorrecta entendieron que la norma contenida en el art. 259.II del CPC, estaba por encima del principio de gratuidad contemplada en el art. 178.I de la merituada norma Suprema. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 105/2022 de 30 de junio, cursante de fs. 208 a 216 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 075 de 3 de septiembre de 2021, debiendo las autoridades jurisdiccionales demandadas emitir una nueva, observando los sustentos de la presente resolución. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0832_2023-S4.pdf · páginas 1 a 21.
Huella digital del PDF (SHA-256): d056cfc2002008de9860e4f91354c556578f63a8a9d98cc5a2030066f13559ae
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