B.IA.LEGAL

SCP 0831/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 4 de septiembre de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
4 de septiembre de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
49020-2022-99-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, por medio de su representante legal, denunció la lesión de sus derechos a la petición y a la propiedad; debido a que, las autoridades ahora demandadas, no dieron una respuesta efectiva a sus memoriales presentados el 10 de diciembre de 2021 y de 20 de mayo de 2022; por medio de los cuales, solicitó la modificación de un requisito previsto para el trámite de registro de propiedad agraria a propiedad urbana, previsto por el Manual de Derechos Reales, que ya no debería encontrarse en vigencia a raíz de la abrogatoria del DS 2841, que en su momento sustento al mismo; requisito cuya exigencia, le impide concluir dicha tramitación, restringiendo su derecho propietario del inmueble en cuestión. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 092/2022 de 28 de julio, cursante de fs. 157 a 163 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, únicamente con relación al derecho a la petición, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza de la acción de amparo constitucional. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. El derecho de petición y respuesta formal, oportuna y motivada.
  3. III.3. Principio de inmediatez del amparo constitucional
  4. III.4. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0831/2023-S4 Sucre, 4 de septiembre de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 49020-2022-99-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 092/2022 de 28 de julio, cursante de fs. 157 a 163 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Fabricio Flores Sandoval en representación legal de Rogert Muñoz Mendieta contra Mirtha Gaby Meneses Gómez, Marvin Arsenio Molina Casanova y Omar Michel Durán, Consejeros del Consejo de la Magistratura.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 8 de junio de 2022, cursante a fs. 1; y, de 80 a 86; y, el de subsanación el 17 de igual mes y año (fs. 90 a 91 vta.), el accionante a través de su representante legal; manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Siendo propietario de un inmueble con una superficie de 2.0302 ha., ubicado en la comunidad “La Colonia”, parcela 168 del municipio de Pampagrande, cuyo derecho propietario se encuentra inscrito en la oficina de Derechos Reales (DD.RR.) de Santa Cruz, con el folio real 7.09.2.01.0000878, bajo el asiento A-1, de titularidad sobre el dominio de propiedades, adquirido mediante Titulo Ejecutorial de Propiedad PPD-NAL-028260, expedido el 23 de septiembre de 2011; en dicho mérito, el 8 de diciembre de 2021, se aproximó a las oficinas de DD.RR. de Vallegrande, con el propósito de efectivizar el trámite de "Actualización del registro de propiedad agraria a propiedad urbana", del inmueble referido, trámite establecido en el numeral 26 del Manual de Procedimiento del Registro Público de Derechos Reales, aprobado por Acuerdo 89/2019 de 17 de abril, del Consejo de la Magistratura; para tal efecto, presentó todos los requisitos exigidos por el referido Manual, a excepción de la certificación de área no rural, emitida por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), justificando la no presentación del citado documento, a través de memorial; en el cual, manifestó lo siguiente: "Ante consultas efectuadas el año 2.019, a la Dirección Nacional de Derechos Reales, relacionadas con el trámite de cambio de uso de suelo, la referida Autoridad pública evacuó el Informe DIR. NAL DD-RR-78/2019 de 27 de diciembre; señalando que ‘por disposición del Artículo 11 del Decreto Supremo 2841, se podrá efectuar la actualización a propiedad urbana mediante trámite administrativo, previa certificación de área no rural emitida por el INRA, para que posteriormente la extensión del predio se modifique de hectáreas a metros en aplicación del Acuerdo de Sala Plena N° 131/2016’" (sic). No obstante, el 26 de junio de 2020, se emitió el Decreto Supremo (DS) 4273, cuyo objeto, según lo manda su art. 1, es el de reglamentar los procesos de regularización del derecho propietario sobre bienes inmuebles urbanos destinados a vivienda para personas naturales, conforme lo dispone la “Ley 247” –Ley de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda, de 5 de junio de 2012–, modificada por las Leyes 803 de 9 de mayo de 2016, 915 de 22 de marzo de 2017; y, 1227, de 18 de septiembre de 2019, que determinó entre sus disposiciones abrogatorias y derogatorias, ABROGAR el DS 2841 de 13 de julio de 2016; en virtud de lo cual, el requisito exigido, relativo a la mencionada certificación de área no rural emitida por el INRA, quedó sin efecto y validez alguna; toda vez que, de acuerdo al Informe DIR. NAL DD-RR-78/2019, la exigencia de la certificación mencionada se encuentra establecida por el art. 11 de dicho Decreto; empero, sin importar y menos analizar el fundamento de derecho esgrimido, el encargado de recepción de trámites de la oficina de DD.RR. de Vallegrande rechazó la admisión del trámite, argumentando la falta de presentación del requisito de certificación de área no rural emitido por el INRA, señalando en el formulario de rechazo de Trámite Sistema Nacional de Registro Público (SINAREP) 2350: "SE OBSERVA EL PRESENTE TRÁMITE DOCUMENTO PÚBLICO N° 09/2020 DE FECHA 17/11/2020 DE ACUERDO AL ACUERDO 089 2019 N°26 MANUAL DE DERECHOS REALES, CORREGIR PARA PODER CONTINUAR CON DICHA INSCRIPCIÓN" (sic); es decir, de la lectura de aquello se concluye que, la observación indicada recae sobre que el testimonio de la minuta unilateral de conversión de uso de suelo del lote de terreno de su propiedad adolecería de una imperfección o defecto que imposibilitaba la admisión del trámite antes mencionado, cuando en realidad la observación del trámite fue efectuada con relación a la falta de presentación de la certificación de área no rural del INRA. Continuó; indicando que, ante la arbitrariedad cometida por el funcionario de la Oficina de DD.RR. de Vallegrande –puesto que, el testimonio de la minuta unilateral de cambio de uso de suelo no adolece de imperfección alguna–, efectuó el respectivo reclamo, obteniendo como respuesta de parte del citado funcionario, que "el sistema no contempla la observación del trámite N° 26 del Manual de Derechos Reales, respecto a la falta de presentación de la certificación de área no rural emitida por el I.N.R.A" (sic); motivo por el que, solicitó la intervención del Notario de Fe Pública “2” del nombrado municipio; para que, pueda dar fe y certificar que la observación y rechazo de su trámite estaba referida a la falta de presentación de la certificación de área no rural emitida por el INRA; tal como, puede evidenciarse en el “Acta de Actuación Notariada en Oficinas de Derechos Reales de la Ciudad de Vallegrande”, de 8 de febrero de 2021. Por ello, mediante escrito de 10 de diciembre de 2021, hizo conocer éste arbitrario extremo al Pleno del Consejo de la Magistratura, al ser ésta la instancia llamada por Ley para atender su solicitud, referida a la modificación del trámite establecido en el numeral 26 del Manual de Procedimiento del Registro Público de Derechos Reales, relativa a la certificación de predio no rural emitido por el INRA, en virtud de la vigencia plena del DS 4273, que abrogó el DS 2841; sin embargo, no obtuvo respuesta alguna; por lo que, reiteró su solicitud ante dicha instancia jerárquica, por memorial de 20 de mayo de 2022, haciendo notar al respecto a dichas autoridades, que según la previsión contenida en el art. 24 de la Constitución Política de Estado (CPE), tenían la obligación de atender las solicitudes efectuadas; no obstante, hasta la interposición de esta acción tutelar no recibió respuesta alguna por parte del Pleno del Consejo de la Magistratura. Finalmente; señaló que, al no poder efectivizar el trámite de actualización de registro de propiedad agraria a urbana, bajo una ilegal exigencia, se está restringiendo su derecho propietario.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, mediante su apoderado, denunció la lesión de sus derechos a la petición y a la propiedad; citando al efecto el art. 14.IV, 24 y 56 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se restablezca sus derechos y se ordene al Pleno del Consejo de la Magistratura: a) Dar una respuesta formal e inmediata al pedido que efectuó mediante escritos de 10 de diciembre de 2021 y 20 de mayo de 2022; y, b) Dejar sin efecto la exigencia del requisito número 1, de certificación de predio no rural emitido por el INRA, en el trámite número 26 denominado "Actualización del registro de propiedad agraria a propiedad urbana por Acuerdo 131/2016 e Instructivo DIR. NAL. DD.RR. 38/2016", procediendo a la modificación parcial del Manual de Procedimientos del Registro Público de Derechos Reales, aprobado por Acuerdo 089/2019.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 28 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 146 a 156 vta., presentes la parte solicitante de tutela y los apoderados de las autoridades demandadas; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante, por medio de su abogado y representante legal, se ratificó in extenso en los argumentos vertidos en su demanda de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Mirtha Gaby Meneses Gómez, Marvin Arsenio Molina Casanova y Omar Michel Durán, Consejeros del Consejo de la Magistratura, mediante sus representantes legales, por informe escrito presentado el 27 de julio de 2022, cursante de fs. 142 a 145; y, en la presente audiencia; manifestaron que: 1) Ante el rechazo del trámite referido, el impetrante de tutela podía acudir a la vía ordinaria de acuerdo a lo establecido por el art. 42.I del Reglamento, modificación y actualización a la Ley de Inscripción de Derechos Reales, que prevé que en su caso debía acudir a la vía civil, dentro de los treinta días desde su notificación con la observación a su trámite; empero, se pretende obviar dicho procedimiento y acudir directamente a la justicia constitucional, en inobservancia del principio de subsidiariedad; 2) Con relación a los escritos presentados, el primero data de más de seis meses; motivo por el que, opera la preclusión de reclamo bajo el principio de inmediatez; y, en cuanto a la segunda, habiendo el Pleno tomado conocimiento de la misma, fue derivada a la Dirección de DD.RR. por ser el área pertinente a cargo; y, una vez obtenido los datos respectivos se hará llegar la respuesta al solicitante de tutela; y, 3) No se ha establecido de qué modo como Consejeros del Consejo de la Magistratura, hubiesen podido restringir su derecho a la propiedad.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Resolución 092/2022 de 28 de julio, cursante de fs. 157 a 163 vta., concedió parcialmente la tutela impetrada, disponiendo que el Consejo de la Magistratura en un plazo prudencial de quince días hábiles, de respuesta fundamentada a las solicitudes de 10 de diciembre de 2021 y de 20 de mayo de 2022, presentadas por el accionante; y, deniega la tutela solicitada, en cuanto al derecho a la propiedad; ello, con base a los siguientes fundamentos: i) Se evidenció la falta de respuesta por parte de las autoridades hoy demandadas, ya sea positiva o negativa, se lesionó el derecho a la petición del impetrante de tutela, notas que no pueden ser disgregadas al tener el mismo objeto; y, ii) No se expuso de qué forma se estaría vulnerando el derecho a la propiedad del solicitante de tutela; puesto que, solo se señaló especulaciones sobre el uso de la propiedad aludida pero no algún daño en concreto.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por nota SINAREP 26350 de 8 de diciembre de 2021, Yamil Mario Mercado Arteaga, Auxiliar de DD.RR. de Vallegrande, dependiente de la Representación Distrital de Santa Cruz del Consejo de la Magistratura, le hizo conocer a Rogert Muñoz Mendieta –hoy accionante–, que se observaba el trámite del documento público 09/2020 de 17 de noviembre, según lo establecido por el Acuerdo 089/2019, “N° 26 Manual de Derechos Reales”, debiendo corregir la misma para poder continuar con dicha inscripción (fs. 6). II.2. Mediante escrito presentado el 10 de diciembre de 2021, dirigido al Presidente y Consejeros del Consejo de la Magistratura, el impetrante de tutela solicitó se dé cumplimiento al DS 4273, modificando parcialmente el Manual de Procedimientos del Registro Público de Derechos Reales, en lo referido al Trámite 26 de actualización de registro de propiedad agraria a propiedad urbana; toda vez que, el requisito de certificación de área no rural emitida por el INRA, quedó sin efecto y validez alguna por la abrogatoria del DS 2841; petición que, fue reiterada por el solicitante de tutela, a través de memorial presentado el 20 de mayo de 2022, ante la misma instancia, alegando la aplicación del derecho a la petición consagrado por el art. 24 de la CPE (fs. 8 a 9 vta.; y, 10 a 13).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, por medio de su representante legal, denunció la lesión de sus derechos a la petición y a la propiedad; debido a que, las autoridades ahora demandadas, no dieron una respuesta efectiva a sus memoriales presentados el 10 de diciembre de 2021 y de 20 de mayo de 2022; por medio de los cuales, solicitó la modificación de un requisito previsto para el trámite de registro de propiedad agraria a propiedad urbana, previsto por el Manual de Derechos Reales, que ya no debería encontrarse en vigencia a raíz de la abrogatoria del DS 2841, que en su momento sustento al mismo; requisito cuya exigencia, le impide concluir dicha tramitación, restringiendo su derecho propietario del inmueble en cuestión. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Naturaleza de la acción de amparo constitucional. Jurisprudencia reiterada

Sobre el particular, la SCP 0542/2020-S4 de 6 de octubre; estableció que: “La acción de amparo constitucional se constituye en un proceso constitucional diferente al proceso ordinario, con un objeto específico y diferente, que se materializa en la protección y restitución de derechos fundamentales con una causa distinta a la proveniente del proceso ordinario, que viene a ser la vulneración concreta o inminente de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado; con un marco jurídico procesal propio, adquiere las características de sumariedad e inmediatez en la protección de derechos y garantías fundamentales, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas características se añade la de generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin excepción contra todo servidor público o persona individual o colectiva. Al respecto la SCP 0002/2012 de 13 de marzo, ha señalado que: ‘…la acción de amparo constitucional, encuentra fundamento directo en el artículo 25.1 de la CADH, instrumento que señala: «Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales». En el marco del citado precepto que forma parte del Bloque de Constitucionalidad reconocido por el artículo 410 de la CPE, se tiene que la dimensión procesal constitucional de la acción de amparo constitucional debe ser estructurada a partir de este marco de disposiciones, siendo evidente que el amparo constitucional constituye un mecanismo eficaz de defensa para el resguardo de derechos fundamentales insertos en el bloque de constitucionalidad’. La acción de amparo constitucional se encuentra instituida en el art. 128 de la CPE que establece: ‘La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley’. A su vez el art. 129.I de la citada Norma Suprema, resalta que: ‘La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’; en consecuencia, la Constitución Política del Estado instituye esta acción como mecanismo de protección, poniéndola al alcance de toda persona que sufra vulneración a sus derechos reconocidos en la Ley Fundamental, siendo su objeto principal el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías que puedan estar siendo vulnerados (restringidos, suprimidos o amenazados); procediendo dicho mecanismo siempre y cuando el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida” (las negrillas son nuestras).

III.2. El derecho de petición y respuesta formal, oportuna y motivada.

Jurisprudencia reiterada. Este Tribunal ha sido constante al delimitar que se entiende por derecho a la petición y cuáles son sus presupuestos de tutela, en cuyo marco, la SCP 0902/2021-S4 de 25 de noviembre; concluyó que: “El derecho a la petición y respuesta formal y pronta se encuentra contemplado en el art. 24 de la CPE, cuyo dispositivo precisa que: ‘Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario’. A su vez, el art. XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), consagra este derecho señalando que: ‘Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución’. La SC 0189/01-R de 7 de marzo de 2001, precisó que el derecho de petición es: ‘…una facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho. En consecuencia, el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa’. Por su parte, la SC 0218/2001-R de 20 de marzo, estableció que el núcleo esencial del derecho de petición comprende, el derecho a obtener una respuesta pronta y oportuna en la que se resuelva la solicitud en sí misma; alcance que fue ampliado mediante la SC 0843/2002-R de 19 de julio, que estableció que incluye que la respuesta le sea debidamente comunicada o notificada al peticionante; y, mediante las SSCC 0776/2002-R, 1121/2003-R; 1159/2003-R, se precisó que forma parte del contenido esencial del derecho de petición, la exigencia de una respuesta material de fondo y no evasiva; razonamientos que fueron reiterados en la SCP 0062/2012 de 9 de abril, entre otras resoluciones. En cuanto a los requisitos a exigirse para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la acusación sobre lesión al derecho de petición, la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, estableció los siguientes: ‘a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición, lo que significa que en caso de no existir estos medios específicos la acción puede presentarse de manera directa’ (sic). En ese sentido también, la SC 1068/2010-R de 23 de agosto, precisó que se vulnera el derecho de petición, cuando: ‘a) La respuesta no se pone en conocimiento del peticionario; b) Se presenta la negativa de recibirla o se obstaculiza su presentación; c) Habiéndose presentado la petición respetuosa, la autoridad no la responde dentro de un plazo razonable; y, d) La solicitud no es atendida de manera clara, precisa, completa y congruente con lo solicitado’ (sic). Sobre la base de la normativa citada y la jurisprudencia glosada precedentemente, se concluye que el derecho de petición es una facultad o potestad que tiene toda persona para realizar solicitudes o peticiones a la autoridad pública (…) y que conlleva como consecuencia para este último, la obligación de otorgar respuesta escrita, oportuna, clara, completa y congruente sobre el asunto impetrado, de modo que el solicitante conozca la respuesta positiva o los motivos de la negativa a su petición y le permita de esa manera, hacer uso de los mecanismos de impugnación ordinarios o constitucionales al respecto” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).

III.3. Principio de inmediatez del amparo constitucional

Al respecto, la SCP 0694/2018-S4 de 25 de octubre; instituyó que: “Con relación a este principio, debemos remitirnos a las normas contenidas en el segundo parágrafo del art. 129 de la CPE, el que textualmente dispone que: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial’; materializándose en dicha normativa, el principio de inmediatez al que debe ajustarse el presente mecanismo de defensa, ello en virtud a la necesidad de otorgar una protección inmediata y eficaz a los derechos y garantías lesionados. En atención a este principio, corresponde a los accionantes cuidar que la demanda sea interpuesta dentro del plazo máximo de seis meses a partir de la supuesta vulneración o de la notificación con la resolución judicial o administrativa que se considera lesiva de derechos fundamentales y garantías constitucionales, porque como se señaló, la norma transcrita precedentemente (art. 129.II) es categórica al precisar el principio de inmediatez, limitando el plazo máximo para su interposición a seis meses, término que anteriormente se encontraba establecido solo vía jurisprudencial. ‘El principio de inmediatez, tiene un doble efecto: el primero, positivo referido a que a través de esta vía la jurisdicción constitucional deberá brindar una protección inmediata y oportuna al o a los derecho (s) fundamental (es) restringido (s) o suprimido (s) de manera ilegal o indebida; y, el segundo, negativo, referido a que el titular del derecho fundamental vulnerado, deberá presentar el recurso máximo dentro de los seis meses de conocido el supuesto acto ilegal o la última actuación, siempre que la parte accionante hubiese utilizado todos los medios y recursos idóneos, en principio ante la misma autoridad que incurrió en la lesión al derecho o garantía fundamental y luego, ante las superiores a ésta, hasta agotar todas las instancias, siempre que fueran competentes para hacer cesar el acto ilegal u omisión indebida (SC la SC 0554/2010-R de 12 de julio). Complementando dicha jurisprudencia, la SC 1157/2003-R de 15 de agosto, reiterada por la SC 0521/2010-R de 5 de julio, señaló que la inmediatez se encuentra sustentada básicamente en: ‘...el principio de preclusión de los derechos para accionar, pues por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos’. Criterios normativos y jurisprudenciales recogidos por el art. 55.I del Código Procesal Civil (CPCo), en cuyo texto dispone que este tipo de acciones podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho” (las negrillas son nuestras).

III.4. Análisis del caso concreto

Precisada que fue la problemática traída en revisión, de los antecedentes y conclusiones de este fallo constitucional; se tiene que, por nota SINAREP 26350 de 8 de diciembre de 2021, Yamil Mario Mercado Arteaga, Auxiliar de DD.RR. de Vallegrande, dependiente de la Representación Distrital de Santa Cruz del Consejo de la Magistratura, le hizo conocer a Rogert Muñoz Mendieta –hoy impetrante de tutela–, que se observaba el trámite del documento público 09/2020 de 17 de noviembre, según lo establecido por el Acuerdo 089/2019, “N° 26 Manual de Derechos Reales”, debiendo corregir al mismo para poder continuar con dicha inscripción (Conclusión II.1); a raíz de dicha observación, mediante escrito presentado el 10 de diciembre de 2021, dirigido al Presidente y Consejeros del Consejo de la Magistratura, Rogert Muñoz Mendieta, solicitó se dé cumplimiento al DS 4273, modificando parcialmente el Manual de Procedimientos del Registro Público de Derechos Reales, en lo referido al Trámite 26 de actualización de registro de propiedad agraria a propiedad urbana; toda vez que, el requisito de certificación de área no rural emitida por el INRA, quedó sin efecto y validez alguna por la abrogatoria del DS 2841; petición que, fue reiterada por el solicitante de tutela, a través de memorial presentado el 20 de mayo de 2022, ante la misma instancia, alegando la aplicación del derecho a la petición consagrado por el art. 24 de la CPE (Conclusión II.2).

En ese contexto, el accionante, por medio de su apoderado, denunció la lesión de sus derechos a la petición y a la propiedad; debido a que, las autoridades ahora demandadas, no dieron una respuesta efectiva a los dos memoriales descritos previamente; cuya exigencia del requisito observado, le impide concluir su tramitación de registro de propiedad agraria a propiedad urbana, restringiendo su derecho propietario del inmueble en cuestión. Ahora bien, con la finalidad de efectuar un adecuado estudio de la problemática planteada, se procederá a analizar la misma a partir de cada uno de los derechos reclamados de lesión; de la siguiente manera:

III.4.1. Con relación al derecho a la petición

Inicialmente conviene pronunciarnos sobre el cumplimiento del principio de inmediatez que rige esta acción tutelar, observado en el informe de las autoridades demandadas (Antecedentes I.2.2), con relación al memorial de 10 de diciembre de 2021, aclarando que, habiéndose presentado esta acción de defensa el 8 de junio de 2022 (Antecedentes I.1); se observa que, el plazo de seis meses, vinculado al principio de inmediatez que rige a la acción de amparo constitucional, establecido por la normativa y jurisprudencia desglosada en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, en el caso de análisis se encuentra cumplido; dado que, el mismo vencía el 10 de junio de 2022; por tanto, no existe óbice alguno para considerar dicho memorial. Así, tomando en cuenta que la presunta lesión del derecho de exordio, exige el cumplimiento de los requisitos y presupuestos establecidos en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, cuya observancia permite a la jurisdicción constitucional efectuar un análisis de fondo al respecto; en ese entendido, de la revisión de los antecedentes que informan la causa y lo manifestado por la parte demandada (Antecedentes I.2.2); se advierte que: a) Existen dos peticiones escritas del accionante dirigidas expresamente a las autoridades demandadas –de 10 de diciembre de 2021 y de 20 de mayo de 2022–, solicitando se dé cumplimiento al DS 4273, modificando parcialmente el Manual de Procedimientos del Registro Público de Derechos Reales, en lo referido al Trámite 26 de actualización de registro de propiedad agraria a propiedad urbana; toda vez que, el requisito de certificación de área no rural emitida por el INRA, quedó sin efecto y validez alguna por la abrogatoria del DS 2841 (Conclusión II.2); b) La parte demandada en el informe de esta acción de defensa, reconoció que aún no brindó respuesta a las peticiones descritas en el punto anterior; alegando que, se encontraban a la espera de información solicitada a la Dirección de DD.RR. (Antecedentes I.2.2); sin embargo, como se advirtió previamente, la solicitud primigenia se realizó el 10 de diciembre de 2021 –misma, que fue reiterada el 20 de mayo de 2022–; por consiguiente, al tiempo de plantear esta acción tutelar –8 de junio de 2022–, había transcurrido más de cinco meses sin otorgarse respuesta al impetrante; advirtiéndose que, el periodo indicado sin respuesta de modo alguno resulta razonable; y, c) Se observa que, las mencionadas solicitudes, se las efectuó en aplicación de la facultad conferida por el art. 24 de la CPE; por lo que, no se constató la existencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición. Por consiguiente; se evidencia que, al no haber las autoridades demandadas respondido a las dos solicitudes escritas, aludidas previamente, pese a haber transcurrido más de cinco meses desde la presentación de las mismas, se lesiono del derecho a la petición; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada al respecto, aclarando que dicha concesión se circunscribe únicamente a la obligación de las autoridades demandadas de otorgar una respuesta escrita, oportuna, clara, completa y congruente sobre el asunto impetrado, que puede ser positiva o negativa pero que permita que el solicitante conozca la concesión de lo requerido de ser positiva o los motivos de la negativa a su petición.

III.4.2. En cuanto al derecho a la propiedad privada

Al respecto, el impetrante de tutela; alegó que, la falta de modificación del Manual de Derechos Reales por parte de las autoridades demandadas, respecto a un requisito que ya no debería encontrarse en vigencia a raíz de la abrogatoria del DS 2841 que en su momento sustento al mismo; le impide concluir la tramitación de registro de propiedad agraria a propiedad urbana, restringiéndose así su derecho propietario del inmueble en cuestión; en cuyo marco, debe tenerse presente, que de acuerdo a la naturaleza de la acción de amparo constitucional (Fundamento Jurídico III.1), esta no se encuentra prevista para cuestionar o dilucidar la vigencia o validez de disposiciones normativas o procedimentales; sino, que se instituye como mecanismo de protección para toda persona que sufra vulneración a sus derechos reconocidos en la Ley Fundamental, siendo su objeto principal el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales que puedan estar siendo vulnerados (restringidos, suprimidos o amenazados); procediendo dicho mecanismo siempre y cuando el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida.

En cuyo marco, la observación a un requisito previsto dentro de una tramitación de inscripción o modificación de registro propietario, no significa vulneración alguna al derecho a la propiedad del solicitante de tutela, existiendo en todo caso, recursos propios del trámite administrativo que agotar para continuar con la tramitación aludida; por lo que, no se advierte lesión alguna al derecho a la propiedad del accionante, a raíz de la falta de respuesta a los memoriales descritos previamente; pues, como se estableció supra la vía constitucional garantiza la otorgación de una respuesta escrita, oportuna, clara, completa y congruente sobre el asunto impetrado; empero, esta puede ser positiva o negativa de acuerdo a los criterios y marco normativo concerniente; en virtud de lo cual, corresponde denegar la tutela solicitada con relación al derecho a la propiedad. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder parcialmente la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 092/2022 de 28 de julio, cursante de fs. 157 a 163 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, únicamente con relación al derecho a la petición, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0831_2023-S4.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6ebb7132ed0825992ced56dd8334afffe68ea17bd44aee0cef32dcc144034e68

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →