B.IA.LEGAL

SCP 0828/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de mayo de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
18 de mayo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
58851-2023-118-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, al juez natural, a la defensa y a la presunción de inocencia; señalando que, se habría fijado audiencia de apelación incidental de medidas cautelares, a la que se habría presentado sin su abogada de su confianza por no estar notificada; en consecuencia, se reprogramó la audiencia para el día siguiente; tras conocer de la nueva audiencia, se presentó a la sala de audiencias del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz -lugar donde guarda detención preventiva-; sin embargo, es informado por la Encargada de Salidas Judiciales de dicho recinto penitenciario, que no fueron notificados, enterándose posteriormente que se había llevado a cabo la audiencia sin su presencia; por tanto, considera que se ha vulnerado sus derechos al debido proceso, ya que no fue notificado legalmente; y, en consecuencia su derecho a la defensa, por no permitirle ejercer defensa material y por tanto, su derecho a la libertad y presunción de inocencia; por lo que, solicita se conceda la tutela impetrada y en consecuencia quede sin efecto la Resolución 481/2023 de 19 de septiembre de 2023 y se señale nuevo día y hora de audiencia de apelación incidental. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 83/2023 de 29 de septiembre, cursante de fs. 24 a 29, pronunciada por el Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal del Segundo del mismo departamento, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los argumentos expuestos en el presente fallo constitucional. 2º Disponer lo siguiente:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista emitido por Rosmery Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; b) Que la Autoridad demandada o quien ejerza el cargo, emita nuevo Auto de Vista, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, salvo que la situación del impetrante de tutela hubiere cambiado por el trascurso del tiempo. c) Llamar la atención a Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal departamental de Justicia de La Paz; y, Anahí Yalile García Ramírez, Oficial de Diligencias de la Sala Social Administrativa Contencioso y Contenciosa Administrativa.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Presencia del imputado detenido en la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares
  2. III.2. El derecho a la defensa técnica y material en audiencia de apelación de medidas cautelares
  3. III.3 La legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional en las acciones de libertad
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0828/2026-S3 Sucre, 18 de mayo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 58851-2023-118-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 83/2023 de 29 de septiembre, cursante de fs. 24 a 29, pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Tania Micaela Orellana Monroy en representación sin mandato de Eber Huanca Gómez contra Rosmery Pabón Chávez, Vocal; Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario; ambos de la Sala Penal Segunda, y; Anahí Yalile García Ramírez, Oficial de Diligencias de la Sala Social Administrativa Contencioso y Contenciosa Administrativa, en suplencia legal de la referida Sala Penal Segunda; todos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de septiembre de 2023, cursante de fs. 5 a 7 vta., el accionante a través de su representante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, expresó que en fecha 18 de septiembre del 2023 a horas 9:45, se habría fijado audiencia de apelación incidental de medidas cautelares, a la que se habría presentado sin la presencia de la abogada de su confianza, por no estar notificada; en consecuencia, se reprogramó la audiencia para el día siguiente 19 de mismo mes y año a horas 14:00; el accionante, tras conocer de la nueva audiencia señalada pasó a verificar las listas programadas para dicho día en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz -lugar donde cumple detención preventiva-, y saber si se le había notificado, así como mandado el link para que pueda presentarse a la audiencia señalada; empero, es informado por la Encargada de Salidas Judiciales de dicho recinto penitenciario que esta no fue realizada, enterándose posteriormente que se había llevado a cabo la audiencia sin su presencia.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad, al juez natural, a la defensa y a la presunción de inocencia conforme los arts. 115.II., 116.I., 117.I, y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Quede sin efecto la Resolución 481/2023 de 19 de septiembre; y, b) Se señale nueva audiencia de apelación incidental de medidas cautelares.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 29 de septiembre de 2023, según consta en acta cursante de fs. 22 a 23 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido de su acción de libertad y ampliándola señaló que: 1) Lo manifestado por la autoridad demandada no es evidente, al referirse que es culpa de la abogada haberse conectado, que sin su comparecencia se hubiera suspendido la audiencia; por lo que, no se puede atribuir la negligencia al hecho de conectarse; 2) Se ha solicitado complementación y enmienda tras la resolución dictada y hasta la fecha -incluso de la audiencia de acción de libertad- no se ha resuelto la misma; 3) La resolución emitida por la autoridad demandada si causa estado, porque no se trata de solucionar en juzgado de origen, dado que en la audiencia de apelación, se determinó ampliar por treinta días más la detención preventiva, así como ampliar el mismo periodo de tiempo la investigación; y,4) El secretario solo informa de acuerdo a sus funciones; sin embargo, respecto al oficial de diligencias refiere que ha mandado el enlace, pero eso no implica que se haya notificado, máxime si la presente acción se encuentra debidamente respaldada por el informe del recinto penitenciario, que claramente demuestra que no realizó la notificación conforme a ley.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe presentado el 29 de septiembre de 2023 cursante a fs. 15 y vta., señaló que: i) En la audiencia de apelación incidental de 19 de septiembre de 2023, el secretario de Sala informó que las notificaciones fueron realizadas correctamente; y, que por dicha razón dio inicio a la audiencia dictando el auto de vista respectivo; audiencia en la que se encontraba presente su abogada, quien podía fundamentar la pretensión de su representado, ya que contaba con los medios o recursos de ley, o en su caso, manifestar lo hoy extrañado, habiéndose dado cumplimiento al Reglamento de Conducta y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador que en el art. 25 establece que ante la inasistencia del procesado, el abogado puede fundamentar su pretensión; ii) Finalmente informa que, además de no establecer de manera cierta y concreta como se habría vulnerado sus derechos y garantías, se debe tomar en cuenta que la acción de libertad es sumarísimo; por lo que, pide se deniegue la tutela solicitada. Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe presentado el 28 de septiembre de 2023, cursante a fs. 14 y vta.; señaló que, se habría cumplido con las formalidades de ley, conducción o enlace remitida por la oficial de diligencias, que, si la abogada tenía la necesidad de que esté su representado, podría haber solicitado este extremo en audiencia. Anahí Yalile García Ramírez, Oficial de Diligencias de la Sala Social Administrativa Contencioso y Contenciosa Administrativa, en suplencia legal de la sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe presentado de 29 de septiembre de “2022” -lo correcto es 2023-cursante a fs. 16; señalo que, notificó a todas las partes intervinientes con el señalamiento de audiencia y el enlace de conexión, así como el mandamiento de conducción al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, habiéndose cumplido con las formalidades de ley.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal del Segundo del mismo departamento, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 83/2023 de 29 de septiembre, cursante a fs. 24 a 29, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes argumentos: a) El 18 de septiembre de 2023 a horas 9:45, en audiencia de apelación incidental de medida cautelar, el accionado se presentó sin su abogada de confianza, reprogramándose la audiencia para el día siguiente 19 de septiembre del 2023; vale decir, que estando presente el accionante se notificó de manera oral; que si bien, se tiene el informe de la funcionaria policial Jhoselyn Mercedes Laguna Calancho, funcionaria policial del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, que afirma que no se tiene registro de documentación ni notificación para la señalada audiencia virtual; sin embargo, el accionante no estuvo en indefensión, dado que el mismo podía asegurar que las condiciones estén dadas para que la misma pueda celebrarse con su presencia -como se demanda- y por tanto no atribuir culpa propia a otro; y b) Por tal razón, señalando la jurisprudencia respecto a la subsidiariedad excepcional referida al presente caso, no ingresando a ver el fondo de la acción de libertad por existir mecanismos idóneos previos que el accionante puede utilizar para reclamar su posible nulidad.

I.2.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas de ñ Tribunal Constitucional Plurinacional, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Informe de 28 de septiembre de 2023, emitida por la funcionaria policial Jhoselin Mercedes Laguna Calancho, Encargada de Salidas Judiciales del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, hace conocer que, revisado el libro de registro de recepción, el buzón de ciudadanía digital, así como el celular habilitado para notificaciones, se pudo verificar que no se registra ninguna documentación ni notificación para la audiencia virtual del privado de libertad Huanca Gómez Eber (fs. 2). II.2. Memorial presentado el 25 de septiembre de 2023 por Eber Huanca Gómez, solicitando informe respecto a la notificación efectuada para la audiencia de apelación de medidas cautelares de 19 de septiembre de 2023, al Director del Recinto Penitenciario San Pedro de La Paz (fs. 4)

III.FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, al juez natural, a la defensa y a la presunción de inocencia; señalando que, se habría fijado audiencia de apelación incidental de medidas cautelares, a la que se habría presentado sin su abogada de su confianza por no estar notificada; en consecuencia, se reprogramó la audiencia para el día siguiente; tras conocer de la nueva audiencia, se presentó a la sala de audiencias del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz -lugar donde guarda detención preventiva-; sin embargo, es informado por la Encargada de Salidas Judiciales de dicho recinto penitenciario, que no fueron notificados, enterándose posteriormente que se había llevado a cabo la audiencia sin su presencia; por tanto, considera que se ha vulnerado sus derechos al debido proceso, ya que no fue notificado legalmente; y, en consecuencia su derecho a la defensa, por no permitirle ejercer defensa material y por tanto, su derecho a la libertad y presunción de inocencia; por lo que, solicita se conceda la tutela impetrada y en consecuencia quede sin efecto la Resolución 481/2023 de 19 de septiembre de 2023 y se señale nuevo día y hora de audiencia de apelación incidental. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Presencia del imputado detenido en la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0299/2018-S2 de 18 de junio, asumió el siguiente razonamiento: Sobre la presencia del detenido en la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1491/2003-R de 20 de octubre, estableció que no es necesario que las partes sean notificadas personalmente con el señalamiento de día y hora de la misma; entendimiento que fue reiterado por las SSCC 0220/2004-R de 12 de febrero y 0663/2006-R de 10 de julio; y, por la SCP 0619/2012 de 23 de julio, entre otras. En ese marco, la SC 0220/2004-R de 12 de febrero, sobre la base de la SC 0287/2003-R de 12 de igual mes, señaló que si las partes deciden no hacer el seguimiento al recurso ni asistir a la audiencia, no obstante que fueron legalmente notificadas, con ningún argumento podrán alegar indefensión; pues son ellas, las que provocaron dicha situación. Más tarde, la SC 1234/2006-R de 1 de diciembre, sobre la base de los precedentes recogidos en la jurisprudencia constitucional, en el Fundamento Jurídico III.3, estableció que:

1El FJ III.3, manifiesta: “Practicada la notificación legal a las partes, con la resolución que impone la medida cautelar personal, el decreto de remisión de obrados ante el tribunal de alzada y por ende, habiendo sido de conocimiento de los mismos, la existencia del recurso de apelación, no es necesario que las partes sean notificadas personalmente con el decreto de señalamiento de audiencia de consideración del recurso de apelación; consecuentemente, ésta debe practicarse en una de las formas señaladas por los arts. 161 y 162 CPP” (las negrillas son añadidas). 2El FJ III.4, establece: “En el caso de autos, los representados del recurrente tuvieron pleno conocimiento de la apelación y de la remisión de los actuados de la misma al tribunal ad-quem, de manera que en ningún momento, los recurridos les causaron indefensión, pues de la parte conclusiva de esta Sentencia se tiene que fueron notificados en la oficina de su abogado con el Auto de remisión de antecedentes a la Corte Superior de Justicia -extremo que no han negado ni desvirtuado-, momento a partir del cual, de acuerdo a su propio interés debieron hacer el seguimiento del recurso e informe de los actuados de la apelación, pero no lo hicieron, pretendiendo ahora por esta vía subsanar dicha negligencia, que bajo ningún argumento puede ser asumida por este Tribunal como una situación de indefensión, pues ésta según ha entendido la jurisprudencia constitucional en la SC 287/2003-R, no puede ser alegada `(...) cuando ha sido provocada deliberadamente, vale decir, cuando la persona con pleno conocimiento de la acción iniciada en su contra no interviene en el proceso, o ha dejado de intervenir en él por un acto de su propia voluntad, provocando su propia indefensión, que en los hechos no sería tal, porque en estos casos no existe lesión alguna de tal derecho por parte del juzgador, sino que es el procesado como titular del derecho el que por propia voluntad o por dejadez no ejerce el mismo cuando debe hacerlo´”. 3El FJ III.3, precisa que: “Ahora bien, de la línea jurisprudencial citada precedentemente, se establecen los siguientes aspectos: a) no es exigible la notificación personal del imputado con el decreto de señalamiento de audiencia de apelación de medida cautelar; b) si el imputado es legalmente notificado con ese decreto, y no comparece a la audiencia, ésta puede desarrollarse válidamente pese a su ausencia; c) ausente el imputado, resulta exigible la concurrencia del defensor, quien lo a) no es exigible la notificación personal del imputado con el decreto de señalamiento de audiencia de apelación de medida cautelar; b) si el imputado es legalmente notificado con ese decreto, y no comparece a la audiencia, ésta puede desarrollarse válidamente pese a su ausencia; c) ausente el imputado, resulta exigible la concurrencia del defensor, quien lo representa y ejerce el derecho a la defensa. La misma Sentencia Constitucional Plurinacional, señala que, si bien no es exigible una notificación personal con la audiencia de medidas cautelares en apelación, tratándose de imputados detenidos en recintos carcelarios, se requiere una determinación judicial que autorice su salida; consecuentemente, la autoridad judicial debe emitir la respectiva orden de salida; por cuanto, no depende de la voluntad de la persona detenida preventivamente, asistir o no a la audiencia. Precedente que guarda concordancia con el orden constitucional que surge a partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado, que fue reiterado en numerosas Sentencias Constitucionales Plurinacionales emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, siendo la primera Sentencia confirmadora de dicho entendimiento, la SCP 0746/2012 de 13 de agosto.

III.2. El derecho a la defensa técnica y material en audiencia de apelación de medidas cautelares

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0138/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente entendimiento: El Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0155/2012 14 de mayo, confirmando el entendimiento jurisprudencial contenido en la representa y ejerce el derecho a la defensa.

Efectuada esa precisión, debe destacarse que el imputado que sea legalmente notificado con el decreto de señalamiento de audiencia, y no comparece para su realización, no puede alegar un estado de indefensión, teniendo en cuenta que así se determinó en la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo, la que siguiendo la jurisprudencia comparada establecida por el Tribunal Constitucional de España en su SC 48/1984, determinó que: “`la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (…) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra, que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad (…)´.

Sin embargo, la situación de los imputados detenidos en los recintos carcelarios, merece un análisis distinto, teniendo en cuenta que si bien en esos casos, tampoco es exigible una notificación personal, su comparecencia a la audiencia de apelación, por ende, el ejercicio del derecho a la defensa material reconocida por el art. 8 del CPP, no depende de su propia voluntad, sino de una decisión judicial que autorice su salida del recinto carcelario y facilite su comparecencia a la audiencia de fundamentación del recurso de apelación, sea o no el apelante, teniendo en cuenta que al tratarse de un imputado sometido a detención preventiva, el art. 238 del CPP dispone: `(…) Todo permiso de salida o traslado, únicamente lo autorizará el juez del proceso´; en consecuencia, si el proceso penal involucra a un imputado sometido a detención preventiva, el Tribunal de alzada, para garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los arts. 16.II de la CPE, 5, 8 y 84 del CPP, deberá emitir la respectiva orden de salida, a fin de que el imputado sea conducido ante el tribunal y pueda ejercer su derecho a la defensa material. Entendimiento que implica una modulación de la SC 0663/2006-R, de 10 de julio”. 4El FJ III.1, señala: “Al respecto y según la opinión de Jorge Eduardo Vásquez Rossi, se puede decir que si bien es importante la defensa material del imputado, la defensa técnica sigue constituyendo, la más efectiva garantía para el resguardo de sus derechos, sea que se ejerza por el abogado de su confianza, abogados de Defensa Pública o el defensor de oficio, sostiene que en el art. 9 del actual Código Adjetivo, le otorga prevalencia a la defensa técnica al declarar su SC 1556/2002-R de 16 de diciembre, en la que establece que el derecho a la defensa: “…tiene dos dimensiones: a) La defensa material: que reconoce a favor del imputado el derecho a defenderse por sí mismo y le faculta a intervenir en toda la actividad procesal -desde el primer acto del procedimiento-… b) La defensa técnica, consiste en el derecho irrenunciable del imputado de contar con asistencia de un abogado desde el inicio del procedimiento hasta el final de la ejecución de la condena…”, señala en el Fundamento Jurídico III.1, que a partir del análisis de la Constitución Política del Estado y del bloque de constitucionalidad:

…si bien es importante la defensa material del imputado, la defensa técnica sigue constituyendo, la más efectiva garantía para el resguardo de sus derechos, sea que se ejerza por el abogado de su confianza, abogados de Defensa Pública o el defensor de oficio, sostiene que en el art. 9 del actual Código Adjetivo, le otorga prevalencia a la defensa técnica al declarar su carácter irrenunciable, ya que con similares características se encuentra contenida y regulada en los arts. 92 y 94 del CPP; asimismo afirma que, su inobservancia, conforme a lo establecido por el art. 100 del mismo Código, no sirve para fundar ninguna decisión contra el imputado. En ese entendido, se puede establecer que la defensa técnica y la defensa material, se encuentran estrechamente relacionadas, puesto que para asumir el derecho a la defensa, el imputado tiene la posibilidad de que ambas puedan concurrir al mismo tiempo durante el desarrollo de todo el proceso penal, pues nadie puede ser condenado, sin ser previamente oído y juzgado en proceso legal; sin embargo, la defensa técnica es un derecho que no está constituido como una facultad o potestad, sino más bien, es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar el derecho a la defensa del imputado, razón por la cual, mínimamente debe contar con la asistencia de una persona con conocimiento jurídico, ya sea el abogado de su confianza o el defensor de oficio designado por la autoridad competente, pues el incumplimiento de la parte in fine del art. 94 del CPP, no permite utilizar bajo ninguna circunstancia la información obtenida contra el imputado, situación que conforme el art. 169 inc. 3) del CPP, constituye actividad procesal defectuosa. Así, la referida SCP 0155/2012, al analizar el problema jurídico planteado, referido a la lesión del derecho a la defensa del accionante, por cuando la audiencia de apelación de medidas cautelares se desarrolló sin presencia de su abogado, concedió la tutela por lesión del derecho a la defensa técnica, toda vez que, los Vocales demandados la instalaron sin tomar en cuenta que el abogado del impetrante de tutela no estaba presente; añadiendo que las autoridades demandadas no podían ingresar a analizar las medidas cautelares en ausencia del abogado, y que en todo caso, debieron nombrar a un defensor de oficio. Posteriormente, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0045/2014-S3 de 14 de octubre y 0068/2015-S3 de 30 de enero, confirmaron el criterio de la SCP 0155/2012, concediendo la tutela, porque los Vocales demandados instalaron la audiencia del recurso de apelación de medida cautelar, sin tomar en cuenta que el abogado del demandante de tutela, no estaba presente. Cabe señalar, que todas las Sentencias Constitucionales Plurinacionales y la SC 1556/2002-R analizadas precedentemente, fueron pronunciadas en acciones de libertad, al existir una vinculación directa del derecho a la defensa con el de libertad física; por cuanto, la falta de nombramiento de abogado defensor en la audiencia de apelación de medidas cautelares, indudablemente supone una vulneración del derecho a la defensa, que repercute directamente en la imposición o confirmación de la detención preventiva contra el imputado, medida cautelar extrema rodeada de garantías constitucionales, a efecto de no tornarse en ilegal o arbitraria, siendo una de ellas, precisamente, la de ser impuesta previo ejercicio del derecho a la defensa, tanto material como técnica.

III.3 La legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional en las acciones de libertad

La SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, refiriéndose a la legitimación pasiva de los funcionarios subalternos del órgano judicial, estableció que:

…Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional (las negrillas son añadidas)

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia que, dentro del proceso penal que se sigue en su contra por la supuesta comisión del delito de robo agravado, el 18 de septiembre del 2023 a horas 9:45, se fijó audiencia de apelación incidental de medidas cautelares en la que asistió, pero sin la presencia de la abogada de su confianza, por no estar notificada con dicho señalamiento; por lo cual, se reprogramó la audiencia para el día siguiente 19 de mismo mes y año a horas 14:00; en conocimiento de dicho señalamiento, se constituyó al centro de cómputo donde los internos del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz -lugar donde cumple su medida extrema de detención preventiva-, asisten para conectarse a sus audiencias; empero, fue informado por la Encargada de Salidas Judiciales de dicho recinto penitenciario que no les habían notificado y mucho menos mandado el link para su conexión a la audiencia virtual señalada; sin embargo, posteriormente tomó conocimiento en forma posterior que se llevó a cabo la audiencia sin su presencia, vulnerando de esta manera su derecho al debido proceso y a la defensa; ya que, no se realizó la notificación al respectivo centro penitenciario y consiguientemente no pudo participar de la audiencia; y en consecuencia, se lesionó su derecho a la libertad.

Con relación a la Vocal demandada. Conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la asistencia o no del imputado a la audiencia de apelación de medidas cautelares, no depende de su propia voluntad cuando está privado de su libertad; sino, de una decisión judicial -orden de traslado o de conducción- que autorice su salida del centro penitenciario donde se encuentre detenido preventivamente o hacia el lugar donde se llevará a cabo la referida audiencia, en el presente caso a la sala de audiencias virtuales; al respecto, el deber de la autoridad judicial no se limita sólo a la emisión de esa orden de salida o de conducción, sino también, abarca a su verificación y diligente cumplimiento por parte de las autoridades carcelarias. De los datos del proceso relacionados precedentemente, se constata que la audiencia virtual fijada para el 19 de septiembre del 2023, por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se llevó a cabo en ausencia del peticionante de tutela, quien no se conectó a la sala virtual, por no haberse realizado la notificación respectiva al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, conforme el informe de 28 de septiembre de 2023, emitido por la funcionaria policial Jhoselin Mercedes Laguna Calancho, Encargada de Salidas Judiciales, quien informa que revisado el libro de registro de recepción, el buzón de ciudadanía digital, así como el celular habilitado para notificaciones, se pudo verificar que no se registra ninguna documentación ni notificación para la audiencia virtual del privado de libertad Huanca Gómez Eber (fs. 2); no obstante, se emitió el Auto de Vista por la Vocal demandada. En ese contexto, si bien se dispuso por la autoridad demandada que se comunique al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, el señalamiento de audiencia virtual -lo que implicaba el traslado del procesado apelante, a la sala virtual instalada en el referido centro penitenciario-, es lógico que en virtud al derecho a una tutela judicial efectiva, deba velar por la eficacia y correcto cumplimiento de sus órdenes; pues, al disponer el traslado del detenido a su audiencia de apelación, la Vocal demandada estaba en deber de supervigilar el cumplimiento de sus órdenes por parte del personal de apoyo judicial; así como, debe cerciorarse de que el centro penitenciario haya adoptado todas las previsiones administrativas y técnicas para garantizar la asistencia a la audiencia señalada; pues de lo contrario, se vulnera el derecho a la defensa del apelante. En todo caso, ante el informe brindado por el Secretario respecto a la incomparecencia del peticionante de tutela a la sala de audiencia virtual, la autoridad judicial demandada, debió verificar que el personal de apoyo judicial haya cumplido con la realización de las comunicaciones permitentes al centro penitenciario; y, asimismo que el personal de este recinto informe sobre las razones de la incomparecencia del privado de libertad personal; al no haber procedido de esa manera, es decir de forma diligente, para esclarecer si la ausencia del solicitante de tutela se debía a su decisión personal o algún problema administrativo o técnico del penal; resulta evidente que, la autoridad demandada no garantizó el derecho a la defensa del ahora peticionante de tutela; por consiguiente, al celebrar la audiencia y emitir el Auto de Vista, con el argumento que el imputado -ahora accionante- no ingresó a la audiencia virtual sin antes efectivizar y procurar la presencia a la audiencia, toleró la indefensión del ahora accionante; soslayando que, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, el ejercicio del derecho a la defensa reviste trascendental importancia, que en su dimensión material, implica que el imputado tiene derecho a defenderse por sí mismo en todos los actos del proceso y a participar de los mismos; de tal manera, que su falta de intervención en un acto procesal trascendental como es la audiencia de consideración de apelación sobre su detención preventiva, sin que el Tribunal de apelación se hubiera cerciorado que la misma obedecía a la decisión voluntaria del privado de libertad u otras causas atribuibles a las autoridades que estaban a cargo de su custodia, vulnera el derecho a la defensa material; ya que, al no depender exclusivamente de su voluntad la inasistencia a la audiencia virtual, dada las restricciones a las que se hubiera sometido durante su prisión preventiva, la Vocal accionada, estaba compelida a realizar la verificación señalada, precisamente con la finalidad de garantizar el ejercicio del derecho a la defensa del accionante; por lo que, efectivamente vulneró el derecho a la defensa consagrado por el art. 115.II de la CPE. Con relación al Secretario y Oficial de diligencias codemandados Por otra parte, en relación a los funcionarios de apoyo judicial demandados, Secretario y Oficial de Diligencias, contra quienes también se dirigió la presente acción tutelar; cabe recordar que, de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, los funcionarios de apoyo judicial cuentan con legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares cuando la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a dicho personal, por el incumplimiento de la norma y las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, en tales casos dicho servidor público adquieren la legitimación pasiva, independientemente de la responsabilidad de supervisión de la autoridad jurisdiccional.

En ese entendido, respecto al codemandado Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal departamental de Justicia de La Paz, conforme lo manifestado en audiencia por la representante sin mandato del accionante, se evidencia que la actuación de este funcionario de apoyo judicial, no solo se circunscribe al hecho de informar respecto a las diligencias efectuadas por la oficial de diligencias para la celebración de audiencia señalada; sino, a cumplir con su obligación de supervisar y controlar las labores de la referida funcionaria respecto al informe evacuado, conforme el art. 94.12. de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), extremo que en el caso de autos no fue cumplido; razón por la cual, adquiere legitimación pasiva en esta acción de tutela y justifica la concesión de la misma. Finalmente, respecto a la codemandada Anahí Yalile García Ramírez, Oficial de Diligencias de la Sala Social Administrativa Contencioso y Contenciosa Administrativa, en suplencia legal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, si bien informa que se efectuó las notificaciones conforme a ley como se establece en las Conclusiones II.2., se puede establecer que no se registra ninguna documentación ni notificación, para la audiencia virtual del privado de libertad Eber Huanca Gómez, en el Recinto Penitenciario San Pedro de La Paz, para la celebración de audiencia de 19 de septiembre de 2023; evidenciándose que si bien, mando un mensaje a un número que según la demandada seria de este recinto penitenciario, no se cumplió con el objeto de toda citación y/o notificación, que es la de asegurar su recepción por parte del destinatario; consiguientemente, corresponde también conceder la tutela solicitada respecto al mencionado funcionario judicial. En definitiva, resulta evidente que la Vocal -demandada- y el personal de apoyo judicial -codemandados- han colocado al accionante en indefensión material absoluta en la audiencia de apelación incidental de sus medidas cautelares; que, por tal razón, justifica su reparación a través de la presente acción de libertad, que resulta ser el medio idóneo e inmediato para reparación de los derechos fundamentales del accionante. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 83/2023 de 29 de septiembre, cursante de fs. 24 a 29, pronunciada por el Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal del Segundo del mismo departamento, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los argumentos expuestos en el presente fallo constitucional. 2º Disponer lo siguiente:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista emitido por Rosmery Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; b) Que la Autoridad demandada o quien ejerza el cargo, emita nuevo Auto de Vista, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, salvo que la situación del impetrante de tutela hubiere cambiado por el trascurso del tiempo. c) Llamar la atención a Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal departamental de Justicia de La Paz; y, Anahí Yalile García Ramírez, Oficial de Diligencias de la Sala Social Administrativa Contencioso y Contenciosa Administrativa. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Notas al pie

carácter irrenunciable, ya que con similares características se encuentra contenida y regulada en los arts. 92 y 94 del CPP; asimismo afirma que, su inobservancia, conforme a lo establecido por el art. 100 del mismo Código, no sirve para fundar ninguna decisión contra el imputado. En ese entendido, se puede establecer que la defensa técnica y la defensa material, se encuentran estrechamente relacionadas, puesto que para asumir el derecho a la defensa, el imputado tiene la posibilidad de que ambas puedan concurrir al mismo tiempo durante el desarrollo de todo el proceso penal, pues nadie puede ser condenado, sin ser previamente oído y juzgado en proceso legal; sin embargo, la defensa técnica es un derecho que no está constituido como una facultad o potestad, sino más bien, es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar el derecho a la defensa del imputado, razón por la cual, mínimamente debe contar con la asistencia de una persona con conocimiento jurídico, ya sea el abogado de su confianza o el defensor de oficio designado por la autoridad competente, pues el incumplimiento de la parte in fine del art. 94 del CPP, no permite utilizar bajo ninguna circunstancia la información obtenida contra el imputado, situación que conforme el art. 169 inc. 3) del CPP, constituye actividad procesal defectuosa”.

5 El FJ III.3, indica: “Ahora bien es preciso puntualizar que la SCP 0155/2012, a través de una interpretación desde y conforme a la Constitución interpretó el carácter irrenunciable de la defensa técnica determinando que, las autoridades judiciales no deben permitir durante el desarrollo del proceso, que el imputado asista a la audiencia sin la necesaria asistencia técnica, de lo contrario, deberán nombrar un defensor de oficio. Ello significa que, la exigencia de la defensa técnica determina las decisiones de las autoridades judiciales durante el desarrollo de una audiencia”. 6El FJ III.2, refiere: “…se hace mención a lo señalado en la SCP 0155/2012 de 14 de mayo, que dice: `…la defensa técnica es un derecho que no está constituido como una facultad o potestad, sino más bien, es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar el derecho a la defensa del imputado, razón por la cual, mínimamente debe contar con la asistencia de una persona con conocimiento jurídico, ya sea el abogado de su confianza o el defensor de oficio designado por la autoridad competente…´; estableciéndose además en el citado caso, que: `…las autoridades demandadas no deben permitir durante el proceso, que el imputado asista a la audiencia sin la necesaria asistencia técnica, de lo contrario, deberían haber nombrado un defensor de oficio; vulnerándose su derecho a la defensa´”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0828_2026-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): e8dd1d748d2eef3c5c7220f7083f16f9b1982e229bf9bd1b58dac680e44caa4b

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