Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 30 de julio de 2025
Concede la tutela
La empresa accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos de acceso a la justicia, a la defensa; y, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación; puesto que, los Vocales demandados, en el proceso contencioso administrativo seguido contra el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, emitieron el Auto 279/2022 de 5 de septiembre, que declaró por no presentada la demanda, considerándola defectuosa, y el recurso de apelación presentado, fue rechazado por su manifiesta improcedencia.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1º REVOCAR la Resolución 78/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 182 a 185, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada.
2º DEJAR SIN EFECTO el Auto 279/2022 de 5 de septiembre, debiendo las autoridades demandadas emitir nuevo auto debidamente fundamentado y motivado en el plazo de cinco días de notificados con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional. 3° Llamar la atención, a la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por el grosero error, en el cual incurrió al haber confundido un proceso contencioso con un proceso contencioso administrativo.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0827/2025-S3 Sucre, 30 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 56172-2023-113-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 78/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 182 a 185, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento Sociedad Anónima (EPSAS S.A.) INTERV. representada por Justo Gustavo Chambi Cáceres contra Iván Ramiro Campero Villalba y Delfín Esteban Mamani Mamani, Vocales de la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memoriales presentados el 20 de enero y 10 de febrero de 2023, cursantes de fs. 142 a 145 y vta. y 153 a 155, la parte accionante manifestó:
En la gestión 2018, EPSAS S.A. INTERV., obtuvo del Gobierno Autónomo Municipal de Palca del departamento de La Paz, la autorización signada con el número GAMP/SACH/517/18 de 28 de agosto de 2018, a fin de aperturar zanjas para la extensión de la Red de Alcantarillado en el Sector de Utama – Palca, Av. La Paz, Chinchaya Chicani, calle A, calle B, calle C y calle 2, dentro el “Proyecto Extensión de Red de Alcantarillado Sanitario Construcción de Obra con Participación Vecinal” (OPV-Mixta). Posteriormente el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, emitió la notificación DFOS-29-2019 de 11 de junio, imponiendo la multa a EPSAS S.A. INTERV, en la suma de Bs1 740 960 (un millón setecientos cuarenta mil novecientos sesenta bolivianos), por la apertura de zanjas, argumentando que los trabajos realizados estarían dentro de la jurisdicción territorial del municipio de La Paz y no se habría solicitado ninguna autorización para ejecutar dichas obras; en ese contexto, EPSAS S.A. INTERV., presentó recurso de revocatoria y recurso jerárquico; empero, la entidad gubernamental municipal, confirmó la decisión. Por lo que, EPSAS S.A. INTERV, acudió a la revisión judicial a través del proceso contencioso administrativo contra dicha entidad municipal, en la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en consecuencia, se emitió el Auto 480/2021 de 22 de octubre, que declaró la extinción de la acción por inactividad procesal y el mismo fue declarado ejecutoriado por Auto 27/2022 de 28 de enero. En tal razón, el 30 de junio de 2022, EPSAS S.A. INTERV., presentó en la misma Sala, nueva demanda contenciosa administrativa contra el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, jurisdicción que mediante providencia de 12 de agosto de igual año, formuló observaciones que debían ser subsanadas en el término de tres días; no obstante, pese a haber sido superadas y presentadas por memorial de 1 de septiembre del indicado año, las autoridades demandadas emitieron el Auto 279/2022 de 5 de septiembre, declarando por no presentada la demanda, presuntamente por haberse interpuesto defectuosamente; sin embargo, el señalado Auto, no fundamentó de manera clara y precisa los motivos por los cuales se habría emitido tal disposición; es decir, no explica, ni detalla que aspectos fueron subsanados y que aspectos no, limitándose a mencionar de manera genérica que no se estaría cumpliendo lo dispuesto por el art. 327 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPC Abrg.). Además, citando el art. 781 del CPC Abrg., expresó que debe acompañarse toda la prueba a la demanda, puesto que en la vía ordinaria de puro derecho no existe un periodo de prueba; por ello, se adjuntó al memorial de subsanación la prueba documental, sin que haya pronunciamiento alguno al respecto. En ese entendido, el 6 de octubre de 2022, presentaron recurso de apelación contra el mencionado Auto 279/2022; sin embargo, mediante providencia de 7 de octubre de 2022, rechazaron el recurso de apelación por ser improcedente; por lo que, al presente no existe la posibilidad de presentar otra demanda.
Denunció la lesión de sus derechos de acceso a la justicia, a la defensa; y, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia, se disponga la nulidad del Auto 279/2022 de 5 de septiembre, a objeto que la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita nueva resolución de manera fundamentada y motivada admitiendo la demanda, y sea la instancia judicial la que pueda dilucidar la controversia judicial en un debido proceso.
Celebrada la audiencia pública virtual el 19 de abril de 2023, según consta en acta cursante de fs. 176 a 181, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante, ratificó el contenido íntegro de su demanda tutelar.
Delfín Esteban Mamani Mamani e Iván Ramiro Campero Villalba, Vocales de la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sin concurrir a la audiencia de la acción de amparo constitucional presentaron informe escrito el 19 de abril de 2023, cursante de fs. 163 a 166 vta., expresando que: a) Las observaciones formuladas a la demanda contenciosa administrativa se basaron en el principio de admisibilidad, de donde se tiene que el fundamento de la demanda no es claro, concreto ni preciso; por lo que, incumple el art. 327 incs. 5, 6 y 7 del CPC Abrg., los hechos expuestos no son claros ni precisos, menos guardan relación con la pretensión, tampoco señala la norma en la que ampara su petición, respecto a la nulidad de la Resolución Administrativa SMCCO 22/2019; puesto que, el hecho alegado debe constituirse en uno de los supuestos previstos en la norma, tampoco adjuntaron la documentación extrañada y el poder de representación con facultades para la tramitación de la causa, habiendo subsanado otros puntos, en ese entendido se declaró por no presentada la demanda mediante Auto 279/2022; b) En mérito al art. 5 de la Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo -Ley 620 de 29 de diciembre de 2014-, el proceso contencioso administrativo no reconoce la tramitación del recurso de apelación, solo del recurso de casación; por lo que, ese Tribunal se encontraba impedido de considerar el recurso de apelación, por inobservancia de la norma adjetiva, en ese entendido “…la parte recurrente, no hubiere agotado la vía legal, para la interposición del amparo en la vía Constitucional…” (sic); y, c) La parte recurrente no interpuso ni los recursos ni medios que la ley le franquea y pretende acudir a la justicia constitucional, la misma que no es subsidiaria de ninguna manera porque no forma parte de los procedimientos ordinarios, por ello no puede ser empleado como una instancia adicional, alternativa o complementaria de las acciones ordinarias y especiales, según la SCP 1666/2005 de 19 de diciembre. Por lo expuesto solicita se deniegue la tutela, puesto que “(NO INTERPUSO RECURSO DE CASACION EN CONTRA EL AUTO DE DEFINITIVO DE NO PRESENTADA LA DEMANDA)”… (sic).
Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de su representante, concurriendo a la audiencia pública virtual, presentó informe escrito, el 19 de abril de 2023, cursante de fs. 172 a 175, manifestando que: 1) El proceso contencioso administrativo es un proceso regulado por la Ley 620 que dispone la aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil abrogado, el Protocolo Sobre Aplicación de Procedimiento en Materia Contenciosa y Contenciosa Administrativa que regula el procedimiento y diversos aspectos del proceso y las Circulares 02/2016 y 05/2021 del Tribunal Supremo de Justicia, referidas a la tramitación de los procesos contenciosos y contencioso administrativos; 2) Es un proceso de control de legalidad, de puro derecho, no cuenta con un plazo probatorio, se tramita en única instancia, en el que se verifica que el proceso administrativo se haya tramitado conforme a la normativa vigente al caso, sin que se haya vulnerado derecho alguno; 3) Únicamente existió descuido y dejadez de la parte solicitante de tutela en la presentación de la demanda; puesto que tenía todo el tiempo para solicitar fotocopias legalizadas de todo lo obrado en sede administrativa y subsanar las observaciones hechas por el Tribunal, más cuando en una primera oportunidad fue declarado la extinción de la acción por inactividad; y, 4) En el punto 5.2 de la acción de amparo constitucional, se cita el art. 110 del Código Procesal Civil (CPC), sin embargo, en éste tipo de procesos opera la ultra actividad de la ley, por lo que se aplica el art. 327 del Código de Procedimiento Civil Abrogado. Por lo expuesto solicita se deniegue la tutela solicitada.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 78/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 182 a 185, denegó la tutela solicitada con los siguientes argumentos: i) La parte accionante tenía la facultad de interponer el recurso de casación contra el Auto 279/2022, que declaró por no presentada la demanda, por haberse interpuesto de manera defectuosa; y, ii) En el presente caso, se presentó de manera errada el recurso de apelación, observada por la misma autoridad jurisdiccional, por lo que la Sala Constitucional considera la improcedencia de la acción sin ingresar al análisis de fondo, por incumplir el principio de subsidiariedad. En vía de aclaración, enmienda o complementación, la parte accionante manifestó que existe una contradicción entre dos disposiciones emitidas por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de donde se tiene que el informe remitido por los demandados en lo más relevante indica que no se habrían planteado los recursos que la Ley prevé, “señalando que EPSAS tenía la posibilidad de presentar en su momento el Recurso de Casación y no así el recurso de apelación (principio de subsidiariedad)” (sic); y, por otra parte la providencia de 7 de octubre de 2022, que rechaza el recurso de apelación por ser manifiestamente improcedente, conforme al art. 5.II de la Ley 620, señalando textualmente: “Contra la resolución que resuelva el proceso contencioso administrativo, no procede recurso ulterior” (sic); en ese sentido, la parte accionante solicitó que se aclare, enmiende o complemente cual la valoración y pronunciamiento del Tribunal de garantías sobre dicha contradicción; puesto que, por una parte las autoridades accionadas señalan: “…contra el proceso contencioso administrativo no procede recurso alguno, y por otra parte señalan que EPSAS tenía la posibilidad de presentar recurso de Casación…” (sic) La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, citando el art. 36.9 del CPCo., determinó no ha lugar la solicitud, puesto que la misma fue presentada fuera de plazo, siendo que la Resolución 78/2023 fue notificada el 19 de abril de 2023, a horas quince con veinte minutos y la solicitud se presentó el 20 del mes y año citado a horas dieciséis con doce minutos, sobrepasando el plazo para la presentación de solicitud de aclaración, enmienda o complementación que es de veinticuatro horas a partir de su notificación.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 13 de marzo de 2020, EPSAS S.A. INTERV. -hoy accionante-, interpuso demanda contenciosa administrativa contra el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz por la emisión de la Resolución Administrativa SMCCO 022/2019 de 12 de septiembre, que fue observada en seis puntos mediante providencia de 12 de agosto de 2022 por la Sala Social Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 3 y 100 a 112 vta.).
con la suma “Subsana Observaciones” la empresa accionante subsanó las observaciones formuladas por providencia de 12 de agosto de 2022 y solicitó se admita la demanda contenciosa administrativa, obteniendo como respuesta el Auto 279/2022 de 5 de septiembre, de la misma Sala, que declaró por no presentada la demanda, por haberse interpuesto de manera defectuosa (fs. 113 a 116 vta.). II.3. Mediante memorial presentado el 6 de octubre de 2022, la empresa impetrante de tutela interpuso recurso de apelación contra el Auto 279/2022 de 5 de septiembre, solicitando que el Tribunal de apelación revoque totalmente el Auto impugnado, en respuesta el Tribunal de la causa pronunció la providencia de 7 de octubre de 2022, rechazando el recurso de apelación por ser manifiestamente improcedente (fs. 118 a 122).
La empresa accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos de acceso a la justicia, a la defensa; y, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación; puesto que, los Vocales demandados, en el proceso contencioso administrativo seguido contra el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, emitieron el Auto 279/2022 de 5 de septiembre, que declaró por no presentada la demanda, considerándola defectuosa, y el recurso de apelación presentado, fue rechazado por su manifiesta improcedencia.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0088/2019-S3 de 15 de marzo, señaló que: «La Constitución Política del Estado en su art. 179.I, definió la existencia de la jurisdicción especializada, estipulando que la misma sería regulada por ley; en virtud a ello, se promulgó la Ley de Transición Para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional -Ley 212 de 23 de diciembre de 2011-, que en su art. 10.I determinó que: “La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conocerá las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano Ejecutivo, y de las demandadas contenciosas - administrativas, a que dieren lugar las resoluciones del mismo; hasta que sean reguladas por ley como Jurisdicción Especializada”. Posteriormente, el 19 de noviembre de 2013, se promulgó el Código Procesal Civil, que en su Disposición Final Tercera determinó: “De conformidad a lo previsto por la Disposición Transitoria Décima de la Ley N° 025 de 24 de junio de 2010, Ley del Órgano Judicial, quedan vigentes los Artículos 775 al 781 del Código de Procedimiento Civil, sobre Procesos: Contencioso y Resultante de los Contratos, Negociaciones y Concesiones del Poder Ejecutivo y Contencioso Administrativo a que dieren lugar las resoluciones del Poder Ejecutivo, hasta que sean regulados por Ley como jurisdicción especializada”. Finalmente, se promulgó la Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contenciosos y Contenciosos Administrativos -Ley 620 de 29 de diciembre de 2014-, cuya disposición derogatoria única dispuso: “Se deroga el Parágrafo I del Artículo 10 de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011, de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional”, incluyendo en su art. 4, lo siguiente: “Para la tramitación de los procesos contenciosos y contenciosos administrativos, se aplicarán los Artículos 775 al 781 del Código de Procedimiento Civil, hasta que sean regulados por Ley, como jurisdicción especializada, conforme establece la Disposición Final Tercera de la Ley Nº 439 de 19 de noviembre de 2013, ‘Código Procesal Civil’”. Dicha ley fue promulgada para regir de manera transitoria y regular la tramitación de los procesos contencioso y contencioso administrativo, crear la estructura del Tribunal Supremo de Justicia y de los Tribunales Departamentales, a través de las Salas especializadas denominadas Contenciosa y Contenciosa Administrativa, estableciendo sus atribuciones y regulando de manera específica la tramitación y substanciación de los mismos. En ese marco, la diferencia entre estos procesos está plenamente identificada en la normativa legal vigente, determinando que el proceso contencioso obedece a un conflicto emergente como resultado, ya sea de contratos, negociaciones y concesiones del Gobierno Central y demás instituciones públicas o privadas que cumplan roles de administración pública a nivel nacional -siendo competencia de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa como parte del Tribunal Supremo de Justicia-; o, de los gobiernos autónomos departamentales, municipales, indígena originario campesinos y regionales; universidades públicas, y demás instituciones públicas o privadas que cumplan roles de administración estatal a nivel departamental -son de competencia la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa de los Tribunales Departamentales de Justicia-. Respecto a la vía recursiva, contra la resolución que resuelva el proceso contencioso, procederá el recurso de casación, a saber: a) En los procesos contenciosos tramitados en las Salas Contenciosas y Contenciosas Administrativas de los Tribunales Departamentales de Justicia, los recursos de casación serán resueltos por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia; y, b) En los procesos contenciosos tramitados en la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, y los recursos de casación serán resueltos por la Sala Plena de dicho Tribunal.
En cambio, el proceso contencioso administrativo es un trámite que se presenta para impugnar en la vía judicial resoluciones emitidas por el Estado, que necesariamente no tengan otra vía o forma para ser modificadas o revocadas por la entidad pública que emitió un acto administrativo como la instancia de control judicial a la fase administrativa, y a diferencia del proceso contencioso, contra la resolución que resuelva el proceso contencioso administrativo, no procede recurso ulterior y debe ser sustanciado de puro derecho, ya que se observará si efectivamente se restringió o limitó un derecho privado en la tramitación de los recursos legales interpuestos en sede administrativa establecidos en la Ley 2341; lo que significa que, una vez agotados los recursos de impugnación y cuando así corresponda, el particular puede iniciar el citado proceso contencioso administrativo ante la autoridad jurisdiccional, si considera que sus intereses legítimos o derechos subjetivos fueron lesionados o perjudicados a causa de una determinación del Estado o cuando exista oposición entre el interés público y privado» (las negrillas nos corresponden).
Sobre el particular, la SCP 0893/2014 de 14 de mayo, concluyó que: «…El contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada, fue desarrollado en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo en cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental.
Así, las señaladas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, concluyeron que las finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etcétera) que resuelva un conflicto o una pretensión son: “1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…” (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre); y, “…5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo, que implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos…” (SCP 0100/2013 de 17 de enero).
Sobre el segundo contenido; es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: “…la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta es b.2) una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) una ‘motivación insuficiente’” desarrollando más adelante, el contenido de cada una de ellas.
“b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una ‘decisión sin motivación’, debido a que ‘decidir no es motivar’. La ‘justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]’.
b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ‘motivación arbitraria’. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) ‘Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, e[n] escrito cumplimiento de las garantías procesales’.
En efecto, un supuesto de ‘motivación arbitraria’ es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión.
(…)
b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente’”» (las negrillas nos corresponden).
Por su parte, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, que a su vez citó a la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre, estableció que: «“…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.
Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R, de 25 de junio, que ampliando el entendimiento de la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre señaló lo siguiente: ‘(…) el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión’.
(…)”.
La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados…» (las negrillas son nuestras).
El art. 4 de la Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso administrativo, establece que en dichos procesos se aplicarán los arts. 775 al 781 del CPC abrg., hasta que sean regulados por ley como jurisdicción especializada, conforme establece la Disposición Final Tercera del CPC-Ley 439 de 19 de noviembre de 2013-norma que a su vez señala: De conformidad a lo previsto por la Disposición Transitoria Décima de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), quedan vigentes los arts. 775 al 781 del CPC abrg., sobre procesos: contencioso y resultante de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo y contencioso administrativo a que dieren lugar las resoluciones del Poder Ejecutivo, hasta que sean regulados por Ley como jurisdicción especializada. Por su parte, el art. 5.II de la citada Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso administrativo, dispone que, contra la resolución que resuelva el proceso contencioso administrativo, no procede recurso ulterior. En ese marco, cabe señalar que el proceso contencioso administrativo se tramita en una sola instancia.
La Empresa accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos de acceso a la justicia, a la defensa y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación; puesto que, los Vocales -ahora demandados-; emitieron el Auto 279/2022 de 5 de septiembre, a raíz del proceso contencioso administrativo seguido contra el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, mismo que declaró por no presentada la demanda, considerándola defectuosa y el recurso de apelación interpuesto, fue rechazado por su manifiesta improcedencia. De los antecedentes adjuntos a la presente causa constitucional se establece que ante la demanda contenciosa administrativa presentada el 13 de marzo de 2020, por EPSAS S.A. INTERV.-hoy accionante-contra el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz por la emisión de la Resolución Administrativa SMCCO N° 022/2019 de 12 de septiembre, la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz formuló observación en seis puntos mediante providencia de 12 de agosto de 2022, conforme a los siguientes aspectos: a) No cumple con el art. 327 incs. 5, 6 y 9 del CPC Abrg.; puesto que, los hechos no son claros ni precisos; b) No observa el inc. 7, al no señalar la norma en que ampara su petición de nulidad de Resolución Administrativa cuestionada y la consiguiente subsunción de los hechos; c) Incumple el inc. 9 al no haber dado cumplimiento del art. 327 incs. 5, 6 y 7 del CPC Abrg. precisando los hechos; d) Cúmplase a cabalidad el art. 330 del CPC Abrg., “…con relación a toda la documentación que estuviere en poder de la parte, o en su caso la individualización de la misma en otras reparticiones, y en consideración a la carga subjetiva de la prueba…” ([sic] el resaltado es añadido); e) Cúmplase con el art. 1311 del Código Civil, con relación a la documentación en fotocopia simple; f) Deberá adjuntar testimonio de poder que cuente con facultades para la tramitación de la causa conforme a las Leyes 025 y 620 (Conclusión II.1). Así también se tiene que, la empresa accionante, mediante memorial presentado el 1 de septiembre de 2022, con la suma “Subsana Observaciones”, subsanó las observaciones formuladas por providencia de 12 de agosto de 2022 y solicitó se admita la demanda contenciosa administrativa, obteniendo como respuesta el Auto 279/2022 de 5 de septiembre, de la misma Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró por no presentada la demanda, por haberse interpuesto de manera defectuosa (Conclusión II.2). Contra ésta decisión, la empresa solicitante de tutela presentó recurso de apelación que fue rechazada por ser manifiestamente improcedente (Conclusión II.3). Ahora bien, es necesario tomar en cuenta que la pretensión de la parte accionante es la nulidad del Auto 279/2022 de 5 de septiembre y la emisión de un nuevo Auto debidamente fundamentado y motivado; en ese entendido, es absolutamente necesario precisar los fundamentos desplegados en el cuestionado Auto. Al respecto, de la lectura del mismo se puede advertir que, aludiendo a la naturaleza del proceso -ordinario de puro derecho, sin etapa probatoria-, enfatiza que la parte demandante debe necesariamente “adjuntar toda la prueba exigida cuando la misma es necesaria a efectos de observar, admitir o rechazar la demanda” agrega “no pudiendo el Tribunal a tal efecto estar a las resultas de la remisión o no de tal prueba por la parte demandada ni ejercer la carga de producir prueba para una de las partes”, para concluir expresando “al no haber cumplido con aquella carga, corresponde tener por no tener presentada la presente acción” (sic). En principio, el Auto cuestionado enfatiza de manera reiterada el incumplimiento en el cual incurrió la empresa accionante del deber que tenía de adjuntar la prueba, siendo esta omisión el fundamento esencial para declarar por no presentada la demanda; sin embargo, es necesario recordar que las observaciones al memorial de demanda están expuestas en seis puntos como se tiene precisado en líneas precedentes -incluyendo el deber de adjuntar la prueba documental-, ahora bien del contenido del Auto motivo de la presente acción tutelar, no es posible precisar si los demás puntos observados fueron subsanados o no, por la empresa accionante; puesto que, al haber referido de manera reiterada en la omisión de adjuntar la prueba, debía concluirse implícitamente que solo éste aspecto fue incumplido y las demás observaciones fueron superadas, aspecto que torna el referido Auto en ambiguo y confuso, por la falta de una debida fundamentación y motivación, obviando los elementos esenciales del contenido de una resolución; conforme se tiene de la cita jurisprudencial referida en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Ahora bien, los fundamentos del cuestionado Auto, aluden genéricamente al deber de adjuntar la “prueba exigida”, sin precisar de manera fundamentada, cuál es la prueba exigida en el caso concreto. Tomando en cuenta la norma aplicable al caso art. 330 del CPC Abrg, otro aspecto que se debe destacar se refiere exclusivamente al deber de adjuntar de la prueba documental que estuviere en poder del accionante, con excepción expresa de su individualización (indicando contenido, lugar, archivo y oficina pública o persona en poder de quien se encontrare) de la prueba documental que no tuviere a su disposición, aspecto que también es mencionado de manera expresa en el punto d) de la providencia de 12 de agosto de 2022 (observaciones a la demanda); sin embargo, el Auto cuestionado no desarrollo la debida fundamentación y motivación específicamente respecto a la prueba documental adjuntada por la empresa impetrante de tutela y la prueba documental “relativos al proceso donde EPSAS S.A. INTERV., presentó todos los descargos referentes a la obra” en poder o bajo custodia del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (entidad demandada en el proceso contencioso administrativo), aspecto de capital importancia; puesto que, los fundamentos del Auto cuestionado se encuentran vinculados con estos temas. De igual manera, la jurisprudencia constitucional, fue contundente en señalar que, la exigencia de fundamentar las decisiones es más relevante en resoluciones de última instancia, como es el caso en estudio expresando que la exigencia de fundamentar las decisiones; máxime, cuando se trata de resolver recursos que tienen carácter definitivo y por lo mismo, es imprescindible que dichas resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa (Fundamento Jurídico III.2); por lo que, no le está permitido a un juez o tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes, tal como acontece en este caso; con mayor razón, si se tiene en cuenta que, el contar con una resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso.
Finalmente, en el caso concreto como se observa del Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional el proceso contencioso administrativo es un trámite que se presenta para impugnar en la vía judicial resoluciones emitidas por el Estado, como en el presente caso contra la Resolución Jerárquica emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; y, se plantea una vez agotados los recursos de alzada y jerárquico, en el caso acontecido recurso de revocatoria y jerárquico, ello con el fin de que la autoridad judicial revise la actividad administrativa y si en el proceso hubo errores que puedan ser subsanados o si se vulneraron derechos, lo cual implica que los Vocales de la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, tenían la labor de fundamentar el Auto que, declara por no presentada la demanda. Por otra parte, los Vocales de la Sala Constitucional Segunda del referido Tribunal, no tomaron en consideración que contra una resolución emitida en la vía contenciosa administrativa, no existe recurso ulterior alguno, así lo determina la Ley 620 que en su art. 5.II refiere: “Contra la resolución que resuelva el proceso contencioso administrativo, no procede recurso ulterior”, norma plenamente vigente conforme al art. 4 del CPCo. Conforme a los razonamientos desplegados puede advertirse que el Auto cuestionado incurre en imprecisiones y es carente de las justificaciones que sustenten en derecho la decisión de declarar por no presentada la demanda contenciosa administrativa que se desarrolla y resuelve en única instancia; en esas circunstancias, de acuerdo a los antecedentes, la jurisprudencia citada, y los entendimientos desarrollados en el presente fallo constitucional, el Auto cuestionado se torna en una Resolución arbitraria; puesto que, no contiene un razonamiento que sustente la decisión asumida, puntualmente no se encuentra fundado en derecho y la determinación de los Vocales demandados impide la posibilidad de que el Tribunal de la causa escuche y considere los fundamentos de fondo del demandante ahora accionante; en ese sentido, el Auto impugnado, al no contar con la debida fundamentación y motivación, se aparta de la obligación que tienen todas aquellas autoridades judiciales o administrativas que conocen la sustanciación de un proceso de exponer las razones fácticas y jurídicas suficientes que expliquen, las causales que lo llevaron a adoptar una decisión, lo contrario significaría desconocer el debido proceso.
Consiguientemente, de la jurisprudencia emanada de este Tribunal se tiene que frente a la verificación de lesión al debido proceso, la acción de amparo constitucional otorga tutela; puesto que, resultado de una decisión carente de motivación, se podría afectar no solo el debido proceso, sino también otros derechos conexos como el acceso a la justicia y el de defensa entre otros que forman parte del núcleo duro del debido proceso y por ende se encuentran vinculados unos con otros; en ese sentido, lo acontecido en el presente caso da mérito a la tutela solicitada. Respecto a la Resolución 78/2023 -en revisión-, llama la atención de este Tribunal que la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en los fundamentos de sustento para emitir la referida Resolución hubiese hecho cita de una normativa inapropiada al señalar: “…tomando en cuenta el Art. 5 núm. 2 de la Ley 12620 de 29 de septiembre se rechaza el recurso de apelación interpuesto por ser manifiestamente improcedente conforme a la norma legal mencionada, …” (sic), siendo que la norma legal citada no se vincula a la materia, y tampoco hace parte del decreto de 7 de octubre de 2022, citado en la parte pertinente; así también la Resolución 78/2023 en el desarrollo de los fundamentos para determinar la improcedencia de la acción tutelar , aplicando el principio de subsidiariedad establecido en el art. 54 del CPCo, incurre en una confusión entre las demandas “contenciosa” y “contenciosa administrativa”, al manifestar que la parte accionante tenía la posibilidad de interponer recurso de casación sin tomar en cuenta que dentro de un proceso “contencioso administrativo” no existe recurso ulterior alguno, conforme se explica en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que aborda ambos institutos jurídicos a partir de la naturaleza de los mismos, que permite establecer una diferencia sustancial entre ambos que conlleva un procedimiento distinto para su tramitación en la vía judicial ordinaria, cuya base legal corresponde a los arts. 3 y 5 -respectivamente-, de la Ley 620. De donde se concluye que la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al emitir la Resolución 78/2023, confundió el procedimiento previsto dentro de un proceso contencioso, con el de un proceso contencioso administrativo, siendo que la causa correspondía a un proceso “contencioso administrativo”. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicita, efectuó una incorrecta compulsa de los antecedentes del proceso.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1º REVOCAR la Resolución 78/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 182 a 185, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada.
2º DEJAR SIN EFECTO el Auto 279/2022 de 5 de septiembre, debiendo las autoridades demandadas emitir nuevo auto debidamente fundamentado y motivado en el plazo de cinco días de notificados con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional. 3° Llamar la atención, a la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por el grosero error, en el cual incurrió al haber confundido un proceso contencioso con un proceso contencioso administrativo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0827_2025-S3.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): c6eb7c8bb251c9e3509217595edb2be389919c53eae4ae96b61b4b7c86bca98d
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