Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 23 de agosto de 2023
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación, al trabajo, a una remuneración justa y equitativa en sus componentes de proporcionalidad y razonabilidad, a los principios de legalidad y seguridad jurídica, puesto que, las autoridades jurisdiccionales demandadas, respecto al cobro de sus honorarios profesionales en recurso de casación, regularon los mismos en un monto que no responde a lo establecido en la norma. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 0156/2022 de 5 de diciembre, cursante de fs. 46 a 48 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, en los términos consignados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0826/2023-S2 Sucre, 23 de agosto de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional Expediente: 51941-2022-104-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 0156/2022 de 5 de diciembre, cursante de fs. 46 a 48 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Javier Enrique Miranda Flores contra Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
Por memorial presentado el 8 de noviembre de 2022, cursante a fs. 1 y 20 a 24, el accionante expresó lo siguiente:
Dentro del patrocinio legal en un proceso ordinario civil de Alicia, Rosse Mary y Eduardo, todos Figueroa Zeballos, en lo referente al recurso de casación, acordaron que sus honorarios le serían cancelados de acuerdo al “…Arancel Mínimo de Honorarios profesionales de la Abogacía…” (sic); empero, los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia regularon los mismos por Auto Supremo 271/2022 de 21 de abril, en la suma de Bs1000.- (mil bolivianos), sustentándose en el art. 222 del Código Procesal Civil (CPC), al haber solo contestado el recurso de casación del caso con Número de Registro Judicial (NUREJ) 1070970; ante lo cual, sus patrocinados solicitaron enmienda, resuelta por Auto 05/2022 de 10 de mayo, declarando “No ha lugar” en referencia a la regulación de honorarios profesionales; incurriendo así los Magistrados demandados en una mala interpretación de la norma, al no adecuar su fundamentación y motivación a lo establecido en la Resolución Ministerial (RM) 87/2021, que en cumplimiento de la Ley del Ejercicio de la Abogacía -Ley 387 de 9 de julio de 2013-, dispuso la aprobación de los honorarios profesionales de los abogados por departamentos, correspondiendo regular sus honorarios en el monto de Bs5000.- (cinco mil bolivianos). Las autoridades judiciales demandadas, establecieron que tendría mayor valor la redacción del recurso de casación en procesos ordinarios que la contestación a este, dejando de lado el art. 1.13 del CPC, referido a la igualdad procesal de las partes en proceso; por cuanto, de la aplicación del art. 222 de igual norma, referente a la regulación de costas y costos, entendiendo que la parte que redacta el recurso de casación en caso de ser casada la resolución impugnada, el obligado tendría que pagar Bs5000.-, en desproporcionalidad a la contestación, como en el caso que declararon la improcedencia del recurso de casación y los obligados deben pagar Bs1000.-; por lo cual, consideró que efectuaron una errónea interpretación de dicho artículo, pues el mismo no determinó que el recurso de casación tenga más valor que la contestación a este. Los Magistrados demandados, estaban obligados a fundamentar y motivar su resolución con base en la “SC 0412/2011-R” que citó a la “SC 1846/2004-R” referido a los aspectos que el juez tomará en cuenta para fijar los honorarios profesionales, cuando no exista iguala suscrita entre partes, en ese sentido, el honorario debía establecerse por el Arancel Mínimo del Colegio de Abogados para una decisión justa y equitativa; sin embargo, los Magistrados alegaron una regulación correcta del honorario, en atención a la actividad procesal desarrollada en el marco del art. 222 del CPC, sin tomar en cuenta los precedentes antes anotados ni la “SC 0630/2010-R”, los cuales, si bien fueron emitidos antes de que el Ministerio de Justicia regule los honorarios profesionales de los abogados a través de la “RM 87/2021”, fijó los criterios que debían prevalecer. De ahí que, las autoridades judiciales demandadas consideraron el parámetro mínimo consignado en el arancel de honorarios profesionales de la abogacía, previsto en el art. 28.II de la Ley 387, aprobado a través de la “RM 087/2021”, puesto que sin un análisis del por qué correspondía determinar el monto de Bs1000.- y no Bs5000.- aplicado para el abogado que redactó el recurso de casación y no al que lo contestó, sustentando su decisión en una fundamentación y consideraciones retóricas. Añadió que, a través del Auto de Vista de 1 de junio de 2022, en el mismo proceso, por la respuesta al recurso de apelación, en cumplimiento al arancel mínimo de los abogados, le otorgaron el pago de costos y costas en la suma de Bs1500.- (mil quinientos bolivianos); con un valor superior al de una respuesta en recurso de casación; de ahí que, en esta última se basaron en apreciaciones subjetivas, retoricas y no fundamentadas.
Señaló como lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación, al trabajo, a una remuneración justa y equitativa en sus componentes de proporcionalidad y razonabilidad, a los principios de legalidad y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 13.I, 109.I, 115.I y II, 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto 05/2022 de 10 de mayo, y se modifique la última parte del Auto Supremo 271/2022 de 21 de abril, en relación a los honorarios profesionales, otorgándole Bs5000.- por el trabajo realizado en cumplimiento del arancel mínimo de la abogacía.
Celebrada la audiencia pública el 5 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 40 a 45 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; añadiendo que, las autoridades demandadas debieron tomar en cuenta que respondió en todo el proceso, el que no hicieron referencia al resultado obtenido; vale decir, que ganaron en casación, no hubo una compulsa de las circunstancias propias del caso, debieron tomar en cuenta la actividad procesal que se tuvo. Respondiendo a las interrogantes efectuadas en audiencia por los Vocales de la Sala Constitucional, manifestó: a) Pidió que se deje sin efecto el Auto 05/2022 y se modifique el Auto Supremo 271/2022, porque en la parte dispositiva los Magistrados demandados regularon sus honorarios profesionales en la suma de Bs1000.-; b) Presentó enmienda, puesto que existía error material, como el de Bs1000.- a Bs5000.-, la actividad desarrollada fue la contestación al recurso de casación y con base en la RM 87/2021, las autoridades demandadas tenían que haber corregido los honorarios profesionales a Bs5000.- pero le negaron mediante el Auto 05/2022, indicando que no existió error; y, c) Entendió del art. 222 del CPC, que cuando refiere a la actividad desarrollada, esta es realizada dentro de un proceso, en cambio la elaborada dentro del recurso de casación, solamente sería la contestación a los puntos de la parte recurrente, porque no habría otra.
Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berríos Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, remitieron informe escrito el 2 de diciembre de 2022, cursante de fs. 38 a 39, mediante el que solicitaron se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: 1) Emitieron el Auto 05/2022, en el que establecieron los honorarios profesionales, señalando: “...El art. 222 del Código citado sobre la regulación de costas y costos, tanto respecto del monto como de los obligados y beneficiarios, en atención a la actividad procesal desarrollada. La Ley N° 387 de 09 de julio de 2013 en su art. 28. III menciona que en caso de que la abogada o el abogado y su patrocinado no hubieran acordado el honorario profesional, regirá el arancel de honorarios profesionales de la abogacía. Bajo esos parámetros, no se reguló erróneamente el honorario dispuesto por el Auto Supremo N° 27/2022 en el monto de Bs. 1.000, puesto que esta regulación se realizó en atención a la actividad procesal desarrollada, en el marco del art. 222 del Código Procesal Civil, misma que fue la de contestar el recurso de casación. De otro lado, el monto de Bs5000.- fijado en la Resolución Ministerial N° 087/2021, está establecido para el honorario de redacción del recurso de casación en procesos ordinarios, que no ocurre en el caso, considerando que se fijó en costos el honorario a la contestación. En tal sentido no existe motivo que permita una enmienda al Auto Supremo aludido, como comprende la solicitante” (sic); 2) Los honorarios profesionales por el asesoramiento jurídico como abogado patrocinante en un proceso judicial, en un primer componente, está librado a la voluntad contractual de los celebrantes, mediante la suscripción de una iguala profesional y ante esta omisión contractual, como segundo componente, está ligado al arancel de honorarios profesionales, conforme regula el art. 28.II de la Ley 387, a saber: “En caso de que la abogada o el abogado y su patrocinado no hubieran acordado el honorario profesional, regirá el arancel de honorarios profesionales de la abogacía”, arancel que por la disposición normativa citada, estaba encomendada al Ministerio de Justicia; sin embargo, dicha entidad estatal al no regular el arancel para la contestación del recurso de casación, generó un vacío jurídico, ante lo cual el Auto Supremo impugnado, reguló esta actividad procesal en el monto de Bs1000.-, en función al principio de razonabilidad; cuya aplicación sería subsidiaria al no contar con un iguala profesional, sentido en el cual también fue emitido el Auto 05/2022; 3) En la respuesta al recurso de casación presentado, la parte hoy accionante no solicitó una regulación de honorarios en el monto pretendido; y, 4) La acción de amparo constitucional no sería otra instancia ordinaria para considerar reclamos establecidos en forma de alegatos, de ahí que el demandante de tutela mencionó la transgresión a principios constitucionales, los cuales deberán rechazarse, por cuanto protege la infracción de derechos constitucionales y no principios; es así que, no vulneraron los derechos invocados; toda vez que, los fundamentos vertidos en el Auto Supremo 271/2022 y Auto 05/2022, se adecuaron a los principios de congruencia, debida motivación y fundamentación.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 0156/2022 de 5 de diciembre, cursante de fs. 46 a 48 vta., concedió en parte la tutela impetrada, con relación a los derechos al debido proceso en su componente de fundamentación, motivación y a una justa remuneración; en consecuencia, dejó sin efecto el Auto 05/2022, disponiendo que los Magistrados demandados emitan una nueva resolución en observancia de los estándares del debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y derecho a una justa remuneración, en cuanto a la regulación de honorarios que contiene la última parte del Auto Supremo 271/2022 y denegó con relación al derecho al trabajo, determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) En el Auto 05/2022, los Magistrados demandados, hicieron referencia a lo reclamado en cuanto a la regulación de honorarios profesionales que “erróneamente” le asignaron el pago de Bs1000.-, al abogado que contestó al recurso de casación ahora accionante-, respecto de cual, el mismo cuestionó la errónea aplicación de la Ley 387 y la inobservancia de la “RM 87/2021”; puesto que, de acuerdo a dicha norma tendría que habérsele consignado Bs5000.-, en calidad de honorarios profesionales; ii) Los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, inicialmente se refirieron a la facultad de solicitar enmienda, relativa a cualquier error material en el Auto Supremo y manifestaron que el art. 222 CPC prevé que: "La autoridad judicial regulará los alcances de la condena en costos y costas, tanto respecto del monto como de los obligados y beneficiarios, en atención a la actividad procesal desarrollada”, citando también el art. 28.II de la Ley 387, relativo a que: "En caso de que la abogada o el abogado y su patrocinado no hubieran acordado el honorario profesional, regirá el arancel de honorarios profesionales de la abogacía”; a partir de lo cual sostuvieron que, no regularon erróneamente el honorario dispuesto en el Auto Supremo 271/2022, en el monto de Bs1000.-, porque fue realizado en atención a la actividad procesal desarrollada y que el monto fijado en la Resolución Ministerial citada estaría referido al honorario del abogado que elaboró el recurso de casación; iii) Al respecto, advirtieron una indebida fundamentación, por cuanto la “RM 87/2021”, solo fijó honorarios, mas no describió si sería para abogados recurrentes o no, regulando simplemente el honorario en cada tipo de proceso y sus etapas o recursos; por lo cual, el Auto 05/2022, se encontraría indebidamente fundamentado, al extraer supuestos alcances que no contiene la norma; iv) Lo propio ocurrió con el art. 222 del CPC; por cuanto, la misma contiene un supuesto, por el que la regulación se haría en atención a la actividad procesal desarrollada, pero esta previsión es ambigua, pues habrían etapas del proceso en las que no podrían aseverarse que la actividad fue amplia o escasa; y, si bien un recurso puede ser breve con un solo motivo; empero, ello tendría que aplicar tanto para la parte recurrente como para el que contestó el recurso, pues el art. 28.II de la Ley 387, dispuso que a falta de una iguala, rige el arancel de honorarios profesionales y excepcionalmente el juez lo regulará en función a la actividad desplegada, labor a ejercerse de manera razonable y cuando no aplicó de manera automática el arancel, pero el art. 222 del CPC, no tendría el mismo sentido en un proceso ordinario en primera instancia, donde se usaron todos los mecanismos, y en casación, donde solo se presenta un memorial; v) Así se entendería que el juez de instancia, apelación o de casación, tendría la posibilidad de regular según la actividad desarrollada; empero, la aplicación de esas disposiciones normativas requieren de una labor intelectiva previa, estableciendo el sentido y alcance de la norma, ajustando su aplicación a la realidad concreta, en el cual se tenga que analizar las particularidades del caso, pero en el caso examinado simplemente se circunscribieron a decir que no existió error; sin disponer, ni explicar cuáles fueron los parámetros de razonabilidad que emplearon para concluir que la regulación de Bs1000.- sería razonable; por cuanto, no es suficiente señalar que el recurrente redactó el recurso y la otra parte respondió, de ahí que, cuando no explicaron adecuadamente y asumieron una conclusión de que la norma no reguló la respuesta y que no es lo mismo la respuesta que el memorial de recurso de casación, dichas conclusiones carecerían del debido sustento jurídico, fáctico para el análisis, estando ante una resolución que lesiona el debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación; por lo cual, la decisión asumida resulta irrazonable y por efecto de esa lesión existe una afectación al derecho a una remuneración justa y equitativa; y, vi) Corresponde conceder la tutela parcialmente; vale decir, con relación a los derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación, y a una justa remuneración; no así con relación al derecho al trabajo como tal, por cuanto no se ha explicado de qué manera ha sido restringido, siendo además que lo que está reclamando la parte accionante es una remuneración justa a ese trabajo de acuerdo a los parámetros establecidos, tanto por una resolución ministerial como por los razonamientos jurisprudenciales.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa el Auto Supremo 271/2022 de 21 de abril, emitido en el Expediente signado CH-11-22-S dentro del proceso de división y partición de bienes inmuebles seguido por Marisol y Soledad, ambas Zeballos Espada, Flora Espada Mancilla Vda. de Zeballos por sí y en representación de Wendy Abigail Zeballos Espada contra Filiberta Zeballos Rejas en su condición de heredera de Esperanza Rejas Terán Vda. de Zeballos, Eduardo, Alicia y Rosse Mary, todos Figueroa Zeballos; Distrito de Chuquisaca, emitido en el recurso de casación interpuesto por Marisol y Soledad, ambas Zeballos Espada, Flora Espada Mancilla Vda. de Zeballos por sí y en representación de Wendy Abigail Zeballos Espada contra el Auto de Vista 005/2022 de 4 de enero, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, cuya parte resolutiva es como sigue: “POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I nUm.1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 531 a 534 vta., interpuesto por Marisol y Soledad ambas Zeballos Espada, Flora Espada Mancilla Vda. de Zeballos por sí y en representación de Wendy Abigail Zeballos Espada contra el Auto de Vista Nº 005/2022 de 04 de enero, corriente en fs. 522 a 524, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, Con costas y costos.
Se regula honorarios profesionales para el abogado que responde al recurso de casación en la suma de Bs. 1000” (sic [fs. 4 a 10 vta.]). II.2. Consta el Auto 05/2022 de 10 de mayo, emitido por la prenombrada Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que señaló: “VISTOS: El memorial de 09 de mayo de 2022 de enmienda del Auto Supremo N° 271/2022 de 21 de abril, presentado por Alicia Figueroa Zeballos por sí y en representación de Rosse Mary Figueroa Zeballos, dentro del proceso ordinario de división y partición de bienes inmuebles seguido por Marisol y Espada ambas Zeballos Espada, Flores Espada Mancilla Vda. de Zeballos por sí y en representación de Wendy Abigail Zeballos Espada contra Filiberta Zeballos Rejas en su condición de herederas de Esperanza Rejas Terán Vda. de Zeballos, Eduardo, Alicia y Rosse Mary todos Figueroa Zeballos los antecedentes del proceso, y:
CONSIDERANDO I: Alicia Figueroa Zeballos por sí y en representación de Rosse Mary Zeballos solicitan se enmiende el Auto Supremo N° 271/2022 de 21 de abril, en cuanto a la regulación de honorarios profesionales, ya que erróneamente se le habría asignado el pago de Bs. 1.000 al abogado que contestó al recurso de casación, siendo que en aplicación a la Ley N° 378 del Ejercicio de la Abogacía y en observancia a la Resolución Ministerial N° 087/2021 del Arancel de Honorarios aprobado se tenía que haber asignado Bs. 5.000 en calidad de honorarios para Javier Enrique Miranda flores, quien es el abogado que contesto el recurso de casación. CONSIDERANDO II: El art. 226 del Código Procesal Civil norma los supuestos de aclaración, enmienda y complementación de una determinación judicial, así el parágrafo III de la citada norma explica que se podrá solicitar la enmienda relativo a la corrección de cualquier error material en que hubiera incurrido el Auto Supremo. El art. 222 del código citado sobre la regulación de costas y costos, señala que la autoridad judicial regulará los alcances de la condena en costas y costo, tanto respecto del monto como de los obligados y beneficiarios, en atención a la actividad procesal desarrollada.
La Ley N° 387 de 09 de julio de 2013 en su art. 28.II menciona que en caso de que la abogada o el abogado y su patrocinado no hubieran acordado el honorario profesional, regirá el arancel de honorarios profesionales de la abogacía. Bajo esos parámetros, no se reguló erróneamente el honorario por el Auto Supremo N° 27/2022 en el monto de bs. 1.000, puesto que esta regulación se realizó en atención a la actividad procesal desarrollada, en el marco del art. 222 del Código Procesal Civil, misma que fue la de contestar al recurso de casación. De otro lado, el monto de Bs. 5.000, fijado en la Resolución Ministerial N° 087/2021, está establecido para el honorario de redacción del recurso de casación en procesos ordinarios, que no ocurre en el caso, considerando que se fijó en costos el honorario a la contestación. En tal sentido, no existe motivo que permita una enmienda del Auto Supremo aludido, como comprende la solicitante, no existiendo error en su determinación.
La Sala civil del Tribunal Supremo de Justicia, conforme a la exposición brindada supera, declara NO HA LUGAR a la solicitud de enmienda de Alicia Figueroa Zeballos por sí y en representación de Rosse Mary Figueroa Zeballos…” (sic [fs. 14 y vta.]).
El accionante denuncia la vulneración de sus sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación, al trabajo, a una remuneración justa y equitativa en sus componentes de proporcionalidad y razonabilidad, a los principios de legalidad y seguridad jurídica, puesto que, las autoridades jurisdiccionales demandadas, respecto al cobro de sus honorarios profesionales en recurso de casación, regularon los mismos en un monto que no responde a lo establecido en la norma. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 1474/2022-S2 de 15 de noviembre, citando a la SCP 0365/2012 de 22 de junio, determina que: “…el art. 46.I inc. 1) de la CPE, establece que toda persona tiene derecho: ‘Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna’. Entendiendo que el derecho a una remuneración justa, consagrado por la norma citada supra, conforme la SC 0874/2010-R de 10 de agosto, reiterando el entendimiento asumido por la SC 1612/2003-R de 10 de noviembre: ʽ...consiste en la potestad o facultad que tiene toda persona de recibir una retribución o contraprestación adecuada conforme al trabajo desarrollado, es decir, un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor. Empero, este derecho es concurrente al derecho al trabajo, no es independiente de este último, toda vez que se genera y se constituye en el momento en que la persona desarrolle una actividad o trabajo por cuenta de otra persona o del propio Estadoʼ. (…) En merito a lo expuesto precedentemente, se concluye que el derecho a la remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, establecido por el art. 46.I. de la CPE, constituye un derecho autónomo, y por lo tanto directamente justiciable. En consecuencia, dada la configuración procesal prevista por la Constitución Política del Estado Plurinacional y la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, que establece que, la acción de amparo constitucional podrá ser interpuesta, por toda persona natural o jurídica que se crea afectada, por otra a su nombre, con poder suficiente o por la autoridad correspondiente, por cualquier acción u omisión ilegal o indebida que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y la ley; por lo que los abogados, ahora accionantes, considerando la jerarquía del derecho a proteger, tienen la legitimación activa para plantear directamente la acción de amparo constitucional, aún sin constituir parte en el proceso; empero, habida cuenta que éstos se constituyen en directos afectados en su derecho a percibir una remuneración, justa y equitativa; nuevo entendimiento uniformado que se encuentra acorde a los valores y principios de la Constitución Política del Estado y que en adelante, debe ser asumido y aplicado…” (las negrillas nos corresponden). Esta misma Sentencia, haciendo referencia al derecho a la remuneración de los profesionales abogados, indicó: “Respecto al derecho a recibir una justa remuneración, la jurisprudencia constitucional ha entendido que: ‘Desde su concepción constitucional, el derecho a una remuneración justa es de carácter social y económico previsto por el art. 46.I.1) de la CPE vigente y señala que toda persona tiene derecho: «Al trabajo digno, con seguridad social industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna…»ʼ(SC 0572/2010-R de 12 de julio). En ese mismo sentido la SC 0731/2011-R de 20 de mayo, señaló que la misma consiste en: ʽ...la potestad, capacidad o facultad de toda persona para desarrollar cualquier actividad física o intelectualʼ, e incorporada en el art. 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), cuando indica que: ʽ1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo (…)ʼ; ‘(…) que le asegure a ella, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana (…)’. En armonía con estas declaraciones, el Tribunal Constitucional ha desarrollado este derecho en la SC 0102/2003, en sentido de que el derecho al trabajo: ‘supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular: a. Una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por igual trabajo, sin ninguna distinción’. (…) En contraprestación con estos servicios, el cliente tiene el deber de reconocer y pagar a su abogado los honorarios profesionales… con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio que le asegure para sí y su familia una existencia digna. (…) sin embargo, el cliente no puede ser sometido a cobros irracionales, desproporcionados e inequitativos, pues caso contrario se le estaría utilizando como un medio para lograr ventajas económicas, que no está permitido por nuestra normativa jurídica, vulnerando de esta manera el valor dignidad de la persona, así como el principio de razonabilidad, toda vez, que la regulación de honorarios en forma desproporcionada, sin atender a la relación entre el trabajo desplegado y los resultados obtenidos, determinaría que el cliente se vea obligado a cancelar el porcentaje de la cuantía sin haber recuperado el monto de los daños y perjuicios, lo que importaría una violación al valor supremo justicia que constituye actualmente uno de los valores sobre los cuales se basa el Estado plurinacional... Concluyendo que todo servicio profesional prestado por un abogado debe estar sujeto a una remuneración justa y equitativa, en base al valor superior de justicia y al principio de razonabilidad, por lo que las autoridades jurisdiccionales a momento de fijar honorarios profesionales deben hacerlo conforme a la iguala profesional presentada y en defecto de ésta, en proporción por los servicios prestados, todo ello en coherencia con el sistema de valores determinados por la Constitución Política del Estado, que constituyen el orden de convivencia política-social; valores superiores han sido instituidos por el Constituyente como primordiales para la colectividad, y que forman la base del ordenamiento jurídico, y a la vez, presiden su interpretación y aplicación; en virtud de lo estipulado por el art. 8.II, de la CPE cuando refiere que: ʽEl Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien” (énfasis añadido).
Al respecto, la SCP 0668/2016-S1 de 15 de junio, mencionando la SC 2023/2010-R de 9 de noviembre, señala: “La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. (…) cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; (…). Así la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, entre otras” (las negrillas son nuestras).
En la problemática planteada se tiene que el accionante actuó como abogado patrocinante de Alicia, Rosse Mary y Eduardo, todos Figueroa Zeballos (reconvencionistas), dentro del proceso ordinario civil -de división y partición de bienes inmuebles- seguido por Marisol y Soledad Zeballos Espada y otros, contra sus patrocinados y otros, en el que se dictó la Sentencia 64/2021 de 7 de septiembre, declarando improbada la demanda de división y partición de bienes inmuebles y probada la demanda reconvencional de cumplimiento de contrato con costas a favor del ejecutante, confirmado en su totalidad en apelación, fallo de segunda instancia que también fue recurrido en casación por las perdidosas el mismo que fue declarado infundado mediante Auto Supremo 271/2022 de 21 de abril, en cuya parte dispositiva regularon los honorarios profesionales de su persona como abogado que respondió al recurso de casación en la suma de Bs1000.- (Conclusión II.I); a cuyo efecto Alicia Figueroa Zeballos solicitó enmienda respecto de dicho punto que mereció el Auto 05/2022 de 10 de mayo, desestimando su pedido (Conclusión II.2). Ahora bien, el citado supra Auto 05/2022, en criterio del mismo, no contiene una adecuada fundamentación y motivación, al incurrir en una mala interpretación de lo establecido en la “RM 87/2021”, que regula los honorarios profesionales en casación en el monto de Bs5000.-; no obstante, al haberse declarado “no ha lugar”, corresponde analizar el Auto cuestionado que resolvió el fondo del asunto; vale decir, si a través del Auto 05/2022, las autoridades demandadas incurrieron en la lesión alegada. Es así que del contenido del memorial de enmienda, presentado por Alicia Figueroa Zeballos, por sí y en representación de Rosse Mary Figueroa Zeballos, de 9 de mayo de 2022, en suma pidió: “…en tiempo oportuno solicitamos ENMIENDE la regulación de honorarios profesionales del ABOGADO que nos atendió el caso (JAVIER ENRIQUE MIRANDA FLORES) como corresponde por ley en la suma de 5.000 bs. (CINCO MIL BOLIVIANOS 00/100) como establece el Arancel Mínimo de Honorarios Profesionales de la Abogacía que mediante RESOLUCION MINISTERIAL N° 087/2021 en cumplimiento de la ley N° 387 del ejercicio de la Abogacía fue aprobado el nuevo arancel para el departamento de Chuquisaca” (sic). Enmienda resuelta a través del Auto 05/2022, que no dio lugar a la misma, con base en suma de los fundamentos esgrimidos en el CONSIDERANDO II, a saber:
“El art. 222 del código citado sobre la regulación de costas y costos, señala que la autoridad judicial regulará los alcances de la condena en costas y costo, tanto respecto del monto como de los obligados y beneficiarios, en atención a la actividad procesal desarrollada. La Ley N° 387 de 09 de julio de 2013 en su art. 28.II menciona que en caso de que la abogada o el abogado y su patrocinado no hubieran acordado el honorario profesional, regirá el arancel de honorarios profesionales de la abogacía. Bajo esos parámetros, no se reguló erróneamente el honorario por el Auto Supremo N° 27/2022 en el monto de bs. 1.000, puesto que esta regulación se realizó en atención a la actividad procesal desarrollada, en el marco del art. 222 del Código Procesal Civil, misma que fue la de contestar al recurso de casación. De otro lado, el monto de Bs. 5.000, fijado en la Resolución Ministerial N° 087/2021, está establecido para el honorario de redacción del recurso de casación en procesos ordinarios, que no corre en el caso, considerando que se fijó en costos el honorario a la contestación. En tal sentido, no existe motivo que permita una enmienda del Auto Supremo aludido, como comprende la solicitante, no existiendo error en su determinación” (sic). Concluyendo que del análisis efectuado al Auto 05/2022, no se evidenció la vulneración del derecho al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación por parte de las autoridades hoy demandadas al momento de pronunciar dicho fallo; ello conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; toda vez que, respondieron de manera motivada, clara y concisa a la enmienda solicitada por la patrocinada respecto del memorial de contestación al recurso de casación, elaborado por su abogado, ahora accionante, justificando razonablemente su decisión; de donde se infiere, la inexistencia de lesión alguna; toda vez que, las autoridades judiciales demandadas actuaron en el marco de la previsión contenida en el art. 222 del CPC, sobre la regulación de costas y costos, que comprende a los honorarios profesionales que señala, que la autoridad judicial regulará los alcances de la condena en costas y costos, tanto respecto del monto como de los obligados y beneficiarios, en atención a la actividad procesal desarrollada; vale decir, en el caso que se examina, a la elaboración del memorial de contestación al recurso de casación. Regulación que se ajusta a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; dado que, además de citar las normas que apoyan y sustentan su determinación, expusieron en sus fundamentos que no regularon erróneamente el honorario en el monto de Bs1000.-, sino que este responde a la actividad procesal desarrollada que fue la de contestar al recurso de casación, considerando por lo tanto el servicio profesional prestado por el abogado, traducido en una remuneración justa y equitativa, con base en el valor superior de justicia y al principio de razonabilidad, por lo que las autoridades jurisdiccionales fijaron en el referido monto los honorarios profesionales, en proporción por los servicios prestados en esa instancia procesal. Por consiguiente, al no haberse demostrado la vulneración de los derechos alegados por la parte accionante, se hace inviable otorgar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 0156/2022 de 5 de diciembre, cursante de fs. 46 a 48 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, en los términos consignados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0826_2023-S2.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2ac56fc6c16d6a462bb18a1d9427e7876f48ab23516b0ad6e4d528547e0ed943
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