B.IA.LEGAL

SCP 0825/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 18 de septiembre de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
18 de septiembre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
52607-2023-106-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de su derecho de acceso al servicio básico de alcantarillado sanitario; puesto que, los miembros del Directorio de la Junta de Vecinos de la OTB de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba y vecinos de la misma zona, mediante medidas de hecho cortaron el indicado servicio básico que fue contratado e instalado por EMAPAS, por la destrucción del tubo de alcantarillado sanitario, conminándola a efectuar pagos en dicha OTB en especial de la red de alcantarillado sanitario ante la Cooperativa la Promotora. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 189/2022 de 14 de diciembre, cursante de fs. 130 a 136 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada por Jenny Quea Pérez, respecto al derecho de acceso al servicio básico de alcantarillado sanitario, disponiendo que: a) Eloy Jhonny Torrez Aruquipa, Presidente y Martha Pablo Gutiérrez, Secretaria de Hacienda y demás miembros del Directorio de la Junta de Vecinos de la Organización Territorial de Base de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba y vecinos de la misma, restituyan de manera inmediata el servicio básico de alcantarillado sanitario en favor de la accionante, bajo su costo y riesgo, en coordinación con la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Sacaba del departamento de Cochabamba.

b) El cese de los actos de hostigamiento con motivo de la conexión e instalación del servicio básico de alcantarillado sanitario en favor de la accionante, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela con relación a la imposición de daños y perjuicios, de acuerdo con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la naturaleza de la acción de amparo constitucional y las medidas de hecho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0825/2024-S3 Sucre, 18 de septiembre de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 52607-2023-106-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 189/2022 de 14 de diciembre, cursante de fs. 130 a 136 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jenny Quea Pérez contra Eloy Jhonny Torrez Aruquipa, Presidente y Martha Pablo Gutiérrez, Secretaria de Hacienda, ambos de la Organización Territorial de Base (OTB) de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante por memoriales presentados el 29 de noviembre y 6 de diciembre de 2022, cursante de fs. 39 a 44 y 49 a 52, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 2020 adquirió un lote de terreno ubicado en la “…Urbanización Fed. Nac. Ferroviarios red Occidental – Zona Huayllani…” (sic), que se encuentra registrado a su nombre en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) y en el que se constituye su domicilio; empero, el citado lote no está afiliado a la OTB de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba, tampoco estuvo afiliado el anterior propietario; por lo que, no cuenta con personería jurídica. Sin embargo, fue objeto de constante hostigamiento en su domicilio y trabajo por el Presidente hoy accionado y el “Vocal” de la OTB de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba, con el propósito sonsacarle dinero con el pretexto de que sería deudora de dicha OTB, movilizando a personas desconocidas a la zona, quienes impidieron la instalación de la red del alcantarillado sanitario, sin considerar que ya contaba con el Contrato de 8 de julio de 2022, para la prestación del servicio básico de alcantarillado sanitario que fue suscrito con la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Sacaba (EMAPAS) del indicado departamento, previo cumplimiento de los requisitos exigidos. En ese sentido, puso en conocimiento de la indicada Empresa lo acontecido, quienes determinaron realizar la conexión de la instalación el 20 de igual mes y año, en presencia de sus respectivos técnicos e ingenieros; empero, el Presidente ahora accionado se apersonó a la puerta de su domicilio con el propósito de amenazarla con el corte del servicio básico de alcantarillado sanitario por una supuesta deuda, lo cual, también hizo conocer a EMAPAS. Asimismo, el 8 de septiembre de 2022, Jesús Gálvez Salazar se presentó a su fuente de trabajo con una nota en la que nuevamente fue amenazada del corte del servicio básico de alcantarillado sanitario por el Directorio de la Junta de Vecinos de la OTB de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba; razón por la que, se apersonó ante el Presidente ahora accionado con el propósito de conversar sobre lo acontecido, quien le indicó que tiene que pagar una cuota con intereses por la instalación de la red de alcantarillado sanitario y que la suma de dinero debía ser ajustada por la Secretaria hoy coaccionada; por lo que, se comunicó con la nombrada buscando una solución amigable; empero, le otorgó una planilla de liquidación con Bs16 950.- (dieciséis mil novecientos cincuenta bolivianos), de una supuesta deuda que debía pagar para contar con el derecho de uso del alcantarillado sanitario, a pesar de contar con el Contrato de 8 de julio de ese año, para la Prestación del Servicio de Alcantarillado Sanitario suscrito con EMAPAS. No obstante, mediante su hija pidió a dicho Directorio el número de cuenta bancaria para pagar solo el monto del mencionado servicio básico de alcantarillado y se negaron otorgarle esa información, porque no estaba inscrita en la citada OTB; además, que estaba obligada a pagar la totalidad de la referida suma de dinero, aspecto que puso en conocimiento de la indicada Empresa, sin recibir respuesta. En ese entendido, el 12 de noviembre de 2022, el Presidente ahora accionado y el Directorio de la Junta de Vecinos de la OTB de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba junto a algunos vecinos que desconoce, cavaron el suelo para cortar el servicio básico de alcantarillado sanitario, destrozando los tubos de conexión del mismo, privándole de dicho servicio básico y usurpando las funciones de EMAPAS sin considerar que ninguna persona ajena a la citada Empresa puede manipular, tampoco dañar las redes públicas de ese servicio básico según el “REGLAMENTO Y SUS SANCIONES”; extremo que fue denunciado ante la indicada Empresa, quienes le comunicaron la restitución del señalado servicio básico; empero, que no iniciarían acciones legales contra el Presidente ahora accionado.

El 25 de noviembre de 2022, los Técnicos de EMAPAS bajo la supervisión del Jefe de Alcantarillado de esa Empresa, al efectuar trabajos para la restitución del servicio básico de alcantarillado sanitario con la instalación de la red de alcantarillado, constataron la destrucción del tubo que conectaba el alcantarillado con su domicilio y que los restos se encontraban en vía pública. Sin embargo, dos días después, nuevamente el Presidente hoy accionado en compañía de su Directorio de la Junta de Vecinos de la OTB de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba y algunos vecinos, procedieron a realizar excavaciones y la destrucción del tubo de alcantarillado con un tractor, amenazando a su hijo menor de doce años de edad y a su persona, además de extorsionarla para que entregue grandes cantidades de dinero en una cuenta bancaria de la señalada OTB, a cambio de no cortarle ese servicio básico.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

La accionante denuncia la vulneración de su derecho de acceso al servicio básico de alcantarillado; citando al efecto el art. 20.I y III de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: a) Que el Presidente y la Secretaria hoy accionados, restablezcan el acceso al servicio básico de alcantarillado sanitario, restituyendo los tubos sustraídos y destruidos; b) Que EMAPAS, vele por la provisión del servicio de alcantarillado sanitario; y, c) La imposición del resarcimiento de daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 14 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 127 a 129 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Eloy Jhonny Torrez Aruquipa, Presidente y Martha Pablo Gutiérrez, Secretaria de Hacienda, ambos de la OTB de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba, mediante informe presentado el 14 de diciembre de 2022, cursante de fs. 120 a 122 vta., así como, en audiencia manifestaron que: 1) La acción de amparo constitucional carece de carga argumentativa con relación a los hechos denunciados; ya que, el relato no tiene congruencia, tampoco acompaña la prueba que demuestre los hechos vulneratorios; 2) Dirige la denuncia contra las autoridades de la Junta Vecinal de la citada OTB y algunos vecinos desconocidos, quienes supuestamente realizaron el corte de la cañería del alcantarillado, sin identificar con claridad quienes son esas personas, y si las mismas continúan cumpliendo sus funciones; además, no precisó el día y la hora en el que sucedieron los hechos denunciados y cuál fue su participación; por lo que no se determinó cómo se vulneraron los derechos constitucionales de la accionante; 3) La nombrada acompaña como prueba fotos y videos de la ruptura y destrucción del alcantarillado; empero, no adjunta el acta notariada; 4) Reconoce que no se puede realizar excavaciones de ningún tipo por la zona en la que se encuentra su lote de terreno -vivienda-, sin el permiso correspondiente del “SENAP” -siendo lo correcto Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP)-, porque es una área protegida; 5) Respecto a Martha Pablo Gutiérrez, no describe el hecho que permita suponer que desplegó arbitrariamente alguna acción contra la accionante; 6) La nombrada tampoco identificó la ubicación del su bien inmueble; ya que, acompaña un folio real con matricula computarizada 3101010019793 que se encuentra registrado en la Oficina de DD.RR. fijando la ubicación del referido bien en la Urbanización Ferroviario zona Huayllani, con 250 m de superficie; sin embargo, en su memorial señala que su domicilio se encuentra ubicado en la misma Urbanización “Calle innominada”, aspecto necesario para determinar qué propiedad fue afectada por las supuestas medidas de hecho, tomando en cuenta la ambigüedad de los datos proporcionados se tendría que la accionante cuenta con varias propiedades en el lugar, sin determinar con precisión la afectada; 7) El Contrato de 8 de julio de 2022, para la prestación del servicio de alcantarillado sanitario no especifica para qué domicilio fue contratada la instalación del servicio básico de alcantarillado sanitario; por lo que, con esa prueba no se puede precisar donde se produjeron las medidas de hecho; 8) La factura del servicio básico de luz que fue acompañada, señala como se hizo la instalación eléctrica en la zona Huayllani Urbanización Ferroviario Distrito 4; no obstante, el citado folio real indica que la propiedad se encuentra en el Distrito 37, lote de terreno 8; es decir, que cuenta con dos propiedades porque el indicado Contrato señala que está ubicado en el Distrito 4; 9) Los datos contenidos en la Nota de 8 de septiembre de igual año, dirigida a EMAPAS refiere agresiones a los trabajadores de esa Empresa en la citada fecha, los cuales no coinciden en tiempo y lugar con la denuncia presentada por la accionante; y, 10) Existe en fotocopia un Comunicado Interno de 22 de noviembre del mismo año, con referencia de denuncia, sobre una verificación realizada en el lugar adjuntando fotografías de respaldo; empero, estas no se encuentran y el muestrario fotográfico que acompaña, tampoco acredita las medidas de hecho. Por lo expuesto pide se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 189/2022 de 14 de diciembre, cursante de fs. 130 a 136 vta., concedió la tutela solicitada disponiendo: i) Que el Presidente hoy accionado y los vecinos -no identificados- en coordinación con EMAPAS restituyan el servicio básico del alcantarillado sanitario en el domicilio de la accionante, en el plazo de setenta y dos horas, con la reposición de los materiales dañados, específicamente la tubería destruida; y, ii) Se prohíbe al Presidente ahora accionado y a los vecinos -no identificados-, todo acto de hostigamiento y amenazas contra la accionante bajo alternativa de adoptarse medidas severas. Todo ello, bajo los siguientes fundamentos: a) La nombrada, como propietaria del lote de terreno donde constituye su domicilio asignado con el número 8, Manzano G-2, calle Innominada, Distrito 37 de la Urbanización ‘“…Federación Nacional de Ferroviarios-Red Occidental…’” (sic) de la zona Huayllani, con 250 m, inscrito con la matricula computarizada 3101010019793 el 11 de diciembre de 2022; suscribió un Contrato de 8 de julio de igual año, para la prestación del servicio de alcantarillado sanitario, con EMAPAS, habiendo cancelado para dicha instalación; b) El corte del referido servicio básico mediante la destrucción del tubo de alcantarillado sanitario realizada por el Presidente ahora accionado y los vecinos de la OTB de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba, fue verificado por los propios personeros de EMAPAS según la Comunicación Interna de 22 de noviembre de 2022, que en el acápite de denuncia evidenciaron restos de tubería y movimientos de tierra para cortar el servicio básico del alcantarillado sanitario respaldado por el muestrario fotográfico; no obstante, después de la reposición del material y la restitución de ese servicio básico el 27 de ese mes y año, el Presidente ahora accionado y los vecinos de la OTB de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba, nuevamente procedieron con el corte del citado servicio básico mediante las medidas de hecho; c) Por Nota de 8 de septiembre de ese año, el Presidente hoy accionado y Jesús Gálvez Salazar, Vocal de la indicada OTB, conminaron a la accionante a realizar sus pagos pendientes con la citada OTB, en especial de la red de alcantarillado sanitario a la Cooperativa la Promotora, caso contrario se procedería con el corte del señalado servicio básico, por determinación asumida en reunión ordinaria; d) De las medidas de hecho efectuadas derivaron en las “…Comunicaciones Internas de fechas 21 y 22 de noviembre de 2022 y también en la Comunicación Interna AL/071/2022 de fecha 13 de diciembre del año en curso presentada por ‘EMAPAS’” (sic); e) El corte arbitrario del mencionado servicio básico constituye una vulneración a los derechos fundamentales; por lo que no se puede cortar o amenazar con ese hecho los servicios básicos, mucho menos usar como mecanismo de presión para obtener beneficios como en ese caso, que la accionante fue privada del servicio básico de alcantarillado sanitario y suprimido mediante medidas de hecho efectuadas por el Presidente ahora coaccionado y terceros vecinos -no identificados-, lo cual se corroboró por los videos que adjuntaron, que se observa una maquinaria pesada realizando excavaciones en la puerta del domicilio de la accionante, para posteriormente destruir los tubos e inhabilitar el servicio básico o la conexión con la red del alcantarillado sanitario en dos oportunidades consecutivas; y, f) Específicamente respecto a la Secretaria hoy coaccionada, si bien se presentó la acción de defensa en su contra; empero, no se presentó elementos probatorios que la vinculen con las medidas de hecho.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Contrato Para la Prestación del Servicio de Alcantarillado Sanitario de 8 de julio de 2022, suscrito entre EMAPAS y Jenny Quea Pérez -hoy accionante-, por el que la indicada Empresa se obliga a prestar el servicio básico de alcantarillado sanitario incluyendo su instalación externa en favor de la nombrada (fs. 5 y vta.); quien por factura 29314 de igual fecha, canceló Bs691.- (seiscientos noventa y uno bolivianos) por el servicio de la “Conexión AASS” en la dirección “J.V. FERROVIARIO HAYLLANI D-4” (fs. 6). II.2. Por Nota presentada el 8 de julio de 2022, ante EMAPAS, la accionante denunció agresiones verbales que recibió por parte del “PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y OTROS” -miembros de la Directorio de la Junta de Vecinos de la OTB de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba-, quienes impidieron la conexión del servicio básico de alcantarillado sanitario tapando las excavaciones que se realizaron (fs. 108 a 109). II.3. Consta Nota de 20 de julio de 2022, dirigida al “PROPIETARIO” -accionante-, suscrita por Eloy Jhonny Torrez Aruquipa, Presidente -ahora accionado- y Jesús Gálvez Salazar, Vocal de la OTB de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba, por la que, se conminó a la accionante apersonarse a la mesa directiva para demostrar su derecho propietario y efectuar pagos en dicha OTB en especial de la red de alcantarillado que todo vecino está en la obligación de abonar, en mérito a la reunión extraordinaria desarrollada el 19 de ese mes y año, a las 20:00 horas, en la que se determinó darle un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación, caso contrario todos los vecinos realizaran el corte de la red de alcantarillado; Nota que le fue entregada el 20 de igual mes y año, a las 16:50 horas (fs. 24). II.4. Mediante Nota de 8 de septiembre de 2022, dirigida al “PROPIETARIO” -accionante-, el Presidente ahora accionado y Jesús Gálvez Salazar, Vocal de la OTB de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba, conminaron a efectuar pagos en dicha OTB en especial de la red de alcantarillado sanitario a la Cooperativa la Promotora, hasta el 10 de ese mes y año; ya que, en caso de incumplimiento los vecinos de manera conjunta determinaron en la última reunión ordinaria el corte de la red de alcantarillado (fs. 11). II.5. Por Nota presentada el 9 de septiembre de 2022, ante EMAPAS; la accionante denunció agresiones verbales, psicológicas y económicas; ya que, el Presidente hoy accionado le exigió que demuestre su derecho propietario, además de pagar Bs16 950.-, por el servicio de la red de alcantarillado sanitario, según la liquidación efectuada por Martha Pablo Gutiérrez, Secretaria de Hacienda, de la OTB de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba -hoy coaccionada-, quien usurpando funciones de la indicada Empresa le conminó a regularizar sus cuentas pendientes de pago del alcantarillado en el plazo de setenta y dos horas y “…AMENAZANDOME DE MANERA FLAGRANTE EN LA PRIVACION DE ACCESO AL SERVICIO BASICO DE ALCANTARILLADO(…) INDICANDO QUE TODOS LOS VECINOS REALIZARAN EL CORTE DE LA RED DE ALCANTARILLADO…” (sic) -servicio instalado el 19 de julio de 2022-, que a pesar de cumplir con todos los requerimientos de las autoridades competentes, se encontraría amedrentada por el Presidente ahora accionado y otros miembros del Directorio de esa OTB (fs. 113 a 114). II.6. Cursa Formulario de Registro de Consultas de 15 de septiembre de 2022, suscrito por el Jefe Comercial y la Encargada de Atención al Cliente y Asuntos Sociales de EMAPAS, sobre la instalación de alcantarillado con el motivo del reclamo referente a la Nota 2612 de 9 de igual mes y año; por la que la accionante presentó su denuncia por negativa de vecinos de la OTB de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba, en la conexión de la red de “AASS”, que fue derivada para la correspondiente asignación de plomero “…mientras no tenga el servicio” (sic [fs. 12]), con el Registro de Baja temporal de 15 de dicho mes y año, en la Dirección “J.V. Ferroviario Huayllani D-4”, con la observación del Directorio de la Junta de Vecinos de la OTB de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba, y vecinos de la misma zona, suscrito por Carlos Vidal Fernández, Jefe Comercial (fs. 13). II.7. A través del Voto Resolutivo 13 de noviembre de 2022, suscrito por Jesús Gálvez Salazar, Vocal; Rossycela Carvajal Caro, Vocal de la OTB de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba y la Secretaria ahora coaccionada; así como, varios nombres, números de cedulas de identidad y firmas; en reunión ordinaria se determinó de manera unánime “…efectuar el corte del alcantarillado correspondiente de la señora vecina Jenny Quea, ubicado en el manzano G-2 – lote N° 8, toda vez que la vecina no cumplió con la cancelación por concepto de la red de Alcantarillado a la urbanización, pese a ser notificado en forma verbal y escrita…” (sic [fs. 84 y vta.]). II.8. Mediante Nota presentada el 16 de noviembre de 2022, ante EMAPAS; la accionante denuncia el corte ilegal del servicio básico de alcantarillado sanitario, a través de la destrucción total del tubo efectuada el 13 de igual mes y año, por el Presidente hoy accionado y otros miembros de la OTB de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba y el Directorio de la Junta Vecinal de esa OTB (fs. 91 a 92). II.9. Consta Voto Resolutivo de 27 de noviembre de 2022, suscrito por el Presidente y la Secretaria ahora accionados, entre otros y miembros del Directorio de la Junta Vecinal de la OTB de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba; asimismo, se consignan varios nombres, números de cedulas de identidad y firmas; el cual fue en mérito al voto resolutivo de 13 de igual mes y año, que por la asamblea ordinaria de las bases de la citada OTB “…se determinó realizar el corte de la instalación clandestina a la red del alcantarillado en el domicilio de la vecina señora Jenny Quea, ubicado en el manzano G-2 lote N° 8 toda vez que no cumplió con la cancelación del costo del alcantarillado que todo vecino está en la obligación de cancelar por dicha conexión a la Red de alcantarillado. Por lo tanto en reunión extraordinaria se resolvió determinar lo siguiente: 1.- Reiterar y ratificar el corte de la Conexión del alcantarillado en el domicilio de la vecina sra. Jenny Quea ubicado en el manzano G-2, lote N° 8. 2.- Conminar a la empresa de EMAPAS a no efectuar la reinstalación del alcantarillado en el citado domicilio. 3.- En asamblea las bases determinaron que EMAPAS si incumple lo determinado, se efectuaran acciones de hecho, como huelgas de hambre o de lo contrario exigir a la empresa la devolución del costo total de la red del alcantarillado de la O.T.B. Urbanizacion Ferroviarios red occidental sector este” (sic); el cual se encuentra suscrito por el Directorio de la Junta de Vecinos de la OTB de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba y otros vecinos de la zona (fs. 85 a 86). II.10. Cursan imágenes fotográficas, en las que se observa a un grupo de personas con maquinaria pesada y el destrozo del tubo del alcantarillado sanitario (fs. 26 a 36); asimismo, un Disco Compacto (CD), con la grabación del hecho (fs. 37).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de su derecho de acceso al servicio básico de alcantarillado sanitario; puesto que, los miembros del Directorio de la Junta de Vecinos de la OTB de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba y vecinos de la misma zona, mediante medidas de hecho cortaron el indicado servicio básico que fue contratado e instalado por EMAPAS, por la destrucción del tubo de alcantarillado sanitario, conminándola a efectuar pagos en dicha OTB en especial de la red de alcantarillado sanitario ante la Cooperativa la Promotora. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la naturaleza de la acción de amparo constitucional y las medidas de hecho

La acción de amparo constitucional prevista por el art. 128 de la CPE, es una de las acciones de defensa para la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, contra actos u omisiones indebidas de servidores públicos y personas particulares que restrinjan o supriman o amenacen restringir o suprimir derechos fundamentales o garantías constitucionales. En ese marco la jurisprudencia constitucional razonando sobre su naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional expresó que esta acción de defensa se configura como una garantía jurisdiccional extraordinaria, de tramitación especial y sumarísima para la restitución o restablecimiento de los derechos fundamentales o garantías constitucionales cuando están restringidos, suprimidos o amenazados por funcionarios públicos o personas físicas o jurídicas; en otros términos, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, busca el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados. Constituye la acción de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos fundamentales y garantías constitucionales en el marco de los valores y principios establecidos en la Constitución Política del Estado.

1 El art. 128 de la CPE, expresamente establece: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley” (las negrillas nos pertenecen). 2 La SCP 1476/2012 de 24 de septiembre, respecto a la naturaleza de la acción de amparo constitucional, señala que: “La acción de amparo constitucional, se configura como una garantía jurisdiccional extraordinaria, de tramitación especial y sumarísima, que tiene por objeto la restitución o restablecimiento de los derechos fundamentales, consagrados en la Constitución Política del Estado, cuando éstos son restringidos, suprimidos o amenazados por parte de particulares o funcionarios públicos y siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para su protección…” (las negrillas son nuestras), confirmada por la SCP 0415/2013 de 3 de junio, mediante su cita textual. 3 La SCP 0132/2012 de 4 de mayo, expresa que la acción de amparo constitucional: “…establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida” (las negrillas nos pertenecen). 4 La SCP 0046/2012 de 26 de marzo, sobre el objeto de protección de la acción de amparo constitucional establece que: “Se constituye entonces en una de las acciones de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos, rigiendo para su interposición, los principios de inmediatez y subsidiariedad, conforme lo establece el art. 129 de la Ley Fundamental; denotándose de la naturaleza de esta acción su objeto de protección y resguardo de derechos en el marco de los valores y principios ético-morales establecidos en la Esta acción de defensa se encuentra regida por los principios de subsidiariedad e inmediatez previstas por el art. 129.I y II de la Norma Suprema. Respecto al principio de subsidiariedad, expresa que podrá interponerse siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados; en lo que se refiere al principio inmediatez prescribe que podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, desde el hecho vulneratorio que se denuncia o desde la notificación con la última decisión administrativa o judicial presuntamente lesivo. La jurisprudencia constitucional concluyó que la acción de amparo constitucional es subsidiaria porque no es posible utilizarlo si previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa, en todo caso implica el agotamiento previo de los medios, mecanismos y recursos intraprocesales que la ley le franquea al accionante; de persistir las vulneraciones de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, podrá acudir a la jurisdicción constitucional para su protección y restablecimiento. En caso de existencia de otros medios o recursos que la ley establece, para la protección inmediata de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, el caso recae en uno de los supuestos de improcedencia de la acción de amparo constitucional previstas en el Código Procesal Constitucional.

Constitución Política del Estado, contribuyendo desde la justicia constitucional a efectivizar y materializar esos valores y principios para una vida armoniosa, con equidad, igualdad de oportunidades y dignidad, entre otros valores, en los que se sustenta el Estado Plurinacional y que son parte de la sociedad plural” (las negrillas nos corresponden). 5 Respecto a los principios de subsidiariedad e inmediatez, el art. 129 del Código Procesal Constitucional (CPCo), señala que:

“I. La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados.

II. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial” (las negrillas son nuestras). 6 Respecto al carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, establece que: “…el recurso de amparo se constituye en un instrumento subsidiario y supletorio en la protección de los derechos fundamentales, subsidiario porque no es posible utilizarlo si es que previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria” (las negrillas nos pertenecen). 7 Con relación a la subsidiariedad la SCP 0196/2014-S2 de 24 de noviembre, señala que: “Esta acción de defensa, instituida para la protección y el restablecimiento de los derechos y garantías constitucionales que se denuncian como lesionados, exige para su procedencia, el agotamiento previo por parte de quien la plantea, de los medios, mecanismos y recursos intraprocesales, que la ley le franquea, los que utilizados y en caso de persistir la lesión, podrá acudirse a la justicia constitucional” (las negrillas son nuestras). 8 Sobre los casos de improcedencia el art. 53 del CPCo, establece:

“1. Contra resoluciones cuya ejecución estuviere suspendida por efecto de algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente, y en cuya razón pudieran ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas.

2. Contra actos consentidos libre y expresamente, o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.

3. Contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso, del cual no se haya hecho uso oportuno.

4. Cuando la omisión de la Servidora o Servidor Público, vulnere un mandato expreso de la Constitución Política del Estado o la Ley, tutelado por la Acción de Cumplimiento.

5. Cuando los derechos o garantías vulnerados correspondan ser tutelados por las Acciones de Libertad, de Protección de Privacidad o Popular” (las negrillas fueron añadidas).

Sin embargo, por mandato del art. 54.II del CPCo, ésta regla reconoce supuestos excepcionales plenamente justificados: 1) Cuando la protección pueda resultar tardía; y, 2) Exista el riesgo inminente de un daño irremediable e irreparable; en ese entendido, el extinto Tribunal Constitucional, cuyos razonamientos resultan vinculantes en tanto sean coherentes y no contradigan los postulados de la vigente Constitución Política del Estado, fue estableciendo en sus diferentes fallos constitucionales, supuestos excepcionales que excluyen la aplicación del principio de subsidiariedad en esta acción tutelar y que continuó la doctrina constitucional del actual Tribunal Constitucional Plurinacional, destacando entre ellos las medidas o vías de hecho.

III.1.1. De la excepción al principio de subsidiariedad en medidas de hecho

Uno de los supuestos excepcionales al principio de subsidiariedad son las medidas de hecho, se encuentran definidos como aquellos actos ilegales y graves cometidos por particulares o funcionarios públicos al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes vinculados a la administración de justicia, afectando derechos fundamentales y garantías constitucionales reconocidos en el bloque de constitucionalidad, por lo mismo, atentan o infringen los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho; en esa comprensión, en términos de la SC 0832/2005-R de 25 de julio, en medidas o vías de hecho “…el amparo entra a tutelar de manera directa e inmediata, prescindiendo inclusive de su carácter subsidiario, está la tutela contra acciones o medidas de 9 El art. 54.II del CPCo, establece: “Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando:

La protección pueda resultar tardía. 1.

Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela” (las 2. negrillas nos corresponden). 10 Con relación a la vinculatoriedad de la jurisprudencia desarrollada por el extinto Tribunal Constitucional en vigencia de la derogada Constitución Política del Estado, la SCP 2140/2012 de 8 de noviembre, señala que: “Del razonamiento expuesto, se infiere que la definición de la jurisdicción por razón de materia a aplicarse sobre las acciones reales de bienes inmuebles cuando se produce el cambio de uso de suelo de propiedad rural a urbana, no puede quedar simplemente librada exclusivamente a lo que dispongan los gobiernos municipales, sino también debe considerarse otros elementos como el destino de la propiedad y de las actividades desarrolladas; razonamiento que si bien fue efectuado por el extinto Tribunal Constitucional; sin embargo, este resulta plenamente aplicable y coherente por cuanto no contradice a los nuevos postulados de la actual Constitución Política del Estado…” (las negrillas nos pertenecen).

11 La SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, señala que: “…las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho” (las negrillas nos pertenecen). 12 Jurisprudencia constitucional citada por la SCP 0344/2018-S2 de 18 de julio, entre otras.

hecho cometidas por autoridades públicas o por particulares, entendidas éstas como los actos ilegales arbitrarios que desconocen y prescinden de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, realizando justicia directa, con abuso del poder que detentan frente al agraviado, actos que resultan ilegítimos por no tener respaldo legal alguno y que por el daño ocasionado y la gravedad de los mismos, merecen la tutela inmediata que brinda el amparo por vulnerar derechos fundamentales. La idea que inspira la protección no es otra que el control al abuso del poder y el de velar por la observancia de la prohibición de hacerse justicia por mano propia, control que se extiende tanto a las autoridades públicas como a los particulares que lo ejercen de manera arbitraria por diferentes razones y en determinadas circunstancias” (las negrillas son nuestras). En esa comprensión, la jurisprudencia constitucional debido a la frecuencia y gravedad de las medidas de hecho, que han propiciado la afectación recurrente de una serie de derechos fundamentales y garantías constitucionales de manera directa o indirecta, por las que sus víctimas tuvieron que acudir a la jurisprudencia constitucional con la pretensión de obtener la protección de los mismos frente a vías de hecho, precisó algunas de las modalidades que la comprenden: i) Avasallamientos u ocupaciones por medidas o vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos con limitación arbitraria del derecho a la propiedad, la perturbación o pérdida de la posesión o tenencia del bien inmueble; ii) Cortes de servicios públicos agua, energía eléctrica, entre otros; y, iii) Desalojos extrajudiciales de viviendas. En esas circunstancias, la jurisprudencia constitucional es uniforme en determinar la prescindencia o excepción al principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional; puesto que, ésta acción tutelar es el medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales vulnerados como consecuencias de las vías de hecho, dando lugar a la activación directa e inmediata de ésta acción de defensa para la salvaguardia de derechos fundamentales y garantías constitucionales vulnerados.

III.1.2. De la flexibilización del principio de inmediatez en medidas de hecho

En cuanto al principio de inmediatez vinculada a las medidas de hecho, es necesario aclarar que la jurisprudencia constitucional ya razonó que el tiempo transcurrido no constituye un obstáculo para la otorgación de tutela de la acción de amparo constitucional en caso de las medidas de hecho -avasallamiento- vulneratorias de derechos fundamentales y garantías constitucionales del accionante, que continuaron al momento de solicitarlo. En el mismo sentido, Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante una labor hermenéutica con base a pautas de una interpretación teleológica, extensiva y progresiva, y que favorezca al acceso a la justicia constitucional, establecida en la SCP 1938/2012 de 12 de octubre, concluyo que: “…en vías de hecho, pueden existir actos lesivos que generen una afectación a derechos mediata en el tiempo, es decir, cuando a partir del acto inicial lesivo a derechos fundamentales que emerja de una medida de hecho, de manera conexa y como consecuencia directa del primer acto lesivo, se realicen actos ulteriores vulneratorios de derechos fundamentales, al tener directa relación los actos continuos vulneratorios de derechos emergentes de vías de hecho, el afectado, podrá pedir tutela constitucional, desde el último acto lesivo, supuesto en el cual, al estar los actos denunciados en estricta conexitud y directamente vinculados con el primer acto lesivo que surja de vías o medidas de hecho, una vez verificadas las lesiones a derechos fundamentales, en el ejercicio del control tutelar de constitucionalidad, deberá tutelarse los derechos hasta el primer acto que origine la lesión…” (las negrillas son nuestras). En correspondencia con esta línea de razonamiento es necesario citar lo expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) en la Sentencia de 30 de noviembre de 2016, dentro el caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala, resalando las consecuencias continuas o permanentes de las detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales y otras formas de violencia sexual, trabajos forzosos y destrucción y robos de propiedad presuntamente cometidos entre 1981 y 1986, que se siguieron cometiéndose en la actualidad. En ese entendido, cuando las medidas de hecho persisten causan una permanente vulneración de derechos fundamentales por tal razón no es posible admitir que el transcurso del tiempo sea suficiente para denegar la tutela solicitada; puesto que, los actos ilegales continúan en el tiempo impidiendo que el plazo de caducidad transcurra normalmente, para cuyo cómputo no solo debe tomarse en cuenta el primer acto lesivo, sino, la continuidad actual del mismo acto ilegal ejercido por el demandado; consiguientemente la acción de amparo constitucional puede interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos o garantías constitucionales, circunstancia excepcional que debe tomarse en cuenta para el computo del plazo de la caducidad en medidas de hecho.

III.1.3. De la prohibición o proscripción de la justicia directa o justicia por mano propia

16 La Corte IDH, en la Sentencia de 30 de noviembre de 2016, del Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, se pronunció respecto a las consecuencias continuas o permanentes de las detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales y otras formas de violencia sexual, trabajos forzosos y destrucción y robos de propiedad, hechos vulneratorios de la Convención, bajo los siguientes términos: “En consecuencia, la Corte considera que en el presente caso no tiene competencia ratione temporis para declarar violaciones a la Convención Americana por las detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales y otras formas de violencia sexual, trabajos forzosos y destrucción y robos de propiedad presuntamente cometidos entre los años 1981 y 1986 en perjuicio de los habitantes indígenas mayas achí de la aldea Chichupac y comunidades vecinas, en lo cual lleva razón el Estado. No obstante, no le asiste la razón al Estado en cuanto a las consecuencias continuas o permanentes de estos hechos, sea que se trate de delitos instantáneos o permanentes conforme al derecho penal interno. Cualquiera sea la calificación penal interna, lo continuo es la violación a la Convención que se sigue cometiendo en la actualidad, toda vez que la infracción de que conoce esta Corte es la de derecho internacional actual, dado que no juzga penalmente a los funcionarios, sino al Estado por violación a la Convención. En tal sentido, yerra el Estado en cuanto objeta la competencia de la Corte respecto de la alegada desaparición forzada y la alegada omisión por parte del Estado de implementar garantías de retorno o un reasentamiento voluntario a favor de aquellas personas que permanecieron desplazadas luego del 9 de marzo de 1987, fecha a partir de la cual el Estado reconoció la competencia de la Corte, como también respecto de su alegada omisión de diligencia investigadora frente a graves violaciones a los derechos humanos, por ende, tampoco respecto de la reparación de los hechos. En vista de lo anterior, este Tribunal acoge parcialmente la excepción preliminar de falta de competencia ratione temporis” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen). 17 La SCP 0060/2017-S2 de 6 de febrero, respecto a la flexibilización del plazo de la inmediatez señala que: “En definitiva, cuando las vías o medidas de hecho persisten en el tiempo, ocasionan una permanente y continua conculcación de los derechos denunciados en la acción de amparo constitucional, prolongando la consumación irregular del hecho y la vulneración de tales derechos, situación por la que no es posible admitir como válida, la alegación del transcurso del tiempo para denegar la tutela impetrada, pues los actos ilegales perviven en el tiempo impidiendo que el plazo de caducidad discurra normalmente; en tal sentido, el cómputo de dicho plazo no debe realizarse desde el primer acto lesivo, tratándose de medidas de hecho, sino que debe tomarse en cuenta la continuidad de tal acto ilegal ejercido por el demandado” (las negrillas son nuestras).

Uno de los Órganos que forman parte de la estructura orgánica del Estado Plurinacional es el Órgano Judicial, que ejerce la potestad de administrar justicia o función de impartir justicia, que, en atención al nuevo diseño constitucional, la doctrina constitucional promovió su redefinición para asumirla como un servicio al pueblo, concebida como facultad/obligación, para constituirlo en un instrumento destinado a la materialización de los derechos fundamentales, garantías constitucionales, principios y valores contenidos en la Constitución Política del Estado, en oposición a aquella administración de justicia extremadamente formal, cuasi sacramental y señorial sustentado por todo un aparato normativo, doctrinal e institucional, fruto de las prácticas judiciales desde la colonia y el periodo republicano que reprodujeron relaciones y prácticas coloniales en el ámbito social, cultural, político e institucional. En ese marco precisamente, es necesario señalar que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano, constituye una función única, no obstante, esa función es ejercida a través de la jurisdicción ordinaria, agroambiental, indígena originaria campesina y especializada, con igual jerarquía; en estas cuatro jurisdicciones se encuentra concentrada la actividad decisoria para la solución de conflictos, controversias, que determine derechos y obligaciones de las personas, que imponga algún tipo de sanción; como establece la doctrina constitucional, sin desconocer la existencia de otros medios alternativos de solución de conflictos reconocidos por el 18 La SCP 0790/2012 de 20 de agosto, sobre el cambio o giro conceptual de la potestad a servicio de impartir justicia, establece que: “Por ello, la construcción de la institucionalidad plurinacional parte del desmontaje de las lógicas de colonialidad, desmistificando la idea de que impartir justicia es solamente una ʽpotestadʼ; sino por el contrario, asumirla como un servicio al pueblo, concebida como facultad/obligación, pues fruto de la colonialidad antes construida, se ha estructurado una ʽadministración de justiciaʹ extremadamente formal, cuasi sacramental, reproductora de prácticas judiciales desde la colonia y el periodo republicano, fundadas en la señorialidad de esta actividad bajo la concepción de ʽpotestad׳ antes que de ʽservicioʼ, sustentado por todo un aparato normativo, doctrinal e institucional. Corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional, romper esas relaciones y prácticas que se reproducen en lo social, cultural, político e institucional, constituyéndose en un instrumento destinado a la generación de espacios de diálogo y relacionamiento de las diferentes concepciones jurídicas en el marco del Estado Plurinacional Comunitario, aportando al proceso de interpretación intercultural de los derechos humanos y fundamentales, así como de las garantías constitucionales, con énfasis en los derechos colectivos y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos” (las negrillas nos pertenecen). 19 El art. 178.I de la CPE, establece que:

“I. La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos” (las negrillas nos pertenecen). 20 El art. 179 de la CPE, señala:

“I. La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley.

II. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igual jerarquía.

III. La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional.

IV. El Consejo de la Magistratura es parte del Órgano Judicial” (las negrillas son nuestras).

orden constitucional y legal, como son: la conciliación, la mediación, el arbitraje, entre otros. Ante la existencia de este monopolio del ejercicio de la potestad de administrar justicia o función de impartir justicia, por parte del Órgano Judicial reconocido constitucionalmente, se impuso la proscripción de la justicia directa o justicia por sí mismo, o justicia por mano propia. En esa comprensión, por mandato legal establecido por el art. 1282 del Código Civil (CC), se encuentra proscrita la justicia por mano propia en los siguientes términos: “ARTÍCULO 1282. (PROHIBICIÓN DE LA JUSTICIA DIRECTA).-

I. Nadie puede hacerse justicia por sí mismo sin

incurrir en las sanciones que la ley establece. II. Esta prohibición no impide, sin embargo, los actos de legítima defensa permitidos y calificados por la ley, ni los que conduzcan inmediatamente a la intervención de los órganos jurisdiccionales” (las negrillas son nuestras). Pertinente a este mandato legal, la jurisprudencia constitucional fue desarrollando la doctrina constitucional de manera uniforme con relación a la prohibición de la justicia directa o justicia por sí mismo, o justicia por mano propia en términos de la jurisprudencia constitucional, ejercido por autoridades públicas como por los particulares sobre la base del abuso del poder, cuyo control exige de manera urgente la activación directa e inmediata de la acción de amparo constitucional, no solo porque afectan derechos fundamentales y garantías constitucionales, sino infringen los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, un modelo de Estado más avanzado en la protección de derechos fundamentales y garantías constitucionales, en el cual, tanto el poder público -órganos 21 Respecto al reconocimiento y validez de la solución alternativa de conflictos, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, establece que: “Entonces, si el reconocimiento del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, supone una concreción del Estado constitucional de derecho, como instrumento para promover que la solución de conflictos se realice a través de la jurisdicción (sin desconocer otros medios alternativos de solución de conflictos reconocidos por el orden constitucional y legal, como son: la conciliación, la mediación, el arbitraje, entre otros), para evitar la justicia por mano propia, su exclusión, supone que el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, es precisamente el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, que no es infrecuente acarree consigo la lesión a otros derechos conexos a partir de su supresión” (las negrillas nos corresponden).

22 La SC 0832/2005-R de 25 de julio, sobre la proscripción de la justicia con mano propia vinculado a medidas de hecho señala que: “La idea que inspira la protección no es otra que el control al abuso del poder y el de velar por la observancia de la prohibición de hacerse justicia por mano propia, control que se extiende tanto a las autoridades públicas como a los particulares que lo ejercen de manera arbitraria por diferentes razones y en determinadas circunstancias. Frente a estas medidas de hecho, el criterio de este Tribunal ha sido uniforme en declarar la procedencia del amparo como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos fundamentales considerados lesionados” (las negrillas nos pertenecen). 23 La SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, respecto a la transición al modelo de Estado Constitucional de Derecho, establece que: “A ese efecto, sin ingresar a repasos históricos o formulaciones teóricas, es posible señalar que la ejecutivo, legislativo, judicial y electoral-, como la convivencia social de los ciudadanos están sometidos a la Constitución a través del principio de constitucionalidad, que sustituye el principio de legalidad e impone la proscripción de las acciones vinculadas a medidas de hecho o vías de hecho por el propio Estado o los particulares en cualesquiera de sus formas; consiguientemente, la justicia directa o justicia por sí mismo o la justicia por mano propia -proscrita en nuestro sistema normativo- al estar al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales provistos por la administración de justicia, configuran clara e indudablemente, medidas de hecho.

III.1.4. De la flexibilización de la legitimación pasiva y la proposición de prueba

El Código Procesal Constitucional establece las normas comunes en los procedimientos de las acciones de defensa, en ese marco el art. 33 del citado Código, establece entre sus requisitos para la presentación de la acción: En el numeral dos la identificación de la persona o funcionario público contra quien se dirige la acción o los datos básicos para identificarlo; y, en el numeral siete la proposición de las pruebas que tenga el accionante o el señalamiento del lugar donde se encuentren. Estos requisitos que la ley procesal establece como regla general, encuentran excepción en la jurisprudencia constitucional, en ese entendido junto a las circunstancias excepcionales que justifican la abstracción de los principios de subsidiariedad e inmediatez que rigen la acción de amparo afortunada concepción de ʽEstado de derechoʼ o ʽEstado bajo el régimen de derecho׳ cuya base ideológica es ʽun gobierno de leyes y no de hombresʼ, nace sepultando el modelo de ʽEstado bajo el régimen de la fuerza׳, el que no obstante haber sido llenado de diversos contenidos en diferentes épocas históricas (Estado de Derecho legislativo y actualmente Estado Constitucional de Derecho) tuvo una trascendencia unívoca: La proscripción de la arbitrariedad pública y privada en las reglas de convivencia social y contención del poder, garantizando con ello, el respeto a la ley.

En efecto, el Estado de derecho en principio tuvo una versión particular configurada como ʽEstado de derecho legislativoʹ o ʽEstado legal de Derechoʼ, empero, esta concepción reducía a un simple sistema de dominación mediante el instrumento de la ley, pues todo Estado era de Derecho, por el sólo hecho de que la actividad estatal se desarrolle bajo cánones legales (del legislador), siendo irrelevante si las leyes fueran opresoras o autoritarias, concepción que se sustentaba en que la ley -con características de generalidad y abstracción- era la más alta expresión de la soberanía y, por ello, quedaba al margen de cualquier límite o control, con lo cual, las constituciones terminaron siendo meras cartas políticas, afianzándose el imperio de la ley y el principio de legalidad. Actualmente, el Estado de derecho, se configura como ʽEstado constitucional de Derechoʹ, que es ʽ…un estadio más de la idea de Estado de Derecho, o mejor, su culminación׳, o en palabras de Prieto Sanchís ʽ…no cabe duda que el Estado constitucional representa una fórmula del Estado de Derecho, acaso su más cabal realizaciónʼ” (las negrillas nos corresponden). 24 La SCP 1478/2012, respecto a la prohibición de la justicia por mano propia. “Este modelo, supone una profunda transformación en la concepción general de ʽEstado de derechoʹ, debido a que en esta última fórmula ʽEstado Constitucional de Derechoʹ: a) El poder público -órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral-; y, b) La convivencia social de los ciudadanos están sometidos a la Constitución a través del principio de constitucionalidad que viene a sustituir el principio de legalidad y, por ende, -en el tema que ocupa a esta sentencia constitucional-, supone la proscripción de las acciones vinculadas a medidas de hecho o vías de hecho por el propio Estado o los particulares en cualesquiera de sus formas” (las negrillas son nuestras).

constitucional en el ámbito de las medidas de hecho, la jurisprudencia constitucional resaltó la flexibilización de algunas reglas de esta acción de tutelar. En ese entendido, si bien constituye una exigencia por mandato legal, la identificación de las autoridades o personas particulares demandadas; empero, en lo que concierne a medidas de hecho en el contexto a actos ilegales graves, cuando no sea posible identificar a las persona demandadas, la jurisprudencia constitucional estableció algunas sub reglas; por lo que, de manera excepcional se deberá flexibilizar la legitimación pasiva y el accionante podrá activar la protección de la acción de amparo constitucional; sin embargo, para asegurar el derecho al debido proceso, la equidad procesal de las partes, en la mayor medida posible el derecho a la defensa de la personas que sin ser demandadas o citadas como terceros, pueden ser afectadas en sus derechos ante una eventual otorgación dela tutela solicitada, no se les aplica el principio de preclusión, para su apersonamiento posterior a la audiencia pública en el ejercicio de su derecho inviolable a la defensa y la presentación de los medios de prueba, incluso en la etapa de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para asegurar la vigencia de una justicia material.

25 En cuanto a la flexibilización de las reglas de la legitimación pasiva, la proposición de la prueba y el ejercicio del derecho a la defensa en medidas de hecho, la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, señala que: “En el marco de lo indicado, para la activación de la acción de amparo constitucional y para dar fiel observancia al presupuesto de la legitimación pasiva, el accionante deberá cumplir en primera instancia con la identificación de los particulares o autoridades demandadas, así lo establece el art. 77.2 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC) y el art. 33.2 del CPCo, norma que por su fecha de vigencia no es aplicable al caso concreto, pero que sin embargo, es citada de manera referencial para su aplicación a casos futuros en relación a los cuales tenga validez temporal.

En este entendido, para peticiones de tutela vinculadas con vías de hecho, la parte accionante deberá cumplir con esta exigencia; sin embargo, de manera excepcional y siempre y cuando no sea posible la identificación de las personas demandadas, se deberán flexibilizar las reglas de la legitimación pasiva; empero este presupuesto, debe cumplir ciertos requisitos y además debe responder a fundamentos que aseguren un derecho al debido proceso, tanto para la parte accionante como para la parte demandada a través de este mecanismo tutelar de defensa. En consecuencia, la acción de amparo en su tramitación debe asegurar la equidad procesal de las partes; por tal razón, para consolidar un equilibrio procesal armónico que respete las reglas de un debido proceso y que asegure la vigencia de una justicia material, la flexibilización excepcional de la legitimación pasiva para vías de hecho debe asegurar en la mayor medida posible un amplio derecho a la defensa de todas las personas que sin haber sido demandadas expresamente o citadas como terceros interesados, pudieran ser afectadas por los efectos de la concesión de tutela. Por lo señalado, se tiene que la parte peticionante de tutela para el caso de vías de hecho, de manera excepcional podrá activar la tutela sin identificar a la parte demandada cuando por las circunstancias particulares del caso no sea posible una determinación de personas que incurran en vías de hecho; en ese orden, para asegurar una equidad procesal, a las personas que no hayan sido expresamente citadas como demandados y que pudieran ser afectados con los efectos de una eventual concesión de tutela por vías de hecho, no se les aplica el principio de preclusión procesal para la presentación ulterior a la audiencia pública de medios de defensa. En mérito a lo señalado, las personas que no hayan sido expresamente demandadas en acciones tutelares vinculadas a medidas de hecho, en mérito a esta flexibilización excepcional de la legitimación pasiva para estos casos, y en resguardo de un equilibrio procesal, en cualquier etapa del proceso de amparo, incluso en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, podrán hacer valer sus derechos, debiendo en estos casos ser oídos de manera amplia y admitidos sus medios probatorios en cualquier instancia procesal. En efecto, el entendimiento antes indicado, tiene la finalidad esencial de asegurar un equilibrio procesal, ya que si bien para asegurar el acceso a la justicia y una tutela judicial efectiva, de manera excepcional y cuando no sea posible la identificación de personas para supuestos de vías de hecho se flexibiliza las reglas de la legitimación pasiva disciplinadas

III.1.5. De la supresión del derecho a la tutela judicial efectiva en medidas de hecho

Como se tiene señalado en líneas precedentes, la consumación de medidas de hecho cometidas por autoridades públicas o por particulares, constituyen actos ilegales arbitrarios desconociendo y prescindiendo de los mecanismos institucionales que el ordenamiento jurídico brinda, realizando en su lugar de manera arbitraria, abusiva y unilateral justicia directa o por sí mismo o justicia por mano propia -proscrita en nuestro sistema normativo-, en ese contexto, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, concluyó de manera categórica que, con la consumación de medidas de hecho en cualquiera de sus formas, el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia del afectado, constituye en el primer derecho fundamental vulnerado. Esta misma jurisprudencia constitucional estableció de manera ilustrativa el alcance del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, estableció que: “…-sin pretender agotar todas las perspectivas de este derecho tan ampliamente concebido y desarrollado- contiene: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se para la acción de amparo constitucional, es imperante a su vez, flexibilizar también de manera excepcional para estos casos los alcances del principio de preclusión, facultando así a las personas que eventualmente pudieran ser afectadas con una decisión de tutela emergente de denuncias de vías de hecho, a asumir defensa en cualquier estado del proceso de amparo constitucional” (las negrillas son nuestras). 26 En cuanto a la vulneración del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia por medidas de hechos, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, establece que: “…excluyen el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia del afectado, que se constituye en el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas de hecho en cualesquiera de sus formas.

El derecho fundamental a la jurisdicción o acceso a la justicia está consagrado en los arts. 115.I de la CPE, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se constituye en ʽel derecho protector de los demás derechos׳ y, por lo mismo, en una concreción del Estado Constitucional de Derecho. En efecto, es la Constitución, la que determina cuáles son los órganos que tienen la potestad de impartir justicia (art. 179.I, II y III de la CPE) para la oponibilidad de derechos no solamente vertical sino también horizontal, entonces, es reprochable y censurable acudir a acciones vinculadas a medidas de hecho, so pena de excluir arbitrariamente el ejercicio del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia de la otra parte, quien tiene la seguridad jurídica y certeza (art. 178.I de la CPE) que para la solución de cualquier diferencia, interés o derecho en conflicto, éste será resuelto por una de las jurisdicciones reconocidas por la Constitución” (las negrillas nos pertenecen).

acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de su derecho de acceso al servicio básico de alcantarillado sanitario; puesto que, los miembros del Directorio de la Junta de Vecinos de la OTB de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba y vecinos de la misma zona, mediante medidas de hecho cortaron el indicado servicio básico que fue contratado e instalado por EMAPAS, por la destrucción del tubo de alcantarillado sanitario, conminándola a efectuar pagos en dicha OTB en especial de la red de alcantarillado sanitario ante la Cooperativa la Promotora. Ahora bien, de la revisión de los antecedentes, se tiene el Contrato Para la Prestación del Servicio de Alcantarillado Sanitario de 8 de julio de 2022, suscrito entre EMAPAS y la accionante, por el que la indicada Empresa se obliga a prestar el servicio básico de alcantarillado sanitario incluyendo su instalación externa en favor de la nombrada; quien por Factura 29314 de igual fecha, canceló Bs691.- por el servicio de “Conexión AASS” en la dirección “J.V. FERROVIARIO HAYLLANI D-4” (Conclusión II.1.). En ese contexto se analizará y resolverá el problema jurídico planteado, referente a la presunta ejecución de medidas de hechos que impidieron la provisión del servicio básico de alcantarillado sanitario en favor de la accionante por parte de los miembros del Directorio de la Junta de Vecinos de la OTB de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba, y vecinos de la misma zona; quienes en principio impidieron la instalación del citado servicio básico mediante agresiones verbales y amenazas; ya que, una vez instalado fue objeto de excavaciónes y destrucción del tubo de alcantarillado sanitario utilizando maquinaria pesada, con el pretexto de que no se pagó Bs16 950.- por el servicio de la red de dicho alcantarillado al Directorio de la Junta de Vecinos de la OTB de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba, a pesar de las conminatorias realizadas mediante las Notas de 20 de julio y 8 de septiembre de 2022, a la accionante. Para ese efecto es preciso tomar en cuenta que todas las acciones o actos arbitrarios e ilegales cometidos por funcionarios públicos o personas particulares con prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales o procedimientos legales -administrativo o judiciales- que vulneren derechos fundamentales o garantías constitucionales, configuran medidas o vías de hecho; por lo que, la acción de amparo constitucional constituye el medio idóneo y oportuno para la protección de derechos y garantías constitucionales, en aplicación de la excepción al principio de subsidiariedad, la flexibilización del principio de inmediatez, la flexibilización de la legitimación pasiva y la proposición probatoria, la proscripción de la justicia por mano propia y la evidente vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Asimismo, como primer aspecto importante en favor de la accionante, es el Contrato para la Prestación del Servicio de Alcantarillado Sanitario de 8 de julio de 2022, suscrito con EMAPAS, entidad competente para la provisión del servicio básico de alcantarillado sanitario con la conexión al sistema de alcantarillado existente en la localidad de Sacaba del departamento de Cochabamba. En ese entendido, como segundo aspecto importante se tiene a las Notas de 20 de julio y 8 de septiembre de 2022, emitidas por el Directorio de la Junta de Vecinos de la OTB de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba, con destino a la accionante: a) La primera, dirigida al “PROPIETARIO” -accionante-, suscrita por el Presidente ahora accionado y el Vocal de esa OTB, por la que, se conminó a la accionante apersonarse a la mesa directiva para demostrar su derecho propietario y efectuar pagos en dicha OTB en especial de la red de alcantarillado sanitario que todo vecino está en la obligación de abonar, en mérito a la reunión extraordinaria desarrollada el 19 de ese mes y año, a las 20:00 horas, en la que se determinó darle un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación, caso contrario todos los vecinos realizaran el corte de la red de alcantarillado; Nota que fue entregada el 20 de igual mes y año, a las 16:50 horas (Conclusión II.3.); y, b) La segunda, dirigida al “PROPIETARIO” -accionante-, por la que el Presidente ahora accionado y el Vocal de la citada OTB, conminaron a efectuar pagos en dicha OTB en especial de la red de alcantarillado sanitario a la Cooperativa la Promotora, hasta el 10 de septiembre de 2022; ya que, en caso del incumplimiento los vecinos de manera conjunta determinaron en la última reunión ordinaria el corte de la red de alcantarillado (Conclusión II.4.). Por consiguiente, las Notas de 20 de julio y 8 de septiembre de 2022, que contienen las conminatorias emitidas por el Directorio de la Junta de Vecinos de la OTB de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba, guardan correspondencia con las decisiones asumidas por la Junta de Vecinos:

1) Mediante el Voto Resolutivo 13 de noviembre de ese año, suscrito por el indicado Directorio; así como, varios nombres, números de cedulas de identidad y firmas; en reunión ordinaria se determinó de manera unánime “…efectuar el corte del alcantarillado correspondiente de la señora vecina Jenny Quea, ubicado en el manzano G-2 – lote N° 8, toda vez que la vecina no cumplió con la cancelación por concepto de la red de Alcantarillado a la urbanización, pese a ser notificado en forma verbal y escrita…” (sic) (Conclusión II.7.); y, 2) Por Voto Resolutivo de 27 de noviembre de 2022, suscrito por el Presidente y la Secretaria ahora accionados, entre otros y miembros del Directorio de la Junta Vecinal de la OTB de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba; asimismo, se consignan varios nombres, números de cedulas de identidad y firmas; el cual fue en mérito al voto resolutivo de 13 de igual mes y año, de la asamblea ordinaria de las bases de la citada OTB “…se determinó realizar el corte de la instalación clandestina a la red del alcantarillado en el domicilio de la vecina señora Jenny Quea, ubicado en el manzano G-2 lote N° 8 toda vez que no cumplió con la cancelación del costo del alcantarillado que todo vecino está en la obligación de cancelar por dicha conexión a la Res de alcantarillado. Por lo tanto en reunión extraordinaria se resolvió determinar lo siguiente: 1.- Reiterar y ratificar el corte de la Conexión del alcantarillado en el domicilio de la vecina Jenny Quea ubicado en el manzano G-2, lote N° 8. 2.- Conminar a la Empresa de EMAPAS a no efectuar la reinstalación del alcantarillado en el citado domicilio. 3.- En asamblea las bases determinaron que EMAPAS si incumple lo determinado, se efectuaran acciones de hecho, como huelgas de hambre o de lo contrario exigir a la empresa la devolución del costo total de la red del alcantarillado de la OTB Urbanizacion Ferroviarios red occidental sector este” (sic); el cual se encuentra suscrito por el Directorio de la Junta de Vecinos de la OTB de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba y otros vecinos de la zona (Conclusión II.9.). Asimismo, a través de las Notas de 20 de julio y 8 de septiembre de 2022, que contienen las conminatorias emitidas por el Directorio de la Junta de Vecinos de la OTB de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba, pusieron en conocimiento de la accionante las decisiones asumidas en forma clara, precisa y positiva, mediante los Votos Resolutivos de 13 y 27 de noviembre de ese año; no obstante, el Contrato Para la Prestación del Servicio de Alcantarillado Sanitario de 8 de julio de igual año, suscrito por EMAPAS y la accionante, quien efectuó la cancelación por la prestación de ese servicio básico con Bs691.- según la factura 29314.

En ese marco, de las acciones destinadas a impedir la instalación del servicio básico de alcantarillado sanitario en favor de la accionante y posteriormente -una vez instalado- a cortar o interrumpir el citado servicio básico mediante la destrucción del tubo de alcantarillado sanitario, incluso con el uso de maquinaria pesada, por parte del Directorio de la Junta de Vecinos de la OTB de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba y vecinos, que fueron denunciados por la accionante a EMAPAS, mediante: i) Nota presentada el 8 de julio de 2022, por la que denunció agresiones verbales que recibió por parte del “PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y OTROS”, quienes impidieron la conexión del servicio básico de alcantarillado sanitario tapando las excavaciones que se realizaron (Conclusión II.2.); ii) Nota presentada el 9 de septiembre de igual año, por la cual denunció agresiones verbales, psicológicas y económicas; ya que, el Presidente hoy accionado le exigió que demuestre su derecho propietario, además de pagar Bs16 950.-, por el servicio de la red de alcantarillado sanitario, según la liquidación efectuada por Martha Pablo Gutiérrez, Secretaria de Hacienda, de la OTB de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba -hoy coaccionada-, quien usurpando funciones de la indicada Empresa le conminó a regularizar sus cuentas pendientes de pago del alcantarillado en el plazo de setenta y dos horas y “…AMENAZANDOME DE MANERA FLAGRANTE EN LA PRIVACION DE ACCESO AL SERVICIO BASICO DE ALCANTARILLADO(…)INDICANDO QUE TODOS LOS VECINOS REALIZARAN EL CORTE DE LA RED DE ALCANTARILLADO…” (sic) -servicio instalado el 19 de julio de 2022-, que a pesar de cumplir con todos los requerimientos de las autoridades competentes, se encontraría amedrentada por el Presidente ahora accionado y otros miembros del Directorio de esa OTB (Conclusión II.5.); y, iii) Nota presentada el 16 de noviembre del mencionado año, denunciando el corte ilegal del servicio básico de alcantarillado sanitario, a través de la destrucción total del tubo efectuada el 13 de igual mes y año, por el Presidente hoy accionado y otros miembros de la OTB de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba y EL Directorio de la Junta Vecinal de esa OTB (Conclusión II.8.). Hechos de conocimiento de EMAPAS, según Formulario de Registro de Consultas de 15 de septiembre de 2022, suscrito por la accionante esa fecha sobre instalación de alcantarillado (Conclusión II.6.). En ese sentido, la cadena de hechos vinculados a la instalación del servicio básico de alcantarillado sanitario en favor de la accionante por la EMAPAS, se puede concluir de manera incontrastable que el Directorio de la Junta de Vecinos de la OTB de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba y vecinos, en principio el 8 de julio de 2022, impidieron la instalación del referido servicio básico por el personal técnico de la indicada Empresa. De manera reiterada, una vez instalado el mencionado servicio básico -19 de ese mes y año-, cortaron e interrumpieron el mismo -13 de noviembre de dicho año- previa excavación realizada; instalado por segunda vez -25 igual mes y año-, fue cortado e interrumpido nuevamente -27 ese mes y año-usando incluso maquinaria pesada para el efecto en ambos casos, destruyendo el tubo de alcantarillado. Por consiguiente, es preciso resaltar que estos hechos fueron ejecutados o consumados en cumplimiento a las determinaciones asumidas por la Junta de Vecinos de la OTB de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba, a la cabeza de su Directorio, mediante los Votos Resolutivos de 13 y 27 de noviembre de 2022, al señalar textualmente “…efectuar el corte del alcantarillado correspondiente de la señora vecina Jenny Quea, ubicado en el manzano G-2 – lote N° 8, toda vez que la vecina no cumplió con la cancelación por concepto de la red de Alcantarillado a la urbanización, pese a ser notificado en forma verbal y escrita…” (sic) y expresar que “…se determinó realizar el corte de la instalación clandestina a la red del alcantarillado en el domicilio de la vecina señora Jenny Quea…” (sic); determinaciones asumidas de manera clara, precisa y positiva, con la justificación de tratarse de una -conexión clandestina-; puesto que, la accionante no cumplió con el pago por la red de alcantarillado, conminando además, a EMAPAS a no efectuar la reinstalación del servicio básico de alcantarillado sanitario en favor de la accionante, bajo la alternativa de asumir medidas de hecho; lo cual fue corroborado por las exposiciones fotográficas y video adjuntos en obrados (Conclusión II.10.). En ese sentido, del análisis efectuado, no queda más que concluir que el Presidente y la Secretaria hoy accionados y como miembros del Directorio de la Junta Vecinal de la OTB de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba y los vecinos, incurrieron en medidas de hecho al cortar o interrumpir el servicio básico de alcantarillado sanitario instalado en favor de la accionante por EMAPAS, vulnerando de manera incuestionable su derecho de acceso al servicio básico de alcantarillado, que fue denunciado por la accionante. Sin embargo, si bien solo se presentó esta acción tutelar contra Eloy Jhonny Torrez Aruquipa y Martha Pablo Gutiérrez, como miembros del Directorio de la Junta de Vecinos de la OTB de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba -Presidente y Secretaria de Hacienda respectivamente-, a ellos les corresponde asumir la legitimación pasiva junto a los demás miembros del citado Directorio, conforme a las consideraciones y pruebas analizadas en líneas precedentes. Respecto a los demás vecinos de la Junta de Vecinos de la OTB de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba, no es posible precisar quienes intervinieron en las medidas de hecho; empero, la jurisdicción constitucional estableció la flexibilización de la legitimación pasiva en este tipo de medidas de hecho, para que los eventuales involucrados en este asunto puedan ejercer el derecho a la defensa y refutar los hechos descritos en esta acción tutelar y puedan proponer las pruebas en el desarrollo del proceso -incluso en etapa de revisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional-, en ejercicio de sus derechos y en interés propios. Finalmente, respecto al pago de daños y perjuicios, estas no pueden ser consideradas en razón de la tutela concedida parcialmente y la regulación potestativa establecida por el art. 39 del CPCo. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 189/2022 de 14 de diciembre, cursante de fs. 130 a 136 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada por Jenny Quea Pérez, respecto al derecho de acceso al servicio básico de alcantarillado sanitario, disponiendo que: a) Eloy Jhonny Torrez Aruquipa, Presidente y Martha Pablo Gutiérrez, Secretaria de Hacienda y demás miembros del Directorio de la Junta de Vecinos de la Organización Territorial de Base de la Urbanización Ferroviario Red Occidental Huayllani “Sector Este” del departamento de Cochabamba y vecinos de la misma, restituyan de manera inmediata el servicio básico de alcantarillado sanitario en favor de la accionante, bajo su costo y riesgo, en coordinación con la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Sacaba del departamento de Cochabamba.

b) El cese de los actos de hostigamiento con motivo de la conexión e instalación del servicio básico de alcantarillado sanitario en favor de la accionante, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela con relación a la imposición de daños y perjuicios, de acuerdo con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Notas al pie

13 Respecto a las variadas formas con las que se manifiesta las vías de hecho, la jurisprudencia constitucional expresada en la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, señala que: “Este Tribunal Constitucional Plurinacional, ha verificado con preocupación que recurrentemente se ha activado la acción de amparo para denunciar: i) Avasallamientos u ocupaciones por medidas o vías de hecho de predios urbanos o rurales, privados o públicos con limitación arbitraria del derecho a la propiedad, la perturbación o pérdida de la posesión o tenencia del bien inmueble; ii) Cortes de servicios públicos (agua, energía eléctrica, etc.);y, iii) Desalojos extrajudiciales de viviendas; entre otros supuestos…” (las negrillas son nuestras).

14 La SCP 1938/2012 de 12 de octubre, establece que: “Tal como se señaló precedentemente, al constituir las vías de hecho actos contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes, los cuales afectan derechos fundamentales reconocidos por el Bloque

de Constitucionalidad, por lo que de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, deben ser tutelados a través de la acción de amparo constitucional, por ser éste un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho, corresponde ahora, en el marco del principio de favorabilidad plasmado en el art. 256.I de la CPE, interpretar el art. 129.II de la Constitución, como génesis constitucional para la tutela de actos lesivos continuos en vías de hecho” (las negrillas nos pertenecen).

15 La SCP 0309/2012 de 18 de junio, en el Fundamento Jurídico III.3., señala que: “…el tiempo transcurrido, no constituye un óbice para la no concesión de la presente acción de amparo constitucional, toda vez que el avasallamiento y la consiguiente vulneración de los derechos fundamentales del accionante, continuaban a momento de solicitar se prosiga con la tramitación de la misma” (las negrillas nos corresponden).

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0825_2024-S3.pdf · páginas 1 a 26.

Huella digital del PDF (SHA-256): d85a8eb85ada7e95669b1126fd1e317ac280d9f7a34f0c1fa8ae40a15a3b4aed

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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