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SCP 0825/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 25 de julio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
25 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
47458-2022-95-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante por intermedio de su representante sin mandato, denuncia que se vulneró el derecho al debido proceso en su vertiente de celeridad procesal en relación con el derecho a la libertad; toda vez que, el Juez demandado sin considerar el memorial presentado por su parte el 12 de abril de 2022, no señaló oportunamente día y hora de audiencia para resolver la suspensión condicional de la pena solicitada, pasando por alto los plazos previstos en la norma; por lo que, solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia se disponga que: 1) El Juez demandado emita el correspondiente decreto judicial señalando día y hora de audiencia para la resolución de la suspensión condicional de la pena; y, 2) proceda a realizar las correspondientes citaciones a las partes; toda vez, que por determinación del art. 108 del CPP, la Defensa Pública está exenta del pago de fotocopias para su notificación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se analizará los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; y, ii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 4/2022 de 19 de abril, cursante de fs. 18 a 20, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Noveno Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías, y de acuerdo a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0825/2023-S1 Sucre, 25 de julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 47458-2022-95-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 4/2022 de 19 de abril, cursante de fs. 18 a 20, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jaime Daniel Campos Villanueva en representación sin mandato de Víctor Andrés Galarza contra Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 18 de abril de 2022, cursante de fs. 3 a 4, el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho.

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de robo agravado, el 6 de abril de 2021, en la audiencia de salida alternativa de procedimiento abreviado, fue condenado por el Juez demandado a tres años de presidio. Posteriormente el 12 de abril de 2022 solicitó audiencia para la suspensión condicional de la pena; sin embargo, la autoridad judicial demandada hasta la interposición de la presente acción de defensa no señaló audiencia pasando por alto lo previsto en el art. 132.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP) que establece el plazo de 24 horas para emitir el decreto, con el cual se debe notificar tanto al Ministerio Público como a las partes para luego en el plazo de 48 horas instalar la audiencia para su respectiva resolución como dispone el art. 328.II del referido Código, debido a que por disposición del art. 130 del CPP los plazos procesales son improrrogables y perentorios.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Alega como vulnerados el derecho al debido proceso en su vertiente de celeridad procesal en relación con el derecho a la libertad; citando al efecto los arts. 22, y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia se disponga que: a) El Juez demandado emita el correspondiente decreto judicial señalando día y hora de audiencia para la resolución de la suspensión condicional de la pena; y, b) proceda a realizar las correspondientes citaciones a las partes; toda vez, que por determinación del art. 108 del CPP, la Defensa Pública está exenta del pago de fotocopias para su notificación.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública de acción de libertad, el 19 de abril de 2022, conforme consta en el acta de audiencia cursante a fs. 17 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato ratificó el memorial de acción de libertad y añadió que: 1) Hasta la fecha 19 de abril de 2022 no fue notificado con ningún decreto judicial de señalamiento de audiencia de suspensión condicional de la pena; y, 2) Mediante la presente acción de libertad se conmine al Juez demandado a emitir el decreto judicial señalando día y hora de audiencia y sea notificado al Ministerio Público como a las partes, tomando en cuenta el principio de gratuidad previsto en el art. 108 del CPP modificado por el art. 12 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres - Ley 1173 de 8 de mayo de 2019.

I.2.2. Informe de la Autoridad demandada

Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito de 19 de abril de 2022, cursante a fs., 16 y vta., manifestó lo siguiente: i) Mediante memorial de 12 de abril de 2022 ingresado el 13 del mismo mes y año el accionante solicitó se señale audiencia de suspensión condicional de la pena que mereció el señalamiento de día y hora de audiencia para el lunes 18 de abril de 2022 a horas 10:00 a.m., tal como consta de la providencia de fs. 16; ii) Tomando en cuenta el feriado de Viernes Santo 15 de abril de 2022 se señaló audiencia dentro del plazo previsto por ley; y, iii) Debe considerarse que es obligación de las partes constituirse en secretaria del juzgado para tomar conocimiento sobre las actuaciones que puedan realizarse dentro las causas en trámite o investigación por lo referido el accionante da cuenta que no se apersonaron al juzgado por lo que mal podría atribuirse esta negligencia.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Noveno Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 4/2022 de 19 de abril, cursante de fs. 18 a 20, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad judicial demandada señale día y hora para considerar la suspensión condicional de la pena, sea en el plazo de 24 horas y resuelva la situación jurídica del accionante. Determinación asumida bajo los siguientes fundamentos: a) Se establece que la autoridad demandada señaló audiencia para considerar la petición formulada por la parte accionante, no obstante a la presentación de la acción de libertad, debió haber señalado audiencia de oficio para resolver la situación jurídica de la parte accionante; y, b) Al no haber actuado con la debida diligencia vulneró el derecho a la libertad y el principio de celeridad ocasionando una dilación injustificada que impidió resolver de manera oportuna la situación jurídica del accionante que se encuentra privado de libertad, vulnerando de esa manera los derechos al debido proceso y celeridad vinculados al derecho a la libertad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Por memorial de 12 de abril de 2022, Víctor Andrés Galarza -hora accionante-, solicitó ante el Juez Público Mixto Civil Comercial de Familia e Instrucción Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz -autoridad judicial demandada-, señale audiencia de suspensión condicional de la pena, en el plazo establecido en el art. 328.II del CPP modificado por la Ley 1173 (fs. 2). II.2. Cursa Decreto de 13 de abril de 2022, emitido por el Juez demandado en el que señaló audiencia para el 18 del indicado mes y año a horas 10:00 a.m., a objeto de considerar la suspensión condicional de la pena para el condenado Víctor Andrés Galarza y ordeno se oficie a la Gestora para fines de notificación y habilitación de salas virtuales (fs. 15).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante por intermedio de su representante sin mandato, denuncia que se vulneró el derecho al debido proceso en su vertiente de celeridad procesal en relación con el derecho a la libertad; toda vez que, el Juez demandado sin considerar el memorial presentado por su parte el 12 de abril de 2022, no señaló oportunamente día y hora de audiencia para resolver la suspensión condicional de la pena solicitada, pasando por alto los plazos previstos en la norma; por lo que, solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia se disponga que: 1) El Juez demandado emita el correspondiente decreto judicial señalando día y hora de audiencia para la resolución de la suspensión condicional de la pena; y, 2) proceda a realizar las correspondientes citaciones a las partes; toda vez, que por determinación del art. 108 del CPP, la Defensa Pública está exenta del pago de fotocopias para su notificación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se analizará los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; y, ii) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, asumió el siguiente entendimiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

III.2. Análisis del caso concreto

De la compulsa del expediente remitido en revisión, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Víctor Andrés Galarza, por la presunta comisión del delito de Robo Agravado fue sentenciado a la pena de tres años de presidio; el 12 de abril de 2022 el accionante solicitó ante el Juez demandado señale audiencia de suspensión condicional de la pena, por decreto del 13 del mes y año referidos el Juez señaló audiencia para el 18 de abril de 2022 a horas 10:00 para considerar la suspensión condicional de la pena y ordenó se oficie a la Gestora para fines de notificación, empero no se anexo prueba alguna si la misma procedió o no a su notificación. Analizados los antecedentes precedentemente descritos, se tiene que el Juez demandado si bien emitió el decreto de 13 de abril de 2022 por el cual señaló día y hora para considerar la suspensión condicional de la pena interpuesta por el accionante; sin embargo, en calidad de descargo no informó ni demostró de manera alguna si dicho decreto fue notificado al accionante y a las partes, menos si la audiencia se llevó a cabo. Por el contrario, el accionante refirió en audiencia que no fue notificado con decreto alguno.

No es suficiente que el Juez demandado señalé día y hora de audiencia para considerar la suspensión condicional de la pena, sino que debe ser debidamente notificado a las partes, con la finalidad que las mismas asistan a dicha audiencia y asuman defensa, sin que la falta de provisión de recaudos para fotocopias sea un impedimento para hacerlo oportunamente. De esa manera en el caso de autos, el acto vulneratorio no cesó, debido a que el decreto de 13 de abril de 2022 emitido por el Juez demandado, no cumplió su finalidad de hacer conocer a las partes el señalamiento de la audiencia; pasando por alto los entendimientos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional sobre la acción de libertad traslativa y de pronto despacho que señala:

(…) toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho (…). En ese entendido el Juez demandado, incurrió en una dilación indebida que restringe el derecho a la libertad; por consiguiente, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 4/2022 de 19 de abril, cursante de fs. 18 a 20, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Noveno Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías, y de acuerdo a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.

Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0825_2023-S1.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): f2aad5e4e8ad3021907e5366c9dc3052afae18348e1e2fbab4e91a6322e86ae4

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