Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 18 de mayo de 2026
Concede en parte la tutela
El accionante denunció la lesión de sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos al juez natural, a la motivación, fundamentación, “incongruencia omisiva”, a ser procesado por una sola vez, y a la salud; en razón a que, habiendo expuesto los agravios denunciados en el recurso de apelación contra la RA 132/2022 de 31 de agosto, que dispuso su sanción de retiro o baja definitiva de la institución policial sin derecho a reincorporación por la transgresión de los arts. 12 inc. 14); y, 14 incs. 8) y 10) de la LRDPB, no fueron respondidos por la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 404/2023 de 10 de octubre, advirtiéndose la ausencia de los referidos elementos del debido proceso, determinando declarar improbado el indicado recurso de impugnación y confirmándola en todo, ante ello, solicita se anule: a) La Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 404/2023; b) La RA 132/2022; c) El requerimiento ampliatorio de investigación, el auto de inicio de procesamiento, Auto de Rebeldía, los decretos de 4, 13 de abril y 4 de mayo de 2022 ; d) Que las autoridades demandadas dicten una nueva resolución resolviendo todas las denuncias formuladas en el recurso de apelación; y, e) Se condene en costas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 053/2024 de 6 de marzo, cursante de fs. 205 a 208 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto al derecho al debido proceso en sus elementos a la fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer dejar sin efecto la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 404/2023 de 10 de octubre, por lo que, el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana deberá emitir una nueva resolución conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 3° DENEGAR la tutela solicitada respecto a los derechos a la salud y al debido proceso en sus componentes a la fundamentación, motivación y valoración de la prueba concerniente a: la falta de pronunciamiento referente a su denuncia de porque los fiscales policiales vulneraron los arts. 67, 70, 42 inc. 4), 49 incs. 8) y 51), todos de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana; la recusación contra “Cnl Eduardo Víctor Uriarte Hurtado”; la denuncia efectuada contra el denunciante del proceso disciplinario; y, respecto a la justificación de manera fundamentada y motivada del por qué se hallaba comprobada la comisión de una falta grave, a través de la declaración testifical del “Cap Ariel Favio Luna Calle”; y, la denuncia de la “mala valoración” (sic) de la prueba testifical del “Cap. Jorge Cesar Fernández Villarroel”, “Tte. Jorge Felipe Ramos Catari”.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0824/2026-S3 Sucre, 18 de mayo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 63876-2024-128-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 053/2024 de 6 de marzo, cursante de fs. 205 a 208 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Víctor Hugo Soria Morón contra Álvaro Marcelo Flores López, Presidente; José Luis Alarcón Torrez, Vocal Permanente; Reynaldo Quisberth Rondon, Vocal Suplente; y, Javier Lopez Chipata, Vocal Suplente, todos del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana.
Por memoriales presentados el 22 de noviembre, 1 de diciembre de 2023, y 19 de febrero de 2024, cursante de fs. 67 a 99, 102 a 104 vta., y 192, el accionante expresó que:
Se inició un proceso disciplinario administrativo en su contra, por la presunta comisión de faltas graves estipuladas en el art. 14 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB) -Ley 101 de 4 de abril de 2011-, en el desarrollo del juicio oral, público y contradictorio se cometieron una serie de irregularidades e ilegalidades por el Tribunal Disciplinario Departamental La Paz, pese a ello, pronunció la Resolución Administrativa (RA) 132/2022 de 31 de agosto, por la cual, se lo sancionó con la baja definitiva sin derecho a reincorporación, al no encontrarse de acuerdo con esa decisión, planteó recurso de apelación demandando las anomalías ocasionadas durante la tramitación del referido proceso. Por consiguiente, por Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 404/2023 de 10 de octubre, fue resuelto el citado medio de impugnación, declarándolo improbado y confirmando la resolución confutada, misma que incurrió en las siguientes ilegalidades: a) Respecto a su agravio de que los fiscales policiales incumplieron los plazos procesales y que ampliaron una investigación en su contra por una supuesta falta grave dentro del mismo caso, sin respetar los arts. 67 y 70 de la LRDPB; le respondieron que la comisión de investigadores de la Dirección de Investigación Disciplinaria y Procedimientos Internos (DIDIPI) La Paz colectaron nuevos elementos, indicios y pruebas con los que se evidencia que su persona habría infringido otro artículo de la citada Ley, y que el Tribunal a quo resolvió su denuncia en la audiencia; por lo que, se le denegó la nulidad del requerimiento ampliatorio de la investigación; sin tomar en cuenta que su persona no denunció que los miembros del Tribunal de primera instancia no emitieron pronunciamiento sobre esa denuncia, puesto que, denunció que los fiscales policiales vulneraron los arts. 67, 70, 42 inc. 4), 49 incs. 8) y 51) de la LRDPB, por lo que, no se le dio una respuesta fundamentada motivada y congruente; asimismo, las autoridades demandadas no señalaron la norma en la cual se ampararon para ampliar la investigación cuando ya se venció el plazo; b) Una vez radicada la acusación fiscal policial por el Tribunal Disciplinario Departamental La Paz, el “Cnl. Uriarte” dictó el Auto de Inicio de Procesamiento -no cita fecha-, que siendo notificado el 24 de noviembre de 2021, al día siguiente presentó memorial de recusación en su contra, ya que, fue testigo de descargo, empero, “hasta el día de hoy” no fue resuelto, es más no se encuentra en el expediente; empero, estas denuncias efectuadas en audiencia, no fueron respondidas por el Tribunal de primera instancia; c) No pudo asistir a la audiencia de 4 de abril de 2022, dado que, tenía que acudir a la Caja Nacional de Salud (CNS); no obstante, en dicho verificativo su abogado justificó su inasistencia con una solicitud de exámenes complementarios y en el mismo día en horas de la tarde presentó otras dos justificativos -ficha de triaje y documento de la CNS-, de forma ilegal el Tribunal Disciplinario Departamental La Paz, emitió el Auto de Rebeldía, sin valorar y ni siquiera mencionar en la resolución, dichos justificativos; ante lo cual, solicitó de forma escrita su anulación, que fue contestado de forma negativa tan solo por el Presidente del Tribunal de primera instancia, vulnerando de esta manera su derecho al juez natural, puesto que, su pedido debió haber sido respondido por todos los miembros del citado Tribunal; habiendo formulado esta denuncia ante los mismos, tampoco, fue contestada; por la igual razón, pidió se deje sin efecto los decretos de 4 y 5 de ese mes y año; d) Al inicio del proceso oral público y contradictorio su abogado denunció ante el aludido Tribunal Disciplinario Departamental que el denunciante estaría cometiendo el delito de uso indebido de bienes y servicio, sin embargo, simplemente le contestaron que realice su denuncia en la Fuerza Especial Contra el Crimen (FELCC); e) Al inicio del juicio oral recusó a los Vocales del citado Tribunal Departamental “Andrade” y “Alanoca”, quienes aceptaron la recusación, pero el Presidente de dicho Tribunal, suspendió el verificativo de la audiencia por una hora para convocar a los vocales suplentes sin cumplir el art. 62.II de la LRDPB, que establece que el proceso debe continuar en veinticuatro horas y no en una hora; f) Como consecuencia del Auto de Rebeldía se le nombró un defensor de oficio, quien asumió su defensa en la audiencia; empero, en el mismo acto, su abogado de confianza pidió que se anule el acto en razón a que no podía llevarse a cabo el verificativo con un abogado de oficio nombrado de forma ilegal; sin embargo, el Presidente del Tribunal Disciplinario Departamental La Paz, rechazó dicha solicitud, amparándose en el art. 52 de la LRDPB; g) El Presidente del mencionado Tribunal Departamental no quiso notificar a sus testigos; h) En el verificativo oral observó las declaraciones de los testigos de cargo “…Cap. Luna, Sgto. My. Fernández; Tte. Callisaya, Sgto. Ajoruro y Sof. 2° Cipriano Quispe. Pidiéndole que sean tomados como testigos de descargo, sin embargo, no fue plasmada en la resolución de primera instancia..” (sic); i) El abogado de oficio ilegalmente nombrado, pidió se excluya las pruebas de cargo de “…Fjs. 629 a 690; sin embargo, los miembros del Tribunal Disciplinario Departamental de La Paz, no valoran ni fundamentan de hecho peor de derecho; conformándose con “copear las actas de audiencia…” (sic); j) Una vez concluido el juicio oral se dictó la RA 132/2022, la cual determinó que su persona incurrió en la comisión de una falta grave, comprobada a través de la declaración testifical del Capitán Ariel Favio Luna Calle, empero, sin explicar porque llegaron a esa conclusión; es decir sin la debida fundamentación y motivación; añade que se denunció a los miembros del Tribunal Disciplinario Superior la “mala valoración” (sic) de la prueba testifical del “Cap. Luna. Cap. Fernández, Tte. Jorge Felipe Ramos Catari” (sic); acota que los miembros del Tribunal Disciplinario Superior tampoco valoraron la prueba documental de descargo que consistían en informes expedidos por el Comandante Departamental de La Paz; y, k) En respuesta a estas denuncias por Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 404/2023 simplemente no le respondieron, solamente se hizo alusión al cumplimiento al art. 52 de la LRDPB, sin verificar las denuncias planteadas.
Denunció la lesión de sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos al juez natural, a la motivación, fundamentación, “incongruencia omisiva” y valoración probatoria, a ser procesado por una sola vez, y a la salud sin citar preceptos constitucionales que los contengan.
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se deje sin efecto: 1) La Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 404/2023 de 10 de octubre; 2) La RA 132/2022 de 31 de agosto; 3) El requerimiento ampliatorio de investigación, el Auto de Inicio de Procesamiento, Auto de Rebeldía, los decretos de 4, 13 de abril y 4 de mayo, todos de 2022; 4) Que las autoridades demandadas dicten una nueva resolución resolviendo todas las denuncias formuladas en el recurso de apelación; y, 5) Se condene en costas.
Celebrada la audiencia virtual el 6 de marzo de 2024, según consta en acta cursante de fs. 199 a 204 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante mediante su abogado, ratificó íntegramente los términos de su accionar tutelar y ampliándola, señaló que: i) El año 2021 se le inició un proceso disciplinario “…pero no por el motín del 2019…” (sic), fue porque su persona era el primero en calificación para ascender como Comandante General de la Policía Boliviana, así determinado por RA 036/2020 -no cita fecha-; ii) Pelagio Condori Yana, Viceministro de Descolonización y Despatriarcalización en enero de 2021, formalizó denuncia en su contra por haber iniciado motín, misma que fue rechazada por Resolución de Rechazo de 27 de febrero de 2021, ante lo cual, el prenombrado en represalia denunció a los Fiscales Policiales que suscribieron la indica Resolución, quienes al encontrarse atemorizados emitieron un requerimiento policial el 10 de mayo de 2021, refiriendo que su persona debía ser puesto a disposición investigativa, por consiguiente, a través de un ilegal requerimiento se amplía la investigación, que fue cuestionado ante el Fiscal Policial y Fiscal Departamental “…quienes no hicieron nada…” (sic), por el contrario se emitió la acusación fiscal, de esa manera, se lesionó los art. 42 incs. 4) y 8), 51 y 46 de la LRDPB; y, 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); ya que, lo que se investiga son faltas estipuladas en aludida Ley y no así hechos; y, iii) El Presidente del Tribunal de primera instancia incurrió en actos de investigación al pedir información a la CNS, respecto a la legalidad de la documentación que presentó como justificativo. En respuestas a las cuestionantes efectuadas por los Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, manifestó que: a) El acto que vulnera sus derechos es la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 404/2023; b) Se denunció la lesión de los arts. 67, 70 y 49 de la LRDPB; c) La investigación disciplinaria en su contra inicio el 10 de mayo de 2021, reclamó ante los Fiscales Policial y General, no obstante, no hicieron nada e incumplieron los plazos procesales, es así que, la investigación duró más de tres meses, cuando la norma establece el término de quince a veinte días; d) Ilegalmente se procedió a la ampliación de investigación; e) No se efectuó un examen pericial a las fotografías que se publicaron por la plataforma de Facebook, puesto que, las mismas eran montadas; f) El Tribunal de primera instancia no resolvió la recusación planteada contra el Coronel Uriarte, quien era Presidente del indicado Tribunal; y asimismo, era testigo de cargo, empero, el memorial de la citada recusación desapareció; g) La SCP “703/2023 de 8 de agosto” determinó anular la resolución de primera y segunda instancia, en un caso constitucional similar al suyo, por el hecho de la realización de un motín en la “UTOP”; y, h) El Tribunal Superior demandado no contestó a los agravios denunciados, siendo uno de ellos, la declaratoria de rebeldía, ya que, no se consideró la documentación que presentó justificando su ausencia al verificativo.
Los miembros del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana mediante su abogado en audiencia, solicitaron se deniegue la tutela, señalando que: 1) La Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana es una normativa especial y aplicable a todos los funcionarios policiales en servicio activo y garantiza un proceso disciplinario eficiente, eficaz y respetuoso de los derechos humanos; 2) El Viceministro de Descolonización y Despatriarcalización el 5 de mayo de 2021, formuló denuncia disciplinaria contra el accionante cuando ostentaba el cargo de Subcomandante Departamental de La Paz de la Policía Boliviana, por los hechos y conflictos sociales -acontecidos el 2019-, aperturándose el caso 119/2021, ante ello, el Fiscal Policial asignado emitió requerimiento de inicio de investigaciones, habiéndose cumplido con lo previsto por el art. 42 de la LRDPB; 3) No es cierto que se hayan incumplido los plazos procesales; 4) Una vez radicado el proceso en el Tribunal Disciplinario Departamental La Paz se señaló fecha del correspondiente verificativo, para el cual el impetrante de tutela hubiese presentado documentación justificando su inasistencia, al cual hubiese sido contestado mediante decreto, siendo el Presidente del citado Tribunal, quien tiene competencia para emitir decretos de mero trámite; 5) El art. 80 de LRDPB, señala las causales de suspensión de audiencia y entre ellas no está la recusación del presidente y vocales del Tribunal Disciplinario; 6) El Presidente del indicado Tribunal realizó actos de verificación y no así de investigación al expedir un oficio a la oficina de Bienestar y Salud de la CNS; 7) El peticionante de tutela al ser declarado en rebeldía se le designó un abogado defensor de oficio, quien desempeño una defensa eficaz, asimismo, no presentó ninguna objeción cuestionando su patrocinio, por lo que, se considera como un acto consentido, como consecuencia no se le vulneró su derecho a la defensa; 8) Se demanda varias actuaciones emitidas por el Tribunal Disciplinario Departamental, por ende, debió demandarse a los miembros del mismo; y, 9) La decisión pronunciada por el Tribunal Superior demandado se encuentra debidamente fundamentada, motivada y congruente, dándose respuesta a los agravios descritos; además, concluyó que no se transgredió su derecho a la defensa, puesto que, se encontraba patrocinado con un abogado defensor.
Pelagio Condori Yana, Viceministerio de Descolonización y Despatriarcalización, mediante su representante legal, en calidad de tercero interesado, presentó informe escrito el 19 de febrero de 2024, cursante a fs. 187 y vta. y en audiencia pidió se deniegue la tutela, señaló que: i) El accionante fue sancionado por la comisión de las faltas previstas en los arts. 12 inc. 14) y 14 incs. 8) y 10) de la LRDPB por RA 132/2022, confirmada en todas sus partes por la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 404/2023, ante ello, se adhiere a los fundamentos vertidos por la parte demandada; ii) Se demanda el decreto de 4 de abril de 2022, contra el cual debió plantearse acción de amparo constitucional dentro del término de seis meses habiendo vencido el mismo; y, iii) El peticionante de tutela no indicó con claridad cuáles fueron los agravios que se ocasionaron al dictar la mencionada Resolución del Tribunal Disciplinario Superior, tampoco explicó sobre la falta de valoración probatoria.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz por Resolución 053/2024 de 6 de marzo, cursante de fs. 205 a 208 vta., denegó la tutela impetrada, decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) Se identificó como acto lesivo la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 404/2023, que presuntamente transgredió el debido proceso como derecho, garantía y principio, como también, al juez natural y a la defensa, empero, el accionante en la exposición de sus argumentos no fue claro cómo y en qué forma fueron lesionados; b) El prenombrado se limitó a realizar un relato de toda la tramitación del proceso disciplinario desde el inicio de las investigaciones hasta el último acto procesal, sin embargo, no efectuó una relación subsuntiva de cómo y en qué momento cada uno de los derechos citados fueron vulnerados; y, c) La mencionada Resolución confutada desarrolló adecuadamente los antecedentes del caso, desplegó un razonamiento del porque emitió esa decisión enumerando las contravenciones denunciadas y respondiéndolas una a una y citando el ordenamiento aplicable, por lo que, no se encuentra fuera de los principios de legalidad y constitucionales. En vía de aclaración, complementación y enmienda el accionante pidió se pronuncie sobre la medida cautelar. En sustanciación y resolución del impetrado, la precitada Sala Constitucional señaló que, el 13 de diciembre de 2023, ordenó la suspensión de la remisión de la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 404/2023 a la Dirección Nacional de Personal del Comando General de la Policía Boliviana, hasta la sustanciación de este mecanismo tutelar, por ende, habiéndose resuelto en el fondo ya no tendría razón lo determinado en la medida cautelar, al haberse dispuesto la denegatoria de la tutela impetrada.
Por memorial presentado el 26 de febrero de 2026 (fs. 275 a 276 vta.) ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, el accionante pidió adelanto de sorteo, por encontrarse delicado de salud; a lo cual, la Comisión de Admisión de este Tribunal a través del AC 124/2026-CA/S de 1 de abril, cursante de fs. 280 a 284, dispuso ha lugar la misma, procediéndose al efecto con el sorteo respectivo de la causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 20 de octubre de 2022, Víctor Hugo Soria Morón -accionante- planteó recurso de apelación contra la RA 132/2022 de 31 de agosto, exponiendo los siguientes agravios:
1) Ilegalidades cometidas por el Fiscal Policial, Fiscal
Departamental de La Paz y Fiscal General
Respecto al Fiscal Policial denunció en varias oportunidades que incurrió en el incumplimiento de plazos procesales, puesto que, la etapa de investigación debió concluir el 14 de octubre de 2021, incluida la ampliación del mismo de veinte días, empero, hasta el 28 de ese mes y año, no fue notificado con el requerimiento de acusación o de rechazo quebrantando los arts. 115, 116.I, 117.I y II, 120 y 122 de la CPE; 42 inc. 4), 49 inc. 8); 51, 67 y 70 de la LRDPB; y, 55 inc. b) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (LOPN), ante ello, solicita la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo “Fjs. 664” del caso 119/21, puesto que, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Respecto al Fiscal Departamental de La Paz, ante esa autoridad demando la contravención de los términos procesales por parte de los investigadores y de los Fiscales Policiales, quienes no emitieron el informe ni el requerimiento conclusivo de acuerdo estipula el art. 70 de la LRDPB, empero, no resolvió lo cuestionado infringiendo los arts. 41 inc. 1), 2), 3), 4); y, 49 inc. 8) y 51 de la citada Ley, encubriendo de esta manera las faltas graves. Respecto al Fiscal General ante el nombrado cuestiono varias veces la transgresión de los plazos procesales cometidos por el Fiscal Departamental de La Paz, quien al ponerlo en conocimiento de las falencias procesales referidas, no emitió ningún pronunciamiento omitiendo la aplicación de los arts. 41 incs. 1), 2), 3), 4); y, 49 inc. 8) y 51 de la aludida Ley.
2) Ilegalidades realizadas por los miembros del Tribunal
Disciplinario Departamental La Paz en audiencia
Primer agravio, el 4 de abril de 2022 a través de memorial puso en conocimiento al Tribunal Disciplinario Departamental La Paz que debía realizarse exámenes complementarios en el Policlínico de la CNS, consistentes en ficha de triaje y justificativo de examen de ecografía, por lo cual, no podría presentarse a la audiencia de juicio oral, no obstante, no fueron tomados en cuenta y el 5 de igual mes y año, fue notificado con el Auto de Rebeldía, que es ilegal y arbitrario sin que tenga competencia para dictarla, transgrediendo el art. 80.I inc. 3) de la LRDPB, por consiguiente, el 12 del mismo mes y año, devolvió el citado Auto solicitando se deje sin efecto, que fue respondido por decreto de 13 del aludido mes y año, suscrito solo por el Presidente de ese Tribunal y no así también por los Vocales, aspecto que cuestiona considerando que de igual manera se lesionó el derecho al juez natural. Segundo agravio, cuestiona la legalidad de los decretos de 4 y 5 de abril de 2022, dado que, el primero fue pronunciado por el Presidente del mencionado Tribunal sin tener competencia conforme los arts. 33 inc. 4) y 80.I inc. 3) de la LRDPB; y respecto al segundo decreto, tampoco tenía competencia para declararlo en rebeldía, de acuerdo al art. 80.II de la indicada Ley, ante ello, solicitó al señalado Tribunal Departamental que se deje sin efecto los mismos. Tercer agravio, pidió se deje sin efecto el Auto Inicial del Proceso, ya que, fue suscrito por “Cnl. Uriarte”, quien era presidente del Tribunal Disciplinario Departamental La Paz y también tenía calidad de testigo de descargo, por lo que, formuló de forma escrita recusación, memorial que no está incluido en el expediente, situación que reiteró en audiencia e incluyó a la “Sof. Alanoca”, empero, solo el Tribunal Departamental demandado declaro ha lugar sobre la recusación de la última nombrada y no así sobre el “Cnl. Uriarte”. Cuarto agravio, en audiencia mediante su abogado denunció ante el Tribunal Departamental demandado que el denunciante disciplinario estaba haciendo uso indebido de bienes del estado, toda vez que, utilizaba el patrocinio del Viceministerio de Descolonización y Despatriarcalización, obteniendo como respuesta, que acuda a denunciar ante la FELCC, aspecto que lo convierte en cómplice del citado ilícito. Quinto agravio, igualmente en el verificativo del juicio oral denunció ante los miembros del Tribunal Departamental demandado sobre la recusación citada, y ante la inexistencia del mismo en obrados, presentó la copia, empero, fue inutilizado dolosamente, que “hasta el día de hoy” no fue desglosado ni respondido. Sexto agravio denunció el incumplimiento de plazos procesales al no contestar el memorial de recusación presentado el 25 de noviembre de 2021 hasta el 19 de abril de 2022 de acuerdo a lo previsto por el art. 62.II y III de la LRDPB, sin embargo, el citado Tribunal Departamental demandado desestimó su solicitud de dejar nulo el Auto Inicial del Proceso y no se pronunció sobre el incumplimiento referido. Séptimo agravio, ante el Presidente del Tribunal Departamental demandado cuestionó que los Fiscales Policiales no cumplieron con su deber, ya que, no promovieron la acción de inconstitucionalidad concreta que planteó y pidiéndole que por medio de su autoridad sea promovida, no obstante, se negó hacerlo, por consiguiente, anunció que apelará esa decisión. Octavo agravio, en el verificativo de juicio oral se presentó incidente de falta de acción acorde al art. 65.I de la LRDPB, aduciendo que el citado Viceministerio no podría formular denuncia disciplinaria de acuerdo lo previsto por la referida Ley, y el Decreto Supremo (DS) 4393 de 13 de noviembre de 2020, por consiguiente, estaría incurriendo en la comisión de un delito, sin embargo, rechazó lo solicitado. Noveno agravio, asimismo, cuestionó el incumplimiento de plazos procesales por parte de los Fiscales Policiales transgrediendo los arts. 51 y 67 de LRDPB, puesto que, se amplió las investigación por otras faltas disciplinarias dentro del proceso aperturado en su contra lesionando el art. 117 de la CPE, siendo desestimado. Décimo agravio, interpuso recusación contra los Vocales Permanentes del Tribunal Departamental demandado “Cnl. Andrade y Sof. Alanoca”, porque extraviaron su memorial de recusación formulado anteriormente, sin embargo, el Presidente del citado Tribunal sin cumplir el procedimiento sin resolver la recusación directamente convocó a los Vocales Suplentes y señaló audiencia dentro la siguiente hora, cuando la normativa disciplinaria policial estipula que debe ser programada en las siguientes veinticuatro horas, teniendo como contestación de manera ilegal que debe ser celebrada dentro de las veinticuatro horas. Decimoprimer agravio, demando la anulación de obrados, ya que, la designación del abogado defensor de oficio, quien fue nombrado en consecuencia del ilegal Auto de Rebeldía, ante ello, se estaba desarrollando una audiencia ilegal, pero, el Presidente del Tribunal Departamental demandado no aceptó lo peticionado, por lo cual, anunció apelación.
Decimosegundo agravio, denunció la vulneración del derecho a la igualdad, ya que, el Tribunal Departamental demandado no quiso notificar a sus testigos. Decimotercer agravio, cuestiona el proceder del Presidente del indicado Tribunal, puesto que, efectuó actos investigativos al solicitar información sobre su persona al Director Nacional de Salud y Bienestar Social de la CNS respecto a que si la documentación que presentó es original pidiendo la verificación y autenticidad, siendo respondida de forma afirmativa. 3) Ilegalidades contenidas en la Resolución de Primera Instancia
Como primer agravio, la RA 132/2022 indicó sobre el Auto de Rebeldía que al advertirse la incomparecencia del proceso y la falta de la debida justificación en la audiencia de 4 de abril de 2022, argumento falso, dado que, su abogado en ese verificativo presentó la solicitud de exámenes complementarios de la CNS, por lo que, tenía que constituirse en la citada fecha para realizarse una ecografía, sin embargo, el Tribunal Departamental demandado determinaron que el término de veinticuatro horas presente más justificativos, por ende, en la misma data, presentó “ficha Tiraje otorgado por la Lic. Erika Luna Peralta del Policlínico 9 de abril” (sic), y la constancia de la realización de la ecografía desde horas 10:15 hasta 11:00; sin embargo, no fueron valoradas ni mencionadas en el citado Auto de Rebeldía, transgrediendo el art. 115.II de Norma Suprema, por lo que, el argumento vertido carece de fundamentación y motivación; también hace alusión que, el Presidente del señalado Tribunal realizó actos investigativos, puesto que, por oficio 418/22 dirigido al Directo Nacional de Salud y Bienestar Social de la CNS, requiriendo la verificación y autenticidad de los documentos presentados como justificativos de su inasistencia, el cual fue respondido por oficio CITE 465/22 e informe 061/22, pesa a ello, no dejó sin efecto el cuestionado Auto de Rebeldía, sin manifestar nada al respecto, cuando debían anularlo y ordenar se lleve a cabo un proceso de manera legal. Como segundo agravio, la Resolución confutada cita que, su persona formuló dos incidentes y una excepción, de los cuales solo se hizo mención al objeto de su formulación y el petitorio, sin resolverlos de forma fundamentada de hecho ni de derecho. Como tercer agravio la RA 132/2022 indicó que, la declaración testifical realizada por el “Cap. ARIEL FAVIO LUNA CALLE”, quien cumplía las funciones de ayudante de “ORDENES” es relevante, puesto que, de las fotografías exhibidas por el Fiscal Policial, lo reconoció como Subcomandante del departamento de La Paz de la Policía, declaración por la cual se sustentó la comisión de las faltas previstas por los arts. 12 inc. 14); y, 14 incs. 8) y 10) de la LRDPB; es así que, no refirieron sobre la utilidad y pertinencia de manera fundamentada y motivada de esa declaración, ya que, la misma no hizo referencia a los elementos contenidos en el art. 12 inc.14) de la nombrada Ley, por lo que, es “absurdo decir que mi persona cometió la falta por el solo hecho de decir que mi persona es la que está en la fotografía” (sic), y resalto que, para acreditar que cometió la aludida falta el Comandante Departamental o Comandante General debían haber declarado. Como cuarto agravio denuncia que la declaración testifical del “Cap. JORGE CESAR FERNÁNDEZ VILLORROEL... realiza patrullaje ciber digital en la búsqueda de posibles faltas” (sic), quien encontró un video en “ATB digital canal 9” donde se lo identificó que vestía uniforme 1, con jokey de oficial, con marbete “V.SORIA M” y subió a un vehículo policial junto con “Camacho Y Pumari”, por lo que, su persona hubiese dispuesto personal y vehículo policial en su condición de Subcomandante del Departamento de La Paz, siendo una prueba relevante, útil y pertinente adecuándose esa conducta a la falta disciplinaria del art. 14 incs. 8) y 10) de la LRDPB; sin considerar lo previsto por el inciso 8, ya que, no determinaron los componentes constitutivos de esa falta, por lo que, lo argüido es arbitrario e ilegal; puesto que, el testigo nunca manifestó la frase “'…y el vehículo fue dispuesto por el procesado en su condición de Subcomandante Departamental…´” (sic), testigo que también señaló que su persona no ha cometido la falta al no dar parte. Como quinto agravio la Resolución impugnada hace alusión a la declaración testifical del “Tte. JORGE FELIPE RAMOS CATARI”, quien cumplía las funciones de ayudante de Ordenes del Comando Departamental de La Paz, específicamente en contestar el teléfono, llevar la agenda del Subcomandante, y manifestó en su declaración que desconocía sobre los hechos ocurridos el 8, 9, 10, 11 y 12 de noviembre de 2019 y que su persona ostentaba el cargo de Subcomandante del indicado departamento, siendo valorado como prueba testifical relevante, adecuado su conducta a las faltas disciplinarias descritas en los arts. 12 inc. 14); y, 14 incs. 8) y 10) de la LRDPB, ante ello, el razonamiento emitido es infundado, puesto que, se lo sanciona por el simple hecho de haber sido Subcomandante. Como sexto agravio refiere que planteó exclusión probatoria testifical de cargo de pruebas documentales referentes a certificaciones, memorándum de felicitaciones de personas que no eran parte del proceso, de informes de peritos que no tienen relación con el proceso, sin embargo, la Resolución cuestionada no valoró ni expresó una justificación motivada al respecto sin aceptar lo peticionado; de igual manera, pidió se excluya las declaraciones de los testigos “Cap. Luna”, “Sgto. My. Fernández”, “Tte. Callisaya”, “Sgto. Ajoruro” y “Sof. 2do. Cipriano Quispe” y sean tomadas como testigos de descargo. Como séptimo agravio la Resolución impugnada no analizó, valoró ni se pronunció sobre las declaraciones testificales de sus testigos de descargo de “Cap. Luna”, “Sgto. My. Fernández”, “Tte. Callisaya”, “Sgto. Ajoruro” y “Sof. 2do. Cipriano Quispe”, transgrediendo los arts. 87, 90 inc. 2) y 97 inc. f) de la LRDPB. Como octavo agravio denuncia que la RA 132/2022 no efectuó la concerniente valoración de las pruebas documentales de descargo que exhibió en audiencia consistentes en los informes de 30 y 31 de septiembre; 1, 14, 21, 22, 26, 29 de octubre; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 de noviembre, entre otros; y, 4 de diciembre, todos de 2019; las Ordenes de Operación 45/2019, 50/2019 y 051/2019; Represión 11/2019, 012/2019, 013/2019, 015/2019 y 016/2019; y, bajas médicas 30 de noviembre de 2021, 21, 25 y 31 de enero, 2 de marzo y 30 de julio, todas de 2022. Como noveno agravio demanda la vulneración del art. 91 inc. g) de la LRDPB, para lograr la comprensión de aquello, refiere el contenido del art. 12 inc. 14) de citada Ley, que para la concretización de esa falta era imprescindible que el Comandante Departamental de La Paz de la Policía emita un informe o declaración que demuestre que no dio parte de las novedades del servicio de 8, 9, 10, 11 y 12 de noviembre de 2019, documentación inexistente dentro del proceso, de igual forma, concerniente al art. 14 inc. 10) de aludida Ley, ni la Fiscalía Policial ni los miembros del Tribunal Disciplinario demandado señalaron de qué forma infringió esa falta sin pronunciarse sobre a quienes instigó, cómo lideró motines, en que fechas, unidad operativa o dirección nacional, así también, qué huelga organizó, tan solo se limitó a señalar que cometió la falta descrita en el art. 14 inc. 10) de la Ley nombrada; es así que, respecto al inciso 8 del citado precepto los Fiscales Policiales y el Tribunal demandado no hicieron mención a quién ordenó o instigó para que ejecuten servicios policiales o el tipo de delito penal que perpetró, omisión que vulneró el art. 91 inc. g) de esa Ley, y en consecuencia, el derecho al debido proceso en sus componentes a la fundamentación y motivación (fs. 4 a 12 vta.).
II.2. Consta Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 404/2023 de 10 de octubre, pronunciado por los miembros Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana -demandados-, que declararon improbado el recurso de apelación interpuesto por el impetrante de tutela y confirmaron en todo la RA 132/2022, con base a los siguientes fundamentos:
i) Ilegalidades cometidas por el Fiscal Policial, Fiscal Departamental de La Paz y Fiscal General
Concerniente a la denuncia efectuada respecto a que en el proceso disciplinario se incumplieron los plazos procesales y cuestiona la legalidad de la ampliación de la investigación, el Tribunal Disciplinario demandado manifestó que, de la revisión del cuaderno procesal del caso 119/2021 advirtió que el 10 de mayo de 2021 se emitió el Requerimiento de Inicio de Investigación siendo notificado el accionante el 9 de septiembre de ese año, el Requerimiento de ampliación de la investigación es de 24 del mismo mes y año, que fue notificado el 28 de igual mes y año, actuado que se emitió porque la comisión de fiscales de la DIDIPI de La Paz colectó nuevos elementos y pruebas que evidencian que el prenombrado brindó seguridad a los citados presidentes de los Comités Cívicos, sin haber recibido ninguna orden de sus superiores para ello, así informado por el Departamento III de Planeamiento y Operaciones del Comando Departamental de La Paz de la Policía que mencionó no existe registro de la información requerida, ante ello, se amplió la denuncia a una nueva falta por la presunta transgresión prevista en el art. 12. inc. 14) de la LRDPB, por consiguiente, se constató que la Resolución de primera instancia si se pronunció sobre lo cuestionado y la lesión de los arts. 115, 116, 117, 120 y 122 de la CPE; y, 42, 49, 67 y 70 de la LRDPB. Así también, el Considerando III de la Resolución impugnada, resolvió los incidentes y excepciones planteados por el recurrente, que fueron rechazados conforme el art. 52 de la citada Ley; el prenombrado también reclama que el Fiscal Departamental Policial no promovió la acción de inconstitucionalidad que interpuso, empero, recalcó que eso no impide que el proceso disciplinario prosiga en su tramitación, por lo que, advirtió que todas las cuestionantes formuladas fueron respondidas, las cuales se encuentran insertas en la Resolución confutada, concluyendo que no se quebrantaron los arts. 115, 116, 117.I y II, 120 y 122 de la Norma Suprema, y dio cumplimiento a lo estipulado por los arts. 42 inc. 4), 49 inc. 8), 51, 55, 67 y 70 de la LRDPB. Respecto a la denuncia contra el Fiscal Departamental Policial y haber infringido el art. 41 incs. 1), 2), 3) y 4) de la señalada Ley, de la revisión de obrados, se constató que no es así, ya que, adecuó sus actuados a lo establecido por los arts. 41 incs. 1), 2), 3), 4), 5) y 7); 70.2; y, 72 de la aludida Ley; concerniente a la denuncia contra los Fiscales Policiales al haber incurrido en el incumplimiento de plazos, la notificación ilegal con el requerimiento de acusación y el decreto de 10 de noviembre de 2021 emitido por el indicado Fiscal Departamental, se advirtió que tuvo una participación activa en cumplimiento de los preceptos normativos de la mencionada Ley, supervisando las actuaciones desarrolladas por los Fiscales Policiales, ya que, el recurrente varias veces intimidó a los Fiscales Policiales con formular denuncias disciplinarias en su contra, por ende, lo demandado no incide en la decisión de la Resolución impugnada, ya que, fueron resueltas en la audiencia de juicio oral, público y contradictorio sustanciada por el Tribunal Disciplinario demandado.
ii) Ilegalidades realizadas por los miembros del Tribunal
Disciplinario Departamental de La Paz en audiencia
Al respecto del primer agravio, señaló que el Auto de Inicio de procesamiento de 22 de noviembre de 2021, se señaló audiencia de juicio oral para el 1 de diciembre de igual año, a horas 11:30, siendo suspendida por inasistencia del recurrente, programándose para el 14 de ese mes y año, que por el mismo motivo fue aplazada, señalándose verificativo para el 5 de enero de 2022, que también fue suspendida para el 10 de febrero del citado año, que nuevamente fue programada por su ausencia para el 4 de marzo de igual año, que o través fue aplazada por inasistencia del procesado y programándose para el 4 de abril, que igualmente fue reprogramada por la misma razón, empero, a la cual asistió su abogado patrocinante aduciendo que el denunciado se encontraba en el Policlínico de la CNS realizándose unos exámenes médicos complementarios y que presentará la documentación pertinente en el transcurso del día, sin embargo, no lo hizo en el verificativo, por lo que, el Presidente del Tribunal Departamental Disciplinario al no haberse justificado la ausencia aplicó el art. 80 de la LRDPB, y señaló una fecha de audiencia para el 19 de abril del indicado año. El procesado el 4 de abril del citado año a horas 12:20 presentó memorial explicando los motivos de su ausencia y adjuntó la solicitud de exámenes complementarios de la CNS, denunciando que no fueron valoradas, empero, por las constantes inasistencias a los verificativos programados y al no haber sido presentado en la audiencia de la fecha indicada se dictó el Auto de Rebeldía de 5 del mismo mes y año, es decir que fue presentado a destiempo, por ende, no afecta a la decisión tomada por el referido Auto, ya que, día antes del verificativo debió poner en conocimiento de los correspondientes motivos de su inasistencia.
Al respecto del segundo agravio, el decreto de 4 de abril de 2022, fue expedido por el Presidente del Tribunal Departamental Disciplinario de La Paz bajo lo previsto por el art. 33 inc. 4) de la LRDPB, que fue dictado en respuesta al escrito interpuesto por el procesado en el que adjuntó la documentación que explicaba sobre su inasistencia. Ahora bien, concerniente al decreto de 5 del mencionado mes y año, el referido Presidente acorde a los arts. 33 inc. 4) y 80.II de la citada Ley, pronunció el Auto de Rebeldía del proceso del denunciado y le designó un abogado de oficio para su defensa para el verificativo de 19 del mismo mes y año. Al respecto del tercer agravio de la revisión de obrados no se advierte algún actuado por el cual se haya recusado al “Cnl Eduardo Víctor Uriarte Hurtado”, quien era testigo de descargo, por consiguiente, no tiene asidero legal lo denunciado respecto a dejar sin efecto el Auto Inicial del Proceso suscrito por el prenombrado. Al respecto del cuarto agravio, el Tribunal Disciplinario Superior demandado manifestó que, si el denunciado tiene conocimiento de la comisión de un ilícito penal tiene el derecho y obligación de denunciarlo en las instancias correspondientes, por consiguiente, lo cuestionado no se ajusta a lo estipulado por el art. 52 de la LRDPB, por lo que, cualquier incidente o excepción de otra naturaleza será rechazado sin mayor trámite. Al respecto del quinto y sexto agravio el Tribunal Disciplinario Departamental en el verificativo de 19 de abril de 2022, determinó rechazar la denuncia concerniente a la recusación, dado que, no se ajustaba a lo señalado por el art. 52 de la indicada Ley. Al respecto del séptimo agravio fue rechazado en la audiencia de 19 del citado mes y año, porque no se encuentra conforme a lo determinado por el art. 52 de la referida Ley, sin embargo, el procesado tiene el derecho de denunciar a los responsables que no promovieron la acción de inconstitucionalidad que interpuso. Al respecto del octavo agravio el denunciado planteó en el aludido verificativo incidente de falta de acción, fue rechazado porque no se enmarca de acuerdo al art. 52 de la nombrada Ley, ya que, ese precepto prevé como excepciones la prescripción de la acción o cosa juzgada debidamente justifica y formulada en el primer momento de la audiencia.
Al respecto del noveno agravio mencionó que, de la revisión de obrados se tiene el Requerimiento de Inicio de Investigación de 10 de mayo de 2021, que fue notificado al procesado el 9 de septiembre de ese año; el Requerimiento de ampliación de la Investigación de 24 de septiembre de igual año, siendo notificado el prenombrado el 28 del mismo mes y año, dado que, en el desarrollo de las investigaciones el DIDIPI de La Paz reunió nuevos elementos y pruebas que hacen presumir que hubiese infringido otras faltas disciplinarias estipuladas en la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana. Al respecto del décimo agravio en audiencia de 19 de abril de 2022 de juicio oral, se dilucidó lo demandado por el procesado concerniente a la recusación en contra de los Vocales Permanentes “Cnl. Andrade y Sof. Alanoca” sin haber recibido una respuesta y sin cumplir el procedimiento se convocó directamente a los Vocales suplentes, determinándose denegar lo indicado, bajo el razonamiento que no cumplió con lo señalado por el art. 52 de la LRDPB, puesto que, únicamente podrá plantearse las excepciones de prescripción de la acción o cosa juzgada. Al respecto del decimoprimer agravio el Tribunal Disciplinario Departamental en relación a la solicitud de la anulación de obrados por la designación ilegal del defensor de oficio a consecuencia del Auto de Rebeldía en contra el procesado, rechazó el mismo, con el argumento que lo peticionado no encaja con lo mencionado por el art. 52 de la LRDPB. Al respecto del decimosegundo agravio en audiencia de juicio oral se indicó que “…por la cantidad de testigos de descargo y que no se cuenta con la fotocopia y tampoco sus nuevos destino, es muy difícil notificarlos los cuales por el grado, cumple funciones en diferentes Departamentos eso hace muy difícil su notificación, empero, se realizar lo imposible para poder notificar a los testigos de descargo para no entorpecer el desarrollo del presente proceso y para ello solicita la colaboración del procesado como también de su abogado defensor para cumplir a las notificaciones, solo solicitan pero no coadyuvaron con los funcionarios del Tribunal Disciplinario…” (sic). Al respecto del decimotercer agravio se advirtió que, en el verificativo de 28 de abril de 2022, tanto los Fiscales Policiales “Tte. Céspedes” y “Tte. Huanca”, asimismo, el abogado de la parte denunciante formalizó el reclamo de la constante ausencia del procesado ocasionando la suspensión de las audiencias “…complementa para que mediante el Departamento la Dirección Nacional de Salud y Bienestar Social se verifique sobre el estado de salud del procesado Cnl. DESP. Víctor Hugo Soria Morón, a esta solicitud el abogado de la defensa no objeto no se pronunció al respecto no se opuso y lo dio por bien hecho, el presidente a solicitud de la Comisión de Fiscales y la parte denúnciante es que oficia a la Dirección Nacional de salud…” (sic), esto con la finalidad de no perjudicar la prosecución del proceso disciplinario, por ende, se ordenó que por secretaria se oficie a la indicada Dirección para tener información sobre la salud del recurrente, ante ello, esa actuación fue realizada en estricta equidad y no se lesione los derechos de las partes procesales. Finalmente, concluye que el recurrente redunda en sus peticiones sin efectuar una fundamentación y motivación, tampoco hizo mención a la norma y cuál su aplicación, pese a eso, fueron respondidas por el Tribunal Disciplinario Departamental demandado en audiencia de juicio oral, así plasmado en el Considerando III de la Resolución impugnada.
iii) Ilegalidades contenidas en la Resolución de Primera
Instancia
En respuesta al primer agravio indicó que, en el Considerando II de la Resolución impugnada se resolvió lo demandado respecto a la anulación del Auto de Rebeldía de 5 de abril de 2022, dado que, explicitó los motivos que conllevaron a la emisión de la indicada decisión, ya que, en el Auto de Inicio de Procesamiento de 22 de noviembre de 2021, en la que se señaló audiencia de juicio oral para el 1 de diciembre de ese año a horas 11:30, que fue suspendido por inasistencia del procesado, siendo suspendida para el 14 de ese mes y año, que también fue suspendido para el 5 de enero de 2022, que por ausencia del prenombrado nuevamente fue suspendido para el 10 de febrero del citado año, que igualmente fue suspendido para el 4 de marzo del indicado año, que tampoco se llevó acabo siendo reprogramado para el 4 de abril de igual año, que una vez instalada el abogado de la defensa adujo que su patrocinado no se presentaría, puesto que, se encontraba en el Policlínico de la CNS realizándose exámenes complementarios y en el transcurso de ese día presentará los descargos que justifique aquello, por lo que, el Presidente del Tribunal Disciplinario Departamental dispuso que, al no haberse presentado ninguna documentación respecto a lo vertido, correspondía la aplicación del art. 80 de la LRDPB, ante ello, se fijó nueva fecha para el 19 del mismo mes y año, si bien, el recurrente presentó memorial el 4 del señalado mes y año a horas 12:20, al cual adjuntó los exámenes complementarios que se realizó en la CNS, empero, al no haberlo hecho en audiencia, fue considerado por extemporáneo, por lo que, no incide en determinación sobre la declaratoria de rebeldía, por ende, el procesado debió prever y presentar escrito de suspensión de audiencia para realizarse examen complementario en la citada fecha. En respuesta al segundo agravio la RA 132/2022 citó que, el recurrente planteó los incidentes de actividad o excepción de falta de acción del denunciado -Viceministro de Descolonización y Despatriarcalización- y de actividad procesal defectuosa de acuerdo a lo previsto por el art. 67 de la LRDPB e interpuso la excepción de “…actividad procesal defectuosa y pide la nulidad del decreto emitido por el señor Fiscal Departamental La Paz…” (sic), y los mismos fueron resueltos conforme lo estipulado por la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, es así que, en el Considerando III, se los analizó y fueron rechazados empleando de forma adecuada el art. 52 de la aludida Ley, el cual señala que las excepciones planteadas deberán ser de prescripción de la acción y cosa juzgada y debidamente justificadas y cualquier otro tipo de incidentes serán rechazados sin mayor trámite. En respuesta al tercer agravio la Resolución cuestionada adujo que, el “Cap. Ariel Favio Luna Calle” en su declaración testifical en audiencia, al momento de mostrarle unas fotografías identificó al recurrente y sus actuaciones de 8, 9, 10, 11 y 12 de noviembre de 2019, otorgándole un valor probatorio relevante, si bien, el nombrado señaló que no cometió la falta disciplinaria contenida en el art. 12 inc. 14) de la LRDPB, sin embargo, de la referida declaración “…podemos decir que claramente se puede deducir que las respuestas del testigo de cargo no afirma si cedió partes de todos de los hecho suscitados en los entornos de la Plaza Murillo y otros lugares (…) para evidenciar que si recibió órdenes verbales de un Jefe superior que él, como Jefe policial su obligación era pedir por escrito para su descargo de haber cumplido las ordenes emanadas de autoridad superior…” (sic), de igual manera el denunciante presentó un disco compacto (CD) en que se observa al recurrente en varias actividades que no pertenecían al servicio policial o en cumplimiento de orden superior. En respuesta al cuarto agravio la Resolución confutada hizo mención a la declaración testifical en audiencia de “Cap. JORGE CESAR FERNANDEZ VILLAROEL”, quien realizó patrullaje ciber digital en la búsqueda de posibles faltas disciplinarias, es así que, encontró un video de “ATB digital” en el que “Camacho y Pumari entregaron la carta de renuncia a Evo Morales escoltados por funcionarios policiales” (sic), quienes “se dirigieron por la avenida hasta llega a obelisco y subir a una patrulla quienes se dirigen a otro lugar (…) alrededor se encuentran otros funcionarios policiales brindándoles como se dice seguridad están brindando seguridad junto a personas civiles (…) fue parte activa en los conflictos sociales de fecha 9, 10 , 11 y 12 de noviembre de 2019” (sic), configurándose su conducta en el art. 14 inc. 8) de la LRDPB, por lo que, al ser un jefe policial debería estar al margen de otorgar seguridad a personas que no son funcionarios públicos, más aun, cuando los prenombrados conflictuaban el país y se los vio sobre un vehículo policial, permisión que se encuentra sancionado, por consiguiente, ordenó, instigó a ejecutar servicios con fines ilícitos, por el contrario se encontraba en la obligación de precautelar la seguridad de la sociedad, de los funcionarios policiales, de los bienes del estado y de particulares. En respuesta al quinto agravio la Resolución demandada indicó que, el “Tte. JORGE FELIPE RAMOS CATARI” en su declaración testifical adujo que el 8, 9, 10, 11 y 12 de noviembre de 2019 se encontraba gozando de sus vacaciones anuales, por lo que, desconoce las actuaciones desenvueltas por el procesado, de lo único que tenía certeza es que ejercía el cargo de Subcomandante del Comando Departamental de La Paz de la Policía Boliviana, ante ello, incumplió sus funciones de resguardar la seguridad de la sociedad, los efectivos policiales a su cargo, los bienes del estado y de privados, por ende, cometió la falta disciplinaria prevista en el art. 12 inc. 14) de la LRDPB, siendo que, debió pedir que las órdenes dadas a su persona sean por escrito y como descargo expedir los respectivos informes, y se advierte que no ocurrió aquello respecto a otorgar seguridad a los Presidentes de los Comités Cívicos de los departamentos de Santa Cruz y Potosí, de igual manera, concerniente al art. 14 inc. 8) de la citada Ley, de las fotografías insertas en el expediente, se advierte que las actividades desempeñadas por el procesado se encuentran fuera de sus atribuciones, ya que, tendría que haberse mantenido al margen y no dar seguridad a los prenombrados, siendo otra razón para infringir lo estipulado en el inciso 10 del citado precepto. En respuesta al sexto agravio refirió que, a “…fojas 629 al 690 son fotocopias del Sr. Juan Gabriel Arce Coronado…” (sic) no tienen ninguna incidencia en el proceso Caso 116/2021, así mismo, se objetó las documentales que están en “…fojas 1073 al 1076 de obrados, por tratarse de fotocopias de report de inteligencia en audiencia se informa que esas fotocopias están respaldadas con un oficio No 1496/2021, emitido por el Cnl. DESP. Néstor Celestino Vilca Director General Investigación Policial Interna, las otras objeciones que realiza el procesado no tienen justificativo legal…” (sic), dado que, solicitó se excluya la pruebas testificales de cargo y sean convertidas a atestaciones de descargo, aspecto que no es posible de acuerdo a lo estipulado por el art.83 de la LRDPB. En respuesta al séptimo agravio el cual demandaba la falta de valoración de las declaraciones testificales de descargo, la Resolución impugnada señala que, en audiencia de juicio oral, el Tribunal Disciplinario Departamental, adujo al abogado de la defensa que presente a sus testigos de descargo, formulando como respuesta que “…no tiene testigo de descarto que presentar…” (sic), tampoco pidió que se de lectura a las declaraciones testificales que se realizaron en la etapa investigativa, más al contrario fue muy condescendiente con el recurrente por su estado de salud velando los derechos a la igualdad y al debido proceso en todos sus actos acorde a los arts. 115, 116.I y 117.I de la CPE; y, 85, 86, 87 y 91 de la LRDPB. En respuesta al octavo agravio respecto a la falta de valoración de sus pruebas documentales de descargo, se tiene, de la lectura de la decisión impugnada que, en el verificativo de juicio oral las indicadas pruebas fueron objetadas por el Fiscal Policial, aduciendo que las mismas carecen de veracidad y no sean admitidas, de igual manera, la abogada de la parte demandada señaló que eran irrelevantes y expresando idéntico petitorio, sin embargo, el abogado patrocinante del recurrente “…no defendió las pruebas ofrecidas al contrario indica que solo fue para conocimiento del SR. Presidente motivo por el cual se desestimó las pruebas de descargo…” (sic), las cuales reflejaban las actividades que ejecutó en las fechas del conflicto social en el país, no obstante, existe la duda razonable, ya que, conforme al reporte del Departamento Nacional de Inteligencia dependiente de la Dirección de Investigación Policial Interna, del cual se observa que el procesado se encontraba con junto a los Presidentes de los Comités Cívicos de Santa Cruz y Potosí sobre un vehículo policial, por consiguiente, no se logró desvirtuar lo acusado por el Fiscal Policial, y se reitera, “…la defensa publica del procesado no puso en tapete de discusión las pruebas documentales de descargo y dijo 'solo es para conocimiento de su presidencia´” (sic). En cuanto al noveno agravio concerniente a la lesión del art. 91 inc. g) de la LRDPB, citó el art. 12 inc. 14) de la misma Ley, de los días de conflicto social el procesado no expidió el parte correspondiente de los acontecimientos producidos y del uso del mencionado vehículo policial, por lo cual, tiene calidad de verdad jurídica. Igualmente, señaló el inciso 10 del indicado precepto, que por el accionar antes relatado instigó a otros policías a también otorgar seguridad a los prenombrados Presidentes de los Comités Cívicos, adecuando su conducta al aludido inciso; y, finalmente, sobre el inciso 8 de igual normativa, con su proceder y en su calidad de Jefe Policial no debió otorgar seguridad a quienes no eran funcionarios públicos y policiales, los bienes del estado y de particulares, la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes, más aún, cuando tenía conocimiento que eran los protagonistas de las convulsiones sociales; por ende, se encontraba bajo “un mando unido” y no podía por cuenta propia brindar seguridad y protección a los referido Presidentes de los Comités Cívicos, por lo que, sus órdenes instigó a ejecutar servicios para fines ilícitos, es así que, incumplió lo establecido por los arts. 251 y 252 de la LOPN. Concluyendo que, el Tribunal Disciplinario Departamental La Paz, adecuó su decisión bajo los principios de imparcialidad, independencia y al debido proceso, utilizando la sana crítica, por ello, no transgredió los derechos consignados en los arts. 115, 116.I, 117.I, 119 de Ley Fundamental; y, 85, 86, 87 y 91 de la LRDPB (fs. 20 a 37).
El accionante denunció la lesión de sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos al juez natural, a la motivación, fundamentación, “incongruencia omisiva”, a ser procesado por una sola vez, y a la salud; en razón a que, habiendo expuesto los agravios denunciados en el recurso de apelación contra la RA 132/2022 de 31 de agosto, que dispuso su sanción de retiro o baja definitiva de la institución policial sin derecho a reincorporación por la transgresión de los arts. 12 inc. 14); y, 14 incs. 8) y 10) de la LRDPB, no fueron respondidos por la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 404/2023 de 10 de octubre, advirtiéndose la ausencia de los referidos elementos del debido proceso, determinando declarar improbado el indicado recurso de impugnación y confirmándola en todo, ante ello, solicita se anule: a) La Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 404/2023; b) La RA 132/2022; c) El requerimiento ampliatorio de investigación, el auto de inicio de procesamiento, Auto de Rebeldía, los decretos de 4, 13 de abril y 4 de mayo de 2022 ; d) Que las autoridades demandadas dicten una nueva resolución resolviendo todas las denuncias formuladas en el recurso de apelación; y, e) Se condene en costas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2, ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente criterio:
«El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala:
…a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisa que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que 1El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma.
(…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3El FJ III.2.3, refiere que: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.
En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.
sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.
Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembrela que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero.
4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, señala: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.
Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio7, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señala que el 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 7El FJ III.3, establece: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, indica: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 9El FJ III.2, refiere: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, manifiesta: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.
La SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, realizó una sistematización jurisprudencial y consideró el siguiente entendimiento.
«El entendimiento que consideró este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedentes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”. 11El FJ III.3, expresa: “No obstante lo referido precedentemente, cabe también indicar que, en resguardo de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, el acceso a la justicia y a una tutela efectiva, propios de la víctima que plantea la denuncia ante el Ministerio Público para que cumpla con su función de promover la acción de la justicia para perseguir y sancionar al autor del delito, este Tribunal puede analizar la conducta omisiva del representante del Ministerio Público, el juez cautelar u otra autoridad competente para intervenir en la etapa preparatoria; conductas omisivas expresadas, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso, en no recibir o providenciar memoriales denegando el derecho de petición, en no realizar actos solicitados por las partes a fin de demostrar su acusación o desvirtuar la misma, en negar el trámite de las impugnaciones o, en su caso, en la no aplicación objetiva de la Ley pertinente al caso; en consecuencia, la denuncia sobre las omisiones referidas podrá ser de conocimiento de este Tribunal y examinado el caso, se tendrá o no que otorgar la tutela…”. 12El FJ III.3, sostiene: “Por otra parte, también es preciso recordar que la compulsa de las pruebas que se aporten con el fin de obtener la cesación de la detención preventiva, es facultad exclusiva del Juez Cautelar que esté a cargo del control de la establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad de que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, sostuvo que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento. En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento. Al respecto, la citada SC 0965/2006-R, estableció determinados presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba , exigiendo que la o el accionante debía: i) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii) Indicar la incidencia de la investigación, pues en los únicos casos que este Tribunal puede intervenir en la revisión de dicho análisis será cuando el juzgador se hubiera apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, si estos casos no se dan, esta jurisdicción no puede intervenir para dejar sin efecto la resolución que conceda la cesación o la rechace, ya que ello importaría una doble valoración de la prueba” 13El FJ III.2, señala: “Ahora bien, siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicha competencia del Tribunal Constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma”. 14El FJ III.3, indica: “Ahora bien, analizados los actos de las autoridades recurridas; en primer término los del Juez que resolvió el incidente, se debe manifestar que ha efectuado una valoración de la prueba existente en obrados del incidente que dio lugar al presente amparo constitucional; y tal como fue expuesto, dicha labor le corresponde en forma exclusiva a su autoridad, no pudiendo este Tribunal efectuar un nuevo examen de dichos medios probatorios, a no ser que la sindéresis del referido Juez exceda de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles, desde el punto de vista de la certeza con que el material probatorio fue examinado, para asumir una decisión basada en la sana crítica; dicho de otro modo, este Tribunal, para procurar la vigencia material de los derechos fundamentales de las personas, puede analizar la valoración efectuada por los jueces ordinarios, cuando dicha apreciación no es verificable en la prueba utilizada por la autoridad judicial; por tanto, supone que el Juez asumió su decisión en una prueba inexistente, o que demuestra hechos diferentes a los que se utiliza como sustento de la Resolución judicial. En consecuencia, además de la omisión en la consideración de la prueba, que según la SC 0419/2006-R anteriormente citada es causal de excepción de la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento”. 15El FJ III.3.2, establece: “En resumen, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento”.
omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad. En similar sentido, la señalada SCP 1215/2012, refirió que, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional.
Posteriormente, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo moduló la línea jurisprudencial de referencia y eliminó el requisito de la carga argumentativa que la jurisprudencia exigía para el análisis de fondo de la problemática en esta temática, señalando que las reglas impuestas a la parte accionante referidas a: “… explicar de modo sistemático y metódico la irrazonabilidad, inequidad, omisión arbitraria, o valoración equivocada de la prueba (…) constituyen instrumentos argumentativos, no causales de denegatoria de la acción de amparo constitucional …” (las negrillas son añadidas). Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:
…se reducir únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la mano de obra valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando 16El FJ III.2 estableció: “En ese orden de razonamiento para que este Tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo), lo siguiente: Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; para ello, será preciso, que la prueba no admitida o no practicada, se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, solicitud, que en todo caso, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales ordinarios, el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas. Por supuesto, una vez admitidas y practicadas las pruebas propuestas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales, les compete también su valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado. Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba realizada por la jurisdicción ordinaria; máxime si se tiene en cuenta que el art. 97 de la LTC, ha previsto como un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste la restricción o supresión”.
directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente. A partir de lo señalado, esta Sala en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, esta Sala concluyó que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: a) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; b) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: b.1) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b.2) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, b.3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado en la argumentación; c) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, d) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales».
El accionante denunció la lesión de sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos al juez natural, a la motivación, fundamentación, “incongruencia omisiva”, a ser procesado por una sola vez, y a la salud; toda vez que, habiendo expuesto los agravios denunciados en el recurso de apelación contra la RA 132/2022 de 31 de agosto, que dispuso su sanción de retiro o baja definitiva de la institución policial sin derecho a reincorporación por la transgresión de los arts. 12 inc. 14); y, 14 incs. 8) y 10) de la LRDPB, no fueron respondidos por la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 404/2023 de 10 de octubre. Concretizando hace alusión que los demandados no respondieron bajo el marco de los indicados elementos del debido proceso los siguientes agravios: 1) Denunció que los fiscales policiales -fiscal policial, Fiscal Departamental y Fiscal General- vulneraron los arts. 67, 70, 42 inc. 4), 49 inc. 8) y 51 de la LRDPB, con relación a lo cual no se le dio una respuesta fundamentada, motivada y congruente; asimismo, no señalaron la norma en la cual se ampararon para ampliar una investigación cuando ya se venció el plazo; 2) Formuló recusación contra el “Cnl Eduardo Víctor Uriarte Hurtado” -quien dictó el Auto Inicial del Proceso- por ser testigo de descargo; 3) Pidió la anulación del Auto de Rebeldía de 5 de abril de 2022, de los decretos de 4 y 5 de igual mes y año, por no haberse considerado los justificativos que presentó ante la inasistencia a la audiencia de juicio oral de 4 de ese mes y año; sin embargo, dicho pedido fue respondido únicamente por el Presidente del Tribunal Disciplinario y no así por todos los miembros de dicho Tribunal; 4) Mediante su abogado denunció ante el aludido Tribunal Disciplinario Departamental que el denunciante del proceso disciplinario estaría cometiendo el delito de uso indebido de bienes y servicio, recibiendo como contestación que realice su demanda en la FELCC; 5) Al inicio del juicio oral recusó a los Vocales del citado Tribunal Departamental “Andrade” y “Alanoca”, quienes aceptaron la recusación, pero el Presidente de dicho Tribunal, suspendió el verificativo de la audiencia por una hora para convocar a los vocales suplentes sin cumplir el art. 62.II de la LRDPB, que establece que el proceso debe continuar en veinticuatro horas y no en una hora; 6) El Presidente del Tribunal Disciplinario Departamental, rechazó su petición respecto a la anulación de la intervención del defensor de oficio designado ilegalmente; 7) El Presidente del mencionado Tribunal Departamental se rehusó notificar a sus testigos; 8) La resolución de primera instancia no se pronunció sobre su petición de que las declaraciones testificales de cargo de los testigos” Cap. Luna”, “Sgto. My. Fernández”; “Tte. Callisaya”, “Sgto. Ajoruro” y “Sof. 2° Cipriano Quispe” sean tomadas en cuenta como testigos de descargo; 9) No se valoró ni fundamentó la respuesta efectuada al pedido efectuado por el defensor de oficio concerniente a la exclusión de las pruebas de cargo de “Fjs. 629 a 690”; 10) No justificaron de manera fundamentada y motivada en su conclusión del por qué se hallaba comprobada la comisión de una falta grave, a través de la declaración testifical del “Cap Ariel Favio Luna Calle”; y, la denuncia de la “mala valoración” (sic) de la prueba testifical del “Cap. Jorge Cesar Fernández Villarroel”, “Tte. Jorge Felipe Ramos Catari”; y, 11) Los miembros del Tribunal Disciplinario Superior tampoco valoraron la prueba documental de descargo que consistían en informes expedidos al Comandante Departamental de La Paz; en ese entendido, serán dilucidados por este Tribunal en el orden expuesto y efectuando el contraste necesario entre los agravios invocados por el hoy accionante y la resolución que resuelve dicho recurso: Respecto a que el Tribunal Superior Disciplinario demandado no se pronunció sobre su denuncia de por qué los fiscales policiales vulneraron los arts. 67, 70, 42 inc. 4), 49 incs. 8) y 51) de la LRDPB, sin señalar la norma en la cual se ampararon para ampliar una investigación cuando ya venció el plazo Del memorial del recurso de apelación contra la RA 132/2022, desglosado en la Conclusión II.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se advierte que efectivamente el accionante denunció la vulneración de las citadas normas legales, alegando que los fiscales policiales incumplieron los plazos procesales; y, por otra parte, del contenido de la resolución impugnada, se constata que las autoridades demandadas se pronunciaron sobre dicha denuncia, señalando que de la revisión de obrados constató que los plazos procesales se cumplieron de acuerdo a lo previsto por la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, de igual manera, sobre la ampliación de la investigación adujó que en el desarrollo de la investigación el DIDIPI de La Paz, reunió nuevos elementos y prueba que develan con probabilidad hubiese incurrido en otras faltas disciplinarias, como ser el contenido en el art. 12 inc. 14) de la citada Ley, lo que justificó la ampliación de la investigación, criterio que fue sustentado haciendo mención a los arts. 41 incs. 1), 2), 3) y 4); 70. 2; y, 72 de la indicada Ley; concluyendo que el Tribunal a quo en audiencia, como en la resolución de primera instancia, se pronunció con relación a la observación de la mala aplicación y la vulneración de los arts. 115, 116, 117, 120, y 122 de la CPE y 42, 49, 67 y 70 de la LRDPB; consiguientemente, no es evidente la omisión de pronunciamiento respecto de este agravio, por lo cual, no se advierte la vulneración denunciada, siendo pertinente denegar la tutela impetrada. Respecto a la recusación que presentó contra el “Cnl Eduardo Víctor Uriarte Hurtado”, quien dictó el Auto Inicial del Proceso por ser testigo de descargo Como respuesta los Vocales demandados alegaron, que en el presente caso no cursa y no existe un documento fehaciente en el que indique que se recusó al Presidente del Tribunal Departamental de la Paz Cnl. DESP Eduardo Víctor Iriarte Hurtado, en audiencia el abogado de la defensa reclama estos extremos, al no existir la prueba documental referida, lo solicitado por el procesado no tiene asidero legal. No se advierte arbitrariedad en la respuesta de los demandados, puesto que no estando acreditado el planteamiento de la recusación que se alega, no era posible valorar la validez del auto inicial del proceso por la causa invocada, siendo pertinente denegar la tutela solicitada. Respecto a la anulación del Auto de Rebeldía de 5 de abril de 2022, y de los decretos de 4 y 5 de igual mes y año, por no haberse considerado los justificativos que presentó ante su inasistencia a la audiencia de juicio oral de 4 de ese mes y año, pedido que fue respondido únicamente por el Presidente del Tribunal Disciplinario Departamental y no así por todos los miembros de dicho Tribunal
El accionante denuncia que ante la observación efectuada por el referido Tribunal Disciplinario Departamental en la audiencia del 4 de abril del 2022 sobre su inasistencia, en la que, pidió presente más justificativos, ante ello, en la misma fecha a través de memorial presentó ficha de triaje y documentación de la CNS, que evidencia su persona estaba realizando un examen de ecografía desde horas 10:15 hasta las 11:00 en el Policlínico; empero, estas pruebas no fueron valoradas por el indicado Tribunal, tal es así que ni siquiera fueron plasmadas en el Auto de Rebeldía, es más faltan a la verdad al afirmar que no se presentó documentos de descargo, siendo que en la audiencia su abogado exhibió una nota de solicitud de examen complementario de la CNS y adjuntó otras pruebas de descargo. Respondiendo a esa denuncia, se señaló que todos los actos del Presidente del citado Tribunal Disciplinario se amparan en lo establecido por el art. 33 -se entiende de la LRDPB-, entre las que se encuentran dictar providencias y resoluciones que correspondan. El decreto del 4 de abril de 2022, fue emitido en contestación al memorial presentado por el procesado por su inasistencia a la audiencia de la misma fecha, quien no presentó el correspondiente justificativo. Como se advierte, el Tribunal Superior demandado no realizó una explicación del por qué consideraba que el accionante no hubiera presentado justificativo alguno respecto a su inasistencia a la audiencia del 4 de abril del 2022 a horas 11:00, ni por qué fue extemporánea la presentación de documentos justificantes, con relación a este último aspecto, es pertinente traer a colación el art. 80.II de la LRDPB: “Si la servidora o servidor público policial procesado no se presenta el siguiente día hábil, a la audiencia señalada, el Tribunal dispondrá la declaratoria en rebeldía, se le asignará defensor de oficio y fijará nuevo día y hora de audiencia”, en ese entendido, por memorial de igual fecha a horas 12:20, el procesado presentó los documentos justificantes, resultando evidente que fue presentada oportunamente; lo cual implica que no se pronunció sobre los tres documentos exhibidos por el prenombrado, observándose una omisión de valoración probatoria, aspecto que vulnera el derecho al debido proceso en su elemento de motivación, siendo adecuado la concesión de la tutela sobre esta denuncia. Con relación a la falta de respuesta respecto al agravio de que el Presidente del Tribunal Disciplinario Departamental no tenía competencia para resolver su pedido de dejar sin efecto el aludido Auto de Rebeldía, siendo que el mismo se hallaba firmado por el Presidente y dos Vocales, de la revisión de la Resolución hoy impugnada -404/2023-se advierte que efectivamente no existe respuesta explicita respecto a la incompetencia del mencionado Presidente para resolver sobre el pedido de nulidad del Auto de Rebeldía, quebrantando de esa manera el principio de congruencia, en cuyo mérito el Tribunal de segunda instancia se halla compelido a pronunciarse de forma explícita sobre todos y cada uno de los agravios invocados por el apelante; razón por la cual corresponde conceder tutela por la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de congruencia en su dimensión externa. Respecto a la denuncia realizada por su abogado ante el aludido Tribunal Disciplinario Departamental sobre que el denunciante del proceso disciplinario estaría cometiendo el delito de uso indebido de bienes y servicios El Tribunal Disciplinario Superior demandado manifestó que, si el denunciado tiene conocimiento de la comisión de un ilícito penal tiene el derecho y obligación de denunciarlo en las instancias correspondientes, por consiguiente, lo cuestionado no se ajusta a lo estipulado por el art. 52 de la LRDPB, por lo que, cualquier incidente o excepción de otra naturaleza será rechazado sin mayor trámite. De la aducida contestación este Tribunal observó que la misma no resulta arbitraria, puesto que, el objeto del proceso disciplinario es la dilucidación de la eventual responsabilidad disciplinaria, en el caso de que el denunciado tenga conocimiento de la comisión de algún delito, debe acudir a las instancias ordinarias pertinentes a presentar la denuncia correspondiente, toda vez que, las autoridades disciplinarias en el ejercicio de dicha función, no son las encargadas de la persecución penal, sin perjuicio de la obligación que les incumbe cuando en el ejercicio de sus funciones toman conocimiento de algún ilícito penal, por lo que, igualmente no se advierte las vulneraciones denunciadas, razón por la cual respecto a esa denuncia amerita denegar la tutela solicitada. Respecto a la recusación planteada contra los Vocales del citado Tribunal Departamental “Cnl. Andrade y Sof. Alanoca” El accionante denuncia que habiendo presentado en audiencia recusación contra los Vocales “Cnl. Andrade y Sof. Alanoca”, el Presidente del Tribunal Disciplinario Departamental La Paz, sin cumplir el procedimiento previsto en el art. 62.II de la LRDPB que señala: “en las siguientes veinticuatro horas se convocará a las Vocales o los Vocales Suplentes, respectivamente”, no le dio una respuesta positiva o negativa del por qué realizó la audiencia después de una hora, cuando la norma señala que debe ser después de las veinticuatro horas, sin embargo, lo único que señala es que se dilucidó en el juicio oral, y rechazó lo solicitando por no cumplir con lo estipulado por el art. 52 de la citada Ley, que refiere en los procesos disciplinarios solo puede plantearse las excepciones de prescripción de la acción y la cosa juzgada debidamente justificadas, cualquier otro incidente debe ser rechazado sin mayor trámite, sin efectuar el correspondiente análisis ni verificar lo denunciado, por consiguiente, no emitió un pronunciamiento propio como Tribunal de segunda instancia. Con relación a este aspecto, cabe precisar que si bien es cierto que el art. 52 de la LRDPB, establece que únicamente podrán plantearse las excepciones de prescripción de la acción o la cosa juzgada; sin embargo, el proceso disciplinario policial se basa, entre otros, en el principio del debido proceso previsto por el art. 49 incs. 4) de la indicada Ley; ello no impide que el disciplinado pueda observar ante el juez de primera instancia los actos que vulneran las garantías mínimas de un proceso disciplinario, a objeto de que la autoridad disciplinaria se pronuncie en la resolución definitiva; a objeto, en su caso de que se impugne dicha determinación. En este sentido, la SCP 0724/2016-S3 de 17 de junio, razonó respecto a los defectos de acusación y el auto del inicio del proceso, señalando que el sindicado: “…puede refutarlos de manera concentrada en la audiencia de proceso oral; ello, en mérito a los principios de economía, simplicidad y celeridad del procedimiento administrativo disciplinario de la Policía Boliviana -art. 49 de la LRDPB-, bajo una lógica de concentración del proceso administrativo disciplinario, a objeto que sea el tribunal de primera instancia quien resuelva las alegaciones del denunciado, y en caso que ese ente colegiado no emita pronunciamiento alguno acerca de los agravios vertidos por el demandado a momento de pronunciar resolución -art. 91 de la citada Ley-, el mismo tiene la alternativa de plantear apelación, que conforme al art. 97 inc. 1) de la referida norma: ‘…procede contra las Resoluciones de primera instancia (…) Por inobservancia o vulneración de la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica o esta Ley´” (las negrillas son añadidas); consiguientemente, si bien, es cierto que con relación al trámite de la recusación planteada por el accionante, el Tribunal Disciplinario Departamental no se halla compelido a otorgarle un tramite incidental; empero, en resguardo al derecho al juez natural en su componente de juez imparcial, siendo esta una de las garantías mínimas del debido proceso, en ese orden, el Tribunal Superior demandado al emitir una resolución definitiva se encontraba obligado a examinar el fondo del agravio a objeto de establecer si era verdad la vulneración denunciada, al no haber procedido de esa manera, efectivamente ha vulnerado el derecho al debido proceso en su elemento de congruencia externa, razón por la cual, corresponde conceder la tutela solicitada. Respecto al rechazó de su petición sobre la anulación de la intervención del defensor de oficio designado ilegalmente El accionante expuso como agravio que el Tribunal Disciplinario Departamental no quiso anular obrados por el hecho de que su abogado defensor de oficio fue nombrado ilegalmente mediante Auto de Rebeldía de 5 de abril de 2022, por ende, la audiencia de juicio oral que se estaba llevando a cabo también era ilegal. En respuesta el Tribunal Superior demandado señaló que, en audiencia de 19 de abril del 2022, el Tribunal Disciplinario Departamental denegó lo solicitado por no cumplir con lo dispuesto por el art. 52 de la LRDPB. La respuesta otorgada por los demandados no resulta razonable, puesto que, es un aspecto que tañe a las consecuencias de la rebeldía, que además incidía en el derecho a la defensa; en ese orden, conforme a lo señalado supra, si bien, no correspondía otorgar el trámite incidental; sin embargo, no existía obstáculo para denunciar la vulneración del derecho a la defensa técnica en la etapa del juicio para obtener pronunciamiento de parte de ese Tribunal en la resolución final; aspecto que, también era impugnable, ante lo cual, el Tribunal Superior demandado estaba en el deber examinar dicha denuncia en el fondo, al no haber procedido de esa manera, ha vulnerado al derecho al debido proceso en su elemento de congruencia, siendo pertinente conceder la tutela impetrada. El Presidente del mencionado Tribunal Departamental Disciplinario se rehusó notificar a sus testigos Con relación a este agravio, de la lectura otorgada por el Tribunal Superior demandado se advierte que simplemente repitieron lo argumentado por el Presidente del Tribunal Disciplinario Departamental en la audiencia de 17 de junio de 2022, manifestando que: “…por la cantidad de testigos de descargo y que no se cuenta con la fotocopia y tampoco sus nuevos destino, es muy difícil notificarlos los cuales por el grado, cumple funciones en diferentes Departamentos eso hace muy difícil su notificación, empero, se realizar lo imposible para poder notificar a los testigos de descargo para no entorpecer el desarrollo del presente proceso y para ello solicita la colaboración del procesado como también de su abogado defensor para cumplir a las notificaciones, solo solicitan pero no coadyuvaron con los funcionarios del Tribunal Disciplinario…” (sic[las negrillas nos pertenecen]).
Por consiguiente, se advierte que no existe un criterio propio como Tribunal de segunda y última instancia, desconociendo su obligación de emitir un pronunciamiento debidamente fundamentado y motivado además, de la lectura atenta de la RA 132/2022 en fs. 57, textualmente señala “…a) PRUEBAS TESTIFICALES DE DESCARGO (…) los testigos de descargo no se hicieron presentes en la audiencia de 26 de agosto de 2022, por lo que, el Abogado Defensor de Oficio ha renunciado en audiencia a los testigos de descargo propuesto por la defensa del procesado Cnl. DESP. Víctor Hugo Soria Morón…” (sic), ante lo cual, el citado agravio debió ser absuelto y revisado minuciosamente en obrados verificando si verdaderamente fueron notificados todos los testigos de descargo y si se cumplieron todos los parámetros normativos, ya que, los mismos forman parte de los elementos de defensa del impetrante de tutela; por ello, este Tribunal no puede dar como correcto el argumento transcrito en el párrafo anterior, puesto que, los testigos de descargo propuestos son personal y estructura de la Policía Boliviana, por ende, el Tribunal Disciplinario Departamental citado tenía todos los medios administrativos para tener conocimiento de los nuevos destinos de los testigos y de esa manera concretizar las cuestionadas notificaciones, es así que, el Tribunal Superior indicado tiene el deber de otorgar certeza jurídica y legal al peticionante de tutela, quien tiene el derecho legítimo de tener una contestación dentro de los marcos jurisprudenciales y legales mencionados en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, por lo cual, corresponde conceder la tutela peticionada. Respecto a que la resolución de primera instancia no se plasmó su pedido de que las declaraciones testificales de cargo de los testigos “Cap. Luna”, “Sgto. My. Fernández”, “Tte. Callisaya”, “Sgto. Ajoruro” y “Sof. 2° Cipriano Quispe” sean tomadas en cuenta como testigos de descargo Ahora bien, respecto a la exclusión probatoria de los testigos de cargo “Cap. Luna”, “Sgto. My. Fernández”, “Tte. Callisaya”, “Sgto. Ajoruro” y “Sof. 2do. Cipriano Quispe”, y que los mismos sean considerados como testigos de descargo, los Vocales demandado manifestaron que aquello no era posible de acuerdo a lo establecido por el art. 83 de la LRDPB, y además que, su abogado de defensa señaló que “…no tiene testigo de descargo que presentar…” (sic); es así que, este Tribunal efectuando su análisis, advierte que el aludido artículo en ninguno de sus seis incisos no determina alguna prohibición o impedimento para lo solicitado: “1) Antes de declarar las y los testigos y peritos, no se comunicarán entre sí, ni con otras personas, ni podrán estar presentes en la audiencia. 2) Las y los testigos responderán y explicarán la razón y el contenido de sus declaraciones con la mayor precisión posible. 3) Podrá ser testigo, cualquier persona que tenga conocimiento del hecho. 4) Las o los peritos e investigadoras o investigadores tienen la facultad de consultar notas o utilizar medios técnicos en su declaración. 5) Las y los testigos y peritos para intervenir o ampliar la información sobre el hecho que motiva el proceso lo harán bajo juramento. 6) Los reclamos por prueba ilegalmente obtenida se formularán en la audiencia y serán resueltos a tiempo de emitir resolución”, en consecuencia, lo argüido es incomprensible y confuso a la vez, dado que, no efectuó una explicación clara, concreta y legal sobre el por qué estima que los testigos de cargo no pueden convertirse en testigos de descargo, siendo este el objeto de lo cuestionado por el peticionante de tutela, de esta manera se constata la lesión del derecho al debido proceso en sus elementos a la fundamentación y motivación, correspondiendo conceder la tutela solicitada. Respecto a la ausencia de valoración y fundamentación en la respuesta, concerniente a la exclusión probatoria de cargo de “Fjs. 629 a 690” La respuesta formulada por el Tribunal Disciplinario Superior demandado solo se refiere a la exclusión probatoria documental citando específicamente las pruebas documentales que fueron solicitadas ser excluidas, y las “fojas 629 al 690” (sic) del expediente en la cual se encontraban, con la justificación que no tenían ninguna incidencia en el proceso caso 116/2021 y respecto a las otras pruebas objetadas simplemente hace mención que “…no tienen justificación legal…” (sic), de ello, este Tribunal advierte que no pronunció ninguna explicación de por qué considera que la petición de exclusión probatoria peticionada era ilegal y bajo la previsión de que normativa, constituyéndose en un argumento arbitrario, aspecto que concatena a la omisión del pronunciamiento valorativo de la prueba de cargo pertinente a su exclusión, sin un contenido jurídico-legal que lo sustente, por consiguiente, no se encuentra dentro de los parámetros jurisprudenciales que refieren sobre lo que se estima como una resolución debidamente fundamentada y motivada, siendo pertinente conceder la tutela impetrada. Respecto a que no se justificó de manera fundamentada y motivada del por qué se hallaba comprobada la comisión de una falta grave, a través de la declaración testifical del “Cap Ariel Favio Luna Calle”; y, la denuncia de la “mala valoración” (sic) de la prueba testifical del “Cap. Jorge Cesar Fernández Villarroel”, “Tte. Jorge Felipe Ramos Catari” Con relación a esta denuncia no corresponde ingresar al examen de fondo, puesto que, en el marco de las auto restricciones establecidas por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad, omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado en la argumentación; en tales casos, la competencia de la justicia constitucional se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material. En este caso, la denuncia formulada no se halla comprendida en los supuestos en los que es posible la revisión de la valoración probatoria efectuada por la jurisdicción administrativa disciplinaria, en este caso, lo que en realidad pretende el accionante es que este Tribunal revalorice las declaraciones testificales que señala, lo cual como se tiene dicho excede la competencia de la justicia constitucional, razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada. Respecto a que no se valoró la prueba documental de descargo que consistía en informes que realizó al Comandante Departamental de La Paz Los Vocales demandados refirieron al respecto que, en juicio oral las pruebas documentales de descargo fueron objetadas por el Fiscal Policial y la abogada de la parte denunciante, quienes adujeron que carecían de veracidad y que eran irrelevantes y que el abogado del accionante “…no defendió las pruebas ofrecidas al contrario indica que solo fue para conocimiento del SR. Presidente motivo por el cual se desestimó las pruebas de descargo…” (sic). De acuerdo a lo vertido precedentemente, si bien, por la característica procesal de la oralidad del juicio disciplinario policial tiene la exigencia del debate de todo aquello que se alega, entre ello, la exposición de la pertinencia y necesidad de consideración de la prueba documental, así también, entre las facultades otorgadas para las partes procesales esta pedir la exclusión probatoria, misma que tendrá que ser examinada y resuelta de forma fundamentada y motivada por la autoridad competente, empero, la contestación expuesta en el anterior párrafo a la apelación formulada a la RA 132/2022 resulta genérica, ya que engloba a toda la prueba documental de descargo, cuando en el agravio denunciado el impetrante de tutela especificó los elementos de prueba que considera que no fueron valorados, individualizándolos por informes con sus respectivas fechas, ordenes de operación con sus concernientes números y otros documentos; consecuentemente, la respuesta dada deviene en omisiva, puesto que, de forma arbitraria se omitió realizar la valoración probatoria e individualizada de los documentos señalados, con lo cual se vulnera el derecho al debido proceso en su elemento de motivación, por lo cual, es pertinente conceder la tutela solicitada.
Finalmente, respecto al derecho a la salud de la lectura del memorial de la presenta acción constitucional, se advierte que el accionante simplemente hizo mención del mismo, sin emitir la correspondiente argumentación y adjuntar la documentación que justifique la apertura del análisis constitucional, por consiguiente, no corresponde efectuar alguna consideración de fondo, siendo lo pertinente denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada obró de forma parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 053/2024 de 6 de marzo, cursante de fs. 205 a 208 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto al derecho al debido proceso en sus elementos a la fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer dejar sin efecto la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 404/2023 de 10 de octubre, por lo que, el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana deberá emitir una nueva resolución conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 3° DENEGAR la tutela solicitada respecto a los derechos a la salud y al debido proceso en sus componentes a la fundamentación, motivación y valoración de la prueba concerniente a: la falta de pronunciamiento referente a su denuncia de porque los fiscales policiales vulneraron los arts. 67, 70, 42 inc. 4), 49 incs. 8) y 51), todos de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana; la recusación contra “Cnl Eduardo Víctor Uriarte Hurtado”; la denuncia efectuada contra el denunciante del proceso disciplinario; y, respecto a la justificación de manera fundamentada y motivada del por qué se hallaba comprobada la comisión de una falta grave, a través de la declaración testifical del “Cap Ariel Favio Luna Calle”; y, la denuncia de la “mala valoración” (sic) de la prueba testifical del “Cap. Jorge Cesar Fernández Villarroel”, “Tte. Jorge Felipe Ramos Catari”. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0824_2026-S3.pdf · páginas 1 a 39.
Huella digital del PDF (SHA-256): db204aa154794f74b5651b8d3b3aa849d57dcf0942003a9ec185eda7f7363207
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