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SCP 0824/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 30 de julio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
30 de julio de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
56102-2023-113-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de legalidad, presunción de inocencia y a la defensa; por cuanto, en el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a denuncia de Marcela Díaz Vargas -tercera interesada- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la Vocal demandada emitió el Auto de Vista 380/2022 de 22 de diciembre, que declaró procedente la apelación y modificó el Auto Interlocutorio 073/2022 de 7 de igual mes, sin cambiar la parte dispositiva que rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, determinando que los documentos referidos a los certificados REJAP y CENVI solo podrán ser considerados para desvirtuar el art. 234.7 del CPP, en la perspectiva de personalidad del imputado y no así sobre los hechos o su conducta vulnerando los referidos derechos constitucionales. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 43/2023 de 6 de junio, cursante de fs. 70 a 80 y vta., pronunciada por Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0824/2025-S3 Sucre, 30 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 56102-2023-113-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 43/2023 de 6 de junio, cursante de fs. 70 a 80 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Boris Misael Pacheco Pacheco contra Rocío Celia Manuel Choque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de junio de 2023, cursante de fs. 14 a 23, el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal con Código Único 401503022200264, seguido en su contra por el Ministerio Público a denuncia de Marcela Díaz Vargas por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandada-emitió el Auto de Vista 380/2022 de 22 de diciembre, que declaró procedente la apelación y modificó el Auto Interlocutorio 073/2022 de 7 de igual mes, sin cambiar la parte dispositiva que rechaza la solicitud de cesación de su detención preventiva. Señaló que el Auto de Vista 380/2022, al determinar que los documentos referidos al certificado de Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y Certificado de no Violencia (CENVI), únicamente podrán ser considerados como elementos probatorios para desvirtuar el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP) en la perspectiva de personalidad del imputado y no así sobre la perspectiva de los hechos o la conducta del imputado, vulnera su derecho a la defensa, el debido proceso en su vertiente de legalidad y presunción de inocencia.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de legalidad, presunción de inocencia y a la defensa, citando al efecto los arts. 14. IV, 115.II, 119.II, de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 380/2022 de 22 de diciembre, y en consecuencia se emita nueva resolución de acuerdo a los razonamientos de la Constitución Política del Estado y Bloque de constitucionalidad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 6 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 60 a 69, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar.

I.2.2. Informe de la demandada

Rocío Celia Manuel Choque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por informe escrito presentado el 6 de junio de 2023, cursante de fs. 31 a 32 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada en mérito a los siguientes argumentos: a) La juez ad quo, al resolver la cesación de la detención preventiva se alejó de los fundamentos de la resolución primigenia que acreditó el riesgo de peligro efectivo para la víctima, en virtud a la naturaleza del hecho por las reiteradas agresiones, mutando los argumentos, dando la posibilidad de enervar el riesgo procesal con base a la personalidad del imputado -hoy impetrante de tutela-presentando los certificados REJAP y CENVI; y, b) La resolución se circunscribió a resolver el reclamo planteado en apelación, respecto de que el Juez ad quo modificó los motivos primigenios de la concurrencia del riesgo procesal del art. 234.7 del CPP en su vertiente de peligro efectivo para la víctima.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Marcela Díaz Vargas, a través de su abogado, en audiencia de garantías señaló que: 1) El accionante no estableció cuál es la norma que fue razonada o aplicada de forma equívoca, vinculada al derecho del debido proceso en su vertiente de legalidad y cuál su correcta aplicación que debió darse en el Auto de Vista 380/2022; y, 2) La resolución primigenia no estableció el peligro efectivo para la víctima, en virtud de la personalidad del imputado, sino fue por la vulnerabilidad de la misma respecto de los hechos antes, durante y después de la comisión del delito, sin que en la audiencia de cesación a la detención preventiva se haya discutido sobre los certificados de REJAP y CENVI, siendo introducido por el Juez ad quo al resolver la cesación de la detención preventiva, no pudiendo tutelarse algo que jamás ha sido debatido.

I.2.5. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 43/2023 de 6 de junio, cursante de fs. 70 a 80 y vta., denegó la tutela solicitada, argumentando que: En el Auto de Vista 380/2022, no se debatió con relación a los certificados de REJAP y CENVI, lo cual mereció solo una aclaración; sin embargo, este error en la forma, no tienen relevancia constitucional ya que, aún la autoridad demandada modifique la resolución dando mayores argumentos, la nueva resolución tendría el mismo resultado.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 604/2022 de 15 de septiembre, emitido por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Oruro, que dispone la detención preventiva de Boris Misael Pacheco Pacheco -ahora accionante- (fs. 2 a 6). II.2. Por Auto Interlocutorio 073/2022 de 7 de diciembre, de la Juez de Ejecución Penal Primera en suplencia legal del Juez de Sentencia Penal Quinto ambos de la Capital del departamento de Oruro, resolvió la cesación de la detención preventiva solicitada por el accionante disponiendo su rechazo (fs. 8 a 10 vta.). II.3. A través de Auto de Vista 380/2022 de 22 de diciembre, emitido por Rocío Celia Manuel Choque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, -ahora demandada- declaró procedente la apelación y modificó el Auto Interlocutorio 073/2022, sin cambiar la parte dispositiva que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva del solicitante de tutela (fs. 11 a 13).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de legalidad, presunción de inocencia y a la defensa; por cuanto, en el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a denuncia de Marcela Díaz Vargas -tercera interesada- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la Vocal demandada emitió el Auto de Vista 380/2022 de 22 de diciembre, que declaró procedente la apelación y modificó el Auto Interlocutorio 073/2022 de 7 de igual mes, sin cambiar la parte dispositiva que rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, determinando que los documentos referidos a los certificados REJAP y CENVI solo podrán ser considerados para desvirtuar el art. 234.7 del CPP, en la perspectiva de personalidad del imputado y no así sobre los hechos o su conducta vulnerando los referidos derechos constitucionales. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

Respecto de la fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso la SCP 0098/2025-S1 de 14 de marzo señaló que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento:

El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

En el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:

a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que, en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.

En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de legalidad, presunción de inocencia y a la defensa; toda vez que, en el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a denuncia de Marcela Díaz Vargas -ahora tercera interesada- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Auto de Vista 380/2022, que declaró procedente la apelación y modificó el Auto Interlocutorio 073/2022 sin cambiar la parte dispositiva que rechaza la solicitud de cesación a la detención preventiva: al determinar que los documentos referidos a los certificados REJAP y CENVI, solo podrán ser considerados para desvirtuar el art. 234.7 del CPP, en la perspectiva de personalidad del imputado y no así los hechos o su conducta vulnerando los referidos derechos constitucionales. De la revisión de los antecedentes adjuntos, se puede advertir que a través del Auto Interlocutorio 604/2022 de 15 de septiembre, emitido por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Oruro, dispuso la detención preventiva del ahora accionante (Conclusión II.1), en el “CONSIDERANDO II (FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN)” (sic) determinando la concurrencia del riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP, referido al peligro efectivo para la víctima, señalando que dicho riesgo se lo puede analizar desde la perspectiva de las personas o sus antecedentes y desde los hechos o la conducta presuntamente asumida por el imputado. Siendo esta segunda vertiente la que da por acreditada, debido a las reiteradas agresiones a la víctima, para lo que tomó en cuenta un certificado médico forense, documento de conciliación y desistimiento, el cual aún de otorgar garantías a la víctima fue incumplido por el imputado -accionante- , advirtiendo el Juez a quo que las reiteradas agresiones son de data anterior al hecho investigado; por lo que, se encontraría en una situación de desventaja, desproporción; mereciendo protección reforzada por su vulnerabilidad constituyéndose en un peligro efectivo para la víctima, dando por acreditado el riesgo procesal y disponiendo la detención preventiva.

Posteriormente, el Auto Interlocutorio 073/2022, que resolvió la solicitud de cesación de la detención preventiva por el accionante (Conclusión II.2), en el acápite “II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN” (sic) al referirse al riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP, indicó que la documental presentada por el imputado para desvirtuarlo, consistente en el certificado médico forense, informe social, psicológico y minuta de fraccionamiento, no está relacionada con el referido riesgo; así mismo, respecto del peritaje psicológico manifestó que el imputado -hoy solicitante de tutela- no adjuntó los certificados REJAP y CENVI e indicó que ante la falta de tal documentación que el referido peritaje psicológico resultaría insuficiente para determinar que no concurre el riesgo procesal de peligro efectivo para la víctima. Ante esa decisión, la víctima interpuso recurso de apelación, emitiendo la Vocal demandada el Auto de Vista 380/2022 (Conclusión II.3), que en el “Considerando II - (Exposición de agravios)” (sic) refirió que el agravio expuesto indicando que el Auto Interlocutorio 604/2022 que dispuso la concurrencia del peligro efectivo para la víctima no estaba vinculado a la personalidad del imputado, sino a la naturaleza de los hechos o la conducta asumida por las reiteradas agresiones y que la resolución apelada, al solicitar la presentación de los certificados REJAP y CENVI daría a entender que al cumplimiento de tales requisitos se podría desvirtuar este riesgo procesal no siendo ese el razonamiento del aludido Auto Interlocutorio que dispuso su acreditación y la aplicación de la detención preventiva. En tal sentido, el Auto de Vista 380/2022; en el apartado “III.2. Análisis del caso concreto” (sic) señaló que el imputado debió presentar elementos de prueba que desvirtúen los argumentos primigenios establecidos en el Auto Interlocutorio 604/2022, que dispuso la concurrencia del peligro efectivo para la víctima en la segunda vertiente referida a la naturaleza de los hechos o la conducta asumida por el imputado. En consecuencia, el Juez ad quo al determinar que la falta de los certificados REJAP y CENVI no le permitió disponer por la cesación de la detención preventiva, cambió el razonamiento primigenio del Auto Interlocutorio 604/2022, lo cual no corresponde y debe ser modificado a fines de que el imputado tenga claridad sobre cuáles los argumentos que debe desvirtuar, indicando que los certificados REJAP y CENVI, están referidos a la personalidad del imputado y en consecuencia declaró procedente la apelación y modificó el Auto Interlocutorio 073/2022, sin cambiar la parte dispositiva que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva del solicitante de tutela.

Lo señalado evidencia que el Auto de Vista 380/2022, cumplió con resolver el recurso interpuesto por la víctima, circunscribiendo los argumentos de su decisión, respecto del agravio expuesto en la apelación, el cual versó sobre la inclusión de nuevos argumentos por el Juez ad quo, que resolvió la solicitud de cesación de la detención preventiva, como ser la exigencia de los certificados REJAP y CENVI, evidenciándose que dicha modificación cambió los argumentos primigenios que establecieron la concurrencia del peligro efectivo para la víctima y determinó la detención preventiva del imputado -ahora accionante-. De lo manifestado se puede establecer que, es evidente que el imputado, para solicitar la cesación de la detención preventiva, debe aportar nuevos elementos de convicción que demuestren que no concurrieron los motivos que fundaron su detención preventiva; en el presente caso, respecto del peligro efectivo para la víctima en su segunda vertiente, es decir; la naturaleza de los hechos o la conducta asumida por el imputado. En tal sentido, la resolución que resuelva dicha solicitud de cesación de la detención preventiva debe necesariamente realizar el contraste entre los referidos motivos que fundaron la detención preventiva y si los nuevos elementos de convicción aportados por el imputado para desvirtuar estos argumentos son suficientes para desvirtuarlo, debiendo versar su argumentación sobre el análisis realizado al respecto. Lo cual no fue desarrollado en esa secuencia por el Juez ad quo, quien al solicitar la presentación de los certificados REJAP y CENVI para desvirtuar el referido riesgo procesal, incluyó nuevos elementos que sin duda modificaron el sentido y análisis establecido en la resolución primigenia que dispuso la detención preventiva. Por lo que, corrigiendo dicho accionar anómalo de la autoridad judicial, el Auto de Vista 380/2022, determinó declarar procedente la apelación y modificó el Auto Interlocutorio 073/2022, sin cambiar la parte dispositiva que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, indicando también que los elementos incluidos por el Juez ad quo -certificado REJAP y CENVI- están vinculados a la vertiente referida a la personalidad del imputado. Consiguientemente, el accionar desplegado por la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, ahora demandada al emitir el Auto de Vista 380/2022, se encuentra dentro del cumplimiento del derecho al debido proceso en el marco de su vertiente de legalidad a responder al agravio expuesto en la apelación que fue de su conocimiento en cumplimiento del art. 398 del CPP, el cual establece que los Tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones respecto de los aspectos cuestionados. Razón por la cual, la resolución señalada no transgrede el derecho al debido proceso en su vertiente de legalidad, ni la presunción de inocencia del solicitante de tutela; toda vez que, dicha resolución de alzada se encuentra circunscrita a determinar, como se dijo, los motivos de agravio interpuestos por el apelante y en ningún momento se determina en la misma, grado alguno de culpabilidad atribuible al imputado, ya que la naturaleza misma de la referida resolución no se encuentra determinada para esos fines. Del mismo modo, el Auto de Vista 380/2022, cuando hace referencia a los certificados REJAP y CENVI, señaló que los mismos están vinculados a la personalidad del imputado; sin embargo, esta aseveración no vulnera el derecho a la defensa invocado por el accionante; toda vez que, no se ha determinado la imposibilidad de presentar a futuro aquellos certificados y el propio Auto de Vista, explica que el razonamiento que se debe desvirtuar es el establecido en la resolución primigenia la cual señala claramente que concurre el riesgo procesal referido al peligro efectivo para la víctima orientado en la segunda vertiente concerniente a la naturaleza de los hechos o la conducta asumida por el imputado debido a las reiteradas agresiones a la víctima, aspecto señalado, a objeto de que el propio imputado tenga claros los razonamientos que debe desvirtuar precautelando su derecho a la defensa, razón por la cual no es evidente su vulneración. De lo manifestado, se puede colegir que el Auto de Vista 380/2022, a fines de resolver los agravios planteados en la apelación interpuesta, cumple con la determinación clara de los hechos atribuidos, exponiendo de forma comprensible los aspectos fácticos pertinentes a los cuales subsume la norma aplicable al caso concreto. Argumentación que se encuentra conforme los alcance dispuestos por el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siendo taxativa al señalar que: “… el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes…” (las negrillas fueron añadidas).

Evidenciándose que al declarar procedente la apelación y modificar el Auto Interlocutorio 073/2022, disponiendo que se consideren los razonamientos establecidos en la resolución primigenia a fines de desvirtuar el art. 234.7 del CPP, sin cambiar la parte dispositiva que rechaza la solicitud de cesación a la detención preventiva del solicitante de tutela, no vulnera el derecho al debido proceso en las vertientes de legalidad, presunción de inocencia y derecho a la defensa, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró en forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 43/2023 de 6 de junio, cursante de fs. 70 a 80 y vta., pronunciada por Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0824_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.

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