Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 28 de julio de 2025
Deniega la tutela
La accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la vida y “al ser en gestación”; debido a que, la autoridad accionada revocó las medidas cautelares personales impuestas a su persona y dispuso su detención preventiva, sin considerar que, la misma se encontraba embarazada cuando se llevó a cabo la audiencia de situación jurídica y que, al momento de la audiencia de garantías, dio a luz a una niña nacida viva, contraviniendo lo establecido en el art 232.I.7 y 8 del CPP que establecen la improcedencia de la detención preventiva de mujeres embarazadas o madres con hijos lactantes menores de un año. Además, no es justificable la revocatoria de las medidas cautelares personales por el incumplimiento de la obligación de firmar el libro de asistencia cuando el mismo fue extraviado y los riesgos procesales referidos a la familia, domicilio y trabajo fueron desvirtuados con anterioridad. La Jueza demandada no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19 de 28 de septiembre de 2022, cursante de fs. 46 a 47 vta., pronunciada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0824/2025-S2 Sucre, 28 de julio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 53718-2023-108-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 19 de “27 de mayo” -siendo lo correcto 28 de septiembre- de 2022 cursante de fs. 46 a 47 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhonny Abdon Urimo Sea en representación sin mandato de Adriana Baneza Cardon Villanueva contra Cinthia Fabiola Pardo Chavarría, Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 27 de septiembre de 2022, cursantes a fs. 1 y 35 a 37 vta., la accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
El 1 de noviembre de 2012 fue imputada por la presunta comisión del delito de suministro previsto por el art. 51 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de Julio de 1988-; por lo que, el 3 del citado mes y año, después de haberse llevado una audiencia de medidas cautelares, Cinthia Fabiola Pardo Chavarría, Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy demandada- dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola del referido departamento. No obstante, el 29 de octubre de 2013, en audiencia de cesación de la detención preventiva, logró desvirtuar los riesgos procesales acreditando familia, trabajo y domicilio por cuyo motivo fueron impuestas las siguientes medidas sustitutivas: la obligación de presentarse ante el Ministerio Público a firmar el libro de asistencia cada quince días y cuantas veces sea legalmente convocada, arraigo, prohibición de comunicación con ciertas personas y detención domiciliaria. El 3 de junio de 2022, el Fiscal de Materia solicitó al Juzgado de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz la revocatoria de medidas cautelares porque supuestamente no cumplió con el registro en el sistema de control biométrico del Ministerio Público, fijándose en consecuencia audiencia para el 15 del igual mes y año. A efectos de viabilizar dicha actuación procesal, el Fiscal de Materia informó el domicilio procesal de su abogado un día antes de la celebración de la audiencia; sin embargo, no fue notificada para dicha audiencia ni para la que fue reprogramada para el día 24 de junio de 2022. A pesar de tal irregularidad, la audiencia se llevó a cabo con la asistencia de una abogada de oficio, quien informó que su persona se encontraba con veintidós semanas de gestación, adjuntando documentación médica pertinente a efectos de acreditar dicho extremo. En función a ello, solicitó se aplique otro tipo de medidas cautelares personales, en consideración a que la detención preventiva en mujeres embarazadas se encuentra “prohibida” conforme lo establecido en el “…Art. 232.7 de la Ley 1173…” (sic) (se entiende que hace alocución al art. 232.I 7 del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-). La Jueza demandada, contrariamente a dar lugar a solicitud planteada, revocó las medidas cautelares personales que pesaban en su contra y dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz únicamente por incumplir con la firma en el sistema biométrico a pesar que, cuando obtuvo su libertad, registró su comparecencia cada quince días en el libro de asistencia, mismo que habría sido extraviado. Posteriormente, el 7 de septiembre de 2022, se instaló la audiencia de cesación de la detención preventiva, solicitada por su persona como imputada adjuntando: a) Carnet de Salud de la Madre; b) Dos certificados médicos emitidos por el Hospital de la Mujer Dr. Percy Boland, que diagnostican amenaza de parto prematuro, anemia leve y sospecha de diabetes gestacional; c) Dos certificados médico legal forense que establecen un embarazo de alto riesgo obstétrico con amenaza de parto prematuro, anemia y diabetes gestacional; d) Informe médico de salida de emergencia del Centro Penitenciario; y, e) Flujo migratorio nacional e internacional donde se certifica que no tiene programado ningún tipo de viaje. Toda esta documentación presentada no fue debidamente valorada por la autoridad demandada, quien decidió rechazar la solicitud de cesación de la detención preventiva, a pesar que los riesgos procesales previstos en el art. 234.1 y 2 de la “Ley 1173” -se entiende que hace alocución al art. 232.I 1 y 7 del CPP modificado por la Ley 1173- ya habrían sido desvirtuados, subsistiendo únicamente el riesgo contemplado previsto en el art. 235.2. de la misma norma. Dicha decisión inserta en una resolución fue impugnada con la interposición de un recurso de apelación.
La accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la vida y “al ser en gestación”; citando al efecto el art. 45.V. de la Constitución Política del Estado (CPE); 25.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); 12.2 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); y, 10.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga el restablecimiento de los derechos vulnerados.
Celebrada la audiencia pública, el 28 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 45 a 46, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad, y ampliando en audiencia de garantías, señalo que: 1) Se promovió una acción de libertad que fue denegada, razón por la cual se interpuso la actual acción tutelar, acompañada de nuevos elementos probatorios; 2) Dio a luz de forma prematura a una niña, la cual permanece internada en el Hospital Percy Boland, bajo tratamiento médico en incubadora; 3) Dejó de registrar su firma en el Libro de Asistencia debido a su estado de gravidez y por encontrarse privada de libertad en el Centro Penitenciario de Palmasola, en virtud de un proceso penal seguido por la presunta comisión de otro delito; y, 4) Los arts. 45, 60, 115 y 180 de la CPE garantizan la salud y la vida del menor de edad y de la madre por lo que corresponde su aplicación.
Cinthia Fabiola Pardo Chavarría, Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías pese a su notificación cursante a fs. 40.
La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida como Tribunal de garantías, por Resolución 19 de 28 de septiembre de 2022, cursante de fs. 46 a 47 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) De conformidad al art. 125 de la CPE, la acción de libertad procede cuando se acredita peligro para la vida, persecución ilegal, procesamiento indebido o privación arbitraria de libertad; no obstante, en el presente caso, la accionante no ha logrado fundamentar ninguna de dichas causales, pues si bien fue sometida a una intervención quirúrgica por cesárea, se advierte que el Centro Penitenciario Palmasola del señalado departamento cuenta con un centro de atención médica para brindar el tratamiento correspondiente. Tampoco se evidencia la existencia de persecución ilegal; toda vez que, la accionante enfrenta un proceso penal por el delito de suministro de sustancias controladas, y su detención obedece a la revocatoria de las medidas cautelares personales inicialmente impuestas; ii) La impetrante de tutela, tras haber sido notificada con la resolución que dispuso la revocatoria de las medidas cautelares personales, tenía la posibilidad de impugnar dicha decisión con la interposición de un recurso de apelación conforme al art. 251 del CPP; en consecuencia, la inacción de la peticionante de tutela frente a la Jueza demandada implica un acto de consentido respecto a la decisión adoptada; y, iii) El petitorio formulado en la presente acción tutelar ya fue planteado en una anterior acción de libertad, oportunidad en la que fue expresamente rechazado; en virtud de ello, la problemática puesta a consideración cuenta con un pronunciamiento previo, lo que impide su análisis a través de una nueva acción de defensa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, no se evidencia alguna documental que pueda considerarse dentro del presente apartado; sin embargo, se establece lo siguiente: II.1. De la verificación del Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal, se tiene el expediente 51982-2022-104-AL, en el cual se pronunció la SCP 0419/2025-S4 de 8 de mayo, dentro de la acción de libertad formulada por Jhonny Abdón Urimo Sea en representación mandato de Adriana Baneza Cardon Villanueva -ahora accionante- contra Cinthia Fabiola Pardo Chavarría, Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy demandada-, la cual denegó la tutela solicitada, argumentando que, si bien la regla general establece la inviabilidad de aplicar la detención preventiva a mujeres embarazadas o madres con hijos menores de un año, dicha regla admite una excepción respecto a aquellos casos en los que la gravedad del delito y el grado de peligrosidad del hecho así lo ameriten, como ocurre con los delitos vinculados al narcotráfico y sustancias controladas.
La accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la vida y “al ser en gestación”; debido a que, la autoridad accionada revocó las medidas cautelares personales impuestas a su persona y dispuso su detención preventiva, sin considerar que, la misma se encontraba embarazada cuando se llevó a cabo la audiencia de situación jurídica y que, al momento de la audiencia de garantías, dio a luz a una niña nacida viva, contraviniendo lo establecido en el art 232.I.7 y 8 del CPP que establecen la improcedencia de la detención preventiva de mujeres embarazadas o madres con hijos lactantes menores de un año. Además, no es justificable la revocatoria de las medidas cautelares personales por el incumplimiento de la obligación de firmar el libro de asistencia cuando el mismo fue extraviado y los riesgos procesales referidos a la familia, domicilio y trabajo fueron desvirtuados con anterioridad. La Jueza demandada no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SC 1161/2005-R de 26 de septiembre, señaló que: “…cuando este Tribunal conoce en revisión una acción tutelar y evidencia que el recurrente acudió en una segunda oportunidad a la jurisdicción constitucional, a través del recurso de hábeas corpus, estableciéndose con tal actuación la existencia de identidad absoluta de sujetos (partes: recurrente y recurrido), objeto (pretensiones del actor) y causa (hechos o supuestos fácticos en que se fundó la demanda), o que el actor hubiese incoado antes la misma acción, con idéntico propósito y por iguales motivos, aunque contra distintas autoridades, -en este último supuesto constatándose sólo la identidad parcial de los sujetos procesales-, este Tribunal, en ambos supuestos, está impedido de ingresar al fondo de uno de los recursos; entendimiento jurisprudencial que se sustenta en el hecho de que el recurrente no puede pretender que este Tribunal que ya emitió un pronunciamiento expreso sobre el mismo problema jurídico planteado -en ambos recursos- vuelva a considerar el fondo de lo que ya ha sido demandado y resuelto, porque de así hacerlo, incurriría en una innecesaria e irregular duplicidad de fallos respecto a un mismo asunto; sólo por el uso abusivo y temerario de este recurso constitucional” (las negrillas nos corresponden).
Con carácter previo a ingresar al análisis de fondo del fallo traído a revisión, corresponde precisar que, la primera actuación de este Tribunal para resolver causas en las que se denuncia la vulneración de derechos y garantías constitucionales, constituye la revisión del Sistema de Gestión Procesal a efectos de determinar si existe alguna causa con similares pretensiones que revista calidad de cosa juzgada constitucional. Es así que, del escrutinio de dicho sistema, se advirtió la existencia de una acción tutelar -con pretensiones similares a las contenidas en la presente acción de defensa-, interpuesta por Adriana Baneza Cardon Villanueva -ahora accionante-, vinculada al Expediente 51982-2022-104-AL, misma que culminó con la SCP 0419/2025-S4 de 8 de mayo, por la cual se denegó la tutela solicitada (Conclusión II.1). Por lo tanto, a fin de determinar si la problemática sujeta a revisión se encuentra afectada por la figura de cosa juzgada constitucional, corresponde analizar si se cumplen los presupuestos necesarios que conducen a dicha condición. De conformidad al Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, este Tribunal estará impedido de pronunciarse sobre el fondo de una problemática traída a consideración, siempre que exista identidad de sujetos, objeto y causa entre la acción tutelar sujeta a revisión y una acción de defensa anterior.
En ese sentido, tras realizar un ejercicio de contraste entre la presente acción tutelar y la acción de libertad vinculada a la SCP 0419/2025-S4, se evidencia que ambas acciones de defensa fueron interpuestas por la impetrante de tutela en contra de Cinthia Fabiola Pardo Chavarría, Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz; por lo que, resulta evidente que se cumple con la primera de las condiciones exigidas para considerar que la problemática sometida a revisión se ve afectada por la figura de cosa juzgada constitucional la cual versa sobre la identidad de sujetos, pues existe correspondencia entre las partes que se constituyen como accionante y autoridad demandada. Asimismo, se advierte que ambas acciones de libertad poseen el mismo objeto, debido a que, tanto en la acción de libertad traída a revisión como en aquella que originó la SCP 0419/2025-S4, la parte peticionante de tutela pretende que se restituya su libertad, argumentando que la detención preventiva resulta improcedente en mujeres embarazadas y madres con hijos lactantes menores de un año; lo que demuestra que se cumple con la segunda de las condiciones exigidas para considerar que la problemática sometida a revisión posee un pronunciamiento expreso relativo a la identidad de objeto.
De igual manera, tras haberse contrastado la actual acción tutelar con la acción de defensa inserta en la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, se verifica que ambas devienen de los mismos supuestos facticos, ya que, en ambos casos, la parte accionante denuncia que la autoridad demandada vulneró su derecho a libertad y a la vida, al disponer la revocatoria de las medidas sustitutivas que pesaban en su contra y ordenar su detención preventiva, sin considerar que el art. 232.7 y 8 del CPP establece la improcedencia de la detención preventiva respecto de mujeres embarazadas o madres con hijos lactantes menores de un año. A partir de lo anterior, se evidencia que el origen de las pretensiones de la accionante radica en su disconformidad con la modificación de su situación jurídica, lo que permite concluir que se cumple con la tercera de las condiciones necesarias para considerar que la problemática sometida a revisión se encuentra afectada por la figura de cosa juzgada constitucional, específicamente en lo referente a la identidad de causa. En mérito a las consideraciones expuestas, y habiéndose verificado la concurrencia de los presupuestos de identidad de sujeto, objeto y causa para la configuración del instituto de la cosa juzgada constitucional, este Tribunal se encuentra impedido de ingresar al análisis de fondo del presente caso; toda vez que, la problemática sometida a revisión ya fue objeto de un pronunciamiento expreso en la SCP 0419/2025-S4, correspondiendo denegar la tutela. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19 de 28 de septiembre de 2022, cursante de fs. 46 a 47 vta., pronunciada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0824_2025-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 436839f9d25e75b045ffaa3a2ef30506324631bd7d7c519325e1dc4f5343c36d
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