B.IA.LEGAL

SCP 0823/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 30 de julio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
30 de julio de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
56089-2023-113-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, en su calidad de ex Director General de Formación de Maestros interino dependiente del Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Deportes y Culturas, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes motivación y fundamentación y a ser procesado por un juez natural competente e imparcial; y, los principios de legalidad, buena fe y seguridad jurídica, porque la autoridad demandada, a tiempo de confirmar la presunta responsabilidad administrativa del impetrante de tutela, a través de la Resolución Ministerial Jerárquica 1/2023 de 8 de febrero, vulneró el art. 67.V del DS 23318-A, al no haber considerado el referido cargo que ocupó, lo que dio lugar a que no fuera procesado por el abogado externo designado por el entonces Ministro de Educación, Deportes y Culturas, sino por una autoridad sumariante que no correspondía a dicho cargo desempeñado. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 93/2023 de 8 de mayo, cursante de fs. 111 a 115, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, por la vulneración de los derecho a ser procesado por un juez natural competente en relación al principio de legalidad, por lo que se deja sin efecto la Resolución Ministerial Jerárquica 01/2023 de 8 de febrero, y se dispone que sea emitida una nueva por el actual Ministro de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, en el plazo de cuarenta y ocho horas de conocer esta Sentencia Constitucional Plurinacional; 2º DENEGAR la tutela respecto a los derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación y a ser procesado por un juez imparcial y los principios de buena fe y seguridad jurídica; y, 3º Se llama la atención a la referida Sala Constitucional por la demora en que incurrió al remitir la presente acción de tutela a este Tribunal, según lo señalado en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Del Juez natural competente
  2. III.2. Del principio de legalidad
  3. III.3. De la autoridad sumariante que juzga a Directores o ex
  4. III.4. Análisis del caso concreto
  5. III.5. De otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0823/2025-S3 Sucre, 30 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 56089-2023-113-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 93/2023 de 8 de mayo, cursante de fs. 111 a 115, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Iver Colque Paco contra Edgar Pary Chambi, Ministro de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 20 y 28 de marzo de 2023, cursantes de fs. 37 a 48 vta. y 52 a 57, el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 13 de noviembre de 2020, fue nombrado Director General de Formación de Maestros, mediante Resolución Ministerial (RM) 0261/2020 de la fecha señalada y cumplió dichas funciones hasta el 22 de noviembre de 2021, de forma inesperada, el 27 de octubre de 2022, fue notificado con el Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 044/2022 de 19 de octubre dictado por la Autoridad Sumariante del Ministerio de Educación, que establecía indicios de responsabilidad administrativa en su contra. Ante ello, el 29 de noviembre de 2022, solicitó la declaratoria de incompetencia de la referida Autoridad Sumariante indicando que el Ministerio mencionado se estaba atribuyendo competencias o funciones que no estaban contempladas en su Resolución de nombramiento como Autoridad Sumariante, 0248/2022 de 13 de abril, ni en la ley, al efecto describió el art. 21 del Decreto Supremo (DS) 23318-A -Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública de 3 de noviembre de 1992- y en ninguna de dichas competencias se encuentra la de iniciar un proceso sumario administrativo a ex directores generales.

En ese orden, se le mencionó a la Autoridad Sumariante del Ministerio de Educación que existía otro procedimiento al efecto, y que correspondía aplicar el art. 67 del DS 23318-A, que prevé que quien debe procesar a los ex Directores Generales es un abogado independiente nombrado por el Ministro de la Presidencia de la República; no se debe olvidar que el DS 26237 fue modificado por el DS 28003 de 11 de febrero de 2005, que en su art. 2 prevé que el abogado sumariante debe ser nombrado por el Ministro responsable, cabeza de sector; sobre esa base reclamó que se estaba vulnerando el derecho a ser procesado por un juez natural competente e independiente, previsto por el art. 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE). El 12 de diciembre de 2022, fue notificado con la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 038/2022 de 5 de diciembre, que determinó la existencia de responsabilidad administrativa en su contra y se rechazó la incompetencia planteada, sin señalar sobre qué base normativa asumía dicho rechazo. El 15 de diciembre del mismo año, contra la referida Resolución Final, interpuso Recurso Revocatorio en el que se solicitó que se cumpla con los arts. 67.V del DS 23318-A vigente y 120.I de la CPE; sin embargo, sus argumentos no fueron considerados y tampoco las notas internas en las que solicitó que se revoque en su totalidad la señalada Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo. El 29 de diciembre del mencionado año, fue notificado con la Resolución de Recurso de Revocatoria 038/2022 de 28 de diciembre, que confirmó la resolución impugnada, y continuó atribuyéndose competencias y usurpando funciones en controversia del art. 122 de la CPE. En ese orden, el 4 de enero de 2023, interpuso Recurso Jerárquico contra la última Resolución señalada y el 15 de febrero del mismo año, fue notificado con la Resolución Ministerial Jerárquica 01/2023 de 8 de febrero, dictado por el Ministro de Educación, ahora demandado, quien señaló: “…la Autoridad sumariante designada de conformidad al Art. 12 parágrafo I inciso a) del Reglamento de Responsabilidad Administrativa tiene competencia en virtud que el ahora sumariado es a la fecha un ex servidor público del Ministerio de Educación, siendo plenamente la Autoridad Sumariante designada competente para (…) el presente proceso sumario…” (sic), por lo que el Ministro de Educación y la Autoridad Sumariante vulneraron del art. 67.V del DS 23318-A, pues fue procesado sin considerar que ocupó el cargo de Director General de Formación de Maestros dependiente del Ministerio de Educación y por eso vulneraron el derecho a un juez natural competente; de esa forma se confirmó la supuesta existencia de responsabilidad administrativa. De la lectura del art. 122 de la CPE, se evidencia que la autoridad demandada y la Autoridad sumariante usurparon funciones que no les competían, desconociendo la aplicación del art. 67 del DS 23318-A.

Por otro lado, de acuerdo a la SCP 0280/2017-S1 de 31 de marzo, el accionante tenía que ser procesado por un abogado independiente, nombrado por el Ministerio de Educación.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes motivación y fundamentación y a ser procesado por un juez natural, competente e imparcial, y los principios de legalidad, buena fe y seguridad jurídica, a cuyo efecto citó los arts. 9.2, 115.I, 120.I y 122 de la CPE, así como los arts. 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 8.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y se ordene la anulación de todas las resoluciones emitidas en el proceso administrativo seguido en su contra, es decir, el Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 044/2022, Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 038/2022, Resolución de Recurso de Revocatoria 038/2022 y la Resolución Ministerial Jerárquica 01/2023, disponiendo la restitución del derecho al juez natural en aplicación del art. 67 del DS 23318-A (modificado por los DD.SS. 26237 y 28003).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 8 de mayo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 109 a 110, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, a través de su abogado, se ratificó expresamente en su memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe del demandado

Edgar Pary Chambi, Ministro de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de sus representantes por informe escrito presentado el 5 de mayo de 2023, cursante de fs. 104 a 107 vta. solicitó se deniegue la tutela impetrada, en mérito a los siguientes argumentos: a) El accionante señaló que existía otro procedimiento para procesar a los Directores Generales y según su criterio debía aplicarse ese mismo procedimiento a ex Directores Generales -como es el caso del impetrante de tutela-, según lo establece el art. 67.V del DS 23318-A; por ello, sostuvo que la autoridad sumariante no tendría competencia para iniciar y procesar el sumario administrativo y que se estaría vulnerando el derecho a ser procesado por un juez natural competente, empero dichas disposiciones no se refieren a los ex servidores públicos, como el accionante lo era al inicio de dicho proceso; b) El solicitante de tutela tiene la calidad ex servidor público, motivo por el cual de conformidad al art. 15 del DS 23318-A, la autoridad sumariante tiene competencia para conocer y resolver el proceso sumario; c) El impetrante de tutela, en sus recursos de impugnación, no señaló qué norma prevé que los ex servidores públicos deban ser procesados por un abogado independiente, por lo que su argumento carece de sustento; d) El solicitante de tutela, en su calidad de ex servidor público -cuando comenzó el proceso sumario- debe ser procesado conforme lo dispuesto en el art. 18 del DS 23318-A, según lo razonó la SCP 0280/2017-S1 de 31 de marzo, por lo que no existe vulneración del derecho al juez natural; e) Asimismo, se debe tomar en cuenta la nota CGE/SCSL-219/2023 de 27 de marzo, que señaló: “’…aspecto que no ocurre cuando esa autoridad superior queda desvinculad[a] de la entidad, teniendo la calidad de ex servidor público, por lo que en lógica coherencia no está expresamente previsto en el mencionado artículo 67’” (sic); f) Corresponde a la autoridad sumariante procesar a los ex servidores públicos, por lo cual no existe usurpación de funciones, pues la actuación de dicha autoridad está respaldada en la normativa aplicada al efecto; y, g) El accionante no puede ser considerado como Director General a efectos solo de su juzgamiento en la vía administrativa. En audiencia añadieron: El impetrante de tutela ya no pertenece al Ministerio de Educación desde el 22 de noviembre de 2021, en consecuencia ya no corresponde la contratación de un abogado independiente y de acuerdo a la nota CGE/SCSL-219/2023 los ex servidores públicos que ya no ocupan los cargos de Directores Generales, entre otros, o ya no se encuentran desarrollando los mismos dentro de la entidad, la autoridad competente será la establecida en el art. 12.I.a) del DS 23318-A, es decir, la prevista en las normas específicas de la entidad o en su defecto el servidor público designado por el máximo ejecutivo.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 93/2023 de 8 de mayo, cursante de fs. 111 a 115 denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Entre los fundamentos del recurso jerárquico cuestionado, hubo una consulta de la autoridad sumariante al Sub Contralor de Servicios Legales -que se debe tener presente-, que fue absuelta mediante nota “NE/DGAJ/UA No. 554/2023” siendo lo correcto CGE/SCSL-219/2023, de 27 de marzo que señaló: “‘…en los casos establecidos en el art. 67.V del citado Reglamento, se aplicará en cuanto corresponda, lo previsto en los p[á]rrafos I, II, III y IV de la mencionada disposición legal, estableciéndose expresamente que la Autoridad Sumariante debe ser un abogado independiente nombrado directamente por el Ministro responsable cabeza de sector…’” (sic); asimismo, refirió que se comprendía que el art. 67 del DS 23318-A resguarda el juez natural independiente, pues la autoridad sumariante de la propia entidad podrá verse afectada en su independencia por una eventual injerencia o intromisión de una autoridad superior, aspecto que no ocurre cuando esa autoridad superior queda desvinculada de la entidad, teniendo la calidad de ex servidor público, por lo que en lógica coherencia no está expresamente previsto en el mencionado artículo, en ese sentido los eventuales procesados que resulten actualmente ex servidores públicos que ya no ocupan los cargos de Viceministro, Director General, Directores Nacionales, funcionarios de libre nombramiento, etc., o ya no se encuentren desarrollando los mismos dentro de la entidad, la autoridad competente será la establecida en el art. 12.I.a) del DS 23318-A, que es la norma específica, o en su defecto el servidor público designado por el máximo ejecutivo en la primera semana hábil del año; y, 2) Si bien el accionante hizo referencia al art. 67 del DS 23318-A, lo que se pretende con esa disposición legal es que la autoridad sumariante en relación a esas autoridades de rango superior no pueden influir en el proceso sumario que se hubiera seguido en contra de los servidores que se hallaban en funciones; en cambio en aquellos que dejaron de trabajar en la administración pública, como el caso del accionante, este no podrá influir en ninguna autoridad sumariante; por consiguiente la Resolución Ministerial Jerárquica 1/2023 dio la respuesta correspondiente con relación a la situación de las autoridades sumariantes indicando por qué no es incompetente. Conforme memorial de 9 de mayo de 2023, la referida Sala Constitucional atendió la solicitud del accionante de aclaración, complementación y enmienda, cuestionando que la Resolución emitida se basó en la interpretación del Sub Contralor, quien según el art. 3 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (LACG) -Ley 1178 de 9 de julio de 1990-, no tenía competencias para efectuar interpretaciones normativas; sin embargo, dicha Sala resolvió indicando no ha lugar, por ser claros, precisos y concretos los fundamentos de la Resolución 93/2023.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se evidencia RM 0261/2020 de 13 de noviembre, por la cual se nombró a Iver Colque Paco -ahora accionante- como Director General de Formación de Maestros interino, dependiente del Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Deportes y Culturas (fs. 103). II.2. Consta Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 044/2022 de 19 de octubre, dictado por Julia Quisbert Quispe, Autoridad Sumariante del Ministerio de Educación, -nombrada por RM 0248/2022 de 13 de abril, por el Ministerio de Educación, en aplicación del art. 21.a) del DS 23318-A, modificado por el DS 26237 y 29820-, seguido contra Iver Colque Paco -hoy solicitante de tutela-, en su calidad de ex servidor público, que dispuso el inicio del proceso sumario, por supuestos indicios de responsabilidad administrativa, sobre la base de notas que hacían referencia a un manejo descuidado de la documentación relativa a los procesos de institucionalización de cargos del Sistema Educativo Plurinacional (SEP), con el fundamento de que el servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud, y su incumplimiento genera responsabilidad administrativa por contravención del ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta del servidor público, aspecto que habría sido incumplido por el ahora impetrante de tutela (fs. 4 a 8). II.3. Cursa memorial presentado por Iver Colque Paco -accionante- el 29 de noviembre de 2022 ante la Autoridad Sumariante del Ministerio de Educación, solicitando que se declare su incompetencia, con el argumento de que su persona debía ser procesado por un juez natural competente como lo estipula el art. 67.V del DS 23318-A, modificado por los DD.SS 26237 y 28003 (fs. 9 a 10 vta.). II.4. Se advierte Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 038/2022 de 5 de diciembre, que dispuso: a) Conforme se tiene de la lectura del art. 67.V del DS 23318-A y sus modificatorios, se determina que en caso de ser los Directores Generales de los Ministerios de Estado se aplicará en lo que corresponda los parágrafos I, II, III y IV del referido artículo; sin embargo, el sumariado -ahora solicitante de tutela- no cuenta con esa calidad de funcionario, pues ya fue desvinculado de la entidad en la que era Director General, lo que hace posible que sea procesado por la Autoridad Sumariante del Ministerio de Educación; con ese fundamento se rechaza la solicitud de incompetencia planteada por el sumariante -hoy accionante- y la de ser juzgado por autoridad sumariante externa; y, b) Se determina la existencia de responsabilidad administrativa contra Iver Colque Paco -accionante-por la contravención de los arts. 8.b y 12 del Estatuto del Funcionario Público (EFP) -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999-, art. 11.c) del Reglamento Interno de Personal (RIP) del Ministerio de Educación aprobado por RM 0682/2019 de 7 de junio, en concordancia con los arts. 235.2 de la CPE, 28 de la LACG, 3 y 18.I del DS 23318-A, modificado por el DS 26237 y en consecuencia, conforme lo dispuesto en los arts. 29 de la LACG, 15 del DS 26237 y 37 del Reglamento para Registro de Acciones Judiciales, Requerimientos de Pago, Procesos Administrativos Internos, Dictámenes de Responsabilidad e Informes de Auditoría aprobado mediante Resolución CGE/116/2013 de 16 de octubre, en su calidad de ex servidor público se dispone una vez que la presente Resolución adquiera la calidad de ejecutoriada, procédase al registro en el Sistema CONTROLEG II de la Contraloría General del Estado (fs. 11 a 16). II.5. Consta recurso revocatorio presentado el 15 de diciembre de 2022, contra la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 038/2022, en el que cuestionó la competencia de la Autoridad Sumariante del Ministerio de Educación, ya que él era Director General y se le debía aplicar el art. 67.V del DS 23318-A; asimismo, señaló que sus actos administrativos se enmarcaron en las normas, por lo que no correspondería disponer que tenía responsabilidad administrativa (fs. 17 a 19 vta.). II.6. Cursa Resolución de Recurso de Revocatoria 038/2022 de 28 de diciembre, por el cual confirmó la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 038/2022 de 5 de diciembre, con base en los siguientes fundamentos: 1) En cuanto a la sostenida falta de competencia de la Autoridad Sumariante del Ministerio de Educación, el sumariado -hoy impetrante de tutela- debe tomar en cuenta que al ser ex servidor público ya no goza de fuero especial que determine la obligación de su juzgamiento mediante una autoridad sumariante externa; además, no existe normativa legal que obligue a dicho Ministerio a seguir con el tratamiento especial a ex servidores públicos, como se puede determinar de la revisión del art. 67.V del DS 23318-A, de cuya lectura no se evidencia que sea de aplicación a ex servidores públicos, por ende su inaplicabilidad al sumariado; y, 2) No se desvirtuó la vulneración por parte del accionante de los arts. 8.b y 12 del EFP, 11.c) del RIP del Ministerio de Educación aprobado por RM 0682/2019, 28 de la Ley 1178, 3; y, 18.I del DS 23318-A, por lo que correspondía la confirmación de la Resolución impugnada (fs. 20 a 24). II.7. Se verifica Recurso Jerárquico interpuesto por el ahora accionante contra la Resolución de Recurso de Revocatoria 38/2022, mediante memorial presentado el 4 de enero de 2023, por el que cuestionó la competencia de la Autoridad Sumariante del Ministerio de Educación, señalando que a efectos de su procesamiento debería aplicarse el art. 67.V del DS 23318-A y sus modificatorios; asimismo, señaló que sus actos administrativos se enmarcaron en el RIP del Ministerio de Educación (fs. 25 a 28). II.8. Consta Resolución Ministerial Jerárquica 01/2023 de 8 de febrero por la que confirmó el fallo impugnado, con base en los siguientes fundamentos: “…conforme los argumentos expuestos en el Recurso Jerárquico, el sumariado señala que la Autoridad Sumariante al atribuirse competencias y funciones y emitir la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo Nº 038/2022 y Resolución de Recurso de Revocatorio Nº 38/[2]022 que no estarían contemplado en la resolución de nombramiento y ni se le otorga esas competencias o atribuciones, para tal motivo reitera la vulneración del Artículo 21 del Decreto Supremo Nº 23318-A ya que en ninguna de las competencias establecería que pueda iniciar procesos sumarios administrativos a ex directores generales (…) ante ello corresponde realizar la revisión objetiva del Artículo 67 parágrafo V (…) que establece: ‘En caso de estar involucrados los Viceministros, Directores Generales, Directores Nacionales, Prefectos, Subprefectos y Corregidores, funcionarios de libre nombramiento así como los auditores internos y abogados de la Presidencia, Vicepresidencia de la República, Ministerios de Estado o Prefecturas del Departamento, se aplicara en cuanto corresponda lo previsto en los párrafos I, II, III y IV que anteceden (…)’ de cuya revisión no se constata como ámbito de alcance a los ex directores generales como solicita el sumariado; consecuentemente (…) la Autoridad Sumariante designada competente para procesar el presente proceso sumario y sus actuaciones no incurren en causales de nulidad, de conformidad a las atribuciones establecidas en el 21 del Reglamento (…) y con carácter específico el citado Reglamento en su Artículo 18 (…) argumento que [da] la posibilidad de procesar a ex servidores públicos dentro del marco del Régimen de Responsabilidad por la Función, criterio sustentado por la Sentencia Constitucional Plurinacional 0280/2017-S1 que señala: ‘…la norma de forma expresa ha determinado que determinados funcionarios que pertenezcan a la Presidencia, Vicepresidencia, Ministerios y al nivel de gobierno sub nacional departamental, son los únicos a los que corresponde aplicar el parágrafo V del art. 67 del D.S. Nº 23318-A (…)’ motivo [por el que] no corresponde declarar incompetente a la Autoridad Sumariante a efectos de lleva[r] adelante la presente causa” [(sic) fs. 29 a 34].

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, en su calidad de ex Director General de Formación de Maestros interino dependiente del Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Deportes y Culturas, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes motivación y fundamentación y a ser procesado por un juez natural competente e imparcial; y, los principios de legalidad, buena fe y seguridad jurídica, porque la autoridad demandada, a tiempo de confirmar la presunta responsabilidad administrativa del impetrante de tutela, a través de la Resolución Ministerial Jerárquica 1/2023 de 8 de febrero, vulneró el art. 67.V del DS 23318-A, al no haber considerado el referido cargo que ocupó, lo que dio lugar a que no fuera procesado por el abogado externo designado por el entonces Ministro de Educación, Deportes y Culturas, sino por una autoridad sumariante que no correspondía a dicho cargo desempeñado. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Del Juez natural competente

En relación a ese tema el art. 120.I de la CPE establece: “Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa” (las negrillas fueron añadidas). En lo atingente a ese tema, la SCP 0491/2003 de 15 de abril -reiterada por la SCP 0862/2024-S3 de 1 de octubre- determinó que: “Uno de los elementos esenciales de la garantía del debido proceso es el derecho al juez natural competente, independiente e imparcial; debiendo entenderse por Juez competente aquel que de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas, conforme criterios de territorio, materia y cuantía, es el llamado para conocer y resolver una controversia judicial; Juez independiente aquel que, como se tiene referido, resuelve la controversia exenta de toda [injerencia] o intromisión de otras autoridades o poderes del Estado; y Juez imparcial aquel que decida la controversia judicial sometida a su conocimiento exento de todo interés o relación personal con el problema, manteniendo una posición objetiva al momento de adoptar su decisión y emitir la resolución. El cumplimiento de estos requisitos que hacen al juez natural permite garantizar la correcta determinación de los derechos y obligaciones de las personas; de ahí que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia es vinculante para la jurisdicción interna, en su Sentencia de 31 de enero de 2001 (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 77), ha establecido que ‘toda persona sujeta a juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deberá contar con la garantía de que dicho órgano sea competente, independiente e imparcial’”. Por otro lado, la SCP 1055/2006-R de 23 de octubre, citada por la SCP 1491/2010-R de 6 de octubre y esta a su vez por la SCP 0456/2023-S2 de 2 de junio, señaló que: “El derecho al juez natural se encuentra contenido en el art. 14 de la CPE, cuya normativa dispone que ‘Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales o sometido a otros jueces que los designados con anterioridad al hecho de la causa (…)’. Esta comprensión implica el derecho que tiene toda persona a ser oída y juzgada, con las debidas garantías por un juez regular predeterminado, competente, independiente e imparcial, en la substanciación de cualquier acusación penal o disciplinaria formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, familiar o de cualquier otro carácter. La jurisprudencia de este Tribunal, refiriéndose a la naturaleza y los elementos constitutivos de este derecho ha establecido en la SC 0074/2005, de 10 de octubre que ‘(…) el derecho al juez predeterminado exige la concurrencia de las siguientes condiciones: i) el órgano judicial haya sido creado previamente por un precepto legal; ii) el órgano judicial esté investido de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador del proceso judicial o disciplinario; iii) su régimen orgánico y procesal no permita calificarlo de tribunal ad hoc o de comisión especial; iv) la composición del órgano jurisdiccional venga determinada por la ley; y v) en cada caso concreto se siga el procedimiento legalmente establecido para la designación de los miembros que han de constituir el órgano respectivo. El cumplimiento de estas condiciones, contribuye a garantizar la independencia e imparcialidad del órgano jurisdiccional que es lo que se protege por el derecho al juez predeterminado’”.

III.2. Del principio de legalidad

Al respecto, el art. 180.I de la CPE prevé: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez” (las negrillas fueron añadidas).

Por su parte, la SCP 1358/2022-S4 de 3 de octubre estableció: «Sobre este principio, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0129/2004 de 10 de noviembre, citada a su vez entre otras por la SC 0085/2006 de 20 de octubre; expresó lo siguiente: “…el principio de legalidad, que es una manifestación del principio general de imperio de la ley, según el cual todos (gobernantes y gobernados), se encuentran sujetos a la ley y únicamente en virtud de ella adquieren legitimidad sus actuaciones. Conforme a esto, en el marco de nuestra Constitución, como en las otras de esta órbita de cultura, el principio de legalidad se constituye en el pilar básico del Estado de Derecho y soporte del principio de seguridad jurídica. Viene a sustituir el gobierno de los hombres por el gobierno de la ley. Es por tanto un principio informador de todo el ordenamiento jurídico de la nación, al que debe sujeción todo funcionario, cualquiera sea su jerarquía”. Así también, la SCP 0770/2012 de 13 de agosto, en cuanto al respeto y la vigencia de este principio desarrolló el siguiente entendimiento: “…el mismo en sus dos vertientes, en este sentido, a través de la SC 0062/2002 de 31 de julio, precisó: ‘…el principio general de legalidad, como elemento esencial del Estado de Derecho, representa la materialización de los valores fundamentales que este encarna; consiguientemente, se constituye en un presupuesto básico insoslayable de la administración (realización) de la justicia, de que, siendo la ley expresión de la voluntad de sus destinatarios en materia sancionatoria, se legitimiza sólo cuando la misma ha sido aprobada con las exigencias formales establecidas por el ordenamiento superior: su Constitución. (...) el principio de legalidad en su vertiente procesal (garantía jurisdiccional), tiende a garantizar que nadie pueda ser sancionado sino en virtud de un proceso desarrollado conforme a las reglas establecidas en el procedimiento en cuestión, en el que se respeten las garantías establecidas por ley…'”».

III.3. De la autoridad sumariante que juzga a Directores o ex

Directores Generales Al respecto, se tiene a bien citar el segundo párrafo del Considerando del DS 23318-A que señala: “Que el artículo 45 de la Ley 1178 dispone que la Contraloría General de la República propondrá al Poder Ejecutivo para su vigencia mediante decreto supremo la reglamentación concerniente a su Capítulo V ”Responsabilidad por la Función Pública”. Asimismo, el art. 12 del DS 23318-A (modificado por el DS 26237 de 29 de junio y este a su vez por el DS 28003 de 11 de febrero), correspondiente a al Capítulo II en el que se abordó la terminología aplicada, establece: “Autoridad legal competente es: a. La prevista en las normas específicas de la entidad o en su defecto, el servidor público designado por el máximo ejecutivo en la primera semana hábil del año. b. El máximo ejecutivo de la entidad que ejerce tuición o el servidor público que corresponda para los casos señalados en el artículo 67 del presente Reglamento. c. El Superintendente de Servicio Civil o el máximo ejecutivo de la entidad, según corresponda a Funcionarios de carrera o a Funcionarios provisorios, para conocer de los recursos jerárquicos. I. En los casos de los Gobiernos Municipales, Universidades Públicas, Escalafón Judicial del Poder Judicial, Carrera Fiscal del Ministerio Público, Servicio Exterior y Escalafón Diplomático, Magisterio Público, Servicio de Salud Pública y Seguridad Social, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, la autoridad legal competente así como el procedimiento para la determinación de responsabilidad administrativa, se regirá por su legislación especial aplicable" (las negrillas fueron añadidas). Asimismo, el art. 15 de dicho Decreto Surpemo -ubicado en el Capítulo III que abordó la responsabilidad administrativa desde el art. 13 al 33- prevé que: "Todo servidor público es pasible de responsabilidad administrativa. Lo son asimismo los ex servidores públicos a efecto de dejar constancia y registro de su responsabilidad. Toda autoridad que conozca y resuelva procesos internos disciplinarios deberá enviar copia de la Resolución final ejecutoriada a la Contraloría General de la República para fines de registro" (el resaltado fue agregado). Asimismo, el art. 21.a) de dicha norma prevé: “El sumariante es la autoridad legal competente. Sus facultades son:

a. En conocimiento de la presunta falta o contravención del servidor público de oficio, por denuncia, en base a un dictamen o causa de un informe de auditoria especial; disponer la iniciación del proceso o pronunciarse en contrario con la debida fundamentación” (las negrillas fueron añadidas). Por su parte el art. 67.I, II, III, IV y V de la misma norma (modificados, respectivamente, por los Decretos Supremos 26237 de 1 de julio de 2001, 28003 de 11 de febrero de 2005 y 28010 de 18 del mismo mes y año señalados) contenido en el Capítulo VII, que abordó disposiciones varias, específicamente sobre autoridades superiores, abogados y auditores, establece:

“I. Las denuncias, informes de auditoria y dictámenes de responsabilidad administrativa que involucren al máximo ejecutivo, los miembros de un directorio, los abogados o auditores internos de una entidad, serán conocidos y resueltos en la fase del sumario por el asesor legal principal de entidad que ejerce tuición, con las facultades previstas y dentro de los plazos señalados en los artículos 21 al 23 del presente reglamento.

II. En el caso de posible responsabilidad administrativa, el asesor legal principal de la entidad que ejerce tuición actuará como sumariante, con las facultades previstas y dentro de los plazos señalados en los artículos 21 al 23 del presente reglamento.

III. La máxima autoridad ejecutiva de la entidad que ejerce tuición resolverá el recurso jerárquico, en el plazo señalado en el artículo 29 del presente reglamento.

IV. Las excusas y recusaciones del sumariante o de la máxima autoridad ejecutiva serán resueltas en única instancia por el asesor legal principal del Ministerio de la Presidencia y en caso de ser declaradas legales. Corresponderá al Ministerio de Presidencia designar al servidor Público de igual jerarquía del servidor público o la autoridad que se excuse o que fue recusada, quien no podrá excusarse ni ser recusado.

V. En caso de estar involucrados los Viceministros, Directores Generales, Directores Nacionales, Prefectos, Subprefectos y Corregidores, funcionarios de libre nombramiento así como los auditores internos y abogados de la Presidencia, Vicepresidencia de la República, Ministerios de Estado o Prefecturas del Departamento, se aplicara en cuanto corresponda lo previsto en los párrafos I, II, III y IV que anteceden. A este efecto: a. El sumariante deberá ser un abogado independiente nombrado directamente por el Ministro responsable cabeza de sector, cuyo honorario por cada proceso no deberá exceder de Bs.4.000.- (CUATRO mil 00/100 BOLIVIANOS). b. Los Recursos Jerárquicos serán resueltos por el Ministro responsable cabeza de sector, sin recurso administrativo ulterior.

c. El Sumariante deberá Ser un abogado independiente nombrado directamente por el Prefecto de Departamento, cuyo honorario por cada proceso no deberá exceder de Bs.4.000.- (CUATRO MIL 00/100 BOLIVIANOS).

d. Los Recursos Jerárquicos serán resueltos por el Prefecto de Departamento, sin recurso administrativos ulterior”.

Asimismo, -en lo que al alcance del art. 67.V del DS 23318-A se refiere-el art. 2.III del DS 28003 señala: “III.Solo para el caso del procesamiento de Ministros y ex – Ministros de Estado, se deberá remitir los antecedentes al Ministerio de la Presidencia, para la sustanciación del sumario Administrativo; a este efecto, el Ministerio de la Presidencia contratará al abogado independiente, en el marco de lo dispuesto en el presente Artículo”.

Finalmente, se debe considerar el art. 3.II del DS 28010, que -con relación a la misma norma mencionada- complementa el art. 2.III del DS 28003 y dispone: “II. En el Parágrafo III del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 28003, se incluyen también en el procesamiento establecido a los Prefectos y ex - Prefectos de Departamento; debiendo para tal efecto, tanto el Ministerio o Prefectura de Departamento correspondiente cancelar los honorarios del abogado independiente en forma directa y en atención al contrato de servicios que firme con el abogado sumariante definido por el Ministerio de Presidencia. Asímismo, los recursos jerárquicos serán resueltos por el Ministro de la Presidencia”.

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante, en su calidad de ex Director General de Formación de Maestros interino dependiente del Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Deportes y Culturas, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes motivación y fundamentación y a ser procesado por un juez natural, competente e imparcial; y, los principios de legalidad, buena fe y seguridad jurídica, porque la autoridad demandada, a tiempo de confirmar la presunta responsabilidad administrativa del impetrante de tutela, a través de la RM Jerárquica 01/2023 de 8 de febrero, vulneró el art. 67.V del DS 23318-A, al no haber considerado el referido cargo que ocupó, lo que dio lugar a que no fuera procesado por el abogado externo designado por el entonces Ministro de Educación, Deportes y Culturas, sino por una autoridad sumariante que no correspondía a dicho cargo desempeñado.

De acuerdo al contexto del presente caso, se evidencia que Iver Colque Paco -ahora accionante- fue nombrado Director General de Formación de Maestros interino, dependiente del Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Deportes y Culturas, mediante RM 0261/2020 de 13 de noviembre (Conclusión II.1). Asimismo, el 19 de octubre de 2022, la autoridad sumariante del Ministerio de Educación emitió contra el hoy solicitante de tutela Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo por supuestos indicios de responsabilidad administrativa (Conclusión II.2); asimismo, el 29 de noviembre de 2022, el ahora accionante solicitó que dicha autoridad sumariante se declare incompetente en ese proceso sumario (Conclusión II.3). En ese marco, mediante Resolución Final del Proceso Sumario Administrativo 038/2022 de 5 de diciembre, se rechazó la solicitud de declaratoria de incompetencia señalada y se dispuso la existencia de responsabilidad administrativa del sumariado -solicitante de tutela-accionante (Conclusión II.4). Consiguientemente, el impetrante de tutela planteó Recurso de Revocatoria el 15 de diciembre de 2022, contra dicha Resolución (Conclusión II.5.), que fue resuelto por Resolución de Recurso de Revocatoria 038/2022 de 28 de diciembre, que confirmó la decisión impugnada (Conclusión II.6); finalmente, el ahora accionante planteó Recurso Jerárquico contra la Resolución mencionada, mediante memorial presentado el 4 de enero de 2023 (Conclusión II.7), que fue resuelto a través de Resolución Ministerial Jerárquica 01/2023 de 8 de febrero y confirmó la decisión impugnada (Conclusión II.8). En ese orden, se advierte que el accionante claramente concentra el problema planteado a la afectación del derecho a ser procesado por un juez natural competente e imparcial y al principio de legalidad, pues denuncia que no se aplicó a su sumario administrativo disciplinario, la norma que le atingía según el cargo que ocupó de Director General de Formación de Maestros interino y ello causó que fuera sumariado por una autoridad que no correspondía, es decir, incompetente; en ese marco, la denuncia de vulneración de los restantes institutos jurídicos, consistentes en los derechos al debido proceso en sus vertientes motivación, fundamentación y al juez imparcial; y los principios de buena fe y seguridad jurídica, no la apoyó en mayores argumentos que la cita de dichos preceptos constitucionales, lo cual amerita la denegatoria de la tutela en relación a estos; consiguientemente, el presente análisis se circunscribirá al derecho y principio inicialmente identificados. Aclarado ese aspecto, corresponde revisar la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que abordó el derecho fundamental al juez natural competente y señaló que el juez natural competente, independiente e imparcial es una garantía del debido proceso, en cuanto al juez competente -específicamente- refirió que es el llamado para asumir una controversia judicial; asimismo, señaló que ese elemento junto a los de imparcialidad e independencia hacen al juez natural e igualmente manifestó que este derecho es el camino que lleva a la correcta determinación de los derechos y obligaciones de las personas, en sí, de todo lo referido se entiende que el juez natural se trata de un primer elemento con el que -ineludiblemente- todo proceso judicial o administrativo debe contar, porque solo así se garantizará la administración de justicia, y a ello se debe añadir que la identificación de la autoridad llamada por ley -es decir el juez natural, que es el competente, independiente e imparcial- es aquel que la norma indica, por eso es fundamental la exigencia del cumplimiento del principio de legalidad (desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional), pues actuar en el marco de la norma que dispone qué autoridad es la llamada por ley, garantiza que el proceso se lleve adelante de acuerdo a derecho; el cuidado de este instituto implica la primera exigencia involucrada en un proceso administrativo o judicial y por eso de él depende que los siguientes pasos se enmarquen en el debido proceso, en otros términos, un juicio se contaminará si no se respeta el juez natural competente, así como los componentes de imparcialidad e independencia. Recalcada la importancia del precepto constitucional analizado, se advierte que art. 12 del DS 23318-A -citado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional-, determina que la autoridad llamada por ley es aquel servidor público designado por el máximo ejecutivo en la primera semana hábil del año, o el servidor público que corresponda para los casos señalados en el art. 67.V del referido Decreto. Ya en cuanto a la responsabilidad administrativa, el art. 15 de la misma norma prevé que no solo los servidores públicos son pasibles de responsabilidad administrativa, sino los ex servidores públicos también.

Por su lado, el art. 21.a) del DS 23318-A prevé que el sumariante es la autoridad legal competente y el art. 67.V de la misma norma regula específicamente respecto de la autoridad legal competente para sumariar a los Directores Generales, como era el caso del accionante. En ese contexto, de manera general, la norma revisada establece que todos los ex funcionarios son pasibles de responsabilidad administrativa, pero no puede entenderse de ello que una alta autoridad por dejar de serlo pueda ser juzgada como el resto de los funcionarios; por el contrario, se evidencia el art. 67.V del referido Decreto Supremo -referido a los Directores Generales, entre otros- que dispone que hay cargos que corresponden a autoridades superiores y por esa particularidad dispone la elección de un sumariante diferente al del resto de los funcionarios. En ese mérito, lo que define la autoridad llamada por ley para sustanciar el proceso administrativo interno, es la calidad de funcionario público, mas no así el hecho de que sea actual o ex servidor público, y en ese marco, el hoy accionante fue juzgado por actos emergentes de su calidad de Director General, dichos actos -lógicamente- no cambian si ya no ejerce ese cargo; en ese mérito, la autoridad que lo debe juzgar, ya sea que ejerza o no el indicado puesto laboral, es la dispuesta en el art. 67.V del referido Decreto Supremo, que de manera específica regula sobre la autoridad sumariante que juzgará a -entre otros- Directores Generales. Para finalizar este análisis, se tiene a bien añadir que tanto el art. 2.III del DS 28003 como el art. 3.II del DS 28010, -citados en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional- regularon aspectos relativos a ex Ministros y ex Prefectos -ahora Gobernadores-, sin quitarles a ninguno de ellos el deber ser procesados administrativamente por un abogado independiente, al que se hace referencia en el art. 67.V.a) del DS 23318-A (emergente de las señaladas modificaciones que sufrió dicho artículo); consiguientemente, ello permite entender que el dejar de ejercer el cargo que corresponde a las denominadas autoridades superiores, no cambia el sumariante dispuesto en la última norma citada. Establecido ello, cabe referirse a lo que la autoridad demandada arguyó a tiempo de oponerse a la presente acción de amparo constitucional, a tiempo de basarse en la SCP 0280/207-S1, correspondiendo señalar que de su lectura se evidencia que la misma resolvió sobre un caso que no es análogo al presente, ello se evidencia del siguiente razonamiento plasmado en su Fundamento Jurídico III.5 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional -análisis del caso concreto-: “En ese marco normativo, de la revisión de antecedentes se advierte que el cargo de Gerente Nacional de Redes que ejercía el accionante en YPFB y del cual fue destituido como efecto del sumario administrativo seguido en su contra, se encuentra ubicado en el tercer nivel (operativo) en el organigrama de esa empresa, que a su vez forma parte de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones, lo que significa que las labores que desempañaba en ese cargo eran netamente de carácter gerencial destinadas a hacer operativas las decisiones inherentes al área de redes y gas y ducto”, ello indica que se resolvió con relación a un cargo que no se encontraba contemplado en los previstos por el art. 67.V del DS 23318-A; por consiguiente, el entendimiento que haya asumido en lo relativo a la autoridad sumariante natural competente no es aplicable al presente. Por todo lo referido, la autoridad demandada al dar por bien asumida la decisión dispuesta en la Resolución Ministerial Jerárquica 01/2023 ahora cuestionada, de consentir que el accionante no haya sido juzgado por el abogado externo que debía haber designado el entonces Ministro de Educación, no ha cumplido con el principio de legalidad, pues no corrigió el procedimiento sustanciado y en ese orden, no lo encauzó en la normativa analizada en este fallo constitucional, y de ese modo dejó que se lleve a cabo un proceso sumario al margen del juez natural competente. En consecuencia, corresponde conceder la tutela parcialmente y disponer que se deje sin efecto la Resolución Ministerial Jerárquica 01/2023 de 8 de febrero, ahora cuestionada y que se emita una nueva de acuerdo a los fundamentos jurídicos abordados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

III.5. De otras consideraciones

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolvió la solicitud de complementación de la Resolución 93/2023, a través de Auto de 10 de mayo de 2023 (fs. 121), empero remitió esta acción de amparo constitucional a este Tribunal, recién el 6 de junio de dicho año (fs. 123), es decir, demoró cerca de un mes en esa remisión, cuando tenía un plazo de veinticuatro horas para ello, como lo dispone el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que prevé: “La resolución y antecedentes de la Acción de Defensa se elevará de oficio, en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de veinticuatro horas siguientes a la emisión de la resolución”; por la mencionada razón, corresponde llamar la atención a dicha Sala por la referida demora y además se la debe exhortar a que en la atención de futuras acciones de tutela cumpla con el plazo previsto para su remisión a este Tribunal. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 93/2023 de 8 de mayo, cursante de fs. 111 a 115, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, por la vulneración de los derecho a ser procesado por un juez natural competente en relación al principio de legalidad, por lo que se deja sin efecto la Resolución Ministerial Jerárquica 01/2023 de 8 de febrero, y se dispone que sea emitida una nueva por el actual Ministro de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, en el plazo de cuarenta y ocho horas de conocer esta Sentencia Constitucional Plurinacional; 2º DENEGAR la tutela respecto a los derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación y a ser procesado por un juez imparcial y los principios de buena fe y seguridad jurídica; y, 3º Se llama la atención a la referida Sala Constitucional por la demora en que incurrió al remitir la presente acción de tutela a este Tribunal, según lo señalado en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0823_2025-S3.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 196801cc94c3ef25273e4315b464f863b29635f32bcd503ea5fb2ae4119a8c62

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