B.IA.LEGAL

SCP 0823/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de septiembre de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
18 de septiembre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
48431-2022-97-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física, al debido proceso, a la defensa técnica, a la tutela judicial efectiva y a la impugnación; puesto que, la Vocal hoy accionada, emitió el Auto de Vista 282/2022 de 22 de abril, a través del cual, refirió que no escuchó ningún agravio para resolver el recurso de apelación incidental, por ello confirmó el Auto Interlocutorio 324/2022 de 31 de marzo, sin tomar en cuenta que en la audiencia de consideración de dicho recurso se encontraba presente sin la asistencia de su defensa técnica. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 029/2022 de 10 de junio, cursante de fs. 32 a 34, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a los derechos a la defensa técnica y al debido proceso vinculados al derecho a la libertad de Víctor Hugo Cori Ramos, de conformidad con lo expuesto en los fundamentos jurídicos de este fallo constitucional, disponiendo:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 282/2022 de 22 de abril, debiendo la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de la notificación con esta Sentencia Constitucional Plurinacional, señalar una nueva audiencia de consideración del recurso de apelación incidental, conforme con el procedimiento establecido, asegurando la presencia de las partes procesales y garantizando la participación amplia del abogado defensor. 2° DENEGAR la tutela solicitada, con relación a los derechos a la tutela judicial efectiva y a la impugnación, de acuerdo a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el derecho a la defensa material y técnica
  2. III.2. Trámite y resolución de recursos de apelación incidental de medidas cautelares en el marco de la Ley 1173, y la inasistencia o demora del imputado o su abogado a la audiencia programada
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0823/2024-S3 Sucre, 18 de septiembre de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 48431-2022-97-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 029/2022 de 10 de junio, cursante de fs. 32 a 34, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Víctor Hugo Cori Ramos contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memorial presentado el 8 de junio de 2022, cursante de fs. 24 a 26, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Gianine Paola Chipana Bustillos contra su persona, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia de consideración de medidas cautelares emitió el Auto Interlocutorio 324/2022 de 31 de marzo, a través del cual, dispuso su detención preventiva en la Carceleta de Patacamaya del referido departamento; sin embargo, en esa audiencia se vulneró su derecho a la defensa técnica, por ello, formuló recurso de apelación incidental contra el citado Auto Interlocutorio, de conformidad con el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); en consecuencia, dicho recurso fue radicado en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, presidida por la Vocal ahora accionada, quien señaló audiencia para el 22 de abril de 2022, a las 8:45 horas; al momento de la celebración de esa audiencia su persona concurrió sin la asistencia de su defensa técnica -abogado-; empero, al encontrarse detenido preventivamente, únicamente escuchó la audiencia, en la que se emitió el Auto de Vista 282/2022 de 22 de igual mes, por el que se confirmó el Auto Interlocutorio 324/2022, indicando que al no tener defensa técnica, no existen agravios que resolver. Al encontrase en emergencia sanitaria a causa de la pandemia por el Coronavirus (COVID-19) y detenido preventivamente, la falta de su defensa técnica no podía ser el motivo para que el Tribunal de alzada confirme el Auto Interlocutorio apelado, indicando que no existen agravios para resolver.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física, al debido proceso, a la defensa técnica, a la tutela judicial efectiva y a la impugnación; citando al efecto los arts. 115.II, 119.II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) La nulidad del Auto de Vista 282/2022 de 22 de abril, emitido por la Vocal hoy accionada, a través del cual se confirmó el Auto Interlocutorio 324/2022 de 31 de marzo, que dispuso su detención preventiva; puesto que, no contaba con defensa técnica; y, b) Que la Vocal ahora accionada, de acuerdo a la última parte de lo previsto por el art. 251 del CPP, inmediatamente señale audiencia de consideración del recurso de apelación incidental contra el referido Auto Interlocutorio.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 10 de junio de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 31 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que la Vocal hoy accionada confirmó el Auto Interlocutorio 324/2022 impugnado, incumpliendo con lo previsto por el art. 115.II de la CPE; ya que, no se encontraba presente en audiencia su abogado de confianza, según lo dispuesto por el art. 113.II del CPP; por lo que debió notificar al Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) con el fin de proporcionarle un abogado de defensa técnica.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 9 de junio de 2022, cursante de fs. 29 a 30 vta., manifestó que: 1) A través del Auto de Vista 282/2022 de 22 de abril, declaró improcedente el recurso de apelación incidental; ya que, no escuchó ningún agravio y en el fondo confirmó el Auto Interlocutorio 324/2022, manteniéndose firme y subsistente el mismo; 2) El Tribunal de alzada debe regirse por el art. 398 del CPP, abriendo su competencia a los agravios expuestos por el apelante -accionante- y su respuesta; 3) El Tribunal de garantías no es un tribunal ordinario o de otra instancia para revisar las decisiones de la jurisdicción ordinaria; empero, para que la jurisdición constitucional realice un análisis sobre la actividad interpretativa del Tribunal de alzada en el Auto de Vista 282/2022 impugnado, el accionante debió efectuar una relación suscinta y precisa con la vinculación de los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa; sin embargo, no realizó esa argumentación en la presente acción tutelar; 4) El Tribunal de alzada emitió el Auto de Vista 282/2022, bajo los principios de legalidad, imparcialidad y debido proceso; 5) Las medidas cautelares no causan estado; empero, pueden variar conforme con las circunstancias; y, 6) En el memorial de interposición de la acción tutelar no se estableció de manera concreta, de qué manera se vulneraron los derechos fundamentales y garantías constitucionales del accionante; puesto que, el referido Auto de Vista emitido por su autoridad, contiene la debida fundamentación, según lo previsto por el art. 124 del CPP concordante con los art. 173 y 396 del citado Código; por lo que, pidió que se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 029/2022 de 10 de junio, cursante de fs. 32 a 34, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) Conforme con el art. 251 del CPP, se establece que una vez interpuesto el recurso de apelación incidental en audiencia, corresponde remitir antecedentes a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, que debe señalar audiencia dentro del plazo de ley y notificar a las partes, ese procedimiento implica que el trámite de la medida cautelar se realice en un solo acto; puesto que, se trata de un recurso de alzada de una medida cautelar y la ley no prevé suspensión de audiencia como si fuera un proceso ordinario o de un juicio oral, público y contradictorio, que conlleve a las autoridades designarle un abogado de oficio ante la inconcurrencia del abogado de la defensa o inclusive disponer el abandono malicioso del mismo, no siendo el caso, excepto lo establecido por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, a través de su Reglamento; ii) El art. 24.II del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal -aprobado el 10 de junio de 2020, por Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia-, señala que: “Cuando el abogado defensor no pueda estar presente a la audiencia convocada por la autoridad judicial, deberá hacer conocer su impedimento justificado antes de las 48 horas de la fecha y hora del señalamiento de audiencia” (sic) y el parágrafo III del citado artículo refiere que: “Ante la eventualidad de que el abogado defensor no pueda concurrir a la audiencia programada, por un caso fortuito o fuerza mayor sobreviniente deberá hacer conocer, a los fines de evitar sanciones y excepcionalmente, señalarse nueva audiencia dentro del término de 48 horas” (sic); iii) En el caso concreto, se notificó legalmente al accionante; por lo tanto si el abogado que lo patrocina tenía la imposibilidad de concurrir a la señalada audiencia a pesar de que las audiencias son virtuales y le permiten conectarse desde cualquier punto del país y desde cualquier lugar, debió poner en conocimiento de la autoridad ese impedimento, con el objeto que de manera excepcional se suspenda la audiencia y se señale nueva fecha y hora, haciendo énfasis de que es responsabilidad de los abogados patrocinantes; ya que, al no hacerse presentes, provocaron la vulneración en perjuicio de su patrocinado y no precisamente la Vocal ahora accionada; iv) Según lo establecido en la SCP 0333/2021-S4 de 20 de julio, concluyó que no se aplica el art. 105 del CPP en el supuesto de una audiencia de consideración de recurso de apelación incidental, tal como sucede en el presente caso que es un solo acto; por consiguiente, la Vocal hoy accionada ante la inconcurrencia del abogado del accionante, determinó confirmar el Auto Interlocutorio 324/2022; puesto que, al no exponerse los agravios vulnerados, “…NO ES PROPIEMENTE UN ACTO ILEGAL O INDEBIDO…” (sic), sino es una sanción al abogado apelante, quien de manera irresponsable no acudió a la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental, a pesar de su legal notificación y tampoco justificó su impedimento; y, v) La Vocal hoy accionada no vulneró el derecho a la defensa del accionante; puesto que, no fue esa autoridad quien le privó de un abogado; siendo que, la vulneración alegada fue generada por su propio abogado al incumplir su obligación de actuar responsablemente con su patrocinio, más aún cuando fue el abogado quien formuló el recurso de apelación incidental, motivo por el que no podría alegar indefensión, cuando esta fue provocada por el propio abogado patrocinante del accionante que no se presentó en la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental. En vía de enmienda, aclaración y complementación, el accionante a través de su abogado solicitó a la Jueza de garantías que de acuerdo al informe presentado por la Vocal hoy accionada, reconoció que el “abogado de la defensa” no se encontraba presente y que por su inasistencia, debió designarle al accionante otro abogado, conforme con el Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia de Materia Penal, por ello preguntó cuál es el fundamento jurídico para denegar la tutela solicitada en la presente acción de defensa. En mérito a esa solicitud, la Jueza de garantías, aclaró que el “…art. 24 ha señalado art. 4 núm. 5 del reglamento de conductas y medidas disciplinarias se ha señalado aquel extremo por ello es que se ha remitido al informe y a la fundamenación, que así no este acá se ha señalado aquel extremo” (sic).

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante decreto constitucional de 10 de junio de 2024, cursante a fs. 39 se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 16 de septiembre del mismo año, cursante a fs. 78; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 324/2022 de 31 de marzo, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, a través del cual, se dispuso la detención preventiva de Víctor Hugo Cori Ramos -ahora accionante- en la Carceleta de Patacamaya del referido departamento, por el término de tres meses, en una población diferente a quienes cumplen sentencia condenatoria; además, de señalar audiencia para el 30 de junio de 2022, a las 9:00 horas, con el objetivo de considerar la situación jurídica del nombrado. Finalmente, el abogado del accionante en audiencia formuló recurso de apelación incidental de manera oral, de conformidad con lo previsto por el art. 251 del CPP (fs. 61 a 65). II.2. Por Auto de Vista 282/2022 de 22 de abril, emitido por Rosmery Lourdes Pabón Chavez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora accionada-, se determinó admisible el recurso de apelación incidental e improcedente, al no exponerse ningún agravio de las partes procesales; en consecuencia, se confirmó el Auto Interlocutorio 324/2022 emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz (fs. 46).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física, al debido proceso, a la defensa técnica, a la tutela judicial efectiva y a la impugnación; puesto que, la Vocal hoy accionada, emitió el Auto de Vista 282/2022 de 22 de abril, a través del cual, refirió que no escuchó ningún agravio para resolver el recurso de apelación incidental, por ello confirmó el Auto Interlocutorio 324/2022 de 31 de marzo, sin tomar en cuenta que en la audiencia de consideración de dicho recurso se encontraba presente sin la asistencia de su defensa técnica. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre el derecho a la defensa material y técnica

La SCP 0711/2021-S3 de 6 de octubre, señaló que: «El art. 8 del CPP, hace referencia a que el imputado podrá defenderse por sí solo en todos los actos del proceso, sin que esto lo vaya a perjudicar en la defensa técnica realizada por su abogado, asimismo, el art. 9 del mencionado Código establece que la defensa técnica, se constituye en el derecho a la asistencia y defensa por parte de un abogado. Asimismo, de acuerdo a los arts. 115.II y 119.II de la CPE, se garantiza los derechos al debido proceso y a la defensa, de esa manera se constata que el Estado considera que el núcleo esencial del derecho a la defensa converge en la garantía procesal de que las personas sometidas a un proceso, sean escuchadas, intervengan en los actuados procesales inherentes al despliegue procesal del caso por sí o mediante su abogado patrocinante, y puedan hacer uso de los recursos previstos en la norma procesal, configurando ello en una defensa técnica como material.

En ese contexto, la SCP 0045/2014-S3 de 14 de octubre, reiterando el entendimiento asumido por la SCP 0155/2012 de 14 de mayo, señala que: “El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por Bolivia mediante Decreto Supremo (DS) 18950 de 17 de mayo de 1982, (elevado a rango de Ley 2119 promulgada el 11 de septiembre de 2000), establece el derecho fundamental de toda persona sometida a proceso, sujeto a una serie de garantías mínimas, entre las que se encuentra reconocida la defensa material, expresada como el derecho: ‘A hallarse presente en el proceso y defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección, a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo; y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo’.

Por otra parte, la constitución Política del Estado en su art. 119.II, dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa; es decir, que el Estado proporcionara a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en casos que no cuenten con los recursos económicos necesarios y según los arts. 8 y 9 del CPP y la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional a través de la SC 1556/2002-R de 16 de diciembre, el derecho a la defensa: `…tiene dos dimensiones: a) la defensa material: que reconoce a favor del imputado el derecho a defenderse por sí mismo y le faculta a intervenir en toda la actividad procesal -desde el primer acto del procedimiento-, de modo que siempre puedan realizarse todos los actos que posibiliten excluir o atenuar la reacción penal estatal; principio que está garantizado por la existencia del debate público y contradictorio; y, b) La defensa técnica, consiste en el derecho irrenunciable del imputado de contar con asistencia de un abogado desde inicio del procedimiento hasta el final de la ejecución de la condena…´. Asimismo y con el fin de hacer efectiva la garantía de contar con un defensor, mediante Ley 2496 de 4 de agosto de 2003, se ha creado el Servicio Nacional de Defensa Publica, con la finalidad de garantizar la inviolabilidad de la defensa del imputado.

(…)

En ese entendido, se puede establecer que la defensa técnica y la defensa material, se encuentran estrechamente relacionadas, puesto que para asumir el derecho a la defensa, el imputado tiene la posibilidad de que ambas puedan concurrir al mismo tiempo durante el desarrollo de todo el proceso penal, pues nadie puede ser condenado, sin ser previamente oído y juzgado en proceso legal; sin embargo, la defensa técnica es un derecho que no está constituido como una facultad o potestad, sino más bien, es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar el derecho a la defensa del imputado, razón por la cual, mínimamente debe contar con la asistencia de una persona con conocimiento jurídico, ya será el abogado de su confianza o el defensor de oficio designado por la autoridad competente, pues el incumplimiento de la parte in fine del art. 94 del CPP, no permite utilizar bajo ninguna circunstancia la información obtenida contra el imputado, situación que conforme el art. 169 inc. 3) del CPP, constituye actividad procesal defectuosa”» (las negrillas son nuestras).

Por su parte, el Pleno del Tribunal Supremo de Justicia aprobó el Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia de Materia Penal, estableciendo en su art. 1 que: “El objeto del presente reglamento es el cumplimiento de la Disposición Transitoria Décima Tercera de la Ley 1173 promueve la adecuada gestión de audiencias y la tutela judicial efectiva, a través de medidas disciplinarias y correctivas mediante criterios ordenadores y moderadores que eviten la retardación de justicia y la priorización de protección a víctimas de violencia, a fin de garantizar una justicia pronta, oportuna y eficaz”; y según el art. 2 del citado Reglamento determina que “… será aplicable al desarrollo de las audiencias durantela tramitación del proceso penal, en sus diferentes fases, en el marco del art. 339 de la Ley N° 1970”.

III.2. Trámite y resolución de recursos de apelación incidental de medidas cautelares en el marco de la Ley 1173, y la inasistencia o demora del imputado o su abogado a la audiencia programada

La SCP 0689/2023-S1 de 27 de junio, estableció que: “En cuanto a la apelación de las medidas cautelares, el art. 11 de la indicada Ley 1173, modificó el art. 251 del CPP bajo el siguiente texto:

Artículo 251. (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas.

Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad.

El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior.

Asimismo, la Disposición Adicional Segunda de la antedicha Ley 1173, modificó el art. 58 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, con el siguiente contenido:

Artículo 58. (ATRIBUCIONES DE LAS SALAS EN MATERIA PENAL).

I. Las atribuciones de las salas en materia penal, son:

1. Substanciar y resolver conforme a Ley, los recursos de apelación de autos y sentencias de juzgados en materia penal y contra la violencia hacia las mujeres;

2. Resolver las excusas presentadas por sus vocales y secretarias o secretarios de sala;

3. Resolver las recusaciones formuladas contra sus vocales; y,

4. Otras establecidas por Ley.

II.Las apelaciones de las medidas cautelares de carácter personal

y las consultas de las excusas y recusaciones, serán resueltas por el Vocal de Turno de la Sala a la cual sea sorteada la causa.

De las normas descritas, inicialmente se tiene que, es atribución de las Salas Penales resolver las apelaciones de las medidas cautelares mediante el Vocal de turno; en tal sentido, la apelación emergente de una medida propia del régimen cautelar (aplicación o modificación) se la deberá efectuar en el plazo de setenta y dos (72) horas ante el tribunal o juez que emitió la resolución, a efectos de remitir los antecedentes ante la instancia de apelación en el término de veinticuatro (24) horas bajo responsabilidad; para luego, ya en instancia superior, el Vocal de turno resuelva el caso en audiencia dentro los tres (3) días siguientes de recibidos los actuados sin la posibilidad de plantear otro medio de impugnación.

Lo descrito, permite concluir en que, el trámite y la resolución de la apelación incidental emergente del régimen de medidas cautelares se constituye en un procedimiento sumario y rápido que no admite dilación alguna, salvo las excepciones previstas por la misma ley respecto a la imposibilidad de desarrollar la audiencia como se verá seguidamente.

Respecto de las inasistencias o demoras del imputado y su abogado defensor a la audiencia de apelación

En cuanto al marco normativo relacionado a las audiencias en el proceso penal, la indicada Ley 1173, mediante su art. 7 modificó el art. 113 del CPP, con el siguiente texto:

Artículo 113. (AUDIENCIAS).

(…)

II. Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de las partes, salvo las excepciones establecidas en este Código.

Si el imputado, de manera injustificada, no comparece a una audiencia en la cual sea imprescindible su presencia, o se retira de ella, la jueza o el juez librará mandamiento de aprehensión, únicamente a efectos de su comparecencia.

Si el defensor, de manera injustificada, no comparece a la audiencia o se retira de ella, se considerará abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio. La jueza, el juez o tribunal sancionará al defensor conforme prevé el Artículo 105 del presente Código. Sin perjuicio, se remitirán antecedentes al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, para fines de registro.

Si el querellante, de manera injustificada, no comparece a la audiencia solicitada por él o se retira de ella sin autorización, se tendrá por abandonado su planteamiento.

La incomparecencia del fiscal será inmediatamente puesta en conocimiento del Fiscal Departamental para la asignación de otro, bajo responsabilidad del inasistente. En ningún caso la inasistencia del fiscal podrá ser suplida o convalidada con la presentación del cuaderno de investigación.

La jueza, el juez o tribunal en ningún caso podrá suspender las audiencias por las circunstancias señaladas en el presente Parágrafo, bajo su responsabilidad, debiendo hacer uso de su poder ordenador y disciplinario y disponer todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de las partes.

Excepcionalmente, ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de oficio de preparar la defensa, la jueza, el juez o tribunal señalará audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse incluso horas inhábiles. La o el abogado ni la o el fiscal podrán alegar como causal de inasistencia por fuerza mayor o caso fortuito, la notificación para asistir a un otro acto procesal recibida con posterioridad.

En ningún caso podrá disponerse la suspensión de las audiencias sin su previa instalación.

La jueza, el juez o tribunal podrá disponer que la audiencia se lleve a cabo mediante videoconferencia precautelando que no se afecte el derecho a la defensa, debiendo las partes adoptar las previsiones correspondientes, para garantizar la realización del acto procesal.

III.Verificada la presencia de las partes, la jueza, el juez o tribunal deberá establecer el objeto y finalidad de la audiencia, debiendo dictar las directrices pertinentes, moderar la discusión y moderar el tiempo del debate. En ningún caso se permitirá el debate de cuestiones ajenas a la finalidad y naturaleza de la audiencia. Las decisiones serán emitidas inmediatamente de concluida la participación de las partes.

(…) (el resaltado es añadido).

A efectos de una comprensión acertada de la disposición descrita, incumbe efectuar las siguientes precisiones:

Primero. Por regla general las audiencias deben desarrollarse con la presencia ininterrumpida de las partes, pero además toda audiencia debe ser instalada para luego recién disponer su suspensión si fuera el caso; no obstante, en la práctica forense propia de la tramitación procesal penal, debido a la inconcurrencia de las partes, en muchas oportunidades las referidas audiencias no pueden desarrollarse. En tal antecedente, la Ley 1173, ha previsto las formas de proceder ante inconcurrencias de los sujetos procesales, siendo las siguientes:

i) Si el imputado no comparece a la audiencia en la cual sea imprescindible su presencia, o se retira de ella, sin justificación alguna; la autoridad jurisdiccional, librará mandamiento de aprehensión a efectos de su comparecencia.

ii) Si el defensor injustificadamente no asiste a la audiencia o se retira de ella, este actuar será considerado como un abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio; asimismo, el juez o tribunal procederá a sancionarlo conforme dispone el art. 105 del CPP (sanción por abandono malicioso)[...], posibilitando también la remisión de antecedentes al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, unicamente para fines de registro.

iii) Si el querellante sin justa causa no comparece al actuado solicitado por el o se retira de ella sin autorización, el juez o tribunal, dará por abandonado su planteamiento.

iv) Ante la inasistencia del fiscal, el juez o tribunal, inmediatamente pondrá en conocimiento del Fiscal Departamental a efectos de la designación de otro fiscal bajo pena de imponer responsabilidades en contra del inasistente; sobre este punto, incumbe precisar que la presentación del cuaderno de investigación no convalida la inasistencia del indicado representante del Ministerio Público.

En cuanto a la imposibilidad de desarrollar las audiencias, la indicada norma en estudio, ha previsto que excepcionalmente por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de ofició para preparar la defensa, el juez o tribunal señalará audiencia dentro el plazo de cuarenta y ocho (48) horas con la habilitación incluso horas inhábiles. En este punto, resulta pertinente señalar que el abogado ni el fiscal podrán alegar como causal de inasistencia por fuerza mayor o caso fortuito, la notificación para asistir a un otro acto procesal recibida con posterioridad; es decir, no resulta eficaz el hecho de justificar su inasistencia sustentando en la notificación a otra audiencia despues o con posterioridad al señalamiento efectuado por el tribunal o juez.

Lo descrito precedentemente, se constituye en reglas generales a aplicarse en el señalamiento y desarrollo de las audiencias dentro el proceso penal; directrices que necesariamente merecen ser precisadas para el desarrollo de audiencias en instancias de apelación incidental emergente de la aplicación del régimen de medidas cautelares.

Ahora bien, en cuanto a la inasistencia del imputado a las audiencias señaladas o se retire de ella sin justificación; tal como se tiene precisado lineas arriba, el juez o tribunal, al advertir que su presencia es imprescindible, librará mandamiento de aprehensión a efectos de su comparecencia; no obstante de ello, el Tribunal Supremo de Justicia el 10 de junio de 2019 emitió el “Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal”, en cuyo art. 25 respecto a la tramitación de la audiencia de vista y resolución del recurso de apelación incidental de medida cautelar, estableció que:

I. La incomparecencia del imputado no justificada, tendrá los efectos previstos por el Código de Procedimiento Penal.

II. La inasistencia del imputado a los Tribunales de alzada, como efecto de los recursos de apelaciones restringidas, incidentales y/o de medidas cautelares, encontrándose presente el abogado defensor, no será causal de suspensión debiendo el abogado

defensor exponer el alegato correspondiente.

Consecuentemente, resulta evidente que la inasistencia del imputado a una audiencia de apelación sea restringida, incidental o propios del régimen de medidas cautelares, no suspenderá el actuado procesal cuando el abogado defensor se encuentre en audiencia; es decir, a efectos de asegurar la celeridad de los actuados procesales y el ejercicio de la defensa técnica, el tribunal que conoce las apelaciones, deberá desarrollar las audiencias con la sola presencia del abogado defensor a efectos de que este fundamente los agravios y las pretensiones de su defendido; contexto, que conlleva a enfatizar que, bajo ningún motivo los tribunales de apelación deberán prescindir u omitir la participación amplia del abogado defensor antes de emitir la resolución que corresponda, garantizando de esa forma el derecho a la defensa técnica del procesado penalmente.

Respecto a la inasistencia injustificada del abogado defensor a la audiencia de apelación incidental, la indicada norma ha previsto que dicho causídico debe ser reemplazado con la designación de un abogado defensor estatal o uno de oficio (lo que supone una posible sanción al abogado inasistente); medida que, conlleva a que el juez o tribunal suspenda la audiencia y señale otra dentro las cuarenta y ocho (48) horas a efectos de que el abogado estatal o el de oficio, preparé su defensa; de ello, se colige que, el legislador ordinario ha previsto la suspensión excepcional de las audiencias; excepcionalidad, que también aplica a las audiencias donde se resuelvan solicitudes propias del régimen de medidas cautelares en primera instancia y apelación; de igual forma, el legislador ha previsto que el procesado penalmente debe contar en todo momento con un abogado defensor en el desarrollo de las audiencias que implica también los actuados donde se resuelvan medidas cautelares en ambas instancias; razonamiento que se ajusta a garantizar el derecho a la defensa del procesado; sobre el particular, el indicado “Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal”, mediante su art. 24 epigrafiado como (INCONCURRENCIA DEL ABOGADO DE LA DEFENSA), regula lo siguiente:

I. La inconcurrencia del abogado defensor del imputado, será sancionado conforme a lo previsto por el Código de Procedimiento Penal.

II. Cuando el abogado defensor no pueda estar presente a la audiencia convocada por la autoridad judicial, deberá hacer conocer su impedimento justificado antes de las cuarenta y ocho horas de la fecha y hora del señalamiento de audiencia, en cuyo caso la oficina gestora asignará inmediatamente abogado defensor.

III. Ante la eventualidad de que el abogado defensor no pueda concurrir a la audiencia programada, por un caso fortuito o fuerza mayor sobreviniente, deberá hacer conocer a la oficina gestora dicho impedimento, a los fines de evitar las sanciones establecidas por el Código de Procedimiento Penal, debiendo excepcionalmente, señalarse nueva audiencia dentro del término de cuarenta y ocho horas.

En ese marco, es posible concluir que, ante la inconcurrencia del abogado defensor a la audiencia o cuando se retire de ella de forma injustificada, será pasible a sanciones por parte del juez o tribunal; empero, en el caso de la inasistencia, el causídico a efectos de evitar alguna sanción tiene la opción de justificar su ausencia con la debida anticipación tal como refiere la normativa descrita. No obstante, las previsiones regulatorias destinadas a sancionar al abogado inasistente, se tiene que estas a su vez basicamente resguardan el derecho a la defensa del procesado penalmente tal como se vio ut supra; bajo ese entender, debe quedar en claro que, ante la inasistencia del abogado defensor a las audiencias en instancias de apelación, las autoridades jurisdiccionales luego de verificar dicho extremo, deben designar a un abogado defensor estatal o uno de oficio previó a proseguir con el desarrollo de la audiencia, lo cual conlleva la posibilidad de que el juez o tribunal excepcionalmente suspenda la audiencia y señale otra dentro las cuarenta y ocho (48) horas a efectos de que el abogado estatal o el de oficio, preparé su defensa.

Consecuentemente, ante la ausencia del imputado o de su abogado en las audiencias de apelación de medidas cautelares, es posible concluir en los siguientes aspectos:

a) La inasistencia del imputado a una audiencia de apelación incidental propia del régimen de medidas cautelares, no suspenderá el actuado procesal cuando el abogado defensor se encuentre en audiencia; es decir, el Tribunal debe llevar adelante el actuado garantizando la participación amplia del abogado defensor antes de emitir la resolución que corresponda.

b) Ante la inasistencia del abogado defensor a la audiencia de apelación incidental, el Tribunal debe designar a un abogado defensor estatal o uno de oficio, lo que supone una suspensión excepcional de la audiencia y el señalamiento de otra dentro las cuarenta y ocho (48) horas a efectos de que el abogado estatal o el de oficio, preparé su defensa; en ese orden, no está permitido que las autoridades jurisdiccionales en instancias de apelación, desarrollen las audiencias sin la presencia de los abogados defensores.

Finalmente, incumbe señalar que, el derecho a la defensa del imputado o acusado, en su amplia dimensión en materia penal, no está constreñido únicamente a la defensa técnica a ser ejercida por un letrado, sino también implica la defensa material como una garantía fundamental que se encuentra vigente en todo el proceso penal, cuya ejericicio amplio no puede ser coartado bajo ningún concepto; puesto que, la actuación en ese sentido implicaría una flagrante vulneración del art. 115.II de la CPE y lo previsto por el art. 8.2 inc. d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), referido a que toda persona inculpada tiene derecho de ‘…defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor”’ (las negrillas nos pertenecen).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física, al debido proceso, a la defensa técnica, a la tutela judicial efectiva y a la impugnación; puesto que, la Vocal hoy accionada, emitió el Auto de Vista 282/2022 de 22 de abril, a través del cual, refirió que no escuchó ningún agravio para resolver el recurso de apelación incidental, por ello confirmó el Auto Interlocutorio 324/2022 del 31 de marzo, sin tomar en cuenta que en la audiencia de consideración de dicho recurso se encontraba presente sin la asistencia de su defensa técnica. De la revisión de antecedentes, se advierte que mediante Auto Interlocutorio 324/2022, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, a través del cual, se dispuso la detención preventiva del accionante en la Carceleta de Patacamaya del referido departamento. En consecuencia al finalizar la audiencia de medida cautelar el abogado del mencionado accionante formuló recurso de apelación incidental de forma oral, y de conformidad con lo previsto en en el art. 251 del CPP (Conclusión II.1.).

Posteriormente, mediante Auto de Vista 282/2022 de 22 de abril, la Vocal ahora accionada, derminó admisible el recurso de apelación incidental y lo determinó improcedente, al no exponerse ningún agravio de las partes procesales confirmandose el Auto Interlocutorio 324/2022 emitido por el Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz (Conclusión II.2.). Bajo esas circunstancias se evidencia que, por Auto Interlocutorio 324/2022, se determinó la detención preventiva del accionante en audiencia de consideración de medidas cautelares; en la misma audiencia su defensa técnica formuló el recurso de apelación incidental contra el referido Auto Interlocutorio, dicho recurso fue radicado en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por lo que la Vocal ahora accionada emitió el Auto de Vista 282/2022, en el que confirmó el citado Auto Interlocutorio, argumentando que en audiencia tanto la víctima como el accionante no expresaron ningún agravio que pueda ser considerado; en consecuencia, no se ingresó al análisis de fondo del indicado recurso. Asimismo, se señaló que en el presente caso se tiene un desistimiento tácito por las partes apelantes y de la revisión del legajo de recurso de apelación incidental se evidenció que no cursa memorial con el debido justificativo de solicitud de suspensión de audiencia del referido recurso, situación que no es atribuible a ese Tribunal de alzada. En ese marco, se evidencia que en el caso concreto la Vocal ahora accionada procedió a la instalación de la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental, formulado de manera oral por el abogado del accionante, emitiendose el Auto de Vista 282/2022, sin ingresar al análisis de fondo debido a que ninguna de las partes procesales no expusieron ningun agravio, por ello confirmó el Auto Interlocutorio 324/2022; sin embargo, de conformidad con lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. del presente fallo constitucional, se establece que el Tribunal de alzada con la emisión del referido Auto de Vista, no precauteló la afectación del derecho a la defensa técnica del accionante; puesto que, ante la ausencia injustificada de la defensa técnica, la Vocal hoy accionada, una vez instalada la audiencia, de manera excepcional, debió designar un abogado de SEPDEP o uno de oficio con el objeto de no vulnerar el derecho a la defensa del accionante y en consecuencia señalar una nueva audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, incluso habilitando horas inhábiles, a efectos de que el abogado del SEPDEP o el defensor de oficio prepare su defensa y exponga los agravios que considere vulneratorios; por consiguiente, se tendría la certeza de que el accionante ejerció plenamente su derecho a la defensa técnica, lo contrario implica la vulneración de los derechos del accionante al debido proceso y a la defensa. Por lo expuesto, se concluye que el Tribunal de alzada ante la ausencia de su defensa técnica a la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental, debió adoptar varias medidas excepcionales e inmediatas para garantizar el respeto al derecho al debido proceso y a la defensa del accionante; puesto que, en principio pudo suspender la audiencia, disponiendo que por Secretaría del Juzgado de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de La Paz, se haga constar en el acta de la referida audiencia la inasistencia de la defensa técnica del accionante y que tampoco se presentó justificativo alguno; por lo que, correspondía designar un defensor de oficio, quien tenía la responsabilidad de velar por los interéses del accionante y representarlo adecuadamente; asimismo, señalar una nueva audiencia en el término de cuarenta y ocho horas garantizando que el imputado -accionante- cuente con la asistencia de un abogado defensor; empero, la Vocal ahora accionada al no resguardar el derecho a la defensa técnica del accionante y proceder a la celebración de la mencionada audiencia sin la presencia de la misma, no actuó conforme al procedimiento establecido acogiéndose a la excepcionalidad aplicable en ese caso; por consiguiente, se vulneró los derechos a la defensa y al debido proceso, vinculados a la libertad del accionate, correspondiendo por ello conceder la tutela solicitada.

Asimismo, el accionante alega la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la impugnación; sin embargo, se evidencia que en su memorial de interposición de esta acción tutelar, no expresó de forma clara la vinculación de dichos derechos en su núcleo escencial, con alguno de los bienes jurídicos que protege esta acción de defensa, por esa razón, corresponde denegar la tutela solicitada, sobre esos derechos.

En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 029/2022 de 10 de junio, cursante de fs. 32 a 34, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a los derechos a la defensa técnica y al debido proceso vinculados al derecho a la libertad de Víctor Hugo Cori Ramos, de conformidad con lo expuesto en los fundamentos jurídicos de este fallo constitucional, disponiendo:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 282/2022 de 22 de abril, debiendo la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de la notificación con esta Sentencia Constitucional Plurinacional, señalar una nueva audiencia de consideración del recurso de apelación incidental, conforme con el procedimiento establecido, asegurando la presencia de las partes procesales y garantizando la participación amplia del abogado defensor. 2° DENEGAR la tutela solicitada, con relación a los derechos a la tutela judicial efectiva y a la impugnación, de acuerdo a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0823_2024-S3.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 5ec88fbd8b27fc5e3ebed02e4496397dae90452fcbe949c01a72149e0f0d7b09

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