Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 25 de julio de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y a la libertad; toda vez que, la autoridad judicial demandada suspendió la audiencia de cesación a la detención preventiva y de procedimiento abreviado, debido a que la Fiscal codemandada señaló que no debería realizarse dicha audiencia debido a que existe una resolución conclusiva de acusación, sin que hasta la fecha de interponer la presente acción de defensa se haya remitido el expediente ante el Tribunal competente para que pueda definir su situación jurídica; por lo que, solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga la instalación de la audiencia de cesación a la detención preventiva, la solicitud de procedimiento abreviado, como también establecer la responsabilidad administrativa de los demandados. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y las dilaciones indebidas; ii) Sobre el trámite del procedimiento abreviado; iii) La legitimación pasiva en la acción de libertad; y, iv) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelven: REVOCAR la Resolución 10/2022 de 4 de mayo, cursante de fs. 20 a 22, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a la autoridad judicial demandada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que una vez notificada la autoridad demandada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, señale nueva fecha y hora de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva y la salida alternativa de procedimiento abreviado si es que la misma no fue resuelta o la situación jurídica del accionante haya cambiado. 3° DENEGAR la tutela solicitada respecto a la Fiscal demandada por carecer de legitimación pasiva.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0823/2023-S1 Sucre, 25 de julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 47455-2022-95-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 10/2022 de 4 de mayo, cursante de fs. 20 a 22, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Hugo Eustaquio Sánchez Quispe contra René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia Hacia las Mujeres Tercero; y, Érica Marcelina Mamani Pilco, Fiscal de la Fiscalía Especializada en delitos por razón de Género, ambos de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 3 de mayo de 2022, cursante de fs. 3 a 6 vta., el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Se encuentra detenido preventivo en el Centro Penitenciario de Patacamaya del departamento de La Paz desde el 23 de noviembre 2021 por la presunta comisión del delito de violencia familiar o domestica; por esa situación, solicitó cesación a la detención preventiva y procedimiento abreviado, ante lo cual, el Juez demandado señaló audiencia para su consideración para el 29 de abril de 2022; una vez instalada la audiencia, la Fiscal demandada señaló que no debería realizarse dicha audiencia debido a que existe una resolución conclusiva de acusación, por ello la autoridad judicial demandada determinó suspender la referida audiencia; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción de defensa no se remitió el expediente ante el Tribunal competente para que pueda definir su situación jurídica.
El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y a la libertad; citando al efecto, los arts. 109, 110, 115, 116, 120 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia se disponga la instalación de la audiencia de cesación a la detención preventiva, la solicitud de procedimiento abreviado, como también establecer la responsabilidad administrativa de los demandados.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 4 de mayo de 2022; según consta en acta cursante de fs. 18 a 19 vta., produciéndose los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado reiteró inextenso en el contenido de la presente acción de libertad.
René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia Hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia de la presente acción de libertad informó que el 29 de abril de 2022, se desarrolló la audiencia de situación jurídica del accionante, en dicha audiencia el Ministerio Público hizo conocer la acusación fiscal; ante lo cual, atendiendo a las recomendaciones realizadas por el Tribunal departamental de Justicia en la que exhorta que se debe llevar a cabo todas las solicitudes de procedimiento abreviado, se ordenó a la Fiscal de Materia fundamente en cuanto a la salida alternativa de procedimiento abreviado, mismo que no hizo caso a lo ordenado es así que, se le señaló que la única persona quien puede oponerse a dicha salida es la victima; en ese entendido, ante la negativa del Ministerio Público de poder resolver la referida salida alternativa, se resolvió mantener subsistente la detención preventiva del impetrante de tutela “…pidiendo a secretaria redacte todo el cuaderno y la remisión del legajo…” (sic). Érica Marcelina Mamani Pilco, Fiscal de la Fiscalía Especializada en delitos por razón de Género de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia de la presente acción de defensa informó lo siguiente: a) Fue notificada con señalamiento de audiencia de situación jurídica del impetrante de tutela para el 29 de abril de 2022 y no así para la cesación de la detención preventiva como hace conocer el abogado del accionante; y, b) La suscrita no fue quien moduló la referida audiencia para suspenderla; asimismo, a momento de hacer uso de la palabra hizo conocer que se presentó requerimiento conclusivo, como también fundamentó que concurren y se encuentran latentes los riesgos procesales previstos en los arts. 234 y 235 del Código de Procedimiento Penal (CPP), solicitando se mantenga la situación jurídica del solicitante de tutela.
La Jueza de Sentencia Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 10/2022 de 4 de mayo, cursante de fs. 20 a 22, denegó la tutela solicitada respecto al Juez demandado; toda vez que, dicha autoridad instaló la audiencia de procedimiento abreviad; y, concedió la tutela impetrada con relación a la Fiscal demandada disponiendo que la autoridad jurisdiccional en el plazo de veinticuatro horas señale audiencia a efecto de considerar la salida alternativa de procedimiento abreviado y el Ministerio Público deberá pronunciarse sobre la misma. Determinación asumida bajo los siguientes argumentos: 1) En la audiencia realizada el 29 de abril de 2022, donde la parte acusada solicitó acogerse a la salida alternativa de procedimiento abreviado, se encontraban presentes todos los sujetos procesales -el Ministerio Público, la víctima y el acusado-; por lo que, debió resolverse de manera inmediata, corriendo el traslado a las partes, más aún, considerando que la parte imputada se encuentra con detención preventiva; pues, el argumento referido por el Ministerio Público de haber presentado acusación fiscal, no es limitante para la autoridad judicial resolver lo solicitado al encontrarse a cargo del cuaderno de control jurisdiccional; y, 2) “”…se ha señalado por el Ministerio Público que las victimas serian mujeres que debe sancionarse las conductas y los hechos de violencia, que las mismas que se encuentran dentro de un grupo vulnerable y que se encontrarían doblemente re victimizados, esta autoridad no está desconociendo ese aspecto toda vez que al considerarse una salida alternativa de Procedimiento Abreviado, la misma no está vulnerando ese derecho de la parte víctima, toda vez que si la víctima no se encuentra de acuerdo con esa salida alternativa ya pues presentara su oposición y será el juez quien resuelva si corresponde o no aplicar la salida alternativa de Procedimiento Abreviado, pero sin embargo el Ministerio Público no puede negarse a pronunciarse con relación a la petición realizada por alguna de las partes toda vez que el mismo seria denegar peticiones y acceso a la justicia que tienen todas las partes, ya sean víctima y/o imputados, toda vez que es la autoridad jurisdiccional quien va resolver esa petición y no así el Ministerio Publico…” (sic). En la vía de enmienda complementación y aclaración, la autoridad Fiscal demandada solicitó se aclare sobre la disposición de que el Juez demandado deberá señalar audiencia, cuando se pudo advertir que en la audiencia realizada la víctima se opuso al procedimiento abreviado. Petición que fue declarada no ha lugar.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa copia simple de memorial presentado el 19 de abril de 2022, en el cual Hugo Eustaquio Sánchez Quispe -ahora accionante-, puso en conocimiento al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia Hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz, que dispuso audiencia de consideración de su situación jurídica para el 24 del citado mes y año; no obstante, dicha fecha al ser domingo, solicitó se reprograme día y hora para que se considere su situación jurídica. Petición que fue providenciada mediante decreto de 20 del mismo mes y año, señalando audiencia para el 29 del indicado mes y año a horas 15:00 (fs. 17 y vta.). II.2. De acuerdo al acta de la presente acción de libertad, René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia Hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz -autoridad judicial demandada-, informó que el 29 de abril de 2022 se desarrolló la audiencia de situación jurídica del accionante, en dicha audiencia el Ministerio Público hizo conocer la acusación fiscal; ante lo cual, atendiendo a las recomendaciones realizadas por el Tribunal departamental de Justicia en la que exhorta que se debe llevar a cabo todas las solicitudes de procedimiento abreviado, se ordenó a la Fiscal de Materia fundamente en cuanto a la salida alternativa de procedimiento abreviado, mismo que no hizo caso a lo ordenado es así que, se le señaló que la única persona quien puede oponerse a dicha salida es la victima; en ese entendido, ante la negativa del Ministerio Público de poder resolver la referida salida alternativa, se resolvió mantener subsistente la detención preventiva del impetrante de tutela (fs. 18 a 19 vta.).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y a la libertad; toda vez que, la autoridad judicial demandada suspendió la audiencia de cesación a la detención preventiva y de procedimiento abreviado, debido a que la Fiscal codemandada señaló que no debería realizarse dicha audiencia debido a que existe una resolución conclusiva de acusación, sin que hasta la fecha de interponer la presente acción de defensa se haya remitido el expediente ante el Tribunal competente para que pueda definir su situación jurídica; por lo que, solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga la instalación de la audiencia de cesación a la detención preventiva, la solicitud de procedimiento abreviado, como también establecer la responsabilidad administrativa de los demandados. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y las dilaciones indebidas; ii) Sobre el trámite del procedimiento abreviado; iii) La legitimación pasiva en la acción de libertad; y, iv) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante de la SCP 0077/2019-S2 de abril, asumió el siguiente entendimiento: El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Sin embargo, es pertinente señalar que antes de la citada SC 0044/2010-R, la jurisprudencia constitucional hizo referencia al principio de celeridad en la tramitación de las solicitudes vinculadas a la libertad física o personal de las personas; así, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero estableció que toda autoridad que conozca de una solicitud relacionada con ese derecho, debe tramitarla con la mayor celeridad posible, caso contrario, provocaría una restricción indebida del citado derecho; asimismo, la SC 0570/2006-R de 19 de junio indicó que el juez encargado del control jurisdiccional debe fijar la audiencia con la mayor prontitud. En la misma línea jurisprudencial de la SC 0044/2010-R, la SC 0465/2010-R de 5 de julio señaló que el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho -ahora acción de libertad- se constituye en el mecanismo procesal idóneo frente a dilaciones indebidas en la resolución de la situación jurídica de las personas privadas de libertad. Asimismo, la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, en el marco de una interpretación plural, estableció que las autoridades judiciales, en virtud al principio ético-moral del ama qhilla -no seas flojo- tienen el deber procesal de dirigir y resolver, sin dilaciones indebidas las solicitudes de cesación de las detenciones preventivas. Conforme a lo anotado, la jurisprudencia constitucional fue uniforme al referir que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca reparar las dilaciones indebidas vinculadas con la libertad, que evitan resolver de manera inmediata la situación jurídica de las personas que se encuentran privadas de libertad, tal como lo expresa la SCP 2115/2012 de 8 de noviembre, entre otras.
El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante de la SCP 0427/2020-S1 de 2 de septiembre, asumió el siguiente razonamiento: Conforme lo establecido por el art. 323 inc. 2) del CPP, concluida la investigación dentro un determinado caso, el o la Fiscal de Materia podrá requerir ante el Juez de Instrucción Penal, entre otros actos conclusivos, la aplicación del procedimiento abreviado, debiendo remitir a ese efecto ante la citada autoridad jurisdiccional, las actuaciones y evidencias obtenidas durante la etapa investigativa; en ese sentido este Tribunal ha establecido , en la SCP 0233/2016-S1 de 18 de febrero, que la salida alternativa del procedimiento abreviado, constituye “una de las formas de finalizar un conflicto o contienda penal, que como la doctrina expuso, a diferencia de otras salidas alternativas, no extingue ni suspende el ejercicio de la acción penal, sino, lo abrevia y provoca la solución inmediata a la Litis” -litigio-.
3El FJ III.4, señala: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. 4El FJ III.3, establece: “Bajo los entendimientos jurisprudenciales señalados es posible concluir, que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca reparar las dilaciones indebidas vinculadas con la libertad, que evitan resolver de manera inmediata la situación jurídica de las personas que se encuentran privadas de libertad”. 5El FJ III.2, indica: “En el Estado Plurinacional de Bolivia el procedimiento abreviado fue integrado al sistema procesal penal con el vigente Código de Procedimiento Penal, “Cuya aplicación sólo puede ser solicitada por los acusadores, constituye una simplificación de los trámites procesales, ya que se elimina el debate oral, público y contradictorio, quedando el juez plenamente facultado para dictar la sentencia sobre la base de la admisión de los delitos por parte del propio imputado” (Comisión Redactora, exposición de motivos del Código de Procedimiento Penal).
En base a lo precedentemente expuesto debemos enfatizar que para que sea efectiva la aplicación del procedimiento abreviado o alegación pre acordada, deben concurrir los presupuestos exigidos por el art. 373 del CPP y la comprobación de la veracidad de los hechos que dieron origen a la investigación y emisión del requerimiento conclusivo, cuya resolución en definitiva Sobre el trámite y resolución del procedimiento abreviado; debe partirse por lo establecido en el art. 373 del CPP, modificado por la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, que dispone:
Artículo 373. (Procedencia)
que se aplique el procedimiento abreviado; en la etapa preparatoria ante la o el Juez de Instrucción conforme al Numeral 2 del Artículo 323 del presente Código; y en la etapa de juicio hasta antes de dictarse sentencia, tanto en el procedimiento común como en el inmediato para delitos flagrantes. II. Cuando la solicitud sea presentada por la o el Fiscal, para que sea procedente deberá contar con la aceptación de la o el imputado y su defensor, la que deberá estar fundada en la admisión del hecho y su participación en él.
III. En caso de oposición fundada de la víctima o que el procedimiento común permita un mejor conocimiento de los hechos, la o el Juez podrá negar la aplicación del procedimiento abreviado.
En ese sentido, el imputado puede efectuar la solicitud ante el Fiscal o autoridad jurisdiccional; ahora bien, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional contenida, entre otras, en la SC 1659/2004-R de 11 de octubre, en la solicitud de procedimiento abreviado que efectúe el Fiscal, es necesario exhibir todos los elementos probatorios que generen en la autoridad judicial, la plena convicción que los hechos se suscitaron tal y como los presentó la autoridad fiscal encargada de la investigación; por lo que, no basta con solo presentar el acuerdo del imputado y su defensor.
dependerá del juez de instrucción que conoce la causa y en audiencia pública.
En estas circunstancias, el debido proceso se encuentra en cada uno de los actos procesales de la tramitación del procedimiento abreviado, cuyo requerimiento podrá ser formulado por el representante del Ministerio Público en dos momentos procesales: i) Al finalizar la investigación preliminar conforme el art. 301.I.4 del CPP; y, ii) A la conclusión de la etapa preparatoria, según el art. 323 inc. 2) del citado Código; sin perjuicio, de que las partes puedan proponer su aplicación, en ejercicio de la facultad que el art. 326 del mencionado cuerpo normativo, reconoce a las partes”. 6El FJ III.1, señala: “Con relación a la aplicación de esta salida alternativa, es necesario señalar, que la solicitud de procedimiento abreviado, contiene implícitamente una acusación formal, en la que se solicita la pena requerida; por ello, es necesario presentar junto a la misma, todos los elementos probatorios, expresando lo que se pretende demostrar con cada uno de éstos; por lo que no es suficiente contar con el acuerdo del imputado y su defensor, fundado en la admisión del hecho y su participación en él a que hace referencia el art. 373 del CPP; en razón de que este procedimiento está sustentado en el principio de legalidad y de la verdad real, no pudiendo esta última ser reemplazada por la verdad consensuada entre las partes; consiguientemente, es imprescindible generar en el Juez la plena convicción de que los hechos se suscitaron tal y como presentó o relacionó el Fiscal encargado de la investigación y demostrados en audiencia, porque ello determina que esta autoridad acepte el procedimiento abreviado, en cuyo caso, la Sentencia se fundará en el hecho admitido por el imputado, o en su defecto, rechace el mismo, cuando ha percibido insuficiencia de elementos que le impidan dictar Sentencia sin causar agravio al acusado, cuando exista oposición fundada de la víctima o por haber llegado a la conclusión de que el procedimiento común permitirá un mejor conocimiento de los hechos; quien inclusive, podrá determinar la absolución del sindicado ante la ausencia de pruebas o porque éste no tiene responsabilidad en el hecho.
(…)
…el 374 del mismo cuerpo legal le faculta a la autoridad judicial, a comprobar la existencia o realización de determinados actos procesales y el cumplimiento de los requisitos exigidos por ley al determinar que 'En audiencia oral el juez escuchará al fiscal, al imputado, a la víctima o al querellante, previa comprobación de:
1. La existencia del hecho y la participación del imputado.
2. Que el imputado voluntariamente renuncia al juicio oral ordinario, y, 3. Que el reconocimiento de culpabilidad fue libre y voluntario’” (las negrillas son agregadas).
Ahora bien, en cuanto al plazo para resolver una solicitud de procedimiento abreviado formulada por el imputado, se debe considerar lo establecido en el Código de Procedimiento Penal que, a tiempo de referirse al alcance de las salidas alternativas, señala en su art. 326.II, III y IV, modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 lo siguiente:
I. En estos casos, la o el imputado podrá efectuar su solicitud a la o el fiscal con conocimiento de la jueza, el juez o tribunal; esta solicitud no es vinculante a la decisión del Ministerio Público. La víctima o querellante podrá formular oposición fundada.
II. La o el fiscal deberá, de forma obligatoria y bajo responsabilidad, promover la conciliación y otras salidas alternativas desde el primer momento del proceso hasta antes de concluida la etapa preparatoria, dejando constancia de la promoción. La o el fiscal informará a la autoridad jurisdiccional sobre la promoción de la conciliación y las demás salidas alternativas correspondientes.
(…)
III. Las solicitudes de conciliación y de otras salidas alternativas, deberán atenderse con prioridad y sin dilación, bajo responsabilidad de la jueza o el juez y la o el fiscal. En aquellos casos en que sea procedente la aplicación de las salidas alternativas al juicio oral, previstas en el Código de Procedimiento Penal, las y los Fiscales deberán solicitarlas sin demora y bajo responsabilidad, en cuanto concurran las condiciones legalmente exigidas, buscando prioritariamente la solución del conflicto penal (las negrillas y el subrayado son añadidos). Por su parte, el art. 328.II y IV del CPP, modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, señalan que:
II. La aplicación de la suspensión condicional del proceso, el procedimiento abreviado o la conciliación, deberán resolverse en audiencia a llevarse a cabo dentro del plazo de diez (10) días siguientes de solicitadas. Cuando el imputado guarde detención preventiva, la audiencia deberá llevarse a cabo dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse horas y días inhábiles. La audiencia no podrá ser suspendida si la víctima o querellante no asistiere, siempre que haya sido notificada, en tal caso la resolución asumida deberá notificada a la víctima o querellante. (…)
IV. La solicitud de aplicación de salidas alternativas en juicio, será resuelta en audiencia sin dilación y bajo responsabilidad.
En ese sentido, si bien no existe una norma procesal legal que expresamente disponga un plazo máximo en el cual el Ministerio Público deba responder a la solicitud de procedimiento abreviado efectuada por el imputado, corresponde aplicar el plazo de 5 días dispuesto en el art. 300.II del CPP, que regula el término para emitir una resolución conclusiva de la investigación preliminar por su naturaleza análoga; considerando por un lado que, cualquier resolución emitida por la Fiscala o el Fiscal, sea rechazando o admitiendo la solicitud deberá estar debidamente fundamentada; acorde además a los valores y principios constitucionales, previstos en el ya citado art. 8.I de la CPE, referido al valor libertad complementado por el art. 180.I de la misma norma constitucional, que establece que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de celeridad entre otros, al igual que el artículo 5 numeral 7 de la LOMP; motivo por el cual toda autoridad fiscal bajo el conocimiento de una solicitud de procedimiento abreviado, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible, acorde ello además a la obligación taxativa de los Fiscales de atender sin dilación la solicitud de salidas alternativas y dentro de los plazos legales si están fijados o aquellos que sean razonables -art. 326.III del CPP y 62 de la LOMP- de no ser así, tal actuación procesal provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del imputado, sin que este razonamiento implique necesariamente el diferimiento a su petición, sino más bien a ser escuchado oportunamente, al efecto de contar con una respuesta positiva o negativa.
Respecto al plazo de atención de la solicitud de aplicación de procedimiento abreviado para los jueces; debemos remitirnos al art. 328 del CPP, que establece en el parágrafo II de la citada normativa, que la aplicación del procedimiento abreviado deberá resolverse en audiencia a llevarse a cabo dentro del plazo de diez días siguientes de solicitadas; determinando asimismo, cuando el imputado se encuentre con detención preventiva, la determinación de la realización de la audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, disponiendo inclusive la habilitación de horas y días inhábiles; por su parte el parágrafo IV de la misma norma, señala que la solicitud de aplicación de salidas alternativas en juicio, será resuelta en audiencia sin dilación y bajo responsabilidad. De lo referido se concluye que, el procedimiento abreviado como una salida alternativa, depende del cumplimiento de los requisitos establecidos por ley y la comprobación de la veracidad de los hechos que dieron lugar a la investigación y emisión de este requerimiento conclusivo, pudiendo ser solicitado por la o el imputado, a la o el fiscal con conocimiento de la jueza, el juez o tribunal, ya sea en la etapa preparatoria o en la etapa de juicio; en este último caso, inclusive hasta antes de pronunciarse la sentencia; debiendo el Ministerio Público y/o el Órgano jurisdiccional, resolver la solicitud conforme a los plazos determinados por el Código de Procedimiento Penal.
El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante de la SCP 0078/2018-S2 de 23 de marzo, asumió el siguiente razonamiento: Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 0691/2001-R de 9 de julio, definió la legitimación pasiva señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, la SC 0010/2010-R de 6 de abril estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 18 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, se refuerza el entendimiento antes señalado y se precisa que para la procedencia de esta acción tutelar es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Asimismo, la SC 1651/2004-R de 11 de octubre estableció que para la procedencia del hábeas corpus -ahora acción de libertad- es imprescindible que la misma esté dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal o la omisión indebida lesiva del derecho a la libertad, ya que la inobservancia de este entendimiento, en aplicación del presupuesto procesal de la legitimación pasiva, impide al control de constitucionalidad ingresar al análisis de fondo de la problemática, entendimiento que fue ratificado en la SC 0330/2013-L de 16 de mayo, que señaló que no existe 7En su Cuarto Considerando, indica: “Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción, lo que no ocurre en el presente caso…”. 8El FJ III.5, determina: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 9El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.
En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”. 10El FJ III.1, menciona: “La uniforme jurisprudencia constitucional dictada por este Tribunal ha establecido el principio general según el cual, para la procedencia del hábeas corpus es ineludible que el recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo a lo sostenido por la SC 691/2001-R, de 9 de julio reiterada en las SSCC 817/2001-R, 139/2002-R, 1279/2002-R y otras, se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción. En ese sentido se tienen, entre otras, las SSCC 233/2003-R y 396/2004-R, 807/2004-R”. 11El FJ III.5, refiere: “…sobre el particular, se advierte, de los hechos que motivaron la acción, que éste último no tuvo participación en la vulneración de los derechos invocados; toda vez que, no hace mención a la forma en que hubiera esta autoridad restringido su derecho a la libertad y locomoción; por lo que, carece de legitimación pasiva…”.
legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos invocados. Como se puede advertir, la jurisprudencia que señala que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos alegados, se mantuvo a lo largo de toda la historia de la jurisprudencia constitucional.
El accionante denuncia la autoridad judicial demandada suspendió la audiencia de cesación a la detención preventiva y de procedimiento abreviado, debido a que la Fiscal codemandada señaló que no debería realizarse dicha audiencia debido a que existe una resolución conclusiva de acusación, sin que hasta la fecha de interponer la presente acción de defensa se haya remitido el expediente ante el Tribunal competente para que pueda definir su situación jurídica. Ahora bien, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, cualquier petición vinculada al derecho a la libertad, la autoridad judicial a cargo debe fijar audiencia con la prontitud necesaria, debiendo por lo tanto atender las solicitudes y trámites en los que esté de por medio el derecho a la libertad, con la mayor celeridad posible, debiendo definir la situación jurídica de las personas sin dilación indebida. De las conclusiones y antecedentes cursantes en el expediente; se advierte que, el accionante mediante memorial de 19 de abril de 2022, solicitó al Juez demandado reprograme audiencia para considerar su situación jurídica, petición que fue atendida señalándose audiencia para 29 del indicado mes y año; asimismo, conforme informó la autoridad judicial demandada, en la referida audiencia ordenó a la Fiscal codemandada que se pronuncie sobre la solicitud de procedimiento abreviado solicitada por el impetrante de tutela, quien hizo caso omiso a lo ordenado; por esa situación se resolvió mantener subsistente la detención preventiva del solicitante de tutela. Asimismo, de acuerdo a lo manifestado por el accionante y la Fiscal codemandada, en la indicada audiencia se encontraba presente la víctima. De lo descrito supra, se evidencia que el Juez demandado no actuó conforme al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; más aún, cuando el accionante de tutela se encuentra privado de libertad, lesionando de esta manera su derecho al debido proceso en su elemento celeridad; toda vez que, por una parte no resolvió la situación jurídica del accionante conforme a las reglas establecidas para la cesación a la detención preventiva, limitándose a mantener su detención, por el argumento realizado por el Ministerio Público de haber presentado acusación formal y por otra, no desarrolló el trámite de la salida alternativa; por cuanto, como se dejó establecido, ante la petición de aplicación de procedimiento abreviado efectuada por el imputado correspondía a la autoridad judicial correr traslado a la víctima o querellante para su pronunciamiento respectivo, que si bien la Fiscal codemandada no quiso pronunciarse al respecto, dicha omisión no impedía a que dicha salida alternativa sea analizada, más aun, cuando la víctima se encontraba en audiencia, pues sin duda alguna la resolución de la situación jurídica del accionante se encuentra directamente vinculada a su libertad, por cuanto de ser aplicada podría acceder a los beneficios de esta salida alternativa; y, cesar la persecución penal y todas la medidas cautelares dispuestas en su contra. En consecuencia, la indicada autoridad jurisdiccional demandada vulneró el derecho al debido proceso en su elemento celeridad; por lo que corresponde conceder la tutela. Con relación a la Fiscal demandada, de acuerdo a los antecedentes del proceso se advierte que dicha autoridad no decidió a que se suspenda la audiencia de verificación de la situación jurídica del accionante como también a que no se tramite la salida alternativa de procedimiento abreviado; toda vez que, esta última no fue solicitada al Ministerio Público, sino a la autoridad judicial y es dicha autoridad quien debió llevar adelante la misma, pues conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional dicha salida no es vinculante a la decisión del Ministerio Público; por lo que, la autoridad fiscal carece de legitimación pasiva para ser demandada, correspondiendo denegar la tutela. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela respecto a la autoridad judicial demandada y conceder la tutela impetrada con relación a la Fiscal codemandada actuó de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelven: REVOCAR la Resolución 10/2022 de 4 de mayo, cursante de fs. 20 a 22, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a la autoridad judicial demandada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que una vez notificada la autoridad demandada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, señale nueva fecha y hora de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva y la salida alternativa de procedimiento abreviado si es que la misma no fue resuelta o la situación jurídica del accionante haya cambiado. 3° DENEGAR la tutela solicitada respecto a la Fiscal demandada por carecer de legitimación pasiva. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 El FJ III.1, establece: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud”. 2El FJ III.2, refiere: “…para resolver y compulsar cualquier solicitud que se encuentre vinculada con el derecho a la libertad, el juez encargado del control jurisdiccional o el juez o tribunal del juicio, deberá fijar la audiencia con la prontitud que el caso aconseja, o en su caso, dadas las circunstancias que puedan presentarse, dentro de un plazo razonable. En ese contexto, tanto autoridades judiciales, fiscales u otras autoridades administrativas, deben atender las solicitudes y trámites en los que esté de por medio el derecho a la libertad, con la mayor celeridad posible, con la finalidad de que la situación jurídica de las personas, dado el derecho primario que se encuentra amenazado o restringido, pueda ser definida sin dilaciones indebidas”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0823_2023-S1.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): b3716b61fb5e44496fa310831a43dba1f0b89a0dc49c6d86761102c3357a11e1
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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