Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 28 de julio de 2025
Deniega la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la salud y al debido proceso; toda vez que, la autoridad demandada, al emitir el Auto de Vista 25/2023, no solo basó su solicitud de cesación a la detención preventiva en la existencia de la declaración de la testigo que dio lugar a la acreditación del riesgo de obstaculización del art. 235.2 del CPP, sino también argumentó que, a partir de la detención preventiva, la conducta acreditada no podría mantenerse de forma indefinida; y, que los certificados médicos presentados no fueron considerados pertinentes para su cesación, sin analizarlos de manera íntegra ni proporcional, omitiendo responder a los agravios, incurriendo así en la vulneración a sus derechos reclamados La autoridad demandada, no asistió a la audiencia de garantías ni presentó informe alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 09/2023 de 8 de febrero, cursante de fs. 45 a 49, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0822/2025-S2 Sucre, 28 de julio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 53679-2023-108-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 09/2023 de 8 de febrero, cursante de fs. 45 a 49, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Ayala Rocabado en representación sin mandato de Fernando Arispe Crespo contra Salua July Dipp Antequera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
Por memorial presentado el 7 de febrero de 2023, cursante a fs. 1 y 11 a 17 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de homicidio - suicidio, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, por Resolución de 23 de noviembre de 2022, identificó la existencia del riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), con base en la declaración de Janneth Soria Pardo, testigo del proceso penal, quien refirió haber recibido amenazas e intimidaciones junto a la víctima fallecida, hechos que fueron considerados como una forma de influencia negativa destinada a alterar la búsqueda de la verdad, configurado como un riesgo de obstaculización. En ese entendido, el Juez a quo mantuvo su posición mediante Auto Interlocutorio 66/2023 de 19 de enero, indicando que no existían nuevos elementos para desvirtuar el art. 235.2 del CPP y que los informes médicos no justificaban la cesación de la detención preventiva y podrían solicitar permiso para la intervención quirúrgica respecto a su salud; razón por la cual, presentó recurso de apelación incidental contra la mencionada Resolución y en respuesta, Salua July Dipp Antequera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandada-, emitió el Auto de Vista 25/2023 de 27 de enero, en el que declara improcedente el recurso de apelación incidental, sin considerar que: a) Los agravios se basaron en un elemento de prueba ya valorado -declaración de la testigo Janneth Soria Pardo-, por lo que no constituirían nuevos elementos; b) La jurisprudencia no sería análoga a efecto de su aplicación obligatoria; y, c) No se consideró la necesidad de cesar la detención preventiva para garantizar su derecho a la salud. Criterios que se desmarcan de los agravios expuestos, puesto que, no solo basó la solicitud de cesación de la detención preventiva en la existencia de la declaración de la testigo que dio lugar a la acreditación del riesgo de obstaculización, sino también argumentó que, a partir de la detención preventiva, la conducta acreditada no podría mantenerse de forma indefinida y que, presentó documentación sobre su salud, que de ser considerada cumplía las exigencias extrañadas por la autoridad demandada, por lo que, considera que el Auto de Vista 25/2023 omitió responder a los agravios, incurriendo en incongruencia omisiva entre lo solicitado y lo resuelto.
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la salud y al debido proceso, citando al efecto los arts. 23.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: 1) Se deje sin efecto el Auto de Vista 25/2023; y, 2) Se emita uno nuevo valorando objetivamente la exposición de agravios y los medios de prueba ofrecidos a efecto de demostrar su cuadro clínico, que hace que torne conveniente que la medida de última ratio sea sustituida por otra menos gravosa.
Celebrada la audiencia pública el 8 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 36 a 44 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos expuestos en su memorial de acción tutelar; y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que: i) Se encuentra internado y con custodio en el nosocomio, por lo que no concurrió a la audiencia; y, ii) Se dictó detención preventiva por riesgo procesal conforme al art. 235.2 del CPP, basado en la declaración de la testigo Janneth Soria Pardo, quien denunció amenazas e intimidaciones, alegándose vulneración del principio de favorabilidad por no valorar la edad del impetrante de tutela -mayor de sesenta años- y no aplicar medidas menos gravosas.
Salua July Dipp Antequera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, no asistió a la audiencia de garantías ni presentó informe alguno, pese a su notificación cursante a fs. 28.
Ximena Gladis Larama Rojas, representante del Ministerio Público, manifestó: a) En audiencia de cesación a la detención preventiva, la parte imputada fundamentó su solicitud en el art. 239.I del CPP, alegando la inexistencia de los presupuestos que motivaron la medida cautelar inicial, y presentando nuevos elementos que consideró relevantes; sin embargo, la parte contraria, sostuvo que la entrevista policial de la testigo Janneth Soria Pardo, ya fue valorada en audiencia cautelar, y con ello se acreditó el riesgo procesal de obstaculización, declaración que permitió al Juez a quo disponer la detención preventiva, que fue objeto de apelación incidental y posteriormente de acción de libertad, el Ministerio Público informó que continúan los actos investigativos, incluida una ampliación de entrevista a la testigo referida, quien presenció actos de amedrentamiento hacia la víctima por parte del imputado, valiéndose de su condición de abogado; b) Respecto al argumento sobre la inexistencia del riesgo procesal, debido a que ya se habría recibido la declaración de la testigo, se aclaró que la misma continúa siendo relevante, no sólo por los hechos que presenció, sino también porque conoce detalles cruciales de la causa; además, el Ministerio Público indicó que aún está pendiente la elaboración de una “autopsia psicológica” de la víctima, que incluye referencias a la testigo, lo que refuerza la necesidad de mantener la medida restrictiva; c) En cuanto al estado de salud del ahora accionante, se presentaron certificados médicos de carácter particular; no obstante, la autoridad jurisdiccional consideró que estos no acreditan un riesgo inminente para la vida del mismo, criterio sustentado por la falta de requerimiento oficial al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y porque los informes no fueron emitidos por un médico forense; y, d) La solicitud de cesación de la detención preventiva no incorporó elementos nuevos capaces de desvirtuar los fundamentos que la motivaron sobre el riesgo de obstaculización, por lo que, se denegó la cesación de la medida extrema, decisión respaldada por el Ministerio Público, quien solicitó se declare infundada la acción de libertad, al no haberse evidenciado vulneración de derechos fundamentales del impetrante de tutela.
El Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, por Resolución 09/2023 de 8 de febrero, cursante de fs. 45 a 49, declaró “…con lugar y procedencia…” (sic) -siendo lo correcto concedió- la tutela impetrada, disponiendo que: 1) La autoridad demandada aclare sobre las declaraciones de la testigo Janneth Soria Pardo, si de acuerdo al estado del caso, aun constituye un nuevo elemento de valoración o en su mérito se tiene nuevos elementos de obstaculización, en la que efectivamente se encuentre latente el art. 235.2 del CPP; 2) Establecer si las sentencias constitucionales adjuntadas en su oportunidad y alternativamente la SCP “…086/2014 de 30 de abril…” (sic), tiene vinculatoriedad jurídica, también aclarar si los numerosos certificados médicos que se tienen insertos en el cuaderno de control jurisdiccional, a fines de motivación y valoración cuentan con el valor legal, a objeto de subsunción en cuanto a la decisión de un Auto de Vista; y, 3) La autoridad demandada deberá emitir en el plazo de setenta y dos horas un nuevo auto de vista; con base en los siguientes fundamentos: i) De acuerdo al Auto Interlocutorio 66/2023 que motivó la detención preventiva accionante, se hace referencia a la declaración de Janneth Soria Pardo, como elemento primigenio, aludiendo una posible amenaza; sin embargo, esta valoración es competencia de la vía ordinaria; asimismo, en la etapa de apelación incidental, refiere que el Auto de Vista 25/2023 debe emitirse bajo los principios de fundamentación, subsunción y motivación, siendo necesario que se explicite cuál es el nuevo elemento de obstaculización actual, considerando que el impetrante de tutela se encuentra recluido en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de Oruro; ii) De acuerdo al art. 235.2 del CPP, se prevé como causa de detención preventiva, la influencia o amenaza ejercida por el imputado sobre víctimas o testigos; no obstante, el Juez a quo como el ad quem, deben evaluar si ese riesgo persiste en la actualidad, y cuál es el nuevo comportamiento del ahora accionante, de tal forma que justifique la continuidad de la medida, con el fin de que, el prenombrado no ingrese en indefensión y tenga claro de qué elemento acreditar y no aferrarse a una declaración que sirvió para una imputación formal; iii) En el Auto de Vista 25/2023 cuestionado, la autoridad demandada señaló que no correspondía aplicar por analogía cierta jurisprudencia internacional; sin embargo, conforme al art. 410.II de la CPE, el bloque de constitucionalidad integra los tratados internacionales de derechos humanos, en razón a que el art. 1 de la CADH, obliga al Estado a garantizar los derechos reconocidos sin discriminación; en ese sentido, la SC 1303/2003-R de 8 de septiembre y la SCP 0836/2014 de 30 de abril, establecen que, en audiencia de cesación a la detención preventiva, no basta referirse únicamente a los arts. 234 y 235 del CPP, sino que es necesario considerar si subsiste el riesgo procesal, valorando elementos actuales y no solo antecedentes iniciales, en este caso, la única base para sostener la detención preventiva continúa siendo la declaración de Janneth Soria Pardo, sin haberse identificado nuevos elementos o testimonios que actualicen el riesgo de obstaculización; y, iv) Se aportó como prueba una hoja de admisión hospitalaria que acredita que el imputado nuevamente fue internado, elemento que está relacionado con su estado de salud, que también debe ser valorado bajo los principios de proporcionalidad y razonabilidad, conforme lo establece la jurisprudencia constitucional, al evaluar si procede o no la detención preventiva en función del derecho a la salud; advirtiendo que, la autoridad demandada debe valorar la situación procesal del imputado, ponderando si subsisten los motivos que justificaron su detención inicial y si los nuevos elementos aportados modifican ese análisis, considerando todos los documentos que se presentaron al Juez a quo. En vía de aclaración, enmienda y complementación, a solicitud de la representante del Ministerio Público y de la parte accionante, el Juez de garantías, señaló que la representante del Ministerio Público invocó el art. 125 del CPP, criterio improcedente al corresponder a la vía ordinaria; y, la parte accionante, no fundamentó su solicitud, careciendo de consistencia y jurídica; en consecuencia, el Juez de garantías se ratificó en los fundamentos de la resolución emitida, declarándolas no ha lugar.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Fernando Arispe Crespo -accionante- y otro, por la supuesta comisión del delito de homicidio-suicido, cursa el acta de audiencia pública de apelación incidental y Auto de Vista 25/2023 de 27 de enero, en el que, Salua July Dipp Antequera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -demandada-, declaró improcedente el recurso de apelación incidental presentado por el impetrante de tutela contra el Auto Interlocutorio 66/2023 de 19 de enero, emitido por el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, que fue confirmado en su integridad (fs. 2 a 10). II.2. Cursa nota de 8 de febrero de 2023, en la que Diego Mauricio Quiroz Ticona, Gestor de la Oficina Gestora de Procesos, dirigido al Juez de Sentencia Penal Séptimo, ambos de la Capital del departamento de Oruro, informa que constituido en el Centro Penitenciario San Pedro del mismo departamento -zona norte-, no se pudo realizar la notificación personal debido a que el accionante salió a una consulta médica en horas de la mañana sin retorno y se encontraría internado en el Hospital Obrero 4 de la ciudad de Oruro (fs. 25).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la salud y al debido proceso; toda vez que, la autoridad demandada, al emitir el Auto de Vista 25/2023, no solo basó su solicitud de cesación a la detención preventiva en la existencia de la declaración de la testigo que dio lugar a la acreditación del riesgo de obstaculización del art. 235.2 del CPP, sino también argumentó que, a partir de la detención preventiva, la conducta acreditada no podría mantenerse de forma indefinida; y, que los certificados médicos presentados no fueron considerados pertinentes para su cesación, sin analizarlos de manera íntegra ni proporcional, omitiendo responder a los agravios, incurriendo así en la vulneración a sus derechos reclamados La autoridad demandada, no asistió a la audiencia de garantías ni presentó informe alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0748/2019-S2 de 28 de agosto, señaló que: “…la exigencia de fundamentación y motivación abarca también a los fallos de medidas cautelares, estando tanto los jueces cautelares como los tribunales de segunda instancia, constreñidos a cumplir el debido proceso, en la revisión de las resoluciones de una medida cautelar, que la revoca, modifica, sustituye u ordena la cesación de detención preventiva.
(…) …los tribunales de alzada se hallan constreñidos a dictar resoluciones con la debida fundamentación, motivación y congruencia, fundamentando la decisión por la que deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer su cesación, encontrándose obligados a determinar la concurrencia de los presupuestos procesales referentes a los peligros de fuga y obstaculización, precisando de forma debida las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión, consignando motivadamente la presencia de los mismos, no pudiendo justificar su omisión respecto a lo indicado, en los límites instituidos en el art. 398 del CPP. En ese orden, en virtud a los razonamientos jurisprudenciales descritos supra tratándose de la aplicación de medidas cautelares el precitado artículo no debe ser entendido literalmente sino de forma integral y sistemática con los arts. 233 y 236 del CPP, lo que deriva en que, los tribunales de alzada no se encuentren eximidos en motivar y fundamentar su resolución explicando, se reitera, la presencia o no de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva” (las negrillas nos pertenecen).
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la supuesta comisión del delito de homicidio-suicido, según el Auto de Vista 25/2023 de 27 de enero, la autoridad demandada, declaró improcedente su recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 66/2023 de 19 de enero (Conclusión II.1). Bajo ese contexto, el impetrante de tutela manifiesta que la autoridad demandada al emitir el Auto de Vista 25/2023, fundó su decisión en criterios que se desmarcan de los agravios planteados, puesto que, no solo basó la solicitud de cesación a la detención preventiva en la existencia de la declaración de la testigo que dio lugar a la acreditación del riesgo descrito en el art. 235.2 del CPP, sino también argumentó que, a partir de la detención preventiva, la conducta acreditada no podría mantenerse de forma indefinida; asimismo, presentó documentación sobre su salud; por lo que, la Vocal demandada omitió responder a los agravios planteados, incurriendo así en incongruencia omisiva entre lo solicitado y lo resuelto.
Se debe tener presente que contra el Auto Interlocutorio 66/2023, el accionante interpuso apelación incidental, expresando en síntesis como puntos de agravio: a) El riesgo procesal -señalado en el art. 235.2 del CPP-, habría desaparecido o se debilitó, pues la declaración de la testigo -Janneth Soria Pardo- ya estaba resguardada y el accionante llevaba más de dos meses detenido; y, b) Su estado de salud era delicado -malestar en el colon y lesión en la rodilla con riesgo de daño irreversible-; empero, el Juez a quo ignoró los antecedentes médicos presentados; solicitando en consecuencia, la revocatoria del Auto Interlocutorio mencionado y la aplicación de medidas cautelares menos gravosas. Al respecto, la autoridad demandada, a través del Auto de Vista 25/2023, resolvió señalando que: 1) La declaración de la testigo Janneth Soria Pardo no se constituye en un nuevo elemento de convicción, pues ya fue valorada para acreditar el peligro de obstaculización descrito en el art. 235.2 del CPP, y asignarle un valor distinto vulneraría la seguridad jurídica; siendo que, la detención preventiva del accionante no se desvirtúa sólo por el tiempo transcurrido, ya que, cumple una función de aseguramiento del proceso, y la decisión del Juez a quo es razonable, por lo que, no existieron nuevos elementos de convicción que justifiquen la cesación de la detención preventiva, y la jurisprudencia invocada no es aplicable al caso concreto; 2) Si bien el accionante presentaba malestar en el colon y lesión en la rodilla que requería cirugía; sin embargo, esos aspectos pueden ser considerados por el Juez a quo, quien debe garantizar los derechos y garantías constitucionales conforme a los arts. 7 y 221 del CPP, por lo que, persiste el riesgo procesal, y no se acreditó que la cirugía solo pudiera realizarse en libertad; y, 3) Con relación a la fundamentación sobre posibles secuelas irreversibles, consideró que fue genérica, sin demostrar la necesidad de sustituir la detención preventiva; no obstante, el derecho a la salud debe ser protegido también por el régimen penitenciario y los órganos de persecución penal, concluyendo que no se probó la necesidad de una medida cautelar menos gravosa, por lo que, el agravio fue rechazado y la apelación incidental declarada improcedente. Consecuentemente, respecto a lo reclamado por el accionante, en cuanto al punto a) no es evidente que la autoridad demandada al emitir el Auto de Vista 25/2023, hubiere fundado su determinación en argumentos distintos a los que fueron objeto de agravio; toda vez que, con relación a la afirmación que su detención no podría mantenerse de forma indefinida, haciendo alusión a la declaración testifical que fundó el riesgo de obstaculización, la autoridad demandada manifestó al respecto que la detención preventiva del accionante no se desvirtúa sólo por el tiempo transcurrido y que dicho aspecto ya fue valorado al momento de imponerse la medida extrema y no podría valorarse nuevamente y que no existen nuevos elementos que justifiquen la cesación pretendida; y, en cuanto al punto b) en relación a la presentación de la documentación sobre la salud del impetrante de tutela, la autoridad demandada si bien reconoció los problemas de salud del mismo; concluyó que, persistía el riesgo procesal, ya que la cirugía no requería su libertad, y que la fundamentación sobre secuelas irreversibles fue genérica, siendo suficiente la protección del derecho a la salud a través del régimen penitenciario. En ese contexto, se advierte que la autoridad demandada, en cumplimiento del art. 398 del CPP, resolvió todos los motivos de agravio, ajustándose a las directrices señaladas en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ya que respondió al análisis integral de los argumentos planteados por el accionante, de manera fundamentada, en este sentido, la Vocal demandada respondió a cada uno de los agravios interpuestos dentro del recurso de apelación incidental interpuesto contra la resolución que denegó la cesación de la detención preventiva. Con relación a la ampliación de los argumentos de la acción de defensa, expuestos por el abogado del accionante en audiencia de garantías; sosteniendo que el impetrante de tutela se encuentra internado, bajo custodia en un nosocomio; habiéndose determinado su detención preventiva por riesgo procesal -art. 235.2 del CPP-, en vulneración del principio de favorabilidad sin considerar la edad del imputado -mayor de sesenta años-, sin aplicar medidas menos gravosas; se debe tener presente que, la sola condición de persona adulta mayor o el solo padecimiento de una enfermedad, no determina automáticamente la improcedencia de la detención preventiva ni la obligación de sustituirla por una medida menos gravosa, toda vez que de acuerdo al art. 239.6 del CPP, en concordancia con el art. 232.III del mismo cuerpo normativo, en delitos contra la vida no se aplica como causal de improcedencia a la detención preventiva. En ese entendido es necesario que se acredite de forma suficiente y objetiva que el estado de salud impide de manera real y actual el cumplimiento de la medida en condiciones dignas o que, a la fecha, desaparecieron los presupuestos jurídicos que la sustentaron, especialmente los riesgos procesales conforme al art. 235 del CPP, razones por las que corresponde denegar la tutela impetrada.
En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 09/2023 de 8 de febrero, cursante de fs. 45 a 49, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0822_2025-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 85e21aec0843ba120e811fcce1905bfcd1c42ce00faed4dd5fa4d860698c7a28
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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