Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 15 de mayo de 2026
Concede en parte la tutela
El accionante, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; toda vez que, dentro del proceso administrativo disciplinario militar seguido en su contra por presuntos hechos de estafa y conductas atentatorias contra la moral institucional, los miembros del Tribunal Superior de Personal de las FF.AA y del Tribunal de Personal de la FAB emitieron resoluciones sancionatorias carentes de una adecuada fundamentación y motivación, al no pronunciarse de manera expresa, clara y congruente sobre los agravios formulados ni sobre la prueba de descargo ofrecida en los recursos de reconsideración y apelación interpuestos por su defensa; por lo que, solicita se conceda la tutela disponiendo la nulidad de la Resolución TSP.FF.AA. 30/20 de 26 de agosto de 2020 y que el Tribunal Superior de Personal de las FF.AA., emita una nueva resolución, debidamente fundamentada, motivada y congruente, que responda de forma expresa a los agravios planteados en sede administrativa disciplinaria. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 205/2024 de 30 de agosto, cursante de fs. 849 a 854 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia en los mismos términos de la Sala Constitucional; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación al debido proceso en su elemento de valoración de la prueba, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0821/2026-S3 Sucre, 15 de mayo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 62118-2024-125-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 205/2024 de 30 de agosto, cursante de fs. 849 a 854 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ever Miranda Flores contra Gonzalo Víctor Vigabriel Sánchez, Presidente; Marco Antonio Peñaloza Ameller, Vicepresidente; Juan José Zuñiga Macias, José Wilson Sánchez Velásquez, Marcelo Javier Zegarra Gutiérrez, Guillermo Max Burgos Zegarra, Juan Arnez Salvador, Andrés Carlos Peredo Flores, todos Vocales del Tribunal Superior de Personal de las Fuerzas Armadas (FF.AA.); y, Marcelo Javier Zegarra Gutiérrez, Presidente; Guillermo Max Burgos Zegarra, Vicepresidente; Dardo Gustavo Vallejos Medina, Derick Ricardo de la Vega Vargas, José Arturo Troncoso Pereyra, Ronald Luis Garvizu Torrez, Gonzalo Edwin Ruiz Cisneros, José Gualberto Mercado Grajeda, Attila Víktor Clavijo Pusztavari y Williams Guzmán Nogales, todos Vocales del Tribunal de Personal de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).
Por memoriales presentados el 24 de enero y 1 de febrero de 2024, cursantes de fs. 360 a 369; y 394 a 401, respectivamente, el accionante manifestó lo siguiente:
Fue sometido a un proceso administrativo disciplinario militar, instaurado mediante Auto Inicial de Sumario de 29 de abril de 2019, con la finalidad de investigar presuntos hechos de estafa denunciados por Pamela Camargo Alegre y Bertha Alegre Mejía, además de supuestas conductas atentatorias contra la moral institucional, disciplina y deberes militares. Dicho procesamiento fue ilegal y arbitrario, debido a que los hechos investigados correspondían a la jurisdicción penal ordinaria y no constituían actos propios de la función militar, ni fueron realizados en el ejercicio de sus funciones como miembro de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB); sin embargo, pese a haber denunciado oportunamente las irregularidades mediante los recursos previstos en la normativa militar, las autoridades demandadas omitieron reparar las vulneraciones denunciadas; toda vez que, el Tribunal de Personal de la FAB emitió la Resolución 045/2019 de 19 de agosto, mediante la cual le impuso la sanción “…con destino a la LETRA “B” DE DISPONIBILIDAD…” (sic) por dos meses. Contra dicha determinación, interpuso recurso de reconsideración, en el que denunció incongruencia interna, falta de precisión de los hechos atribuidos, indebida fundamentación, omisión de valoración de la prueba de descargo y ausencia de motivación respecto al nexo causal entre los hechos denunciados y la supuesta inconducta militar atribuida. Asimismo, mediante Resolución 065/2019 de 7 de noviembre, el Tribunal de Personal de la FAB, rechazó su recurso de reconsideración, sosteniendo que la sanción no derivaba de la comisión del delito de estafa, sino de una supuesta inconducta militar; no obstante, denunció que dicha resolución no precisó ni fundamentó cuál habría sido la conducta militar atribuida, ni las pruebas que la sustentaban; incurriendo además, en contradicción e incongruencia omisiva, al no pronunciarse sobre la prueba de descargo ni sobre la conducta funcional presuntamente sancionada. Finalmente, el Tribunal Superior de Personal de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) del Estado, mediante Resolución TSP.FF.AA. 30/20 de 26 de agosto de 2020, omitió resolver los agravios expuestos en apelación, limitándose a señalar que constituían reiteración de los fundamentos ya expuestos, sin emitir pronunciamiento de fondo ni atender el recurso de aclaración, complementación y enmienda formulado contra dicha resolución.
Denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, citando al efecto los arts. 115; 117 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: La nulidad de la Resolución TSP.FF.AA. 30/20 de 26 de agosto de 2020 y que el Tribunal Superior de Personal de las FF.AA. del Estado, emita una nueva resolución.
Celebrada la audiencia pública el 30 de agosto de 2024, según consta en acta cursante de fs. 842 a 848, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogada, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: a) Conforme a la SCP 2540/2012 de 21 de diciembre, la jurisdicción militar únicamente puede conocer hechos vinculados estrictamente a la función militar, debiendo existir no solo la condición de militar, del procesado, sino también un nexo de causalidad entre el hecho investigado y la afectación a un bien jurídico militar; sin embargo, refirió que los hechos denunciados por Pamela Camargo Alegre y Bertha Alegre Mejía derivaron de una relación contractual de anticrético sobre un inmueble de propiedad de su madre, sin relación alguna con funciones como miembro de las FF.AA. ni utilización de su condición de militar; b) Las Resoluciones 045/2019, 065/2019 y 30/20 de 26 de agosto de 2020, carecieron de fundamentación y motivación suficiente; toda vez que, no identificaron de manera clara cuál habría sido la conducta indecorosa o atentatoria contra la dignidad institucional atribuida, ni precisaron el modo, tiempo, lugar o circunstancia de la supuesta falta disciplinaria, limitándose a referencias genéricas a publicaciones en medios de comunicación sin respaldo probatorio; c) Pese a la existencia de un proceso penal ordinario por el presunto delito de estafa, posteriormente extinguido por conciliación mediante Resolución de 5 de mayo de 2021 del Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de La Paz, las autoridades militares continuaron el procesamiento disciplinario sustentándose en dicha causa penal, vulnerando el debido proceso, el derecho a la fundamentación, motivación y congruencia, así como el principio de presunción de inocencia; y, d) Los recursos de reconsideración, aclaración, complementación y enmienda, así como el de revocatoria, no fueron resueltos de manera fundamentada, pues las autoridades demandadas se limitaron a ratificar las resoluciones precedentes sin responder de forma concreta los agravios denunciados.
Gonzalo Víctor Vigabriel Sánchez, Presidente del Tribunal Superior de Personal de las FF.AA., a través de su representante, por informe escrito presentado el 15 de agosto de 2024, cursante de fs. 810 a 815 y en audiencia de garantías, señaló que: 1) A denuncia presentada el 26 de abril de 2019 por Jorge García Camacho, miembro de la FAB, se instauró sumario informativo militar contra Ever Miranda Flores, con la finalidad de investigar hechos relacionados con una presunta estafa denunciada por Pamela Camargo Alegre y Bertha Alegre Mejía; 2) Concluida la investigación, el Tribunal de Personal de la FAB emitió la Resolución 045/2019, mediante la cual dispuso sanción disciplinaria de destino a la letra “B” de disponibilidad por el tiempo de dos meses, con pérdida de antigüedad para fines de ascenso, conforme al art. 85 núm. 3 subinc. b) de la Ley Orgánica de las FF.AA., al evidenciarse inconducta profesional y vulneración a los arts. 10 núms. 22 y 49; y, 13 del Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Castigos 23; 3) La sanción no fue impuesta por el delito de estafa, aspecto de competencia de la jurisdicción ordinaria, sino por actos que afectaron el honor, la moral, la disciplina y el prestigio institucional de las FF.AA.; 4) De las declaraciones informativas de las denunciantes, se evidenció que el accionante habría manifestado desempeñarse como militar, citándolas en instalaciones del Comando General de la FAB, para la suscripción del documento de anticrético, involucrando de esa manera a la institución armada; 5) Dicho documento habría sido elaborado y suscrito con intervención de personal militar que firmó como abogado; extremo que, a criterio de las autoridades demandadas, configuró una conducta contraria a los valores, la ética y la disciplina militar; 6) Cursaba un contrato privado de anticrético en el que el accionante figuraba como propietario del inmueble, pese a sostener posteriormente que el bien pertenecía a su madre, elementos que habrían generado desprestigio institucional y reproche social hacia las FF.AA.; 7) El accionante interpuso recurso de reconsideración, posteriormente recurso de apelación y finalmente recurso de aclaración, explicación y enmienda, mismos que fueron resueltos mediante las Resoluciones 065/2019, TSP FF.AA. 30/20 de 26 de agosto de 2020 y TSP. FF.AA. 04/23 de 30 de mayo de 2023, confirmándose íntegramente la sanción disciplinaria impuesta; y, 8) Las resoluciones emitidas se encontraron debidamente fundamentadas y motivadas, existiendo nexo causal entre los hechos investigados y las faltas disciplinarias atribuidas, sin que se hubiese vulnerado derecho o garantía constitucional alguna del accionante, quien ejerció plenamente su derecho a la defensa e impugnación dentro del proceso disciplinario militar, solicitando se deniegue la tutela impetrada. En relación a las preguntas formuladas por el Vocal José Rodolfo Sáenz Paz, se aclaró que: i) No basta la existencia de una denuncia penal o civil contra un militar para configurar por sí sola una afectación a la moral de las FF.AA., sino que en el caso concreto las denunciantes habrían acudido al comando a generar conflicto y posteriormente el hecho habría sido difundido en medios de comunicación, generando una afectación institucional, derivada de la condición de miembro de la institución, del ahora accionante; ii) Se precisó que la inconducta profesional atribuida, no emergió únicamente de la firma del contrato, sino del hecho de haber ingresado a instalaciones de las Fuerzas Armadas con personas ajenas a la institución para la suscripción de un contrato de carácter personal, utilizando la infraestructura institucional y la participación de miembros de la institución en dicho acto; y, iii) Respecto a la emisión de la Resolución TSP. FF.AA. 04/23 de 30 de mayo de 2023, se señaló que la demora en su pronunciamiento obedeció a la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia y a la carga procesal existente en ese Tribunal, lo que habría incidido en la dilación del trámite correspondiente.
José Wilson Sánchez Velásquez y Víctor Hugo Balderrama Quezada, Vocales del Tribunal Superior de Personal de las FF.AA, a través de su representante, por informe escrito presentado el 15 de agosto de 2024, cursante de fs. 821 a 825, señalaron que: a) Ever Miranda Flores egresó del Colegio Militar de Aviación el 31 de diciembre de 1998 y contaba con más de veinte años de servicio en la FAB; asimismo, se indicó que en su contra se instauró sumario informativo militar para investigar hechos vinculados a una presunta estafa denunciada por Pamela Camargo Alegre y Bertha Alegre Mejía, los cuales habrían afectado la moral institucional, la disciplina y los deberes militares, subsumiéndose en faltas graves previstas en los art. 10 núms. 22 y 49; y, 13 del Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Castigos 23; b) El accionante contaba además, con imputación formal y acusación fiscal por el delito de estafa previsto en el art. 335 del Código Penal (CP); c) Conforme a las declaraciones de las denunciantes, estas habrían tomado contacto con el accionante mediante un anuncio publicado en el diario “La Razón”, en el que ofrecía un departamento en anticrético, identificándose como propietario del inmueble; posteriormente, las habría citado en instalaciones del Comando General de la FAB, para la firma del contrato de anticrético, documento que habría sido elaborado por Jimmy Vásquez Rodríguez, funcionario militar que actuó como abogado; d) En dicho contexto, las denunciantes habrían realizado entregas de dinero que alcanzaron un total de $US27 000.- (veintisiete mil dólares estadounidenses); sin embargo, posteriormente tomaron conocimiento de que el inmueble pertenecía a la madre del accionante y se encontraba ocupado por una tercera persona, habiéndose devuelto únicamente parte del dinero entregado; e) Dentro del sumario cursaba contrato privado de anticrético en el que el accionante figuraba como propietario del bien inmueble, además de declaraciones informativas y otros antecedentes que respaldarían su participación en los hechos investigados; f) En consecuencia, el Auto Final del Sumario Informativo Militar dispuso la remisión de antecedentes al Tribunal de Personal de la FAB, instancia que impuso la sanción disciplinaria de destino a la letra “B” de disponibilidad por el lapso de dos meses, al considerar que el accionante incurrió en inconducta profesional y generó desprestigio institucional; y, g) No existió vulneración al debido proceso ni falta de motivación o fundamentación en las resoluciones emitidas; toda vez que, se habrían identificado los hechos atribuidos, las normas disciplinarias infringidas y el nexo causal entre la conducta del accionante y la afectación a la imagen institucional de las FF.AA., solicitando se deniegue la tutela impetrada. Gerardo Zabala Álvarez y Gonzalo Edwin Ruiz Cisneros, en su condición de miembros del Tribunal Superior de Personal de las FF.AA.; y Gerardo Zabala Álvarez, Gonzalo Edwin Ruiz Cisneros, Ronald Luis Garvizu Torrez, Richard Jaldín Pastor, Marco Antonio Choquehuanca Marín, Boris Orlando Rojas Achabal, William Ricardo Funes Delgadillo, Alex Rieri García Arnés, Gustavo Vladimir Argote García y Sergio Fernando Lora Arauz, en su condición de miembros del Tribunal de Personal de la FAB; precisándose que los dos primeros ciudadanos citados, ejercieron funciones en ambos Tribunales en distintas calidades, a través de sus representantes, en audiencia de garantías, señalaron que: 1) El accionante denunció la vulneración de derechos constitucionales dentro del sumario informativo militar y las instancias de impugnación previstas en los Reglamentos de Personal 239 y 240; sin embargo, se sostuvo que durante toda la tramitación del proceso se respetaron el debido proceso y el derecho a la defensa, habiendo contado con asistencia letrada permanente, e interpuesto recursos de reconsideración y apelación, los cuales fueron resueltos por las autoridades competentes hasta la confirmación de la Resolución TSP.FF.AA. 30/20 de 26 de agosto de 2020, por el Tribunal Superior de Personal de las Fuerzas Armadas, con su debida notificación y ejecutoria; 2) La actuación de la FAB se sustentó en los arts. 245 y 246 de la CPE, así como en la normativa militar aplicable, precisándose además que el accionante no habría agotado la última instancia administrativa ante el Ministerio de Defensa, incumpliendo el principio de subsidiariedad, motivo por el cual se solicitó la denegatoria de la tutela; 3) El sumario informativo militar instaurado contra Ever Miranda Flores tuvo por objeto investigar hechos vinculados a una presunta estafa denunciada por Pamela Camargo Alegre y Bertha Alegre Mejía, conductas consideradas atentatorias contra la moral, disciplina y honor institucional, tipificadas como faltas graves en el Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Castigos 23; y, 4) En ese marco, el Tribunal competente determinó la existencia de inconducta profesional e impuso la sanción disciplinaria de destino a la letra “B” de disponibilidad por el lapso de dos meses, señalándose finalmente que durante todo el proceso el accionante tuvo la posibilidad de ejercer los recursos previstos por la normativa militar.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 205/2024 de 30 de agosto, cursante de fs. 849 a 854 vta., concedió parcialmente la tutela solicitada, respecto al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, disponiendo dejar sin efecto la Resolución TSP.FF.AA. 30/20 de 26 de agosto de 2020 y su complementaria Resolución TSP.FF.AA. 04/23 de 30 de mayo de 2023, debiendo el Tribunal Superior de Personal de las FF.AA., emitir una nueva resolución, conforme a lo resuelto. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) En la Resolución 30/20 de 26 de agosto de 2020, no existe una conclusión clara respecto a los agravios que han sido planteados por el accionante; y, ii) El referido Tribunal no fundamento, ni motivo la citada Resolución de manera precisa respecto a los agravios planteados.
Mediante AC 0086/2024-RCA de 11 de marzo, cursante de fs. 411 a 418, ante la impugnación realizada por el accionante contra la Resolución 026/2024 de 05 de febrero, cursante de fs. 405 a 406 vta., en lo pertinente, resolvió revocar la referida resolución disponiendo que la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, admita la presente acción de defensa y someta la causa al trámite previsto por Ley.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-0003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución 045/2019 de 19 de agosto, a través del cual el Tribunal de Personal de la FAB, resolvió sancionar a Ever Miranda Flores -accionante-, con destino a la letra “B” de disponibilidad por el tiempo de dos meses, con pérdida de antigüedad para fines de ascenso, por haber infringido los arts. 10, núms. 22 y 49; y, 13 del Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Castigos 23. (fs. 774 a 777); en tal sentido, mediante Resolución 065/2019 de 7 de noviembre, del mismo Tribunal de Personal de la FAB, se declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por el accionante contra la Resolución 045/2019 (fs. 780 a 783 vta.). II.2. Consta recurso de apelación formulado por Ever Miranda Flores, contra las Resoluciones 045/2019 y 065/2019, emitidas por el Tribunal de Personal de la FAB, impugnación a través de la cual identifica como agravios a) Que la inconducta profesional -por la cual se impuso la sanción-, no puede ser genérica, debiendo esta ser funcional y estar prescrita en que caso existe una inconducta no pudiendo ser esta subjetiva; b) La respetabilidad no se pierde por acusaciones temerarias sino a través de sentencia condenatoria ejecutoriada; y, c) La presunción de inocencia en cuanto a la existencia de imputación formal (fs. 320 a 329). II.3. A través de la Resolución del Tribunal Superior de Personal de las FF.AA., TSP.FF.AA. 30/20 de 26 de agosto de 2020, se confirmaron las Resoluciones 045/2019 y 065/2019, manteniendo firme y subsistente la sanción disciplinaria de destino a la letra “B” de disponibilidad por el tiempo de dos meses, contra Ever Miranda Flores (fs. 331 a 337). II.4. Se tiene la solicitud de aclaración, complementación y enmienda, interpuesto por Ever Miranda Flores, respecto a la Resolución 30/20 de 26 de agosto de 2020 (fs. 341 a 346). II.5. Consta Resolución del Tribunal Superior de Personal de las FF.AA.
TSP.FF.AA. 04/23 de 30 de mayo de 2023, a través de la cual se confirmó la Resolución TSP.FF.AA. 30/20 de 26 de agosto de 2020, bajo el entendimiento que “...el Recurso de Aclaración, Explicación y Enmienda, solo sirve para aclarar, enmendar o complementar la Resolución Principal del Tribunal Superior de Personal de las FF.AA. y de manera excepcional para modificar, anular o revocar dicha Resolución cuando se alegaren nuevos elementos de hecho y de derecho…” (sic. [fs. 348 a 354]).
El accionante, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; toda vez que, dentro del proceso administrativo disciplinario militar seguido en su contra por presuntos hechos de estafa y conductas atentatorias contra la moral institucional, los miembros del Tribunal Superior de Personal de las FF.AA y del Tribunal de Personal de la FAB emitieron resoluciones sancionatorias carentes de una adecuada fundamentación y motivación, al no pronunciarse de manera expresa, clara y congruente sobre los agravios formulados ni sobre la prueba de descargo ofrecida en los recursos de reconsideración y apelación interpuestos por su defensa; por lo que, solicita se conceda la tutela disponiendo la nulidad de la Resolución TSP.FF.AA. 30/20 de 26 de agosto de 2020 y que el Tribunal Superior de Personal de las FF.AA., emita una nueva resolución, debidamente fundamentada, motivada y congruente, que responda de forma expresa a los agravios planteados en sede administrativa disciplinaria. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, asumió el siguiente entendimiento:
El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre , la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala:
…a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisa que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.
Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 2 El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3 El FJ III.2.3, refiere que: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.
En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4 El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5 El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6 El FJ III.2, señala: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.
5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señala que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.
7 El FJ III.3, establece: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8 El FJ III.3.1, indica: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 9 El FJ III.2, refiere: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10 El FJ III.1, manifiesta: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.
El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R 11El FJ III.3, expresa: “No obstante lo referido precedentemente, cabe también indicar que, en resguardo de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, el acceso a la justicia y a una tutela efectiva, propios de la víctima que plantea la denuncia ante el Ministerio Público para que cumpla con su función de promover la acción de la justicia para perseguir y sancionar al autor del delito, este Tribunal puede analizar la conducta omisiva del representante del Ministerio Público, el juez cautelar u otra autoridad competente para intervenir en la etapa preparatoria; conductas omisivas expresadas, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso, en no recibir o providenciar memoriales denegando el derecho de petición, en no realizar actos solicitados por las partes a fin de demostrar su acusación o desvirtuar la misma, en negar el trámite de las impugnaciones o, en su caso, en la no aplicación objetiva de la Ley pertinente al caso; en consecuencia, la denuncia sobre las omisiones referidas podrá ser de conocimiento de este Tribunal y examinado el caso, se tendrá o no que otorgar la tutela”. 12El FJ III.3, sostiene: “Por otra parte, también es preciso recordar que la compulsa de las pruebas que se aporten con el fin de obtener la cesación de la detención preventiva, es facultad exclusiva del Juez Cautelar que esté a cargo del control de la investigación, pues en los únicos casos que este Tribunal puede intervenir en la revisión de dicho análisis será cuando el juzgador se hubiera apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, si estos casos no se dan, esta jurisdicción no puede intervenir para dejar sin efecto la resolución que conceda la cesación o la rechace, ya que ello importaría una doble valoración de la prueba”. 13 El FJ III.2, señala: “Ahora bien, siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso de 7 de marzo, sostiene que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento. En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:
…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente. En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicha competencia del Tribunal Constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma”. 14El FJ III.3, indica: “Ahora bien, analizados los actos de las autoridades recurridas; en primer término los del Juez que resolvió el incidente, se debe manifestar que ha efectuado una valoración de la prueba existente en obrados del incidente que dio lugar al presente amparo constitucional; y tal como fue expuesto, dicha labor le corresponde en forma exclusiva a su autoridad, no pudiendo este Tribunal efectuar un nuevo examen de dichos medios probatorios, a no ser que la sindéresis del referido Juez exceda de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles, desde el punto de vista de la certeza con que el material probatorio fue examinado, para asumir una decisión basada en la sana crítica; dicho de otro modo, este Tribunal, para procurar la vigencia material de los derechos fundamentales de las personas, puede analizar la valoración efectuada por los jueces ordinarios, cuando dicha apreciación no es verificable en la prueba utilizada por la autoridad judicial; por tanto, supone que el Juez asumió su decisión en una prueba inexistente, o que demuestra hechos diferentes a los que se utiliza como sustento de la Resolución judicial. En consecuencia, además de la omisión en la consideración de la prueba, que según la SC 0419/2006-R anteriormente citada es causal de excepción de la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento”. 15El FJ III.3.2, establece: “En resumen, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento”.
ser una premisa en esta su labor el garantizar un real acceso a la justicia constitucional. A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.
De la revisión de antecedentes que cursan en obrados, se advierte que el accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; toda vez que, en el proceso administrativo disciplinario militar, seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de estafa y conductas contrarias a la moral y disciplina institucional, dichos hechos derivan de una relación contractual privada ajena al ejercicio de funciones militares, por lo que la jurisdicción militar carecería de competencia. Asimismo, sostiene que, pese a haber denunciado dichas irregularidades, el Tribunal de Personal de la FAB, emitió la Resolución 045/2019, imponiéndole la sanción de destino a la letra “B” de disponibilidad por dos meses; ante lo cual, interpuso recurso de reconsideración, resuelto por el mismo Tribunal de Personal de la FAB mediante Resolución 065/2019, declarándolo improcedente (Conclusión II.1); posteriormente, el Tribunal Superior de Personal de las FF.AA. mediante Resolución TSP.FF.AA. 30/20 de 26 de agosto de 2020, resolvió el recurso de apelación formulado por el hoy accionante, confirmando las Resoluciones 045/2019 y 065/2019, y manteniendo firme y subsistente la sanción disciplinaria impuesta (Conclusiones II.2 y 3); asimismo, interpuesta la solicitud de aclaración, complementación y enmienda, respecto a la Resolución TSP.FF.AA. 30/20 de 26 de agosto de 2020 (Conclusión II.4); esta fue resuelta, mediante Resolución 04/23 de 30 de mayo de 2023, del Tribunal Superior de Personal de las FF.AA., confirmando dicha determinación con la aclaración de que: “...el Recurso de Aclaración, Explicación y Enmienda, solo sirve para aclarar, enmendar o complementar la Resolución Principal del Tribunal Superior del Personal de las Fuerzas Armadas y de manera excepcional para modificar, anular o revocar dicha Resolución cuando se alegaren nuevos elementos de hecho y de derecho…” (sic. [Conclusión II.5]). En este contexto, es necesario aclarar -a efectos de la dilucidación de la presente problemática- que, pese a haberse demandado a los miembros del Tribunal de Personal de la FAB, el pronunciamiento de este Tribunal se circunscribirá a lo resuelto por el Tribunal Superior de Personal de las FF.AA., en observancia del principio de subsidiariedad, previsto en los arts. 129.I de la CPE y 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), teniendo como base a los motivos expresados en el recurso de apelación formulado por la defensa del accionante contra las Resoluciones 045/2019 y 065/2019, a objeto de verificar si existe una respuesta expresa, suficiente y razonada a los agravios formulados en apelación.
El accionante, interpuso su recurso de apelación contra las Resoluciones 045/2019 y 065/2019, identificando como agravios centrales: 1) La indebida generalidad del concepto de “inconducta profesional”, al no encontrarse suficientemente delimitado en la normativa disciplinaria; 2) La improcedencia de considerar afectación a la respetabilidad institucional sin la existencia de sentencia condenatoria ejecutoriada; y, 3) La vulneración del principio de presunción de inocencia ante la existencia de imputación formal en sede penal. Sin embargo, conforme se tiene de la Resolución TSP.FF.AA. 30/20 de 26 de agosto de 2020, los miembros del Tribunal Superior de Personal de las FF.AA., se limitaron a confirmar las determinaciones de la instancia inferior, bajo el argumento de reiteración de agravios ya resueltos, sin efectuar un análisis diferenciado, específico y congruente de cada uno de los puntos impugnados. Al respecto, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la exigencia de fundamentación, motivación y congruencia impone a toda autoridad el deber de responder de manera expresa, suficiente y razonada a todos los agravios planteados, no siendo admisible la remisión genérica a decisiones previas cuando no se evidencia una respuesta material a los cuestionamientos formulados.
En ese sentido, se evidencia una motivación y fundamentación insuficiente, además de una incongruencia omisiva, al no haberse absuelto de manera específica los agravios contenidos en el recurso de apelación formulado por el accionante, lo cual incide en la necesidad de que el Tribunal Superior de Personal de las FF.AA., pronuncie una nueva resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente, con pronunciamiento expreso respecto a los puntos de agravio planteados por el accionante, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela solicitada.
De acuerdo con el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, la jurisdicción constitucional en principio se encuentra vedada para revisar la actividad valorativa de la prueba de las autoridades de la jurisdicción ordinaria, salvo que estas en dicha labor hubieren omitido la valoración de la prueba o se hubieren apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; en cuyo caso, si le es permitido a la jurisdicción constitucional revisar la valoración probatoria a efectos de verificar si en dicha labor las autoridades de la jurisdicción ordinaria: i) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, iii) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. En el caso concreto, la parte accionante se limitó a referir que el Tribunal de Personal de la FAB omitió la valoración de la prueba de descargo y que no precisó las pruebas que sustentaron la conducta militar atribuida, incurriendo en contradicción e incongruencia omisiva, al no pronunciarse sobre la prueba de descargo; asimismo, señaló que no existió un pronunciamiento sobre la prueba de descargo ofrecida en los recursos de reconsideración y apelación interpuestos, cuando la jurisprudencia constitucional es clara al establecer que la parte procesal que se considere agraviada con los resultados de la apreciación probatoria efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, debe expresar por una parte, qué pruebas concretamente fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; asimismo, debe señalar en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la resolución final.
Al no haber cumplido con la carga argumentativa necesaria para que esta jurisdicción ingrese a revisar la labor cuestionada corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 205/2024 de 30 de agosto, cursante de fs. 849 a 854 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia en los mismos términos de la Sala Constitucional; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación al debido proceso en su elemento de valoración de la prueba, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
1 El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0821_2026-S3.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 47bf72091cf68229175a412bf7bbda153c4b4c3e77047873c1c29ae1281ec689
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →