Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 17 de septiembre de 2024
Deniega la tutela
La parte accionante, denuncia la vulneración de los derechos de su hijo a la libertad, a la defensa, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación de las resoluciones, “…a una justicia plural, pronta, oportuna y transparente (sic)”; y al principio de presunción de inocencia; puesto que, luego de efectuarse la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de 24 de abril de 2024 a las 9:00 horas, contra el accionante, la autoridad judicial ahora accionada estableció su detención preventiva, determinación que -a su criterio- carecería de motivación y fundamentación que debe tener toda resolución que dispone la restricción a la libertad de una persona. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03 de 25 de abril de 2024, cursante de fs. 20 a 21, pronunciada por la Jueza Pública Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido, de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primera de La Guardia del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0820/2024-S3 Sucre, 17 de septiembre de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 66739-2024-134-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 03 de 25 de abril de 2024, cursante de fs. 20 a 21, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Arminda Jaldin Orellana en representación sin mandato de su hijo José Armando Jaldin contra Diego Vladimir Campero García, Juez Público Mixto en lo Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz.
La parte accionante, por memorial presentado el 24 de abril de 2024, cursante de fs. 5 a 9 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Fidel Llanos Macías contra José Armando Jaldin -accionante- por la presunta comisión del delito de violación previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP), el 24 de abril de 2024 a las 9:00 horas, se celebró la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, emitiendo la autoridad judicial ahora accionada el Auto Interlocutorio de igual fecha, por el cual dispuso su detención preventiva en el Centro Educativo Nueva Vida Santa Cruz (CERVICRUZ); por lo que vulneró sus derechos y garantías constitucionales, al no cumplir con la motivación y fundamentación que debe tener toda resolución, ya que debido al citado Auto Interlocutorio su hijo se encuentra detenido.
La parte accionante, denuncia la vulneración de los derechos de su hijo a la libertad, a la defensa, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación de las resoluciones, “…a una justicia plural, pronta, oportuna y transparente (sic)”; y al principio de presunción de inocencia; citando al efecto los arts. 22 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); 3, 8, 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia: a) Se disponga la libertad de José Armando Jaldin; y, b) Se anule el Auto Interlocutorio de “124” de abril de 2024, emitido por el Juez ahora accionado.
Celebrada la audiencia virtual el 25 de abril de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 17 a 19 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante a través de su abogado ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.
Diego Vladimir Campero García, Juez Público Mixto en lo Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz, mediante informe de 25 de abril de 2024, cursante a fs. 16, manifestó que: 1) En calidad de Juez de control jurisdiccional recibió al infractor -accionante-, en calidad de aprehendido señalándose audiencia a objeto de resolver su situación jurídica; 2) En audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares la defensa técnica del accionante utilizó e hizo reserva del recurso de apelación y pidió remitir los antecedentes, lo que implica que el “auto” aún no se encuentra ejecutoriado, toda vez que la Sala Penal de turno puede modificarla; 3) El accionante acudió a la vía constitucional como si fuera Tribunal de alzada, ya que de la lectura de la acción de libertad versa sobre la probabilidad de autoría y los riesgos procesales, aspectos que no corresponde revisar en esa vía, siendo incongruente su petitorio; y, 4) No vulneró derechos ni garantías del accionante, actuó en apego a la objetividad e imparcialidad, lo cual pretende ser desconocido ante la pretensión de la parte accionante de que se conceda la tutela sin ningún argumento jurídico valido.
La Jueza Pública Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido, de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primera de La Guardia del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 03 de 25 de abril de 2024, cursante de fs. 20 a 21, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) Se tiene como vulnerado los derechos del accionante, que el 24 de igual mes y año, en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, se determinó la detención preventiva del nombrado, señalando que el Auto Interlocutorio de igual fecha carecería de fundamentación y congruencia; ii) De acuerdo a la jurisprudencia constitucional descrita en la SCP 0582/2017-S3 de 26 de junio, entre otras, la parte accionante debió acudir a la vía ordinaria a efecto de utilizar los mecanismos intraprocesales para revertir la decisión asumida por el Juez ahora accionado; empero, alternativamente acudió a la jurisdicción constitucional sin esperar el pronunciamiento del Tribunal de alzada, activando paralelamente tanto la vía ordinaria como la constitucional; y, iii) En el caso concreto corresponde agotar los medios de defensa ordinarios eficaces, idóneos y oportunos previstos en la normativa bajo la cual se rige el proceso penal, y únicamente cuando no se restituya el derecho afectado recién acudir a la instancia constitucional; al no obrarse de esa manera imposibilita emitir un pronunciamiento a efecto de evitar una disfunción procesal.
En mérito al Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Cédula de Identidad emitida por el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) correspondiente a José Armando Jaldín -hoy accionante-, nacido el 8 de septiembre de 2005 en la localidad de Laguitas Andres Ibáñez del departamento de Santa Cruz (fs. 3).
La parte accionante, denuncia la vulneración de los derechos de su hijo a la libertad, a la defensa, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación de las resoluciones, “…a una justicia plural, pronta, oportuna y transparente (sic)”; y al principio de presunción de inocencia; puesto que, luego de efectuarse la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de 24 de abril de 2024 a las 9:00 horas, contra el accionante, la autoridad judicial ahora accionada estableció su detención preventiva, determinación que -a su criterio- carecería de motivación y fundamentación que debe tener toda resolución que dispone la restricción a la libertad de una persona. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 053/2020-S3 de 12 de marzo, reiterando el razonamiento de la SCP 0141/2012 de 9 de mayo, señaló que: «…efectuando un entendimiento sobre los alcances del art. 398 del adjetivo penal concordante con lo previsto por el art. 251 del referido cuerpo normativo, señala que: “…la resolución emanada en audiencia de medidas cautelares, puede ser impugnada a través del recurso de apelación específicamente previsto para tal fin en la disposición procedimental precitada, en cuya instancia el Tribunal de apelación podrá aprobar o revocar la medida impuesta.
‘Artículo 398.- (Competencia) Los Tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución’. De donde se colige que, sometida a impugnación una resolución, la autoridad superior en grado, deberá centrar su atención a resolver si las lesiones alegadas son evidentes; así lo estable la SCP 0077/2012 de 16 de abril, al señalar ‘De la norma legal precedente [art. 398 del CPP], de manera general es posible concluir que los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir’.
De la interpretación sistemática y dogmática de la normativa procedimental penal glosada precedentemente, se puede establecer que el recurso de apelación de medidas cautelares, posee las siguientes características:
- Es un recurso de alzada pues es conocido por el órgano jurisdiccional superior en grado del que dictó la resolución impugnada.
- Se dirige contra resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares.
- No versa sobre cuestiones nuevas sino que está referido al contenido de la resolución impugnada y a aquello que se declaró en el fallo. En coherencia con lo señalado, es posible concluir que la norma contenida en el art. 251 del CPP, prevé el recurso de apelación contra resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares; por lo mismo, no podría versar sobre cuestiones ajenas a estas en razón a que la competencia del Tribunal de apelación está circunscrito al contenido de la resolución impugnada, es decir, a revisar y modificar en su caso la resolución que impuso dichas medidas. En tal virtud, dada la naturaleza del recurso de apelación de medidas cautelares, éste sólo debe constreñirse a resolver la impugnación de la decisión que determine la aplicación de alguna medida cautelar, entre ellas, la detención preventiva”» (las negrillas nos corresponden).
La parte accionante, denuncia la vulneración de los derechos de su hijo a la libertad, a la defensa, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación de las resoluciones, “…a una justicia plural, pronta, oportuna y transparente (sic)”; y al principio de presunción de inocencia; puesto que, luego de efectuarse la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de 24 de abril de 2024 a las 9:00 horas, contra el accionante, la autoridad judicial ahora accionada estableció su detención preventiva, determinación que -a su criterio-carecería de motivación y fundamentación que debe tener toda resolución que dispone la restricción a la libertad de una persona. Ahora bien, de acuerdo al objeto procesal de la presente acción de libertad, la madre por su hijo -accionante- pretende que se deje sin efecto el Auto Interlocutorio de 24 de abril de 2024, emitida por el Juez ahora accionado, ante el supuesto que el citado Auto Interlocutorio vulneraría los derechos de éste al ser pronunciado sin una debida motivación y fundamentación respecto a la determinación a su detención preventiva, pretendiendo igualmente que se disponga la libertad del “menor” José Armando Jaldin -accionante-; en ese contexto, se debe señalar que conforme a la escasa documentación que cursa en antecedentes, se pudo evidenciar de la Cédula de Identidad que el accionante nació el 8 de septiembre de 2005, en la localidad de Laguitas, Andrés Ibáñez del departamento de Santa Cruz; por lo que al momento de la interposición de la presente acción de libertad el nombrado, contaba con dieciocho años y siete meses de edad, razonamiento necesario que corresponde realizar a efecto de determinar que ya no es menor de edad, y bajo esa categoría poder establecer que en su caso es aplicable el procedimiento previsto por el Código de Procedimiento Penal y no así el Código Niña, Niño y Adolescente, normativa especial que conforme a su art. 267.I, estableció que las disposiciones de ese Código se aplicaran a adolescentes a partir de catorce años de edad y menores de dieciocho años, sindicados por la comisión de hechos tipificados como delitos; es decir, que se configura una jurisdicción especializada en la aplicación de procedimientos especiales que permiten una intervención jurídica diferente a la prevista en el Código de Procedimiento Penal, cuando se traten de menores que se encuentran en esa categoría. En ese sentido, en el presente caso no existe óbice para no aplicar de manera excepcional el principio de subsidiariedad de la acción de libertad; puesto que, lo que se está cuestionando es el Auto Interlocutorio de 24 de abril de 2024, emitido por el Juez ahora accionado por el cual se dispuso la detención preventiva del accionante en CERVICRUZ; por consiguiente, corresponde en coherencia con lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que esa decisión sea impugnada a través del recurso de apelación incidental, al resultar y ser el medio idóneo y específico para cuestionar decisiones que dispongan, modifiquen o rechacen medidas cautelares, conforme con el art. 251 del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que indica que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas; lo que no sucedió en el presente caso, ya que la parte accionante denunció la vulneracion a los derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación de las resoluciones, “…a una justicia plural, pronta, oportuna y transparente”(sic); y el principio de presunción de inocencia, lo cual debió ser cuestionado en la vía ordinaria a través del recurso de apelación incidental, y no activar de manera directa la presente acción de defensa con el objetivo que sea la jurisdicción constitucional la cual revise la referida resolución, sin considerar que la acción de libertad no constituye una vía alterna a los mecanismos y vías de impugnación existentes en las instancias ordinarias, conforme lo señaló el Código de Procedimiento Penal, ante lo cual correspondía que ese active la jurisdicción ordinaria penal y presentar el recurso de apelación incidental a efecto de que el Tribunal de alzada, conozca y revise la decisión cuestionada de ilegal y lesiva a los derechos del accionante con la finalidad de corregir en el marco de sus facultades errores procedimentales, apreciaciones subjetivas de la norma, entre otros, y que le confiere el Código de Procedimiento Penal. Por lo señalado, el accionante al acudir de manera directa a la acción de libertad sin previamente agotar los medios de impugnación ordinarios previstos por la norma adjetiva penal para impugnar la resolución que determinó su detención preventiva, implica la inviabilidad de un análisis de fondo de la problemática ahora planteada, debiéndose denegar la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó analizar el fondo de lo denunciado por la parte accionante En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03 de 25 de abril de 2024, cursante de fs. 20 a 21, pronunciada por la Jueza Pública Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido, de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primera de La Guardia del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0820_2024-S3.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): b973e30cef2a891e3b3687612761be20f606e296624a3c62e494fb84dd0b63bd
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