B.IA.LEGAL

SCP 0819/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 14 de julio de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
14 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
74332-2025-149-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida libre de violencia, integridad física y psicológica y al debido proceso; puesto que, los Jueces Técnicos ahora accionados emitieron la Sentencia 14/2025 de 16 de mayo, condenando a su agresor a la pena de tres años de presidio por el delito de lesiones graves y leves, obviando el contexto de violencia sistemática, tortura física y psicológica, y tentativa de feminicidio que sufrió y las pruebas existentes -placas fotográficas, pericia psicológica, certificados médicos forenses con un total de treinta días de incapacidad médico legal entre otras-; es decir, que juzgó sin perspectiva de género al momento de realizar la valoración de la prueba y al determinar la sanción impuesta. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La tutela inmediata del derecho a la vida, en el marco del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; b) La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 18/2025 de 5 de junio, cursante de fs. 188 a 190 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

a) Disponer dejar sin efecto la Sentencia 14/2025 de 16 de mayo, y que los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz pronuncien nueva sentencia en el marco de los fundamentos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, salvo que, como emergencia de un posible recurso de apelación restringida contra la citada Sentencia, se hubiese pronunciado una nueva sentencia, y que la misma, sea compatible con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La tutela inmediata del derecho a la vida, en el marco del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación
  2. III.2. La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0819/2025-S1 Sucre, 14 de julio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 74332-2025-149-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 18/2025 de 5 de junio, cursante de fs. 188 a 190 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Tatiana Elizabeth Rocha Choquehuanca contra María Angélica Sánchez Rojas, Charlin Tapia Franco y José René Quezada Ribera, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante, por memorial presentado el 4 de junio de 2025, cursante de fs. 137 a 142, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Cristhian Emilio Cáceres Gordillo, por la presunta comisión de los delitos de feminicidio en grado de tentativa, lesiones graves y leves, y violencia familiar o doméstica, previstos y sancionados por los arts. 252 bis.1, 4 y 5 en relación al art. 8; 271 en relación al art. 20; y, 272 bis.1.; todos del Código Penal (CP), inició debido a que, el 13 de abril de 2024, fue víctima de tratos crueles e inhumanos por parte de su agresor Cristhian Emilio Cáceres Gordillo, con quien mantuvo una relación sentimental de noviazgo, el nombrado le escribió a su WhatsApp para que vaya a su casa, indicándole que tenían que aclarar un asunto respecto a una denuncia que el nombrado le iniciaría al dueño de un gimnasio. El 13 de mayo de 2025, se desarrolló el juicio oral, público y contradictorio de manera virtual para su abogado, a pesar que el nombrado solicitó la suspensión dicha audiencia; debido a que, por fuerza mayor, debido a la cancelación de su vuelo, no pudo llegar desde la ciudad de La Paz a la ciudad de Santa Cruz, con lo que se vulneró su derecho a la defensa técnica; es más previo al inicio del referido juicio, los familiares del acusado conversaron abiertamente en pasillos que solamente se le impondría la pena de tres años -de presidio-, lo que implica posibles filtraciones o decisiones preconfiguradas que afecta el principio de imparcialidad. Los Jueces técnicos ahora accionados emitieron la Sentencia 14/2025 de 16 de mayo, condenando al acusado a la pena de tres años de presidio por el delito de lesiones graves y leves, señalando audiencia para el 15 de mayo de 2025 para liberar al acusado a través de la suspensión condicional de la pena, favoreciéndolo con una pena mínima para ese tipo penal y con ello logre su libertad, obviando el contexto de violencia sistemática, tortura física y psicológica, y tentativa de feminicidio, a pesar que existen pruebas como el informe de acción directa, placas fotográficas, nota en una receta médica, informe psicológico, certificado médico forense con veinte días de incapacidad médico legal, certificado médico forense donde se amplía diez días más su incapacidad, haciendo un total de treinta días de incapacidad médico legal, pericia psicológica, además de su declaración en cámara Gesell como anticipo de prueba, pruebas que demuestran las torturas, tratos crueles e inhumanos que sufrió y el intento de quitarle la vida de manera lenta y sistemática, dañando poco a poco su organismo con los golpes en la zona vital como es el estómago, los Jueces técnicos hoy accionados no juzgaron con perspectiva de género en la valoración de las pruebas y en la determinación de la sanción, ignorando obligaciones nacionales e internacionales, establecidos en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem Do Pará) y los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), lo que se constituye en una revictimización, minimiza los hechos denunciados, normaliza la violencia y favorece al agresor vulnerando principios fundamentales de protección reforzada hacia las mujeres víctimas de violencia.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida libre de violencia, integridad física y psicológica y al debido proceso; citando al efecto los arts. 15 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7 de la Convención de Belém do Pará.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se deje sin efecto la Sentencia 14/2025 de 16 de mayo.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 5 de junio de 2025, según consta en el acta cursante a fs. 185 a 187, se produjeron los siguientes actuados.

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de la acción de libertad y ampliándolo, manifestó que: a) Presentó esta acción de libertad bajo el lineamiento de la SCP 0209/2024-S2 de 31 de mayo, que habilita sin agotar la subsidiariedad que fue mencionada por los Jueces Técnicos ahora accionados; debido a que, su caso se trata del delito de violencia contra la mujer, que según el art. 15 de la CPE, toda mujer tiene derecho a vivir libre de violencia, así las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0033/2013 de 4 de enero, 0019/2018-S2 de 28 de febrero y “209/2024” y, b) Como solicitó la suspensión de la audiencia, indicó a sus testigos que no se hagan presentes; ya que, irían envano; además, tenía prueba extraordinaria para presentar la que se encontraba en su poder; c) Vivió cinco días de tortura donde el acusado primero, procedió a sonarle con un cinturón hasta reventarle los glúteos, le orinó y le escupió en la cara, la obligó a que mienta a su madre, obligó a quedarse en su casa, al día siguiente le volvió a pegar, la obligó a comer comida de perro, su agresor le hacía ir a su casa antes de ir a su trabajo para golpearle con el cinturón hasta reventarle nuevamente sus gluteos, tratos inhumanos y crueles que sufrió y se encuentran en el cuaderno de control jurisdiccional; d) En la Sentencia 14/2015, en el valor probatorio que se dio a las pruebas, se tiene la prueba 5.7 del muestrario fotográfico y muchas otras pruebas más, muy relevantes, donde se puede observar claramente las lesiones que sufrió la víctima y el objeto con el cual se causaron las lesiones, el grado de violencia se puede determinar con la existencia de sangre en la pared de la habitación donde habita el acusado; e) No se trata de dos ni tres días de impedimento, de la prueba PD 10 demuestra que veinticinco días después del hecho las secuelas y las heridas que presentó la víctima todavía no se habían curado lo que derivó en la ampliación de los días de incapacidad médico legal; f) Se le acusó por el delito de feminicidio en grado de tentativa; puesto que, no solamente le causó lesiones en los glúteos, sino que su agresor le propinó puñetes y patadas, así se tiene de la prueba PD7 en el informe psicológico, como en la pericia que se ha presentado, alrededor de diez puñetes y diez patadas todos los días y la víctima ya estaba escupiendo sangre, cuando le indicó eso a su agresor éste le dijo que no le diga nada a su madre que él iba a ir, y fue cuando lo aprehendieron; g) Existió intento de feminicidio, violencia familiar o doméstica; debido a que, el acusado era su novio, se trata de un delito establecido en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, un delito especial donde debe considerarse el art. 7 de la Convención de Belém Do Pará conforme a los estándares internacionales; h) La Sentencia 14/2025, no consideró la violencia que sufrió de manera sistemática durante cinco días, tampoco la gravedad de las lesiones físicas, psicológicas, ni sexuales que sufrió y se le victimizó al imponer una pena mínima que es incompatible con el daño sufrido, y existe riesgo de impunidad al poder otorgarse la suspensión condicional de la pena, lo que está contra la norma; puesto que, no se dio una pena adecuada conforme a los estándares internacionales; e, i) Su autoridad bajo el principio de logicidad y razón debe valorar la prueba conforme el art. 173 del CPP; ya que, no se realizó la debida valoración, más aun cuando se dio una pena por un delito ordinario cuando se juzgó en un Tribunal de violencia contra la mujer; además, lo más sorprendente es que dispusieron terapia psicológica al acusado, cuando su persona no puede salir de su casa y debería ser el acusado quien pague la terapia psicológica de su persona.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

María Angélica Sánchez Rojas y Charlin Tapia Franco, Juezas Técnicas del Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe de 5 de junio de 2025, cursante a fs. 151 y vta., manifestaron que: 1) El 13 de mayo de 2025, se llevó a delante el juicio oral, público y contradictorio en el proceso de referencia, donde se emitió la Sentencia 14/2025 de 16 de mayo, la cual fue notificada en el domicilio real de la víctima -accionante- el 4 de junio de citado año encontrándose activada la vía ordinaria para que la accionante pueda recurrir en apelación restringida contra dicha Sentencia; por lo que, no corresponde que el Juez de garantías se pronuncie en el fondo, siendo que le corresponde al Tribunal de alzada resolver la referida apelación que demande la accionante; 2) Se debe agotar la subsidiariedad para que la accionante pueda acudir a la vía constitucional de forma directa, así las Sentencias Constitucionales 0181/2005-R -de 3 de marzo- y 0080/2010-R -de 3 de mayo-señalan que cuando en la jurisdicción ordinaria existen medios y mecanismos de impugnación que de manera inmediata puedan restituir el derecho reclamado de vulnerado deben ser utilizados; y, 3) Se deniegue la tutela solicitada al no haberse agotado la subsidiariedad que establece el procedimiento. José René Quezada Ribera, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de libertad, ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 150.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 18/2025 de 5 de junio, cursante de fs. 188 a 190 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamento: i) Evidentemente el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que cuando se reclama la vulneración del derecho a la vida y cuando se trata de derechos inmersos dentro la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, y cuando existan grupos vulnerables evidentemente se debe hacer abstracción de la subsidiariedad de ese mecanismo de defensa, debiendo hacerse un análisis de fondo de la solicitud planteada; sin embargo, ello no implica que al hacerse una abstracción de la subsidiariedad estén obligados a conceder la tutela solicitada, sino únicamente implica ingresar al fondo de la solicitud, en este caso lo que se está reclamando es que no se juzgó con perspectiva de género, que no se realizó una valoración de los elementos probatorios y que existe una vulneración al acceso a la justicia, principio de legalidad y además al derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación; ii) Con relación al derecho a la vida, es necesario hacer mención a la SC 0589/2011-R de 3 de mayo, bajo ese fundamento, si bien el reclamo del derecho a la vida evidentemente se tutela a través de la acción de libertad, es necesario que se deba probar de manera efectiva, su sola enunciación no activa el análisis de fondo, en este caso no se escuchó a la accionante mencionar, ni presentar algún elemento probatorio a objeto de poder determinar que los Jueces Técnicos hoy accionados vulneraron el derecho a la vida de la accionante, cuando debieron acreditar de manera objetiva que existe lesión a su derecho a la vida atribuible a la parte accionada, se presentaron fotografías que cursan en el cuaderno procesal; empero, estas atañen al fondo del proceso penal; sin embargo, cuando se reclama dentro una acción de libertad se debe demostrar de manera fehaciente a través de elementos objetivos que la autoridad accionada vulneró el derecho a la vida, lo que no fue acreditado, ni probado por la accionante; y, iii) Con relación al derecho al debido proceso la accionante reclama falta de fundamentación y valoración de la prueba presentada en el proceso penal por parte del Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, al momento de dictarse la Sentencia 14/2025, en contra del procesado, al respecto es necesario señalar que, si bien el derecho al debido proceso se encuentra tutelado a través de los art. 115, 117.I y 180 de la CPE, el debido proceso es un elemento dinámico, que fue desarrollado a través de distintas líneas jurisprudenciales bajo el principio de progresividad; en ese entendido, el debido proceso puede ser tutelado cuando por la vía constitucional se reclama vulneración del juez natural, falta de fundamentación y motivación, falta de valoración de la prueba; sin embargo, el mismo Tribunal Constitucional -Plurinacional- estableció que cuando se reclama el derecho al debido proceso mediante la acción de libertad debe existir una vinculación con el derecho a la libertad, así la SCP 1609/2014 de 19 de agosto, al no haberse demostrado y al no cumplirse con los elementos que exige el debido proceso, considera que no existe ese vínculo directo que exige la jurisprudencia; debido a que, la accionante se constituye en la víctima del proceso penal.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante acuerdo jurisdiccional TCP-AJ-SP-01/2022 de 4 de febrero, se dispuso la priorización en el sorteo de causas relativas a Violencia Feminicida a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial de 19 de abril de 2024, dirigido al “JUEZ DE TURNO DE INSTRUCCIÓN PENAL, ANTICORRUPCION Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES DE LA CAPITAL”, la Fiscal de Materia informó el inicio de investigaciones e imputación formal contra Cristhian Emilio Cáceres Gordillo por la presunta comisión de los delitos de feminicidio en grado de tentativa, lesiones graves y leves, y violencia familiar o doméstica, previstos y sancionados por los arts. 252 bis.1 en relación al art. 8; 271 en relación al art. 20; y, 272 bis.1; todos del CP (fs. 89 a 93). II.2. Por Requerimiento Conclusivo de Acusación de 7 de agosto de 2024, dirigido al Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, la Fiscal de Materia acusó a Cristhian Emilio Cáceres Gordillo por la presunta comisión de los delitos de feminicidio en grado de tentativa, lesiones graves y leves, y violencia familiar o doméstica, previstos y sancionados por los arts. 252 bis.1, 4 y 5 en relación al art. 8; 271 en relación al art. 20; y, 272 bis.1; todos del CP (fs. 94 a 99 vta.). II.3. A través de la Sentencia 14/2025, María Angélica Sánchez Rojas, Charlin Tapia Franco y José René Quezada Ribera, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora accionados-, declararon a Cristhian Emilio Cáceres Gordillo autor y culpable de la comisión del delito de lesiones graves y leves, previsto y sancionado por el art. 271 del CP y en aplicación a lo previsto por el art. 365 del CPP, pronunciaron Sentencia Condenatoria al resultar la prueba producida en el juicio oral, público y contradictorio suficiente para adquirir plena convicción de su responsabilidad, imponiéndole en consecuencia la pena de tres años de privación de libertad que debe cumplir en el Centro Penitenciario Palmasola de -Santa Cruz-, así como el pago de costas en favor del Estado y el resarcimiento de los daños civiles ocasionados en favor de la víctima -Tatiana Elizabeth Rocha Choquehuanca hoy accionante-. Por otro lado, en observancia del art. 31 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- se dispuso la aplicación de terapia psicológica para el sentenciado por el servicio de asistencia psicológica dependiente de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario durante el tiempo que los especialistas de dicho Servicio consideren pertinente incluso después de cumplido con su pena privativa de libertad. Asimismo, se le impone las siguientes medidas de protección en favor de la víctima -accionante- previsto por el art. 35.6 de la referida Ley, la prohibición del sentenciado de comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas a la víctima -accionante- que se encuentra en situación de violencia, así como a cualquier integrante de su familia (fs. 118 a 130 vta.). II.4. Cursa Acta de Registro del Lugar de los Hechos de 18 de abril de 2024, por el investigador asignado al caso de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia ([FELCV] fs. 17). II.5. Consta Muestrario Fotográfico por el investigador asignado al caso, que fueron tomadas en oficinas de la FELCV EPI-5 el 18 de abril de 2024 (fs. 18 a 20); asimismo, fotografías del lugar del hecho de 19 de igual mes y año (fs. 21 a 23). II.6. Cursa Entrevista Psicológica de 19 de abril de 2024, realizada a la accionante por la Psicóloga de los Servicios Legales Integrales Municipales, Dirección de Asuntos Generacionales de la Secretaria Municipal de Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz (fs. 25 a 44). II.7. Por Certificado Médico Legal Forense de 19 de abril de 2024, emitido por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), realizado a la accionante se concluyó que la nombrada presentó policontusiones, excoriaciones y equimosis complejas, otorgándole veinte días de incapacidad médico legal a partir de los hechos (fs. 82 a 84). Asimismo, en el Certificado Médico Legal Forense de ampliación del IDIF de 24 de mayo de igual año, concluyó que la accionante presenta síndrome compartamental en resolución glúteo izquierdo, escara pos traumática de glúteo izquierdo y lesión primaria de piel en el glúteo derecho, se sugirió valoración por cirugía plástica y reconstructiva de cinco meses y continuar con el tratamiento médico especializado, ampliando diez días a la incapacidad médico legal, sumando treinta días desde el día de los hechos, sujeto a evaluación (fs. 36 a 38). II.8. Por Informe de 19 de abril de 2024 emitido por el investigador asignado al caso de la FELCV-EPI 5, se comunicó la apertura del caso 372/2024 correspondiente a la denuncia formulada por la accionante contra Cristhian Emilio Cáceres Gordillo (fs. 7 a 10). II.9. Cursa Dictamen Pericial Psicológico del IDIF de la Fiscalía General del Estado de 12 de agosto de 2024, realizado a la accionante dentro el proceso investigativo que sigue el Ministerio Público contra de Cristhian Emilio Cáceres Gordillo (fs. 45 a 80). II.10. Constan dos hojas de receta donde la víctima pidió ayuda (fs. 12 y 13).

II.11. Cursan Placas fotográficas de la accionante, entre las cuales se encuentran las incluidas en el Muestrario Fotográfico realizado por el investigador asignado al caso, que fueron tomadas en oficinas de la FELCV EPI-5 (fs. 2 a 6).

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida libre de violencia, integridad física y psicológica y al debido proceso; puesto que, los Jueces Técnicos ahora accionados emitieron la Sentencia 14/2025 de 16 de mayo, condenando a su agresor a la pena de tres años de presidio por el delito de lesiones graves y leves, obviando el contexto de violencia sistemática, tortura física y psicológica, y tentativa de feminicidio que sufrió y las pruebas existentes -placas fotográficas, pericia psicológica, certificados médicos forenses con un total de treinta días de incapacidad médico legal entre otras-; es decir, que juzgó sin perspectiva de género al momento de realizar la valoración de la prueba y al determinar la sanción impuesta. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La tutela inmediata del derecho a la vida, en el marco del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; b) La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. La tutela inmediata del derecho a la vida, en el marco del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación

La SCP 0019/2018-S2 de 28 de febrero, señala que: “De acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, por regla, esta acción tutelar no se rige por el principio de subsidiariedad; sin embargo, ante la existencia de mecanismos idóneos de protección para los derechos presuntamente lesionados, el agraviado debe acudir previamente a los mismos, solicitando la tutela o la reparación de sus derechos considerados conculcados; y en su defecto, si tales mecanismos fueren ineficaces, inoportunos, inconducentes e inidóneos, es posible activar la jurisdicción constitucional a través de la presente acción tutelar.

Más aun considerando la importancia del derecho a la vida, como objeto de protección de la acción de libertad, el entendimiento asumido por este Tribunal señala que, ante la denuncia de su vulneración, no es aplicable la excepción de subsidiariedad; por lo que, es posible activar de manera directa la jurisdicción constitucional, pese a existir mecanismos ordinarios de protección; conforme a lo establecido en el art. 125 de la CPE, que dispone: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro (…) podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’.

Respecto a esta temática, el razonamiento jurisprudencial reiterado por el Tribunal Constitucional -SSCC 0008/2010-R de 6 de abril, 0080/2010-R de 3 de mayo y 0589/2011-R de 3 de mayo, entre otras- ha precisado que, al tratarse de la tutela del derecho a la vida, de cuyo ejercicio depende el goce de otros derechos, bajo ningún argumento puede aplicarse la excepción de subsidiariedad de la presente garantía jurisdiccional, lo cual compele a esta jurisdicción, efectuar el respectivo trámite, dejando de lado cualquier otro mecanismo ordinario de protección existente para ello. Ahora bien, en relación a qué elementos se adscriben al ámbito de protección del derecho a la vida, la SCP 0033/2013 de 4 de enero refiere que: ‘…el derecho a la vida más allá de representar la interdicción de la muerte arbitraria, implica la creación de condiciones de vida por parte del Estado; el cual no debe escatimar esfuerzos en todos sus niveles para garantizar en la medida de lo posible, la subsistencia con dignidad de todas las personas, aspirando a consolidar el vivir bien, utilizando todos los mecanismos de los que dispone’.

Consecuentemente, garantizar el derecho a la vida no implica solamente el prohibir su privación, sino que conlleva que la persona involucrada acceda a condiciones que le permitan el ejercicio de otros derechos y de todos los componentes imprescindibles para garantizar el goce efectivo de una vida con dignidad. En este contexto, el Estado asume un doble rol; primero, garantizar que las personas no sean privadas de ese derecho; y segundo, implementar simultáneamente políticas para garantizar una vida digna.

A partir del desarrollo anterior, se puede establecer que un elemento nocivo al ejercicio de una vida digna, es la desigualdad material a la que se enfrentan las mujeres, debido a que históricamente sobre la diferencia de sexo, se construyeron roles, estereotipos e instituciones desde una visión patriarcal, que ha dado lugar a la discriminación en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Frente a ello, el Estado y la sociedad asumen una tarea importante de deconstruir estas concepciones, de erradicar la discriminación y violencia que aqueja a este sector de la población. Por lo que, ante la igualdad formal que reconoce el constituyente -art. 13.III de la CPE- y sobre el hecho que ya existe una importante tradición jurisprudencial que así lo consagra, el problema latente sigue presentándose respecto a una igualdad material o de hecho, que supone reconocer un derecho subjetivo fundamental a recibir un trato jurídico desigual y favorable para conseguir la igualdad en las condiciones reales de la existencia, lo cual se extrae a partir de una interpretación sistemática del texto constitucional.

En ese contexto, este Tribunal, al resolver una acción de amparo constitucional, pronunció la señalada SCP 0033/2013, otorgando la tutela de manera directa, en razón que los mecanismos de la vía ordinaria no resultaron efectivos en el establecimiento de medidas de protección a una mujer víctima de violencia; por lo que, correspondía reforzar su protección jurídica, entendimiento que por el carácter tutelar de esta acción, resulta extensivo al trámite de la acción de libertad; más aun, si se toma en cuenta los bienes jurídicos que se hallan inmersos en su ámbito de su protección.

Por estas razones, al tratarse de aquellos casos en los que se hallen involucradas mujeres en situación de violencia, que ponga en riesgo su derecho a la vida, es posible acudir directamente a la jurisdicción constitucional en busca de tutela inmediata” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico

La SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, establece que: “La comisión de un hecho delictivo y su correspondiente denuncia o descubrimiento, constituye el germen del proceso penal, y la víctima es la persona a quien el Estado debió proteger, para impedir que en su contra se consumara el atentado al bien jurídico tutelado; de ahí, que si bien la protección de los derechos del acusado es fundamental dentro del proceso penal; empero, también es necesario precautelar los derechos de la víctima; por ello, no puede dejar de abordarse el problema jurídico material que dio inicio al proceso penal, equilibrando los derechos del imputado y de la víctima, en particular, en delitos de violencia contra la mujer; en los cuales, el Estado, a través de las instancias de investigación, de acusación y de juzgamiento, tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, en el marco de las normas constitucionales y los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos.

En ese marco, es importante desarrollar los derechos de las víctimas en un Estado Constitucional, y de manera concreta, el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y el consiguiente deber del Estado y la sociedad, de eliminar toda forma de violencia en razón de género.

III.1.1. El equilibrio entre los derechos de la víctima y del imputado en el Estado Constitucional y su análisis en las acciones

de defensa

Con referencia a los derechos de las víctimas de un delito, la SC 0815/2010-R de 2 de agosto, señala que la Constitución Política del Estado vigente, asume una nueva visión de protección a las mismas; pues, si bien el Estado asume el ius puniendi -poder punitivo-, cobran importancia trascendental los derechos de la víctima; pues, conforme al art. 121 de la CPE, tiene derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. Asimismo, la indica SC 0815/2010-R, hizo referencia a la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia Para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985.

Dicha Declaración, establece los derechos de las víctimas, entre ellos, el acceso a la justicia y trato justo; según el cual: Acceso a la justicia y trato justo

4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.

En el marco de dicho derecho, la referida Declaración señala también que:

6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas:

a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información;

b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente;

c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial;

d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia;

e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. (…).

A partir de dichas normas, la SC 0815/2010-R antes citada, concluyó que el derecho procesal penal, no solo debe operar como manifestación del poder sancionador del Estado, a favor del incriminado, sino, que debe procurar también por los derechos de la víctima, haciendo: ‘…compatibles los intereses de ambos sujetos procesales, pues, el perjudicado con el delito no puede convertirse en una pieza suelta e ignorada por la política criminal del Estado ya que, como se ha explicado, los derechos de los sujetos procesales constituyen valores y principios reconocidos por la Constitución Política…’.

En la misma línea, la SC 1388/2011-R de 30 de septiembre, señala que todo hecho punible, genera una colisión entre las garantías fundamentales de la víctima, del imputado, y en último término, de la sociedad; por ello: …se requiere lograr un justo equilibrio entre los derechos constitucionales de la víctima y las garantías procesales del imputado, que naturalmente nadie niega y todos deben respetar; así encontramos entre los valores en el que se sustenta el Estado Plurinacional, el ‘equilibrio’ y ‘el bienestar común’ reconocidos por el art. 8.II de la CPE; valores éstos que forman parte del concepto ‘buen vivir’ y del modelo Boliviano de ‘Estado de Derecho del vivir bien’, asumiendo el Estado una responsabilidad fundamental.

En el marco de la jurisprudencia anotada precedentemente, es evidente que en las diferentes acciones de defensa, que llegan a conocimiento de la jurisdicción constitucional, emergentes de procesos penales, no se debe pasar por alto el equilibrio que se busca entre los derechos del imputado y de la víctima; especialmente, cuando éstos se encuentran en conflicto. En ese sentido, ya sea que la acción de defensa sea presentada por la víctima o por el imputado, este Tribunal debe considerar los derechos de la otra parte dentro del proceso penal; y por ende, sus resoluciones no pueden limitarse a analizar el problema jurídico planteado en la acción de defensa de manera unilateral, sino también, examinando el contexto y los derechos en conflicto, cuando corresponda; más aún, tratándose de los casos de violencia hacia las mujeres, en los cuales, se deben aplicar los estándares internacionales e internos para la tutela de sus derechos, conforme se analizará en el siguiente fundamento.

III.1.2. El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género

La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural, resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; ya que en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad.

Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fueron transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello, nos demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades, y que el Estado no puede desatender.

Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, establece: ‘…la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos…’. Asimismo, señala que esta clase de violencia:

…constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto de hombre.

Esta Declaración, entiende por violencia contra la mujer, a todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada.

Así los Estados Partes; por una lado, deben identificar los actos que constituyen violencia y su carácter vulnerador de los derechos humanos; y por otro, su procedencia específica de las pautas culturales, en concreto, de la visión patriarcal, que atribuye diferentes características y roles a mujeres y varones, ubicándolos en una jerarquía distinta, en la que el varón ostenta un lugar superior, mientras se perpetúa la condición inferior que se le atribuye a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad.

Estos elementos fueron evidentes para el constituyente boliviano, incidiendo en el reconocimiento de derechos; de modo tal, que la Constitución Política del Estado, contienen en su catálogo de derechos fundamentales, específicamente en el art. 15, la disposición que señala:

I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual (…)

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad;

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…) tanto en el ámbito público como privado (…).

El reconocimiento de los derechos a la integridad física, psicológica y sexual; y, a una vida digna, no podría adquirir efectividad en un escenario de violencia; razón por la que, se requiere del Estado, acciones positivas -medidas legislativas, administrativas, entre otras-, que atenúen esta situación, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los mismos.

Ahora bien, una de las pautas que guían a la justicia constitucional, es el principio de interpretación conforme a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos; por el cual, las normas internas deben ser interpretadas sobre la base no solo del texto constitucional, sino también, de las disposiciones normativas consignadas en los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, a partir de lo dispuesto en los arts. 13 y 256 de la CPE y a la aplicación preferente de los Tratados Internacionales en Derechos Humanos, siempre que el reconocimiento o interpretación que derive de éstos, contenga un estándar de protección más favorable al derecho en cuestión.

En ese marco, a continuación se anotarán algunos de los estándares más importantes, aplicables al caso, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y las obligaciones que genera para el Estado:

i) Debida diligencia: El Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), supervisa el cumplimiento de las normas contenidas en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la cual, se constituye en el instrumento jurídico internacional del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que significó un importante avance en el reconocimiento de la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres.

El CEDAW, emitió la Recomendación General 19 de 29 de enero de 1992 -sobre La Violencia Contra la Mujer-; la cual, afirma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, que impide gravemente que ésta, goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre; y que dicha violencia, conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres, y cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. El mismo CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el Acceso de las Mujeres a la Justicia, encomendó a los Estados a ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar.

Por su parte, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), en su art. 7, establece, entre otras, las obligaciones de los Estados de:

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (…).

Asimismo, el Estado boliviano al ratificar la Convención de Belém do Pará, mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994; por ende, asume la norma de la debida diligencia; en ese sentido, la violencia hacia la mujer es un asunto que compromete y responsabiliza al mismo, que está obligado a realizar acciones -legislativas, administrativas y judiciales- para prevenir, intervenir, erradicar y sancionar los diferentes tipos de violencia ejercidos contra la mujer, entre ellos, la violencia en la familia. Para ello y como punto de partida, se dejó atrás aquella postura pasiva, en la cual, se sostenía que por principio, todas las cuestiones relativas a la familia formaban parte de la esfera privada de sus integrantes, y por lo tanto, estaban exentas de toda intromisión estatal.

En Bolivia, esta problemática inicialmente fue abordada desde la perspectiva privada, a partir de la promulgación de la Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica -Ley 1674 de 15 de diciembre de 1995-.

Posteriormente, a través de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, dada la gravedad e intensidad de la violencia contra la mujer, se visibiliza a la misma como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, en el marco de lo dispuesto en su art. 3.I, que tiene el siguiente texto: ‘El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género’.

La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones internacionales, define como tareas específicas coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres, tanto en el nivel central como con las entidades territoriales autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género, que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad.

ii) Protección a las víctimas: El CEDAW, en la referida Recomendación General 19, señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de agresión contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos, para que apliquen la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer .

Por otra parte, la Convención de Belém do Pará, en el art. 7.d. y f. establece que los Estados tienen el deber de:

d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; (…)

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; (…).

iii) Sensibilidad de la justicia por temas de género -perspectiva de género-: El mencionado CEDAW, en la citada Recomendación General 33, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; asimismo, hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia; y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso.

En el mismo sentido, la Convención de Belém do Pará, en su art. 8, establece que los Estados Partes deben adoptar, entre otras, medidas específicas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, para contrarrestar prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas, que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer, que legitimizan o exacerban la violencia contra la misma; así, como para fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal, a cuyo cargo esté la concreción de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.

En el marco de lo anotado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Gonzáles y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, en la Sentencia de 16 de noviembre de 2009, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, estableció que debían removerse todos los obstáculos de jure o de facto -de derecho y hecho- que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales; además, que debía incluirse una perspectiva de género en la investigación.

Por ende, en los procesos penales, la perspectiva de género debe ser adoptada desde el inicio de la etapa preparatoria, tanto en el control jurisdiccional como en la fase de la investigación. iv) Reparación integral a la víctima: El CEDAW, también recomienda a los Estados Partes, establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos; atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos, que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Por su parte, la Convención de Belém do Pará, señala en su art. 7.g, la obligación para los Estados de establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia, tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Por tanto, la protección que otorgan los Estados, a través de este instrumento internacional, se extiende a los distintos momentos en los que se identifiquen indicios de violencia que afecta el ejercicio de los derechos de las mujeres, pero va más allá, ya que la simple sanción al agresor no resulta suficiente; pues lo que se busca, es la reparación y compensación justa del daño causado, superando la naturaleza sancionadora del hecho de violencia, encaminándose hacia un enfoque integral para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. Todo lo cual, representa la obligación de los Estados de adecuar sus estructuras orgánicas, procesos y procedimientos; y, de armonizarlos con la Convención de Belém do Pará; lo cual, aconteció con la Ley 348 en el caso boliviano, conforme se analizará en el punto siguiente.

III.1.3. Las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género

Los estándares anotados en el anterior Fundamento Jurídico, deben guiar la actuación de las y los servidores públicos de las diferentes instituciones y órganos del Estado, siendo necesario resaltar al estándar de la debida diligencia; pues, se generaron normas de desarrollo internas, contenidas en la Ley 348, que deben ser aplicadas de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género.

Así, la Ley 348, en el Título IV sobre Persecución y Sanción Penal, en el Capítulo I, hace referencia a la denuncia, estableciendo específicamente en su art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellas:

ARTÍCULO 45. (GARANTÍAS). Para asegurar el ejercicio de todos sus derechos y su efectiva protección, el Estado garantizará a toda mujer en situación de violencia: (…)

3. El acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de las autoridades ordinarias o indígena originario campesinas y afrobolivianas. (...)

7. La protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la investigación del hecho. 8. La averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia. (…).

La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones -del mismo Título I-, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante; norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razón género dentro del ámbito público y no privado; por ello, aun la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público; pues, dichas afirmaciones vulneran no solo la norma expresa contenida en el citado art. 59 de la Ley 348, sino también, el principio de la debida diligencia; la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres; y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

De igual modo, en el Capítulo III sobre Persecución Penal -del referido Título I-, específicamente en el art. 61 de la Ley 348, se determina que además de las atribuciones comunes establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones, entre otras, las siguientes medidas:

1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito.

2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad.

3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción.

Por otra parte, en el Título V sobre Legislación Penal, en el Capítulo III, específicamente en el art. 86 de la Ley 348, se establecen los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que:

ARTÍCULO 86. (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales:

1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortes, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas. 2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento. 3. Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales. 4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad. 5. Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima. 6. Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos. 7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia. 8. Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización. 9. Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables. 10. Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente. 11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. 12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público.

13. Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas. 14. Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho. 15. Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia (el resaltado es nuestro). En el mismo Capítulo III -del referido Título V-, respecto a las directrices de procedimiento, en el art. 87.4 de la referida Ley 348, se dispone que en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos (IOC), se aplicarán, entre otras, la siguiente directriz: ‘Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres’. Esta obligación se complementa con lo previsto en el art. 90 de la Ley 348, que determina que todos los delitos contemplados en el referido cuerpo normativo, son de acción pública; de ahí, el deber no solo de perseguir de oficio, sino también, de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de los hechos de violencia hacia las mujeres; obligación, que se refuerza con lo previsto por el art. 94 de dicha Ley 348, que con el nombre de Responsabilidad del Ministerio Público, señala que:

Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización.

En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención.

La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo.

De lo anotado, se concluye que en el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la misma, la prohibición de revictimización y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima.

Además, cabe señalar, que en la adopción de medidas cautelares, se debe privilegiar la protección y seguridad de la mujer durante la investigación; entendimiento que ya fue plasmado en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, que al momento de establecer los criterios de peligro para la víctima, contenidos en el art. 234.10 del CPP, señaló en su Fundamento Jurídico III.2, que:

a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante;

III.1.4. El enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa

Los principios y garantías procesales a favor de las víctimas mujeres de violencia, que fueron descritos en el anterior Fundamento Jurídico, no solo se aplican a los procesos penales, sino, como manda la misma Ley 348, a todas las causas por hechos de violencia contra las mujeres, en todas las materias; consiguientemente, también en la justicia constitucional; pues, en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres;

de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano.

Entendimiento, que es coherente con el principio de verdad material contemplado en el art. 180.I de la CPE, a partir del cual, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la o el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos, encontrando la verdad de los hechos, por encima de mecanismos formales o procesales; con la finalidad que las partes, accedan a una justicia material, eficaz y eficiente. Así, la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, entendió en el Fundamento Jurídico III.3, que el contenido del principio de verdad material:

…implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja, parcialice o distorsione la percepción de los hechos a la persona encarga de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta e irrazonable que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos de aplicar, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal.

El principio de verdad material no solo es predicable respecto a las o los jueces, sino, que como todo principio, se irradia hacia la actividad de las y los diferentes operadores jurídicos, cuyas actuaciones se enmarcan en la debida diligencia, en el marco de los estándares de la Corte IDH y lo previsto expresamente por el art. 86.11 de la Ley 348; según el cual, las decisiones administrativas o judiciales, que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, deben considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple.

En mérito a lo anotado, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, considera que en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia” (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida libre de violencia, integridad física y psicológica y al debido proceso; puesto que, los Jueces Técnicos ahora accionados emitieron la Sentencia 14/2025 de 16 de mayo, condenando a su agresor a la pena de tres años de presidio por el delito de lesiones graves y leves, obviando el contexto de violencia sistemática, tortura física y psicológica, y tentativa de feminicidio que sufrió y las pruebas existentes -placas fotográficas, pericia psicológica, certificados médicos forenses con un total de treinta días de incapacidad médico legal entre otras-; es decir, que juzgó sin perspectiva de género al momento de realizar la valoración de la prueba y al determinar la sanción impuesta.

De la revisión de antecedentes se tiene que mediante memorial de 19 de abril de 2024, ante el Juez de la causa, la Fiscal de Materia informó el inicio de investigaciones e imputación formal contra Cristhian Emilio Cáceres Gordillo por la presunta comisión de los delitos de feminicidio en grado de tentativa, lesiones graves y leves, y violencia familiar o doméstica, previstos y sancionados por los arts. 252 bis.1 en relación al art. 8; 271 en relación al art. 20; y, 272 bis.1; todos del CP (Conclusión II.1.); posteriormente, el 7 de agosto de igual año, la Fiscal de Materia acusó formalmente a Cristhian Emilio Cáceres Gordillo por la presunta comisión de los delitos de feminicidio en grado de tentativa, lesiones graves y leves, y violencia familiar o doméstica (Conclusión II.2.); y, a través de la Sentencia 14/2025, los Jueces Técnicos ahora accionados, declararon al acusado Cristhian Emilio Cáceres Gordillo autor y culpable de la comisión del delito de lesiones graves y leves, previsto y sancionado por el art. 271 del CP y en aplicación de lo previsto por el art. 365 del CPP, pronunciaron sentencia condenatoria al haber resultado la prueba producida en el juicio oral, público y contradictorio suficiente para adquirir plena convicción de su responsabilidad, imponiéndole en consecuencia la pena de tres años de privación de libertad que debe cumplir en el Centro -Penitenciario- Palmasola de -Santa Cruz-, así como el pago de costas en favor del Estado y el resarcimiento de los daños civiles ocasionados en favor de la víctima -accionante-. Por otro lado, en observancia del art. 31 de la Ley 348 se dispuso la aplicación de terapia psicológica para el sentenciado por el servicio de asistencia psicológica dependiente de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario durante el tiempo que los especialistas de dicho Servicio consideren pertinente incluso después de cumplido con su pena privativa de libertad. Asimismo, se le impuso las siguientes medidas de protección en favor de la víctima -accionante- previsto por el art. 35.6 de la referida Ley, la prohibición del sentenciado de comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas a la víctima -accionante- que se encuentra en situación de violencia, así como a cualquier integrante de su familia (Conclusión II.3.).

Conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, cuando se trata de la protección del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación, los mecanismos de protección ordinarios resultan ineficaces; por lo que, es posible activar la jurisdicción constitucional a través de la presente acción tutelar de manera directa; es decir, no es aplicable la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, siendo que el Estado debe garantizar a las mujeres una vida digna, que implica recibir un trato igual y favorable para conseguir la igualdad en las condiciones reales de existencia, contrariamente a la desigualdad material que sufre dicho grupo vulnerable; por lo que, la justicia constitucional debe ejercer su rol garante de derecho y garantías constitucionales. Ahora bien, en virtud al examen integral del problema jurídico en casos que emerjan hechos de violencia en razón de género, determinado en el Fundamentó Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; se realizará el análisis del presente caso sin limitarse a la denuncia efectuada por la accionante, para establecer si en el proceso penal los Jueces Técnicos ahora accionados respetaron las normas nacionales e internacionales expuestas en el referido Fundamentó Jurídico ya citado, que tiene que ver con el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.

En ese entendido, se ingresará a analizar la Sentencia 14/2025 emitida por los Jueces Técnicos hoy accionados, denunciada por presuntamente ser vulneratoria a los derechos y garantías constitucionales de la accionante, como víctima de violencia en razón de género, es así que se tiene que, en el Considerando III de la fundamentación jurídica, de dicha Sentencia, luego de realizar la fundamentación descriptiva de la prueba, se expusieron los siguientes razonamientos respecto a la prueba: “De la valoración integral de los elementos probatorios, bajo las reglas de la sana crítica impuestas por la primera parte del art. 359 del Código de Procedimiento Penal, en base a la valoración descriptiva e intelectiva de la prueba, que cumple con las exigencias del art. 171 del Código Procedimiento Penal, se ha logrado demostrar que el 13 de abril de 2024 el acusado Cristhian Emilio Cáceres Gordillo llamó a la víctima a su domicilio donde la increpó en relación a la información que la víctima le habría proporcionado a una persona identificada como Erick sobre una denuncia que el acusado presentó en el SEDES por la supuesta comercialización de productos farmacéuticos vencidos y que no cumplen con el registro sanitario (PD1, PD5.9. PD7 [sic]).

“En estas circunstancias el acusado Cristhian Emilio Cáceres Gordillo habría empezado a golpear a la víctima en el rostro y en el abdomen provocando en la víctima una equimosis en el parpado inferior derecho (PD9, PD10 y PD12), manteniendo el interrogatorio en relación a qué información más habría proporcionado la víctima y en esas circunstancias el acusado procedió a golpear los glúteos y piernas de la víctima con cinturón en repetidas ocasiones ocasionando equimosis en el área de las piernas y glúteos y escoriaciones graves y extensas en el área de los glúteos (PD5.7, PD9, PD10, PD12) estas agresiones físicas sucedieron en el living de la casa del acusado Cristhian Emilio Cáceres Godillo (PD5.7.10, PD7) agresiones realizadas desde el 13 de abril de 2024 hasta el día 14 de abril de 2024 (sic).

Entre el día 13 de abril de 2024 y 18 de abril de 2024 el acusado obligó a la víctima a ir a su domicilio con amenazas y continuaban las agresiones físicas acusándola de traición por haber revelado información sobre el acusado y su familia (PD7), amenazando a la víctima que si hablaba sobre lo sucedido involucraría a su familia como demuestran las notas manuscritas en recetario médico (PD5.2) hasta que el día 18 de abril de 2024 formalizó denuncia ante la FELCV y se procedió a la aprehensión del acusado (PD4, PD5.3) y el registro del lugar del hecho habiendo secuestrado el cinturón con el que se produjeron las lesiones a la víctima (PD5.6, PB [sic]).

Valoración integral de los antecedentes probatorios bajo las reglas de la sana crítica impuestas por la primera parte del art. 359 del CPP en base a la valoración descriptiva e intelectiva de la prueba, que cumple con las exigencias del art. 171 del CPP, se ha logrado.

De lo que se colige que, la apreciación conjunta de la prueba fue realizada de manera demasiado limitada, lo que no permite llegar al conocimiento de la verdad histórica de los hechos, a pesar que al momento de realizar la fundamentación descriptiva de la prueba los Jueces Técnicos ahora accionados establecieron los hechos de forma más amplia, consignado no solo la agresión física que sufrió la accionante, que fue lo único que se consideró en esta parte de la Sentencia por los citados Jueces, sino otros aspectos importantes consignados en la misma Sentencia, entre los que esta que la víctima relató que: “…trajo CR/STHIAN un estilete, CRISTIAN me puso en mi cuello el estilete, CR/STHIAN estuvo 30 segundos con el estilete en mi cuello luego lo quito (…) me escupió en mi cara (…) CRISTHIAN saco su pene y me orino en la cara (…), luego CRISTHIAN me grabo, CRISTIAN me hizo decir mientras filmaba con su celular (vo sequía desnuda arrodillada): yo voy a estar muerta por culpa de Erick (…) CRISTHIAN me inyecto unos 3 ml de testosterona a mi nalga (…) vo seguía desnuda (…), me dolía mi cuerpo para ponerme mi ropa (…). Desde el día lunes (15-04-2014) (…) cuando llegaba a su cuarto CRISTHIAN me hacía desnudarme…” ([sic] entrevista psicológica de fs.

123 vta. a 125); empero, de la lectura de la propia prueba documental del Ministerio Público consistente en la entrevista psicológica de 19 de abril de 2024 (Conclusión II.6.) que fue corroborado por la prueba pericial, dictamen pericial Psicológico de la victima de 12 de agosto de citado año (Conclusión II.9.), que se constituyen en la prueba PD-7 y AP-1 en la Sentencia, dichos datos son aún más amplios de los descritos en la Sentencia, así se tiene que, las pruebas nombradas refirieron además que: “…CRISTHIAN me dijo sácate la ropa, CRISTHIAN me hizo arrodillarme (…) CRISTIAN empezó a darme con el cinturón en mis glúteos, a veces con la hebilla del cinturón, otras veces sin hebilla (…) se cansaba su mano de CRISTIAN de pegarme, descansaba y me volvía a pegar mis glúteos estaban sangrando, me dolía mucho (…) SALPICO mi SANGRE de mis glúteos A LA PARED porque cuando CRISTIAN levantaba el cinturón para pegarme de nuevo mi sangre salpicaba a la pared (…) CRISTHIAN me hizo echarme en su cama a lado de él, yo me quise tapar al nalga con mi pijama por miedo a que CRISTHIAN me siga golpeando (…) CRISTHIAN me dijo: quien te dijo que te tapes; así que tuve que dormir desnuda (…) afuera estaba lloviendo estaba frio (…) yo sentía frio y dolor (…) Del lunes a jueves CRISTHIAN me seguía pegando con el cinturón, desnuda, arrodillada seguía sangrando mis glúteos (…) CRISTHIAN lo puso su orín en un recipiente para que lo tome, la cantidad de un vaso más o menos tome, también me hizo comer la comida de su perro (…) mientras CRISTHIAN estaba comiendo panqueques, la comida de su perro con orin de CRISTHIAN lo puso en un posillito, yo comía esa comida y la comía porque tenía miedo que CRISTHIAN me golpee (…) Ayer CRISTHIAN me jalo mi pezón izquierdo con fuerza (…) ayer CRISTHIAN me metió una aguja a mi dedo índice izquierdo, me dijo: ya me cansé de tus nalgas, quiero que sufras otro tipo de dolor (…) me metió la aguja a mi dedo hasta lo más adentro que pudo yo me tuve que aguantar (…) Recuerdo que del sábado (13-04-2024) al jueves CRISTHIAN me jalaba del cabello y me arrastraba por su cuarto con sus 2 manos me arrancaba mechones del cabello y se reía (…) CRISTHIAN me quiso sacar una uña de mi pie con un alicate pero este alicate estaba fregado, no pudo sacarme la uña (…) ‘CRISTHIAN NUNCA DEJO QUE CICATRICE MI HERIDA EN MI GLUTEOS TODOS LOS DÍAS ME PEGABA’” (sic), lo que demuestra que los Jueces Técnicos ahora accionados omitieron valorar la prueba de forma íntegra, lo que derivó en la irrazonable valoración de la prueba, más aun cuando en la fundamentación descriptiva de la prueba otorgaron un valor probatorio relevante a la citada prueba; puesto que, en ellas se narran los hechos que hubiesen ocurrido del 13 de abril de 2024 hasta el momento de la aprehensión del acusado; empero, las circunstancias fácticas precedentemente descritas de forma textual no fueron consignadas en la Sentencia 14/2025, para ser valoradas.

Circunstancias que se constituyen en violencia psicológica, que fue catalogada por los Jueces Técnicos ahora accionados al momento de valorar el Dictamen pericial Psicológico de la víctima -accionante- en la fundamentación descriptiva de la prueba, como relevante; puesto que, acredita las consecuencias del daño psicológico en la víctima producto del hecho que se juzga; no obstante, fue omitida en su valoración al momento de realizar la valoración integral de la prueba, cuando la misma expresa de forma detallada que en la víctima existe daño psicológico al presentar sintomatología compatible con trastorno de estrés postraumático, en relación al hecho denunciado; ya que, dentro los resultados de la entrevista clínico forense la evaluada -accionante- indica que presenta desarrollo emocional y afectivo negativo, en las puntuaciones en referencia a los test aplicados se tiene que dentro del cuestionario de impacto del trauma de la misma manera la evaluada presenta puntuaciones significativas de interpretación obteniendo puntuaciones elevada en las escalas de estrés postraumático: estrés postraumático total (EPT; T: 89); intrusión (Int; T: 79), evitación (Evi; T: 79), alteración cognitiva y del estado de ánimo (Cog; T: 87), alteración en la activación y reactividad (Act; T: 83), disociación (Dis; T: 95), centralidad del acontecimiento (Cen; T: 78) en las escalas del área internalizante: problemas somáticos (Som; T: 88), Alteraciones del sueño (Sue; T:81), ansiedad (Ans; T: 85), desregulación emocional (Des; T: 83), dependencia emocional (Dpn; T: 75), rumiación (Rum; T: 72), depresión (Des; T: 94), desanexión social (Dsc; T: 84); malestar sexual (Msx; T: 72) alteraciones en la conducta alimentaria (Ali; T: 93) en las escalas de creencias: creencias negativas sobre los demás (Dem; T: 79), creencias negativas sobre el mundo y el futuro (Mun; T: 82) creencias negativas sobre uno mismo (Aut; T: 79), creencias negativas de culpa (Cul; T: 83) autosabotaje (Sab; T: 98) y en la escala de deterioro en el funcionamiento: deterioro en el funcionamiento (Det; T: 85). En la puntuación dentro del inventario de depresión de Beck obtuvo una puntuación de 52, que equivale a una depresión severa. De la misma manera en la puntuación de escala de ansiedad estado/rasgo, obtuvo puntuaciones correspondientes a un percentil 99 en ambos casos. Y por último, en la escala de autoconcepto AF-5 obtuvo una puntuación mínima en autoconcepto social (Pc:15) y emocional (PC:01). Además, en la fundamentación descriptiva de la prueba y menos a tiempo de realizar la valoración integral, los Jueces Técnicos ahora accionados no reflejaron que además de que el agresor de la accionante le profirió patadas, puñetes en el rostro y el abdomen, provocando una equimosis en el párpado inferior derecho, según el Certificado Médico Legal Forense (Conclusión II.7.) la accionante presentó en su rostro hemorragia conjuntiva del 15%; en el torax anterior, equimosis en la región del cuadrante superior externo e interno mama derecha y mama izquierda; en el abdomen equimosis en hipocondrio derecho, equimosis en la región lumbar sobre y ambos lados de la línea media; en las extremidades superiores: equimosis en cara posterior tercio medio brazo izquierdo y en antebrazo izquierdo, otra en la cara anteromedial tercio proximal brazo izquierdo, escoriación lineal localizada en cara anterior medial antebrazo izquierdo y en la cara anterior y lateral tercio distal de antebrazo izquierdo, escoriación de forma puntiforme en la región del falange distal dedo mano derecha; y, en las extremidades inferiores: zona equimotica excoriatica con pérdida de epidermis en un área de veinte por dieciocho centímetros con halo equimotico que abarca región glútea izquierda, zona equimotica excoriatica con pérdida de epidermis en un área de dieciocho por ocho centímetros con halo equimotico que abarca región glútea derecha, lesiones que no únicamente fueron proferidas a la accionante entre el 13 al 14 de abril de 2024, sino que fueron el resultado de las agresiones que sufrió la víctima entre el 13 al 18 de dicho mes y año; puesto que, el reconocimiento médico legal fue realizado el 19 de ese mes y años una vez la accionante denunció el hecho, el cual fue ampliado el 24 de mayo de igual año (Conclusión II.7.) donde se sugirió la valoración por cirugía plástica y reconstructiva en cinco meses, extremos que no fueron consignados en la Sentencia 14/2025, a pesar que incluso los Jueces Técnicos hoy accionados le otorgaron un valor probatorio muy relevante a esa última prueba en la fundamentación jurídica de la prueba; debido a que, reflejó que veinticinco días después de los hechos las secuelas y las heridas de la víctima todavía no se habían curado; no obstante, dichos aspectos acreditados no fueron parte de la valoración integral realizada por los Jueces Técnicos ahora accionados, a pesar que el daño físico también se encontraba visible en el muestrario fotográfico (Conclusión II.5.) y en fotografías (Conclusión II.11.).

Asimismo, en las fotografías del lugar del hechos que están en el muestrario fotográfico, se tiene que las agresiones físicas proferidas a la accionante sucedieron en el living de la casa del acusado tal como se señala en la Sentencia 14/2025; empero, también dicha documental refiere además que “…Se observa múltiples puntos rojos/colorados sobre un fondo blanco que corresponderían a manchas de sangre en la pared…” (sic) aspecto corroborado por el acta de registro del lugar del hecho de 18 de abril de 2024 (Conclusión II.4.) donde se consignó: “…también se pudo observar manchas de color rojo en la pared de dicha habitación la cual sería supuestamente manchas de sangre toda vez que la víctima refirió que al momento de ser agredida se habría impregnado la pared de manchas de sangre…” (sic); datos que, los Jueces Técnicos ahora accionados dieron el valor probatorio de relevante en la fundamentación descriptiva de la prueba; puesto que, demostraron que existían manchas de sangre en el living del acusado que concuerdan con el relato de la víctima y que con ellas se podía determinar el grado de violencia con el que se actuó al haber provocado que las manchas de sangre generen un patrón en la pared del bien inmueble donde habita el acusado; no obstante, dicha valoración no fue mencionada menos considerada al momento de realizar la apreciación conjunta de la prueba, incluso respecto al acta de registro del lugar del hecho, solo consignaron que se secuestró el cinturón con el que se produjeron las lesiones a la víctima.

En ese sentido, se observa omisión y una irrazonable valoración de la prueba por parte de los Jueces Técnicos hoy accionados; debido a que, no consideraron o no extrajeron de las pruebas, todos los datos que en ellas se consignaba para conocer realmente cuál fue la verdad histórica de los hechos, los cuales demuestran que existió contra la víctima mujer violencia en razón a género, al así establecerlo el art. 1 de la Convención de Belém do Pará, define la violencia contra la mujer como: “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”; si bien posteriormente a la valoración de la prueba realizada por los Jueces Técnicos ahora ahora accionados en la Sentencia 14/2025 cuestionada, señalaron que, el Código Penal incorporó los delitos contra la vida y la integridad corporal entre ellos el feminicidio introducido en el art. 252 bis del citado Código con las modificaciones de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, para luego citar textualmente el contenido del mencionado artículo, seguidamente se indica que Bolivia ratificó la Convención de Belém do Pará mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994, la CPE prohíbe y sanciona toda forma de discriminación, cita textualmente el art. 15 de la Norma Suprema, refiere la fecha de promulgación de la Ley 348 y señala que la misma cambió radicalmente la normativa, ámbito y competencia jurisdiccional para la atención, persecución y sanción de los casos de violencia de género, introduce nuevos tipos penales como el feminicidio y modifica otros como la violación; sin embargo, los Jueces Técnicos ahora accionados no aplicaron dichos entendimientos al caso concreto; por lo que, sobre el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia existe ausencia de argumentos; es decir, que no se aplicó por parte de las Jueces Técnicos hoy accionadas un juzgamiento con perspectiva de género, a pesar que la víctima de violencia era una mujer; por lo tanto, tenía un alto grado de vulnerabilidad a la violencia física y psicológica que sufrió y de desventaja respecto a su agresor; es así que, no se aplicó una interpretación favorable de la normativa especial en favor de la víctima, conforme dispone el art. 47 de la Ley 348; en ese entendido, los Jueces Técnicos ahora accionados prescindieron realizar una valoración objetiva de la prueba antes descrita, al realizar una valoración sesgada de la prueba, donde se obvió que la víctima de violencia en el proceso penal era una mujer, a quien se vulneró su derecho una vida libre de violencia, por la ausencia en la observación de la normativa nacional e internacional que protege a las mujeres víctimas de violencia conforme se tiene de la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, que determina que toda autoridad judicial que conozca casos que tengan que ver con violencia contra la mujer, con la debida diligencia debe implementar mecanismos necesarios para proteger a las mujeres y prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género, al no poder concebirse una vida digna en un escenario de violencia, para lo que debe mejorarse en el sistema judicial la sensibilidad en cuestiones de género, para lograr la igualdad de derecho y hecho; por lo que, ese accionar de los Jueces Técnicos hoy accionados no puede ser convalidado por esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Ahora bien, sobre la subsunción del hecho al tipo penal, los Jueces Técnicos ahora accionados comenzaron citando el art. 271 del CP, para luego realizar la subsunción propiamente dicha, señalando que el actuar del acusado se subsumía al tipo penal de las lesiones graves, así se tendría de la declaración de la víctima y del certificado médico forense, donde se evidenciaría que los golpes en las piernas y los glúteos de la víctima no revisten violencia suficiente para dañar los órganos internos o vitales en las condiciones de espacio tiempo, siendo que la ampliación al certificado médico forense concluye: 1.- Síndrome comparte-mental de resolución de glúteo izquierdo; 2.- Escara Pos traumática de glúteo izquierdo; y, 3.-Lesión primaria de piel glúteo derecho ampliando la incapacidad a diez días, sumando treinta días desde el día de los hechos. Se debe analizar que dicha zona del cuerpo no está contemplada como un órgano vital que le pueda ocasionar la muerte. El informe psicológico signado como PD7 y PD10 establece que las agresiones físicas comenzaron desde el 13 al 18 de abril de 2024, durante los días señalados la víctima se presentaba a trabajar en el horario habitual, concluida su jornada laboral se iba con el acusado a su cuarto a veces antes de ingresar al trabajo y a veces después como indica el relato evidenciándose que dichas lesiones en ningún momento le causaron una incapacidad motora que le hubiese impedido desplazarse por sí misma a realizar sus actividades sin que se advierta que la víctima hubiera sido retenida en el lugar donde sucedieron los hechos. En el presente caso los hechos narrados por la víctima y que fueron verificados a través del informe médico forense, las verificaciones del lugar de los hechos y las declaraciones de la víctima se subsumen perfectamente al art. 171 del CP, al haberse causado lesiones en la victima que ocasionaron una incapacidad médico legal de treinta días; por lo que, excede los presupuestos de las lesiones leves para imponer las lesiones graves prevista en el Código Penal, siendo objetivo en las conclusiones del Ministerio Público en el análisis de la prueba presentada tanto documentales como testifical al existir una incapacidad de treinta días acreditada por el informe médico forense, requirió se dicte sentencia condenatoria por el delito de lesiones graves y leves. Corresponde hacer notar que el proceso penal que siguió el Ministerio Público contra el acusado, fue por los delitos de feminicidio en grado de tentativa, violencia familiar o doméstica y lesiones graves y leves, previstos y sancionados por los arts. 252 bis.1, 4 y 5 en relación al art. 8; 272 Bis.1; y, 271 en relación al art. 20 todos del CP; por lo que, en este punto se debió realizar el análisis de subsunción respecto a los tres delitos acusados, feminicidio en grado de tentativa, previsto y sancionado por los arts. 252 bis.1, 4 y 5 en relación al 8 del CP;

violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis.1 del citado Código; y, lesiones graves y leves, previsto y sancionado por el art. 271 del citado Código, donde se debió exponer por qué los hechos fácticos no se subsumieron a uno u otro tipo penal y por qué si a otro, en el marco de la acusación formal presentada, construcción necesaria para adecuar los hechos al tipo penal adecuado, para que exista plena convicción al respecto.

Se observa que los dos primeros tipos penales citados se enmarcan en la relación que tuviera el autor con la víctima, extremo que debió ser desvirtuado y no obviado por los Jueces Técnicos ahora accionados al momento de emitir la Sentencia 14/2025, cuando fue un aspecto que consideró el Ministerio Público al momento de presentar su imputación y la acusación formal, más aun cuando; en el relato del hecho fáctico, la víctima refirió que si bien la discusión de 13 de abril de 2024, se originó por infidencia sobre cuestiones comerciales; empero, también surgió en dicha oportunidad el cuestionamiento referido a la condición de pareja sentimental que tendría la víctima con su agresor, relación que se encuentra consignada en el informe social (fs. 123 vta.), y de forma amplia en el contenido de la entrevista psicológica y Dictamen Pericial Psicológico de la víctima, y que los propios testigos de descargo corroboraron al señalar “…los he visto agarrados de las mano y abrazados…” (sic), “Yo veía una relación bonita que se trataban más que amigos…” (sic), “…parecía que estaban en una relación…” (sic), “…a la pareja de Cristina la conocía porque le hice unos trabajos para su consultorio…” (sic), “…esa casa era de la chica que era novia de Cristian…” (sic), “…ellos tenían una relación amorosa porque era su novia...” (sic [fs. 119 vta. a 122]), calidad de la víctima en relación al acusado que no se puede desconocer; puesto que, que la simple relación comercial que los dos mantenían no pudo dar lugar a los hechos particulares -que la víctima sea agredida desnuda, entre otras- que se encuentran relatados en las pruebas antes señaladas.

Si bien se realizó la subsunción de los hechos respecto al delito de tentativa de feminicidio; no obstante, dicho análisis no fue realizado en el marco de lo establecido en la acusación -art. 252 bis.1, 4 y 5-. Además, se puede observar que, el informe psicológico, si bien no tiene consignado días de impedimento; no obstante, debe ser considerado como un elemento más al momento de subsumir los hechos al tipo penal, siendo que la violencia sistemática que sufrió la accionante conllevó padecimientos físicos -por la forma que fueron proferidos- como también tratos degradantes prolongados, que deben ser apreciados por su impacto en la integridad física y dignidad de la mujer víctima. En ese sentido también, los Jueces Técnicos ahora accionados no pueden afirmar que las lesiones sufridas no le causaron incapacidad motora a la accionante, que le hubiese impedido desplazarse por sí misma a realizar sus actividades, minimizando y desconociendo el padecimiento constante que sufrió la nombrada entre el 13 al 18 de abril de 2024, que tuvo que soportar por la intimidación que el acusado causó en la víctima, a través de amenazas en contra de su integridad y la de su familia, violencia psicológica que se encuentra acreditada en la entrevista psicológica y prueba pericial, lo que derivó además, en el hecho que la accionante retorne al lugar donde la agredían, es así que tampoco se puede aseverar que no fue retenida en el lugar donde sucedieron los hechos, como señalando que, la accionante iba por su voluntad y sin presión alguna al lugar donde fue víctima de violencia física y psicológica.

En consecuencia, los elementos precedentemente cuestionados, ameritaban un mayor examen al encontrarse entre los tipos penales acusados, delitos que tienen que ver con violencia ejercida contra una mujer, omisión que lleva a la conclusión que los Jueces Técnicos hoy accionados no juzgaron con perspectiva de género; es decir, no aplicaron criterios de protección en favor de las víctimas de violencia en razón de género, olvidando así su obligación de debida diligencia cuando el caso de trata de violencia contra la mujer, se debe resaltar que la Recomendación 19 del Comité de la CEDAW, señala que: “…la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que ésta goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”.

Finalmente, en referencia a la pena los Jueces Técnicos ahora accionados, señalaron que el acusado es mayor de edad y goza de la plenitud de sus facultades mentales así sea exteriorizado en la audiencia de juicio oral, público y contradictorio lo que motiva a que el Tribunal deba imponerle una sentencia condenatoria con la pena privativa en el art. 271 del CP, que prevé una pena de tres a seis años de privación de libertad, siendo que el acusado es una persona sin antecedentes penales y policiales, corresponde que se otorgue la pena prevista para el tipo penal en el mínimo legal que quedará impuesta en tres años de privación de libertad.

El quantum de la pena establecida por los Jueces Técnicos hoy accionados, no fue impuesta en función a los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP; debido a que, se consideraron únicamente atenuante en favor del acusado para su determinación y no así las agravantes en su contra, que se encuentran determinadas para el delito de lesiones graves y leves, en el art. 272 del CPP, donde se dispone que en los casos de los arts. 267 bis, 270 y 271, la sanción impuesta será agravada en un tercio del máximo o mínimo, cuando se presenten las circunstancias enumeradas en el art. 252 del citado Código, exceptuando el previsto en el numeral 1; es así que, dicho artículo refiere las siguientes agravantes: por motivos fútiles y bajos, con alevosía y ensañamiento, entre otros, aspectos que debieron ser considerados por los Jueces Técnicos ahora accionados, más aun considerando el contexto del caso -objeto de causar sufrimiento, manchas de sangre en la pared, entre otros-, que fue descrito ampliamente más adelante, como tampoco se consideraron las circunstancias del hecho, la mayor o menor gravedad del hecho; por lo que, ese punto merece un análisis meticuloso y con enfoque de género, al tratarse de hechos de violencia cometidos contra una mujer, quien se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad.

De lo que se concluye que, los Jueces Técnicos hoy accionados emitieron la Sentencia 14/2025 que vulneró el derecho a vivir una vida libre de violencia y al debido proceso de la accionante; debido a que, no aplicaron el juzgamiento con perspectiva de género, cuando dichas autoridades judiciales tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes, la Constitución Política del Estado y los trataros internacionales, lo que implica un riesgo inminente que requiere atención urgente y una necesaria protección reforzada; por lo que, corresponde se conceda la tutela solicitada, para que los Jueces Técnicos ahora accionados pronuncien una nueva sentencia en el marco de los fundamentos y los estándares internacionales e internos desarrollados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 18/2025 de 5 de junio, cursante de fs. 188 a 190 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

a) Disponer dejar sin efecto la Sentencia 14/2025 de 16 de mayo, y que los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz pronuncien nueva sentencia en el marco de los fundamentos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, salvo que, como emergencia de un posible recurso de apelación restringida contra la citada Sentencia, se hubiese pronunciado una nueva sentencia, y que la misma, sea compatible con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0819_2025-S1.pdf · páginas 1 a 36.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8381921b62a6e9ada5a39959395180192900d067c262ba73fd9b97d67258f3d8

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