Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 25 de julio de 2023
Concede la tutela
Los peticionantes de tutela, denuncian la lesión de sus derechos fundamentales a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, suspendió la audiencia de consideración de la situación jurídica en tres oportunidades sobrepasando el plazo de cuarenta y ocho horas fijado por el art. 239 del CPP, alegando finalmente no tener competencia por haberse presentado acusación formal, transcurriendo más de veintiocho días que se encuentran indebidamente privados de libertad; por lo que, a través de esta acción tutelar solicita que, se disponga su inmediata libertad, así como el cese de las medidas cautelares impuestas. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal; c) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad vinculada al recurso de reposición; y, d) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 11/2022 de 29 de abril, cursante de fs. 42 a 44, pronunciada por la Jueza de Partido y de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto al Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, sobre la base de los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que el Juez demandado señale audiencia de consideración de la situación jurídica de los accionantes en el plazo de veinticuatro horas de la notificación con la presente resolución; siempre y cuando con posterioridad no se haya modificado la situación jurídica de los mismos. 3° Exhortar a la autoridad demandada a que en la tramitación de causas con detenido preventivo, se resguarde el cumplimiento de plazos y sea actué con la celeridad debida.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0819/2023-S1 Sucre, 25 de julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 47370-2022-95-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 11/2022 de 29 de abril, cursante de fs. 42 a 44, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Franz Elmer Gutiérrez Mamani y Jesús Mesa Romero contra Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 29 de abril de 2022, cursante de fs. 2 a 5 vta., los accionantes, expresaron los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por los presuntos delitos de robo agravado, tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales, se encuentran indebidamente procesados y privados de libertad; toda vez, que mediante Auto Interlocutorio 189/2021 de 1 de octubre, se dispuso su detención preventiva por el plazo de cuatro meses, ampliada por el Auto Interlocutorio 26/2022 de 22 de febrero, por el lapso de dos meses, señalando audiencia de consideración de situación jurídica para el 1 de abril de 2022. Una vez cumplidos los seis meses, interpusieron cesación a la detención preventiva por cumplimiento del plazo, imponiéndoseles detención preventiva sin fijar el plazo. La audiencia de 1 de abril de 2022 se suspendió para el 12 del mismo mes y año, fuera de las cuarenta y ocho horas establecidas en el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en la referida audiencia, la autoridad demandada alegando error, con una simple corrección, suspendió la misma, señalando nueva audiencia para el 22 de abril y esa audiencia nuevamente se suspendió, sin resolver su situación jurídica, ni disponer el tiempo de detención preventiva, transcurriendo más de veintiocho días que se encuentran indebidamente privados de su libertad, por cuanto no existe resolución que amplíe su detención preventiva, cuando todos los actos investigativos se han realizado, por lo que corresponde la cesación a la detención preventiva.
Considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de legalidad y seguridad jurídica; citando los arts. 23 y 115.I y II. de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitan se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga su inmediata libertad, así como el cese de las medidas cautelares impuestas.
Celebrada la audiencia el 29 de abril de 2022, según acta de fs. 38 a 41, produciéndose los siguientes actuados:
Los peticionantes de tutela a través de su abogado patrocinante, procedieron a ratificar el contenido de la acción presentada; y, ampliándola manifestaron: a) La audiencia de 1 de abril de 2022 fue suspendida para el 12 de abril y por tercera vez para el 22 de abril, sobrepasando el plazo cuarenta y ocho horas; y, b) La detención preventiva, no puede exceder los plazos dispuestos, el 1 de octubre de 2021 se determinó la detención preventiva y vencía el 1 de febrero de 2022, ampliado la misma por dos meses, concluía el 1 de abril de 2022, el Juez demandado suspendió la audiencia señalada sin fundamentación, desde esa suspensión se encuentran detenidos veintiocho días, sin que se haya definido su situación jurídica y sin cumplir con el art. 235 del CPP, colocándoles en un estado absoluto de indefensión y de incertidumbre. El 11 de marzo de 2022 se desarrollaron los actos investigativos faltantes, emitiéndose requerimiento conclusivo, por lo que debe cesar la detención preventiva.
Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia informó: 1) Por Auto Interlocutorio 26/2022, se negó la cesación a la detención preventiva porque todavía persisten los riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos en el “art. 274” -siendo lo correcto art. 234- en los numerales 1, 2, 6, 7 y 235.2 del CPP, además se amplió la detención preventiva por dos meses, señalando audiencia por un error involuntario para el 1 de abril de 2022, sin embargo, contabilizando los 2 meses debió señalarse para el 22 de abril del año indicado; por lo que, se corrigió la fecha, quedando notificados todos los sujetos procesales; 2) El 14 de abril de 2022 el representante del Ministerio Público presentó acusación formal, quedando así sin competencia para proseguir con dicho actuado procesal, emitiéndose la providencia de 18 de abril de ese año, en el que se dispuso la remisión al Juzgado de Sentencia Penal de turno; 3) El 21 de abril de 2022 se emitió Auto Interlocutorio en el que reiteró la perdida de competencia; y, 4) Con relación a la situación jurídica de los accionantes, esta audiencia se puede realizar en el Juzgado de Sentencia al que ha sido sorteado la causa, ya que se trata con personas que están con detención preventiva; por lo que, solicita se deniegue la tutela.
La Jueza de Partido y de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 11/2022 de 29 de abril, cursante de fs. 42 a 44, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) La última resolución que determina la ampliación de la detención preventiva señaló audiencia para considerar la situación jurídica de los procesados el 1 de abril de 2022, se han presentado diversos factores por las cuales se recorrió la audiencia hasta la presentación de la acusación el 14 de abril de 2022; ii) El art. 325 del CPP establece que presentado el requerimiento conclusivo de acusación, el Juez de Instrucción dentro del plazo de veinticuatro horas previo sorteo del sistema informático de gestión de causas por la oficina gestora de procesos, remitirá los antecedentes a la Juez o Juez del Tribunal de Sentencia bajo responsabilidad, lo cual en el presente caso se ha dispuesto y cumplido, notificadas las partes sin que ninguna hubiere efectuado observación al respecto; iii) En el presente caso, la detención preventiva dispuesta por la autoridad jurisdiccional, no solo acoge por la existencia de riesgos procesales de peligro de fuga y obstaculización que han sido revisadas en forma reiterada, ante las solicitudes de cesación a la detención preventiva que efectúo la parte imputada, sino también teniendo en cuenta la realización de los actos de investigación a ser efectuados por la Fiscal asignada; y, iv) Habiendo concluido la etapa preparatoria no tiene pertinencia la consideración de su situación jurídica, tampoco corresponde ipso facto la liberación de los privados de libertad, teniendo en cuenta la existencia de riesgos procesales a ser examinados ante la autoridad jurisdiccional, que se encuentra a cargo del conocimiento de la acusación, ya en etapa de realización de actos preparatorios de juicio.
II.1. Consta Auto Interlocutorio 189/2021 de 1 de octubre, que determinó la detención preventiva de Franz Elmer Gutiérrez Mamani y Jesús Mesa Romero en el Recinto Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro de la provincia Ingavi del departamento de La Paz; por el lapso, de cuatro meses, señalando audiencia de situación jurídica para el 1 de febrero de 2022 (fs. 11 a 14 vta.). II.2. Cursa Auto Interlocutorio 26/2022 de 22 de febrero, que negó la cesación a la detención preventiva de Franz Elmer Gutiérrez Mamani y Jesús Mesa Romero y dispuso la ampliación de la detención preventiva por el lapso de dos meses, señalando audiencia de situación jurídica para el 1 de abril de 2022 (fs. 23 a 25 vta.). II.3. A través del requerimiento conclusivo de acusación presentado por el Ministerio Público el 14 de abril de 2022, se acusó Franz Elmer Gutiérrez Mamani y Jesús Mesa Romero, por el delito de robo agravado y tenencia y porte o portación ilícita, mereciendo la providencia de 18 de abril del 2022, que dispuso el sorteo y remisión por secretaria al Juzgado de Sentencia de Turno en el plazo previsto por Ley (fs. 27 a 31). II.4. Mediante Auto Interlocutorio de 21 de abril de 2022, el Juez demandado dispuso que habiéndose señalado audiencia de revisión de situación jurídica para el 22 de abril de 2022 y la causa ya tiene acusación formal, él es incompetente para proseguir con la tramitación de la causa, ordenando se cumpla con el decreto de 18 de abril de “2018”, notifique a las partes y se remita en el día (fs. 32). II.5. Consta Nota de remisión al Juzgado de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz del cuaderno seguido por el Ministerio Público contra Franz Elmer Gutiérrez Mamani y Jesús Mesa Romero, recepcionado el 25 de abril de 2022, emitiéndose la providencia de 26 de abril de 2022 que radica la causa en dicho despacho (fs. 36 a 37).
Los peticionantes de tutela, denuncian la lesión de sus derechos fundamentales a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, suspendió la audiencia de consideración de la situación jurídica en tres oportunidades sobrepasando el plazo de cuarenta y ocho horas fijado por el art. 239 del CPP, alegando finalmente no tener competencia por haberse presentado acusación formal, transcurriendo más de veintiocho días que se encuentran indebidamente privados de libertad; por lo que, a través de esta acción tutelar solicita que, se disponga su inmediata libertad, así como el cese de las medidas cautelares impuestas. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal; c) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad vinculada al recurso de reposición; y, d) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, asumió el siguiente entendimiento: El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señaló que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-“…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último: “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. En ese marco, la SC 0465/2010-R de 5 de julio señala que el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho -ahora acción de libertad-, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad, cuando esté relacionada con la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificados legalmente y no comparecen a la audiencia; entendimiento complementado con la SC 0384/2011-R de 7 de abril y reiterada por la SCP 0005/2012 de 16 de marzo.
Asimismo, la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, en el marco de una interpretación plural, introdujo el principio ético-moral del ama qhilla -no seas flojo- a las construcciones jurisprudenciales referidas a la celeridad procesal, constituyéndose en una Sentencia moduladora, al establecer que las autoridades judiciales, en virtud al citado principio, tienen el deber procesal de dirigir y resolver, sin dilaciones indebidas, las solicitudes de cesación de la detención preventiva sometidas a su conocimiento.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0222/2018-S2 de 22 de mayo, asumió el siguiente razonamiento:
tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.
c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”. 3El FJ III.2.1, indica: “De acuerdo al nuevo orden constitucional, el art. 8.I de la CPE, dentro de los principios y valores del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, asume y promueve como de carácter ético-morales de la sociedad plural, el `ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón)´; máximas milenarias que fueron constitucionalizadas y resumen de manera extraordinaria la moral que toda persona, natural o jurídica debe practicar en todas sus actividades. En ese sentido, se hace énfasis en el principio del ama qhilla, que establece una conducta de vida diligente que debe observar todo individuo, con mayor razón un servidor público como es el juez, del cual debe exigirse una actitud acuciosa en la administración de justicia, sobre todo cuando afecta a un vivir bien, así como a una vida armoniosa.
Los principios ético morales constitucionalizados: `ama qhilla, ama llulla y ama suwa´, vinculados entre sí, constituyen directrices de obligada observancia por los servidores de justicia cuando resuelvan derechos y garantías constitucionales, están en el deber imperativo de impulsar, ser director y promotor del proceso, velando su desarrollo, siendo responsables de cualquier demora por su inactividad, impulsando la nueva justicia en el nuevo Estado Plurinacional”.
La SC 0143/2003-R de 2 de febrero de 2004 precisó que la autoridad competente para sustanciar cualquier solicitud relacionada con las medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el juez de instrucción penal, que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Más tarde la SC 0487/2005-R de 6 de mayo estableció que al margen que la causa se haya sorteado ante el tribunal de sentencia penal; el juez de instrucción penal debe proceder a su consideración conforme a derecho, ya que la misma todavía no radicó en el citado tribunal; entendimiento ratificado por la SC 0745/2007-R de 24 de septiembre y la SCP 2053/2012 de 15 de octubre, entre otras. Complementando a esta línea jurisprudencial, la SC 1584/2005- R de 7 de diciembre señaló que siendo el derecho a la libertad de importancia no solo primaria sino fundamental, es posible que el juez de instrucción penal pueda resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva, aunque se hubiera presentado la acusación; siempre y cuando no haya radicado la causa en un determinado tribunal de sentencia penal; entendimiento, reiterado por la SCP 0971/2016-S3 de 16 de septiembre, entre otras.
4El FJ III.2, señala: “…de conformidad al art. 54.I CPP, en relación a los arts. 302 y 223 CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares”. 5El FJ III.2, refiere: “Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros co imputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación (…)”. 6El FJ III.2, determina: “…conforme razonó este Tribunal en la SC 0487/2005-R de 6 de mayo: ʽ…el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros co imputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares…´”. 7El FJ III.4, refiere que: “Considerando la importancia del derecho a la libertad física no sólo primario sino fundamental, es permisible que un juez incompetente resuelva la solicitud de aplicación de la detención preventiva en un primer momento de la investigación, debiendo inmediatamente de realizado dicho acto remitir las actuaciones al asiento judicial donde debe ejercerse el control jurisdiccional. (…)
….cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación (…)”.
Conforme a dicha línea jurisprudencial, las solicitudes de medidas cautelares podían ser conocidas por el juez de instrucción penal hasta que la causa sea radicada ante el juez o tribunal de sentencia penal; actuado con el cual, recién perdía competencia el primero.
Sin embargo, dicha línea jurisprudencial fue cambiada por el entendimiento asumido en la SCP 0367/2017-S1 de 25 de abril; la cual señaló que con la remisión de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal, se marca el inicio de la etapa de juicio oral del proceso penal; momento a partir del cual, adquieren competencia para conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares. En el mismo sentido, la SCP 0817/2017-S2 de 14 de agosto entiende que la remisión del expediente ante el tribunal de sentencia penal, por la 8El FJ III.2, rige: “Es menester recalcar que se considera que todas las solicitudes relacionadas a medidas cautelares, se encuentran íntimamente ligadas al derecho a la libertad; por lo que, en virtud al carácter fundamental y primordial de ese derecho, deben ser resueltas con celeridad. Este razonamiento, como se tiene dicho se ha empleado como base para establecer una salvedad en la vía jurisprudencial, en la medida que se otorga al juez de instrucción penal la atribución de conocer y resolver una solicitud de aplicación o modificación de medidas cautelares, presentada ante dicha instancia, aún cuando en la causa ya hubiere sido presentada la acusación, la competencia en el proceso subsiste hasta la remisión de obrados, dentro de las veinticuatro horas posteriores a la presentación de la acusación, caso en el que mantendrá su potestad para resolver la solicitud de aplicación o modificación de medidas cautelares, únicamente cuando:
·Con carácter previo y dentro de las veinticuatro horas referidas en el art. 325 del CPP, haya fijado audiencia para la consideración de esas medidas, de modo que la audiencia y el plazo de remisión sean plenamente compatibles.
Toda vez que, una vez remitida la causa en el juez o tribunal de sentencia, se marca el inicio de la etapa de juicio oral del proceso penal, momento a partir del cual los jueces técnicos, adquieren competencia plena para conocer y resolver lo que en adelante corresponda, incluyendo naturalmente las solicitudes de las partes que versen sobre las medidas cautelares, sin que “el saneamiento procesal” perteneciente a una norma abrogada, pueda constituirse en un óbice a tal efecto. Sin embargo, aún bajo éstos nuevos parámetros resulta fundamental señalar que, no obstante a que el espíritu de la norma penal adjetiva, al disponer una remisión de obrados con celeridad -dentro de las veinticuatro horas-, obliga al juez de instrucción penal a remitir los actuados ante el tribunal o juez de sentencia, causando la pérdida de competencia, como se tiene dicho, por la importancia que reviste el derecho a la libertad, la persona procesada penalmente no puede quedar en incertidumbre respecto a una solicitud que verse sobre ese su derecho; y, respondiendo a tal finalidad, es que corresponde reafirmar la posición previamente asumida por la jurisprudencia constitucional, permitiendo aplicar la subregla precedente a aplicarse para armonizar el mandato legal particular del art. 325 del CPP, con el plexo de derechos, principios y valores constitucionales relacionados con el caso, de forma que el derecho a la libertad de los procesados se encuentre debidamente garantizado, sea por el juez de instrucción penal o por el tribunal o juez de sentencia, en los distintos momentos procesales según lo desarrollado, materializando de esta forma la vigencia de derechos, garantías y principios nodales para nuestro Estado Constitucional, como lo es el derecho a la libertad, a través de la aplicación de la ley misma a partir de los valores, principios, objetivos y derechos consagrados en la Constitución Política del Estado para el caso en concreto”. 9El FJ III.3, refiere: “En el presente caso, se tiene que el accionante debió acudir ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primero del departamento de La Paz, ante el cual fue remitido los antecedentes procesales de la causa, conforme manifestó uno de los jueces del Tribunal que se declaró incompetente (Conclusión II.5); a efectos de que conozcan y se pronuncien sobre su solicitud de cesación a la detención preventiva, si bien, conforme se advierte de la (Conclusión II.4); el accionante solicitó mediante memorial de 23 de junio de 2017, cesación a la detención preventiva, empero, día anterior a la presentación del precitado memorial se emitió la Auto Interlocutorio 122/2017, en la que el Tribunal de Sentencia Cuarto de El Alto, declaró fundado la excepción de incompetencia planteada por el Ministerio Público, anulando obrados hasta el acta de sorteo de 2 de junio de 2017, disponiendo la remisión de antecedentes a un tribunal de turno de sentencia anticorrupción y contra la violencia hacia la mujer del departamento de La Paz; siendo evidente que la autoridad ahora demanda carecía de competencia para tramitar el incidente: toda vez que la causa inicialmente fue radicada en el mencionado Tribunal, el cual posteriormente dispuso que se remitiera a un Tribunal especializado en materia de anticorrupción según se evidencia el Auto Interlocutorio 122/2017.
De lo manifestado supra, el accionante tendría que realizar su solicitud de cesación a la detención preventiva ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, como emergencia de la determinación asumida en la Auto Interlocutorio 122/2017; por lo que la autoridad demandada actuó de acuerdo al art. 325.I del CPP, que prevé: “Presentado el requerimiento conclusivo de acusación, la o el Juez Instructor dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, previo sorteo, remitirá los antecedentes a la o el Juez o Tribunal de Sentencia, bajo responsabilidad”, entendiéndose que al haber efectuado el sorteo aún de manera incorrecta remitiendo los antecedentes ante un Tribunal de Sentencia, habría perdido competencia de manera previa a la presentación del memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva, encontrándose imposibilitado legalmente de pronunciarse sobre la solicitud del accionante, quien al no haber realizado su petitorio de cesación ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero, incurrió en inobservancia del principio de subsidiariedad que rige la acción de libertad; en tal sentido cuando se consideran vulnerados o amenazados los derechos a la libertad a la vida a libertad de locomoción por actos u omisiones desplegados, previo a acudir a la jurisdicción constitucional las partes involucradas en un proceso judicial, deben agotar los medios intra procesales previstos por ley a efectos de alcanzar la definición de sus derechos y, en caso de interposición de la acusación fiscal, tiene como consecuencia que el juez de instrucción penal pierda competencia para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva. Ahora bien, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional no es estática, sino dinámica, evolutiva, que va mutando, complementando, modulando, cambiando o reconduciendo la línea, en busca de precautelar el respeto y la vigencia plena de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En este entendido, habiéndose realizado el examen de la línea jurisprudencial respecto a la competencia de los jueces de instrucción penal, para resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva, cuando se presenta la acusación fiscal; a la luz de la Constitución Política del Estado y de conformidad con los arts. 325 y 344 del CPP, modificados por el art. 8 de la Ley 586, haciendo efectivos los principios de celeridad y seguridad jurídica; y, los derechos a la defensa, al debido proceso y a una justicia efectiva y sin dilaciones; corresponde de manera expresa reconducir la línea establecida por la SC 0487/2005-Ra lo señalado en la SC 1584/2005-R, en cuyo Fundamento Jurídico III.4, señala:
…cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación (…) [las negrillas y el subrayado son nuestros].
Precedente del cual se establece que mientras no se radique la causa en el juzgado o tribunal de sentencia penal al que se derivó la misma, el juzgado remitente sigue teniendo competencia para resolver solicitudes de cesación o modificación de medidas cautelares. Reconducción que se realiza de conformidad con la Norma Suprema y con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que considerarlos lesionados acudir ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional, situación que en el caso de análisis no ha acontecido”. 10El FJ III.2, señala: “Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteo la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros co imputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares, así la SC 143/2004-R, de 2 de febrero, razón por la cual corresponde otorgar la tutela solicitada únicamente respecto a este punto denunciado; empero, cabe señalar que al estar radicada la causa en el Tribunal de Sentencia, como efectos de la acusación formulada por el Ministerio Público, por razones de economía y celeridad procesal resulta conveniente que la referida solicitud tenga que ser considerada por el Tribunal de Sentencia, conforme ha sido dispuesto por el Juez de hábeas corpus a fin lograr el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia, cual es el objetivo de los referidos principios”.
señalan que los privados de libertad, tienen derecho a la defensa, al debido proceso, al acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, entre otros, que le facultan a interponer solicitudes de cesación de la detención preventiva en cualquier momento, hasta antes de ejecutoriada la sentencia; tomando en cuenta que, la imposición de esta medida, no causa estado y puede ser modificada en cualquier tiempo; y toda vez que, el juez de instrucción penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta, la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre jurídica. En este punto, es importante remarcar que toda autoridad que conozca una solicitud efectuada por una persona privada de libertad, debe atenderla con la mayor celeridad posible; es decir, de forma pronta y oportuna, o en su caso, dentro de un plazo razonable, debiendo adoptar las medidas necesarias para resolver con prontitud la situación de los imputados con detención preventiva. Si bien el art. 239 del CPP vigente dispone cuarenta y ocho horas como plazo para celebrar la audiencia de cesación de la detención preventiva, esto no significa que debe esperarse hasta el último momento para llevar adelante la misma, correspondiendo aplicar los valores y principios constitucionales, previstos en el art. 8, complementado por los arts. 115 y 180.I, todos de la CPE, que establecen que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de celeridad, entre otros; motivo por el cual, los jueces de instrucción penal deben señalar las audiencias con la mayor prontitud posible; y, no deben suspenderlas sin razón justificable, de no ser así, se provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido que repercute o afecta a su libertad, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición; sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente. En este marco, se debe precisar algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva: 1) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, 2) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0421/2018-S2 de 14 de agosto, asumió el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional, en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco del entendimiento que antecede, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías, en las que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal, ante el Juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea la justicia constitucional; entendimiento que fue reiterado por la SC 0054/2010-R de 27 de abril, entre muchas otras.
11El FJ III.1.2, señala: “…la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.
En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria (…)
Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus” (las negrillas nos pertenecen). 12El FJ III.2, establece: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de la jurisdiccional ordinaria aludidos”. 13El FJ III.3, refiere: “Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye Ahora bien, de acuerdo al sistema recursivo del Código de Procedimiento Penal, en su art. 401 prevé el recurso de reposición, que procede contra las providencias de mero trámite, a fin de que el mismo Juez o tribunal, advertido de su error, las revoque o modifique; sin embargo, a efecto de determinar los supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo determinó que dicho recurso no se constituye en un medio idóneo de impugnación, y por ende, no podría denegarse la tutela de esta acción de defensa por subsidiariedad excepcional, salvo que la parte accionante, de manera paralela, hubiere activado ese recurso y la vía constitucional; supuesto en el cual, este Tribunal se ve impedido de ingresar al análisis de fondo, porque podrían existir resoluciones contradictorias sobre el mismo tema.
En el caso en análisis, los peticionantes de tutela denuncian la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, suspendió la audiencia de consideración de la situación jurídica en tres oportunidades sobrepasando el plazo de cuarenta y ocho horas fijado por el art. 239 del CPP, alegando finalmente no tener competencia por haberse presentado acusación formal, transcurriendo más de 28 días que se encuentran indebidamente privados de libertad. Previamente a ingresar al fondo de la presente acción de tutela, se hace necesario aclarar lo referido por el Juez de garantías, quien consideró como uno de sus argumentos para denegar la tutela, que ante la remisión del cuaderno dispuesto por Auto Interlocutorio de 21 de abril de 2022, ninguna de las partes hubiere efectuado observación; al respecto corresponde tomar en cuenta el Fundamento Jurídico II.3 del presente fallo constitucional, que señala que la falta de interposición del recurso de reposición, no puede considerarse como una causal de subsidiariedad excepcional para denegar la tutela impetrada, porque dicho recurso no se constituye en un medio idóneo de impugnación, por lo que la parte accionante no tenía el deber de acudir a la jurisdicción ordinaria planteando ese recurso, consiguientemente superada esa causal de denegatoria, corresponde ingresar a analizar el fondo de la problemática planteada por el impetrante de tutela. Ahora bien, de los antecedentes aparejados al expediente, se tiene que dentro del proceso penal instaurado contra los accionantes, por la presunta comisión de los delitos de robo agravado, tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales, mediante el Auto Interlocutorio 189/2021 de 1 de octubre, se dispuso su detención preventiva por el plazo de cuatro meses (Conclusión II.1.); posteriormente, el Auto Interlocutorio 26/2022 de 22 de febrero, amplió la detención por el lapso de dos meses, señalando audiencia de consideración de situación jurídica para el 1 de abril de 2022 (Conclusión II.2). El 14 de abril de 2022 el Ministerio Público presentó acusación formal contra Franz Elmer Gutiérrez Mamani y Jesús Mesa Romero -ahora accionantes- por el delito de robo agravado y tenencia y porte o portación ilícita; y la autoridad demandada a través de la providencia de 18 de abril del 2022 dispuso el sorteo y remisión por secretaria al Juzgado de Sentencia de Turno (Conclusión II.3); asimismo, mediante Auto Interlocutorio de 21 de abril de 2022 reiteró la remisión y aclaró que es incompetente para proseguir con la tramitación de la causa (Conclusión II.4), efectivizándose la remisión del cuaderno procesal al Juzgado de Sentencia Penal Cuarto del El Alto del departamento de La Paz, el 25 de abril de 2022, lo que dio lugar a que se emita la providencia de 26 del mismo mes y año, radicando la causa (Conclusión II.5). Ahora bien, de acuerdo a los argumentos vertidos por la parte accionante, del informe de descargo de la autoridad demandada, de los antecedentes que cursan en obrados y lo expresado por la Jueza de garantías quien tuvo acceso al expediente original, se tiene que efectivamente la audiencia de consideración de la situación jurídica de los solicitantes de tutela señalada para el 1 de abril de 2022, fue suspendida para el 12 del mismo mes y año, audiencia que quedó nuevamente suspendida para el 22 del mismo mes y año (Conclusión II.4), lo que evidencia una dilación indebida en la que incurrió la autoridad demandada, al suspender reiteradas veces las audiencias señaladas, no siendo justificación que hubiera habido un error en señalar la audiencia para el 1 de abril de 2022, pues los accionantes estuvieron con detención preventiva de manera continua desde el 1 de octubre de 2021, primero por cuatro meses y luego por dos meses, y era obligación de la autoridad demandada llevar adelante la audiencia de consideración de la situación jurídica de los mismos conforme lo había dispuesto en el Auto Interlocutorio 26/2022; de donde se extrae que, al haber postergado reiteradas veces la audiencia citada, lesionó el principio de celeridad, vinculado a la libertad física de los impetrantes de tutela, dado que no resolvió la situación jurídica de los mismos, por un tiempo considerable. Por lo explicado, corresponde conceder la tutela impetrada, en la modalidad de la acción de libertad de pronto despacho desglosado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. Por otra parte, el argumento esgrimido por la autoridad judicial demandada de haber perdido competencia ante la presentación de la acusación formal, contraviene lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que estableció que cuando se trata de una solicitud de consideración de la situación jurídica de un detenido preventivo, es posible que el juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aun ya se hubiera presentado la acusación, siempre y cuando no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, máxime si se constituía en un actuado pendiente de realización, por tratarse de una audiencia de control de situación jurídica al vencimiento del plazo otorgado al Ministerio Público, así el Juez demandado no consideró que hasta el 25 de abril de 2022 aun mantuvo su competencia para conocer y resolver en audiencia la situación jurídica señalada para el 22 de abril de ese mismo año, claro está, en función a la importancia del derecho fundamental a la libertad física; es decir, que el Juez demandado alegó erróneamente la pérdida de su competencia, sin considerar que, la causa penal aún no estaba radicada ante la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz, sino hasta el 26 de abril de 2022; circunstancia que ratifica su competencia para conocer y resolver en audiencia la situación jurídica de los demandantes de tutela; pues, un razonamiento en sentido contrario, supondría someterla a dilaciones que afecten las garantías procesales que le asisten y la vulneración de sus derechos. En ese orden, conforme a lo señalado en párrafos precedentes, este Tribunal concluye que el actuar del Juez demandado, constituye una actitud negligente, que al no ser desvirtuada, sino asentida, provocó una injustificada e indebida dilación en la resolución de la situación jurídica de los solicitantes de tutela; correspondiendo en definitiva, conceder la tutela impetrada, sin disponer la libertad de los impetrantes de tutela; puesto que, lo que se está tutelando es la falta de celeridad de la autoridad demandada al resolver la situación jurídica de los accionantes. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela; no obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 11/2022 de 29 de abril, cursante de fs. 42 a 44, pronunciada por la Jueza de Partido y de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto al Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, sobre la base de los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que el Juez demandado señale audiencia de consideración de la situación jurídica de los accionantes en el plazo de veinticuatro horas de la notificación con la presente resolución; siempre y cuando con posterioridad no se haya modificado la situación jurídica de los mismos. 3° Exhortar a la autoridad demandada a que en la tramitación de causas con detenido preventivo, se resguarde el cumplimiento de plazos y sea actué con la celeridad debida.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 El FJ III.4, señala: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. 2El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que
en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa”. 14El FJ III.4, manifiesta: “…dada la naturaleza no subsidiaria de esta acción; el agraviado debe tener en cuenta que la norma adjetiva penal le da la facultad de interponer recurso de reposición para impugnar en este caso, el decreto de fijación o suspensión de audiencia, y que puede ser activado oralmente en el acto y resuelto de inmediato en la misma audiencia, y si es por escrito, puede ser interpuesto en veinticuatro horas y resuelto en igual plazo, de tal manera que en la misma instancia se reencauce el proceso y se restablezcan sus derechos. Por tanto, ante esta situación dilatoria, puede acudir directamente a la acción de libertad, o en su defecto antes de interponer esta acción tutelar, puede formular recurso de reposición; empero, lo que no está permitido es que el agraviado incumpliendo su deber de actuar con lealtad procesal, habiendo activado el recurso de reposición y estando en trámite el mismo en la jurisdicción ordinaria, de manera paralela active la acción de libertad en la jurisdicción constitucional, en ese caso no es posible ingresar al análisis de fondo. Entendimiento ya fue establecido en la SC 0030/2010-R de 13 de abril”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0819_2023-S1.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): ab202feb3eb5a2327fd3ecb8d3a4e629f13ff87ea1ae97b5c9a5d2a0e5ca47ca
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