B.IA.LEGAL

SCP 0818/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 22 de agosto de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
22 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
49152-2022-99-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia, defensa y proceso justo; a la defensa, al trabajo y a la “seguridad jurídica”; alegando que mediante RA 0441/20 de 1 de mayo de 2020, emitida por el entonces Director Nacional de Personal de la Policía Boliviana, se determinó su destino a la letra “A” de disponibilidad por jubilación a partir del 1 de enero del mismo año, sin que haya cumplido treinta y cinco años de servicio efectivo, por una errónea interpretación del art. 86 de la LOPN y sus disposiciones concordantes, habida cuenta que egresó de la Academia Nacional de Policías el año 1985. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 90/2022 de 11 de mayo, cursante de fs. 105 a 107, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0818/2023-S2 Sucre, 22 de agosto de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional Expediente: 49152-2022-99-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 90/2022 de 11 de mayo, cursante de fs. 105 a 107, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Raúl Butrón Mayorga contra Máximo Jhonny Aguilera Montecinos, Comandante General y Alex Alfaro Luján, Director Nacional de Personal, ambos de la Policía Boliviana.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 8 de abril de 2022, cursante de fs. 34 a 49, el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En la gestión 2010, con el grado de Teniente Coronel DEAP egresado en la promoción 1985 de la Academia Nacional de Policías, solicitó al Comandante General de la Policía Boliviana, le otorgara acumulación de años de antigüedad a efectos de ascenso en mérito a lo establecido en el art. 86 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (LPON), concordante con el inc. a) del art. 32 del Reglamento de Personal de la Policía Boliviana; es así que, el 6 de diciembre de 2010 mediante Resolución Administrativa (RA) 01467/10, el Comandante General de dicha institución reconoció a su favor dos años de antigüedad en el grado de Teniente Coronel, añadiendo de forma extra petita lo siguiente: “…Al reconocimiento de su antigüedad se le incluye en la Promoción de 1984 de la Academia Nacional de Policías, que cuando sea destinado a la situación de disponibilidad su nombre será insertado en el listado de esta nueva promoción…” (sic), lo que implicaría una incorrecta interpretación del art. 86 de la LOPN antes mencionado, aspecto que no lo beneficiaría, por el contrario lo perjudicaría ya que precipitaría su jubilación, vulnerando así su derecho al trabajo y a la seguridad jurídica; pues el hecho de haberlo puesto en la promoción 1984 es un acto ilegal, dado que el precepto ya indicado, no prevería que el Comandante General de la Policía Boliviana, de ninguna manera podría actuar fuera de la norma y ubicarlo en una promoción que no le correspondería, infiriendo que estaría cumpliendo treinta y cinco años de servicio, pese a que su egreso de la Academia Nacional de Policías fue el año 1985. Añadió que por RA 0441/20 de 1 de mayo de 2020, se dispuso destinarlo a la letra “A” de DISPONIBILIDAD por jubilación a partir del 1 de enero del mismo año, Resolución con la que fue notificado un año después; es decir el 2021, con base a un contexto que no correspondería a la realidad, ya que como se dijo su persona pertenece a la promoción 1985 y fue indebidamente asignado a la promoción 1984, por una errónea interpretación del art. 86 de la LOPN y sus disposiciones concordantes, siendo que no cumplió los treinta y cinco años de servicio. Alegó que ante esta situación y dentro de un plazo prudencial, el 15 de septiembre de 2021, presentó memorial solicitando “…Se dé cumplimiento a la Resolución 855/2012…” (sic) y se tome en cuenta la errónea aplicación de la norma respecto a su jubilación con la promoción 1984, ya que se afectan sus derechos laborales en la institución policial; por lo que, dicha petición debe ser tomada en cuenta como un recurso de revocatoria de acuerdo a las previsiones de la Ley de Procedimiento Administrativo y su Reglamento, siendo que se pidió se deje sin efecto un acto administrativo lesivo a sus derechos; sin embargo, el Director Nacional de Personal de la Policía Boliviana, emitió respuesta mediante Nota Cite. ESC/TR GGJJOO 1061/2021 de 28 de octubre, que le fue notificada legalmente el 15 de noviembre de ese año, determinando desestimar su solicitud debido a que los actos de la administración del Comando General de la Policía Boliviana hubieran sido consentidos al efectuar su reclamo luego de haber transcurrido más de un año; motivo por el cual, al no hacerlo oportunamente, los actos que se hayan cumplido dentro de la fase o plazo pertinente adquirían calidad de cosa juzgada; por ello, no se ingresó a analizar el fondo de su pretensión ni tampoco se tomaron en cuenta los descargos y documentos que presentó, que demuestran que su persona fue notificado recién el año 2021; por consiguiente, su requerimiento no era extemporáneo y se interpuso en un plazo oportuno para reclamar su derecho, dado que cualquier acto administrativo surte efectos a partir de su notificación conforme lo establecen los arts. 32 y 33 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), además que podría reclamar sus derechos, cuando éstos se vean afectados y cada acto que los lesionara validaría su derecho a la petición. Complementó que el “25 de noviembre de 2022” -lo correcto es 24 de noviembre de 2021-, presentó recurso jerárquico ante el Comando Nacional de la Policía Boliviana como autoridad jerárquica; ante ello, mediante Nota Cite DIR. NAL. DE PERSONAL DINAPER/Stría. Gral. 6701/2021 de 24 de diciembre, el Director Nacional de Personal de dicha entidad, le respondió que su recurso fue desestimado por no haberse cumplido con los preceptos fundamentales expuestos; por lo que, solicitó información del por qué no se cumplió con el procedimiento establecido en los arts. 66 al 68 de la LPA; recibiendo una respuesta negativa, en franca vulneración a su derecho al debido proceso en sus componentes de motivación, fundamentación, congruencia, defensa y valoración probatoria. Finalmente, aludió que como antecedente importante la RA 0855/2012 de 5 de diciembre, reglamenta los arts. 71, 72, 75 y 76 de la LOPN, con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Pensiones y proteger y resguardar los derechos fundamentales de las servidoras y servidores públicos de la institución policial. Observando que para poder acceder a la disponibilidad de la letra “C” se debían haber cumplido treinta y cinco años de servicio, resaltando que en todas sus solicitudes, pidió se incorpore el razonamiento de esa Resolución al no haberse tomado en cuenta; sin embargo, se hizo caso omiso a su pedido, en contravención al derecho de petición.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionado sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia, defensa y proceso justo; a la defensa, al trabajo y a la “seguridad jurídica”, citando al efecto los arts. 14, 18, 48.I, 115.II, 119.II, 180.I y 235.1 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se deje sin efecto: a) La RA 0441/20 de 1 de mayo de 2020; b) Se reconozca su jubilación con su promoción correcta; es decir, la del año 1985; y, c) Se dicte una nueva resolución que anule lo dispuesto y se reconozca que su año de egreso no es 1984, previa compulsa con base en criterios objetivos de equidad, proporcionalidad y verdad material.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 11 de mayo de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 101 a 104, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante por intermedio de su abogada ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, ampliando la misma señaló que por procedimiento establecido en los arts. 67 y 68 de la LPA, presentó recurso jerárquico ante el Director Nacional de Personal de la Policía Boliviana; quien no cumplió con su obligación de admitir el recurso y en su caso elevar obrados ante la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la institución; sin embrago, para luego sin remitir obrados ni entrar al fondo de su pretensión, desestimar su recurso jerárquico mediante una nota.

I.2.2. Informe de los demandados

Máximo Jhonny Aguilera Montecinos, Comandante General de la Policía Boliviana, a través de su representante legal, en audiencia expresó lo siguiente: 1) De conformidad al art. 3 de la LPA, los procedimientos internos de la Policía Boliviana estarían excluidos de dicha norma; por otra parte, el accionante pretendía confundir a las autoridades constitucionales, al indicar que el último acto vulneratorio según su percepción “…seria de año pasado…” (sic), pese a que según sus fundamentos retrotraería las supuestas lesiones al año 2010; 2) El destino a la letra “C” del impetrante de tutela, se produjo mediante RA 0114/16 de 16 de septiembre de 2016; sin embargo, éste no hizo conocer su reclamo sobre ese aspecto; por otro lado, su destino a la letra “A” es desde el 1 de enero de 2020, a lo que recién el nombrado solicitante de tutela activó reclamos, pidiendo sea dejada sin efecto a la Dirección Nacional de Personal de la precita institución; por lo que, se debería puntualizar que el destino especial a la letra “C”, se mantendría hasta que se cumpla con la edad para la jubilación y el destino a la letra “A” ya establecería el tiempo de permanencia de dos años; por lo que, la petición del accionante de permanecer un año más en dicho destino especial, es legalmente imposible; y, 3) Respecto a la mención de que se interpuso recurso jerárquico contra la RA 0441/20 de destino a la Letra “A, se verificó que el accionante no cumplió con las formalidades señaladas en el art. 122 del Decreto Supremo (DS) 27113 de 23 de julio de 2003, -Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo-, dado que no existía un memorial de recurso de revocatoria, por lo que quedando evidenciada la existencia de actos consentidos desde la gestión 2010, ingresando en una causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional establecida, además de no haber cumplido el plazo para la reposición, mismo que venció superabundantemente; razón por la que, pidió que la tutela sea denegada. Alex Alfaro Luján, Director Nacional de Personal de la Policía Boliviana, mediante su representante legal, en audiencia refirió que se adhería a lo manifestado por la apoderada legal del Comandante General de la Policía, señalando a su vez que el accionante refirió que presentó memorial solicitando dé cumplimiento a la RA 0855/2012; empero, no indicó si se trataba de un recurso de revocatoria, conforme prevé el art. 64 de la LPA, pretensión que obviamente fue desestimada; así también se hizo referencia a un recurso jerárquico que fue desestimado por no cumplirse con los requisitos formales para su presentación; en tal sentido, el impetrante de tutela pretendía que se deje sin efecto la RA 0441/20, sin estar dentro del plazo para la formulación de la acción de amparo constitucional; por ello, pidió se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante la Resolución 90/2022 de 11 de mayo, cursante de fs. 105 a 107 denegó la tutela solicitada; con los siguientes fundamentos: i) El accionante por voluntad propia demostró que el acto supuestamente ilegal, no cumplió con el principio de inmediatez, y aparentemente si con el de subsidiariedad, pero el objeto del cumplimiento y la verificación del mismo no ha sido demostrado, pues la subsidiariedad implica el vencimiento de instancia; es decir, que no exista otra ordinaria donde reclamar o que se haya agotado el circuito interno de impugnación, pero también tiene que ver con el cumplimiento aparente al forzar recursos equivocados y pretender a través de un acto final, dejar sin efecto un proceso o procedimiento y la negligencia implica que no operen las vías idóneas para impugnar el presunto acto ilegal; ii) El principio de inmediatez tiene dos vértices, primero postular la acción tutelar fuera del plazo de seis meses, y por otro la protección inmediata a un derecho fundamental, cuando la ausencia de tutela pueda desencadenar en la lesión a un derecho irreparable; por lo que, no existiría razón para exigir subsidiariedad; iii) Se dio a la parte accionante la oportunidad de corregir el objeto de su pretensión de dejar sin efecto la RA 0441/20, que le fue notificada el 2021; razón por la que, siendo que la acción de amparo constitucional fue interpuesta el 8 de abril de 2022, quedó claro que operó el principio de inmediatez al estar vencido superabundantemente el plazo de seis meses; iv) El impetrante de tutela, identificó parcialmente el presunto acto ilegal, porque se pudo observar que aparentemente fue sujeto a un revocatorio y luego a un recurso jerárquico que fue desestimado mediante una nota y la misma abría la posibilidad de formular esta acción de defensa, lo que constituye un error porque ésta no fue objeto del debate; y, v) Frente al presunto acto ilegal identificado por la parte solicitante de tutela, se tendría que el plazo se encontraría vencido, además existían otros actos que no fueron debatidos en audiencia, error procesal que debe ser sancionado con la denegatoria de tutela sin mayores consideraciones.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa RA 01467/10 de 6 de diciembre de 2010, pronunciada por el entonces Comandante General de la Policía Boliviana, en su parte resolutiva como primer punto dispuso la acumulación de dos años de antigüedad en el grado de Teniente Coronel de Jorge Raúl Butrón Mayorga -hoy accionante- a efectos de su ascenso, y en su punto segundo resolvió que al reconocimiento de su antigüedad era incluido en la promoción 1984 de la Academia Nacional de Policías y cuando sea destinado a la situación de disponibilidad, su nombre sería insertado en el listado de su nueva promoción (fs. 4 a 5). II.2. Consta RA 0114/16 de 16 de septiembre de 2016, emitida por el entonces Comandante General de la Policía Boliviana, por la que se destinó al nombrado demandante de tutela a la situación de disponibilidad de la Letra “C” de reserva activa (fs. 62 a 63 vta.), aspecto que le fue comunicado por Memorándum 1644/2016 de la misma fecha (fs. 64). II.3. El entonces Comandante General de la Policía Boliviana, dictó la RA 0441/20 de 1 de mayo de 2020, resolviendo destinar a la Letra “A” de disponibilidad por jubilación a partir del 1 de enero de 2020, al ahora impetrante de tutela, en aplicación a los fundamentos legales previstos en los arts. 22, 71.5 y 72 de la LOPN, en concordancia con los arts. 47 y 48 del Reglamento de Personal y 8 de la Ley de Pensiones (LP), a fin de que realice su trámite para acceder a la Prestación Solidaria de Vejez (jubilación [fs. 10 a 11]), decisión que le fue comunicada por Nota Cite. ESC/TR GGJJOO 0423/2020 de 1 de mayo, emitida por el Director Nacional de Personal de la precitada entidad (fs. 9). II.4. Mediante memorial presentado el 15 de septiembre de 2021, el accionante solicitó al entonces Director Nacional de Personal de la Policía Boliviana, se dé cumplimiento a la RA 0855/2012 de 5 de diciembre y se disponga que su persona permanezca en la situación de disponibilidad de reserva “C” hasta que cumpla treinta y cinco años en la institución policial, dado que a la fecha de notificación con la RA 0441/20, contaba con treinta y cuatro años y cuatro meses aproximadamente en dicha entidad, al haber egresado de la Academia Nacional de Policías el año 1985 (fs. 84 y vta.). II.5. Por Nota Cite. ESC/TR GGJJOO 1061/2021 de 28 de octubre, el entonces Director Nacional de Personal de la Policía Boliviana, hizo conocer al hoy peticionante de tutela, que su solicitud efectuada a través de memorial presentado el 15 de septiembre de 2021, de conformidad a la sugerencia del Informe DINAPER /A.J. 3126/2021 de 26 de octubre, fue desestimada en consideración a que los actos administrativos dispuestos por el Comando General de la referida institución desde la emisión de la RA 01467/10, al no haberse interpuesto ningún recurso y observación en tiempo pertinente, fueron consentidos hasta dictarse la RA 0441/20, hace más de un año, acto que recién pretendería impugnar; por lo que, al no haber reclamado oportunamente las decisiones mencionadas adquirirían la calidad de cosa juzgada (fs. 86). II.6. Por memorial presentado el 24 de noviembre de 2021, al entonces Director Nacional de Personal de la Policía Boliviana, el solicitante de tutela, formuló recurso jerárquico de acuerdo a los arts. 55 y 66 de la LPA, pidiendo que sea remitido al superior jerárquico; es decir, al Comandante General, y dicha autoridad proceda a dejar sin efecto la RA 0441/20 (fs. 19 a 21 vta.). II.7. Cursa Informe Legal CGPB/DNAJ/DGPCFC/SPP/INF. 1966/2021 de 10 de diciembre, elaborado por Sonia Peñasco Pari, Asesora Jurídica del Comando General de la Policía Boliviana, dirigido al Jefe del Departamento Nacional de Asesoría Jurídica de la precitada institución policial por el cual sugiere desestimar el recurso jerárquico presentado por el solicitante de tutela (fs. 92 a 95). II.8 A través de Nota Cite DIR. NAL. DE PERSONAL DINAPER/ Stría. Gral.

6701/2021 de 24 de diciembre, Alex Alfaro Luján, Director Nacional de Personal de la Policía Boliviana -ahora demandado- dio a conocer al accionante que su formulación de recurso jerárquico por el cual requirió se deje sin efecto la RA 0441/20, fue desestimado por no haber cumplido los preceptos fundamentales expuestos (fs. 14).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia, defensa y proceso justo; a la defensa, al trabajo y a la “seguridad jurídica”; alegando que mediante RA 0441/20 de 1 de mayo de 2020, emitida por el entonces Director Nacional de Personal de la Policía Boliviana, se determinó su destino a la letra “A” de disponibilidad por jubilación a partir del 1 de enero del mismo año, sin que haya cumplido treinta y cinco años de servicio efectivo, por una errónea interpretación del art. 86 de la LOPN y sus disposiciones concordantes, habida cuenta que egresó de la Academia Nacional de Policías el año 1985. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. El principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional

El art. 129.II de la CPE, dispone que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial” (énfasis añadido); por otro lado, el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho” (las negrillas son nuestras). Acorde a dichos antecedentes, de manera uniforme la jurisprudencia constitucional dispone que la presente acción de defensa se encuentra regida por el principio de inmediatez; entendido este como el plazo máximo y perentorio que tienen las partes para activar esta vía de control tutelar extraordinaria, en procura de la restitución y protección de sus derechos y garantías supuestamente vulnerados o amenazados de hacerlo.

Es así que la SC 0770/2003-R de 6 de junio, señala: “Que, asimismo cabe establecer que el principio de inmediatez no importa la utilización discontinua o esporádica de los medios y recursos previos a la interposición del amparo, pues los reclamos deben ser interpuestos ante la instancia ordinaria o administrativa competente oportunamente, debiendo el agraviado por la lesión, hacer el seguimiento respectivo de su reclamo hasta agotar todas las instancias en el tiempo razonable, y para el caso de no obtener respuesta ni la cesación de la vulneración podrá acudir en el plazo de seis meses ante la jurisdicción constitucional a fin de que se compulse la amenaza, restricción o supresión al derecho fundamental. Este razonamiento, resulta lógico, puesto que responde no sólo al principio de inmediatez sino también a los principios de preclusión y celeridad, los mismos que no sólo dependen de los actos de la autoridad sino también del peticionante, quien debe estar compelido por su propio interés a realizar el seguimiento que corresponda a su solicitud, de modo que cuando no ha sido diligente en propia causa no se puede pretender que esta jurisdicción esté supeditada en forma indefinida para otorgarle protección” (el resaltado y las negrillas nos pertenecen). A su vez, la SC 0521/2010-R de 5 de julio, sobre el plazo máximo para interponer la acción de amparo constitucional, dispone: “…habiendo la Constitución Política del Estado vigente acogido expresamente el mismo, adoptando con ello el requisito imprescindible que el accionante debe cumplir, de presentar su recurso dentro de los seis meses a partir de la supuesta vulneración cometida o de la notificación con la resolución judicial o administrativa que se considera lesiva de derechos fundamentales y garantías constitucionales; principio que conforme expresa la SC 1157/2003-R de 15 de agosto: '…está sustentado básicamente en el principio de preclusión de los derechos para accionar, pues por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos ’”. En ese mismo sentido el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0809/2012 de 20 de agosto, determina: “Ahora bien, el término o de notificada la última decisión administrativa o judicial, debe ser entendido como una actuación dentro del proceso, mediante el cual, se trató de restituir el acto u omisión que supuestamente vulneró los derechos fundamentales. Un aspecto similar se prevé en la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, que en su art. 59, referente al plazo para la interposición de las acciones de defensa, establece: ‘Las acciones de Amparo Constitucional, de Protección de Privacidad y de Cumplimiento, podrán interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial’” (el resaltado es nuestro). Asimismo, la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, establece que: “Los arts. 128 y 129 de la CPE, establecen que la acción de amparo constitucional constituye un medio de tutela de carácter extraordinario y se rige esencialmente por los principios de subsidiariedad e inmediatez, que hacen a su naturaleza jurídica. El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa” (el resaltado nos pertenece). Por su parte, la SCP 1233/2022-S4 de 21 de septiembre, preve:“Con base en la normativa constitucional anotada, se concluye que para interponer la acción de amparo constitucional se tiene previsto un término de caducidad de seis meses a partir de la comisión de la vulneración alegada, de conocido el hecho o de notificado con la última decisión administrativa o judicial que agota la vía, considerando al último actuado como el mecanismo de impugnación idóneo previsto por la ley para corregir o enmendar la posible lesión al derecho fundamental o garantía constitucional de la persona, y que, de no hacerlo, se constituye en el acto lesivo de los derechos y garantías denunciados; sin que sea necesario efectuar la precisión de cuál de las partes interpuso la solicitud, siendo el plazo aplicable para todos” (énfasis añadido).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante activa la presente acción de amparo constitucional, alegando la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación congruencia, defensa y proceso justo; a la defensa, al trabajo y la “seguridad jurídica”, denunciando que a través de la RA 0441/20 de 1 de mayo de 2020, pronunciada por el entonces Director Nacional de Personal de la Policía Boliviana, se dispuso su destino a la Letra “A” de disponibilidad por jubilación a partir del 1 de enero del mismo año, sin que haya cumplido treinta y cinco años de servicio efectivo, debido a una errónea interpretación del art. 86 de la LOPN y sus disposiciones concordantes, habida cuenta que egresó de la Academia Nacional de Policías el año 1985.

Establecido el objeto de la pretensión constitucional, en revisión de la acción de amparo constitucional, corresponde a este Tribunal con carácter previo antes de ingresar al análisis de fondo, determinar si se cumplió con el principio de inmediatez; a tal efecto, la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 estableció que la SCP 0809/2012 determina que el término “…de notificada la última decisión administrativa o judicial…”, debía entenderse como la actuación dentro del proceso o procedimiento mediante el cual se trató de restituir el acto u omisión supuestamente vulnerador; aún cuando no sea obligatorio agotar la vía por el principio de subsidiariedad; en ese sentido, la dimensión negativa de la inmediatez depende que la activación se realice a partir de la comisión del acto ilegal o del último actuado idóneo -sea la presentación ante la falta de respuesta o notificación en la resolución-, para que se determine el plazo que se computa para que la acción tutelar caduque. Bajo este parámetro, el hecho lesivo denunciado y sobre el cual el impetrante de tutela solicita su tutela refiere a la RA 0441/20 (Conclusión II.3), misma que fue observada por el prenombrado el 15 de septiembre de 2021, pidiendo permanecer en la situación de disponibilidad de reserva “C” hasta que cumpla treinta y cinco años en la institución policial, en aplicación a la RA 0855/2012 de 5 de diciembre (Conclusión II.4), petitorio que fue desestimado por Nota Cite. ESC/TR GGJJOO 1061/2021 de 28 de octubre (Conclusión II.5); posteriormente, el 24 de noviembre de 2021, el solicitante de tutela interpuso recurso jerárquico contra la RA 0441/20, en virtud de los arts. 55 y 66 de la LPA (Conclusión II.6), la desestimación de dicho recurso fue puesta en conocimiento del accionante, mediante Nota Cite DIR. NAL. DE PERSONAL DINAPER/ Stría. Gral. 6701/2021 de 24 de diciembre (Conclusión II.8). Ahora bien, la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico precedente, señaló que el principio de inmediatez estableció que el peticionante de tutela debería interponer la acción de amparo constitucional en el menor tiempo posible después de haber sido vulnerado su derecho fundamental -considerando el plazo máximo de seis meses-, puesto que el mismo responde a los principios de preclusión y celeridad, los cuales también obligan al demandante de tutela a realizar el seguimiento de su reclamo hasta agotar todas las instancias en este tiempo razonable; por lo que, se exige al solicitante de tutela ser diligente en la defensa de sus derechos fundamentales, puesto que la jurisdicción constitucional no puede estar supeditada a la negligencia de quien pretenda que se restituyan sus derechos supuestamente lesionados (SC 0770/2003-R).

En ese sentido, como bien afirma el accionante, al conocer el tenor de la RA 0441/20, dentro de un plazo prudencial presentó memorial solicitando “…Se dé cumplimiento a la Resolución 855/2012…” (sic) y se tome en cuenta la errónea aplicación de la norma respecto a su jubilación, petición que alega debió ser considerada como un recurso de revocatoria de acuerdo a las previsiones de la Ley de Procedimiento Administrativo y su Reglamento; de igual manera, señala que formuló recurso jerárquico y al ser desestimado, solicitó información del por qué no se cumplió con el procedimiento establecido en los arts. 66 al 68 de la misma Ley. En tal contexto, corresponde puntualizar que el art. 3 de la LPA (Exclusiones y Salvedades) indica que dicha Ley se aplica a todos los actos de la administración pública, salvo excepción contenida en Ley expresa; es así que en el Parágrafo II, inc. f), textualmente señala: “Los procedimientos internos militares y de policía que se exceptúen por ley expresa” (negrillas agregadas). Al respecto, resulta menester indicar que el destino a la Letra “A” por disponibilidad por jubilación, no implica sanción alguna; por ende, no emerge de un proceso administrativo disciplinario, sino se constituye en un procedimiento interno dentro de la institución policial regulado por la Ley Orgánica de la Policía Nacional y el Reglamento de Personal de la Policía Boliviana, normas que en su estructura no consignan un régimen impugnatorio; en consecuencia, la precitada RA 0441/20 que en tutela se pide sea dejada sin efecto, no era susceptible de impugnación en sede administrativa policial. En consecuencia, no obstante que Jorge Raúl Butrón Mayorga -hoy accionante-, activó recursos administrativos con base a la Ley de Procedimiento Administrativo, con el fin de dejar sin efecto la referida RA 0441/20 contra la cual formuló esta acción tutelar; los mismos resultan manifiestamente improcedentes, en mérito a la normativa ya señalada, siendo evidente que no constituían los mecanismos idóneos para la restitución de sus derechos; por lo que, el tiempo transcurrido en la instancia administrativa policial, no puede ser tomado en cuenta para considerar el plazo de la inmediatez de la acción de amparo constitucional, así lo entendió la SCP 1233/2022-S4, glosada en el ya citado Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, que establece que para ser considerado el último actuado “…debe ser el mecanismo de impugnación idóneo previsto por la ley para corregir o enmendar la posible lesión al derecho fundamental o garantía constitucional de la persona, y que, de no hacerlo, se constituye en el acto lesivo de los derechos y garantías denunciados…” ( las negrillas son nuestras).

Por lo expuesto, el último acto que puede ser considerado para el cómputo del plazo, es la RA 0441/20; razón por la que, en principio si bien el accionante no indica cuando fue notificado con la misma, se tiene que éste fue el 15 de septiembre de 2021, presentó memorial ante el entonces Director Nacional de Personal de la Policía Boliviana, aludiendo que a la fecha de notificación con la referida Resolución Administrativa, contaba con treinta y cuatro años y cuatro meses de servicio; lo que da cuenta que en dicha fecha ya tenía conocimiento de la citada Resolución Administrativa que ahora impugna; por otra parte, de la compulsa del Informe Legal CGPB/DNAJ/DGPCFC/SPP/INF. 1966/2021 de 10 de diciembre, descrito en la Conclusión II.8, se advierte que en el acápite tercero del punto III (ANÁLISIS Y VALORACIÓN), expresamente refiere que: “revisado los antecedentes se puede advertir que en fecha 01 de mayo de 2020, el señor Cnl. DESP. Jorge Raúl Butrón Mayorga, habría sido notificado legalmente con la Resolución Administrativa Nº 441/2020 de fecha 01 de mayo de 2020…” (sic); afirmación que no fue controvertida por el peticionante de tutela, pese a que el mismo fue parte del informe brindado por la parte demandada, por lo cual se tiene certeza de cuando fue notificado el impetrante de tutela con la nombrada RA 0441/20, siendo evidente que hasta la fecha de presentación de esta acción de defensa que data de 8 de abril de 2022, transcurrieron más de seis meses; puesto que, el principio de inmediatez establece que el demandante de tutela debe interponer la acción de amparo constitucional dentro de plazo determinado después de haber sufrido una vulneración a sus derechos fundamentales, y basado en la celeridad y preclusión del mismo, el aludido no ha sido diligente en su propia causa; por lo que, no se puede pretender que la jurisdicción constitucional esté supeditada en forma indefinida para otorgarle protección.

En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 90/2022 de 11 de mayo, cursante de fs. 105 a 107, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0818_2023-S2.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 29478a596d0ed0c9081f12f3f4226778ec8c16be633db61494ff9131a89d9421

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