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SCP 0814/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 24 de julio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
24 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
62300-2024-125-AL
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad; alegando que, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de Chuquisaca -codemandada-, no resolvió su solicitud de emisión de mandamiento de libertad, pese a que cumplió con las disposiciones del Auto Interlocutorio de 23 de febrero de 2024 -verificación domiciliaria y arraigo nacional-; toda vez que, remitió dicha solicitud al Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital de ese mismo departamento; debido a este actuar dilatorio de la autoridad jurisdiccional se vulneró su derecho a la libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 93/2024 de 29 de febrero, cursante de fs. 39 a 41 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; en consecuencia:

1º CONCEDER la tutela impetrada, en contra de la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarta de la Capital del departamento de Chuquisaca, en los mismos términos que la citada Sala Constitucional; y, 2º DENEGAR con respecto al Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales
  3. III.3. Análisis del caso concreto.

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0814/2025-S3 Sucre, 24 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 62300-2024-125-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 93/2024 de 29 de febrero, cursante de fs. 39 a 41 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rolando Cruz Mamani contra Crisóstomo Mancilla Paco, Christian Clever Arancibia Valencia y Ángel Barrios Villa, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero; y, Mirian Flores Baltazar, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarta, todos de la Capital del departamento de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 28 de febrero de 2024, cursante a fs. 1 y 3 a 4, el accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Daniela Peñaloza Ortíz en su contra, por la presunta comisión del delito de violación, radicado en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de Chuquisaca; el 23 de febrero de 2024 se emitió Auto Interlocutorio -no se consignó número- correspondiente a la audiencia de cesación a su detención preventiva, disponiendo su arraigo a nivel nacional y la verificación domiciliaria, para acceder al beneficio de la detención domiciliaria; posteriormente, el 28 del mismo mes y año, presentó memorial indicando el cumplimiento de las medidas impuestas; sin embargo, su abogado al constituirse en el citado Juzgado, fue anoticiado que el expediente fue remitido al Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del mismo departamento; una vez apersonado ante el mismo, le informaron que su memorial no fue remitido debiendo ser la Jueza codemandada del referido Juzgado quien debía resolver el memorial y emitir el mandamiento respectivo. Actos que conllevaron a la privación de su derecho a la libertad, motivo por el cual, recurrió a la acción tutelar.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada y se disponga la emisión del mandamiento de libertad de manera inmediata.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 29 de febrero de 2024, según consta en acta cursante de fs. 37 a 38 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

Instalada la audiencia, el Tribunal de garantías hizo conocer el retiro de demanda interpuesta por el accionante mediante memorial de 28 de febrero de 2024, cursante a fs. 9 y vta., consiguientemente, determinó la prosecución de la audiencia, en atención a que la solicitud de retiro fue interpuesta de manera posterior al señalamiento de audiencia de consideración de la acción de libertad.

I.2.2. Informe de los demandados

Crisóstomo Mancilla Paco, Christian Clever Arancibia Valencia y Ángel Barrios Villa, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca, por informe escrito, cursante de fs. 35 a 36, solicitaron se deniegue la tutela impetrada, señalando que: a) El imputado -ahora accionante- alegó que una vez dispuesta la cesación a su detención preventiva, se ordenó el cumplimiento de medidas para que se libre el mandamiento de libertad; sin embargo, al apersonarse al Juzgado de origen, le mencionaron que el expediente fue remitido al Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del citado departamento, por lo que, debía remitir su memorial ante el mismo; b) De la documentación adjunta, se advirtió que el 28 de febrero de 2024, se remitió la acusación formal, el memorial de cumplimiento de medidas dispuestas y su respectivo proveído -de remisión- al citado Tribunal, empero, no remitieron el cuaderno procesal; no obstante, al no encontrarse radicado en el mencionado Tribunal, el mismo dispuso la devolución de dichas piezas procesales -acusación formal, carátula del sorteo y providencia de la misma- al Juzgado a quo, a objeto que resuelva el petitorio impetrado, respaldando su razonamiento con la Sentencia Constitucional Plurinacional 1084/2017-S3 de 18 de octubre; y, c) El 29 del mismo mes y año, se remitió al citado Tribunal la acusación formal, no obstante, se estableció que día anterior el Juez de origen resolvió la situación jurídica del imputado -ahora accionante-; concluyendo que no existió lesión del derecho a su libertad, evidenciándose un actuar malicioso de parte del impetrante de tutela. Mirian Flores Baltazar, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarta de la Capital del departamento de Chuquisaca, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 7.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 93/2024 de 29 de febrero, cursante de fs. 39 a 41 vta., concedió la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) El accionante aseveró que el 23 de febrero de 202[4] se emitió Auto Interlocutorio de cesación a la detención preventiva, disponiendo arraigo nacional y verificación domiciliaria; el personal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de Chuquisaca, indicó que el cuaderno de control jurisdiccional fue remitido al Tribunal de Sentencia Penal Tercero de ese mismo departamento, empero, el memorial de cumplimiento de las medidas impuestas se remitió conjuntamente con el expediente; el libramiento del mandamiento de libertad debió ser resuelto por el citado Juzgado, lo cual derivó a una indebida detención, motivo por el cual planteó acción de libertad; 2) Mediante informe, el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca, refirió que, el 28 de febrero de 2024 se remitió ante ese Tribunal la acusación, sin contar con los antecedentes del proceso, por lo que, se desconocía la situación jurídica del acusado -hoy peticionante de tutela-; con esos actuados se adjuntó el memorial con suma “cumple con las medias impuestas” (sic) dirigida a la Jueza -ahora codemandada-; alegaron que, al no haberse radicado la causa en ese Tribunal, el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del referido departamento, debió resolver el mismo al tener competencia; razón por la cual, de manera inmediata dispusieron la devolución de los antecedentes del proceso; “…en fecha 29 de febrero de 2024, se volvió a remitir la acusación y sería evidente que en fecha 28 de febrero de 2024 se había resuelto la situación jurídica del acusado, por lo que al no existir afectación a algún bien jurídica solicitan se deniegue la tutela solicitada” (sic); 3) El 29 del mismo mes y año, a horas 9:31, el accionante presentó memorial de retiro de la acción de libertad, señalando que se cumplió con la emisión del mandamiento de libertad; 4) Estableció que, el retiro o desistimiento de la acción tutelar, es viable antes de su señalamiento de audiencia de garantías, por lo que posteriormente, los Tribunales de garantías no pueden suspender la celebración de la audiencia, pese a la inasistencia de las partes o que haya sido reparado el derecho vulnerado, incluyendo que debe haber un pronunciamiento sobre la problemática planteada en la acción tutelar; y, 5) La Jueza -ahora codemandada-debió resolver la solicitud planteada por el solicitante de tutela, de manera previa a la remisión del expediente al Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca; ante tal hecho, vulneró el derecho a la libertad del accionante; empero, dicha transgresión fue reparada cuando la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto -codemandada- emitió el mandamiento de libertad, motivo por el cual, el accionante retiró la acción tutelar.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-04/2024 de 9 de mayo, cursante de fs. 46 a 52, se dispuso el sorteo conforme al orden correlativo de las acciones traslativas o de pronto despacho clasificadas a la Sala voluntaria o piloto; en cumplimiento a dicha determinación la Comisión de Admisión de este Tribunal, según orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de Chuquisaca, con suma “I. CUMPLE CON LAS MEDIDAS IMPUESTAS” (sic) presentado el 28 de febrero de 2024 a horas 11:27 por Rolando Cruz Mamani -ahora accionante-, señalando el cumplimiento del Auto Interlocutorio de 23 de febrero de 2024, en relación a las medidas sustitutivas de su detención domiciliaria impuestas por la Jueza ahora codemandada; al cual adjuntó en relación al domicilio “…FORMULARIO NOTARIAL, CERTIFICACIONES Y OTROS Nº 28/2024 CERTIFICACION DE VERIFICACION DE DOMICILIO REAL, emitido por la NOTARIA DE FE PUBLICA Nº12 de la Abg. Bertha Guerra Paucara…” (sic); con respecto a la otra disposición de trámite de arraigo nacional expresó “…tengo a bien presentar el trámite de arraigo…, signado con código de tramite CHDDGM001RA-230/24” (sic [fs. 20 a 26]). II.2. Mediante nota signado Cite Of. 145/2024 de 28 de febrero, con referencia “PONE EN CONOCIMIENTO Y REMITE MEMORIAL EN ORIGINAL Y POR SISTEMA” (sic) con sello de recepción de igual data a horas 16:41, donde la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarta de la Capital del departamento de Chuquisaca, remitió al Tribunal de Sentencia Penal Tercero de ese mismo departamento, el memorial de cumplimiento de medidas impuestas signado con el “C.U. 101103032300224” correspondiente al proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Daniela Peñaloza Ortíz contra Rolando Cruz Mamani -ahora peticionante de tutela-; haciendo notar que “…el cuaderno procesal en originales se encuentra pendiente de resolución de apelación en Sala Penal Nº 2 y que la acusación ya se encuentra remitido y radicado en su despacho” (sic [fs. 16]). II.3. Cursa proveído de 28 de febrero de 2024, emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca, poniendo a conocimiento que, en la mencionada fecha se remitió ante ese Tribunal, memorial con suma “Cumple con las medidas impuestas…” (sic) por parte del acusado -ahora accionante-, misma que definiría su situación jurídica; por lo que, en aplicación del razonamiento jurisprudencial de la SCP 1084/2017-S3 de 18 de octubre, la Jueza codemandada debió considerar y resolver dicho petitorio, toda vez que sin estar radicado en ese Tribunal, era aún competente para conocer cualquier petición vinculada a definir la situación jurídica del imputado -ahora solicitante de tutela-; a cuyo efecto, bajo el principio de inmediatez y celeridad se dispuso “…DEVUELVASE de forma inmediata los antecedentes al juzgado de origen, con la debida nota de cortesía” (sic [fs. 17]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad; alegando que, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de Chuquisaca -codemandada-, no resolvió su solicitud de emisión de mandamiento de libertad, pese a que cumplió con las disposiciones del Auto Interlocutorio de 23 de febrero de 2024 -verificación domiciliaria y arraigo nacional-; toda vez que, remitió dicha solicitud al Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital de ese mismo departamento; debido a este actuar dilatorio de la autoridad jurisdiccional se vulneró su derecho a la libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Respecto a este punto la SCP 0115/2024-S3 de 29 de abril, estableció que: «La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que:“…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: 'La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…' (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas. En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’» (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales

La SCP 0476/2021-S1 de 21 de septiembre, estableció que: “Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, sostiene que: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos’; A su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que:

‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez’; Disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia” (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto.

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad; alegando que, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de Chuquisaca -codemandada-, no resolvió su solicitud de emisión de mandamiento de libertad, pese a que cumplió con las disposiciones del Auto Interlocutorio de 23 de febrero de 2024 -verificación domiciliaria y arraigo nacional-; toda vez que, remitió dicha solicitud al Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital de ese mismo departamento; debido a este actuar dilatorio de la autoridad jurisdiccional se vulneró su derecho a la libertad. Del análisis de los antecedentes y datos contenidos en las Conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene que: Rolando Cruz Mamani -ahora accionante- presentó memorial el 28 de febrero de 2024 al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de Chuquisaca, expresando el cumplimiento de las medidas sustitutivas establecidas en el Auto Interlocutorio del 23 del mismo mes y año; sin embargo, esa misma fecha mediante nota signado Cite Of. 145/2024 de 28 de igual data, dicha autoridad judicial remitió el citado memorial conjuntamente con la acusación al Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del mismo departamento, haciendo constar que el cuaderno de control jurisdiccional del accionante está pendiente de resolución con un recurso de apelación, radicada en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento; ese mismo día, el citado Tribunal de Sentencia al percatarse del memorial que compromete la situación jurídica del accionante, decidió devolver inmediatamente los antecedentes al Juzgado de origen, a objeto que la autoridad jurisdiccional -ahora codemandada- resuelva dicha solicitud (Conclusión II.1, II.2 y II.3). Con respecto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, establece que: La acción de libertad traslativa o de pronto despacho es el medio procesal idóneo para que los litigantes obtengan celeridad en sus trámites judiciales cuando se incurre en dilaciones indebidas, por ende, todo administrador de justicia al momento de desempeñar sus funciones, está supeditado a la aplicación de los principios enmarcados en los arts. 178.I y 180.I de la CPE. Con relación al principio de celeridad en las actuaciones procesales citado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, se establece que: De acuerdo a los arts. 178.I y 180.I de la CPE, la facultad de impartir justicia proviene del pueblo boliviano y se sustenta en los principios que son aplicados por intermedio de la jurisdicción ordinaria; para el presente caso, destacamos el principio de celeridad que, conforme el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010- establece que: “3. CELERIDAD. Comprende en la agilidad de los procesos judiciales tramitados, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia” (sic). Bajo ese contexto, se establece que la autoridad codemandada el 28 de febrero de 2024 a horas 11:27 asumió conocimiento del memorial con suma “CUMPLE CON LAS MEDIDAS IMPUESTAS” (sic); no obstante, esa misma fecha a horas 16:41 dicha autoridad judicial codemandada pese a tener competencia y radicatoria del proceso penal, incurriendo en un acto dilatorio y omitiendo la solicitud vinculada directamente con el derecho a la libertad, procedió a remitir el citado memorial al Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del mismo departamento, sin embargo, este emitió providencia disponiendo que, al no haberse decretado la radicatoria y competencia en el proceso penal seguido contra el accionante, y teniendo en cuenta la existencia de una petición vinculada con la situación jurídica del ahora peticionante de tutela, aplicando el principio de inmediatez y celeridad dispuso la devolución del mismo al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del referido departamento, a efecto de que la autoridad judicial codemandada resuelva dicha petición, toda vez que, tiene la competencia y radicatoria del proceso penal. En mérito a lo expuesto, corresponde conceder la tutela solicitada en su modalidad traslativa.

Con relación al Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca -codemandado-, se advierte que una vez recepcionado el memorial de solicitud de mandamiento de libertad, en el día procedieron a su devolución al Juzgado a quo, sin incurrir en dilación alguna, por lo que, corresponderá denegar la tutela en este respecto. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 93/2024 de 29 de febrero, cursante de fs. 39 a 41 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; en consecuencia:

1º CONCEDER la tutela impetrada, en contra de la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarta de la Capital del departamento de Chuquisaca, en los mismos términos que la citada Sala Constitucional; y, 2º DENEGAR con respecto al Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0814_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.

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