Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 28 de julio de 2025
Deniega la tutela
La accionante por sí, y en representación de AA, BB y CC, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso “sustantivo” en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria; interés superior de la niña, niño y adolescente, “ENFOQUE DE GÉNERO Y ENFOQUE INTERSECCIONAL (…) ENFOQUES DIFERENCIAL E INTERSECCIONAL” (sic); toda vez que, las autoridades demandadas, al emitir el Auto de Vista 210/2024, no motivaron la falta de valoración de la prueba documental de la Escritura Pública 49/93 y de las fotografías, contraviniendo además los arts. 88.III y 1328 del CC.
Ante ello, los actuales Vocales de la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, manifestaron que sus autoridades no emitieron el Auto de Vista cuestionado y que no pueden emitir opinión alguna para evitar algún adelantamiento de criterio mientras no se resuelva la acción de amparo constitucional.
Por su parte, los ex Vocales de la referida Sala, pese a su notificación, no presentaron informe alguno ni asistieron a la audiencia de garantías para rebatir los argumentos de la parte accionante. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 119/2025 de 21 de mayo, cursante de fs. 983 a 988 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia:
1° DENEGAR a tutela impetrada, sin haber ingresado al análisis de fondo de la problemática expuesta.
2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional conforme el art. 28.II del Código Procesal Constitucional en atención al tiempo transcurrido y el interés superior del niño, disponiendo mantener firmes y subsistentes los actos producidos como consecuencia de la concesión efectuada en favor de la parte accionante, dispuesta por la Sala Constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0814/2025-S2 Sucre, 28 de julio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 74415-2025-149-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 119/2025 de 21 de mayo, cursante de fs. 983 a 988 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Elia Condori Chambilla por sí y en representación de AA, BB y CC contra Fabiola Merced Álvarez Apaza y Pedro Rolando Cusi Chambi; y, Lilian Mercedes Sandi Ochoa y Karina Erika Valdez Cuba, ex y actuales Vocales de la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memoriales presentados el 5 y 17 de marzo de 2025, cursante a fs. 756 y 778 a 797 vta.; y, 825 a 838, la accionante por sí y en representación de los menores, manifiesta lo siguiente:
Natalio Velasco Mamani falleció el 10 de febrero de 2023; en vida tuvo tres hijas: AA, BB y CC -ahora accionantes-, siendo el único propietario del lote de terreno ubicado en la Av. 6 de Agosto s/n, Zona Villa Concepción de la localidad Tito Yupanqui, con una superficie de 240 m. El 20 de enero de igual año otorgó a favor de sus hijas, en calidad de venta, dicho bien mediante documento privado de compraventa de inmueble, con reconocimiento de firmas ante Notaría de Fe Pública 2; no obstante, fueron perturbadas en su posesión por Florencia Flores Platero, Amador José, Aldair y Edwin, de apellidos Velasco Flores -hoy terceros interesados-, motivo por el cual interpusieron una acción de libertad que fue resuelta mediante Resolución 001/2023 de 24 de febrero, determinándose concederles la tutela, así como el alejamiento y desocupación provisional de los demandados del referido inmueble. Dicha Resolución fue confirmada y ratificada mediante la SCP 0261/2023-S3 de 17 de abril; sin embargo, se dimensionó sus efectos, precisando que la controversia respecto a la posesión del inmueble debía ser dilucidada a través de un proceso interdicto de recuperar la posesión. Ante la emisión de dichos fallos, en representación de sus hijas inició un proceso de interdicto de recuperar la posesión contra Amador José Velasco Flores, Florencia Flores Platero, Aldair Velasco Flores -estos dos últimos, terceros interesados-. En primera instancia, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia Primera y Jueza Técnica de Copacabana del departamento de La Paz, declaró improbada la demanda mediante la Sentencia 058/2023 de 10 de octubre; por ello, interpuso recurso de apelación, el cual fue conocido y resuelto por Fabiola Merced Álvarez Apaza y Pedro Rolando Cusi Chambi, ex Vocales de la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandados- mediante el Auto de Vista 210/2024 de 9 de mayo, que confirmó la referida Sentencia, omitiendo la aplicación de tratados y convenios internacionales relativos a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que integran el bloque de constitucionalidad, asimismo no se motivó ni valoró correctamente la prueba documental consistente en el documento privado de contrato de compraventa reconocido ante Notario de Fe Pública el 20 de enero de 2023, el muestrario fotográfico en el que se evidenciaba la posesión actual de sus hijas sobre el inmueble, ni la prueba testifical de cargo y descargo; tampoco se explicó ni fundamentó la forma en que se garantizó el interés superior de sus tres hijas menores de edad, ni cómo se consideró la situación de doble vulnerabilidad en que se encontraban, tanto por condición de mujeres como por ser menores de edad. Por toda esta situación se vulneraron sus derechos al debido proceso en sus elementos de falta de fundamentación respecto a los estándares internacionales y nacionales de protección reforzada a niñas, niños y adolescentes, en relación con los arts. 88.III y 1328 del Código Civil (CC); motivación arbitraria al no valorarse la prueba documental consistente en la Escritura Pública 49/93 de 15 de marzo de 1993 -que evidencia la posesión anterior del bien inmueble-, el contrato de compraventa de 21 de octubre de 2009 -que demuestra la posesión derivada del contrato y no de una sucesión-, las fotografías legalizadas correspondientes a la acción de libertad interpuesta con anterioridad, así como por la falta de producción de pruebas en segunda instancia.
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso “sustantivo” en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria; interés superior de la niña, niño y adolescente, “ENFOQUE DE GÉNERO Y ENFOQUE INTERSECCIONAL (…) ENFOQUES DIFERENCIAL E INTERSECCIONAL” (sic); citando al efecto los arts. 115, 117 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 2, 3 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga la nulidad del Auto de Vista 210/2024, ordenándose la emisión de una nueva resolución.
Celebrada la audiencia pública virtual el 21 de mayo de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 978 a 982 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos expuestos en su acción tutelar y ampliando en audiencia de garantías manifestó que: a) El inmueble de la controversia fue transferido mediante escritura 49/93 a sus tres hijas -hoy accionantes-; b) Las autoridades demandadas tampoco se pronunciaron sobre la actual posesión de las tres hijas, que ingresaron al inmueble el 20 de enero de 2023 de buena fe, sin ninguna violencia ni acto de lesión, entregado en vida por su padre Natalio Velasco Mamani; c) Las autoridades demandadas vulneraron sus derechos al ir contra lo establecido en el art. 88.III del CC que señala que: “‘si hay título que fundamenta la posesión, se presume que se ha poseído en forma continua desde la fecha del título’” (sic), aspecto que fue acreditado mediante documentos privados; asimismo, contravinieron lo determinado por el art. 1328 de igual Código, puesto que fundaron su decisión en certificaciones de la zona, siendo que dicha norma establece de manera clara que la prueba testifical no se admite en contra y fuera del contenido en los instrumentos; d) En ese documento privado reconocido ante Notario de Fe Pública, se acredita la posesión que han tenido las menores de edad -no la madre- desde que tenían, 11, 13 y 15 años de edad; por lo que, de acuerdo al art. 60 de la CPE debe prevalecer el interés superior del niño, incluso existiendo una doble vulnerabilidad, así lo entiende la Corte Interamericana de Derechos Humanos; no obstante, la resolución del Tribunal de alzada, como la de la a quo, no tomó en cuenta estos entendimientos; y, e) Los demandados no dieron respuesta a ocho agravios plasmados en el recurso de apelación, existiendo una incongruencia omisiva. Ante la consulta en audiencia de en qué fecha fue notificado con la Resolución el Auto de Vista 210/2024, el abogado de la parte accionante manifestó que: “…el 4 de septiembre de 2024…” (sic [fs. 982]).
Lilian Mercedes Sandi Ochoa y Karina Erika Valdez Cuba, actuales Vocales de la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito cursante a fs. 902, sostuvieron que sus autoridades no emitieron el Auto de Vista objeto de la acción de tutela y que por ello no les corresponde emitir criterio adelantado sobre los fundamentos del fallo en el caso del eventual resultado de la presente acción de amparo constitucional. Fabiola Merced Álvarez Apaza y Pedro Rolando Cusi Chambi, ex Vocales de la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no presentaron informe alguno ni participaron de la audiencia pública de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 858.
Florencia Flores Platero, Amador José, Aldair y Edwin, de apellidos Velasco Flores, por escritos cursantes a fs. 936 a 938 vta.; y, 974 a 977, y en audiencia, a través de sus abogados, respectivamente, solicitaron se deniegue la tutela impetrada, expresando que: 1) La posesión que tienen, viene de hace mucho tiempo atrás, siendo que incluso nacieron en ese lugar, aspecto que no fue desvirtuado por la accionante en el proceso civil de recuperar la posesión; 2) La parte peticionante de tutela pretende utilizar esta acción de defensa para apropiarse del inmueble, vulnerando incluso ella misma los derechos de las menores al utilizarlas de esta manera en la jurisdicción constitucional; 3) Elia Condori tiene acusación por el delito de allanamiento, aspecto que debe ser considerado; 4) No se cumplió con el principio de subsidiariedad, toda vez que la parte impetrante de tutela no interpuso oportunamente y dentro del plazo establecido, la solicitud de aclaración, complementación y enmienda para subsanar los presuntos errores del Auto de Vista ahora cuestionado; y, 5) No se cumplió con el plazo de inmediatez, ya que el Auto de Vista objetado fue notificado a la accionante el 4 de septiembre de 2024, y su plazo para interponer la presente acción de amparo constitucional venció el 4 de marzo de 2025, habiendo siendo presentada recién el 5 de referido mes y año a través de buzón judicial, es decir, fuera del término establecido en el Código Procesal Constitucional.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 119/2025 de 21 de mayo, cursante de fs. 983 a 988 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 210/2024 y ordenando que las autoridades en ejercicio emitan un nuevo fallo, con base en los siguientes fundamentos: i) Los ex Vocales demandados, al emitir el Auto de Vista ahora cuestionado, solo señalaron de manera general la existencia de pruebas, testificales en su mayoría; no obstante, no cumplieron con el proceso lógico que establece la SCP “0033/2025-S2”, puesto que no identificaron qué pruebas testificales, sino que solo las señalaron de manera general; ii) El Auto de Vista tampoco realiza una individualización de cada elemento probatorio, ni determina si su producción fue legal o no, como tampoco determina que información puede extraerse de cada una de ellas, por lo que no era posible señalar que las declaraciones testificales eran suficientes o no para probar un determinado hecho; iii) El criterio de los ex Vocales se limitó a manifestar que los demandados del proceso de interdicto también se encontraban en posesión del inmueble, conclusión que no fue suficiente para acreditar la exclusión de ello a las ahora accionantes, pues es posible que ambas partes hayan estado en posesión simultánea, no existiendo una respuesta clara, precisa, motivada y fundamentada sobre la valoración testifical y la valoración integral de todos los elementos de prueba; iv) Respecto al segundo agravio, es decir sobre la afirmación que no sería necesario acreditar el título de propiedad al ser una acción posesoria, el Auto de Vista no fundamenta ni motiva porque no tomó en cuenta el contrato de compraventa de parte de Natalio Velasco hacia sus hijas, siendo que la posesión fue transmitida por dicho documento, existiendo una omisión probatoria; y, v) En ese entendido, debe emitirse una nueva resolución valorando la prueba de manera motivada y fundamentada, de acuerdo a los estándares que establece la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. Consta Auto de Vista 210/2024 de 9 de mayo, que confirma la Sentencia 058/2023 de 10 de octubre, emitida dentro del proceso interdicto de recuperar la posesión interpuesto por Elia Condori Chambilla en representación de AA, BB y CC -ahora accionantes- contra Florencia Flores Platero, Amador José, Aldair y Edwin, de apellidos Velasco Flores, -terceros interesados- (fs. 713 a 717).
II.2. Cursa Certificado de Recepción en Plataforma a través del Buzón Judicial, el cual consigna como fecha de presentación de la presente acción de amparo constitucional, el 5 de marzo de 2025 (fs. 756).
La accionante por sí, y en representación de AA, BB y CC, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso “sustantivo” en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria; interés superior de la niña, niño y adolescente, “ENFOQUE DE GÉNERO Y ENFOQUE INTERSECCIONAL (…) ENFOQUES DIFERENCIAL E INTERSECCIONAL” (sic); toda vez que, las autoridades demandadas, al emitir el Auto de Vista 210/2024, no motivaron la falta de valoración de la prueba documental de la Escritura Pública 49/93 y de las fotografías, contraviniendo además los arts. 88.III y 1328 del CC.
Ante ello, los actuales Vocales de la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, manifestaron que sus autoridades no emitieron el Auto de Vista cuestionado y que no pueden emitir opinión alguna para evitar algún adelantamiento de criterio mientras no se resuelva la acción de amparo constitucional.
Por su parte, los ex Vocales de la referida Sala, pese a su notificación, no presentaron informe alguno ni asistieron a la audiencia de garantías para rebatir los argumentos de la parte accionante. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Cuando la Constitución Política del Estado no establecía plazo para la interposición del amparo constitucional, el Tribunal Constitucional, mediante la SC 1157/2003-R de 15 de agosto, estableció que, por principio general del derecho, ningún actor procesal podía pretender que el órgano jurisdiccional estuviera a su disposición de manera indefinida, sino únicamente dentro de un tiempo razonable, señalando además que: “…si en este tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos”. En este entendido, pretorianamente, la SC 0770/2003-R de 6 de junio, estableció que el recurso de amparo constitucional debía ser presentado dentro de los seis meses de ocurrido el acto ilegal u omisión indebida o de agotados los medios y recursos judiciales ordinarios o administrativos idóneos para hacer cesar el acto. En este contexto, y dado que la Norma Suprema y la ley no preveían un plazo de inmediatez, a partir de la SC 0762/2003-R de 6 de junio, se estableció que la regla de los seis meses podía flexibilizarse cuando se hubiese excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental sea evidente, lo que implicaba confundir las causales de improcedencia con el análisis de fondo. Posteriormente, en atención al principio de seguridad jurídica, el art. 129.II de la CPE instituyó como regla que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”. Por otra parte, el art. 133 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrog), disponía como norma general que: “Para tal fin, las partes y los abogados que actúen en el proceso tendrán la carga procesal de asistir en forma obligatoria a la secretaría los días martes y viernes para notificarse con las actuaciones que se hubieren producido; si estos días fueren feriados, asistirán al día hábil siguiente”. En relación con ello, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, estableció que debía aplicarse dicho criterio: “…cuando la notificación con el actuado judicial o administrativo final se efectúa a última hora del día, el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que el inicio del plazo para activar la acción de amparo constitucional, debe ser asumida desde el primer momento del día siguiente hábil, pues el objeto de la misma, recién se considerará cumplido en el instante consecuente…”. De igual forma, el cómputo del plazo fijado por el art. 129.II de la CPE, fue ratificado posteriormente por el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo) de 5 de julio de 2012, al señalar: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”, sin establecer la excepción prevista en la norma procesal civil ni en la SCP 0450/2012, previamente referidos. En ese marco, el art. 110 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), previó la creación de un buzón judicial a efectos de resolver el problema de la presentación de memoriales y recursos fuera del horario judicial y en días inhábiles, en caso de urgencia y cuando esté por vencer un plazo perentorio ante notarios y secretarios (SCP 1267/2012 de 19 de septiembre), pretendiéndose poner fin a controversias tal como si el escrito judicial se presentó a primera hora del día siguiente, etc., conforme refiere el Reglamento de Notificaciones Electrónicas -aprobado por acuerdo de Sala Plena 13/2018 de 7 de febrero del Tribunal Supremo de Justicia-, modificado por Acuerdo de Sala Plena 47/2018 de 20 de junio. Finalmente, considerando que el plazo de seis meses previsto en la Norma Fundamental es sumamente amplio en comparación con los plazos establecidos en la norma procesal civil, y que se inspiró en la duración de la etapa preparatoria y el plazo para acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos -los cuales no contemplan una excepción semejante a la establecida en SCP 0450/2012-, corresponde, en atención al principio de seguridad jurídica y desde el funcionamiento del Buzón Judicial, aplicar lo dispuesto en el art. 129.II de la CPE.
La accionante, por sí y en representación de AA, BB y CC, denuncia la lesión de sus derechos fundamentales al debido proceso “sustantivo” en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria; interés superior de la niña, niño y adolescente, “ENFOQUE DE GÉNERO Y ENFOQUE INTERSECCIONAL (…) ENFOQUES DIFERENCIAL E INTERSECCIONAL” (sic); sosteniendo que los ex Vocales ahora demandados emitieron el Auto de Vista 210/2024 de 9 de mayo sin motivar, por qué no consideraron la Escritura Pública de Compra Venta que acredita la posesión del bien inmueble y las fotografías adjuntas, en contravención de lo previsto en los arts. 88.III y 1328 del CC. De los antecedentes se advierte que cursa un proceso interdicto de recuperar la posesión interpuesto por la hoy accionante contra los actuales terceros interesados, en el cual se dictó la Sentencia 058/2023 de 10 de octubre, misma que al ser apelada, mereció que las autoridades ahora demandadas pronuncien el Auto de Vista 210/2024 (Conclusión II.1); y, si bien la parte impetrante de tutela presentó copia de casi todo el expediente judicial ante esta instancia constitucional, no arrimó la diligencia de notificación con el Auto de Vista impugnado; pese a ello, el tercero interesado observó el cumplimiento del plazo de seis meses de inmediatez, aspecto sobre el cual, la Sala Constitucional no emitió pronunciamiento. En este contexto, corresponde señalar que la falta de acreditación de la notificación fue observada expresamente por la Sala Constitucional mediante providencia de 10 de marzo de 2025, en la que se dispuso: “…acreditar documentalmente cuando fue notificada con la última decisión que vulnera sus derechos y garantías constitucionales” (sic [fs. 800]). En cumplimiento de dicho proveído, la parte accionante subsanó señalando: “Notificaron a mi Abogado JUAN DE DIOS CONDORI ZARATE vía Whats App, en fecha 04 de septiembre de 2024 con el AUTO DE VISTA RESOLUCIÓN Nº 210/2024, de fecha 09 de mayo de 2024…” (sic [fs. 837 vta.]); dicha circunstancia fue ratificada en audiencia, cuando el Vocal de la Sala Constitucional Segunda, José Sáenz Paz, preguntó a la parte peticionante de tutela: “…¿en qué fecha fue notificado con la Resolución Auto de Vista 210/2024?” (sic [fs. 982]), a lo que su abogado contestó respondió: “…con el ilegal Auto de Vista, el 4 de septiembre de 2024, señor Magistrado” (sic [fs. 982]). En consecuencia, si bien la parte accionante incumplió lo dispuesto por el art. 33.7 del CPCo, que obliga a presentar: “Las pruebas que tenga en su poder o señalamiento del lugar donde se encuentren” -lo que no aconteció en el presente caso-, lo cierto es que la fecha de notificación no fue controvertida por la parte demanda ni por los terceros interesados; en tal situación, se entenderá como cierta la notificación alegada por la parte actora.
Ahora bien, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, lo señalado en la CPE y el Código Procesal Constitucional, se establece que el plazo para la interposición de la acción de amparo constitucional es de seis meses, computables desde la notificación con la última decisión judicial; en el presente caso, dicho acto corresponde al Auto de Vista 210/2024, señalado como lesivo de los derechos de la parte impetrante de tutela, quien reconoció en su memorial de amparo y en audiencia de garantías ante su consulta, que la notificación con dicho fallo se produjo el 4 de septiembre de 2024; sin embargo, conforme evidencian los antecedentes, la acción de tutela fue presentada recién el 5 de marzo de 2025, según consta del Certificado de Recepción en Plataforma a través del Buzón Judicial (Conclusión II.2). Por lo tanto, la acción de tutela fue interpuesta vencido el plazo de seis meses, no pudiendo la parte accionante alegar que desconocía la normativa y el funcionamiento del buzón judicial, pues justamente presentó el referido escrito a través de ese medio; fundamento normativo y fáctico que le impide a esta jurisdicción ingresar al análisis de fondo del asunto.
No obstante, lo señalado, el art. 28.II el CPCo establece la posibilidad de dimensionar los fallos sobre el fondo de la acción. En el presente caso, como se constató de los antecedentes, la acción de amparo fue interpuesta fuera del plazo previsto en el art. 55.I de la citada norma procesal, razón por la cual resulta improcedente ingresar al análisis de fondo del asunto; sin embargo, al haberse verificado que se encuentra comprometido el interés superior de tres menores de edad -principio reconocido expresamente por los arts. 60 y 61 de la CPE; y, 3.1 y 4 de la CDN-, el mismo adquiere un valor prevalente y una eficacia directa en todos los órdenes del sistema jurídico y que en el caso concreto, este principio impone la necesidad de dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, considerando el tiempo transcurrido y con el objeto de mantener los efectos favorables ya producidos por la Resolución 119/2023 de 21 de mayo, emitida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que concedió tutela a favor de AA, BB y CC, instruyendo la emisión de una nueva resolución debidamente motivada, la cual debe mantenerse en sus alcances. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de una forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 119/2025 de 21 de mayo, cursante de fs. 983 a 988 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia:
1° DENEGAR a tutela impetrada, sin haber ingresado al análisis de fondo de la problemática expuesta.
2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional conforme el art. 28.II del Código Procesal Constitucional en atención al tiempo transcurrido y el interés superior del niño, disponiendo mantener firmes y subsistentes los actos producidos como consecuencia de la concesión efectuada en favor de la parte accionante, dispuesta por la Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0814_2025-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 26fa5ebe60a5424bf256f73bd0098bc6b3f61d3c09972a3a9d02d4d65d51651b
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