Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 14 de julio de 2025
Concede la tutela
Las accionantes denuncian la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones y el principio de celeridad; puesto que: i) El Juez ahora accionado incumplió el plazo previsto por el art. 239 del CPP, en cuanto al señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva; y, ii) Ante la interposición del recurso de apelación incidental, los antecedentes no fueron remitidos en el plazo establecido por el art. 251 del indicado Código. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La presunción de veracidad e inversión de la carga de la prueba; b) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para fijar fecha y hora de audiencia de consideración de medidas cautelares; c) De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en acciones de libertad; d) Del plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; y, e) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 44/2022 de 29 de diciembre, cursante de fs. 15 a 16, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías, y conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Exhortar a Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez y Richard Sumi Poma, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, a efectos de que en futuras actuaciones eviten dilaciones indebidas y obren con la celeridad que amerita la resolución de la situación jurídica de las personas privadas de libertad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0813/2025-S1 Sucre, 14 de julio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 53480-2023-107-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 44/2022 de 29 de diciembre, cursante de fs. 15 a 16, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Karen Ramos Rojas y Roxsana Rojas Machaca contra Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez y Richard Sumi Poma, Secretario ambos del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz.
Las accionantes mediante memorial presentado el 28 de diciembre de 2022, cursante de fs. 5 a 7 vta., manifestaron lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de la “Sra. Limachi” por la presunta comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por el art. 332 del Código Penal (CP); encontrándose con detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, mediante memorial presentado el 9 de diciembre de 2022, ante el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz -de turno por vacación judicial-; solicitaron la cesación de su detención preventiva, señalándose audiencia para el 16 de igual mes y año, que fue suspendida debido a la falta de notificaciones; y reprogramada para el 22 de ese mes y año, provocando una primera dilación, en ese actuado procesal se emitió el Auto Interlocutorio 368/2022, que fue objeto de recurso de apelación incidental de conformidad con lo previsto por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo hasta la interposición de esta acción de defensa de 28 del mencionado mes y año, los antecedentes no fueron remitidos ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, transcurriendo seis días, sin que el indicado Auto Interlocutorio hubiese sido transcrito y se proceda a la respectiva remisión de obrados, no obstante que la audiencia de cesación de la detención preventiva duró de cinco a siete minutos.
Las accionantes denuncian la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones y el principio de celeridad; citando al efecto los arts. 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE) -tal como se mencionó en audiencia de consideración de esta acción de defensa-.
Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga restablecer las formalidades legales y se conmine -al Juez y Secretario ahora accionados- que remitan en el día el recurso de apelación incidental que plantearon, sea conforme a procedimiento.
Celebrada la audiencia virtual el 29 de diciembre de 2022, cursante de fs. 13 a 14, se produjeron los siguientes actuados:
Las accionantes a través de su abogado en audiencia, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo, manifestaron que: a) La dilación provocada por el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz es constante; ya que, el 9 de diciembre de 2022, solicitaron la cesación de la detención preventiva en virtud a lo previsto por el art. 239.1 y 2 del CPP; sin embargo, el decreto emitido por el Juez ahora accionado fue de 12 de igual mes y año, y recién señaló audiencia de cesación de la detención preventiva para el 16 del citado mes y año, cuando lo correcto era que se fije la indicada audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas; asimismo, al suspenderse la referida audiencia en esa fecha debido a la falta de notificaciones, ésta fue reprogramada para el 22 de igual mes y año, nuevamente incumpliendo el plazo previsto por el art. 239 del referido Código; y, b) Se interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 368/2022, de acuerdo a lo establecido por el art. 251 del mencionado Código; empero, “hasta la fecha” -se entiende 29 de diciembre de 2022-, debido a la excesiva carga laboral que atraviesa el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del señalado departamento, los antecedentes no fueron remitidos a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, vulnerando los principios establecidos en los arts. 178 y 180 de la CPE.
accionados Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez y Richard Sumi Poma, Secretario ambos del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, no asistieron a la audiencia de consideración de esta acción de libertad, ni remitieron informe alguno, pese a sus citaciones cursantes de fs. 9 a 10.
El Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 44/2022 de 29 de diciembre, cursante de fs. 15 a 16, concedió la tutela solicitada, ordenando que el Juez y el Secretario ahora accionados, remitan el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 368/2022 a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) De conformidad con la jurisprudencia establecida en la SCP 0098/2018-S3 de 9 de abril, ante la excesiva carga procesal justificada, se puede ampliar el plazo de remisión de obrados ante el Tribunal de segunda instancia por un plazo no mayor a tres días, en ese sentido, se tiene que la audiencia de cesación de la detención preventiva de las accionantes fue celebrada el 22 de diciembre de 2022, transcurriendo hasta “el presente” -se entiende 29 de diciembre de 2022-, más de tres días; 2) El Juez como máxima autoridad del Juzgado tiene la obligación de resguardar los derechos y garantías constitucionales de las partes procesales dentro del proceso penal y en el actuar de los funcionarios de apoyo jurisdiccional que debe controlar que no vulneren el derecho de acceso a la justicia de los litigantes; y, 3) El art. 56.1 del CPP, establece que los Secretarios tienen la obligación de controlar mediante el sistema informático la gestión de causas; por lo que, la obligación de remisión de antecedentes, así como el control de plazos y poner en conocimiento de la autoridad judicial, el vencimiento de los mismos son de su responsabilidad.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 9 de diciembre de 2022, ante Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz -ahora accionado-, Karen Ramos Rojas y Roxsana Rojas Machaca -hoy accionantes-, solicitaron la cesación de su detención preventiva (fs. 2 y vta.); mereciendo en respuesta, el decreto de 12 de igual mes y año, por el que, el Juez ahora accionado, programó audiencia de cesación de la detención preventiva, para el 16 del citado mes y año (fs. 3). II.2. Cursa Acta de audiencia pública de cesación de la detención preventiva de 16 de diciembre de 2022, en la cual se advierte que debido a la falta de notificación a las partes procesales dicho actuado procesal fue diferido para el 22 de igual mes y año (fs. 4).
Las accionantes denuncian la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones y el principio de celeridad; puesto que: i) El Juez ahora accionado incumplió el plazo previsto por el art. 239 del CPP, en cuanto al señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva; y, ii) Ante la interposición del recurso de apelación incidental, los antecedentes no fueron remitidos en el plazo establecido por el art. 251 del indicado Código. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La presunción de veracidad e inversión de la carga de la prueba; b) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para fijar fecha y hora de audiencia de consideración de medidas cautelares; c) De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en acciones de libertad; d) Del plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; y, e) Análisis del caso concreto.
La SCP 0518/2021-S3 de 18 de agosto, señala que: «Conforme a los principios constitucionales establecidos en el art. 232 de la Constitución Política del Estado (CPE) que rigen a la administración pública, todos los funcionarios públicos en caso de ser accionados en una acción de libertad, tienen la obligación de informar sobre los presuntos actos ilegales denunciados, ya sea de forma escrita o en audiencia, caso contrario se tendrán por ciertos los hechos denunciados, conforme al entendimiento desarrollado en la SC 0181/2010-R de 24 de mayo, que estableció: “…en los supuestos en los que la autoridad demandada no desvirtúa ni niega los extremos denunciados en el hábeas corpus, ya sea por no asistir a la audiencia, ni prestar su informe de ley, o cuando asiste a la audiencia y/o presta el informe y confirma los actos ilegales demandados (SSCC 1164/2003-R, 0630/2004-R), el recurso, ahora acción de libertad, debe ser concedido”.
Entendimiento asumido por la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, al expresar que: “…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley…”.
Al respecto, la SCP 0101/2014-S1 de 24 de noviembre, haciendo una síntesis del entendimiento constitucional sobre la presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados, determinó que: “…la incomparecencia voluntaria de la autoridad demandada y la ausencia de su informe, no obstante su citación para el efecto, el Tribunal Constitucional en su SC 0038/2011-R de 7 de febrero, se ha pronunciado respecto a la presunción de veracidad de los hechos denunciados, expresando: ‘Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos’, reiterándose los entendimientos de las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R”» (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 0269/2018-S2 de 25 de junio, establece que: “El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-‘…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’.
A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R; la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último ‘…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’.
Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir, que determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia.
A través de la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, razonó a partir del principio ético-moral ama quilla -no seas flojo-, vinculándolo con el de celeridad procesal, estableciendo que las autoridades judiciales, en virtud a dichos principios, tienen el deber procesal de dirigir y resolver, sin dilaciones indebidas, las solicitudes de cesación de la detención preventiva. La SCP 0112/2012 de 27 de abril recogió los supuestos de dilaciones injustificadas en el tratamiento de solicitudes vinculadas con la libertad; resaltando el respeto al principio de celeridad, su carácteres normativo y vinculante; y, su aplicación necesaria en supuestos en los que la situación jurídica de las personas deba ser definida” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, señala que: “…a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado…” (las negrillas nos corresponden).
El art. 251 del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 mayo de 2019-, establece que: “(Apelación). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”. Asimismo, la SCP 0012/2018-S2 de 28 de febrero, en cuanto al plazo de remisión del recurso de apelación incidental, señala que: “De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación. (…) En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; decreto a partir del cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en su Fundamento Jurídico III.3: i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. (…) 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte” (las negrillas nos pertenecen).
Las accionantes denuncian la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones y el principio de celeridad; puesto que: 1) El Juez ahora accionado incumplió el plazo previsto por el art. 239 del CPP, en cuanto al señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva; y, 2) Ante la interposición del recurso de apelación incidental, los antecedentes no fueron remitidos en el plazo establecido por el art. 251 del indicado Código. Establecido el problema jurídico, previo a ingresar al análisis del caso concreto, corresponde aclarar que de acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, en las acciones de defensa cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar el respectivo informe o asistir a la audiencia de consideración de la misma, a efecto de desvirtuar los hechos denunciados, caso contrario se presume su veracidad. En el marco de esa aclaración, a continuación, se analizará la actuación del Juez y del Secretario ahora accionados, a efectos de establecer la respectiva responsabilidad o no con relación a los hechos denunciados por las accionantes. Respecto al Juez ahora accionado Las accionantes mediante esta acción de libertad denunciaron que el Juez hoy accionado incumplió con el plazo previsto por el art. 239 del CPP, en cuanto al señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva; en ese sentido, de antecedentes se tiene que por memorial presentado el 9 de diciembre de 2022, las accionantes solicitaron la cesación de su detención preventiva; conforme a lo previsto por el art. 239.1 y 2 del indicado Código, mereciendo en consecuencia, el decreto de 12 de igual mes y año; por el que, el referido Juez programó audiencia para el 16 del citado mes y año (Conclusión II.1.). Asimismo, cursa Acta de audiencia pública de cesación de la detención preventiva de 16 de diciembre de 2022, en la cual se advierte que debido a la falta de notificación a las partes procesales dicho actuado procesal fue diferido para el 22 de igual mes y año (Conclusión II.2.). En ese contexto, de acuerdo con la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho opera ante dilaciones injustificadas en el tratamiento de solicitudes vinculadas con la libertad, siendo una de éstas que se fije audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; por lo que, el Juez ahora accionado tenía cuarenta y ocho horas para señalar la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva de las accionantes; sin embargo, la programó dos días después de lo establecido por el art. 239 del CPP; no obstante, es necesario tomar en cuenta que el referido Juez se encontraba de turno por vacación judicial y atravesaba una excesiva carga procesal, situación que la llevó a programar la audiencia posterior al plazo previsto para tal efecto; empero, dentro de los plazos razonables; sin embargo, aquello no sucedió con la segunda programación de audiencia ante la suspensión del primer verificativo; debido a que se constata una dilación de varios días, en la consideración de la solicitud de las accionantes, motivo por el que corresponde conceder la tutela solicitada respecto al Juez hoy accionado. Ahora bien, las accionantes también denuncian la falta de remisión de antecedentes del recurso de apelación incidental que interpusieron ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al respecto se debe aclarar que si bien la función administrativa de remisión de antecedentes corresponde a los secretarios de juzgado; no obstante, la dirección y control del manejo de despacho y de los funcionarios de apoyo jurisdiccional recae sobre la autoridad judicial conforme a lo previsto en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional, en ese sentido, el Juez ahora accionado en la situación concreta en análisis, asumió una conducta pasiva frente a la dilación producida en cuanto a la remisión de los antecedentes ahora extrañados, lo que derivó en incertidumbre e indefinición de la situación jurídica procesal de las accionantes; en consecuencia, al omitir actuar bajo los principios constitucionales de celeridad, eficacia y eficiencia previstos por el art. 180.I de la CPE, corresponde también conceder la tutela solicitada respecto del derecho al debido proceso en sus elementos de una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones y celeridad, en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho. Con relación al Secretario hoy coaccionado Con carácter previo, resulta necesario precisar que los funcionarios de apoyo jurisdiccional adquieren legitimación pasiva cuando: “a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado” (SCP 0043/2018-S1); asimismo, respecto a la acción de libertad, dicha legitimación se activa en el caso de que la vulneración de derechos emerja del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones encomendadas a dichos funcionarios de apoyo jurisdiccional, con la aclaración que el acto ilegal no necesariamente tiene que ser jurisdiccional, sino que incluye también las omisiones de diligencias administrativas, entre éstas, el incumplimiento de plazos procesales para la remisión de los antecedentes del recurso de apelación, o la falta o inoportuna elaboración del mismo. Consecuentemente, en el marco del entendimiento jurisprudencial mencionado, de lo denunciado por las accionantes se tiene que los antecedentes del recurso de apelación incidental que interpusieron el 22 de diciembre de 2022, hasta la presentación de esta acción de libertad de 28 de igual mes y año, no fueron remitidos ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia, aspecto que resulta ser de entera responsabilidad del Secretario ahora accionado, quien tenía la obligación de remitir los mismos en el plazo de veinticuatro horas, con la excepción de que ese plazo sea flexibilizado a tres días, siempre y cuando exista una justificación razonable y fundada, pasando ese plazo se constituye en una dilación injustificada, tal como estableció la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.4. de este fallo constitucional; por lo que, al no advertirse de antecedentes oficio alguno de remisión o justificativo razonable para la omisión de la remisión de antecedentes ahora extrañada, se constata una dilación injustificada en la resolución de la situación jurídica de las accionantes; razón por la que, el Secretario hoy coaccionado adquirió legitimación pasiva, correspondiendo en consecuencia, también concederse la tutela respecto a ese funcionario de apoyo jurisdiccional. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 44/2022 de 29 de diciembre, cursante de fs. 15 a 16, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías, y conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Exhortar a Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez y Richard Sumi Poma, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, a efectos de que en futuras actuaciones eviten dilaciones indebidas y obren con la celeridad que amerita la resolución de la situación jurídica de las personas privadas de libertad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0813_2025-S1.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3dfb2caf7173ee36c7201c1c898950a7a4ca69a41a138e18eebce123a5fb447e
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