B.IA.LEGAL

SCP 0810/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 16 de septiembre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
16 de septiembre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
52277-2022-105-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de la aplicación objetiva de la ley, seguridad jurídica, celeridad, falta de motivación y fundamentación; así como al principio de legalidad; alegando que, en el proceso disciplinario seguido en su contra fue emitido el requerimiento de acusación formal, emergente de la fase de investigación que fue llevado de manera irregular, apartándose de los plazos y procedimiento establecido en la Ley 101, no existiendo un mecanismo legal para plantear su reclamo respecto de las irregularidades en las que incurrieron las autoridades accionadas. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 0110/2022 de 25 de noviembre, cursante de fs. 307 a 313, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza subsidiaria
  2. III.2. Sobre las irregularidades cometidas en la etapa investigativa disciplinaria policial, la acusación fiscal policial y/o el auto de inicio de procesamiento; y, la naturaleza subsidiaria de la acción de amparo constitucional

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0810/2024-S3 Sucre, 16 de septiembre de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 52277-2022-105-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 0110/2022 de 25 de noviembre, cursante de fs. 307 a 313, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Marcelo Endara Cáceres contra Juan Pablo Vargas Rivas, Fiscal Policial y Pompeo Sánchez Balderrama, Fiscal Departamental Policial de Beni ambos de la Policía Boliviana.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 8 de noviembre de 2022, cursante de fs. 249 a 257 vta., el accionante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Por requerimiento fiscal policial de inicio de investigación de 16 de agosto de 2022, el Fiscal Policial de Beni Juan Pablo Vargas Rivas, aperturó en su contra proceso disciplinario policial a denuncia de Margarita Ayala Melgar, comenzando la investigación disciplinaria por la presunta comisión de faltas disciplinarias graves, previstas y sancionadas en los arts. 13.18 (Agredir físicamente a los arrestados, aprehendidos o detenidos en celdas policiales) y 14.5 (Ejecutar tratos inhumanos crueles o degradantes, acciones de tortura, atentado contra Derechos Humanos) de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB) -Ley 101 de 4 de abril de 2011-; en el cual según Informe de Rolando Nina Melendres, Investigador de la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna Beni (DIDIPI-BENI), indicó que la denunciante adujo que el 14 de agosto de 2022 a horas 4:00 aproximadamente, arrestaron a su hijo Roberto Colque Ayala en la parada de Mototaxi “ISIRERI” entre tres personas, con el pretexto de que a José Marcelo Endara Cáceres, le habría robado su celular, trasladándolo en camioneta a la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Posteriormente, lo llevaron a otra oficina donde le dieron tres palazos, luego le hicieron quitar los zapatos para hacerle lo mismo en sus pies, después fueron a su casa donde salió su esposa, a quien el capitán le preguntó si dejó un celular robado y que tenía hasta las ocho de la mañana para devolverlo sino iría a la cárcel, luego lo trasladaron nuevamente a la FELCC, advirtiéndole que hasta las ocho de la mañana debía pagarle el celular, sino le pasaría a la cárcel de Mocovi, dejándolo en una celda hasta las tres de la tarde del día domingo, para luego presentarse como víctima de los hechos ocurridos. Proceso en la cual, realizaron diferentes actos investigativos (art. 64 y siguientes de la Ley 101), de acuerdo a los hechos referidos en los documentos señalados precedentemente, el cual debía desarrollarse en el plazo de quince días calendario (art. 67 de igual norma) y ampliarse de manera fundamentada a solicitud del Fiscal Policial o Fiscal Departamental, solo por diez días más y en casos complejos comprendidos en el art. 14 de la Ley 101, únicamente por veinte días. El acta de declaración informativa de su persona, dio cuenta que después de doce días, del plazo de quince días calendario de investigación, que era hasta el 31 de agosto de 2022, de manera extemporánea el 12 de septiembre de ese año, el Investigador de la DIDIPI “Williams R. Días Troncoso”, mediante Informe dirigido al Fiscal Policial Juan Pablo Vargas Rivas, solicitó la ampliación del plazo de investigaciones por diez días, infringiendo el principio de legalidad y la garantía constitucional del debido proceso y celeridad; pero además, sin el requerimiento del Fiscal Policial (el 12 de septiembre del mismo año), el Fiscal Departamental Pompeo R. Sánchez Balderrama, dispuso la ampliación por veinte días no solicitados legalmente; apartándose de lo requerido por el Fiscal Policial; y sin especificar la complejidad del caso, como exigía la norma legal para dicha ampliación; inobservando el procesamiento disciplinario administrativo, sin ninguna motivación, fundamentación y congruencia, conforme estableció la SCP 0140/2018-S3 de 20 de abril. De igual forma, el ilegal Requerimiento de acusación formal del Fiscal Policial Juan Pablo Vargas Rivas, de 6 de octubre de 2022, emitido en su contra después de veintitrés días de la ampliación de la investigación, fuera de todo plazo legal para investigar y del procedimiento previsto en el art. 67 de la Ley 101, sumándose a ello defectos insubsanables como: Que en el documento acusatorio de manera incongruente identificó como víctima a la Policía Boliviana, cuando nunca tal extremo se dio, menos que la institución sufriera un daño por un supuesto hecho atribuido a su persona injustamente; lo cual constituiría un absurdo error que afecta al debido proceso, puesto que la supuesta víctima fue identificada como Roberto Colque Ayala, de acuerdo a la denuncia y/o entrevista policial, ni siquiera la denunciante era la víctima; por lo que, nunca la Policía Boliviana era víctima en esa investigación policial.

Del mismo modo, como prueba de descargo de su parte, adjuntó el desistimiento de la víctima; no obstante, que la investigación tuvo lugar por una denuncia cuya victima supuesta era Roberto Colque Ayala; quién oportunamente desistió del proceso administrativo y pidió el rechazo de la denuncia, que era una forma de conclusión de la etapa investigativa (SC 0004/2005-R de 9 de marzo y AC 0008/2005-0 de 26 de abril, que establecieron: “El desistimiento es una forma de conclusión extraordinaria de un proceso o acción judicial, toda vez que constituye una abdicación o renuncia del demandante o accionante a las pretensiones planteadas en la demanda y los derechos perseguidos en ella”); pero de manera incongruente al pedido de la víctima y su pedido, emitió acusación formal.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos al debido proceso en su vertiente de la aplicación objetiva de la ley, seguridad jurídica, celeridad, falta de motivación y fundamentación; así como al principio de legalidad, citando al efecto los arts. 115.II, 116.I, 117.I, 178.I, y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, ordenar: a) Se deje sin efecto el requerimiento de acusación formal hasta la nulidad de la ampliación del plazo investigativo del 12 de septiembre de 2022; y b) Se deje sin efecto el decreto de radicatoria y auto de inicio de procesamiento, en tanto y en cuanto concluya la investigación de manera legal sin vulneración de la Ley 101.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 25 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 300 a 306, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contendidos en la demanda tutelar; añadiendo que: 1) El art. 135 de la CPE estableció que todo servidor publico deberá cumplir la Norma Suprema y las leyes, lo que no ocurrido en el caso en el que los accionados no cumplieron con los plazos y el procedimiento establecido en la Ley 101 desde el inicio del proceso disciplinario, tampoco es evidente el Defensor del Pueblo participara o avalara el proceso; y, 2) No había un mecanismo legal para impugnar o cuestionar la ampliación del plazo de investigación tramitada de forma irregular por los accionados; por lo que, acudieron a la vía constitucional con su reclamo porque la Ley no admite el planteamiento de incidentes, es así que el requerimiento de acusación fue dictada después del plazo de los veinte días establecidos, amparados en un Reglamento de la fiscalía policial, por encima de la Ley 101.

I.2.2. Informe de los accionados

Juan Pablo Vargas Rivas, Fiscal Policial y Pompeo R. Sánchez Balderrama, Fiscal Departamental, ambos de la Policía Boliviana, remitieron informe el 11 de noviembre de 2022, cursante de fs. 285 a 292 vta., mediante el que solicitaron se deniegue la tutela, en merito a los siguientes argumentos: i) La acusación policial emitida en el caso 048/2022 de 6 de octubre, emerge del Informe de Rolando Nina Melendres de 15 de agosto de igual año, Investigador de la DIDIPI Beni, respecto de la denuncia presentada por Margarita Ayala Melgar contra José Marcelo Endara Cáceres, así como por el Informe de igual fecha de Nelson Usieda Laguna, Jefe de Seguridad de la FELCC, respecto de los hechos acontecidos el 14 de agosto de ese año, con el hijo de la denunciante Roberto Colque Ayala, que dio lugar al Requerimiento de Inicio de Investigación de 16 de agosto de igual año, por presuntas faltas disciplinarias previstas en los arts. 13.18 y 14.5 de la Ley 101; ii) La notificación al accionante con el Inicio de Investigación, fue realizada el 29 de agosto de 2022, conforme los arts. 54 y 67 de la Ley 101, que prevén que las citaciones y notificaciones deberán efectuarse de forma personal en el último destino laboral o en el domicilio señalado; por lo que, el impetrante de tutela, durante los hechos suscitados gozaba de un permiso a cuenta vacación y su destino era el comando fronterizo de Guayaramerin, en ese entendido, fue legalmente notificado en la indicada fecha asumiendo conocimiento de la denuncia, a partir de lo cual y en sujeción al art. 54 de la citada norma, realizaron la investigación en el término de quince días, hasta el 12 de septiembre del indicado año; a través de informe motivado el Investigador asignado al caso, solicitó la ampliación del plazo, para complementar las labores investigativas, al tratarse de un caso complejo (art. 14 de la Ley 101), en atención a lo cual y en su condición de Fiscal Policial, de manera motivada y fundamentada solicitó la ampliación de plazo por veinte días, de acuerdo al art. 67 de la citada norma, a cuyo efecto fue emitido el Auto de ampliación de la investigación, por el Fiscal Departamental Policial, de 12 de septiembre de 2022, con el que también fue notificado el impetrante de tutela; iii) Cumplidos los veinte días de ampliación, el 2 de octubre de igual año, el investigador presentó Informe Conclusivo, con todos los medios y elementos probatorios obtenidos durante la investigación (art. 19 del Reglamento de la Fiscalía Policial Boliviana); es así que, recibido el mismo (en el plazo de cinco días) presentó requerimiento de acusación formal; notificado al accionante el 6 del mes y año señalados, sin observación alguna de su parte, remitida ante el Tribunal Disciplinario Departamental Policial de Beni, instancia que señaló audiencia para el 8 de noviembre de ese año, a horas 9:00, actuado suspendido por las causales estipuladas en el art. 80.1 y 4, de la Ley 101 “ausencia de su abogado defensor y falta de un testigo”; iv) En el Ministerio Público fue aperturado el caso por el presunto delito de lesiones graves y leves registrado con el código 801102012201226, contra José Marcelo Endara Cáceres, figurando como víctima Roberto Colque Ayala; y, v) La vulneración de derechos humanos se dio respecto de Roberto Colque Ayala, victima en el caso, por parte de su agresor José Marcelo Endara Cáceres, quien en lugar de proteger al prenombrado lo agredió, afectando la imagen institucional, puesto que esos hechos se dieron en dependencias policiales, cuando la misión de la Policía Boliviana, sería la defensa de la sociedad por mandato constitucional del art. 251 de la CPE, siendo el peticionante de tutela responsable de las faltas atribuidas, pues agredió a un arrestado apaleándolo en instalaciones policiales de la FELCC haciendo uso y abuso de éstas instalaciones, sin ni siquiera encontrarse de servicio sino con permiso, ejecutando un trato inhumano, cruel y degradante, por las lesiones físicas infringidas en los glúteos y pies de su víctima. Con el uso de la palabra en audiencia, por intermedio de su abogado, sostuvieron: a) El proceso de investigación se realizó de manera correcta, cumpliendo con el debido proceso y las normativas legales, el cual aún se encuentra en trámite en la etapa de juicio oral, por lo que la acción de amparo constitucional deviene en improcedente, donde también hubo actos consentidos; b) La defensa de José Marcelo Endara Cáceres fue plena y el proceso se desarrolló en el marco de los procedimientos establecidos por la ley, el impetrante de tutela denuncia el incumplimiento de plazos procesales y la SCP 0449/2012 de 29 de junio, estableció que ello no invalidaría el fallo, al no existir una norma que declare la nulidad por incumplimiento de plazos, de igual forma el desistimiento de la víctima en la Ley 101, no da lugar a una conciliación; y, c) El Defensor del Pueblo intervino como veedor del proceso, dándose las garantías para su prosecución, ahora en la fase de juicio oral, en el que el procesado tendría la facultad de presentar recursos ante el tribunal disciplinario y que la acción tutelar es improcedente según lo establecido por la ley.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Resolución 110/2022 de 25 de noviembre, cursante de fs. 307 a 313, concedió la tutela impetrada, dejando sin efecto el decreto de 12 de septiembre de 2022, dictado por -Pompeo R. Sánchez Balderrama-, Fiscal Departamental Policial de Beni, en el que dispuso la ampliación de la investigación por veinte días más, así como todos los actos posteriores a la ampliación, debiendo el Fiscal Policial, emitir su requerimiento conclusivo conforme corresponde de acuerdo a los actuados en el presente caso hasta el vencimiento del plazo de la investigación. Determinación asumida, con base en los siguientes fundamentos: 1) La Ley 101 tiene por objeto regular el Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, estableciendo las faltas y sanciones, las autoridades competentes y los respectivos procedimientos, garantizando un proceso disciplinario eficiente, eficaz y respetuoso de los derechos humanos, en resguardo de la dignidad de las servidoras y los servidores públicos policiales. El art. 22 de la misma Ley señaló que los tribunales y las autoridades del régimen disciplinario de la Policía Boliviana están sometidos a la Constitución Política del Estado, las leyes y reglamentos, estructura normativa que merece obediencia jerárquica de forma compatible con el art. 410.II que dispone que la Constitución es la Norma Suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. De igual forma el art. 42.4 de la precitada Ley 101, entre las atribuciones de los Fiscales Policiales, refiere la de cumplir con el término legal para efectuar las investigaciones y acusar o rechazar la denuncia, según corresponda, siendo una atribución exclusiva de éstos, no pudiendo delegar o deslindar a otro órgano, inclusive a la actuación voluntaria y libre de los propios sujetos procesados, pues por un lado, atinge a esa autoridad y no un procesado la obligación de cumplir los plazos para investigar, y por otro lado tiene la obligación de garantizarle ese respeto de sus derechos a los procesados conforme la misma Ley y no que a pedido de los procesados les brinden esa garantía; 2) El art. 66 de la Ley 101 dispone que la o el Fiscal Policial, dentro de las veinticuatro horas de recibida la denuncia o la información sobre la comisión de faltas graves, emitirá su requerimiento de inicio de investigación y dispondrá la realización de los actos investigativos necesarios, donde nace la investigación contra el disciplinado, el art. 67 de la citada Ley, prevé que la investigación disciplinaria tendrá un plazo máximo de duración de quince días calendario, que podrá ampliarse únicamente por diez días a solicitud fundamentada del Fiscal Policial o del Fiscal Departamental, siempre que concurra el art. 14 de dicha norma, relativa a casos complejos comprendidos; 3) En el caso verificaron tres aspectos que son reclamados a través de la acción de amparo constitucional, con relación al plazo, el accionante refirió que, mediante requerimiento fiscal policial se inició investigación el 16 de agosto de 2022, después de doce días de vencidos los quince días (31 de agosto de 2022), el 12 de septiembre de 2022, emiten el requerimiento fiscal policial, así también verificaron que el disciplinado fue notificado con el mencionado inicio de la investigación el 29 de agosto de 2022, su legal notificación del disciplinado, el Tribunal de garantías respecto a esa problemática que se enteró fuera de los quince días, verificó que en el Reglamento de la Fiscalía Policial Boliviana de la gestión 2021, establece respecto al cómputo del plazo de la investigación una vez iniciado el proceso, art. 28, señaló “El Cómputo de plazo dentro de la investigación disciplinaria, comenzara a correr desde la notificación efectuada a la denunciada o denunciado, con el requerimiento de inicio de investigaciones, cuando sean varias o varios los denunciados se tomara en cuenta desde la última notificación”; por lo que, se evidencia que no es cierto que el plazo se hubiera iniciado el 16 de agosto de 2022, para el cómputo de los quince días, concluyendo el Tribunal de garantías, con relación a ese aspecto no hubo vulneración de los derechos y garantías constitucionales del accionante; 4) Con relación al segundo aspecto, refiere que el requerimiento fiscal policial de ampliación, no fue presentado a solicitud de la autoridad sino a través de un informe del investigador, sin ninguna motivación ni especificar cual la complejidad del caso, que es exigida por norma, verificando el Tribunal de garantías, la existencia de un informe elaborado por Williams R. Diaz Troncoso - Investigador del DIDIPI, dirigido a Juan Pablo Vargas Rivas, Fiscal Policial, refiriéndose el informe a la falta de acumulación y recopilación de mayores indicios y elementos de convicción para dar con la verdad histórica de los hechos, en el cual pidió al fiscal policial la ampliación de la investigación por un periodo de diez días o el tiempo que sea prudente, haciendo referencia el investigador al art. 67 de la Ley 101 y pese a que el investigador le reiteró en dicho informe al Fiscal Policial el contenido de la citada disposición, como también verificaron el Decreto de 12 septiembre de 2022 emitido por -Pompeo R. Sánchez Balderrama-, en su condición de Fiscal Departamental Policial de Beni, disponiendo la ampliación de la investigación contra el disciplinado, haciendo mención a un requerimiento de fiscal de solicitud de investigación emitido por Juan Pablo Vargas Rivas, Fiscal Policial; 5) Sin embargo, este Tribunal de garantías de la revisión minuciosa de las pruebas acompañadas verificó la inexistencia del requerimiento fiscal policial, sino de un informe elaborado por Williams R. Díaz Troncoso, Investigador del DIDIPI, tal como lo establece el art 67 de la Ley 101; vale decir, que no hubo requerimiento fiscal policial, debidamente fundamentado de esa solicitud, situación que vulnera el derecho del hoy accionante en cuanto la seguridad jurídica y la aplicación objetiva de la ley, concluyendo que el referido informe del investigador no constituye un requerimiento fiscal policial, y al no haberse cumplido con tal presupuesto, el Fiscal Departamental no podía ampliar el plazo, como lo hizo; y, 6) Con relación al tercer aspecto, que no se valoró dentro de la acusación el retiro o desistimiento de la denuncia, no corresponde a este Tribunal de garantías pronunciarse al respecto, siendo que debe ser reclamado ante la instancia de la jurisdicción administrativa policial, evidenciándose así la vulneración de los derechos y garantías constitucionales del peticionante de tutela.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Requerimiento Fiscal Policial de Inicio de Investigación de 16 de agosto de 2022, se dio inicio al proceso disciplinario contra José Marcelo Endara Cáceres -hoy accionante-, por la supuesta transgresión de los arts. 13.18 y 14.5. de la Ley 101 (fs. 4 a 5); con la que fue notificado el 29 de igual mes y año (fs. 26). II.2. Cursa Informe de 12 de septiembre de 2022, de William R. Díaz Troncoso, Investigador de la DIDIPI, solicitando la ampliación del plazo de investigaciones en el caso 048/2022 de 6 de octubre, a denuncia de Margarita Ayala Melgar contra el impetrante de tutela (fs. 98 a 99). II.3. Mediante decreto de 12 de septiembre de 2022, emitido por Pompeo Sánchez Balderrama -ahora accionado-, Fiscal Departamental Policial de Beni, dispone la ampliación de la investigación por veinte días calendario en el caso 048/2022, (fs. 101).

II.4. Por Requerimiento de Acusación Formal, de 6 de octubre de 2022, emitido en el caso 048/2022, por Juan Pablo Vargas Rivas, Fiscal Policial Beni -hoy accionado-, solicitando la apertura de juicio oral contra José Marcelo Endara Cáceres (fs. 225 a 236); con la que el accionante fue notificado en igual fecha (fs. 238).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de la aplicación objetiva de la ley, seguridad jurídica, celeridad, falta de motivación y fundamentación; así como al principio de legalidad; alegando que, en el proceso disciplinario seguido en su contra fue emitido el requerimiento de acusación formal, emergente de la fase de investigación que fue llevado de manera irregular, apartándose de los plazos y procedimiento establecido en la Ley 101, no existiendo un mecanismo legal para plantear su reclamo respecto de las irregularidades en las que incurrieron las autoridades accionadas. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza subsidiaria

El art. 129.I de la CPE, estableciendo el carácter subsidiario de esta acción tutelar, señala que: “…se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (las negrillas son nuestras).

Al respecto, la SC 1580/2011-R de 11 de octubre, concluyó que: “Este Tribunal, a través de su uniforme jurisprudencia, ha desarrollado el carácter subsidiario del amparo constitucional, señalando que: ‘...no podrá ser interpuesta esta acción extraordinaria, mientras no se haya hecho uso de los recursos ordinarios o administrativos y, en caso de haber utilizado los mismos deberán ser agotados dentro de ese proceso o vía legal, sea judicial o administrativa, salvo que la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales ocasione perjuicio irremediable e irreparable’ (SSCC 1089/2003-R, 0552/2003-R, 0106/2003-R, 0374/2002-R, 1337/2003-R, entre otras)” (las negrillas nos corresponden). La SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, estableció las siguientes reglas y subreglas de improcedencia de la acción de amparo constitucional por subsidiariedad, cuando: “…1) Las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) Cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación; y, b) Cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y, 2) Las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) Cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados; y, b) Cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución”.

III.2. Sobre las irregularidades cometidas en la etapa investigativa disciplinaria policial, la acusación fiscal policial y/o el auto de inicio de procesamiento; y, la naturaleza subsidiaria de la acción de amparo constitucional

La SCP 0724/2016-S3 de 17 de junio, entendió que: “El accionante denuncia la vulneración de los derechos invocados en la presente acción de defensa, debido a que dentro del proceso disciplinario seguido a los terceros interesados, en el cual actuó como testigo de cargo, el Fiscal Policial codemandado, amparándose en el art. 42.8 de la LRDPB, amplió la acusación en su contra, aun cuando concluyó la fase del juicio oral donde las partes debían emitir sus alegatos finales, petición que fue aprobada por el entonces Presidente del Tribunal Disciplinario Departamental de Oruro de la Policía Boliviana -demandado-, sin consultar con los demás miembros de ese Tribunal. Posteriormente, se desarrolló una fase investigativa en su contra, pese a que contaba con el memorando 3559/2015 de 25 de noviembre, por el que se le concedió vacación anual, tiempo durante el cual el Fiscal Policial codemandado dictó el requerimiento de ampliación de inicio de investigación de 27 de noviembre de 2015, por lo que el Tribunal demandado pronunció el Auto de inicio de procesamiento complementario 131/2015 en su contra, sin ser escuchado ni contar con un abogado o tener la oportunidad de ofrecer pruebas.

(…)

El art. 74 de la LRDPB, determina lo siguiente: ‘Una vez recibida la Acusación Fiscal Policial, dentro de las veinticuatro horas se emitirá el Auto de Inicio de Procesamiento, señalando en forma expresa la o las faltas graves que se acusa a las servidoras o servidores públicos policiales procesados, señalando día y hora de realización de la Audiencia de Proceso Oral, entre el tercer y octavo día hábil posterior a la notificación, a efecto que se prepare la defensa. Los defectos de forma de la Acusación Fiscal Policial, no impedirán la prosecución del proceso ni son causa de nulidad’. Es decir, que ni la acusación fiscal (etapa investigativa) ni el auto de inicio de procesamiento (etapa del proceso oral) constituyen actos definitivos que resuelvan la denuncia contra el sindicado, sino que los mismos son actos provisionales y preparatorios establecidos para averiguar la verdad material de los hechos que serán dilucidados únicamente en la audiencia de proceso oral;

POR TANTO

, en razón a la naturaleza del proceso disciplinario, esos actuados no son impugnables directamente en la vía administrativa a través de excepciones o incidentes, conforme se deduce del art. 52 de la LRDPB.

Sin embargo, considerando que el proceso administrativo disciplinario policial está cimentado en los principios de presunción de inocencia y debido proceso [art. 49 incs. 4) y 8) de la LRDPB], cuando el sindicado considere que el contenido de la acusación fiscal y/o del auto de inicio de procesamiento vulnera sus derechos o garantías constitucionales, puede refutarlos de manera concentrada en la audiencia de proceso oral; ello, en mérito a los principios de economía, simplicidad y celeridad del procedimiento administrativo disciplinario de la Policía Boliviana -art. 49 de la LRDPB-, bajo una lógica de concentración del proceso administrativo disciplinario, a objeto que sea el tribunal de primera instancia quien resuelva las alegaciones del denunciado, y en caso que ese ente colegiado no emita pronunciamiento alguno acerca de los agravios vertidos por el demandado a momento de pronunciar resolución -art. 91 de la citada Ley-, el mismo tiene la alternativa de plantear apelación, que conforme al art. 97 inc. 1) de la referida norma: ‘…procede contra las Resoluciones de primera instancia (…) Por inobservancia o vulneración de la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica o esta Ley’; finalmente, y solo en caso que los derechos y garantías presuntamente lesionados no fuesen reestablecidos por el tribunal de alzada, el demandado podrá acudir a la vía del amparo constitucional.

Ahora bien, en el presente caso, acerca de las irregularidades cometidas por el Fiscal Policial en el desarrollo de la etapa investigativa y la actuación del Tribunal Disciplinario Departamental de Oruro de la Policía Boliviana -hoy demandado-, se tiene que este último dictó el Auto de inicio de procesamiento complementario 131/2015, durante la etapa del proceso oral (…); así, la audiencia de proceso oral fue suspendida (…), por lo que el accionante tuvo tiempo de estructurar su defensa, conforme establece el art. 74, pudiendo formular en ese actuado procesal, todos los reclamos que ahora pretende sean resueltos por la vía del amparo constitucional, puesto que en esa etapa se puede recibir aún su declaración voluntaria (art. 82) y presentar prueba (art. 83 y 86), y en caso de dictarse una resolución sancionatoria en su contra (art. 93), podrá interponer recurso de apelación (art. 97), que será resuelto por el Tribunal Disciplinario Superior (art. 98 [todos los preceptos citados de la LRDPB]); por lo que, al no haber agotado los mecanismos idóneos en procura del restablecimiento de sus derechos, acudiendo directamente a la acción de amparo constitucional, cual si la jurisdicción constitucional fuera una instancia supletoria de la jurisdicción ordinaria administrativa (…), este Tribunal Constitucional Plurinacional, se encuentra facultado para denegar la tutela impetrada…” (las negrillas fueron añadidas).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de la aplicación objetiva de la ley, seguridad jurídica, celeridad, falta de motivación y fundamentación; así como al principio de legalidad; alegando que, en el proceso disciplinario seguido en su contra fue emitido el requerimiento de acusación formal, emergente de la fase de investigación que fue llevado de manera irregular, apartándose de los plazos y procedimiento establecido en la Ley 101, no existiendo un mecanismo legal para plantear su reclamo respecto de las irregularidades en las que incurrieron las autoridades accionadas De los antecedentes del proceso disciplinario policial seguido contra el accionante, signado como caso 048/2022 de 6 de octubre, se tiene que, mediante Requerimiento Fiscal Policial de Inicio de Investigación de 16 de agosto de 2022, se dio inicio al proceso disciplinario en su contra por la supuesta transgresión de los arts. 13.18 y 14.5. de la Ley 101; con la que fue notificado el 29 de agosto de 2022 (Conclusión II.1); es así que, a través de Informe de 12 de septiembre de igual año, de William R. Díaz Troncoso, Investigador de la DIDIPI, solicitó la ampliación del plazo de investigaciones en el referido caso 048/2022 a denuncia de Margarita Ayala Melgar contra José Marcelo Endara Cáceres (Conclusión II.2); solicitud que mereció el decreto de 12 de septiembre de 2022, emitido por -Pompeo R. Sánchez Balderrama-, Fiscal Departamental Policial de Beni, disponiendo la ampliación de la investigación por veinte días calendario (Conclusión II.3); posteriormente, fue emitido Requerimiento de Acusación Formal, de 6 de octubre de 2022, pronunciado por Juan Pablo Vargas Rivas, Fiscal Policial Beni, solicitando la apertura de juicio oral contra el accionante con la que fue notificado en igual fecha (Conclusión II.4). Previo a ingresar a resolver la problemática planteada, corresponde indicar que conforme al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de amparo constitucional como mecanismo de defensa de derechos fundamentales está concebida en su configuración procesal como una garantía de naturaleza subsidiaria; por lo que, no es posible su activación sin el previo agotamiento de las vías legales ordinarias intraprocesales para la reparación de los derechos presuntamente lesionados.

En ese entendido, el impetrante de tutela aduce la lesión de sus derechos y garantías constitucionales a raíz que se hubieran suscitado algunas irregularidades en el proceso disciplinario seguido en su contra, relativas que, por una parte no se habría cumplido con el plazo de los quince días que debía durar el periodo de la investigación; por otra parte, el mismo fue ampliado por veinte días más, a través de un requerimiento sin fundamentos y emergente de un informe del Investigador y no por requerimiento del Fiscal Policial, contraviniendo de esa forma el procedimiento descrito en la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana específicamente los arts. 14, 66 y 67 que establecen la forma en la cual puede ampliarse el término de la investigación, mismos que fueron inobservados; en ese entendido, a raíz de esas irregularidades el proceso continuo hasta emitirse una ilegal acusación formal en su contra.

En ese marco y conforme lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, en el supuesto que dentro un proceso disciplinario policial se hubieran cometido irregularidades por parte del fiscal policial en el desarrollo de la etapa investigativa o la acusación fiscal policial y/o por el Tribunal Disciplinario Departamental en el auto de inicio de procesamiento, que presuntamente vulneren derechos o garantías constitucionales del procesado, este puede cuestionarlos de manera concentrada en la audiencia de proceso oral, a objeto que sea el tribunal de primera instancia, el que resuelva las alegaciones del denunciado, y en su defecto, si es que ese ente colegiado no emitiera pronunciamiento alguno acerca de los agravios vertidos por el sindicado al momento de dictar resolución o lo resuelto sobre sus denuncias y reclamos no responde a sus pretensiones, este tiene la prerrogativa de plantear recurso de apelación, que procede contra las resoluciones de primera instancia; en ese entendido, y solo en caso que los derechos y garantías presuntamente lesionados no fuesen restablecidos en alzada, el procesado disciplinariamente podrá acudir a la vía de la acción de amparo constitucional.

Ahora bien, en el caso concreto esta Sala advierte que el proceso disciplinario policial instaurado contra el peticionante de tutela se encontraba en fase de audiencia de proceso oral público, contradictorio y continuo, acto en el cual estaban facultados a enervar la acusación formal que consideran tiene origen en ampliaciones de las investigaciones presuntamente fuera de norma, y en el supuesto que ese reclamo no fuera fructífero cuentan con el recurso de apelación que les brinda la oportunidad de cuestionar resoluciones de primera instancia configurándose el escenario descrito en el numeral 1 inc. b) de las reglas y subreglas de improcedencia de la acción de amparo constitucional por subsidiariedad, determinadas en la SC 1337/2003-R, glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional “…Cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico…”; por cuanto impetrante de tutela activo de forma directa este mecanismo constitucional sin utilizar el referido medio de reclamo contra las supuestas irregularidades cometidas en la etapa investigativa disciplinaria policial; siendo aplicable la causal de improcedencia reglada prevista en el art. 53.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que prevé la improcedencia de la acción de amparo constitucional; debido a que, el acto identificado en la presente acción de defensa, podía ser modificado dentro del proceso disciplinario policial; lo que torna inviable ingresar al análisis de fondo de la problemática propuesta correspondiendo denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 0110/2022 de 25 de noviembre, cursante de fs. 307 a 313, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0810_2024-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): e43f990640e01ccbeb46efa01a132e6193c787451aba757c833ee1fa7bb20760

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