Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 28 de agosto de 2023
Concede en parte la tutela
El impetrante de tutela, señaló como vulnerados sus derechos al trabajo, remuneración y a la estabilidad laboral; toda vez que, la autoridad demandada mediante la Resolución de Contrato Individual de Trabajo a Plazo Fijo CITE OF.DIR. GESTION RR.HH. 22/2021 de 31 de mayo, el cual fue confirmado mediante Resolución Jerárquica 043/21 de 8 de diciembre de 2021, procedió a desvincularle de su fuente laboral basando su decisión en una simple mención de normas básicas de la administración, sin establecer de manera puntual cual sería el motivo de su retiro intempestivo antes de la conclusión del tiempo estipulado para la duración de la relación laboral, teniendo como fecha fija de conclusión de la relación laboral el 26 de noviembre de 2021. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:
1º CONFIRMAR la Resolución 088/2022 de 12 de julio, cursante de fs. 61 a 64, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela impetrada, disponiendo que la entidad edil demandada proceda al pago de los salarios correspondientes del 1 de abril al 26 de noviembre de 2021. Sea en el plazo prudencial de diez días hábiles. 2º DENEGAR la tutela respecto a la reincorporación del accionante al mismo puesto en el que trabajaba, debiendo a dicho efecto, acudir a la jurisdicción laboral a efectos de sea dicha instancia, en base al principio de inmediación y contradicción, determine lo que corresponda en derecho.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0810/2023-S4 Sucre, 28 de agosto de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 48719-2022-98-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 088/2022 de 12 de julio, cursante de fs. 61 a 64, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jaime Alex Rendón Muñoz contra Enrique Leaño Palenque, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.
Por memorial presentado el 9 de junio de 2022, cursante de fs. 1, 24 a 37 vta., el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Mediante contrato de trabajo a plazo fijo 794/2020, fue contratado para ocupar el puesto de Técnico II como Supervisor del Parque Infantil Simón Bolívar, dependiente de la Secretaria Municipal Administrativa y Financiera del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre con una vigencia del 20 de enero de 2020 al 31 de marzo del mismo año; ante el cumplimiento de dicho plazo, el 1 de abril de similar año, suscribió una adenda de contrato, por la cual se modificaba la categoría programática de la fuente de financiamiento y ampliaba el plazo de la relación contractual hasta el 30 de noviembre del citado año, convirtiéndose en un segundo contrato; toda vez que, las normas laborales deben ser en lo más beneficioso al trabajador bajo el principio indubio pro operatio. Posteriormente, el 1 de febrero de 2021, por decisión de las autoridades ediles, nuevamente suscribió un contrato individual de trabajo a plazo fijo 1208/2021 para ejercer el cargo de Auxiliar Administrativo III del Parque Infantil Simón Bolívar dependiente de la misma Secretaria Municipal con una vigencia hasta el 26 de noviembre del mismo año, encontrándose dicho cargo dentro de la escala salarial en el rango de nivel “operativo”, por ende regulado por la Ley 321 y bajo el régimen de la Ley General del Trabajo; por lo que, el 2 de junio de 2021, cuando se encontraba cumpliendo sus funciones de manera regular y sin ningún inconveniente, se apersonó un funcionario de la Unidad de Recursos Humanos (RR.HH) que procedió a notificarle con la Resolución de Contrato Individual de Trabajo a Plazo Fijo CITE OF.DIR. GESTION RR.HH. 22/2021 de 31 de mayo, documento totalmente arbitrario, unilateral e ilegal que no se adecuó a los dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente. Conforme dispone la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) –Ley 2341 de 23 de abril de 2002– interpuso Recurso de Revocatoria procediéndose a fundamentar las lesiones a sus derechos, mismo que mereció la Resolución de Revocatoria 01/2021 de 9 de julio rechazando dicho Recurso; por lo que, el 29 de igual mes y año planteó Recurso Jerárquico ante la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de dicho ente edil resuelto mediante Resolución Jerárquica 043/21 de 8 de diciembre de 2021, notificado a su persona el 15 de igual mes y año, confirmando el Recurso de Revocatoria planteado, Resolución Jerárquica que fue pronunciada fuera del plazo establecido en el art. 67.II de la LPA, operando el silencio administrativo con todos sus efectos legales.
Los impetrantes de tutela denunciaron la lesión del derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, citando al efecto, los arts. 46.I y II, 48.I y 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia: a) Se deje sin efecto la Resolución Jerárquica 043/21 y se emita una nueva; b) Que la nueva resolución a dictarse disponga la inmediata reincorporación laboral al mismo cargo y pago de sueldos devengados por estar bajo la Ley General de Trabajo, mereciendo la correspondiente estabilidad laboral; y c) En caso de deferir en contrario de lo anteriormente peticionado, en estricto cumplimiento del principio de iuria novit curia aplicable a la presente acción de defensa, se disponga que no habiendo justificativo legal para rescindir el contrato el mismo sea cumplido, debiendo pagarse los respectivos haberes hasta el cumplimiento de su contrato de trabajo.
Celebrada la audiencia pública el 10 de marzo de 2020, según consta en el acta cursante de fs. 51 a 60, presente el accionante asistido de su abogado, así como la autoridad demandada a través de su representante legal, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante haciendo un relato detallado de los hechos acontecidos, ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional y ampliando los mismos refirió lo siguiente: 1) Dentro de los elementos de la resolución de contrato la autoridad demandada no se estableció cuáles fueron las causales para tomar dicha determinación, refiriendo únicamente que su designación se basó en un contrato eventual de libre nombramiento, dándole la calidad de funcionario provisorio, no existiendo dichas figuras dentro de la Ley General de Trabajo; 2) La Resolución Jerárquica 043/21 de 8 de diciembre de 2021, fue emitida fuera del plazo establecido por la norma de los noventa días; puesto que, si bien se presentó el memorial interponiendo dicho recurso por parte del accionante el 29 de julio de 2021, debía haber sido resuelto máximo hasta el 6 de diciembre de igual año, más al contrario dicha resolución tiene fecha de 8 de diciembre del mismo año; y, 3) La Resolución Ministerial (RM) 173/72, determinó que los contratos de trabajo pactados sucesivamente por un lapso menor al termino de prueba o a plazo fijo que sean renovados periódicamente, como en el presente caso, adquieren la calidad de contratos a plazo indefinido a partir de la segunda contratación, y siempre que se trate de la realización de labores propias de su cargo como es la de vigilancia y supervisión.
Enrique Leaño Palenque, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, mediante su representante legal, en su intervención en audiencia informó lo que sigue: i) Con relación a lo referido por la parte accionante, en el sentido que en el presente caso operaría la conversión a contrato indefinido, dicho extremo no es viable; puesto que el primer contrato que se le realizó tenía una vigencia del 20 de enero a 31 de marzo de 2020 –menos de tres meses–, siendo que dicho contrato únicamente era por un periodo de prueba para el accionante; ii) Respecto a la solicitud en cuanto a que la Sala Constitucional debería disponer su inmediata reincorporación y la conversión de contrato, tal situación no puede ser admisible; puesto que existe una jurisdicción especializada para analizar aquella petición, la cual es la jurisdicción laboral quien es la llamada a resolver estas situaciones y no obstante de ello, también existen otros mecanismos mediante los cuales el accionante podría haber acudido, en una primera instancia a la Jefatura Departamental de Trabajo; y, iii) Existe una resolución anterior emitida por ésta misma Sala Constitucional en la Resolución Constitucional 004/2022 de 25 de enero, en la cual se deniega la tutela a otro accionante contra el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre siendo casos similares en cuanto al petitorio del accionante y la problemática planteada, reiterando que en dicho caso análogo fue denegada la tutela, solicitando que de igual manera se deniegue la tutela al no ser esta la vía idónea para resolución del presente caso.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, a través de la Resolución 088/2022 de 12 de julio, cursante de fs. 61 a 64, concedió en parte la tutela impetrada, dejando sin efecto la Resolución Jerárquica 043/21 de 8 de diciembre, Resolución de Revocatoria 001/2021 y el CITE OF. DIR.GESTION RRHH 22/2021 en reparación de las lesiones ocasionadas al accionante, debiendo la autoridad demandada en el plazo de quince días hábiles hacer efectivo el pago de las retribuciones de las que se le privó indebidamente hasta el 26 de noviembre de 2021; y denegó la tutela con relación a la reincorporación laboral y pago de derechos laborales por efecto de la conversión de contrato, decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: a) Se constató la emisión de una resolución unilateral y arbitraria del contrato a plazo fijo firmada con el impetrante de tutela, es así que los medios de impugnación empleados para la reparación de sus derechos por el accionante, lejos de constituirse en un medio eficaz para reparar las arbitrariedades cometidas, únicamente pretendieron justificar la decisión asumida por parte de la autoridad demandada, y si bien un contrato de esas características tiene una fecha de inicio y conclusión preestablecidos, puede ser resuelto antes de lo pactado; empero, esto debe ser conforme a lo expresado en la SCP 0342/2021-S4, por causales razonables y atribuibles al trabajador, lo cual implica que deben que deben ser comprobadas dichas causales, de lo contrario resulta arbitrario y lesivo a los derechos fundamentales de los trabajadores; 2) En el marco de lo establecido en la Sentencia Constitucional Plurinacional citada supra, la firma de un contrato a plazo fijo no puede implicar el desconocimiento de los derechos protegidos por la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad, como ser el derecho a la estabilidad laboral –mientras se mantenga subsistente la vigencia de ese contrato cuya fecha de cumplimiento de plazo ya fue pre acordada– y el derecho a la remuneración, concluyéndose que la emisión del CITE OF. DIR.GESTION RR.HH. 22/2021, Resolución de Revocatoria 001/2021 y Resolución Jerárquica 043/21 de 8 de diciembre de 2021 constituyen actos totalmente arbitrarios que atentan contra los derechos fundamentales y la dignidad del accionante; empero no siendo viable disponer la reincorporación en razón a que el plazo del contrato –resuelto unilateral y arbitrariamente– era hasta el 26 de noviembre de 2021; y, 3) Finalmente cabe puntualizar respecto a lo alegado por la parte demandada en el sentido que correspondía en el presente caso aplicar el razonamiento expuesto por esta Sala Constitucional con relación a la Resolución 004/2022, se aclara que si bien el caso referido tenía un origen similar en cuanto a la resolución de un contrato a plazo fijo, empero el planteamiento y petitorio no guardan similitud con la presente acción de defensa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Consta Contrato Individual de Trabajo a Plazo Fijo 1208/2021 de 1 de febrero; por el cual, Wilma Sanabria Taboada, entonces Secretaria Municipal Administrativa y Financiera; Rolando Freddy Vargas Rivas, Director de Gestión de Recursos Humanos (RR.HH.); y, Juan Layme Parada Técnico de Contratos todos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, contrataron los servicios de Jaime Alex Rendón Muñoz ‒ahora accionante‒, en el cargo de Auxiliar Administrativo III del Parque Infantil Simón Bolívar dependiente de la Secretaría Municipal Administrativa y Financiera del citado Municipio, con una vigencia desde el 1 de febrero al 26 de noviembre de 2021 y remuneración mensual de Bs4 693 (cuatro mil seiscientos noventa y tres 00/100 Bolivianos) (fs.3). II.2. Por Resolución de Contrato Individual de Trabajo a Plazo Fijo CITE OF.DIR.
GESTION RR.HH. 22/2021 de 31 de mayo, emitido por Ninoska Rosario Zarate Valdez Secretaria Municipal Administrativa y Financiera; y Carlo Marcelo Auza Paz Director de Gestión de RR.HH., que textualmente expresa: “el presente contrato podrá ser resuelto de manera anticipada de acuerdo a lo previsto en las normas Básicas de Administración de personal articulo 32 incisos a, c, r, f, g, h, k, m y n; Ley 2027, Ley 1178; DS 23318-A y normativa vigente por las siguientes causales: i) ʽRESCISIÓN DEL CONTRATO DE Y TRABAJO DEL PERSONAL EVENTUAL DE LIBRE NOMBRAMIENTO” (sic); en el cual, le comunicaron al impetrante de tutela que a partir de la fecha quedó resuelto su Contrato Individual de Trabajo a Plazo Fijo 1208/2021, el cual se negó a recibirlo y que en presencia de dos testigos se procedió a su notificación el 2 de junio de 2021, dejando constancia sobre su escritorio (fs. 4 a 5). II.3. Cursa Resolución Jerárquica 043/21 de 8 de diciembre de 2021, emitida por Enrique Leaño Palenque Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, por el cual CONFIRMA los efectos jurídicos de la Resolución Revocatoria 01/2021 de 9 de julio emitido por la Secretaria Municipal Administrativa y Financiera del mismo ente municipal (fs. 7 a 14).
El impetrante de tutela, señaló como vulnerados sus derechos al trabajo, remuneración y a la estabilidad laboral; toda vez que, la autoridad demandada mediante la Resolución de Contrato Individual de Trabajo a Plazo Fijo CITE OF.DIR. GESTION RR.HH. 22/2021 de 31 de mayo, el cual fue confirmado mediante Resolución Jerárquica 043/21 de 8 de diciembre de 2021, procedió a desvincularle de su fuente laboral basando su decisión en una simple mención de normas básicas de la administración, sin establecer de manera puntual cual sería el motivo de su retiro intempestivo antes de la conclusión del tiempo estipulado para la duración de la relación laboral, teniendo como fecha fija de conclusión de la relación laboral el 26 de noviembre de 2021. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 1135/2016-S3 de 19 de octubre, estableció que: “El art. 5.II del Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero, preceptúa lo siguiente: `La inamovilidad laboral no se aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en contratos de obra; salvo las relaciones laborales en las que bajo éstas u otras modalidades se intente eludir el alcance de esta norma…’. En ese marco, la SCP 0625/2016-S3 de 1 de junio, concluyó que: ‘…la ahora accionante se encontraba prestando funciones en la entidad pública demandada con una relación eventual, incluida dentro de la partida presupuestaria 12100 (trabajadores eventuales), conforme fue acreditado por la parte demandada; este hecho, determina que la accionante desde el inicio de su relación laboral conocía que la contratación era eventual y que tenía una fecha cierta y predeterminada; y por ello, si bien cuenta con inamovilidad laboral, este derecho en la circunstancia particular solo alcanza hasta la conclusión del plazo del contrato, pues no es posible que una relación eventual en el servicio público, pueda convertirse en indefinida, razón por la cual en el presente caso, no es posible conceder la tutela reclamada”.
Fijo 1208/2021 de 1 de febrero
El Contrato de Prestación de Servicios a Plazo Fijo, suscrito entre Jaime Alex Rendon Muñoz y el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, somete a las partes a las siguientes Cláusulas: “…SEXTA.- (DEL PLAZO Y JORNADA DE TRABAJO).- El presente contrato de prestación de servicios, tendrá vigencia a partir de 1 de febrero de 2021 al 26 de noviembre de 2021, debiendo cumplir la jornada de trabajo de acuerdo al capítulo III art. 5 del Reglamento Interno de Personal del Órgano Ejecutivo del G.A.M.S. El CONTRATADO (A) no puede alegar tácita reconducción en ningún caso.
SEPTIMA. - (REMUNERACIÓN). - Por las funciones desempeñadas en la jornada de trabajo de tiempo completo, se cancelará al Sr (a). Jaime Alex Rendón Muñoz el monto mensual de Bs. 4 693,00 (cuatro mil seiscientos noventa y tres 00/100 Bolivianos), con cargo a la partida presupuestaria 121, de personal eventual, categoría programática 34-0000-80, monto que será cancelado cada fin de mes con los respectivos descuentos de ley.
OCTAVA.- (RESOLUCIÓN DE CONTRATO).- El presente contrato podrá ser resuelto de manera anticipada de acuerdo a lo previsto en las Normas Básicas de Administración de Personal art. 32 incs. a, c, e, f, g, h, k, m y n; Ley 2027; Ley 1178; DS 23318-A y normativa vigente por las siguientes causales:
a) Renuncia.
b) Invalidez, determinada por las instancias legalmente autorizadas en el marco de las normas que rigen la Seguridad Social. c) Cuando existen dos evaluaciones consecutivas de desempeño con observación negativa. d) Destitución, como resultado de un proceso disciplinario.
e) Abandono de funciones por un periodo de tres días hábiles consecutivos o seis discontinuos en un mes no debidamente justificados. f) Supresión del puesto o cargo.
g) Retiro forzoso, ante causales de incompatibilidad.
h) Prisión formal del servidor público, emergente de sentencia condenatoria ejecutoriada. i) Rescisión del contrato de trabajo del personal eventual de libre nombramiento. j) Otros que determine la Ley” (las negrillas son nuestras).
La SCP 1711/2012 de 1 de octubre, señaló que: “…los preceptos del art. 6 del EFP, reconocen que además de los servidores públicos establecidos por la norma analizada precedentemente, existen otras personas que prestan servicios al Estado, que no están sometidas al Estatuto del Funcionario Público ni a la Ley General del Trabajo, estando sus derechos y obligaciones regidos por el respectivo contrato.
De acuerdo a la normativa señalada, y del exhaustivo análisis de los datos del recurso y la prueba aportada por las partes, se concluye que el recurrente no se ubica bajo ninguna de las clases de servidores públicos reconocidos por el art. 5 del EFP; y por el contrario, sus derechos y obligaciones se encuentran estipulados en el contrato (…) en consecuencia, su situación jurídica se adecua a los supuestos establecidos por los preceptos del art. 6 del EFP; por tanto, todas las emergencias que resulten de la relación contractual entre el recurrente y la entidad pública (…) así como su retiro, deben sujetarse a esas previsiones contractuales. Así lo determinó este Tribunal Constitucional en casos similares, en los que los derechos de los recurrentes, en base al art. 6 del EFP, se encuentran regulados por un contrato de consultoría, u otro similar; en ese sentido, la SC 0217/2004-R de 11 de febrero, manifestó lo siguiente: «(...) habiéndose determinado que la recurrente no era funcionaria de carrera ni aspirante a la misma, sino que su vinculación con la entidad pública (…) era de carácter contractual, de manera eventual hasta el 31 de diciembre de 2003 y para la prestación de servicios específicos, encontrándose por lo tanto dentro de la previsión del art. 6 del EFP, sus derechos y obligaciones se encontraban regulados en el contrato respectivo…»’ (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0342/2021-S4 de 26 de julio, refirió que: “El ordenamiento jurídico que rige en nuestro país, otorga a las personas la potestad de obligarse entre sí y de regular la relación jurídica a través de la contratación, facultad que también está reconocida en una relación laboral, pudiendo incorporarse a los convenios que se celebren en este ámbito, otros derechos y obligaciones que no estén expresamente establecidos en la ley. Sin embargo; dicha atribución no es absoluta, al tener este tipo de relación contractual la naturaleza protectora del derecho al trabajo.
Bajo ese contexto; y, dentro del ámbito laboral, si bien los contratos constituyen una de las fuentes que crean derechos y obligaciones para quienes los celebran, es decir; que, concede a las personas jurídicas y naturales la posibilidad de obligarse entre sí y de regular los vínculos jurídicos que así lo requieran mediante la contratación; empero, dichas atribuciones de ninguna manera permiten el desconocimiento de los principios que rigen la actividad en materia laboral, entre ellos el principio protector con el que se pretende precautelar los derechos del trabajador como uno de los pilares de la relación laboral.
En ese entendido; si bien es cierto que, se ha señalado que todas las emergencias que resulten de la relación contractual entre el trabajador y la entidad pública, que por su naturaleza eventual deben sujetarse a las previsiones insertas en las propias cláusulas contractuales establecidas en el documento que dio origen al vínculo laboral; sin embargo, el contenido de aquellas cláusulas de ninguna manera puede importar una renuncia a los derechos reconocidos al trabajador por la Constitución Política del Estado y los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad; en virtud a que, los mismos se encuentran vigentes, mientras subsista el contrato de trabajo; aún si en el documento contractual suscrito por el trabajador, estarían estipuladas convenciones en contrario que desconozcan los derechos de éste último.
Consiguientemente; al ser los derechos de los trabajadores irrenunciables, las cláusulas arbitrarias y discrecionales que dejen sin efecto o limiten los beneficios que la ley ha establecido en pro del trabajador, carecen de toda validez, relevancia y reconocimiento constitucional, entre tanto subsista la relación laboral; ya que, por la naturaleza de estos contratos, una vez concluido el vínculo contractual, aquellos derechos reconocidos y las obligaciones establecidas en éste, dejan de surtir sus efectos”.
El accionante señaló como vulnerados sus derechos al trabajo, remuneración y a la estabilidad laboral; toda vez que, la autoridad demandada mediante la Resolución de Contrato Individual de Trabajo a Plazo Fijo CITE OF.DIR. GESTION RR.HH. 22/2021 de 31 de mayo, el cual fue confirmado mediante Resolución Jerárquica 043/21 de 8 de diciembre de 2021, procedió a desvincularle de su fuente laboral basando su decisión en una simple mención de normas básicas de la administración, sin establecer de manera puntual cual sería el motivo de su retiro intempestivo antes de la conclusión del tiempo estipulado para la duración de la relación laboral, teniendo como fecha fija de conclusión de la relación laboral el 26 de noviembre de 2021. De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados; se tiene que, por medio de un Contrato Individual de Trabajo a Plazo Fijo 1208/2021, suscrito entre Jaime Alex Rendón Muñoz –impetrante de tutela– fue contratado como Auxiliar Administrativo III del Parque Infantil Simón Bolívar dependiente de la Secretaría Municipal Administrativa y Financiera del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, con vigencia del contrato desde el 1 de febrero al 26 de noviembre de 2021, con una remuneración salarial de Bs4 693 [ cuatro mil seiscientos noventa y tres bolivianos (Conclusión II.1)] Mediante Resolución de Contrato Individual de Trabajo a Plazo Fijo CITE OF.DIR. GESTION RR.HH. 22/2021, la referida entidad Municipal al amparo del art. 29. 15 de la Ley 482 y sus atribulaciones conferidas por la referida Ley se le comunicó a la accionante que en su calidad de servidora pública provisoria conforme establece el art. 71 de la EFP, quedaba resuelto el citado Contrato Individual a Plazo fijo, debiendo su persona entregar en el plazo de veinticuatro horas su informe de trabajo realizado en el marco de funciones conforme al su POA y otros, misma que fue confirmada mediante Resolución Jerárquica 043/21 de 8 de diciembre de 2021 emitida por la autoridad ahora demandada (Conclusiones II.2. y II.3.).
Ahora bien, de los argumentos expuestos en la presente acción de defensa, previamente a ingresar al análisis propiamente dicho, corresponde precisar que la problemática a dilucidar, se centra en la interrupción del contrato de prestación de servicios a plazo fijo, cuando éste se encontraba en plena vigencia, teniendo como fecha fija de conclusión de la relación laboral el 26 de noviembre de 2021; empero, el mismo fue interrumpido el 31 de mayo de igual año, mediante Resolución de Contrato Individual de Trabajo a Plazo Fijo CITE OF.DIR. GESTION RR.HH. 22/2021; a partir de lo cual, se establecerá si existió o no la lesión a los derechos alegados por la solicitante de tutela.
Con base en lo expresado, corresponde señalar que la finalidad y objeto de la acción de amparo constitucional, es el de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica reconocidos por la Constitución Política del Estado y la ley, contra actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos y particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir. En el caso concreto, además de haberse denunciado la lesión de los derechos al trabajo, remuneración y estabilidad laboral; en razón a que, la Resolución de Contrato Individual de Trabajo a Plazo Fijo CITE OF.DIR. GESTION RR.HH. 22/2021 que fue confirmado por la Resolución Jerárquica 043/21 de 8 de diciembre de 2021, basó su decisión en una simple mención de normas básicas de la administración sin establecer de manera puntual cuál sería el motivo de su retiro intempestivo. Ahora bien, es menester remitirnos a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional; en el cual, se desarrolló los alcances de un contrato administrativo de prestación de servicios, los que regulan los derechos y obligaciones a partir de las estipulaciones contenidas en el propio contrato, siempre y cuando éstas no sean contrarias al ordenamiento jurídico y a los derechos fundamentales y garantías constitucionales del trabajador; en ese entendido, de acuerdo a lo suscrito entre ambas partes procesales en el ahora cuestionado contrato individual, el vínculo laboral nació el 1 de febrero con vigencia hasta el 26 de noviembre de 2021; no obstante, este fue finalizado el 31 de mayo de igual año. En tal sentido, si bien el ordenamiento jurídico que rige en nuestro país, otorga a las personas la potestad de obligarse entre sí y de regular la relación jurídica a través de la contratación, reconocida también en una relación laboral; sin embargo, no es menos cierto que dicha atribución no es absoluta; pues, debe tenerse presente que en la relación contractual que incumbe derechos labores, estos deben prevalecer en virtud a la naturaleza protectora del derecho al trabajo. En ese contexto, si bien los contratos laborales constituyen una de las fuentes que crean derechos y obligaciones para quienes los celebran, regulando los vínculos jurídicos que así lo requieran mediante la contratación; no obstante, esas atribuciones no desconocen los principios que rigen la actividad en materia laboral, entre ellos el principio protector con el que se pretende precautelar los derechos del trabajador como uno de los pilares de la relación laboral; por lo que, el contenido de las cláusulas acordadas de ninguna manera puede importar una renuncia a los derechos reconocidos al trabajador por la Constitución Política del Estado y los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad; en virtud a que, los mismos se encuentran vigentes, mientras subsista el contrato de trabajo, aún si en el Contrato laboral se estipulen convenciones en contrario que desconozcan los derechos del trabajador.
Por consiguiente, al ser los derechos de los trabajadores irrenunciables, las cláusulas arbitrarias y discrecionales que dejen sin efecto o limiten los beneficios que la ley ha establecido en pro del trabajador, carecen de toda validez, relevancia y reconocimiento constitucional, entre tanto subsista la relación laboral; ya que, por la naturaleza de estos contratos, una vez concluido el vínculo contractual, aquellos derechos reconocidos y las obligaciones establecidas en éste, dejan de surtir sus efectos. Ahora bien, en el presente caso, se está frente a un contrato de naturaleza eventual; no obstante, el mismo contrato estipuló en su Cláusula Segunda que la accionante tendría la calidad de funcionario provisorio en aplicación del art. 71 del Estatuto del Funcionario Público (EFP); asimismo, si bien se contempló en su cláusula octava, las causales de resolución del contrato; empero, del contenido desglosado en el inciso i) de dicha cláusula, se advierte que se estipula convenciones que desconocen los derechos laborales de la ahora impetrante de tutela, al indicar que se podrá rescindir el contrato de trabajo del personal eventual de libre nombramiento, aplicando para ello la calidad de funcionario provisorio prevista en el artículo mencionado, siendo esta convención arbitraria, discrecional y abusiva y a la que fue sometida el trabajador a tiempo de suscribir el contrato; actuación que, no puede entenderse como renuncia a la estabilidad laboral de la que gozaba por el tiempo en el que fue pactado el documento; es decir, del 1 de febrero al 26 de noviembre de 2021; ya que, esta cláusula fue estipulada en desmedro de los derechos laborales reconocidos a la ahora solicitante de tutela, más aun tomando en cuenta que la remuneración que recibía provenía de la partida presupuestaria 121, de personal eventual, categoría programática 34-0000-80 –Cláusula Séptima–; además, considerando que la misma está anualmente sujeta a la elaboración de su Programa Operativo Anual Individual (POAI), para la distribución de sus recursos económicos en la gestión 2021, prueba de ello es el propio Contrato Individual de Trabajo a Plazo Fijo, en su cláusula cuarta señala que, las funciones y obligaciones estarían enmarcadas en el referido POAI, contrato que tenía una vigencia del 1 de febrero al 26 de noviembre del señalado año, entendiéndose con ello que, la cartera presupuestaria para esta partida, se encontraba programada e inscrita en el POAI 2021, no pudiendo en consecuencia resolver un contrato, cuando éste fue establecido con una vigencia cierta y determinada.
Por tal razón y tomando en cuenta la protección de los derechos al trabajo y estabilidad laboral, como derechos humanos reconocidos por la Norma Suprema y los Convenios y Tratados Internacionales; se tiene que, la vigencia estipulada en el contrato de referencia, de ninguna manera puede ser interrumpido, salvo la existencia cierta de causales que pongan fin a la relación laboral; y, que se encuentren en consonancia con la Ley Fundamental; en ese sentido, durante el tiempo que se suscribió el contrato, no se advierte que la causal por la que se determinó la resolución del contrato, sea justificada para proceder a la desvinculación laboral del trabajador, por el contrario se evidencia una decisión arbitraria en apego a supuestas facultades que tuviera el empleador al otorgarle contrariamente a la accionante la calidad de funcionaria provisoria, suscribiendo un contrato de trabajo eventual, cuya partida presupuestaria también se enmarca en el personal eventual; pues, como se refirió anteriormente, toda programación presupuestaria, así como la distribución económica en una entidad, se encuentran necesariamente establecidas en un programa operativo anual, que da la certeza de realizar programas y proyectos en la entidad pública, a este efecto, los derechos fundamentales del impetrante de tutela fueron lesionados al momento de haberse procedido a resolver el contrato con base en cláusulas discrecionales convenidas de forma contraria al ordenamiento constitucional. No pudiendo en consecuencia desconocer la estabilidad laboral del accionante durante la vigencia del contrato individual a plazo fijo; es decir, el respeto del plazo establecido del 1 de febrero de 2021 al 26 de noviembre, estabilidad que únicamente es reconocida por el tiempo pactado en el contrato, que de ninguna manera puede entenderse como un reconocimiento de un contrato indefinido; situación que no puede ser dilucidada en esta acción de defensa que, únicamente podrá garantizar el respeto de los derechos fundamentales de toda persona; y, en el caso concreto, del trabajador que goza de la protección constitucional al ser reconocido el derecho al trabajo como un derecho humano. Consecuentemente, al haberse actuado de manera arbitraria e irrazonable a tiempo de poner fin a la relación contractual pactada con la impetrante de tutela, por muy incluida que se encuentre la Cláusula Segunda, no deja de ser atentatoria y lesiva a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de la solicitante de tutela; como es, la estabilidad laboral y la seguridad jurídica que le asisten; debiendo por lo tanto, garantizar la estabilidad laboral por el tiempo que fue contratada, correspondiendo conceder la tutela impetrada. En el marco contextual señalada y siendo que por los argumentos expresados precedentemente, se establece que la resolución del contrato laboral resulta inconstitucional pues deviene de una cláusula que contiene convenciones contrarias a la Ley Fundamental y los derechos del trabajador, si bien por el tiempo transcurrido y dado que a esta jurisdicción no le corresponde definir si existió o no mutación en la modalidad de la relación laboral de eventual a indefinida, sin embargo, sí se halla facultada a, en virtud a lo manifestado, a disponer que la entidad municipal, proceda con el pago de los salarios correspondientes a los meses durante los cuales se privó ilegalmente al accionante de los mismos; es decir, del 1 de abril al 26 de noviembre de 2021.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela solicitada, realizó un correcto análisis de los antecedentes y de las normas aplicables al mismo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:
1º CONFIRMAR la Resolución 088/2022 de 12 de julio, cursante de fs. 61 a 64, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela impetrada, disponiendo que la entidad edil demandada proceda al pago de los salarios correspondientes del 1 de abril al 26 de noviembre de 2021. Sea en el plazo prudencial de diez días hábiles. 2º DENEGAR la tutela respecto a la reincorporación del accionante al mismo puesto en el que trabajaba, debiendo a dicho efecto, acudir a la jurisdicción laboral a efectos de sea dicha instancia, en base al principio de inmediación y contradicción, determine lo que corresponda en derecho. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano René Yván Espada Navía
MAGISTRADO MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0810_2023-S4.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 630e77910585b9dc4e660796edfb6ab7823ae8d5c890cd5f36c7456c85274ba0
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →