Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 28 de abril de 2026
Deniega la tutela
El accionante, a través de su representante, denuncia la vulneración de la garantía al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; toda vez que, los Vocales demandados declararon improcedente el recurso de apelación incidental y confirmaron la resolución que declaró infundada la excepción de prejudicialidad que opuso, restando valor al contrato de suministro de mercancías de 10 de julio de 2017, presentado como prueba, ignorando el contenido de sus cláusulas; e, invocando el art. 40 del CPP que, no guarda relación con la finalidad de la excepción interpuesta. Por otro lado, los Vocales demandados no presentaron informe alguno ni asistieron a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 160/2023 de 8 de diciembre, cursante de fs. 70 a 79 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los entendimientos asumidos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0809/2026-S2 Sucre, 28 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 60454-2024-121-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 160/2023 de 8 de diciembre, cursante de fs. 70 a 79 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional presentada por Rafael Vargas Villegas en representación legal de Paulo César Rodríguez Folster contra Julio Huarachi Pozo y Salua July Dipp Antequera, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
Por memorial presentado el 28 de noviembre de 2023, cursante a fs. 1 y 11 a 14, el accionante, a través de su representante, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra, a instancias de José Luis Martínez Mollo y Rodolfo Sixto Quispe Vargas -hoy terceros interesados-, por la presunta comisión del delito de estafa; previo a la audiencia de medidas cautelares, interpuso excepción de prejudicialidad; argumentando que, conforme a la cláusula décima de arbitraje del “Contrato de Suministro” -de 10 de julio 2017- de mercancías, de carácter civil, suscrito con Benjamín Martínez Martínez, representante de la Asociación Nacional de Productores de Quinua (ANAPQUI), se llegó al acuerdo de que todo litigio, discrepancia, cuestión y reclamación resultante de la ejecución o interpretación directa o indirecta del citado contrato, se someterá previamente a la negociación directa entre partes; no obstante, el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, mediante Auto Interlocutorio 458/2023 de 5 de septiembre, declaró sin lugar e infundada la excepción que planteó, obviando considerar que, para la interposición de dicha excepción, no constituye requisito de procedibilidad la existencia de causa extra penal iniciada con anterioridad a la acción penal, bastando que la resolución a pronunciarse en la jurisdicción extra penal, sea indispensable para efectos de su procedencia y la sustanciación de esta como presupuesto previo al proceso penal. Contra el citado Auto, interpuso recurso de apelación incidental, el cual fue resuelto por Julio Huarachi Pozo y Salua July Dipp Antequera, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandados-, quienes, a través del Auto de Vista 109/2023 de 14 de septiembre, declararon improcedente su recurso, vulnerando la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación por las siguientes irregularidades: a) Le restaron valor al contrato original de suministro de mercancías que arrimó; por el cual, se establece la jurisdicción extrapenal (arbitraje) para resolver el conflicto jurídico en caso de generarse controversia -emergente del incumplimiento de dicho acuerdo, esto por cualquiera de las partes-, estableciendo que el citado acuerdo no cuenta con “garantía”; por ello, estaría justificada la intervención penal, ignorando el contenido de las cláusulas tercera y novena; mismos que, constituían la garantía; b) Omitieron considerar que la finalidad de la excepción de prejudicialidad, recaía en que, sí la sustanciación del arbitraje establecía uno o más elementos constitutivos del tipo penal de estafa u otro, recién se debía acudir a la jurisdicción penal; y, c) La invocación del art. 40 del Código de Procedimiento Penal (CPP), no guarda relación con la excepción de prejudicialidad; puesto que, se refiere a la cosa juzgada civil de connotación, distinta a la finalidad de la excepción aludida, máxime si la jurisdicción extrapenal acordada no es la civil; por el contrario, es la regulada por la Ley de Arbitraje y Conciliación.
Denunció la lesión de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que, se determine la nulidad del Auto de Vista 109/2023 y en su mérito se emita otro.
Celebrada la audiencia mixta -presencial y virtual- el 8 de diciembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 63 a 69, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y, ampliando en audiencia, señaló que: 1) La inexistencia de un informe de la parte demandada, constituyó una aceptación tácita de la demanda; y, 2) Se lesionó el principio de congruencia, por cuanto los Vocales demandados adicionaron otros fundamentos; siendo que, la sentencia pasada en calidad de cosa juzgada en materia civil, no impide la iniciación de un proceso penal, lo cual no podría constituirse en fundamento de la excepción, porque esta establecía la posibilidad de sustanciación de un proceso extrapenal, asumiendo como tesis cierta que en el proceso extrapenal no se ha de resolver esta cuestión, cuando en los hechos, en el Centro de Conciliación y Arbitraje, es posible su resolución; además, se estuviera usurpando funciones del Ministerio Público, cuando este argumento jamás fue invocado.
Julio Huarachi Pozo y Salua July Dipp Antequera, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, no presentaron informe alguno ni asistieron a la audiencia de garantías pese a su citación cursante de fs. 39 a 40.
José Luis Martínez Mollo y Rodolfo Sixto Quispe Vargas, en audiencia de garantías, a través de su abogado, solicitaron se deniegue la tutela, refiriendo que: i) El accionante arguyó nuevos argumentos que jamás fueron escuchados en la audiencia de planteamiento de la excepción, ni mucho menos en la apelación; en esta audiencia no se escuchó si el Auto de Vista cuestionado, es un acto o una omisión, entre los cuales existe mucha diferencia; ii) En cuanto a la excepción, lo único que señaló la defensa es que, al existir un contrato suscrito entre los terceros interesados y el impetrante de tutela, se debió recurrir a una instancia extrapenal; toda vez que, en los arts. 301.1 y 309 del CPP, se establece que únicamente procederá esta excepción cuando, a través de la sustanciación de un proceso extrapenal, se pueda determinar la existencia de algunos elementos constitutivos del tipo penal; ese es el argumento de la parte demandada y del Juez a quo al rechazar esta excepción; puesto que, en ningún momento, se manifestó cuál de estos elementos constitutivos se va a demostrar en el proceso extrapenal; además, la SCP 1277/2016-S3 de 21 de noviembre, estableció jurisprudencia en el entendido de que únicamente la excepción de prejudicialidad será activada en tanto y en cuanto se acredite que, en una acción extrapenal, se determine la concurrencia de alguno o algunos de los elementos del ilícito penal que se juzgan; son presupuestos que, deben cumplirse antes de que el juez resuelva disponer la iniciación de la acción penal, lo cual no se realizaron; iii) El contrato se suscribió el 10 de julio de 2017; el peticionante de tutela hizo mención a las cláusulas tercera y novena, que establecen la garantía para el cumplimiento del mismo; pero no señaló que, en caso de incumplimiento, cualquiera de las partes podía dar por finalizado el contrato, siendo eso lo que ocurrió, porque el peticionante de tutela y la empresa ANAPQUI dieron por concluida la relación contractual; por ello, no existió contrato que sea valorado en la vía de arbitraje y conciliación ni proceso extrapenal anterior al de este procedimiento; por lo que, no existió una vía penal para que la asociación de productores de quinua exijan la restitución de más de “…Bs 900.000.000 millones” (sic); iv) Es aberrante que, por falta de informe o al no estar presentes los Vocales demandados, de forma tácita se haya aceptado esta acción tutelar; puesto que, el Tribunal de garantías debió valorar todos los antecedentes, la prueba ofrecida y, en caso de no existir informe, los argumentos plasmados en esta audiencia; y, v) El accionante no dijo si la resolución cuestionada, carece de una fundamentación jurídica, fáctica o argumentativa; sobre la congruencia, existen varios tipos de incongruencia, pero no se puede suplir la falta de fundamentación de los abogados del impetrante de tutela; por otro lado, los argumentos que fueron plasmados en la audiencia de garantías son nuevos, con los cuales pretendió que se conceda la tutela requerida.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Resolución 160/2023 de 8 de diciembre, cursante de fs. 70 a 79 vta., denegó la tutela solicitada, con base a los siguientes fundamentos: a) El punto dos del Auto de Vista 109/2023, tiene relación con el cuestionamiento de que se habría ignorado el contrato, en el cual se estableció la cláusula arbitral; si bien es evidente que la condición de la existencia de un proceso extrapenal como prueba, al momento de plantear la excepción de prejudicialidad, ya fue superada por la jurisprudencia constitucional, al establecer que, en el momento en el que se presente el proceso extrapenal, este no necesariamente debe ser posterior a la existencia de una causa penal, sino que se debe tener en cuenta la importancia y necesidad del mismo; así como, la concurrencia de los elementos constitutivos del tipo penal emergentes del proceso civil o administrativo, referentes en la SC “0682/2004-R” -de 6 de mayo- y la SCP 1242/2014 de 16 de junio; b) Los Vocales demandados, de cierta forma, condicionaron la excepción a la existencia previa de un proceso extrapenal; señalaron que, no se tenía prueba que determine en qué jurisdicción o en qué proceso extrapenal estaría tramitándose la causa para ordenar su remisión; empero, se tuvo que este no fue el sustento principal de su resolución, porque implícitamente sí consideraron el contrato para explicar, a partir del art. 309 del CPP, que la cláusula arbitral no impedía el ejercicio de la acción penal para investigar presuntos matices delictuales que pueden emerger del contrato; además, la vía arbitral no determinaría la existencia de elementos constitutivos del tipo penal, aspectos que tampoco fueron argumentados por el accionante conforme al acta de audiencia de apelación incidental; sus agravios coinciden con lo expresado en la acción de amparo constitucional; la prevalencia de que el contrato es ley entre partes y que debían dilucidarse sus controversias en la vía arbitral, está relacionada con el segundo aspecto de la problemática; c) En el punto tres de los fundamentos de la resolución cuestionada, la parte demandada, refiriéndose a los agravios planteados y haciendo alusión al art. 309 del CPP, ya advirtieron sobre lo relativo a un presunto contrato; para lo cual, debió considerarse el tema de la garantía y no específicamente el contrato en cuestión; siendo que, no se evidencia la garantía en el mismo; aspecto que, también podría ser un motivo para que la Fiscalía ejercite la investigación penal; señalando que, el órgano de persecución penal está en la obligación de investigar y luego determinar o no la existencia de elementos constitutivos; d) No se advirtió que, estos argumentos estén alejados de la jurisprudencia constitucional, como la SC 2634/2010-R de 6 de diciembre, que moduló la línea jurisprudencial, razonando que es dentro del proceso penal donde se dilucidaría la adecuación de la conducta antijurídica; al igual que, la estipulación de una cláusula arbitral no resultaba un motivo para renunciar a la jurisdicción penal, siendo la vía para determinar la existencia o no de delitos que presuntamente emergen de la suscripción de contratos, en consideración a que la vía arbitral tenía competencia para resolver controversias del contrato y no para determinar la existencia de delitos; entendimientos recogidos también en la SCP 1064/2017-S2 -de 9 de octubre-; y, e) En el punto dos se señaló que, se condicionó la procedencia a la presentación de una prueba que acredite que se estuviera sustanciando un proceso extrapenal en alguna jurisdicción, esta deficiencia o equivocación de los Vocales demandados, conllevó a aplicar la relevancia constitucional; puesto que, disponer conforme a lo ya determinado no cambiaría el fondo de la resolución en este caso; y lo alegado por los mismos sobre las sentencias invocadas por el solicitante de tutela, en el recurso de apelación, indicaron que estas no pueden considerarse como una prueba en el proceso, cuya aplicación concierne a la analogía de lo resuelto para el caso concreto. El accionante solicitó explicación, complementación y aclaración sobre lo que se entiende por relevancia constitucional; y, si el contrato aún podía ser válido en la instancia que refiere la cláusula arbitral, para resolver lo que fue establecido en el mismo. En mérito a esa solicitud, la Sala Constitucional complementó y aclaró: A la primera cuestión, que cuando se alegue la relevancia constitucional deberá analizarse la incidencia del acto supuestamente ilegal, pues si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela únicamente tendría como efecto que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado, generando dilación; y, respecto al segundo aspecto, mientras no se determine esa situación, sí puede acudirse a la vía arbitral a efectos de hacer valer las controversias emergentes del contrato.
Por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 95 a 97); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa “CONTRATO DE SUMINISTRO” de mercancías, reconocido en firmas y rúbricas de 10 de julio de 2017, entre Benjamín Martínez Martínez, representante de ANAPQUI y Paulo César Rodríguez Folster -hoy accionante-, el cual refiere en sus cláusulas novena y decimoprimera lo siguiente: “NOVENA (Penalidades por incumplimiento). De común acuerdo entre partes establecen como penalidades ante el incumplimiento las siguientes facultades unilaterales: Por el COMPRADOR: si el vendedor incumpliese con el envío de pedidos formulados por el cliente en volúmenes, tiempo (duración del contrato) y de exclusividad, el comprador podrá exigir el pago líquido de USD. 1,000,000.000 (Un millón de 00/100 Dólares americanos).-. Por el VENDEDOR: Si el comprador incumpliese con los pedidos establecidos como mínimo dentro del cronograma semestral el vendedor exigirá el pago líquido del costo de almacenaje, materia prima y procesado de la quinua, es decir el valor de los cuatro contenedores, cuyo pagado deberá ser dentro en los 90 días improrrogablemente (…) DECIMA PRIMERA. (Cláusula de arbitraje). Todo litigio, discrepancia, cuestión y reclamación resultante de la ejecución o interpretación del presente Contrato o relacionado con él, directa o indirectamente, se someterá previamente a la negociación directa entre partes. Si agotada la negociación entre partes o expirado el plazo máximo de 30 (treinta) días calendario, y la controversia no fuese resuelta amigablemente, la misma se resolverá mediante la conciliación y arbitraje en el marco de la Ley No. 805. El arbitraje se sujetará a las reglas y al procedimiento contenido en el Reglamento de Arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de la ciudad de La Paz. Igualmente, las partes hacen constar expresamente su compromiso de cumplir el Laudo Arbitral que se dicte, renunciando en la medida permitida por Ley, a cualquier tipo de recurso contra el mismo” (sic [fs. 4 a 6 vta.]). II.2. Dentro del proceso penal seguido a instancias de José Luis Martínez Mollo y Rodolfo Sixto Quispe Vargas -hoy terceros interesados-, contra el impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de estafa, consta Auto Interlocutorio 458/2023 de 5 de septiembre, emitido por el Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Oruro, quien declaró sin lugar e infundada la excepción de prejudicialidad interpuesta por el peticionante de tutela, con base en los siguientes fundamentos: De acudir a la vía extrapenal, no se dijo qué elemento del tipo penal de estafa se va identificar; se entiende que, el hecho de acudir o no a la jurisdicción de conciliación y arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio, en nada influye a que el proceso penal se desarrolle con normalidad (fs. 7 a 8 vta.). II.3. Mediante Auto de Vista 109/2023 de 14 septiembre, Julio Huarachi Pozo y Salua July Dipp Antequera, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandados-, declararon improcedente el recurso de apelación interpuesto por el accionante; y, confirmaron el Auto Interlocutorio 458/2023, que declaró sin lugar e infundada la excepción de prejudicialidad, con base en los siguientes fundamentos: 1) Los reclamos del impetrante de tutela, no adquieren relevancia jurídica, en razón a que el art. 309 del CPP, refiere a un proceso extrapenal que pueda determinar la existencia de elementos constitutivos del tipo penal; por el que, se juzga al excepcionista; pretender que como emergencia de un contrato de suministro, sea ley entre partes y por ese motivo suspender los de la materia, no fue coherente; 2) No hubo prueba que determine en qué jurisdicción o en qué proceso extrapenal estaría tramitándose esta causa, para que el tribunal pueda determinar en ese contexto; 3) En varias resoluciones judiciales se observó los alcances del art. 40 del CPP, de cuya interpretación; se entiende que, incluso aunque pueda dictarse sentencia ejecutoriada civil o administrativa, esto no impide el ejercicio de la acción penal, porque sería desconocer la atribución de la fiscalía para realizar la acción penal o actos investigativos, en la medida que se pueda advertir o encontrar matices delictuales en un presunto contrato; y, 4) La intervención penal de última ratio se percuta cuando en el contrato de suministro no hay garantía, eso para expresar una tutela judicial efectiva, razonamiento adoptado como una línea de entendimiento sobre la excepción de prejudicialidad (fs. 9 a 10 vta.).
El accionante, a través de su representante, denuncia la vulneración de la garantía al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; toda vez que, los Vocales demandados declararon improcedente el recurso de apelación incidental y confirmaron la resolución que declaró infundada la excepción de prejudicialidad que opuso, restando valor al contrato de suministro de mercancías de 10 de julio de 2017, presentado como prueba, ignorando el contenido de sus cláusulas; e, invocando el art. 40 del CPP que, no guarda relación con la finalidad de la excepción interpuesta. Por otro lado, los Vocales demandados no presentaron informe alguno ni asistieron a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0111/2015-S3 de 20 de febrero, señaló que: “...En ese contexto, es una obligación para toda autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado, en razón a que el omitir las explicaciones por las cuales se arribó a una determinada Resolución, implica suprimir una parte estructural de la misma. Ahora bien, ese deber de fundamentación y motivación está relacionado con el cumplimiento de otros presupuestos que la hacen válida, siendo uno de ellos, emitir el fallo conforme al principio de congruencia, el cual importa, no sólo que no puede emitirse un pronunciamiento sobre aspectos que no fueron solicitados, sino también que debe existir una estricta correspondencia, entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conllevando a que exista coherencia en todo el contenido del fallo, es decir, entre la parte considerativa y lo resuelto, así, como unidad de criterio entre cada aspecto considerativo, criterios que obligan a la autoridad con facultades de decisión, dictar fallos motivados, congruentes y pertinentes” (las negrillas son nuestras).
El accionante, a través de su representante, denuncia que a través del Auto de Vista 109/2023 de 14 de septiembre, los Vocales demandados, declararon improcedente el recurso de apelación incidental y confirmaron la resolución que rechazó la excepción de prejudicialidad que interpuso, sin realizar un análisis adecuado del contrato de suministro de mercancías de 10 de julio de 2017, presentado como sustento de su pretensión, particularmente de sus cláusulas novena y decimoprimera de solución de controversias mediante negociación, conciliación y arbitraje; asimismo, cuestiona la invocación del art. 40 del CPP, al considerar que dicho precepto no guarda relación con la finalidad de la excepción interpuesta; misma que, estaba orientada a suspender el proceso penal hasta la resolución de una cuestión extrapenal previa. Ahora bien, para realizar un contraste de los argumentos, se tiene que el impetrante de tutela, como agravio en apelación incidental, denunció que el proceso penal debía ser suspendido en aplicación del art. 309 del CPP, en razón a la existencia del contrato de suministro de mercancías, que contiene una cláusula de arbitraje; por lo que, imponía la necesidad de que la controversia sea resuelta previamente en sede extrapenal; por cuanto, de dicha resolución podrían emerger elementos relevantes para la configuración del delito de estafa. En respuesta, el Tribunal de apelación, a través del Auto de Vista 109/2023, textualmente sostuvo que: “…se tiene la excepción de prejudicialidad que se refiere a que en un proceso extrapenal, proceso civil, proceso familiar, administrativo, entre otros, se pueda determinar la existencia de elementos constitutivos del tipo penal por el que se juzga al hoy excepcionista, toda vez que, pretender que como emergencia de un contrato de suministro, sea ley entre partes y por ese motivo quedaría suspendido en los de la materia, no es coherente dicha apreciación, toda vez que, hubiese sido interesante para fines de hacer viable una prejudicialidad, en el sentido de que, a qué tribunal, o juez, se pueda remitir, por ejemplo; la presente causa penal, o sea cuál es la sede o el proceso extra penal que va a determinar la existencia de elementos constitutivos del tipo penal, a tal efecto, no encontramos prueba que determine en qué jurisdicción o en qué proceso extrapenal estaría tramitándose esta causa (…) de modo uniforme bajo el juicio predecible se ha venido observando los alcances del art. 40 del Código de Procedimiento Penal (…) De cuya interpretación, se entiende que incluso que aún pueda dictarse sentencia ejecutoriada civil o administrativo, esta situación jurídica no impide el ejercicio de la acción penal (…) la intervención penal de ultima ratio, se percuta cuando en el contrato de suministro no hay garantía…” (sic [Conclusión II.3]). Ahora bien, compulsados dichos argumentos; se tiene que, de la revisión del Auto de Vista 109/2023, este Tribunal advierte que los Vocales demandados, identificaron la problemática sometida a su conocimiento y expusieron las razones jurídicas por las cuales consideraron improcedente la excepción de prejudicialidad planteada por el peticionante de tutela; en efecto, el citado Auto de Vista cuestionado, explicó los motivos que llevaron al Tribunal de apelación a concluir que no correspondía suspender el proceso penal. En efecto, los Vocales demandados señalaron que el art. 309 del CPP, prevé la procedencia de la excepción de prejudicialidad cuando la resolución de una cuestión extrapenal tenga la forma de determinar la existencia de elementos constitutivos del delito investigado; a partir de dicha premisa normativa, razonaron que la sola existencia de un contrato de suministro y de una cláusula arbitral no justificaba por sí misma la suspensión del proceso penal; toda vez que, el recurrente - accionante-no explicó, ni acreditó de qué manera en ámbito arbitral podría determinarse aspectos relacionados con la configuración del delito de estafa que se investigaba en su contra; de ese modo, los Vocales demandados, expresaron una razón concreta para rechazar el agravio formulado, permitiendo comprender el fundamento de su decisión.
Asimismo, las autoridades demandadas, consideraron que no existían elementos objetivos que permitan establecer la existencia de un procedimiento extrapenal específico cuya resolución resultara determinante para el proceso penal; en ese sentido, señalaron que tampoco se había identificado de manera concreta la autoridad o jurisdicción que estuviese conociendo y debiese pronunciarse previamente sobre cuestiones cuya resolución hiciera necesaria la suspensión de la causa penal; en tal razón, lo cierto es que la resolución expone las razones que sustentan la decisión que asumieron, cumpliendo así con la exigencia de motivación suficiente respecto a la excepción de prejudicialidad planteada. Por otra parte, respecto a la invocación del art. 40 del CPP; se advierte que, los Vocales demandados utilizaron dicha disposición como un argumento complementario para reforzar la idea de que la jurisdicción penal, conserva autonomía para investigar y juzgar hechos presuntamente delictivos, aun cuando existan controversias que puedan ser discutidas en otras vías; en consecuencia, el hecho de que el accionante considere errónea o inaplicable dicha interpretación no demuestra una ausencia de fundamentación, sino únicamente su desacuerdo con el criterio asumido por el Tribunal de alzada; por ello, al no evidenciarse tampoco el cumplimiento de requisitos para que la justicia constitucional revise la interpretación de legalidad efectuado por la jurisdicción ordinaria, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 160/2023 de 8 de diciembre, cursante de fs. 70 a 79 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los entendimientos asumidos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0809_2026-S2.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 260dd6c2111e9d34578b36595979485c637b326b8051420c169d2b006e3c08e2
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