B.IA.LEGAL

SCP 0808/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 24 de julio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
24 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
53707-2023-108-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso -en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia-; puesto que, mediante Auto Interlocutorio 565/2022 de 26 de agosto, se dispuso su detención preventiva, considerando los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP. Con la finalidad de desvirtuar los referidos riesgos procesales, planteó cesación de la detención preventiva que fue rechazada por la Jueza ahora codemandada a través del Auto Interlocutorio 79/2022 de 13 de diciembre, sin valorar el informe de ampliación pericial sobre su fiabilidad psicológica; y, las llamadas del celular 72410857, las cuales fueron valoradas de manera subjetiva. Por lo que planteó apelación de medidas cautelares que resolvió la Vocal hoy demandada, quien -según alega- se limitó a dar lectura de un párrafo inherente a la primera pericia psicológica; no valoró en absoluto las conclusiones complementarias del profesional psicólogo; y, sustituyó una omisión de la autoridad a quo, con una valoración mutilada de un argumento que ya formó parte de la pericia primigenia. Por ende, no reparó los actos denunciados a manera de agravio; incurriendo en omisiones de fundamentación, motivación y congruencia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 9/2023 de 9 de febrero, cursante de fs. 75 a 78, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo en suplencia legal de su similar Sexto de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, respecto a los derechos invocados y a la Vocal de la Sala Primera -en suplencia legal de su similar Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Disponiendo dejar sin efecto, el Auto de Vista 348/2022 de 23 de diciembre, y que en el plazo de cuarenta y ocho horas se emita uno nuevo -si aún no se hubiere pronunciado uno, en cumplimiento a los dispuesto por el Juez de garantías-; que fundamente y motive debidamente la concurrencia o no del riesgo de obstaculización, tomando en cuenta especialmente lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada, con relación a la Jueza de Ejecución Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -en suplencia legal del Juzgado de Sentencia Penal Quinto- aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad
  2. III.2. Sobre el deber de motivar y fundamentar las resoluciones que impongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares.
  3. III.3. Prohibición de fundar la aplicación de medidas cautelares personales en meras suposiciones
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0808/2025-S3 Sucre, 24 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 53707-2023-108-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 9/2023 de 9 de febrero, cursante a fs. 75 a 78, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gerardo Parrado Dorado contra Eve Carmen Mamani Roldan, Vocal de la Sala Primera -en suplencia legal de su similar Tercera-; y, Erika Roció Araoz Rioja, Jueza de Ejecución Penal Primera -en suplencia legal del Juzgado de Sentencia Penal Quinto-, ambas del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 9 de febrero de 2023, cursante de fs. 53 a 58, el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de corrupción de menores; a través del Auto Interlocutorio 565/2022 de 26 de agosto, se le impuso detención preventiva a cumplir en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, al concurrir los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Por lo que, solicitó a la Jueza ahora codemandada, cesación de la detención preventiva, con la finalidad de desvirtuar el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, “…ampliación de peritaje psicológico versada sobre su fiabilidad…” (sic), el cual no valoró. Por el contrario, expresó una motivación equívoca, alejada del razonamiento primigenio de la autoridad judicial que dispuso su detención preventiva. Es así que, rechazó su solicitud a través del Auto Interlocutorio 79/2022 de 13 de diciembre.

Razón por la que interpuso recurso de apelación de medidas cautelares que resolvió la Vocal ahora demandada, quien se limitó a dar lectura de un párrafo de la primera pericia psicológica que presentó; sin considerar en absoluto las conclusiones que hizo el profesional psicólogo en su pericia complementaria. Con lo que sustituyó una omisión de la autoridad judicial a quo, efectuando una valoración mutilada de un fundamento que ya formó parte de la pericia primigenia. Lo que da cuenta que, no reparó los actos denunciados de agravios; al contrario, incurrió en omisiones de fundamentación y motivación. Asimismo, refirió que la imposición de la medida cautelar y la necesidad de mantenerla, debe superar el test de ponderación sobre la necesidad, urgencia y adecuación a los fines constitucionales. Por otro lado, con relación al riesgo procesal del art. 235.2 del CPP aclaró que, no fue objeto de denuncia por el Ministerio Público; sino, de la víctima, quien hubiese recibido llamadas telefónicas del celular “72410857”, con el supuesto tenor “…anda retirar la denuncia…” (sic) - “…yo soy menor de edad hable con mi mama…” (sic); sin que su concurrencia se haya fundado en algún elemento de prueba documental. Además, no se tomó en cuenta que el Ministerio Público recabó extractos de llamadas del número celular “62810812” correspondiente a las empresas telefónicas “ENTEL” y “VIVA”, sin que haya obtenido respuesta de “TIGO”. Registros que dan cuenta que dichas llamadas no corresponden a su celular y, por ende, nunca existieron amenazas a la víctima o a su progenitora. Tampoco se consideró los informes expedidos por el referido Centro Penitenciario, que demuestran que no cuenta con antecedentes de conducta negativa, y que las visitas que recibe no tienen ninguna relación con las partes. Circunstancias que demuestran, que las autoridades demandadas, lesionaron sus derechos, emitiendo resoluciones carentes de fundamentación, motivación y congruencia. No compulsaron los argumentos de las partes procesales, ni valoraron la prueba presentada.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia-; citando al efecto los arts. 23.I, 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: “…DEJAR SIN EFECTO ni valor legal el Auto de Vista N° 384/2022 de fecha 22 de diciembre…” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 9 de febrero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 73 a 74 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado reiteró íntegramente los términos de su acción de defensa y ampliándolos señaló que: a) El razonamiento de la Vocal demandada no guarda relación con lo resuelto por el Juez a quo, respecto a la pericia psicológica y su ampliación; b) De la valoración de la prueba realizada por la autoridad demandada, se establece el padecimiento de un estado depresivo, con afectación a la integridad psicológica; situación que se agrava con la declaratoria de infundabilidad del recurso de apelación incidental interpuesto; c) El Ministerio Público presentó un extracto de llamadas del número de celular 62810812, diferente al inicialmente propuesto. Acto atentatorio que generó su detención preventiva. Lo que tampoco fue valorado por la Vocal demandada; y, d) Pide se deje sin efecto el Auto de Vista 384/2022 de 23 de diciembre, emitida por la Vocal demandada, por falta de fundamentación, motivación y congruencia.

I.2.2. Informe de las demandadas

Eve Carmen Mamani Roldan, Vocal de la Sala Primera –en suplencia legal de su similar Tercera- del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por informe escrito presentado el 9 de febrero de 2023, cursante de fs. 69 a 70, señaló que: 1) La acción de libertad presentada por el accionante no cumple con los requisitos mínimos que hacen a una debida argumentación y así pueda estimarse una concesión de tutela impetrada. Por otro lado, no especificó que vertiente de su derechos al debido proceso se vulneró; sólo se limitó a redactar extractos de Sentencias Constitucionales Plurinacionales, con ideas incompletas alejadas de contexto; 2) El impetrante de tutela enfatizó que la decisión asumida, carece de fundamentación, motivación y congruencia; empero, no estableció ningún nexo de causalidad con la supuesta lesión de sus derechos; 3) La documental ofrecida por el accionante a efectos de desvirtuar el riesgo procesal de peligro para la víctima, no es adecuada; pues únicamente convalida el razonamiento de la Jueza codemandada, que se sustenta en un análisis de perspectiva de género y de la naturaleza del hecho; 4) Respecto al riesgo procesal del art. 235.2 del CPP; este concurre no sólo por las llamadas que habría realizado el impetrante de tutela a la víctima; sino también, porque hubiese rondado su domicilio, pretendiendo obligarla a retirar su denuncia; y, 5) Al no haberse lesionado ningún derecho del accionante, corresponde se deniegue la tutela solicitada. Erika Roció Araoz Rioja, Jueza de Ejecución Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -en suplencia legal del Juzgado de Sentencia Penal Quinto-, por informe escrito presentado el 9 de febrero de 2023, cursante de fs. 71 a 72, señaló que: i) El Auto Interlocutorio que resolvió la cesación de la detención preventiva del peticionante de tutela, ya fue revisado por el tribunal de alzada, es así que se emitió el Auto de Vista 384/2022; y, ii) El accionante, solicitó dejar sin efecto dicha resolución judicial y en su emergencia se emita una nueva; en consecuencia, en aplicación del principio de subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad, no corresponde se efectué ningún análisis sobre el Auto Interlocutorio 79/2022. Por lo que, debe denegarse la tutela que solicita.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Mónica Fabiola Aranibar Frías, representante de la víctima, no presento informe escrito, ni asistió a la audiencia de garantías; pese a su notificación cursante a fs. 80.

I.2.4. Participación del Ministerio Público

Freddy Gonzalo Álvarez Condori, Fiscal de Materia, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías; pese a su notificación cursante a fs. 81.

I.2.5. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Séptimo -en suplencia legal de su similar Sexto- de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, a través de Resolución 09/2023 de 9 de febrero, cursante de fs. 75 a 78, concedió la tutela solicitada; disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 384/2022 de 23 de diciembre y, que en el plazo de cuarenta y ocho horas, la Vocal demandada emita una nueva resolución, debiendo tomar en cuenta los criterios de proporcionalidad, instrumentalidad y valorando el informe pericial complementario de 23 de noviembre de 2022, así como los parámetros del informe pericial de 28 de junio de 2022, estableciendo el punto de fiabilidad. Lo que sustentó en los siguientes fundamentos: a) El impetrante de tutela, en apelación incidental, observó el Auto Interlocutorio 565/2022 de 26 de agosto respecto al informe pericial, el cual, a criterio de la Vocal demandada, no habría establecido si el imputado -hoy accionante- era o no un peligro efectivo para la sociedad y la víctima; b) El Auto Interlocutorio analizó el documento inicial y la autoridad judicial que lo emitió determinó que el informe pericial no cumplía con el principio de fiabilidad. Los parámetros psicológicos o tablas de evolución indican cero riesgo, patologías, trastornos mentales y problemas con la pareja. Debido a esto, el informe fue descalificado; y, por lo tanto, la Jueza codemandada no consideró la situación de vulnerabilidad de la víctima.; c) El accionante, presentó informe psicológico complementario, que estableció: “…el imputado en cuanto al comportamiento delictivo, no presenta antecedentes penales tampoco policiales…” (sic); sin analizar la causalidad. Bajo esa circunstancia fue confirmado el Auto Interlocutorio 565/2022 de 26 de agosto. Todo ello da cuenta de la vulneración del derecho al debido proceso, en cuanto a la situación procesal del peticionante de tutela; d) El Ministerio Público peticionó información ante la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima (ENTEL S.A.) y VIVA. Si bien no se presentó esa documentación, no se señala cuál sería el elemento indiciario que efectivamente demuestre las llamadas que se habrían hecho a la víctima; e) La Jueza codemandada tenía que establecer si efectivamente el peticionante de tutela aún generaba el riesgo sobre los partícipes, víctimas, testigos, peritos y otros. Lo que no se corrigió en instancias recursivas ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que mantuvo latente el riesgo procesal establecido en el art. 235.2 del CPP, sin motivación y fundamentación; f) Los extractos de supuestas llamadas del celular del abogado defensor del accionante hacia la víctima, no fueron valorados por el Juez a quo, cuando era obligación de la Vocal demandada considerarlos como elementos de prueba; g) La autoridad demandada se limitó hacer alusión a la complementación del informe pericial, destacando que carecía de fiabilidad. También resaltó que debió tomarse en cuenta el criterio reforzado de la víctima, en su condición de menor, conforme a los arts. 193 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA); y, 59 y 60 de la CPE; h) El peticionante de tutela, al haber presentado nuevos elementos de prueba, debió merecer una atención bajo el principio de proporcionalidad e instrumentalidad; i) En relación al art. 234.7 del CPP, la Vocal demandada refirió que el solicitante de tutela fue un peligro para la sociedad y la víctima; asimismo, se tiene latente los parámetros psicológicos y que el informe complementario pericial no refleja cual sería el peligro efectivo actual y la situación de vulnerabilidad de la víctima; sin embargo, estos elementos no fueron objeto de análisis por parte de la autoridad judicial a quo; j) En cuanto al Considerando II del informe complementario del psicólogo Raúl Alejandro Araoz Cutipa, la demandada refirió de manera textual: “…no constituye un peligro efectivo para la sociedad, más allá de la versión de los hechos que relata en relación a sus características de personalidad, reconocimiento de comportamientos, el control de la ira, autocontrol, capacidad y otros, conforme se tiene descrito. Por último, refiere que tampoco constituye un peligro efectivo para la supuesta víctima del hecho denunciado” (sic). Extremos que no fueron valorados; y, k) De acuerdo al informe pericial complementario, el accionante no es un peligro efectivo para la sociedad y la víctima, aspecto que no tomó en cuenta la Vocal demandada en la parte de su fundamentación y motivación.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial de 31 de marzo de 2022, dirigido al Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro; Mónica Fabiola Aranibar Frias, pidió ampliación del riesgo procesal de obstaculización contra el accionante, previsto en el art. 235.2 del CPP (fs. 11 a 12). II.2. Requerimiento Fiscal de 4 de agosto de 2022 del Caso: 87/2021, dirigido a la Gerencia Regional de la Empresa de Telecomunicaciones “TIGO” (fs. 14). II.3. Oficio Cite: NT/Informe/8164/2022 de 10 de agosto, mediante el cual, la Empresa de Telecomunicaciones Nuevate PCS de Bolivia S.A. -VIVA-, informó al Ministerio Público que la línea señalada en su Requerimiento Fiscal no corresponde a dicha empresa (fs. 15).

II.4. Informe LSR-EXT-22/1849 de 10 de agosto, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL S.A., en respuesta a requerimiento Fiscal, informó que el número 62810812 no pertenece al rango numérico de dicha empresa (fs. 18). II.5. Informe complementario de peritaje psicológico forense de 23 de noviembre de 2022, dirigido a Gonzalo Álvarez Condori, Fiscal de Materia, por parte de Raúl Alejandro Araoz Cutipa, profesional psicólogo (fs. 46 a 48). II.6. Certificación de 29 de noviembre de 2022, por el cual, Carlos Silva Villafuerte, Director del Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, informó sobre el registro de sanciones, faltas graves y leves del impetrante de tutela; asimismo, adjuntó extracto de visitas (fs. 20 a 23). II.7. Auto Interlocutorio 79/2022 de 13 de diciembre, a través del cual, la Jueza codemandada rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva del ahora accionante (fs. 8 a 10). II.8. Auto de Vista 384/2022 de 23 de diciembre, a través del que la Vocal demandada declaró improcedente el recurso de apelación incidental, interpuesto por el impetrante de tutela contra del Auto Interlocutorio 79/2022 de 13 de diciembre (fs. 49 a 52).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso -en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia-; puesto que, mediante Auto Interlocutorio 565/2022 de 26 de agosto, se dispuso su detención preventiva, considerando los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP. Con la finalidad de desvirtuar los referidos riesgos procesales, planteó cesación de la detención preventiva que fue rechazada por la Jueza ahora codemandada a través del Auto Interlocutorio 79/2022 de 13 de diciembre, sin valorar el informe de ampliación pericial sobre su fiabilidad psicológica; y, las llamadas del celular 72410857, las cuales fueron valoradas de manera subjetiva. Por lo que planteó apelación de medidas cautelares que resolvió la Vocal hoy demandada, quien -según alega- se limitó a dar lectura de un párrafo inherente a la primera pericia psicológica; no valoró en absoluto las conclusiones complementarias del profesional psicólogo; y, sustituyó una omisión de la autoridad a quo, con una valoración mutilada de un argumento que ya formó parte de la pericia primigenia. Por ende, no reparó los actos denunciados a manera de agravio; incurriendo en omisiones de fundamentación, motivación y congruencia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad

La SCP 0424/2019-S4 2 de julio, desarrolló al respecto, el siguiente entendimiento: “La SC 0160/2005-R de 23 de febrero, durante la vigencia de la Constitución Política del Estado abrogada, estableció la subsidiariedad excepcional del hábeas corpus -actualmente acción de libertad- en razón a que: ‘…como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus’.

No obstante, dicho entendimiento jurisprudencial fue reiterado en vigencia de la actual Constitución Política del Estado, a través de la SC 0008/2010-R de 6 de abril, la cual determinó que: ‘…esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas’” (el resaltado corresponde al texto original).

III.2. Sobre el deber de motivar y fundamentar las resoluciones que impongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares.

Jurisprudencia reiterada

Sobre el particular, el art. 124 del CPP establece: “…(Fundamentación). Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba”. Bajo ese contexto, la jurisprudencia constitucional estableció que la fundamentación y motivación que realice todo juez o tribunal a tiempo de emitir una resolución, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su decisión; en ese marco, la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre, entre otras, precisó que: “…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. (…). Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (el resaltado es añadido). Asimismo, la SCP 0531/2013 de 8 de mayo, estableció que: “…la fundamentación de las resoluciones judiciales se constituye en un elemento primordial de las decisiones judiciales que debe estar presente no sólo en aquellos fallos que determinan la detención preventiva, sino también en las decisiones que se emiten a efectos de rechazar las solicitudes de cesación a la medida cautelar de privación temporal de libertad, su sustitución o modificación; es decir, una debida fundamentación es exigible tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia como en aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial (art. 124 del CPP)…” (el resaltado es añadido).

III.3. Prohibición de fundar la aplicación de medidas cautelares personales en meras suposiciones

Al respecto, la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, señaló: “Como se indicó, la detención preventiva debe ser el resultado de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones que la disponen, lo cual impide que la autoridad jurisdiccional funde su determinación en meras presunciones, las cuales implican reconocer como cierto un probable acontecimiento, acción o conducta, sin necesidad de probarla. Así, la resolución judicial destinada a aplicar medidas cautelares de carácter personal, tiene que ser el resultado de la valoración integral y razonable de los diferentes riesgos procesales y elementos probatorios; valoración que, además, debe ser objetiva y generar convicción en la autoridad judicial, para sostener que el imputado es con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad o que existe peligro de reincidencia. En ese contexto, se reitera que ningún peligro procesal debe estar sostenido en presunciones, lo cual implica que, si la autoridad judicial funda su decisión en supuestos como ‘el imputado en libertad podría asumir una determinada conducta’ -propia del peligro de fuga y obstaculización-, tal argumento no satisface la exigencia de una debida motivación; por cuanto, el juzgador debe asumir absoluta convicción para establecer la concurrencia o no de un determinado riesgo procesal; es decir, le corresponde a la autoridad judicial definir si existe o no algún peligro procesal; por consiguiente, lo que no está permitido es que al momento de asumir la decisión respecto a la situación jurídica del imputado, el juez se base en probabilidades, sin sustento en suficientes elementos de convicción valorados objetiva, razonable e integralmente -podría o no podría-; pues, de sustentarse en ellas, se vulnera el debido proceso del imputado, conforme lo entendió la SC 1635/2004-R de 11 de octubre, reiterada por las SSCC 1747/2004-R, 0001/2005-R, 0129/2007-R, 0514/2007-R, 0670/2007-R, 0040/2010-R, 1048/2010-R, 1154/2011-R y 1813/2011-R; y, la SCP 0795/2014 de 25 de abril, entre otras” (la negrilla es nuestra).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso -en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; así como “el principio de seguridad jurídica”; alegando que, mediante Auto Interlocutorio 565/2022 de 26 de agosto, se dispuso su detención preventiva, considerando los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP. Con la finalidad de desvirtuarlos planteó cesación a la detención preventiva, que rechazó la Jueza hoy codemandada por Auto Interlocutorio 79/2022 de 13 de diciembre, sin valorar el informe pericial complementario que versa sobre su fiabilidad psicológica; y, el extracto de las llamadas del celular 72410857, que merecieron una valoración subjetiva. Por lo que interpuso recurso de apelación de medidas cautelares, que la Vocal -demandada- resolvió limitándose a dar lectura de un párrafo inherente a la primera pericia psicológica; sin considerar en absoluto las conclusiones complementarias del profesional psicólogo. De esta forma, sustituyó la omisión de la autoridad a quo con una valoración incompleta de un argumento que ya formaba parte de la pericia inicial. En consecuencia, no subsanó los actos reclamados ante la autoridad de primera instancia, incurriendo en omisión de fundamentación, motivación y congruencia. En ese contexto, identificada la problemática sobre los hechos denunciados por el impetrante de tutela; se analizarán las irregularidades supuestamente incurridas por cada una de las autoridades demandadas.

III.4.1. En cuanto a la Jueza codemandada

El impetrante de tutela denunció que, a través del Auto Interlocutorio 565/2022, se ordenó su detención preventiva por un lapso de tres meses. Dicho Auto declaró concurrentes los siguientes riesgos procesales: el art. 234.7 del CPP (peligro efectivo para la sociedad), ya que el informe pericial que presentó no cumpliría con el principio de fiabilidad de la pericia psicológica realizada; y el art. 235.2 del citado Código, que establece un riesgo de influir negativamente sobre los partícipes, testigos y peritos. Ante esa situación, el accionante solicitó cesación de la detención preventiva presentando nuevos elementos de prueba. Sin embargo, la Jueza -ahora codemandada-, a través del Auto Interlocutorio 79/2022, resolvió rechazar su petición.

Al respecto cabe precisar que la jurisdicción constitucional se ve impedida de abrir directamente su competencia y efectuar una evaluación sobre las supuestas irregularidades incurridas por la autoridad codemandada al emitir el Auto Interlocutorio 79/2022. Puesto que, ya fueron sometidas a revisión de legalidad por otra autoridad judicial -la Vocal ahora demandada-, a través del recurso de apelación de medidas cautelares, que es el medio idóneo previsto por ley, que fue planteado por el mismo impetrante de tutela. Lo contrario, implicaría generar una disfunción procesal traducida en un doble examen sobre un mismo actuado judicial. Circunstancia que hace aplicable los efectos jurídicos del principio de subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. Por ello, en lo que respecta a dicha autoridad judicial, corresponde denegar la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática identifica.

III.4.2. En cuanto a la Vocal demandada

El impetrante de tutela denunció que, a través del Auto de Vista 384/2022, la Vocal demandada confirmó el Auto Interlocutorio confutado. Empero, con falta de fundamentación y valoración defectuosa de la prueba, ya que se habría limitado a dar lectura de un párrafo inherente a la primera pericia psicológica que se efectuó; sin valorar en absoluto las conclusiones complementarias del profesional psicólogo. Lo que da cuenta que sustituyó una omisión incurrida por la autoridad a quo con una valoración mutilada de un argumento que ya formó parte de la pericia primigenia; apartándose del test de ponderación sobre la necesidad, urgencia y adecuación a los fines constitucionales.

En relación al art. 235.2 del CPP -que no fue objeto de denuncia por el Ministerio Público- su ampliación se debió a iniciativa de la víctima, quien supuestamente recibió llamadas telefónicas del celular 72410857, con el tenor “…anda retirar la denuncia…” (sic), “…yo soy menor de edad hable con mi mama…” (sic); no obstante, no justificó su concurrencia en ningún elemento de prueba documental.

En ese marco, conforme al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional y a fin de dilucidar lo denunciado, debe contrastarse los hechos denunciados en apelación por el impetrante de tutela, con lo resuelto por la Vocal demandada. Para así tener un panorama respecto a si la resolución judicial cuestionada, se encuentra o no dentro de los parámetros del debido proceso.

Se tiene entonces, que el accionante planteó apelación incidental, denunciando que: 1) En cuanto al riesgo procesal de fuga se estableció que el primer informe pericial no determinaba si era o no un peligro para la sociedad; lo que, motivó a que presentará en audiencia de cesación de la detención preventiva, un informe complementario donde establecía que el imputado -ahora impetrante de tutela-, no constituye un peligro para la sociedad. Prueba que la Jueza codemandada no analizó adecuadamente, al no explicar cuál sería el peligro efectivo actual; a pesar de que la situación de vulnerabilidad de la víctima no fue un argumento inicial de la autoridad judicial a quo; y, 2) Respecto al peligro de obstaculización, referente al art. 235.2 del CPP, el Ministerio Público presentó una solicitud de extractos de llamadas sobre un número de teléfono que no fue identificado por VIVA ni ENTEL; además, que faltaba la certificación o información de la empresa TIGO, sin que ello sea de su responsabilidad. Elementos que no demuestran que el referido número de celular fuera de su abogado defensor. Por otro lado, presentó otras documentales en calidad de nuevos elementos probatorios que desvirtuaban la concurrencia de ese peligro procesal, entre ellos un informe de la autoridad del recinto penitenciario que advertía que el imputado, solo fue visitado por su círculo familiar. Sin embargo, la Juez codemandada valoró incorrectamente esos elementos de prueba, sin sustentar ninguno de sus razonamientos.

Por su parte, la Vocal demandada, en el apartado del análisis del caso concreto del Auto de Vista 384/2022, sobre los agravios denunciados refirió que: i) El Auto Interlocutorio 565/2022 hizo un análisis del informe pericial y consideró que no cumplía con un principio esencial de fiabilidad psicológica, al establecerse que el ahora impetrante de tutela, tenía en todos los parámetros psicológicos o tablas de evaluación, cero de riesgo. Es decir, no tenía desviaciones sexuales, trastornos mentales, psicopatologías, problemas con parejas, no fue víctima de abuso sexual; y fue eso lo que observó la autoridad judicial a quo. El informe pericial carece de una fiabilidad sobre la conducta del imputado. A partir de ello es que descalificó el referido el informe. Asimismo, realizó un análisis reforzado a favor de la víctima que en el caso viene a ser una adolescente. A raíz de esas observaciones, el impetrante de tutela, presentó un nuevo elemento probatorio que viene a ser la complementación al informe psicológico; sin embargo, el mismo peritaje estableció conducta negativa del accionante en cuanto a su salud mental. El informe complementario psicológico, refirió que el ahora impetrante de tutela, no presentó antecedentes penales, ni policiales; empero, no analizó la causa por la que viene siendo investigado, hecho con características de ilícito. Si bien establece que el accionante tiene un riesgo bajo de daño o agresión sexual, pues el mismo perito sostuvo que no es posible afirmar que una persona sea un peligro, siendo las únicas opciones las de riesgo bajo, moderado o elevado. El señalado informe complementario, determinó en el impetrante de tutela, un riesgo de agresión sexual, siendo ese el factor para la concurrencia del referido riesgo procesal, que fue vinculado a las características y al contexto en el que se hubiera desarrollado el hecho ilícito que vincula al ahora accionante como probable autor o partícipe del mismo. A partir de ello, entendió que de ninguna forma el elemento probatorio logró desvirtuar el riesgo procesal de fuga. Mas cuando la Jueza codemandada hizo un análisis desde la perspectiva de género, criterio reforzado en cuanto a la víctima; y, ello por mandato constitucional y legal, vinculado a la normativa internacional que obliga al Estado boliviano a través de sus autoridades judiciales, a velar por una protección reforzada en cuanto la aplicación de medidas cautelares que en los casos de género no solo tienen fines procesales, sino también aseguran la protección reforzada a la víctima, así lo establece la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-; y, el Código Niña, Niño y Adolescente, cuando refiere que la protección del sector vulnerable debe ser prioritario; y, en una ponderación de derechos debe primar el de la víctima menor; y, ii) En cuanto al peligro procesal de obstaculización, presuntamente con base en un razonamiento subjetivo. Al respecto, la Jueza codemandada observó que faltaba información de otra empresa de comunicaciones sobre el referido número de celular del abogado defensor del accionante y que ese hubiera sido el argumento para determinar un rechazo a la cesación de la detención preventiva. Además, no vinculaba al Auto Interlocutorio 565/2022, que determinó la detención preventiva del ahora impetrante de tutela, confirmada por una resolución superior, en este caso por la Sala Primera -en suplencia legal de su similar Sala Tercera- del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que estableció la concurrencia del peligro procesal de obstaculización, a partir de una información brindada por la víctima menor, en cuanto que hubiera recibido una llamada del celular del abogado del ahora solicitante de tutela quien refería: “…anda y retira la denuncia…” (sic). Pero ese no fue el único elemento que analizó la Jueza codemandada para determinar la concurrencia del peligro procesal de obstaculización; sino que también tomo en cuenta la actitud asumida por el imputado, que rondaba la casa de la víctima, exclamando que retire la denuncia. Este fue el segundo elemento probatorio vinculado al peligro procesal de obstaculización. La Jueza codemandada razonó sobre otro tercer elemento probatorio, cuando el -ahora accionante- de forma directa a través de un medio telemático en una de sus clases, instó a que pueda comunicarse con la víctima, ello en presencia de todos sus compañeros de la escuela.

De todo ello se establece que la Vocal demandada, si se manifestó sobre todos los hechos denunciados por el accionante al plantear su recurso de apelación. Con lo que está demostrado que la resolución que emitió -Auto de Vista confutado- es congruente y acorde a los Fundamentos Jurídicos III.2 del presente fallo constitucional.

Ahora bien, en lo que respecta al riesgo procesal de fuga -art. 234.7 del CPP-, queda claro que la Vocal demandada aplicó los criterios de perspectiva de género y el interés superior de los menores para valorar el riesgo procesal, tomando en cuenta la calidad de la víctima y su edad. Lo que obliga a prestar una protección reforzada a sus derechos. En ese sentido, tomando en cuenta los argumentos de la resolución refutada, se tiene que la misma está debidamente fundamentada; ya que se hizo una valoración de la prueba a partir de los hechos investigados. Con lo que está demostrado que la resolución judicial examinada se encuentra fundamentada, por lo que no amerita conceder la tutela por este punto.

Sin embargo, sobre el riesgo procesal de obstaculización -art. 235.2 del CPP-, cabe señalar que el accionante resaltó que existe prueba producida por el Ministerio Público; extractos de llamadas de empresas telefónicas (VIVA y ENTEL) que demuestran que el número que supuestamente hizo llamadas a la víctima no corresponde a su celular ni al de su abogado defensor. A pesar de ello, la Vocal demandada sostuvo que aún concurre el riesgo procesal en cuestión, con el sólo argumento de que falta recabar el extracto telefónico de la empresa TIGO. Desechando al mismo tiempo, las demás pruebas presentadas en su descargo, en particular los informes de visitas emitidos por el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, que no merecieron ninguna valoración; omisión que, en el presente caso, carece de relevancia constitucional, por no estar orientada a desvirtuar el riego procesal en cuestión, sino a demostrar un tema relativo a las visitas que recibió aquel en el Centro Penitenciario.

Empero, a pesar de la omisión resaltada, está demostrado que la Vocal demandada no sustentó sus argumentos con base en prueba, sino en presunciones. Lo que demuestra que dicha autoridad judicial incurrió en sentar una posición subjetiva, pese a que ello está vedado, conforme a los entendimientos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional. Cuando era su obligación sentar una posición objetiva, más aún cuando está de por medio el derecho a la libertad. Para ello, en el presente caso, debió explicar por qué la prueba en la que se apoya el accionante (extracto de llamadas) no desvirtúa el riesgo procesal de obstaculización o como es que la ausencia de un extracto telefónico mantiene latente dicho peligro procesal. Ya que, como autoridad judicial tenía el deber de hacer una revisión integral de la resolución impugnada que definió preliminarmente su situación jurídica, conforme manda lo señalado en el Fundamento Jurídico III. 2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Lo que lleva a conclusión, de que la merituada resolución judicial refutada -Auto de Vista 384/2022- carece de motivación, fundamentación y congruencia, respecto al análisis del riesgo procesal de obstaculización.

Con base en ello, este Tribunal arriba a la conclusión, que la Vocal demandada lesionó el derecho al debido proceso -en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia- del impetrante de tutela, vinculado directamente a su derecho a la libertad. Puesto que lo colocó en un estado de incertidumbre jurídica al haber emitido una resolución judicial que definió su situación jurídica con base en meras presunciones sobre la concurrencia del riego de obstaculización, sin sostener su pronunciamiento con base en elementos probatorios. Por ello, siendo evidente la lesión de los referidos derechos, corresponde a la jurisdicción constitucional reparar tal situación irregular, concediendo la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 9/2023 de 9 de febrero, cursante de fs. 75 a 78, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo en suplencia legal de su similar Sexto de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, respecto a los derechos invocados y a la Vocal de la Sala Primera -en suplencia legal de su similar Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Disponiendo dejar sin efecto, el Auto de Vista 348/2022 de 23 de diciembre, y que en el plazo de cuarenta y ocho horas se emita uno nuevo -si aún no se hubiere pronunciado uno, en cumplimiento a los dispuesto por el Juez de garantías-; que fundamente y motive debidamente la concurrencia o no del riesgo de obstaculización, tomando en cuenta especialmente lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada, con relación a la Jueza de Ejecución Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -en suplencia legal del Juzgado de Sentencia Penal Quinto- aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0808_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 316981c6cf6063014d0c4176953ebed068e906cecc80860354dfc1032b4dc832

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